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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2012-00258-01

Fecha
24 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2012-00258-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: TENER a la doctora MARVIC LAURA CAROLINA CORTÉS TÉLLEZ como apoderada de la entidad demandada, de conformidad con el poder y los documentos anexos visibles a folios 43 a 47 del cuaderno núm. 3. TERCERO: Sin condena en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-31-000-2012-00258-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

24 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veinte (2020)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 050012331000 2012 00258 01
Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Actora: Cervecería Unión S.A.

TESIS: CONFIRMA SENTENCIA APELADA. LAS RESOLUCIONES
ENJUICIADAS ESTÁN VICIADAS DE NULIDAD POR FALTA DE
MOTIVACIÓN, TODA VEZ QUE LA ENTIDAD EN EL ACTO
ADMINISTRATIVO PRIMIGENIO NO EXPRESÓ LAS RAZONES CON
FUNDAMENTO EN LAS CUÁLES CALCULÓ LA OBLIGACIÓN
PARAFISCAL ATRIBUIDA A LA ACTORA, LO QUE CONLLEVÓ LA
LIMITACIÓN DE SU DERECHO DE DEFENSA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad

demandada contra la sentencia de 14 de noviembre de 2014,

proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA1,

que accedió a las pretensiones de la demanda, declarando la nulidad

de los actos administrativos cuestionados.

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 05001233100 2012 00258 01
Actora: Cervecería Unión S.A.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La sociedad CERVECERÍA UNIÓN S.A., actuando por

conducto de apoderado, promovió demanda en ejercicio de la acción

de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85

del Código Contencioso Administrativo -CCA2, contra el INSTITUTO

COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF3, con el fin de

obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos:

➢ Resolución núm. 3884 de 19 de septiembre de 2011, expedida

por la Dirección Regional Antioquia del ICBF, “por la cual se

determina a favor del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR

FAMILIAR la obligación a cargo de la CERVECERÍA UNIÓN S.A.

identificada con Nit. 890.900.168 y se le ordena el pago”.

➢ Resolución núm. 4992 de 30 de diciembre de 2011, expedida

por la Dirección Regional Antioquia del ICBF, “por medio de la

cual se resuelve el Recurso de Reposición en contra de la

Resolución No. 3884 del 19 de septiembre de 2011”.

Además de la nulidad solicitada frente a los aludidos actos

2
En adelante CCA.
3
En adelante la ICBF.
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administrativos, la actora pretende que se declare “[…] la ilegalidad

por excepción de la Resolución núm. 731 de 2008 y las que la hayan

sustituido […]”, expedida por la Dirección General del ICBF, “Por la

cual se establecen lineamientos para adelantar el proceso de

fiscalización y cobro del aporte parafiscal del 3% a favor del ICBF”.

Como restablecimiento del derecho la demandante pretende:

“[…]
2. Que, a título de restablecimiento del derecho, se declare que
la sociedad demandante, Cervecería Unión S.A Nit.
890.900.168, no está obligada al pago al Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar de suma alguna por concepto de aportes
parafiscales correspondientes a los períodos de julio a diciembre
de 2006, enero a diciembre de 2007, enero a diciembre de 2008,
enero a diciembre de 2009, y enero a septiembre de 2010 […]”.

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda se señalaron, en

síntesis, los siguientes:

Aseguró que durante los años 2006 a 2010, presentó la liquidación

privada de los aportes parafiscales a su cargo y pagó dentro del

término los valores correspondientes.

Afirmó que mediante Oficio núm. 108266 de 7 de junio de 2011, en

relación con los referidos períodos, el ICBF le remitió la Liquidación

de Aportes núm. 117993, por valor de $1.537.818.891,

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imponiéndole esta obligación a su cargo, sin que le hubiese dado

oportunidad de controvertir dicha decisión.

Expuso que con la liquidación aludida fue allegada un acta sobre el

mismo asunto, sin que en ninguno de los documentos hubiesen sido

discriminados los valores sobre los cuales, en criterio del ICBF, había

dejado de liquidar y pagar los aportes parafiscales, ni las razones de

tal situación.

Anotó que, sin justificación alguna, en la liquidación endilgada

respecto de algunos meses el ICBF citó como fuente de información

la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes -PILA, mientras que,

para otros, de forma indistinta, trae a colación los balances, los pagos

de nómina y los datos de la Administradora de Riesgos Profesionales

-ARP.

Manifestó que, a través de la Resolución núm. 3884 de 19 de

septiembre de 2011, el ICBF determinó el valor de los aportes

parafiscales que debía pagar, conforme con el contenido de la

liquidación núm. 117993 de 7 de junio de la misma anualidad.

Señaló que interpuso recurso de reposición, siendo resuelto por el

ICBF de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 4992 de

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30 de diciembre de 2011.

I.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN.

Como disposiciones desconocidas la sociedad actora invocó los

artículos 29 de la Constitución Política, 35, 59 y 84 del CCA; 2° de la

Ley 27 de 20 de diciembre de 19744; 39 y 40 de la Ley 7ª de 20 de

diciembre de 19795; 17 de la Ley 21 de 22 de enero 19826; 1° de la

Ley 89 de 29 de diciembre de 19887; y 128 del Código Sustantivo del

Trabajo.

Para tal efecto, formuló los cargos de nulidad que denominó así:

I.3.1.- “Falsa motivación por falta de motivación legal”

Argumentó que en la Resolución núm. 3884 de 19 de septiembre de

2011, el ICBF se limitó a afirmar que a los empleadores les

corresponde efectuar los aportes parafiscales, sin establecer las

razones por las cuales dicha obligación no había sido cumplida para

4
“Por la cual se dictan normas sobre la creación y sostenimiento de Centros de atención integral al Pre-
escolar, para los hijos de empleados y trabajadores de los sectores públicos y privados”.
5
“Por la cual se dictan normas para la protección de la niñez, se establece el Sistema Nacional de
Bienestar Familiar, se reorganiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras
disposiciones”.
6
“Por la cual se modifica el régimen del Subsidio familiar y se dictan otras disposiciones”
7
“Por la cual se asignan recursos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras
disposiciones”.
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los años que le fueron reprochados ni los conceptos sobre los cuáles

había efectuado la liquidación atribuida.

Adujo que la Resolución núm. 3884 de 19 de septiembre de 2011,

está fundamentada en el Acta de Liquidación de Aportes núm.

117993 de 7 de junio de 2011, en la cual el ICBF expresó que no se

habían efectuado las contribuciones sobre las bonificaciones

reconocidas en las nóminas, sin explicar a cuáles en particular se

refería, ni las razones por las cuáles debían haberse tomado estos

conceptos como base para tal efecto.

