Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2012-00593-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Transporte: licencia de funcionamiento
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2012-00593-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-31-000-2012-00593-01
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
5 de agosto de 2021
TRANSPORTE - Licencia de funcionamiento / PERMISO ESPECIAL Y TRANSITORIO A UNOS TRANSPORTADORES VINCULADOS A COOTRASANDINA POR EL TÉRMINO DE SEIS MESES – Para prestar el servicio público colectivo de transporte de pasajeros en unas rutas suburbanas o interveredales autorizadas por medio de otras resoluciones / NULIDAD DEL ACTO QUE CONCEDIÓ LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES ANDINAS COOTRANSANDINA – Por el Consejo de Estado en sentencia del año 2002 / NULIDAD DEL ACTO QUE CONCEDIÓ LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES ANDINAS COOTRANSANDINA – Efectos / EMPRESA DE TRANSPORTE – No estaba facultada para continuar prestando el servicio público / AUTORIZACIÓN TEMPORAL A LOS PROPIETARIOS DE LOS VEHÍCULOS VINCULADOS A LA EMPRESA CUYA HABILITACIÓN HAYA SIDO CANCELADA – Presupuestos / PERMISO ESPECIAL Y TRANSITORIO A UNOS TRANSPORTADORES VINCULADOS A COOTRASANDINA POR EL TÉRMINO DE SEIS MESES – No podía ser otorgado por alcalde municipal
Para la Sala, en el asunto sub examine, no ocurrió ninguno de los eventos señalados en la norma [artículo 37 del Decreto 170 de 2001], por cuanto no se canceló la habilitación a COOTRASANDINA por algunas de las causales señaladas en el artículo 48 de la Ley 336, ni a la empresa que contaba con licencia de funcionamiento se le negó la habilitación, sino que, en virtud de la sentencia de 2 de marzo de 2002, proferida por esta Corporación, se anuló la licencia de funcionamiento que dio lugar al acto administrativo que ordenó su cumplimiento. Lo anterior, dado que, la cancelación de la habilitación de las empresas de transporte se configura en los siguientes eventos específicos señalados en el artículo 48 de la Ley 336 de 1996; i) cuando se compruebe por parte de la autoridad de transporte competente que las condiciones de operación, técnicas, de seguridad, y financieras, que dieron origen a su otorgamiento no corresponden a la realidad; ii) cuando se compruebe la injustificada cesación de actividades o de los servicios autorizados por parte de la empresa transportadora; iii) cuando en la persona jurídica titular de la empresa de transporte concurra cualquiera de las causales de disolución contempladas en la ley o en sus estatutos; iv) cuando la alteración del servicio se produzca como elemento componente de los procesos relacionados con el establecimiento de tarifas, o como factor perturbador del orden público, siempre que las causas mencionadas sean atribuibles al beneficiario de la habilitación; v) en los casos de reiteración o reincidencia en el incremento o disminución de las tarifas establecidas, o en la prestación de servicios no autorizados, después de que se haya impuesto la multa a que se refiere el literal d), del artículo 49 de esta ley; vi) cuando dentro de los tres años anteriores a aquel en que se inicie la investigación que pudiese concluir con la medida, se haya decretado la suspensión a lo menos en dos oportunidades y, vii) en todos los demás casos en que se considere motivante, que la infracción presenta signos de agravación en relación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo, teniendo en cuenta los efectos nocivos ocasionados a los usuarios y a la comunidad, ninguno de los cuales se configuró en el presente asunto. Por lo expuesto, la Sala observa que no era procedente justificar la autorización temporal de los vehículos afiliados a COOTRASANDINA con fundamento en una supuesta cancelación de la habilitación, por cuanto la misma no se dio como consecuencia de los eventos señalados en el artículo 48 de la Ley 336 de 1996 sino en virtud de una sentencia de la Corporación que declaró la nulidad de la licencia de funcionamiento de la cooperativa. Asimismo, comoquiera que la sentencia de esta Corporación anuló la licencia de funcionamiento de COOTRASANDINA sus efectos retroactivos implican que la misma no nació a la vida jurídica y, por lo tanto, después de quedar en firme la sentencia el 5 de abril de 2002, no podía existir ninguna habilitación expedida por el alcalde del Municipio de Andes con fundamento en la Resolución núm. 055 de 1995 con la que pretendiera omitir la realización de una licitación pública conforme lo regula el artículo 19 de la Ley 336 de 1996. […] Por lo anterior, con ocasión de la declaratoria de nulidad COOTRASANDINA no tenía permiso para operar las rutas veredales y el alcalde del Municipio de Andes (Antioquia) no se encontraba facultado para autorizar a los trabajadores de la empresa COOTRASANDINA a operar en las rutas y horarios que habían sido asignados al no cumplir los presupuestos señalados en el artículo 48 de la Ley 336. Así, para la Sala es claro que una cosa es la anulación de la licencia de funcionamiento y otra muy distinta es la cancelación de la habilitación en los eventos señalados en la Ley 336, lo que no ocurrió en este caso, por cuanto la misma se dio como consecuencia de la sentencia de nulidad de esta Corporación.
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y DE LA HABILITACIÓN – Marco normativo
FUENTE FORMAL: DECRETO 1787 DE 1990 – ARTÍCULO 13 / DECRETO 1787 DE 1990 – ARTÍCULO 14 / DECRETO 1787 DE 1990 – ARTÍCULO 15 / DECRETO 1787 DE 1990 – ARTÍCULO 17 / DECRETO 1787 DE 1990 – ARTÍCULO 18 / DECRETO 1787 DE 1990 – ARTÍCULO 23 / DECRETO 1787 DE 1990 – ARTÍCULO 39 / DECRETO 1787 DE 1990 – ARTÍCULO 50 / DECRETO 175 DE 2001 – ARTÍCULO 6 / DECRETO 175 DE 2001 – ARTÍCULO 30 / DECRETO 1558 DE 1998 – ARTÍCULO 9 / LEY 336 DE 1996 – ARTÍCULO 48 / DECRETO 170 DE 2001 – ARTÍCULO 37
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 05001-23-31-000-2012-00593-01
Actor: COOPERATIVA NORTEÑA DE TRANSPORTADORES LTDA. – COONORTE
Demandado: MUNICIPIO DE ANDES – ANTIOQUIA
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Efectos de la nulidad de la licencia de funcionamiento de una cooperativa de transporte
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante y de los terceros con interés en el proceso, contra la sentencia proferida el 12 de febrero de 2015 por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Decisión.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
La Cooperativa Norteña de Transportadores Ltda. - COONORTE, en adelante la parte demandante, presentó demanda contra el Municipio de Andes – Antioquia, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, en adelante, Código Contencioso Administrativo.
Pretensiones
La parte demandante formuló las siguientes pretensiones :
“[…] PRIMERO: Que se declare NULA la Resolución Nro. 2150 del 18 de octubre de 2011, proferida por LUIS HORACIO GALLON ARANGO, Alcalde Municipal de Andes Antioquia, por medio de la cual se autoriza a unos transportadores a prestar un servicio temporal de transporte.
SEGUNDO: Que se declare nula la Resolución Nro. 2604 del 13 de diciembre de 2011, expedida por RAFAEL ANTONIO RAMIREZ VANEGAS, Alcalde Encargado de Andes Antioquia, mediante el cual resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Nro. 2150 de 18 de octubre de 2011, por medio de la cual autorizó a unos transportadores a prestar un servicio temporal de transporte público mixto.
TERCERO: Que como consecuencia de la nulidad anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Alcaldía de Andes Antioquia, Indemnizar a la Cooperativa Norteña de Transportadores Ltda., “COONORTE”, LA SUMA DE DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M.L. ($205.920.000) por perjuicios causados en calidad de daño emergente y lucro cesante, por la autorización de manera ilegal, a unos transportadores, que pertenecen a la empresa COOTRASANDINA, a quien se le anuló la licencia de funcionamiento, a prestar un servicio temporal de transporte, en las rutas veredales, autorizada a COONORTE LTDA.
CUARTO: Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término establecido por el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.
QUINTO: Se condene a la demandada al pago de las costas y agencias en derecho […]”.
Presupuestos fácticos
La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:
El Alcalde Municipal de Andes (Antioquia) por medio de la Resolución núm. 2150 de 18 de octubre de 2011, resolvió autorizar mediante un servicio especial y transitorio por el término de seis meses improrrogable, es decir, hasta el 26 de marzo de 2012, para que los propietarios de los vehículos vinculados a la Cooperativa de Transporte Andina, COOTRANSANDINA, continuaran prestando el servicio público colectivo de transporte en las rutas suburbanas o interveredales del área rural de Municipio de Andes autorizadas mediante las resoluciones núm. 1055 de 12 de agosto de 1995, 1769 de 23 de septiembre de 1996 y 2433 de 29 de noviembre de 1996.
El Alcalde Municipal de Andes – Antioquia por medio de la Resolución núm. 2604 de 13 de diciembre de 2011, resolvió confirmar lo dispuesto en la Resolución núm. 2150 de 18 de octubre de 2011.
Normas violadas y concepto de violación
La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:
Artículos 2, 6, 13 y 29 de la Constitución Política.
Artículos 82, 158, 160, 174 y 175 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984.
Artículos 6, 18 y 46 a 51 del Decreto 175 de 5 de febrero de 2001.
Artículo 3 de la Ley 105 de diciembre 30 de 1993.
Artículo 2 de la Ley 336 de 1996.
Concepto de violación
La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así:
Primer cargo: infracción de las normas en que debería fundarse
La parte demandante fundamentó este cargo de nulidad, con base en los siguientes argumentos:
Indicó que la parte demandada al expedir los actos administrativos demandados: “[…] desconoció el sentido del fallo proferido por el Consejo de Estado el siete (07) de marzo de 2002, que es de nulidad de los actos administrativos, al obviar la nulidad, y decretar la cancelación de la habilitación a la empresa COOTRASANDINA, cuando carece de eficacia y validez, pues no es razonable cancelar una habilitación cuando ya se encontraba anulada la licencia de funcionamiento, es decir la habilitación, la habilitación es un acto posterior a la licencia de funcionamiento, y al anularse la licencia de funcionamiento, automáticamente se cae la habilitación, por lo tanto, su única opción era acatar el fallo del Consejo de Estado y cancelarle la operación a los vehículos para prestar el servicio público de transporte mixto […]”.
Adujo que: “[…] la cancelación de la habilitación es un acto meramente administrativo de competencia de las autoridades de transporte y tránsito, que se da bajo unas condiciones taxativamente establecidas en el artículo 48 de la Ley 336 de 1996, y entre las cuales, no se encuentra la nulidad por decisiones judiciales, por cuanto es obvio que la nulidad de los actos administrativos, haría nula la cancelación de los mismos. Por lo tanto expedir, un acto administrativo, (resolución Nro. 1660 de 10 de agosto de 2011), para pretender legalizar unos transportadores pertenecientes a una empresa, inexistente desde el 6 de abril de 2002, mediante otro acto administrativo (resolución Nro.2150 de octubre 18 de 2011), bajo una indebida aplicación de la norma, estaría reproduciendo nuevamente los actos anulados por el Consejo de Estado y de contera violando el artículo 174 del C.C.A […]”.
Manifestó que: “[…] Al Alcalde Municipal no le competía proceder a cancelar la habilitación de la empresa COOTRASANDINA, a través de la Resolución 1660 de 12 de agosto de 2011 y no le correspondía hacerlo, porque de la nulidad que el Consejo de Estado declara de los actos administrativos se colige que dichos actos nunca existieron, de suerte que lo único que pudo haber hecho la autoridad municipal era prohibir la continuación del servicio que venía prestando COOTRASANDINA sin ningún fundamento legal, pero en ningún caso pretender cancelarle a COOTRASANDINA una habilitación que se entiende nunca tuvo […]”.
Señaló que: “[…] el Alcalde Municipal no pudo proceder so pretexto del artículo 37 del Decreto 170 de 2001 (norma no aplicable al caso que nos ocupa), y ni siquiera con fundamento en el artículo 30 del Decreto 175 de 2001 […] , proceder a autorizar a los propietarios de vehículos vinculados a la empresa COOTRASANDINA […] por la simple y pura razón de que la autoridad administrativa solo puede ejercer la facultad a la que se refiere el artículo 30 del Decreto 175, cuando la autoridad administrativa ha cancelado la habilitación de la empresa, o cuando la empresa, habiendo contado con licencia de funcionamiento, no obtiene la habilitación correspondiente […]”.
Expuso que: “[…] la nulidad de los actos administrativos que concedieron la licencia de funcionamiento, implica la extinción de las rutas, horarios y áreas de operación concedidas a la empresa COOTRASANDINA, razón por la cual ni la empresa ni los transportadores, que se encuentran vinculados a ella , podrán continuar prestando el servicio público de transporte terrestre automotor mixto, en consecuencia, las rutas y horarios se liberan y si persiste la necesidad de adjudicar u otorgar las rutas, se deberá hacerlo mediante licitación pública, previamente se haya confirmado la existencia de una demanda insatisfecha de movilización, al tenor del dispuesto en el artículo 5° de la Ley 105 de 1993 y el artículo 21 de la Ley 336 de 1996 […]”.
Argumentó que se infringió el artículo 158 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, por cuanto los actos administrativos demandados tienen como único propósito: “[…] revivir las Resoluciones número 1055 de 12 de agosto de 1995, la 1769 de 23 de septiembre de 1996, y 2433 de 29 de noviembre de 1996, anuladas por el Consejo de Estado mediante sentencia del 07 de marzo de 2003, por cuanto le autoriza prestar el servicio en las mismas rutas de transporte concedidas en las abolidas Resoluciones, lo que no es procedente, por cuanto, lo que se dio fue la anulación de las Resoluciones […]. Por lo anterior los efectos de la nulidad de las Resoluciones anuladas por el Consejo de Estado, es que las cosas vuelven a su estado en que se encontraban anteriormente, es decir, sin licencia de funcionamiento para la empresa Cootransandina, y sin adjudicación u otorgamiento de rutas y horarios, y por lo tanto no es extensible, que ante la ausencia de estos se les autorice a prestar el servicio a los transportadores que antes pertenecían a Cootransandina […]”.
Alegó que: “[…] por las características propias de la prestación del servicio en el área rural del Municipio de Andes, y por las tarjetas de operación que portan los vehículos asignado al cubrimiento de las rutas veredales, COONORTE LTDA., está autorizada para prestar el servicio de transporte y carga en las mismas rutas, que se les da a los transportadores para que preste el servicio temporal de transporte, no hay duda alguna que se trata de un Servicio Mixto, y por ende la norma aplicable, en el caso puntual, es el artículo 30 del Decreto Reglamentario 175 de 2011[…]. En consecuencia, la Resolución Nro. 2150 de 18 de octubre de 2011, que se ataca con esta acción de nulidad y restablecimiento del derecho, está viciada de nulidad por indebida aplicación de la norma que regula el transporte mixto en el área rural del Municipio de Andes, pues tal como se adujo anteriormente, está fundamentada por el Decreto 170 de 2011, cuando la norma a aplicar era el Decreto 175 de 2001[…]”.
Precisó que: “[…] lo cierto es que la empresa perdió (con carácter retroactivo) el derecho a servir rutas, por decisión que quedó ejecutoriada el 5 de abril de 2002, de suerte que si hipotéticamente se pudiera concebir que las autoridades administrativas hubieren podido autorizar la prestación provisional del servicio por un plazo de seis meses, e incluso hubiere podido antes del vencimiento de dicho plazo, habilitar a los propietarios de los vehículos vinculados para continuar prestando el servicio, la competencia temporal de la administración para tomar tales medidas, habría expirado el 5 de octubre de 2002, es decir, seis meses después de ejecutoriada la sentencia […]”, por lo que no podía revivir ese término con los actos acusados.
Puntualizó que el Alcalde del Municipio de Andes de manera irregular mantuvo vigente la operación de los terceros con interés: “[…] cuando éstas, están expedidas a una empresa que no está en la vida jurídica desde el año 2002, en razón a que le fue anulado por el Consejo de Estado, el acto administrativo que le concedió la licencia de funcionamiento, y por lo tanto dichas tarjetas de operación expiraron en el año 2002, por lo tanto, las tarjetas de operación expedidas después del año 2002, son nulas por cuanto se expidieron de manera irregular a una empresa que carecía de licencia de funcionamiento. La tarjeta de operación, se le expide bajo la responsabilidad de una empresa, debidamente habilitadas, y no a los vehículos, en virtud del artículo 46 y siguientes del Decreto 175 de 2001 […]”.
Relató que los actos administrativos acusados autorizaron a unos vehículos que carecen de póliza de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual un servicio de transporte público de transporte, lo que infringe el artículo 18 del Decreto 175 de 2001.
Concluyó que el Alcalde Municipal de Andes (Antioquia) debió haberse declarado impedido para conocer de la actuación administrativa que dio origen a los actos administrativos acusados, por cuanto fue denunciado penalmente por la sociedad demandante por los hechos objeto de este proceso y recusado el 20 de octubre de 2011.
Segundo cargo: vulneración del debido proceso
Adujo que en el caso de haberse abierto correctamente la actuación administrativa con la participación de la parte demandante habría podido manifestar que la adjudicación de las rutas fue declarada nula, solicitar pruebas y recurrir los actos administrativos, sin embargo, tal cosa no ocurrió porque la parte demandada no la vinculó a la actuación, lo que denota una violación al debido proceso y una clara desviación de poder.
Tercer cargo: Desviación de poder
Indicó que: “[…] la finalidad del Alcalde Municipal de Andes al expedir la Resolución Nro. 2150 de octubre 18 de 2011, era proteger los intereses de COOTRASANDINA, hasta el punto que impuso su voluntad por encima de una decisión judicial del Consejo de Estado, al autorizar a los transportadores para que continuaran prestando el servicio público terrestre automotor mixto, el cual lo venía haciendo de manera ilegal sin licencia de funcionamiento, cuando en esas mismas rutas veredales están autorizados para prestarlo COONORTE LTDA Y TRANSPORTES SUROESTE, y por tanto el servicio público de transporte, no sufriría ninguna alteración para las comunidades que utilizan el servicio […]”.
Cuarto cargo: Falta de competencia.
Expuso que la parte demandada incurrió en falta de competencia al expedir los actos administrativos acusados, dado que: “[…] el Consejo de Estado lo que decidió fue anular la licencia de funcionamiento de COOTRASANDINA, no tratándose entonces de un evento en que se hubiera cancelado la habilitación de COOTRASANDINA o en que contando con licencia de funcionamiento, no hubiera obtenido tal habilitación o se le hubiera cancelado la misma. Por lo anterior, se colige que el alcalde de Andes, no tenía competencia para autorizar transitoriamente a los conductores antes mencionados para seguir prestando el servicio público de transporte en las rutas autorizadas a la empresa […]”.
Contestación de la demanda
La parte demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas así:
Adujo que: “[…] en el caso que nos ocupa, la solicitud de habilitación era un acto completamente distinto a lo dispuesto en la sentencia, que fue la LICENCIA DE TRÁNSITO, figura que incluso ya había sido derogada por la LEY, la CANCELACIÓN tiene su propia dinámica y es independiente de aquella […]”.
Manifestó que: “[…] la parte demandante confunde dos situaciones distintas, una era cumplir un fallo y la otra, era de la de la CANCELACIÓN de la habilitación porque habrá de recordarse, que para la fecha en que fue concedidos los actos anulados, la HABILITACIÓN no existía […]”.
Señaló que: “[…] el PERMISO POR SEIS (6) MESES es la consecuencia legal a la CANCELACIÓN DE LA HABILITACIÓN hecha a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES ANDINA “COOTRASANDINA”, (Resolución 2425 de octubre 30 de 2000), que se cancelara mediante las Resoluciones Nro. 1660 de agosto 12 de 2011, y, 2128 de octubre 13 de 2011, que tal procedimiento fue el indicado por la Dirección Territorial Antioquia del Ministerio de Transporte […] en dos conceptos dice que debe aplicarse el artículo 37 del Decreto 170 de 2001 […] no puede haber reproducción de un acto, cuando el Alcalde lo que cumple es una norma reglamentaria del Sistema Nacional de Transporte (Art. 37 del Decreto 170 de 2001), que es de obligatorio cumplimiento , y está prevista para el caso en que se cancela una habilitación […]”.
Indicó que: “[…] En el Municipio de Andes – Antioquia, ninguna de las empresas está habilitada en el servicio mixto, y, sus situaciones jurídicas están consolidadas, en virtud del Decreto 170 de 2001, que no hay habilitaciones fundadas en los Decretos 175 de 2001, y, 4190 de 2007, mírese la Resolución Nro. 0805 de 2001, que habilita para el sector rural a TRANSPORTES SUROESTE ANTIOQUEÑO S.A., y la Resolución Nro. 0806 de 2001, que habilita para el sector rural a la COOPERATIVA NORTEÑA DE TRANSPORTADORES LTDA. COONORTE, y la mencionada Resolución Nro. 2425 de octubre 30 de 2002, que también habilita para el sector rural a COOTRASANDINA […]”.
Expuso que: “[…] la COOPERATIVA DE TRANSPORTE ANDINA “COOTRASANDINA”, interpuso dentro de la oportunidad, RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN contra la sentencia de marzo 7 de 2002 […] […], demanda que fue admitida por AUTO DE julio 31 de 2002, proceso en el que aun, no ha sido notificado al Municipio de Andes, para que se pronuncie al respecto y solicite o no la SUSPENSIÓN PROVISONAL DE LA SENTENCIA, de marzo 7 de 2002, conforme con el numeral 3° del mismo auto […]”.
Argumentó que: “[…] si hay permiso, debe haber tarjetas de operación, es consecuencia lo uno de los otro […] se acompaña a la presente de las respectivas constancias sobre las pólizas que tenían los vehículos, por tanto, los pasajeros siempre estuvieron asegurados […]”.
Alegó que no hay causales de impedimento para este caso, dado que el Alcalde Municipal de Andes no había sido vinculado al proceso penal.
Consideró que: “[…] la Resolución Nro. 1055 de 1995, fue la que otorgó esencialmente la licencia de funcionamiento a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES ANDINA “COOTRASANDINA”, pero la figura de la licencia de funcionamiento, desapareció por mandato del artículo 11 de la Ley 336 de 1996 […]. En consecuencia, para cuando salió la sentencia, el estatus de la empresa había cambiado y se regía por la figura de la habilitación, pues por mandato legal las licencias de funcionamiento habían desaparecido”.
Precisó que: “[…] LAS RUTAS Y HORARIOS TEMAS QUE SE OCUPABAN LAS RESOLUCIONES 1382 del 18 de agosto de 1996 y la 1769 de fecha 23 de septiembre de 1996, FUERON DEROGADAS POR LA RESOLUCIÓN 3495 de octubre 21 de 1991, QUE SE ENCUENTRA VIGENTE […] Posteriormente el anterior acto administrativo fue complementado por la Resolución Nro. 2117 de septiembre 3 de 1998, que se encuentra vigente en cuanto los ramales […]”.
Propuso las siguientes excepciones:
“[…] 7.1. QUE EL TRIBUNAL SE ATENGA AL MANDATO NORMATIVO: El procedimiento de la administración es CORRECTO, y, deben ser acatados por el Tribunal; estos actos no resultan nulos y obrar en contra sería VIOLAR EL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, DADO QUE LESIONAN EL DERECHO DE DEFENA Y LAS REGLAS DEL DEBIDO PROCESO […]”.
7.2 DEL EJERCICIO CORRECTA DE LA COMPETENCIA: Es un absurdo, que haberle dado a Coonorte la oportunidad de oponerse a una pretensión, se ataque a la Administración, con fundamento en circunstancias fácticas totalmente distintas, pues independientemente del cumplimiento o no del fallo, la CANCELACIÓN DE LA HABILITACIÓN tiene consecuencias distintas
7.3. LOS ACTOS NO INFRIGEN LAS NORMAS EN QUE DEBERÍAN FUNDARSE: […] porque se centran ÚNICAMENTE, en el CUMPLIMIENTO DEL FALLO, y no del tema de la HABILITACIÓN, que es distinto, pues al proferir la Resolución 2150 de 18 de octubre de 2011 […] el PERMISO POR SEIS (6) MESES es la consecuencia legal a la CANCELACIÓN DE LA HABILITACIÓN hecha a COOTRASANDINA, (Resolución 2425 de octubre 30 de 2000), que se cancelara mediante las Resoluciones Nro. 1660 de agosto 12 de 2011 y, 2128 de octubre 13 de 2011, que tal procedimiento fue el indicado por la Dirección Territorial Antioquia del Ministerio de Transporte.
7.4. LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO QUE ES LO QUE ANULÓ EL CONSEJO DE ESTADO, YA HABÍA SIDO DEROGADA POR LA LEY: La Resolución Nro. 1055 de 1995, fue la que otorgó esencialmente la licencia de funcionamiento a […] “COOTRASANDINA”, pero la figura de la licencia de funcionamiento, despareció por mandato del Artículo 11 de la Ley 336 de 1996.
7.5. LAS RUTAS Y HORARIOS TEMAS QUE SE OCUPABAN LAS RESOLUCIONES 1382 DEL 18 DE AGOSTO DE 1996 y la 1769 de fecha 23 de septiembre de 1996, FUERON DEROGADAS POR LA RESOLUCIÓN 3495 DE OCTUBRE 21 DE 1999, QUE SE ENCUENTRA VIGENTE. […]”.
7.6. PLEITO PENDIENTE. El Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia de mayo 10 de 2010, DECLARA probada de oficio, la excepción de COSA JUZGADA, respecto de las Resoluciones: No 1055 del 12 de agosto de 1995 y No 1066 del 22 de mayo de 2000, expedidas por el alcalde del Municipio de Andes (Antioquia), […] la decisión fue apelada […] tal RECURSO se admitió […] mediante providencia de 25 de enero de 2012, con ponencia del Consejero MARCO ANTONIO VELILLA […]”.
Contestación de la demanda por parte de los terceros con interés
Los terceros con interés contestaron la demanda y se opusieron a las pretensiones formuladas así:
Indicó que: “[…] es equivocado decir, que el Consejo de Estado al anular la licencia de funcionamiento de Cootransandina, se lleva por delante la habilitación, eso no es verdad, porque el fallo de nulidad se refiere es a las Resoluciones Nos. 1055 de 12 de agosto de 1995, 1769 de 23 de septiembre de 1996 y 2433 de 29 de noviembre de 1996 mediante las cuales el Municipio de Andes le había otorgado licencia de funcionamiento y autorizado la prestación del servicio de transporte en unas rutas a la cooperativa y nunca se refiere, a la nulidad de la habilitación, otorgada mediante la Resolución No. 2425 del 30 de octubre de 2000 al cumplir COOTRASANDINA los rigurosos requisitos contemplados en el Decreto 1558 de 1998 […]”.
Manifestó que: “[…] A COOTRASANDINA que se encontraba habilitada para la prestación del servicio público colectivo de transporte de pasajeros en la jurisdicción del Municipio de Andes en el radio de acción veredal e interveredal con fundamento en el Decreto 170 de 2001, le es cancelada la habilitación, y por lo mismo, sobre este “supuesto normativo” la norma a aplicar para la autorización provisional a los propietarios es el artículo 37 de esta disposición […]”.