Apuntó que en la Resolución núm. 4992 de 30 de diciembre de 2011,

mediante la cual el ICBF resolvió el recurso de reposición interpuesto

contra la Resolución núm. 3884 de 19 de septiembre de la misma

anualidad, la entidad hizo un desarrollo de las normas que fueron

citadas en la decisión recurrida y dio algunas explicaciones sobre las

razones por las cuáles las bonificaciones deberían hacer parte de las

liquidaciones de aportes.

Resaltó que la falta de motivación de la decisión primigenia no puede

ser suplida a través del acto administrativo que resolvió el recurso

de reposición, porque tal situación desconoce las garantías

establecidas en el artículo 29 de la Constitución Política.

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Agregó que, en efecto, en la Resolución núm. 4992 de 30 de

diciembre de 2011, el ICBF hizo referencia a un informe de la

asesora de aportes, que nunca fue puesto a su disposición y del cual

solo supo de su existencia por dicha mención, incluso pese a que fue

requerido en petición posterior, situación que, a su juicio, vulneró su

derecho de defensa y contradicción.

I.3.2.- “Falsa motivación, falta de competencia y ausencia de

procedimiento”

Expresó que, en ninguna de las referidas resoluciones, el ICBF indicó

las normas de orden legal que le facultan para adelantar la actuación,

en particular, para determinar y liquidar los aportes presuntamente

omitidos.

Expuso que la actuación adelantada tiene como fundamento la

Resolución núm. 731 de 2008, a través de la cual, el mismo ICBF

instituyó un procedimiento que no está establecido por ley y para lo

cual la entidad tampoco ha sido facultada.

Explicó que, conforme con los artículos 4° del Decreto 562 de 8 de

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marzo 19908 y 113 de la Ley 6ª de 30 de junio de 19929, el ICBF

está facultado para fiscalizar y cobrar lo relativo a los aportes

parafiscales, pero no para liquidar o determinar el monto de los

mismos.

Manifestó que, mediante sentencia C- 992 de 2001, la Corte

Constitucional declaró inexequibles algunos apartes del artículo 99

de la Ley 633 de 29 de diciembre de 200010, en los que se autorizaba

al ejecutivo para que reglamentara las facultades de investigación y

control de las entidades administradoras de aportes de seguridad

social, porque dichas facultades deben ser desarrolladas por el

legislativo.

Agregó que las consideraciones de la sentencia referida son

aplicables a las funciones que fueron ejercidas por el ICBF, en cuanto

no existe procedimiento establecido por el legislador para el ejercicio

de sus facultades de fiscalización y control.

I.3.3.- “Violación por falsa motivación de derecho.

8
“por el cual se establecen mecanismos para asegurar el pago de los aportes para la Seguridad Social”.
9
“Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se otorgan facultades para emitir títulos de
deuda pública interna, se dispone un ajuste de pensiones del sector público nacional y se dictan otras
disposiciones”.
10
“Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el tratamiento a
los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se introducen normas para fortalecer las
finanzas de la Rama Judicial”.

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Inexistencia de fundamento legal para la determinación de la

obligación. Artículo 84 del CCA. Violación del artículo 2 de la

Ley 27 de 1974, 39 y 40 de la Ley 7 de 1979, 17 de la Ley 21

de 1982, 1 de la Ley 89 de 1988 y 128 del Código Sustantivo

del Trabajo”

Alegó que en el Acta de Liquidación núm. 11993, el ICBF anotó que

la diferencia adeudada fue causada por las bonificaciones, pese a que

los aportes parafiscales deben calcularse sobre la nómina mensual

de trabajadores, sin incluir los conceptos que no constituyan salario.

Agregó que el concepto al que hizo alusión el ICBF es la bonificación

por retiro voluntario, la cual, si bien corresponde a un pago originado

en la terminación de la relación laboral, no hace parte de la nómina

mensual de salarios en los términos que prevé el artículo 128 del

CST.

Aseveró que la bonificación por retiro voluntario es un concepto que

reconoce de forma libre a sus extrabajadores, sin que haya obligación

legal o convencional que lo prevea, razón por la cual no debía ser

tenido en cuenta para la liquidación de los aportes parafiscales.

Expuso que, mediante comunicación de 20 de junio de 2011, el

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sindicato de trabajadores de la empresa informó al ICBF que la

bonificación voluntaria por retiro es de origen extralegal, no

comprendida en el acuerdo convencional, que no constituye salario.

Explicó que, en la Resolución núm. 4992 de 30 de diciembre de 2011,

el ICBF citó una sentencia de la Corte Suprema de Justicia para

concluir que la bonificación referida constituía factor para liquidar los

aportes parafiscales, pero desconoció que dicha providencia hacía

alusión a un concepto reconocido por pacto colectivo y que, aplicada

de forma correcta, desvirtúa la tesis sostenida por la entidad.

Arguyó que, en la Resolución núm. 4992 de 30 de diciembre de 2011,

el ICBF trajo a colación de forma parcial el contenido de unas actas

de conciliación que había suscrito con algunos de sus extrabajadores

sobre los conceptos a reconocer por la terminación de sus relaciones

laborales.

Aseguró que, contrario a lo concluido por la entidad demandada, del

contenido de dichos documentos era claro que la bonificación por

retiro voluntario no era un factor para tener en cuenta como base de

la liquidación de aportes parafiscales, además, porque el ICBF citó

el Acta núm. 100 de 2011 que fue suscrita con posterioridad a los

períodos en los cuales recae la discusión.

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Aseveró que para resolver el recurso de reposición la Dirección

Seccional de Antioquia requirió un concepto de la sede nacional,

allegado el 29 de diciembre de 2011, el cual, a su juicio, no podía ser

tenido en cuenta porque nunca se puso a su disposición.

I.3.4.- “Excepción de ilegalidad”

Adujo que los actos administrativos fueron expedidos con base en las

facultades establecidas en la Resolución núm. 731 de 2008, expedida

por el mismo ICBF, cuando para la fecha ésta ya estaba derogada.

Explicó que la referida resolución está viciada de nulidad, porque

ninguna de las normas legales en las que se funda contiene la

facultad para que el ICBF efectúe liquidaciones de deuda.

Anotó que, si bien las normas que invocó el ICBF en la Resolución

núm. 731 de 2008 le facultan para fiscalizar y cobrar lo relativo a los

aportes parafiscales, no hay una norma legal que establezca el

procedimiento para el ejercicio de dichas competencias.

Por lo anterior, solicitó la aplicación de la excepción de ilegalidad

respecto de la resolución aludida.