Señaló que: “[…] es equivocada la interpretación que da el demandante sobre el procedimiento surtido por parte de la autoridad de transporte del Municipio de Andes al dar cumplimiento a la decisión del alto tribunal y autorizar en el mismo acto administrativo, Resolución 1660 de 2011, la cancelación de la habilitación de COOTRASANDINA, porque, precisamente, al ser un acto administrativo separable, al contemplar dos decisiones, era menester contemplar el recurso de reposición respecto a la cancelación de la habilitación a COOTRASANDINA, no respecto al cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado que es un acto de cúmplase, más no, lo referente a la decisión de la habilitación de la Cooperativa sobre la cual, en ningún momento se dio pronunciamiento por parte del Consejo de Estado […]”.
Precisó que no se están reviviendo los actos administrativos anulados en razón a que las circunstancias dadas, como es la cancelación de la habilitación a COOTRASANDINA y la aplicación de lo normado en el artículo 37 del Decreto 170 de 2001, es totalmente distinto a querer revivir actos administrativos anulados.
Expuso que: “[…] en la jurisdicción del Municipio de Andes, ninguna empresa está autorizada para prestar el servicio público colectivo de transporte de pasajeros bajo la égida del Decreto 175 de 2001 […]”, de modo que no hay una indebida aplicación de la norma que regula el transporte mixto en el área rural del Municipio de Andes.
Alegó que: “[…] mis poderdantes a efectos de tramitar la autorización de que trata el art. 37 del Decreto 170 de 2001, contaban con las pólizas de seguros respectivas, tanto las de responsabilidad civil contractual como extracontractual, así como el seguro obligatorio de accidentes de tránsito – SOAT, lo que deberá ser objeto de prueba […]. La apreciación del demandante sobre el concepto de la violación al indicar que lo que pretendía el alcalde de Andes al expedir la Resolución 2150 de 2011 era proteger los intereses particulares de COOTRASANDINA no es verdad, porque precisamente, independientemente al cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado, el alcalde procede a cancelarle la habilitación para la prestación del servicio […]”.
Propuso como excepciones las siguientes:
“[…] INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DE NORMAS DE TRANSPORTE O DE OTRA ÍNDOLE POR PARTE DE LAS AUTORIDADES DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE ANDES […] como se dijo en forma clara en la contestación a los hechos de la misma.
[…] INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR: […]” porque como se ha explicado, la actuación de las autoridades de transporte del Municipio de Andes – Antioquia, se ajustó a todos los parámetros de ley al expedir provisional y transitoria a los propietarios de los vehículos vinculados a Cootrasandina para prestar el servicio de transporte de pasajeros en las rutas objeto de la sentencia de nulidad del 7 de marzo de 2002 del Consejo de Estado. Aparte de lo anterior, por tratarse de una empresa afiliadora de vehículos, deberá acreditar los registros contables referidos a ingresos por la movilización de pasajeros que revelan los perjuicios que indican se le han causado a partir del momento de la expedición del acto administrativo objeto de la demanda […]”.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, mediante sentencia proferida el 12 de febrero de 2015, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO. SE DECLARAN no probadas las excepciones propuestas tanto por el Municipio de Andes, como por los terceros interesados al pronunciarse sobre las súplicas de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la sentencia.
SEGUNDO. SE DECLARA la nulidad de la Resolución N° 2150 del 18 de octubre de 2011 “por medio de la cual se autoriza a unos transportadores a prestar un servicio temporal de transporte” proferida por el alcalde de Andes; así como de la Resolución N° 2604 del 13 de diciembre de 2011, proferida por el alcalde del Municipio de Andes, que al resolver el recurso interpuesto confirma la autorización, según lo señalado en la parte motiva.
TERCERO. SE NIEGAN las demás pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo manifestado en la motivación del fallo.
CUARTO. SIN CONDENA EN COSTAS, en esta instancia.
QUINTO. En firme la presente providencia, archívese el expediente dejando las constancias de rigor. […]”.
Consideraciones expuestas en la sentencia proferida en primera instancia
El Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió acceder a la declaratoria de nulidad de los actos administrativos acusados, por las siguientes razones:
Consideró que: “[…] En primer lugar, debe resaltarse que la Resolución N° 2150 de 2011 parte de reconocer que la Resolución N° 1055 del 12 de agosto de 1995 a través de la cual se le concedió por el Municipio de Andes una licencia de funcionamiento a la cooperativa COOTRASANDINA para operar en un radio de acción veredal, en la modalidad de servicio público de pasajeros y mixto, fue anulada por el Órgano de Cierre de lo Contencioso Administrativo en sentencia del 07 de marzo de 2002, por desconocer el procedimiento que ordenaba el Decreto 1787 de 1990, para el momento que se expidió; providencia que quedó en firme el 05 de abril de 2002, según constancia de la Secretaría del Alto Tribunal, y que pese a que COOTRASANDINA formuló recurso extraordinario de revisión frente a la misma, no se suspendieron los efectos del aludido fallo; sin embargo, el Municipio de Andes, solamente por medio de la Resolución 1660 de 2011 manifestó que acataba la decisión. Debe precisarse que la sentencia de nulidad de actos administrativos, en este caso de carácter particular, tiene efectos de cosa juzgada erga omnes de conformidad con lo prescrito en el canon 175 del C.C.A., retrotrayéndose hasta el momento de expedición de la actuación anulada y siendo de obligatorio cumplimiento desde su firmeza […], en tanto que por medio de la misma se cierra la controversia en torno a la legalidad del acto, que en el asunto discutido era aquel por medio del cual se concedía una licencia de funcionamiento a COOTRASANDINA […]”.
Adujo que: “[…] mediante Resolución N° 2150, […] la entidad pública accionada dispone la autorización a los propietarios de vehículos que se encontraban vinculados a COOTRASANDINA para que pudieran continuar operando las rutas y horarios, pese a la anulación de la licencia de funcionamiento a tal empresa, aduciendo que como consecuencia del fallo se adoptó la cancelación del a habilitación a la empresa en la que se encontraban afiliados, lo cual no solamente desconoce los efectos y alcances del fallo de nulidad antes referido, puesto que en la providencia en ningún momento se hizo alusión a la señalada habilitación, sino que además inobserva las normas en que debía fundarse la administración al fungir como autoridad de transporte, toda vez que no se estaba ante el supuesto de hecho que permitiera dar aplicación al artículo 37 del Decreto 170 de 2001 […]”.
Manifestó que: “[…] la aludida autorización no corresponde a la modalidad del servicio de transporte que había sido concedida en la licencia de funcionamiento a la empresa COOTRASANDINA en los actos declarados nulos, esto es para prestar el servicio de transporte de pasajeros y mixto, y con base en la cual se habían vinculado los vehículos que luego, mediante la Resolución N° 2150 fueron autorizados por el término de 6 meses para seguir operando, ya que para el momento de expedirse tales actos administrativos, el régimen jurídico aplicable para dicha modalidad era el Decreto 175 de 2001[…]”.
Señaló que: “[…] en cualquier caso no se prueba que se esté ante alguno de los eventos que tales artículos contemplan, como es que se haya cancelado la habilitación a una empresa por alguna de las causales establecidas por el artículo 48 de la Ley 336 de 1996 o al que una empresa con licencia de funcionamiento le hubiere sido negada la habilitación, ya que se reitera ninguno de estos eventos ocurrió, ergo no existía fundamento para ejercer la potestad de autorizar la prestación por seis meses más del servicio, puesto que la hipótesis de la anulación de la licencia de funcionamiento por autoridad judicial no hace parte de los eventos reseñados en tal normativa […].
Manifestó que con la sentencia del Consejo de Estado se anuló la licencia de funcionamiento de COOTRASANDINA, lo que significa que los efectos se retrotraen hasta el momento mismo de la expedición de tal actuación, es decir, que se entiende como si no hubiere sido proferido o nacido a la vida jurídica.
Expuso que: “[…] si en gracia de discusión se aceptara que es aplicable el precepto del artículo 37 del Decreto 170 de 2001 – que se reitera en este caso no lo es -, la referida autorización sería en todo caso ostensiblemente extemporánea, puesto que el término de 6 meses que allí se enuncia, debería contarse desde la ejecutoria de la decisión judicial, esto es, desde el 05 de abril de 2002, y no desde el momento que discrecionalmente se pretendiera hacer por parte de los propietarios de los vehículos o por la administración haciendo caso omiso del fallo del máximo Tribunal de la Jurisdicción Contenciosa. Por lo anterior, constituye igualmente una violación al debido proceso aplicable en materia de adjudicación de rutas de transporte y horarios, omitir la realización de una licitación pública de considerar que existía una demanda insatisfecha, garantizando la libre concurrencia según lo regula el artículo 19 de la Ley 336 de 1996 […]”.
Concluyó que debe negarse cualquier indemnización de perjuicios materiales, por cuanto en el expediente no se acredita la generación de los mismos por una eventual disminución de ingresos sufrida por la parte demandante con ocasión de la expedición de los actos administrativos demandados.
Recursos de Apelación
Parte demandada
La parte demandada interpuso y sustentó oportunamente, recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia; reiterando los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la demanda, y añade los siguientes argumentos:
Adujo que la sentencia incurre en un error de derecho sustancial, dado que: “[…] dice la sentencia que el marco normativo es el decreto 175 de 5 de febrero de 2001, “por el cual se reglamenta el servicio de transporte publico mixto” cuando ningún acto administrativo se rituó bajo tal figura normativa […]”.
Manifestó que la sentencia es contradictoria, por cuanto “[…] la SALA termina equivocadamente, analizando el presupuesto normativo que requería, pero que no disponía, cuál (sic) era la HABILITACIÓN de COOTRASANDINA, pues la CANCELACIÓN es el requisito esencial del permiso, pero como quiera que no se sometiera a escrutinio judicial de esta SALA y de nadie, porque COOTRASANDINA, quien era que tenía LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, no lo hizo, mal haría ahora que un tercero […] que no es titular de aquella habilitación, quiere tener la calidad de AGENTE OFICIOSO, y lo más grave que entre el TRIBUNAL a OPINAR si era legal o no […]”.
Indicó que la habilitación a COOTRASANDINA le fue otorgada “[…] por la Resolución núm. 2425 del 30 de octubre del 2000, proferida por la Alcaldía Municipal de Andes – Antioquia, le fue cancelada por la Resolución No. 1660 de 12 de agosto de 2011 y ejecutoriada por la Resolución No. 2128 del 13 de octubre de 2011 […]”, en consecuencia, no hace parte de los actos administrativos declarados nulos por el Consejo de Estado y era posible conceder el permiso por seis meses.
Señaló que: “[…] en esta demanda no se demandó la Resolución 1660 de 2011, que cumple la decisión del Consejo de Estado, cualquier apreciación, verbigracia, si tiene efectos de cosa juzgada erga omnes, su obligatorio cumplimiento, etc., se discutiría en tal escenario procesal, y no en este que se discuten solamente la Resolución No. 2150 del 18 de octubre de 2011, […] no se miró el material probatorio, pues se estaba tramitando una Revisión contra aquel fallo, y que apenas fue resuelto en el año 2014[…].
Expuso que se cumplen en el proceso los tres presupuestos para otorgar el permiso a los propietarios a saber: “[…] 1. OPORTUNIDAD EN LA SOLICITUD; Se presentó solicitud después de haber sido cancelada la habilitación, por la Resolución No 1660 de 12 de agosto de 2011 y ejecutoriada por la Resolución No. 2128 de 13 de octubre de 2011, dentro del lapso que establece el artículo 37 del Decreto 170 de 2001. 2. LEGITIMACIÓN: La ley faculta para pedir el trámite a un mínimo del 80% de los propietarios de los vehículos vinculados a la empresa que se le hubiere cancelado la habilitación […] 3. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS: El grupo de propietarios presentó la correspondiente solicitud y sus anexos […].
Terceros con interés
Los terceros con interés interpusieron y sustentaron oportunamente, recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia; reiterando los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la demanda, y añadieron los siguientes argumentos:
Adujeron que: “[…] Desconoce la Honorable magistrada que profiere la sentencia en primera instancia, que la decisión del señor Alcalde del Municipio de Andes al expedir la Resolución No. 2150 del 18 de octubre de 2011, como acto de trámite, se soporta en la cancelación de la habilitación a COOTRASANDINA en el servicio Suburbano o Interveredal, lo que hizo mediante la Resolución No. 1660 del 12 de agosto de 2011, que dejaba sin vigencia la Resolución No. 2425 del 30 de octubre de 2020, acto administrativo expedido con fundamento al Decreto 1558 de 1998 que fue derogado en su totalidad por el Decreto 170 de 2001 […] y que en ningún momento fue objeto de la decisión del Honorable Consejo de Estado en la sentencia del 7 de marzo de 2002, no siendo objeto de análisis por el a quo en primera instancia, estando aportado como prueba en la contestación de la demanda […]”.
Precisaron que: “[…] no es acertado afirmar como lo indica la a quo que es equivocado aplicar en el presente caso el Decreto 170 de 2001 en su artículo 37, porque como se indicó antes, la expedición de la Resolución No. 2425 del 30 de octubre de 2000, se hizo con fundamento al Decreto 1558 de 1998 que fue derogado en su totalidad por el Decreto 170 de 2001 […] porque en ningún momento se habilitó a COOTRASANDINA en el servicio de transporte mixto y por lo mismo, no era posible que se aplicara el artículo 30 del Decreto 175 de 2001, como se indica en la decisión de primera instancia […]”.
Actuación en segunda instancia
El Despacho sustanciador de la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto proferido el 7 de septiembre de 2015, admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y de los terceros interesados contra la sentencia proferida el 12 de febrero de 2015 por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.