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I.4 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El ICBF, a través de apoderado, contestó la demanda oponiéndose a

su prosperidad.

Arguyó que si bien el Acta de Liquidación de Aportes núm. 117993

de 7 junio de 2011, es un acto de trámite, no es cierto que no se

haya dado la oportunidad a la actora de controvertir la información

contenida en esta, porque en el párrafo sexto del oficio núm. 108266,

mediante el cual fue comunicada, se le indicó que si no estaba de

acuerdo “[…] una vez se notifique la resolución de determinación de

la deuda, podrá interponer los recursos de ley para garantizar el

debido proceso […]”.

Sostuvo que el acta de liquidación y la liquidación de aportes hacen

parte integral de los actos administrativos cuya nulidad es solicitada

por la actora, por lo que es en dichos documentos donde están

especificados los períodos revisados, la base tenida en cuenta para

calcular la obligación, los valores pagados, los aportes adeudados y

las fuentes sobre las cuales fue tomada la información respectiva.

Explicó que los actos administrativos cuestionados fueron expedidos

con fundamento en la Resolución núm. 731 de 2008, vigente para la

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fecha en que fue efectuado el procedimiento de fiscalización y cobro

del aporte parafiscal, en el inciso 4° del artículo 15 de la Constitución

Política y en los artículos 1° de la Ley 89 de 1988, 113 de la Ley 6ª

de 1992, 8° de la Ley 828 de 2003 y 50 de la Ley 789 de 27 de

diciembre 200211, normas que le facultan para realizar la fiscalización

y el cobro del 3% de los aportes parafiscales.

Resaltó que en el artículo 19 de la Resolución núm. 731 de 2008 la

Directora General delegó en los Directores Seccionales la expedición

de los actos administrativos de determinación de deuda de

parafiscales, situación que fue replicada en el artículo 17 de la

Resolución 2868 de 1o. de julio de 2011, mediante la cual fue

derogada la primera.

Señaló que en la Resolución núm. 4992 de 30 de diciembre de 2011

fue citada el Acta de Conciliación núm. 100 de la misma anualidad, a

título de ejemplo, sin que ello implique que haya sido tomada dentro

de la liquidación de aportes como base para determinar la obligación.

Destacó que para dar respuesta a la demandante, dentro del trámite

del procedimiento administrativo, solicitó a su Oficina Asesora

11
“Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican
algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo”.

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Jurídica Nacional un concepto en el que, luego del análisis de normas

y jurisprudencia aplicables, se concluyó que la bonificación por retiro

voluntario debe ser tenida en cuenta en la base de cálculos de

liquidación de los aportes parafiscales.

Que las resoluciones mediante las cuales fue determinado y liquidado

el valor de los aportes parafiscales adeudados por la actora fueron

motivadas en debida forma, además de que las bases tomadas para

tal efecto eran las aplicables al caso, conforme con lo establecido en

la ley.

II-. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, mediante sentencia de 14 de noviembre de 2014, dispuso

lo siguiente:

“[…] PRIMERO: se declara la nulidad de los actos
administrativos contenidos en la Resoluciones No.3884 del
19 de septiembre del 2011 y No. 4992 del 30 de diciembre
de 2011, expedidas por la Directora Regional Antioquia de la
entidad demandada, de conformidad con las razones expuestas
en las precedentes consideraciones.

SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del
derecho se declara que la CERVECERÍA UNIÓN S.A no le adeuda
suma alguna de dinero al INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR, por concepto de aportes parafiscales,
correspondientes a los períodos 2006 (julio a diciembre), 2007
(enero a diciembre), 2008 (enero a diciembre), 2009 (enero a
diciembre), 2010 (enero a diciembre), y 2011 (enero a octubre).

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Así mismo, en el evento de haberse efectuado pago alguno por
el mismo concepto y respecto de los mismos períodos, SE
ORDENA al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR reintegrar a la CERVECERÍA UNIÓN S.A., las
sumas canceladas por esta en virtud de lo dispuesto en los actos
administrativos anulados, debidamente indexadas, acorde con la
fórmula expuesta en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: SIN CONDENA EN COSTAS, en esta instancia […]”

Para tal efecto, en relación con la competencia que el ICBF tenía

para expedir las resoluciones núms. 3884 de 19 de septiembre de

2011 y 4992 de 30 de diciembre de 2011, señaló que conforme con

el artículo 113 de la Ley 6ª de 1992, a dicha entidad le corresponde

adelantar los procesos de fiscalización y cobro para determinar el

correcto y oportuno pago de los aportes a su favor, para lo cual está

facultada en los términos del artículo 86 del Decreto 2388 de 29 de

septiembre 197912, 8° de la Ley 828 de 10 de julio de 200313 y 4°

del Decreto 562 de 1990.

Advirtió que el procedimiento para la fiscalización y cobro del aporte

parafiscal del 3% a favor del ICBF fue establecido por la dirección

general de la misma entidad, mediante la Resolución núm. 731 de 5

de 2008, en el ejercicio de la función que le fue conferida por la Ley

6ª de 1992.

12
“Por el cual se reglamentan las leyes 75 de 1968, 27 de 1974 y 7o. de 1979”
13
“Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del Sistema de Seguridad Social”
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Agregó que, si bien dicha resolución fue derogada por el artículo 27

de la Resolución 1530 de 2011, en los artículos 9° a 14 de esta última

se estableció el procedimiento aplicable a los aportes en los mismos

términos de la primera.

Explicó que la competencia del ICBF no está limitada a la

fiscalización y cobro de los aportes parafiscales, dado que el artículo

113 de la Ley 6ª de 1992 prevé de forma expresa la facultad de la

determinación del correcto y oportuno pago de éstos, lo que implica

la liquidación, dado que lo contrario haría nugatorio el procedimiento

de verificación, en la medida en que una vez adelantado sus resultas

no podrían hacerse exigibles respecto de los obligados.

Por otro lado, indicó que si bien la entidad demandada requirió

inicialmente a la actora para que regulara sus aportes en lo que

respecta al año 2008, y que en igual sentido en varias oportunidades

le requirió información para adelantar el proceso de fiscalización, lo

cierto es que partió del supuesto de que la demandante era morosa

y presunta deudora de las obligaciones parafiscales, sin que en

ninguno de los requerimientos refiriera la razón por la cual llegaba a

dicha conclusión, ni a los elementos de convicción que le

respaldaban.

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Encontró que una vez el ICBF solicitó la información practicó una

visita en las instalaciones de la sociedad actora, en virtud de la cual

suscribió el Acta de 23 de marzo de 2011, en la que enlistó los

documentos revisados por la asesora de recaudos, sin efectuar otras

consideraciones o identificar hallazgos o irregularidades.