Alegatos de conclusión en segunda instancia
El Despacho sustanciador, atendiendo a que no se solicitaron pruebas, en segunda instancia, mediante auto de 4 de septiembre de 2017, surtió traslado por el término de diez (10) días a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera su concepto.
Parte demandante
La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda.
Parte demandada
La parte demandada guardó silencio durante el término de traslado.
Terceros con interés
Los terceros con interés reiteraron los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
Vistos: i) el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, sobre el régimen de transición y vigencia; y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 sobre la distribución de los procesos entre las Secciones de esta Corporación, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.
La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos acusados; ii) el problema jurídico; iii) el análisis del caso concreto y valoración las pruebas allegadas al proceso; y iv) conclusión.
La Sala procederá a examinar las argumentaciones expuestas por la parte demandada y los terceros con interés en los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia proferida el 12 de febrero de 2015 por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo previsto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo.
Agotados los procedimientos inherentes al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada y por los terceros con interés.
Actos administrativos acusados
Los actos administrativos acusados son los siguientes:
La Resolución núm. 2150 de 18 de octubre de 2011, “[…] Por medio de la cual se autoriza a unos transportadores a prestar un servicio temporal de Transporte […]” expedida por el alcalde del Municipio de Andes – Antioquia y el Secretario de Tránsito y Transporte del ente territorial, en su parte resolutiva señaló:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR MEDIANTE UN PERMISO ESPECIAL Y TRANSITORIO POR EL TÉRMINO DE SEIS MESES (6) IMPRORROGABLES, es decir, hasta el 26 de marzo de 2012, para que los propietarios de los vehículos vinculados a la Cooperativa de Transporte Andina COOTRASANDINA, que se relacionan a continuación, continúen prestando el servicio público colectivo de transporte de pasajeros en las rutas suburbanas o interveredales autorizadas mediante las resoluciones números 1055 del 12 de agosto de 1995, 1769 del 23 de septiembre de 1996 y 2433 del 29 de noviembre de 1996 […]
ARTÍCULO SEGUNDO: En un término de treinta (30) días los asignatarios de esta autorización o permiso provisional y transitorio deberán conformar un comité de propietarios integrado por seis (6) miembros, que tengan como función la coordinación de las actividades propias de la prestación del servicio, como es el plan de rodamiento, que sirva de garantía para la prestación del servicio y de instrumentos de comunicación entre las comunidades a las que se les va a prestar el servicio, al igual que con las autoridades municipales de tránsito y transporte.
ARTÍCULO TERCERO: Las tarjetas de operación vigentes que autorizan a estos vehículos para prestar el servicio público de transporte de pasajeros expedidas por la autoridad de transporte del Municipio de Andes – Antioquia de acuerdo al artículo 56 del Decreto 170 de 2001, continúan vigentes hasta la fecha de vencimiento de las mismas, debiéndose renovar con la acreditación de los requisitos establecidos por las normas vigentes para el efecto.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución procede el Recurso de Reposición, el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, personal y/o desfijación del edicto, en los términos consagrados por los Artículos 51 y 52 del Decreto 01 de 1984 […]”.
La Resolución núm. 2604 de 13 de diciembre de 2011, “[…] Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución 2150 de 18 de octubre de 2011 […]” expedida por el alcalde del Municipio de Andes - Antioquia:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la decisión tomada por el Despacho en la Resolución No 2150 del 18 de octubre de 2011.
ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente Resolución no procede ningún recurso, por ende se entiende agotada la vía gubernativa.
ARTÍCULO TERCERO. Procédase a la notificación del presente acto, en los términos consagrados en el Código Contencioso Administrativo […]”
El problema jurídico
El problema jurídico que debe resolver la Sala, en el caso sub examine, consiste en determinar si los actos administrativos demandados están incursos en infracción de las normas en que deberían fundarse al no cumplir los requerimientos legales para autorizar provisionalmente a los transportadores de COOTRASANDINA para prestar el servicio de transporte público terrestre automotor.
Para lo anterior la Sala desarrollará los siguientes aspectos: i) el marco normativo del procedimiento administrativo que regula la expedición de los actos administrativos de licencia de funcionamiento y habilitación; y, ii) análisis del caso concreto.
Marco normativo de la licencia de funcionamiento y de la habilitación.
Visto el artículo 13 del Decreto 1787 de 1990, sobre la autorización previa de constitución de empresas de transporte terrestre, que dispone lo siguiente:
“[…] Artículo 13. La autorización previa de constitución se otorgará mediante resolución motivada en la cual se indicará:
a) Las frecuencias y rutas de despacho y/o áreas de operación que le quedarán reservadas durante el término de ocho (8) meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución que la otorgue;
b) El parque automotor necesario para servir las rutas reservadas, el tipo de vehículo, la modalidad y el nivel del servicio ofrecido […]”.
Visto el artículo 14 del Decreto 1787 de 1990, que dispone:
“[…] Artículo 14. autorización previa para la constitución de la empresa no la faculta para prestar el servicio público de transporte, ni obliga la autoridad competente a otorgar su licencia de funcionamiento. […]”.
Visto el artículo 15 del Decreto 1787 de 1990, “[…] La autorización previa de constitución tendrá una vigencia de ocho (8) meses contados a partir de la ejecutoria de la providencia que la concede y deberá protocolizarse con el respectivo instrumento que acredite la constitución de la empresa […]”.
Visto el artículo 17 ibidem, la licencia de funcionamiento es el reconocimiento que hace la autoridad competente a una empresa para la prestación del servicio de transporte público automotor, es el permiso que el Estado concede al transportador y que lo habilita como tal para prestar el servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros y/o mixto por carretera. La licencia de funcionamiento deberá contener la razón social, la fecha de vencimiento, el capital pagado o patrimonio liquidado de la sociedad y el radio de acción. La licencia será otorgará por resolución motivada y tendrá una vigencia de 10 años según lo señalado en el artículo 25 ibidem.
Visto el artículo 18 del Decreto 1787 de 1990, sobre los documentos que deberán ser presentados para obtener la licencia de funcionamiento, la empresa de transporte interesada deberá adjuntar el contrato de trabajo con la totalidad de los conductores, certificación expedida por el Instituto de Seguros Sociales sobre el otorgamiento del número patronal, contratos de vinculación por arrendamiento o por administración de los vehículos, acreditar la propiedad de los vehículos, contabilidad actualizada, reglamento de funcionamiento de la empresa, estructura administrativa y operativa acorde al tipo y tamaño empresarial, fondo de reposición de equipo, sistema de mantenimiento preventivo de los vehículo y la copia de las pólizas de responsabilidad civil exigidas.
Visto el artículo 23 ibidem, una vez se reúnan los requisitos allí contemplados, la Administración procederá a expedir la licencia de funcionamiento mediante resolución motivada, acto que de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 ibidem, otorga la posibilidad de prestar el servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros.
Por su parte, visto el Decreto 175 de 5 de febrero de 2001, “[…] por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Mixto […]” define el servicio público de transporte terrestre automotor mixto, así:
“[…] Artículo 6. Servicio público de transporte terrestre automotor mixto. Es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada, a través de un contrato celebrado entre la empresa y cada una de las personas que han de utilizar el vehículo de servicio público a esta vinculado, para su traslado simultáneo con el de sus bienes o carga, en un recorrido legalmente autorizado o registrado […].
Visto el artículo 9 del Decreto 1558 de 4 de agosto de 1998, por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre colectivo metropolitano, distrital y/o municipal de pasajeros, “[…] El servicio de transporte público colectivo municipal de pasajeros será prestado por empresas de transporte legalmente constituidas y debidamente habilitadas […]”, para lo cual deberán solicitar y obtener por parte de la autoridad competente habilitación para operar como empresa de transporte y dar cumplimiento a los requisitos señalados en el artículo 13 ibidem.
Visto el artículo 30 del Decreto 175 de 5 de febrero de 2001, en los eventos en que se presente una cancelación de la habilitación de una empresa de transporte o aquella en la que contando con licencia de funcionamiento, la autoridad competente podrá autorizar hasta por un término de improrrogable de 6 meses, a los propietarios de los vehículos, para seguir prestando el servicio público de transporte en las rutas autorizadas a la empresa a la que se hubiere cancelado o negado la habilitación.
A su turno, visto el artículo 48 de la Ley 336 de 20 de diciembre de 1996, sobre la cancelación de licencias, registros, habilitaciones o permisos de operación de las empresas de transporte, señala que procede en los siguientes casos:
“[…] a) Cuando se compruebe por parte de la autoridad de transporte competente que las condiciones de operación, técnicas, de seguridad, y financieras, que dieron origen a su otorgamiento no corresponden a la realidad, una vez vencido el término, no inferior a tres meses que se le conceda para superar las deficiencias presentadas.
b) Cuando se compruebe la injustificada cesación de actividades o de los servicios autorizados por parte de la empresa transportadora.
c) Cuando en la persona jurídica titular de la empresa de transporte concurra cualquiera de las causales de disolución contempladas en la ley o en sus estatutos.
d) Cuando la alteración del servicio se produzca como elemento componente de los procesos relacionados con el establecimiento de tarifas, o como factor perturbador del Orden Público, siempre que las causas mencionadas sean atribuibles al beneficiario de la habilitación.
e) En los casos de reiteración o reincidencia en el incremento o disminución de las tarifas establecidas, o en la prestación de servicios no autorizados, después de que se haya impuesto la multa a que se refiere el literal d), del artículo 49 de esta ley.
f) Cuando dentro de los tres años anteriores a aquel en que se inicie la investigación que pudiese concluir con la medida, se haya decretado la suspensión a lo menos en dos oportunidades.
g) En todos los demás casos en que se considere motivante, que la infracción presenta signos de agravación en relación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo, teniendo en cuenta los efectos nocivos ocasionados a los usuarios y a la comunidad […]”.
Acervo probatorio
La Sala procede a realizar la numeración de las pruebas relevantes para resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada y el tercero con interés; sin embargo, se reitera que la valoración se realiza respecto de todas las pruebas que obran en el expediente.
Del material probatorio allegado al proceso, se destacan las siguientes pruebas:
El 10 de febrero de 1992, el alcalde municipal de Andes (Antioquia) expidió la Resolución núm. 131, por medio de la cual adjudicó las rutas y horarios de servicio público de transporte de carga y pasajeros en el radio de acción veredal a las empresas Jaramillo y CIA Transportes Suroeste Antioqueño S.C.A. y COOONORTE para los vehículos bus escalera en las rutas Andes -Santa Inés, Andes-Santa Rita, Andes – Villacesar, Andes – San José, Andes – Buenos Aires, Andes – San Pedro (Santa Rita), Andes- Farallón, Andes- Líbano, Andes – San Miguel, Andes – La Florida, Andes- San Bartolo, Andes – San Agustín y viceversa.
Mediante Resolución núm. 1055 de 12 de agosto de 1995, el alcalde del Municipio de Andes (Antioquia) concedió licencia de funcionamiento a la Cooperativa de Transportes Andina COOTRANSANDINA, para un radio de acción veredal, con automotores homologados por el Ministerio, para la prestación del servicio público de transporte, con una capacidad máxima de 38 camperos y 40 automóviles, 5 escaleras y 12 pick up, y capacidad mínima de 32 camperos y 33 automóviles, 4 escaleras y 10 pick up.
A través de Resolución núm.1769 de 23 de septiembre de 1996, el alcalde del Municipio de Andes (Antioquia) adicionó de oficio la resolución anterior, para adjudicarle más rutas a la cooperativa en mención.
Mediante Resolución Núm. 2433 de 29 de noviembre de 1996, el alcalde del Municipio de Andes (Antioquia) resolvió los recursos de reposición impetrados por Transportes Suroeste Antioqueño S.A. y por COOTRASANDINA contra la resolución anterior, confirmando la decisión.
El alcalde del Municipio de Andes, expidió la Resolución núm. 0806 de 31 de mayo de 2001, “[…] POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE SOBRE UN SOLICITUD DE HABILITACIÓN A UNA EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS […]”, en la que otorgó habilitación a La Cooperativa Norteña de Transportadores Ltda. “COONORTE”, para operar como empresa terrestre de transporte de pasajeros en el radio de acción veredal de la jurisdicción del Municipio de Andes (Antioquia) con bus mixto (escalera) y campero.
El alcalde del Municipio de Andes (Antioquia), expidió la Resolución núm. 2425 de 30 de octubre de 2001, por medio de la cual “[…] ARTÍCULO PRIMERO: SE HABILITA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES ANDINA “COOTRASANDINA” en razón de la Licencia Suburbano o Interveredal por haber cumplido los lineamientos contemplados en el Decreto 1558 de 1998 en su capítulo III artículos 8 al 21 […]”.
El 7 de marzo de 2002, la Sección Primera de esta Corporación profirió sentencia en la que declaró la nulidad de las Resoluciones núm. 1055 de 12 de agosto de 1995, 1769 de 23 de septiembre de 1996 y 2433 de 29 de noviembre de 1996, expedidas por el alcalde del Municipio de Andes, Antioquia. La decisión quedó debidamente ejecutoriada el 5 de abril de 2002.
El 6 de mayo y el 29 de julio de 2011, la parte demandante solicitó al alcalde del Municipio de Andes (Antioquia) la suspensión del servicio de transporte veredal a la empresa COOTRASANDINA en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de 7 de marzo de 2002.
El 12 de agosto de 2011, el alcalde del Municipio de Andes, expidió la Resolución núm. 1660, “[…] POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA UNA DECISIÓN DE LA SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE ESTADO […]”, en la que se dispuso “[…] ARTÍCULO PRIMERO: Acatar la declaratoria de nulidad de las Resoluciones Nro. 1055 del 12 de agosto de 1995, 1769 de 23 de septiembre de 1996 y 2433 de noviembre de 1996, proferida mediante sentencia del 7 de marzo de 2002 por el Honorable Consejo de Estado, motivo por el cual se cancela la habilitación otorgada a la Cooperativa Transportadora Andina COOTRASANDINA. ARTÍCULO SEGUNDO: A partir de la expedición del presente acto administrativo se prohíbe a la Cooperativa Transportadora Andina COOTRASANDINA, prestar el servicio para las rutas que fueron adjudicadas bajo el imperio de las Resoluciones Nro. 1055 de 12 de agosto de 1995, 1769 de 23 de septiembre de 1996 y 2433 de 29 de noviembre de 1996 […].
El 14 de septiembre de 2011, la Cooperativa Norteña de Transportadores LTDA. COONORTE presentó queja disciplinaria y denuncia penal contra el alcalde del Municipio de Andes por abuso de autoridad, extralimitación de funciones y prevaricato por acción al expedir la Resolución núm. 1660 de 12 de agosto de 2011.
A través de la Resolución núm. 2150 de 18 de octubre de 2011, “[…] Por medio de la cual se autoriza a unos transportadores a prestar un servicio temporal de Transporte […]”el alcalde del Municipio de Andes – Antioquia y el Secretario de Tránsito y Transporte del ente territorial autorizaron a unos transportadores que están vinculados mediante contrato a COOTRASANDINA a prestar un servicio temporal de transporte de pasajeros por seis meses en las rutas interveredales autorizadas mediante los actos administrativos declarados nulos por el Consejo de Estado (Resoluciones núm. 1055 de 12 de agosto de 1995, 1769 de 23 de septiembre de 1996 y 2433 de 29 de noviembre de 1996).
El 17 de noviembre de 2011, Seguros Colpatria S.A. y Allianz Colseguros certificaron que los vehículos autorizados por el alcalde del Municipio de Andes para prestar el servicio de transporte por seis meses contaban con pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual para el período de tiempo autorizado.
El 12 de diciembre de 2011, la Cooperativa Norteña de Transportadores LTDA. COONORTE presentó ampliación de la queja disciplinaria contra el alcalde del Municipio de Andes por abuso de autoridad, extralimitación de funciones y prevaricato por acción con ocasión del permiso temporal concedido a los trabajadores de COOTRASANDINA.
Mediante Resolución núm. 2604 de 13 de diciembre de 2011 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”, el alcalde del Municipio de Andes (Antioquia) confirmó la decisión adoptada en la Resolución núm. 2150 de 18 de octubre de 2011 con fundamento en el artículo 37 del Decreto 170 de 5 de febrero de 2001.
El 7 de mayo de 2013, la Sala Plena de la Corporación resolvió desestimar un recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Cooperativa de Transportes Andina, COOTRANSANDINA contra la sentencia dictada por la Sección Primera de esta Corporación el 7 de marzo de 2002, proceso en el que según constancia secretarial nunca fue suspendida la sentencia.
Certificado de ingresos de los vehículos afiliados a COONORTE que prestan el servicio en las rutas veredales de Andes expedido por el contador de la empresa.
Solicitud de autorización de propietarios de vehículos vinculados a COOTRASANDINA .
Diligencia de testimonios rendida por los señores Jhon Fredy Arboleda Rendón, Albeiro de Jesús Mora Ataborda y Luis Fernando Escobar.
Dictamen pericial rendido por el perito contador.
Dictamen pericial rendido por la auxiliar de justicia Esperanza Lourdes Agudelo Galeano.
Concepto del Ministerio de Transporte.
Ahora bien, con el propósito de determinar, en el caso sub examine, si se configura la infracción de las normas en que debería fundarse se analizará el fundamento normativo de los actos administrativos demandados y los efectos de la sentencia proferida por la Sección Primera de esta Corporación el 2 de marzo de 2002.
Alcance de la sentencia proferida por la Sección Primera de la Corporación el 2 de marzo de 2002
La demanda que dio lugar a la sentencia proferida por esta Corporación el 2 de marzo de 2002 fue interpuesta por la empresa Transporte Suroeste Antioqueño S.A. en la que pretendió se declarara la nulidad de las resoluciones que otorgaron una licencia de funcionamiento veredal a COOTRASANDINA, así:
“[…] Que declarara que son nulas las siguientes resoluciones expedidas por el Alcalde Municipal de Andes, Antioquia:
• Núm. 1055 12 de agosto de 1995, mediante la cual se le concedió licencia de funcionamiento a la Cooperativa de Transportes Andinas COOTRANSANDINA, para un radio de acción veredal, con automotores “homologados por el Ministerio”, para la prestación del servicio público de pasajeros y mixto, con una capacidad máxima de 38 camperos y 40 automóviles, 5 escaleras y 12 pick up, y capacidad mínima de 32 camperos y 33 automóviles, 4 escaleras y 10 pick up.
• Núm.1769 de 23 de septiembre de 1996, por la cual se adiciona de oficio la resolución anterior, para adjudicarle más rutas a la cooperativa en mención.
• Núm. 2433 de 29 de noviembre de 1996, por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición impetrados por la actora y por COOTRANSANDINA contra la resolución anterior […]”.
El problema jurídico discutido en la sentencia se centró en determinar si las resoluciones demandadas fueron expedidas de manera irregular, por cuanto se omitió el procedimiento del artículo 39 del Decreto 1787 de 1990 en toda la actuación administrativa y el estudio previsto en el artículo 50 ibidem para determinar la necesidad y disponibilidad de rutas:
“[…] ARTICULO 39. Cuando se presenten oposiciones fundamentadas técnicamente, la autoridad competente realizará un estudio sobre las rutas, áreas de operación, sistemas o subsistemas solicitados y decidirá mediante acto administrativo motivado.
En caso de no prosperar las oposiciones presentadas, se procederá a adjudicar las rutas, áreas de operación, sistemas o subsistemas a la empresa o sociedad solicitante y se hará efectiva la póliza de garantía a la(s) empresas(s) o sociedad(es) oposito(s).
Si las oposiciones prosperan en forma parcial no se hará efectiva ninguna de las pólizas y se procederá a adjudicar a la empresa o sociedad solicitante, conforme a los resultados del estudio realizado por la autoridad competente.
En el evento en que prosperen las oposiciones, se negarán las rutas, áreas de operación, sistemas o subsistemas solicitados y se hará efectiva la póliza a la empresa o sociedades solicitantes.
Si del estudio realizado por la autoridad competente resultaren rutas, áreas de operación, sistemas o subsistemas disponibles diferentes a los solicitados, la autoridad ordenará la publicación de las mismas y continuará el trámite normal para su adjudicación.
El procedimiento administrativo del sub lite tuvo como objeto la solicitud de licencia de funcionamiento de la COOPERATIVA DE TRANSPORTES ANDINA “COTRANSANDINA”, para operar como empresa de transporte terrestre automotor en la modalidad de pasajeros y mixto, dentro del Municipio de Andes, Antioquia, y la consiguiente asignación de rutas y horarios.
En la Resolución Núm. 1055 de 12 de agosto de 1995 se indica que se presentaron oposiciones técnicas y jurídicas por parte de la empresa demandante y otra, y que ellas no prosperan, sin explicar por qué.
Lo anterior significa que en cuanto se trataba de autorizar rutas y horarios a una nueva empresa, la actuación administrativa estaba sujeta al artículo 39 transcrito y, por tanto, la administración debía adelantar el estudio previsto en el mismo tendiente a establecer la disponibilidad de rutas y horarios pertinentes, dado que hubo oposiciones técnicas a la solicitud respectiva.
En el presente caso, ese estudio no se efectuó según se desprende de las pruebas que obran en el expediente, ni aparece mencionado ni analizado en el acto acusado, lo cual, cuando se realiza dicho estudio, es parte sustancial de la motivación del acto que decide el asunto, en cuanto debe quedar señalada en sus considerandos la existencia de disponibilidad para las rutas requeridas, a lo que, incluso, tampoco se alude en los actos acusados, amén de que, como se anotó, no explica por qué no prosperaron las oposiciones.
Además, en la contestación de la demanda, la entidad demandada guardó silencio frente a los cargos, limitándose a manifestar que se atenía a lo que se probara en el proceso.
En consecuencia, la Resolución Núm. 1055 de 1995, y con ella las otras demandadas, en la medida de que la modifican en las mismas circunstancias, se expidieron con violación del debido proceso, tal como lo denuncia la accionante, toda vez que una regla de procedimiento y, por tanto, del debido proceso atinente al caso, es la de que en los casos en que se presenten oposiciones técnicas, la autoridad competente debe adelantar sus propios estudios sobre la disponibilidad de rutas y horarios, amén de que la decisión que pone fin a la actuación administrativa debe ser motivada, de lo cual carecen las acusadas en lo concerniente al punto, por cuanto brilla por su ausencia la justificación objetiva y concreta de las rutas y horarios asignados a la solicitante, circunstancias esas que causan su anulación […]”.
De este modo, la Sección Primera de la Corporación declaró la nulidad de los actos administrativos que concedieron la licencia de funcionamiento a COOTRASANDINA con fundamento en que se omitió el estudio previsto para establecer la disponibilidad de rutas y horarios la cual hace parte fundamental de la motivación del acto y en atención a que, no se explicó la razón por la cual no prosperaron las oposiciones presentadas en el trámite por otras empresas. La sentencia quedó ejecutoriada el 2 de abril del mismo año según constancia secretarial de la Corporación.
Recurso extraordinario de revisión contra la sentencia que declaró la nulidad de funcionamiento de COOTRASANDINA
La Sala advierte que el 17 de julio de 2002, COOTRANSANDINA, en su condición de tercero interesado en el proceso de instancia, interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia que puso fin a ese proceso.
El 7 de mayo de 2013, la Sala Plena de la Corporación resolvió desestimar un recurso extraordinario de revisión interpuesto por COOTRANSANDINA contra la sentencia dictada por la Sección Primera de esta Corporación el 7 de marzo de 2002.
Sobre el particular, para la Sala es claro que la presentación de un recurso extraordinario de revisión no suspende los efectos de la decisión judicial según lo previsto en los artículos 185 a 193 del Decreto 01 de 1984, por cuanto no consiste en una tercera instancia sino en un recurso que prosperará en el evento en que se hayan configurado causales taxativas previstas en la norma.
Al respecto, esta Corporación ha señalado frente al recurso extraordinario de revisión, lo siguiente:
“(…) Es un medio de impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser decisiones injustas por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley. Las sentencias susceptibles del recurso son “(i) las dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; (ii) las dictadas en única, primera o segunda instancia por los Tribunales Administrativos y (iii) las dictadas en primera o segunda instancia por los Jueces Administrativos, cuya naturaleza permita la interposición de tal recurso”.
De este modo, para la Sala es claro que la interposición del recurso extraordinario de revisión no suspendió los efectos de la sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado el 2 de marzo de 2002 la cual quedó ejecutoriada el 2 de abril del mismo año.
Declaratoria de nulidad contenida en la sentencia de 2 de marzo de 2002 y su efecto en los actos administrativos demandados
Para la Sala la sentencia vista supra por medio de la cual se declara la nulidad de la licencia de funcionamiento de COOTRASANDINA para operar las rutas veredales en jurisdicción del Municipio de Andes, tiene efectos de cosa juzgada erga omnes desde el 5 de abril de 2002, cuando quedó en firme, de modo que, la actuación administrativa surte efectos retroactivos hasta antes de ser expedidos los actos que concedieron la licencia, es decir, como si no hubieran existido, lo que significa que la empresa de transporte no estaba facultada para continuar prestando el servicio público de transporte en la rutas, horarios y/o áreas de operación concedidas a la empresa, según lo previsto en el artículo 175 del Decreto 01 de 2 de febrero de 1984.
Además, luego de haberle dado cumplimiento a la sentencia, el alcalde del Municipio de Andes (Antioquia) mediante Resolución núm. 2150 de 18 de octubre de 2011 autorizó a unos transportadores vinculados mediante contrato a COOTRASANDINA a prestar un servicio temporal de transporte de pasajeros por 6 meses en las rutas interveredales autorizadas mediante los actos administrativos declarados nulos por el Consejo de Estado, como se señala expresamente en los actos:
“[…] Las anteriores personas acreditan prueba de la calidad de propietarios de los automotores que prestan el servicio en las rutas suburbanas o interveredales autorizadas mediante los actos administrativos objeto de la decisión del Honorable Consejo de Estado, los contratos de vinculación con la empresa COOTRASANDINA suscritos de conformidad con lo establecido en el capítulo VII -artículos 46-47 y 48 del Decreto 170 de 2000, y su correspondientes tarjeta de operación expedida por la autoridad de transporte, vigente a la fecha. […]
Estas personas en su condición de propietarios registrados e inscritos de los vehículos adscritos a la prestación del servicio público de transporte colectivo en las rutas que autorizaban los actos administrativos objeto de la decisión de nulidad del Honorable Consejo de Estado, solicitan a este despacho se le conceda permiso o licencia provisional hasta por el término de seis (6) meses para continuar prestando el servicio en las rutas y horarios asignados a la empresa COOTRASANDINA, empresa a la cual mediante el acto administrativo ya se le canceló la habilitación.
De conformidad con el inciso primero del artículo 37 del Decreto 170 del 05 de febrero de 2001, la autoridad de transporte competente podrá autorizar hasta por el término de seis (6) meses a los propietarios de los vehículos vinculados a una empresa cuya habilitación haya sido cancelada, para seguir prestando el servicio público de transporte en las rutas autorizadas a la empresa.