Estableció que, con posterioridad a la referida diligencia, el ICBF

suscribió el Acta de Liquidación de Aportes núm. 117993 de 7 de

junio de 2011, en la que determinó una deuda a cargo de la actora

por concepto de parafiscales del 3% por valor de $804.760.144 y

$732.858.747 de intereses moratorios.

Precisó que no obstante, en el referido documento el ICBF no hizo

mención al procedimiento llevado a cabo para determinar los valores

indicados y tampoco los hallazgos que fueron encontrados.

Agregó que, en igual sentido, en el oficio por medio del cual el ICBF

remitió la liquidación a la actora, se lee que el valor correspondiente

a las vigencias 2008 y 2009 se obtuvo en razón a que ésta se

encontraba en la base de datos producto del cruce de cuentas con la

DIAN; y respecto de los años 2006, 2007 y 2010, solo dijo que era

el resultado de la verificación de aportes, por lo que tampoco había

precisión sobre la forma en que se establecieron dichos valores.

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Actora: Cervecería Unión S.A.

Explicó que, en la Resolución núm. 3884 de 19 de septiembre de

2011, con fundamento en la liquidación de aportes núm. 117993 de

7 de junio de esa anualidad, el ICBF determinó el valor total

adeudado por la sociedad actora, sin que dicha decisión esté

antecedida de consideraciones que den cuenta de los hechos que

motivaron el proceso de fiscalización, de las diligencias adelantadas

y que sustentan los valores determinados, así como tampoco se

efectuó un estudio de los fundamentos de derecho que se enuncian

en el acto, máxime cuando no existe un anexo explicativo de la

liquidación aludida, lo cual demuestra la falta de motivación alegada

en la demanda.

Indicó que, con ocasión del recurso de reposición interpuesto contra

el acto administrativo referido, la funcionaria asesora de recaudos de

la entidad elaboró un informe en el que explicó las bases que se

tomaron para la liquidación de aportes y con fundamento en esto fue

expedida la Resolución núm. 4992 de 30 de diciembre de 2011, en

la que fue confirmada la decisión primigenia.

Resaltó que es claro que solo con ocasión a los reproches que fueron

puestos de presente por la actora en el recurso de reposición, fue

que la entidad mencionó las bases con fundamento en las cuales

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efectuó la liquidación; no obstante, nada dijo de cómo llegó a las

sumas que se endilgan como adeudadas.

Expuso que conforme con la jurisprudencia en los actos de liquidación

debe haber una explicación de las razones que han dado origen a su

expedición, así sea sumariamente, de forma que se advierta la

discrepancia entre las sumas declaradas y las determinadas por la

entidad, con el fin de que el particular pueda ejercer debidamente su

derecho de defensa y debatir la actuación.

Agregó que la desatención a la motivación requerida afecta la validez

del acto administrativo y lo convierte en anulable por expedición

irregular.

Manifestó que si bien la entidad demandada arguyó que la resolución

por medio de la cual resolvió el recurso de reposición se encuentra

provista de motivación suficiente y que debe ser analizada junto con

el acta de liquidación de aportes y demás documentos del

expediente, lo cierto es que no puede pretender que se realice un

estudio de legalidad segmentado de los actos administrativos

demandados, dado que ello equivaldría a sostener que las

consideraciones adicionales que son realizadas en el acto que

culmina la vía gubernativa, tienen la virtualidad de suplir las

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deficiencias del acto que se recurre.

Agregó que es el acto administrativo principal el que determina la

obligación a cargo del contribuyente y respecto del cual es ejercido

el derecho de defensa a través de la interposición del recurso.

III-. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

El ICBF apeló la sentencia proferida en primera instancia, por cuanto,

a su juicio, existe una contradicción entre las partes motiva y la

resolutiva, así como una indebida valoración probatoria.

Reprochó el hecho de que, en su criterio, el a quo haya puesto en

duda la relación de documentos evaluados que fueron enlistados en

las actas que conforman los antecedentes de las resoluciones

demandadas.

Agregó que en el acta de visita efectuada el 23 de marzo de 2011,

consta que los profesionales reunidos en representación de las partes

de la litis realizaron un ejercicio contable, para determinar la base

gravable del aporte parafiscal y los pagos que tenían carácter

salarial, además de la obligación de la empresa de enviar su

declaración de renta posteriormente al procedimiento de verificación.

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Aseveró que, en consecuencia, los valores relacionados son los que

fueron expresados en el Acta de Liquidación de Aportes núm. 177993

de 7 de junio de 2011, en la que está discriminada la base gravable

detectada mes a mes por cada vigencia o período fiscalizado,

documento que hace parte de la Resolución núm. 3884 de 19 de

septiembre de la misma anualidad.

Afirmó que en la referida liquidación, expresó los rubros y bases

salariales sobre las cuales la empresa realizó aportes y la exclusión

que esta había hecho sobre las bonificaciones no pactadas.

Explicó que en sede administrativa le fue garantizado el debido

proceso a la accionante, por cuanto desde el inicio de la actuación le

fue informado que el procedimiento de fiscalización obedecía a que

efectuado el cruce de cuentas con la DIAN, conforme con el renglón

32 de la declaración de renta, fue evidenciado que el valor declarado

por concepto de parafiscales era mayor al que en realidad había sido

pagado, por lo que era necesario adelantar el trámite de verificación.

Destacó que está probado que a la actora le fue garantizado su

derecho de defensa y contradicción, pues interpuso el recurso de

reposición, en el que ilustró acerca de las bases sobre las cuales paga

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aportes parafiscales y respecto de los que no lo hace, en particular,

las razones por las cuales las bonificaciones no pactadas no

constituyen base de liquidación, situación de la que, en su sentir, se

evidencia que le fueron informados los conceptos salariales incluidos

en el Acta de Liquidación núm.117993 de 7 de junio de 2011.

Aseguró que mediante la Resolución núm. 4992 de 30 de diciembre

de 2011, resolvió cada uno de los reproches efectuados por la actora

en su recurso de reposición y explicó cada una de las razones legales

y jurisprudenciales sobre el carácter salarial de los conceptos

incluidos en la liquidación de los aportes parafiscales.

Argumentó que, conforme con el acervo probatorio, está descartado

que la actora desconociera los conceptos incluidos en la liquidación

de aportes, por lo que, a su juicio, el problema jurídico en primera

instancia debía consistir en determinar si los factores incluidos en la

base gravable del aporte parafiscal tenían o no carácter salarial.

Apuntó que en la medida en que la liquidación del aporte parafiscal

es un acto preparatorio del acto administrativo en el que se

determina la deuda, por razones lógicas no puede detallar la

información que en su totalidad la soporta, dado que esta es

verificable en los libros de contabilidad, nómina y demás

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documentación de la empresa, conforme con el acta suscrita en la

visita de inspección.

Manifestó que no se trata de que se haga un análisis de legalidad de

la actuación de forma fragmentada, sino que debe ser de manera

integral, tanto de los actos administrativos cuestionados como de los

actos preparatorios que conforman los antecedentes, en atención a

la especialidad del proceso de fiscalización.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL

MINISTERIO PÚBLICO

La sociedad actora y el ICBF reiteraron los argumentos que han

planteado durante el curso del proceso en relación con el fondo del

asunto. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Actos administrativos acusados

➢ Resolución 3884 de 19 de septiembre de 2020, “por la cual se

determina a favor del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR

FAMILIAR la obligación a cargo de Cervecería Unión S.A.

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identificado (a) con Nit:890.900.168 y se le ordena el pago”,

cuya parte resolutiva prevé:

“[…] RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Determinar y ordenar el pago de la
obligación a favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
— Regional Antioquia, a CERVECERÍA UNION S. A.
identificado(a) con NIT:890.900.168, cuyo Representante Legal
es el señor: PEARSE KEITH, identificado con cédula 354.563, o
quien haga sus veces, por un valor total a capital de
$804.760.144 (OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES
SETECIENTOS SESENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO
PESOS), por concepto de aportes parafiscales del 3% dejados
de pagar durante el periodo 2006 (Julio a Diciembre), 2007
(Enero a Diciembre), 2008 (Enero a Diciembre), 2009 (Enero a
Diciembre) y 2010 (Enero a Octubre), según la(s) liquidación(es)
de aportes No. 117993 de fecha 7 de junio de 2011, más los
intereses moratorios causados diariamente, conforme con lo
indicado en la parte considerativa de la presente resolución, de
acuerdo con el siguiente detalle:

Vige Periodo Valor Aporte
ncia
2006 Julio $0
2006 Agosto $19.319
2006 Setiembre $521.983
2006 Octubre $0
2006 Noviembre $17.908.846
2006 Diciembre $4.051.619
2007 Enero $19.278.109
2007 Febrero $24.170.848
2007 Marzo $35.808.008
2007 Abril $2.895.423
2007 Ma o $326.808
2007 Junio $14.778.748
2007 Julio $46.816.356
2007 Agosto $379.186
2007 Setiembre $2.329.691
2007 Octubre $232.037
2007 Noviembre $259.664
2007 Diciembre $2.293.785

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Número único de radicación: 05001233100 2012 00258 01
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2008 Enero $31.258.164
2008 Febrero 640.651.189
2008 Marzo 551.816.499
2008 Abril 613.573.293
2008 Mayo $2.080.202
2008 Junio $14.633.900
2008 Julio $1.984.011
2008 Agosto $4.024.058
2008 Septiembre $0
2008 Octubre $549.162
2008 Noviembre $4.734.668
2008 Diciembre $7.551.823
2009 Enero $18.095.156
2009 Febrero $222.313.993
2009 Marzo $44.338.881
2009 Abril $24.590.572
2009 Mayo $42.359
2009 Junio $37.085.179
2009 Julio $273.414
2009 Agosto $177.559
2009 Septiembre $265.111
2009 Octubre $257.268
2009 Noviembre $2.478.462
2009 Diciembre $1.390.752
2010 Enero $13.326.543
2010 Febrero $1.547.074
2010 Marzo $25.450
2010 Abril $10.530.380
2010 Mayo $2.236.507
2010 Junio $22.282.989
2010 Julio $55.809.812
2010 Agosto $124.907
2010 Septiembre $2.640.358
2010 Octubre $0
2010 Noviembre
2010 Diciembre
2011 Enero
2011 Febrero
2011 Marzo
2011 Abril
2011 Mayo
2011 Junio
2011 Julio
2011 Agosto

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2011 Septiembre
2011 Octubre
2011 Noviembre
2011 Diciembre
TOTAL $804.760.114
DEUDA

PARÁGRAFO 1º: En concordancia con la Resolución No.000384
del 11 de febrero de 2008, Artículo 52, a las obligaciones en
mora causadas antes de la expedición de la Ley 1066 de 2006,
se les liquidará interés moratorio a la tasa de 12% anual desde
el día siguiente a la fecha en la que el aportante estaba obligado
a pagar de conformidad con la normatividad vigente y hasta el
28 de julio de 2006.

PARÁGRAFO 2º: A partir del 29 de Julio de 2006, los intereses
moratorios se liquidarán y pagarán a la tasa de usura certificada
por la superintendencia Financiera por el sistema de causación
diaria al momento del pago desde el día siguiente a la fecha en
la que el aportante estaba obligado a pagar de conformidad con
la normatividad vigente.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución presta mérito
ejecutivo de conformidad con lo establecido en los artículos 42
de la Ley 7 de 1979, 95 del Decreto Reglamentario 2388 de
1979, y artículos 68 y 79 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede
el recurso de Reposición ante el Director de la Regional Antioquia
del ICBF, el cual debe interponerse personalmente y por escrito
por el interesado, su Representante Legal o Apoderado
debidamente constituido, según lo establece el artículo 52 del
Código Contencioso Administrativo. Resuelto el recurso se
entiende agotada la Vía Gubernativa.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige desde la fecha
de su expedición y deberá notificarse de acuerdo con lo
dispuesto en el Libro Primero, Título l, Capítulo X del Código
Contencioso Administrativo, adoptado por el Decreto Número 01
de 1984 […]”,

➢ Resolución núm. 4992 de 30 de diciembre de 2011, “Por medio

de la cual se resuelve el recurso de reposición en contra de la

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Resolución No. 3884 de 19 de septiembre de 2011”, cuya parte

resolutiva dispone:

“[…] RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: confirmar en todas sus partes el
contenido de la Resolución No. 3884 de 19 de septiembre de
2011, por medio de la cual se determinó y ordenó el pago de
una obligación a favor del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar Regional Antioquia, a la Empresa Cervecería Unión S.A,
identificada con Nit. 890.900.168, representada legalmente por
el señor PEARSE KEITH, identificado con cédula número
354.563, por la suma de (804.760.144) (ochocientos cuatro
millones setecientos sesenta mil ciento cuarenta y cuatro pesos),
por conceptos de aportes parafiscales dejados de pagar durante
los periodos […]

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución presta mérito
ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de
la Ley 7 de 1974, artículo 96 del Decreto 2388 de 1979 y los
artículos 68 y 79 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución no procede
recurso alguno […]”.