Los propietarios de los vehículos que prestan el servicio de las rutas habilitadas que fueron suprimidas mediante la sentencia pluricitada, han solicitado ante este despacho, allegando la prueba de la calidad de transportadores y sus correspondientes autorizaciones legales (tarjeta de propiedad, contrato de vinculación a la empresa cuya habilitación fue cancelada y tarjeta de operación), permiso hasta por el término indicado en la norma referida para continuar operando conforme lo venían haciendo en la empresa de transportes andina “COOTRASANDINA” […].
ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR MEDIANTE UN PERMISO ESPECIAL Y TRANSITORIO POR EL TÉRMINO DE SEIS MESES (6) IMPRORROGABLES, es decir, hasta el 26 de marzo de 2012, para que los propietarios de los vehículos vinculados a la Cooperativa de Transportes Andina COOTRASANDINA, que se relacionan a continuación, continúen prestando el servicio público de transporte de pasajeros en las rutas suburbanas o interveredales autorizadas mediante las resoluciones números 1055 del 12 de agosto de 1995, 1769 de 23 de septiembre de 1996 y 2433 de 29 de noviembre de 1996 […]”.
En ese orden, el alcalde del Municipio de Andes (Antioquia) autorizó que los automóviles afiliados a COOTRASANDINA siguieran prestando el servicio público de transporte a pesar de la declaratoria de nulidad de la licencia de funcionamiento para lo cual fundamentó su determinación en que como consecuencia de la sentencia se adoptó la cancelación de la habilitación a la empresa en la que se encontraban afiliados, lo que permitía expedir la autorización temporal.
Eventos en que está permitido cancelar la habilitación a una cooperativa de transporte público automotor
En el caso sub iudice, el fundamento de los actos administrativos demandados para expedir el permiso temporal a los trabajadores de COOTRASANDINA radica en que se cumplieron los presupuestos del artículo 37 del Decreto núm. 170 de 5 de febrero de 2001 el cual señala:
“[…] ARTÍCULO 37. AUTORIZACIÓN A PROPIETARIOS. La autoridad de transporte competente podrá autorizar hasta por el término de seis (6) meses a los propietarios de los vehículos vinculados a una empresa cuya habilitación haya sido cancelada o que con licencia de funcionamiento prorrogada no obtuvieron habilitación, para seguir prestando el servicio público de transporte en las rutas autorizadas a la empresa.
En un término improrrogable de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de
la resolución que cancelo la habilitación, un mínimo del 80% de los propietarios de los vehículos vinculados a la empresa podrán solicitar y obtener habilitación para operar los mismos servicios autorizados a la empresa cancelada, sin necesidad de
efectuar el procedimiento establecido para la adjudicación de rutas y horarios.
Si en el término señalado, los propietarios de los vehículos no presentan la solicitud
de habilitación, las rutas y horarios serán adjudicados mediante licitación pública.
Los vehículos referidos tendrán prelación para llenar la nueva capacidad transportadora autorizada a la empresa adjudicataria.
Cuando los nuevos servicios de transporte sean adjudicados mediante un Contrato
de Concesión u Operación, no se aplicará lo preceptuado en este artículo […]”. (Negrillas fuera de texto)
A su turno, el artículo 30 del Decreto núm. 175 de 5 de febrero de 2001, dispuso los mismos presupuestos para conceder la autorización temporal a los propietarios de los vehículos vinculados a la empresa cuya habilitación haya sido cancelada.
Para la Sala, en el asunto sub examine, no ocurrió ninguno de los eventos señalados en la norma, por cuanto no se canceló la habilitación a COOTRASANDINA por algunas de las causales señaladas en el artículo 48 de la Ley 336, ni a la empresa que contaba con licencia de funcionamiento se le negó la habilitación, sino que, en virtud de la sentencia de 2 de marzo de 2002, proferida por esta Corporación, se anuló la licencia de funcionamiento que dio lugar al acto administrativo que ordenó su cumplimiento.
Lo anterior, dado que, la cancelación de la habilitación de las empresas de transporte se configura en los siguientes eventos específicos señalados en el artículo 48 de la Ley 336 de 1996; i) cuando se compruebe por parte de la autoridad de transporte competente que las condiciones de operación, técnicas, de seguridad, y financieras, que dieron origen a su otorgamiento no corresponden a la realidad; ii) cuando se compruebe la injustificada cesación de actividades o de los servicios autorizados por parte de la empresa transportadora; iii) cuando en la persona jurídica titular de la empresa de transporte concurra cualquiera de las causales de disolución contempladas en la ley o en sus estatutos; iv) cuando la alteración del servicio se produzca como elemento componente de los procesos relacionados con el establecimiento de tarifas, o como factor perturbador del orden público, siempre que las causas mencionadas sean atribuibles al beneficiario de la habilitación; v) en los casos de reiteración o reincidencia en el incremento o disminución de las tarifas establecidas, o en la prestación de servicios no autorizados, después de que se haya impuesto la multa a que se refiere el literal d), del artículo 49 de esta ley; vi) cuando dentro de los tres años anteriores a aquel en que se inicie la investigación que pudiese concluir con la medida, se haya decretado la suspensión a lo menos en dos oportunidades y, vii) en todos los demás casos en que se considere motivante, que la infracción presenta signos de agravación en relación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo, teniendo en cuenta los efectos nocivos ocasionados a los usuarios y a la comunidad, ninguno de los cuales se configuró en el presente asunto.
Por lo expuesto, la Sala observa que no era procedente justificar la autorización temporal de los vehículos afiliados a COOTRASANDINA con fundamento en una supuesta cancelación de la habilitación, por cuanto la misma no se dio como consecuencia de los eventos señalados en el artículo 48 de la Ley 336 de 1996 sino en virtud de una sentencia de la Corporación que declaró la nulidad de la licencia de funcionamiento de la cooperativa.
Asimismo, comoquiera que la sentencia de esta Corporación anuló la licencia de funcionamiento de COOTRASANDINA sus efectos retroactivos implican que la misma no nació a la vida jurídica y, por lo tanto, después de quedar en firme la sentencia el 5 de abril de 2002, no podía existir ninguna habilitación expedida por el alcalde del Municipio de Andes con fundamento en la Resolución núm. 055 de 1995 con la que pretendiera omitir la realización de una licitación pública conforme lo regula el artículo 19 de la Ley 336 de 1996.
Sobre el particular, esta Sección ha señalado que el servicio público de transporte de pasajeros sólo excluyó del concurso a los servicios que se presten sin sujeción a rutas y horarios predeterminados, como son el de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi y el de servicios especiales, es decir, el escolar, el de asalariados y el de turismo, en los cuales, esos sí, por su naturaleza, el permiso se otorga conjuntamente con la habilitación:
“[…] la Sala considera pertinente remitirse al concepto que de ruta trae el artículo 3º, numeral 5, de la Ley 105 de 1993:
“5. DE LAS RUTAS PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS:
“Entiéndese por ruta para el servicio público de transporte el trayecto comprendido entre un origen y un destino, con un recorrido determinado y unas características en cuanto a horarios, frecuencias y demás aspectos operativos”.
A su turno, el artículo 7º del Decreto 175 de 2001, define así el concepto de recorrido:
“RECORRIDO. Es el trayecto comprendido entre centros de abastecimiento y/o mercadeo y las zonas de parqueo, con características propias en cuanto a frecuencias y demás aspectos operativos”.
A juicio de la Sala, es claro que los conceptos de RUTA y RECORRIDO se identifican, pues tanto el uno como el otro los definen como el trayecto comprendido entre un origen y un destino, que para el caso del servicio público mixto de transporte terrestre automotor está comprendido entre los centros de abastecimiento y/o mercadeo y las zonas de parqueo, sin que tal especificidad le quite el carácter de ruta.
El Diccionario de la Lengua Española define uno y otro término así:
“Ruta.- Rota o derrota de un viaje. 2. Itinerario para él. 3. Camino o dirección que se toma para un propósito”.
“Recorrido.- Acción y efecto de recorrer. 2. Espacio que ha recorrido, recorre o ha de recorrer una persona o cosa. 3. Ruta, itinerario prefijado”.
El Decreto acusado también trae las siguientes definiciones:
“CENTROS DE ABASTECIMIENTO O MERCADEO: Sitios de acopio de bienes que provienen de diferentes zonas de producción, para ser distribuidos en el sitio establecido por la autoridad competente”.
“FRECUENCIAS DE DESPACHO: Es el número de veces por unidad de tiempo en que se repite la salida de un vehículo”.
“TIEMPO DE RECORRIDO: Es el que emplea un vehículo entre el origen y el destino durante su recorrido, incluyendo los tiempos de paradas”.
“ZONAS DE PARQUEO: Sitios fijos establecidos y debidamente demarcados de donde parten y regresan los vehículos mixtos una vez cumplido el recorrido”.
Teniendo en cuenta las anteriores normas y definiciones, para la Sala no queda duda alguna de que el servicio público mixto de transporte terrestre automotor involucra el concepto de ruta o recorrido, es decir, el de un origen y destino previamente determinados, esto es, entre los centros de mercadeo, de cuya definición se extrae que están establecidos, y las zonas de parqueo, cuya definición expresamente señala que son sitios fijos y establecidos.
Prueba de lo anterior, es que el mismo Decreto acusado en sus artículos 30, 31, 32 y 33 preceptúa que la autoridad competente podrá autorizar hasta por el término de seis (6) meses a los propietarios de los vehículos vinculados a una empresa cuya habilitación haya sido cancelada o aquella con licencia de funcionamiento que no obtuvo habilitación para seguir prestando el servicio público de transporte en las rutas autorizadas; que cuando se compruebe que una empresa dejó de servir una ruta autorizada, la autoridad competente revocará el permiso; que cuando una empresa considere que no está en capacidad de servir total o parcialmente los servicios registrados (que para el caso son las mismas rutas o recorridos), así lo manifestará a la autoridad competente solicitando que se decrete la vacancia de los mismos; y que las empresas que cuentan con autorizaciones para prestar el servicio público de transporte mixto “en zonas de operación” presentarán la relación de recorridos y frecuencias, la cual una vez verificada la autoridad competente expedirá los correspondientes certificados de registro de servicios, entendiéndose como no servidos o abandonados aquellos servicios (recorridos y frecuencias) no relacionados u omitidos por las empresas.
En consecuencia, le asiste razón a la actora cuando afirma que se violaron los artículos 3º de la Ley 105 de 1993 y 19 de la Ley 336 de 1996, al igual que los artículos 13 y 333 de la Constitución Política, pues no es cierto que el servicio público mixto de transporte terrestre automotor se encuentre dentro de las excepciones a que alude el inciso final del artículo 19 citado, ya que, se reitera, está sujeto a rutas predeterminadas, luego su otorgamiento debe hacerse mediante concurso en el que se garanticen la libre concurrencia y la iniciativa privada y, al haber excluido de tal concurso al servicio mixto en cuestión, el Decreto acusado excedió la voluntad del Legislador, quien sólo excluyó del concurso a los servicios que se presten sin sujeción a rutas y horarios predeterminados, como son el de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi y el de servicios especiales, esto es, el escolar, el de asalariados y el de turismo, en los cuales, esos sí, por su naturaleza, el permiso se otorga conjuntamente con la habilitación […]”. “[…] Negrillas fuera de texto […]”.
Por lo anterior, con ocasión de la declaratoria de nulidad COOTRASANDINA no tenía permiso para operar las rutas veredales y el alcalde del Municipio de Andes (Antioquia) no se encontraba facultado para autorizar a los trabajadores de la empresa COOTRASANDINA a operar en las rutas y horarios que habían sido asignados al no cumplir los presupuestos señalados en el artículo 48 de la Ley 336.
Así, para la Sala es claro que una cosa es la anulación de la licencia de funcionamiento y otra muy distinta es la cancelación de la habilitación en los eventos señalados en la Ley 336, lo que no ocurrió en este caso, por cuanto la misma se dio como consecuencia de la sentencia de nulidad de esta Corporación.
Además, la Sala advierte que en los eventos que se investigan las causales de cancelación previstas en la Ley 336 la autoridad competente debe tramitar un proceso administrativo sancionatorio en el que se evidencie el incumplimiento normativo y se declare responsable a la empresa transportadora.
En el presente asunto, a COOTRASANDINA no se le adelantó un proceso sancionatorio con ocasión del cual se le hubiera impuesto la sanción de cancelación por las causales y la forma prevista en la ley, dado que, en realidad lo que expidió el alcalde del Municipio de Andes fue un acto de cumplimiento a la sentencia que prohibía a la cooperativa seguir operando en las rutas veredales asignadas.
Por otra parte, la Sala evidencia que el fundamento para que esta Corporación declarara nulos los actos administrativos que concedieron la licencia de funcionamiento a COOTRASANDINA mediante sentencia de 2 de marzo de 2002, es que se omitió el estudio previsto para establecer la disponibilidad de rutas y horarios y por cuanto, no se explicó la razón por la cual no prosperaron las oposiciones presentadas en el trámite por otras empresas.
En el caso sub examine, ante la ausencia de dicho estudio técnico de disponibilidad de rutas y horarios que es parte fundamental para conceder legalmente la licencia de funcionamiento y ante la ausencia de transportador autorizado para operar, en consecuencia, no era viable conceder el permiso por 6 meses de forma directa a los transportadores vinculados a COOTRASANDINA que no cumplían con los presupuestos señalados en la Ley para el efecto.
Ahora bien, para la Sala no han de prosperar los argumentos presentados por la parte demandada y el tercero con interés en relación con la presunta cancelación de la habilitación, toda vez que este es el escenario en el que la empresa COOTRASANDINA estaba legitimada para discutir el fundamento de la autorización temporal que está estructurada sobre la base de que se cumplían los presupuestos legales para imponer la cancelación de la habilitación según lo señalado por el Municipio de Andes (Antioquia).