V.2.- Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si las resoluciones núms. 3884 de

19 de septiembre y 4992 de 30 de diciembre 2011 son nulas por falta

de motivación y si, por lo tanto, la sentencia recurrida debe ser

confirmada.

Sin embargo, en caso de que la causal de nulidad aludida no prospere

y, en consecuencia, sea procedente revocar la sentencia apelada, la

Sala tendrá que establecer si los demás cargos planteados en la
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demanda fueron resueltos por el a quo.

Para resolver el problema jurídico planteado la Sala analizará el

marco jurídico aplicable a la motivación de los actos administrativos,

en particular, a los expedidos por el ICBF para la determinación de

aportes parafiscales y, en seguida, efectuará el estudio del caso

concreto.

De la motivación de los actos administrativos en el marco de

determinación de aportes parafiscales por parte del ICBF

La motivación de los actos administrativos, además de constituir un

requisito de validez de estos, es una garantía para evitar decisiones

arbitrarias por parte de la administración.

Dicha garantía implica que las decisiones que la administración

expida, como conclusión de una actuación en la que está implicado

un particular, contengan una relación de las razones fácticas y

jurídicas que dieron origen a las mismas.

En ese orden de ideas, es imperativo que los actos administrativos

revelen los motivos de su expedición, los razonamientos, la

fundamentación jurídica y la valoración fáctica que los sustenta,

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dado que la ausencia de esto conlleva el desconocimiento al debido

proceso por no garantizar a su destinatario la posibilidad de

controvertir la decisión.

Sobre este aspecto esta Sección ha señalado14:

“[…] Motivación de los actos administrativos. Constituye un
elemento necesario para la existencia de un acto administrativo
que haya unos motivos que originen su expedición y que sean el
fundamento de la decisión que contienen. Es decir, deben existir
unas circunstancias o razones de hecho y/o de derecho que
determinan la expedición del acto y el contenido o sentido de la
respectiva decisión.

Los motivos son entonces el soporte fáctico y jurídico que
justifica la expedición del acto administrativo y el sentido de su
declaración y, por lo general, cuando por disposición legal deben
ponerse de manifiesto, aparecen en la parte motiva o
considerativa del acto. En todo caso, aunque no se mencionen
expresamente los motivos, debe existir una realidad fáctica y
jurídica que le de sustento a la decisión administrativa, que
normalmente está contenida en los “antecedentes del acto”,
representados por lo general en distintos documentos como
estudios, informes, actas, etc.

a) Actos administrativos particulares. Nuestra legislación es
especialmente exigente en lo que se refiere a la fundamentación
de los actos administrativos de contenido particular. En el
artículo 35 del C.C.A. se establece al efecto que “…habiéndose
dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones,
y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la
decisión que deberá ser motivada al menos en forma sumaria si
afecta a particulares”.

b) Actos administrativos generales. Respecto de los actos
administrativos de carácter general, en razón a su naturaleza y
alcance, por regla general es suficiente tener como motivación
en ellos la indicación de sus fundamentos legales y de su objeto,
salvo que exista una disposición en la ley que ordene una
motivación diferente, tal como lo precisado la jurisprudencia de
esta Corporación […]”.

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 23 de enero
de 2014, CP Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 11001-03-24-000-2012-00293-00.
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Conforme con lo anterior, la falta de motivación conlleva que el juez

valore el contenido del acto administrativo para determinar si fueron

expresadas o no las razones para su expedición y si lo dicho es

suficiente para tener por cumplido este requisito de validez.

Ahora bien, en materia de imposición de liquidaciones por aportes

parafiscales, esta Corporación15 ha indicado que la decisión es

carente de motivación si la administración se limita a señalar las

sumas de dinero adeudadas por el contribuyente sin indicar las

explicaciones de dicha conclusión, situación que impide, por una

parte, el ejercicio del derecho de defensa a este y, por otra, el control

de legalidad de la actuación por falta de elementos de juicio.

De igual forma, la Sala destaca que en asuntos como el que nos

ocupa, para establecer si la determinación de la obligación parafiscal

está motivada, debe verificarse el contenido de los actos

administrativos cuestionados, así como el de los antecedentes que

se le integran.

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 26 de julio
de 2018, CP Julio Roberto Piza Rodríguez, número único de radicación 05001-23-31-000-2012-00794-
01.
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Sobre este aspecto, esta Corporación ha sostenido16:

“[…] En términos puntuales, la jurisprudencia de esta Sección ha
considerado que una pauta adecuada para determinar si la
motivación de liquidaciones tributarias es suficiente, consiste en
verificar si de la lectura de la decisión y de sus antecedentes el
destinatario del acto y quien ejerce el control de legalidad
pueden inferir las razones precisas y concretas por las cuales se
determinó oficiosamente la deuda y todas las circunstancias
esenciales que permitan entender tal decisión y su alcance[…]”.

En el presente caso, el ICBF inició el procedimiento de verificación y

cobro de parafiscales con el requerimiento de información a la actora,

efectuado mediante el oficio núm. 550000-53 de 2 de febrero de

201117, fecha en la que estaba vigente la Resolución núm. 731 de 5

de marzo de 200818, con base en la cual fueron expedidos los actos

cuestionados.

El artículo 14 de la referida resolución establecía que dentro del

trámite de fiscalización y cobro de parafiscales el ICBF debía

suscribir el acta de verificación al finalizar la respectiva visita, la cual

debería contener como mínimo la descripción del procedimiento, de

los hallazgos, el valor liquidado por cada uno de estos, los soportes

y documentos aportados, el total del capital e intereses adeudados,

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 18 de julio
de 2019, CP Julio Roberto Piza Rodríguez, 25000-23-27-000-2012-00468-01.
17
Cfr. Folio 25 C1.
18
“Por la cual se establecen lineamientos para adelantar el proceso de fiscalización y cobro del aporte
parafiscal del 3% a favor del ICBF.” Derogada por la Resolución núm. 1530 de 2 de mayo de 2011.
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entre otros.

Además, la norma aludida preveía que debía diligenciarse la

liquidación de los aportes, que sería el soporte de la resolución de

determinación de la obligación atribuida al contribuyente.

La disposición en comento señalaba:

“[…] ARTÍCULO 14. DOCUMENTOS PRODUCTO DE LA VISITA O
REVISIÓN. El Fiscalizador debe proceder a revisar la
documentación y diligenciar los siguientes documentos:

1. Acta de verificación. Se entrega al aportante al finalizar la
visita de fiscalización y debe contener la descripción del
procedimiento y de los hallazgos, la relación de los soportes y
documentos aportados, la vigencia y el valor liquidado por cada
una de ellas, el total del capital adeudado y de los intereses de
mora calculados a la fecha de la visita, la información al
aportante de que dichos intereses se seguirán causando
diariamente de conformidad con lo establecido en la ley y las
acciones a seguir de acuerdo con los resultados obtenidos.
Igualmente, se le informará el nombre de los bancos y los
números de las cuentas recaudadoras para que proceda a
efectuar el pago y el plazo para hacerlo.

En caso de que el aportante o la persona que atendió la visita no
firme el acta de que trata este artículo, se dejará constancia en
la misma.

2. Liquidación de la deuda a favor del ICBF. En esta se determina
el Ingreso Base de Cotización (IBC) y el valor a cargo del
empleador. Esta liquidación será el soporte en la Resolución de
Determinación de la Deuda y por lo tanto hará parte integral de
la misma […]”.

Ahora, los artículos 14 de las resoluciones núms. 1530 de 2 de mayo

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de 201119 y 2868 de 1o. de julio de la misma anualidad20, la primera

vigente para el momento en que fue emitida la liquidación parafiscal

atribuida a la actora, y la segunda vigente para la fecha en que fueron

expedidos los actos administrativos cuestionados, señalaban en

iguales términos que los actos de determinación de la obligación

estaban integrados además por el acta de verificación y la liquidación

de los aportes, así:

“[…] ARTÍCULO 14. DOCUMENTOS PRODUCTO DE LA VISITA. El
servidor público con funciones de fiscalizador debe proceder a
revisar la documentación y diligenciar los siguientes
documentos, los cuales serán el soporte de la Resolución de
Determinación de la Deuda y harán parte integral de la misma:

1. Acta de verificación. Se entrega al aportante al finalizar la
visita de fiscalización y debe contener: la descripción del
procedimiento y de los hallazgos, la relación de los soportes y
documentos aportados, las vigencias y el valor liquidado por
cada una de ellas, el total del capital adeudado y de los intereses
de mora calculados a la fecha de la visita, la información al
aportante de que estos se seguirán causando diariamente de
conformidad con lo establecido en la ley, y las acciones por
seguir de acuerdo con los resultados obtenidos. Igualmente, se
le informará el nombre de los bancos, los números de las cuentas
de recaudo para que proceda a efectuar el pago, y el plazo para
hacerlo.
En caso de que el aportante o la persona que atendió la visita no
firme el acta, se dejará constancia en la misma y se remitirá por
correo al aportante, conjuntamente con la Liquidación del Aporte
debidamente suscrita.

2. Liquidación de la deuda a favor del ICBF. Liquidación de la
deuda de aportes y de intereses. El servidor público con
funciones de fiscalizador, una vez verificados los documentos de
soporte y de ser procedente, elaborará la liquidación de aportes

19
Expedida por la Dirección General del ICBF “Por la cual se establecen los lineamientos para adelantar
el proceso de fiscalización y cobro del aporte parafiscal del 3% con destino al ICBF y se adopta el Manual
de Fiscalización y Cobro.”
20
Expedida por la Dirección General del ICBF “Por la cual se establecen los lineamientos para adelantar
el proceso de fiscalización y cobro del aporte parafiscal del 3% con destino al ICBF”.
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aplicando los intereses moratorios a que haya lugar, para lo cual
debe hacer uso de la herramienta para el cálculo de intereses
establecida por el Grupo de Recaudo de la Dirección Financiera
de la Dirección General […]”.

En ese orden de ideas, la motivación de los actos administrativos

cuestionados debía estar contenida, en cuanto a sus aspectos fácticos

como jurídicos, en la resolución de determinación de la obligación,

así como en la liquidación de los aportes y en el acta de verificación

respectiva.

Caso concreto

Según consta en el acta de visita de 23 de marzo de 2011, el ICBF

realizó la diligencia de fiscalización en las instalaciones de la sociedad

actora, en la que inspeccionó planillas de seguridad social, contratos

laborales, anexos de incentivos y bonificaciones y algunos apartes de

la convención colectiva.

Según fue consignado en el referido documento, la actora quedó

comprometida a enviar a las oficinas del ICBF copia de los contratos

de los vendedores respecto de los períodos 2007 a 2009; no

obstante, no se dejó registro sobre hallazgo alguno en relación con

la documentación revisada.

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Como consecuencia de la recolección de información, con

posterioridad, la entidad demandada expidió dos documentos que

denominó Acta de Liquidación de Aportes núm.117993 de 7 de junio

de 2011 y Liquidación de Aportes núm.117993 de la misma fecha,

esta última citada en la resolución de determinación de la obligación.

Al respecto, en el acta de liquidación de aportes el ICBF llegó a las

siguientes conclusiones:

“[…]

[…]”.

Como se advierte del documento en cita, el ICBF señaló de forma
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contradictoria que la sociedad actora efectuó aportes sobre

“bonificaciones”, pero al mismo tiempo en renglones seguidos indicó

que no lo hace, sin dar explicaciones al respecto.

De igual forma, en el citado documento la entidad efectuó una

liquidación en la que estableció los aportes parafiscales adeudados por

la actora por los períodos allí referidos, pero sin ninguna indicación

sobre la causa de tal circunstancia, ni sobre el procedimiento o

hallazgos concretos que dieron lugar a dichos valores.

Ahora, en el segundo documento que denominó “Liquidación de

Aportes núm.117993”, el ICBF hizo una relación de las sumas que

fueron pagadas por la actora como aportes parafiscales por los

períodos en cuestión y los valores que, a su juicio, debieron ser

cotizados, sin explicar de ninguna forma cómo llegó a la conclusión

de tal diferencia.

En efecto, dentro del contenido del referido documento, la única

explicación que el ICBF dio fue la siguiente:

“[…]

III Observaciones de la visita (Hallazgos,
conclusiones, descripción del procedimiento,
etc)
Esta liquidación genera intereses de mora de acuerdo a la ley
1066 de julio 29 de 2006
Se verifica desde julio de 2006 hasta octubre de 2010
Se liquida con la información existente (ver anexo)
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IV. Documentación aportada como base para la
liquidación
Cámara de Comercio, Rut, Planillas de ARP

[…]”

Es claro entonces, que ni en la liquidación de aportes ni en el acta de

verificación fueron indicados a la actora los hallazgos respecto de los

rubros objeto de discusión, dado que apenas fueron señalados de

forma genérica los conceptos sobre los cuales había efectuado

aportes, sin explicación alguna sobre los factores omitidos y las

razones por las cuáles estos debían haber sido incluidos en la base

de cálculo de los parafiscales.