Así las cosas, al ser anulados los actos administrativos que concedieron la licencia de funcionamiento a la empresa COOTRASANDINA para operar en un radio de acción veredal la única opción para el alcalde del Municipio de Andes (Antioquia) era darle cumplimiento a la sentencia para que la empresa dejara de operar en las rutas, horarios y frecuencias que habían sido autorizadas, dado que, se retrotraen los efectos hasta antes de que fuera proferido el acto administrativo; y en atención a que, no se cumple el supuesto que plantea la norma para cancelar la habilitación.
Del restablecimiento del derecho
El Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia de primera instancia valoró sobre el restablecimiento del derecho, lo siguiente:
“[…] La cooperativa COONORTE Ltda. solicita a título de restablecimiento del derecho, se le indemnicen los perjuicios materiales que la actuación ilegal le ha generado, sustentándolo en qué por medio de la Resolución Nº 131 del 10 de febrero de 1991 y la Resolución Nº 806 de 2011, le fue autorizado operar las misma rutas veredales en las que se autorizó a operar de forma irregular a los propietarios de los vehículos que antes se encontraban vinculados con COOTRASANDINA, por lo que al ver disminuida la demanda y oferta de sillas ofrecidas, se disminuyeron sus ingresos, que estima en una pérdida de $205.920.000, desde que se radicó el derecho de petición ante la administración, el 04 de mayo de 2011.
[…] Obran en el expediente dos experticias, la primera adelantada a solicitud de la accionada por perito contador, cuyo objeto fue analizar “los asientos contables sobre los valores correspondientes a ingresos y egresos de la demandante correspondientes a la movilización de pasajeros antes y después del 4 de mayo de 2011 hasta la fecha […] y que no fue objetada por las partes, quien el 18 de septiembre de 2013 llevó a cabo una visita a la empresa COONORTE Ltda. en aras de inspeccionar los libros de contabilidad, dejando constancia que se le manifestó por parte del Gerente de la Cooperativa “que no se tienen establecidos un registro del transporte de las veredas de ANDES, porque no se expide tiquete por este servicio, pero recibió como documentación las constancias de pago de las declaraciones de industria y comercio del Municipio de Andes período 2010-2013, la Resolución 0806 del 2001 que adjudica 12 rutas veredales a COONORTE Ltda., una relación de vehículos tipo escalera vinculados a la empresa, relación de horarios, tarifas y promedio de pasajeros movidos por día y documento del centro de costos de la oficina de Andes.
Agrega que un análisis de los ingresos y egresos de los años 2010, 2011 y 2012 permite establecer que en 2011 se dio un incremento del 4% los ingresos con relación al 2010 en el centro de costos Andes - recuérdese que la actora reclamada la pérdida de ingresos después de proferida la Resolución de autorización del 12 de agosto de 2011 que se demanda por lo que en principio, no se observa por tal período la alegada disminución de ingresos -, y que entre el 2011 y 2012 la operación arrojó pérdidas; sin embargo si bien los ingresos decrecieron cerca del 13%, lo relevante es que los gastos aumentaron en un 65%, especialmente en los rubros arriendos en un 525% y gastos varios en un 365%, lo que no se explica o justifica por la autorización temporal que habría sido otorgada a través de la Resolución 2150, concluyendo que entre el año 2010 y abril de 2011 se obtuvieron ingresos de $162.134.604 y entre mayo de 2011 y junio de 2013, se percibieron $253.828.821, lo cual no permite evidenciar una notable disminución en los mismos, dado que promediados estos, arrojan un promedio anual similar […]”.
Asimismo, el a quo valoró sobre la segunda experticia:
“[…] De igual forma obra una experticia realizada a petición de la parte actora por una avaluadora de perjuicios, con el objeto de que “[…] evalúe objetivamente los perjuicios que […] se esbozan a titulo de restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta las rutas y horarios autorizados a los transportadores de COOTRASANDINA […]”, - fl. 171 C1 -, en las que se llevó a cabo una estimación de los ingresos que habría dejado de percibir COONORTE LTDA., sin embargo la misma a diferencia de la inicialmente analizada no precisa haber realizado una inspección detallada de la contabilidad de la empresa, sino que recoge los datos suministrados por la actora, que se relatan igualmente en la demanda, y que más que reflejar la realidad contable de la empresa, lo que efectúa es un calculo hipotético de lo que formalmente habría dejado de percibir, teniendo en cuenta la oferta de sillas dada en la resolución que le autorizo prestar el servicio, lo cual debe hacerse la salvedad, no acredita el daño o perjuicio económico real que habría experimentado la demandante, tan es así que al aclarar la experticia a petición de los terceros interesados, se respondió frente al cuestionamiento de si se consultaron los libros de contabilidad de la empresa:
“[…] En la solicitud del dictamen no se precisó la obligatoriedad de confrontar las cifras con el centro de costos de la sociedad o los libros contables, por lo contrario, se dispuso de acuerdo a la petición de la parte demandante a avalar los perjuicios patrimoniales teniendo en cuenta las rutas autorizadas y los pasajes cobrados […]”.
Con fundamento en lo anterior, los terceros interesados objetaron por error grave las conclusiones del segundo dictamen, bajo el argumento de que se hizo un cálculo alejado de la realidad probatorio acerca de los ingresos de la empresa COONORTE, tal y como lo valoró el a quo, así:
“[…] la experticia no argumenta ni explica o prueba de forma suficiente y técnicas las conclusiones a las que arribó con relación al monto indemnizatorio, debiéndose recalcar que la finalidad del peritazgo es precisamente proporcionar, los fundamentos de orden técnico y jurídico que sustentan su valuación, para situar al juzgador en condiciones de poder valorar la objetividad, la razonabilidad, la coherencia y la sensatez de las conclusiones presentadas, Teniendo en cuenta las falencias que quedaron expuestas en los acápites que anteceden y ante la imposibilidad de dar plena credibilidad a la segunda prueba pericial practicada que se analiza, las conclusiones allí plasmadas no serán acogidas para efectos de determinar la eventual indemnización de perjuicios.
El dictamen debe ser claro, preciso y detallado, de lo cual se deriva la necesitad de sustentar por qué se rinde la experticia en determinado sentido, indicando las razones de orden técnico, científico o artístico que se tuvieron en cuenta para conceptuar, a fin de que, como ya se dijo, las partes puedan ejercer el derecho de contradicción de la prueba, y el juez pueda valorar la razonabilidad y objetividad de las conclusiones emitidas; por lo anterior como acaba de indicarse considera esta Sala al amparo de la sana crítica, que se apartará de las conclusiones a las que llegó la experticia, sin embargo, como las mismas se limitaron a analizar lo solicitado, no se observa que presenten un grave error.
Por lo anterior, es menester concluir con relación a los perjuicios que fueron solicitados en las pretensiones de la demanda, se negará cualquier reconocimiento al respecto, toda vez que del dossier probatorio obrante en el plenario no se acredita la generación del perjuicio material que se aduce, en tanto que no se soporta una eventual disminución de ingresos en la cuantía señalada en la demanda, a raíz de la autorización temporal otorgada en la Resolución Nº 2150 de 2011, por lo que al no ser posible indemnizar daños eventuales o aleatorios, que no se encuentren debidamente acreditados por quien tenía la carga probatoria de hacerlo -COONORTE LTDA.- se insiste, se negaran las pretensiones indemnizatorias […]”.
Según lo expuesto, con el primer dictamen no se logró demostrar la disminución de ingresos de la parte demandante con ocasión de la autorización temporal a COOTRASANDINA, dado que, para el año 2011 se evidenció un aumento de ingresos del 4% con relación al año anterior, entre los años 2011 y 2012 la operación arrojó pérdidas que se explican por el aumento de gastos del 65% y para los años 2010 a 2013 se presentó un promedio de similar de ingresos, de modo que no se logró determinar el daño alegado por la parte demandante.
En relación con el segundo dictamen, mediante el cual se buscaba determinar una estimación de los ingresos que habría dejado de percibir COONORTE con ocasión de la autorización temporal de COOTRASANDINA, no se analizó de forma detallada la contabilidad de la empresa y los datos se infieren a partir de oferta de sillas en la resolución que autorizó la prestación del servicio, es decir, se efectuó un cálculo hipotético de lo que habría dejado de percibir la parte demandante, razón por la cual no se puede determinar un daño cierto indemnizable a partir de dicho análisis.
Al respecto, la Sala advierte que la valoración realizada por el a quo de la indemnización de los perjuicios materiales no fue objeto de los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada y los terceros con interés.
Condena en costas
La Sala considera que no hay lugar a condenar en costas en segunda instancia en razón a que el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo establece que, en los juicios que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo esta condena procederá “[…] teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes […]”, es decir, corresponde al juzgador valorar el comportamiento de las partes, dentro del marco de su arbitrio juris.
Bajo ese panorama, a juicio de la Sala, el comportamiento de la parte demandada no estuvo precedido de la mala fe ni de la intención de entorpecer el proceso, en atención a que, aunque resultó vencida en juicio, ello no conlleva automáticamente la condena en costas, comoquiera que la actuación se enmarcó en los principios y obligaciones que gobiernan la actividad judicial.
Conclusiones de la Sala
En suma, la Sala concluye que en el caso sub examine la parte demandante desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados, teniendo en cuenta que no se cumplían los presupuestos legales para cancelar la habilitación y acceder a la autorización temporal de 6 meses a los trabajadores de COOTRASANDINA para seguir operando en las rutas, horarios y frecuencias según la licencia de funcionamiento declarada nula por esta Corporación.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia proferida, en primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, de 12 de febrero de 2015, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejera de Estado Consejero de Estado
Salva voto
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
SALVAMENTO DE VOTO DE NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 05001-23-31-000-2012-00593-01
Actor: COOPERATIVA NORTEÑA DE TRANSPORTADORES LTDA. - COONORTE
Demandado: MUNICIPIO DE ANDES – ANTIOQUIA
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Con el debido respeto por la opinión mayoritaria de la Sala, me he separado de la decisión de 5 de agosto de 2021, que CONFIRMÓ la sentencia proferida el 12 de febrero de 2015 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, por cuanto, a mi juicio, debió revocarse el fallo de primera instancia respecto del único aspecto que fue objeto de apelación, esto es, la declaratoria de nulidad de los actos acusados y, en consecuencia, negarse las pretensiones de la demanda.
La oposición al fallo radica en el análisis que abordó la Sala para adoptar la decisión confirmatoria, pues estableció los eventos en los cuales normativamente está permitida la cancelación de la habilitación para la prestación del servicio público de transporte, lo que, a mi juicio, implicó un estudio de legalidad indirecto de la Resolución 1660 de 12 de agosto de 2011, la cual no fue objeto de demanda en el proceso de la referencia.
Este razonamiento fue objeto de reproche en los recursos de apelación frente al fallo de primera instancia, al cuestionar el examen de legalidad que efectuó el a quo respecto de la resolución que canceló la habilitación, acto que, reitero, no fue demandado.
A mi juicio, el fallo pasó por alto el límite del debate judicial y extendió el control a un acto no demandado al examinar su legalidad, con lo cual se desconoció el atributo de presunción de legalidad que lo ampara y el cual se desvirtúa únicamente a través de un proceso judicial a cargo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en el que se resuelva anularlo por alguna de las causales previstas por el Legislador.
Bajo este entendido, el estudio de invalidez debió recaer sobre la autorización temporal conferida a los propietarios de los vehículos que prestaban el servicio de transporte y operaban la ruta por cuenta de la habilitación que le fue cancelada a COOTRANSANDINA, de ninguna manera frente a la razón que llevó a la administración municipal a tomar la decisión previa a la solicitud de prestación temporal del servicio de transporte, pues ésta se encuentra contenida en un acto administrativo vigente y respecto del cual no se desvirtuó su legalidad ni por vía de acción ni de excepción.
De allí que insista en el razonamiento de que al mediar un acto administrativo particular y anterior, fundamento de la actuación cuestionada, era necesario formularse y presentarse una demanda para cuestionar la legalidad de la Resolución 1660 de 12 de agosto de 2011, para que el juez se pronunciara sobre si atendió o no a las causales para que procediera dicha cancelación y si existía prueba para dar por acreditado alguno de los reproches de nulidad y no simplemente concluir que dicho acto resultaba ilegal “por cuanto la misma – la cancelación de la habilitación - no se dio como consecuencia de los eventos señalados en el artículo 48 de la ley 336 de 1996”.