En los referidos documentos, el ICBF solo estableció un monto

adeudado por concepto de parafiscales, pero no desagregó los

emolumentos sobre los cuales totalizó dicho valor, sin que hubiese

sido posible determinar los conceptos que, en su criterio, eran

necesarios incluir en la base del tributo discutido, máxime si se tiene

en cuenta que en el Acta de Liquidación núm. 117993 de forma

incongruente advirtió que se efectuaron aportes entre otras bases

salariales sobre bonificaciones, cotizaciones sobre “Bonificaciones”,

pero en el mismo acápite se contradice afirmando una situación

opuesta.

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Ahora bien, cabe destacar que en la Resolución núm. 3884 de 19 de

septiembre de 2011, el ICBF se limitó a determinar el valor de la

obligación atribuida a la actora, de forma expresa conforme con el

contenido de la Liquidación de Aportes núm. 117993 de 7 de junio de

2011, sin motivación alguna.

En ese orden de ideas, las irregularidades en la formación del acto de

determinación de la obligación, por la falta de motivación advertida

constituyen una vulneración al derecho de defensa de la sociedad

actora, en la medida en que el ICBF no expuso los aspectos fácticos y

jurídicos sobre los cuales determinó la contribución parafiscal a su

cargo.

Ahora, si bien es cierto, como lo indica la entidad demandada, que la

sociedad actora recurrió en reposición el acto primigenio, esta situación

no puede conllevar por si sola el saneamiento de la falta de motivación

advertida, dado que en particular varios de los reproches planteados

en el recurso21 versaron sobre la falta de claridad frente a las

“bonificaciones” a las cuales se refería el Acta de Liquidación de

Aportes núm. 117 de 2011.

21
Cfr. Folio 191, C!.

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En efecto, solo hasta la Resolución núm. 4992 de 30 de diciembre de

2011, a través de la cual fue resuelto el recurso de reposición aludido,

el ICBF precisó que para la elaboración de la liquidación de aportes

parafiscales se tuvieron en cuenta como bases sueldo, salario integral,

horas extras, comisiones, bonificaciones varias, bonificaciones

por retiro voluntario, bonificaciones por ventas, permisos,

vacaciones, con la exclusión de las bonificaciones por pensión.

Además, es apenas hasta la expedición de dicho acto, que la entidad

dio las razones por las cuales, a su juicio, las bonificaciones por retiro

debían estar incluidas en las bases de liquidación de los aportes

parafiscales y resaltó que, verificada la información contable, había

evidenciado que la actora pagaba por algunos conceptos salariales,

“pero el valor tomado como ingreso base de cotización es inferior a lo

que realmente debía haber cancelado”.

Al respecto, la Sala destaca que, en asuntos como el que nos ocupa,

esta Corporación ha sido enfática en advertir que la garantía del

derecho de defensa y contradicción del contribuyente subyace del

hecho de que en el acto de determinación de la obligación la entidad

respectiva exponga la motivación de la actuación, dado que la

carencia de ésta no puede ser subsanada en el acto en el cual se

concluye la sede administrativa.

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En este sentido, en sentencia de 18 de junio de 2019, con ponencia

del Consejero Julio Roberto Piza Rodríguez, la Sección Cuarta de esta

Corporación señaló22:

“[…] Al efecto, en casos análogos al presente, esta Sección al
pronunciarse sobre la posibilidad de que el acto que desata los
recursos interpuestos complemente la determinación de la base
gravable omitida en liquidaciones de aforo o de revisión, ha
explicado que, aunque el objeto de la vía gubernativa está
orientado a permitir que las autoridades administrativas revisen
sus propias decisiones, ello no significa que puedan omitir el deber
de motivarlas so pretexto de ajustar a la legalidad sus
actuaciones; máxime si se considera que el acto que liquida la
deuda y el que resuelve un recurso son independientes, pues el
primero culmina la etapa de determinación de la obligación
dineraria y el segundo la fase de discusión.

En ese orden de ideas, no es jurídicamente admisible que el ICBF
se excuse en la resolución que desató el recurso de reposición para
justificar la anomalía que vició desde el principio el procedimiento
administrativo, pues si la sociedad hubiera conocido las críticas
puntuales de la Administración frente a la liquidación de aportes
por los periodos en discusión, aquella habría podido rebatirlas con
la presentación del mentado recurso (sentencia del 26 de julio de
2018, exp. 22074, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez).

Esa falta de certidumbre sobre los conceptos cuestionados por el
ICBF conllevó a que la memorialista planteara una defensa
genérica sobre los valores que, en su criterio, no debieron
gravarse con el aporte parafiscal destinado al ICBF. Por su parte,
como reiteradamente se ha dicho, los actos no plantearon las
razones de hecho y de derecho que fundamentaran la decisión, lo
cual contraría el numeral 1.º del artículo 14 de la Resolución
2868 de 2011, que fijó el procedimiento de fiscalización y de
determinación de la obligación tributaria a favor del ICBF […]”.

Bajo este contexto, la Sala concluye que las resoluciones enjuiciadas

están viciadas de nulidad por falta de motivación, toda vez que, la

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, número único de
radicación 25000-23-37-000-2012-00011-02.

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entidad, en el acto administrativo primigenio no expresó las razones

con fundamento en las cuales calculó la obligación parafiscal atribuida

a la actora, lo que conllevó la limitación de su derecho de defensa.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, en la medida en

que en la sentencia recurrida el a quo declaró la nulidad de las

resoluciones aludidas por falta de motivación, se impone a la Sala

confirmar la decisión, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

Es preciso advertir que no se condenará en costas a la entidad

demandada, con fundamento en que no se evidenció temeridad, ni

mala fe en su actuación procesal, pues lo cierto es que dicha condena

solo procede cuando la parte vencida ha actuado de manera

temeraria o abusiva, en virtud de lo establecido en el artículo 171 del

CCA, en concordancia con los artículos 392 y 393 del CPC, aplicables

al caso por la remisión del artículo 168 del CCA.

Por último, se reconocerá personería a la doctora MARVIC LAURA

CAROLINA CORTÉS TÉLLEZ como apoderada del Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, de conformidad con el

poder y los documentos anexos obrantes a folios 43 a 47 del

cuaderno núm. 3.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: TENER a la doctora MARVIC LAURA CAROLINA

CORTÉS TÉLLEZ como apoderada de la entidad demandada, de

conformidad con el poder y los documentos anexos visibles a folios

43 a 47 del cuaderno núm. 3.

TERCERO: Sin condena en costas, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, devolver el

expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de noviembre de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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