En estos términos dejo expuestos las razones de mi salvamento de voto.
fecha ut supra,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera
Blanca Margarita Franco Calle, Jorge Iván Restrepo Restrepo, Francisco Javier González Bolívar, Carlos Mario Zapata Restrepo, Carlos Enrique Ortiz Vélez, Gloria Elena Vasco Tamayo, Darío de Jesús Diez Londoño, Juan Diego Vergara Henao, Juan Guillermo Guzmán Rivera, Ángel José Vargas Restrepo, Carlos Alberto Vélez Restrepo, Roberto José García Cuartas, Nelson de Jesús Agudelo Vergara, Hernán Darío Álvarez Restrepo, Héctor de Jesús Castañeda Rave, Héctor Guillermo Guzmán Delgado, Luis Arbey Saldarriaga Ospina, Alberto de Jesús Mesa, Gustavo de Jesús Sánchez Jiménez, Miguel Andrés García Palacio, Jose Luis Ramírez Munera, Oscar Darío Castaño Puerta, Gustavo Antonio Zapata Gomez, María Cristina Guerrero Guevara, Elkin de Jesús Sánchez Vásquez, Luis Carlos Mesa Corrales, Juan Carlos Escalante Restrepo, Henry de Jesús Villa Vásquez, María Luz Dary Chica Vélez, Antonio de Jesús Vélez Vélez, Luis Fernando Arbeláez Blandón, Jairo de Jesús Acosta Saldarriaga, María Dalila Acosta Saldarriaga, Rafael Ángel Vera Arredondo, Gildardo de Jesús Restrepo Restrepo, Fabio Alonso Henao Vélez, Julio Cesar Cardona García, Luis Alfonso Castañeda Henao, John Jairo Castro López, William de Jesús Franco Acosta, Wilson Darío Flórez Arroyabe, Silvia Margarita Castrillón Jiménez, Carlos Antonio Vélez Merino, Jhon Fredy Yepes Restrepo, Marta Elvia Gomez Saldarriaga, Luis de Jesús Restrepo Saldarriaga, Jose Ángel Ríos Saldarriaga, Jesús Arbeláez Blandón, Oscar Darío Vera Arredondo, Bernardo Vélez Pareja, Ramon Eduardo Acevedo Grajales, Manuel de Jesús Cardona Acevedo, José Aníbal Chaverra Echeverry, Héctor Darío Garcés Osorio, Jaime de Jesús Gaviria Gallego, Elkin Humberto Parra Gaviria, Nelson de Jesús Parra Gaviria, Luis Gabriel Velásquez Castañeda, Francisco Luis Gaviria, Humberto de Jesús Arias Restrepo, Francisco Felipe Arias Restrepo, José Ricardo Ortega Álvarez, Luis Eduardo Saldarriaga Restrepo, José Pablo Betancur Castaño, Juan Guillermo Ossa Zapata, Sergio Orlando Castaño Posada, Gabriel Jaime Quiroz Yépez, Francisco Javier Mondragón Mondragón, Julio Cesar Orozco Orozco, María Soledad Posada Posada, Carlos Alberto Pareja Moreno y Carlos Mario Vásquez Gil. Demanda presentada el 23 de abril de 2012, según obra a folio 173, en vigencia del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, por medio del cual se reforma el Código Contencioso Administrativo. Por intermedio de apoderado
“[…] Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo […]”. Cfr. Folios 89 a 90 del cuaderno núm. 1 del expediente.
“[…] Por medio de la cual se autoriza a unos transportadores a prestar un servicio temporal de transporte […]”.
“[…] Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición en contra de la Resolución 2150 del 18 de octubre de 2011 […]”.
“[…] Por medio de la cual se autoriza a unos transportadores a prestar un servicio temporal de transporte […]”. Cfr. folio 287 del cuaderno núm. 1 del expediente.
“[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.
“[…] por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Mixto […]”
“[…] Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones […]”.
“[…] Estatuto General de Transporte […]”
Por intermedio de apoderado
Cfr. folios 587 a 645 del cuaderno núm. 2 del expediente. Mediante auto admisorio de la demanda de 9 de octubre de 2012, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión vincula a los terceros con interés en las resultas del proceso. Cfr. Folios 195 a 200 del cuaderno núm. 1 del expediente. Por intermedio de apoderado
Cfr. folios 551 a 576 del cuaderno núm. 1 del expediente. Cfr. folios 1774 a 1789 del cuaderno núm. 3 del expediente. Cfr. Folios 1013 a 1034 del cuaderno núm. 2 del expediente
Cfr. folio 4 del cuaderno principal de segunda instancia.
Cfr. folios 13 a 18 del cuaderno de apelación de sentencia.
“[…] Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión […]”.
“[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”.
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
“[…] Por el cual se expidió el reglamento del Consejo de Estado […]”.
“[…] Artículo 357. Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. […]” (Destacado de la Sala).
“[…] Artículo 267. En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo […]”. Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. Cfr. folios 7 a 27 del cuaderno núm. 1 del expediente. Cfr. folios 28 a 32 del cuaderno núm. 1 del expediente.
“[…] Por el cual se dicta El Estatuto Nacional de Transporte Público Colectivo Municipal de Pasajeros y Mixto". Normativa aplicable en este caso concreto, teniendo en cuenta que la actuación administrativa inició durante su vigencia.
“[…] Estatuto General De Transporte […]”
“[…] por medio de la cual se adjudican unas rutas y horarios en el transporte de servicio público en el radio de acción veredal y en la jurisdicción del Municipio de Andes a dos empresas transportadoras […]”
Cfr. Folios 119 a 125 del cuaderno núm. 1 del expediente. Cfr. Folios 577 del cuaderno núm. 1 del expediente.
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 7 de marzo de 2002; C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola; número único de radicación 05001232600019970089701 […]”. Cfr. Folio 76 del cuaderno núm. 1 del expediente. Cfr. Folios 54 a 57 del cuaderno núm. 1 del expediente. Cfr. Folios 78 a 81 del cuaderno núm. 1 del expediente. Cfr. Folio 82 a 103 del cuaderno núm. 1 del expediente. Cfr. folios 7 a 27 del cuaderno núm. 1 del expediente. Ruta 1: El Cardal, San Perucho, La Solita, El Mango, Bella Vista, Los Posada, Repetidora, Fonda de Chocolo, Terminal la Ratonera, La Comuna, El Silencio, El Tapao, Rancho de Lata y San Miguel, que viajan todos los días, en los siguientes horarios 6:00AM; 11:30 AM y 4:00 PM San Peruchito, viaja lunes, sábados y domingos a las 06:00 AM; 11:30 AM y 04:00 PM y la Quebrada Arriba y el Líbano, solo viajan los fines de semana en las mismas horas. Ruta 2:
Cañaveral, Monteverde, La Chuchilla, San Carlos, Valleumbría, La Hermita, La Rochela, Bosque, Camelia, Lejía, Pedrala, Puente Nuevo, Villacesar, El Cardal, San José y Buenos aires, que viajan todos los días en los siguientes horarios: 06:00 AM; 11:00AM y 4PM. Ruta 3. San Bartolo, La Capilla, La Contrafuerte, Risaralda, Piamonte, Palestina y La Montañita, que viajan todos los días en los siguientes horarios: 6:30 AM; 11:30 AM y 4:30 P.M. Ruta 4: La Soledad, Rio Claro, San Gregorio y Santa Helena, solo viajan los días lunes, sábados y domingos en los horarios: 6:00AM y 1130AM Santa Rita y Santa Ines, viajan todos los días en los horarios: 6:00AM Y 1130 AM San Agustín, San Pedro Santa Rita, viajan los sábados y los domingos en los horarios: 6:00AM Y 11:30AM. Libano, viaja todos los días Andes/Libano a las 6:30 AM y Líbano/Andes a las 8:00 AM. Cfr. Folio 794 del cuaderno núm. 1 del expediente. Cfr. Folios 95 a 102 del cuaderno núm. 1 del expediente.
“[…] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decisión de 7 de mayo de 2013; C.P. Mauricio González Cuervo; número único de radicación 1100103150002002054201 […]”. Cfr. Folios 58 del cuaderno núm. 1 del expediente
Cfr. Folios 133 a 134 del cuaderno núm. 1 del expediente
Cfr. Folios 1119 a 1128 del cuaderno núm. 3 del expediente
Cfr. Folios 1670 a 1674 del del cuaderno núm. 3 del expediente
Cfr. Folios 1678 a 1682 del del cuaderno núm. 3 del expediente
Cfr. Folios 1699 a 1706 y 1726 del del cuaderno núm. 3 del expediente
Cfr. Folios 1635 a 1641 del cuaderno núm. 3 del expediente
“[…] Estatuto Nacional de Transporte Público Municipal de Pasajeros y Mixto […]”
Cfr. Folios 58 del cuaderno núm. 1 del expediente
“[…] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decisión de 7 de mayo de 2013; C.P. Mauricio González Cuervo; número único de radicación 1100103150002002054201 […]”.
“[…] Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de mayo de 2018; C.P. Rocío Araújo Oñate; número único de radicación 05001-23-31-000-2000-02572-01 […]”
Cfr. Folios 58 del cuaderno núm. 1 del expediente
Cfr. folios 7 a 27 del cuaderno núm. 1 del expediente. Ruta 1: El Cardal, San Perucho, La Solita, El Mango, Bella Vista, Los Posada, Repetidora, Fonda de Chocolo, Terminal la Ratonera, La Comuna, El Silencio, El Tapao, Rancho de Lata y San Miguel, que viajan todos los días, en los siguientes horarios 6:00AM; 11:30 AM y 4:00 PM San Peruchito, viaja lunes, sábados y domingos a las 06:00 AM; 11:30 AM y 04:00 PM y la Quebrada Arriba y el Líbano, solo viajan los fines de semana en las mismas horas. Ruta 2: Cañaveral, Monteverde, La Chuchilla, San Carlos, Valleumbría, La Hermita, La Rochela, Bosque, Camelia, Lejía, Pedrala, Puente Nuevo, Villacesar, El Cardal, San José y Buenos aires, que viajan todos los días en los siguientes horarios: 06:00 AM; 11:00AM y 4PM. Ruta 3. San Bartolo, La Capilla, La Contrafuerte, Risaralda, Piamonte, Palestina y La Montañita, que viajan todos los días en los siguientes horarios: 6:30 AM; 11:30 AM y 4:30 P.M. Ruta 4: La Soledad, Rio Claro, San Gregorio y Santa Helena, solo viajan los días lunes, sábados y domingos en los horarios: 6:00AM y 1130AM Santa Rita y Santa Ines, viajan todos los días en los horarios: 6:00AM Y 1130 AM San Agustín, San Pedro Santa Rita, viajan los sábados y los domingos en los horarios: 6:00AM Y 11:30AM. Libano, viaja todos los días Andes/Libano a las 6:30 AM y Líbano/Andes a las 8:00 AM.
“[…] Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo Metropolitano, Distrital y Municipal de Pasajeros […]”
“[…] por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Mixto “[…].
“[…] ARTÍCULO 19. El permiso para la prestación del servicio público de transporte se otorgará mediante concurso en el que se garanticen la libre concurrencia y la iniciativa privada sobre creación de nuevas empresas, según lo determine la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Cuando el servicio a prestar no esté sujeto a rutas y horarios predeterminados el permiso se podrá otorgar directamente junto con la habilitación para operar como empresa de transporte […].
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de agosto de 2006; C.P. Martha Sofia Sanz Tobón; número único de radicación 11000102400020040016601 […]”. En el mismo sentido: “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 4 de febrero de 2016; C.P. María Claudia Rojas Lasso; número único de radicación 11001032400020060039400 […]”
Esta precisión por cuanto el fallo a pesar de declarar la nulidad de los actos acusados no accedió a la pretensión de restablecimiento del derecho, decisión frente a la cual no tenía competencia la Sala por no haber sido apelada y, en consecuencia, respecto de esta decisión la sentencia quedó ejecutoriada. Según el fallo en el párrafo 94 se dijo al respecto: “[…] El 12 de agosto de 2011, el alcalde del Municipio de Andes, expidió la Resolución núm. 1660, “[…] POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA UNA DECISIÓN DE LA SALA CONTENCIOSO ADMINSTRATIVA DEL CONSEJO DE ESTADO […]”, en la que se dispuso “[…] ARTÍCULO PRIMERO: Acatar la declaratoria de nulidad de las Resoluciones Nro. 1055 del 12 de agosto de 1995, 1769 de 23 de septiembre de 1996 y 2433 de noviembre de 1996, proferida mediante sentencia del 7 de marzo de 2002 por el Honorable Consejo de Estado, MOTIVO POR EL CUAL SE CANCELA LA HABILITACIÓN OTORGADA A LA COOPERATIVA TRANSPORTADORA ANDINA COOTRASANDINA. ARTÍCULO SEGUNDO: A partir de la expedición del presente acto administrativo se prohíbe a la Cooperativa Transportadora Andina COOTRASANDINA, prestar el servicio para las rutas que fueron adjudicadas bajo el imperio de las Resoluciones Nro.
1055 de 12 de agosto de 1995, 1769 de 23 de septiembre de 1996 y 2433 de 29 de noviembre de 1996 […]. (Subrayas y negritas fuera del texto)
El ente accionado y los terceros intervinientes alegaron que el Tribunal se abrogó el examen de legalidad de un acto que no fue el reprochado en este proceso, al respecto el fallo identificó el siguiente argumento: “[…] Señaló que: “[…] en esta demanda no se demandó la Resolución 1660 de 2011, que cumple la decisión del Consejo de Estado, cualquier apreciación, verbigracia, si tiene efectos de cosa juzgada erga omnes, su obligatorio cumplimiento, etc., se discutiría en tal escenario procesal, y no en este que se discuten solamente la Resolución No. 2150 del 18 de octubre de 2011, […] no se miró el material probatorio, pues se estaba tramitando una Revisión contra aquel fallo, y que apenas fue resuelto en el año 2014[…]. Esta situación fue acogida normativamente en el artículo 88 del CPACA que dice: “[…]PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar […]”. Este examen no procedía en el ámbito de este proceso, como lo hizo el fallo en los párrafos 122 y 123, en los que se consideró que este acto vulneró las normas superiores en que debía fundarse: “[…] Lo anterior, dado que, la cancelación de la habilitación de las empresas de transporte se configura en los siguientes eventos específicos señalados en el artículo 48 de la Ley 336 de 1996; i) cuando se compruebe por parte de la autoridad de transporte competente que las condiciones de operación, técnicas, de seguridad, y financieras, que dieron origen a su otorgamiento no corresponden a la realidad; ii) cuando se compruebe la injustificada cesación de actividades o de los servicios autorizados por parte de la empresa transportadora; iii) cuando en la persona jurídica titular de la empresa de transporte concurra cualquiera de las causales de disolución contempladas en la ley o en sus estatutos; iv) cuando la alteración del servicio se produzca como elemento componente de los procesos relacionados con el establecimiento de tarifas, o como factor perturbador del orden público, siempre que las causas mencionadas sean atribuibles al beneficiario de la habilitación; v) en los casos de reiteración o reincidencia en el incremento o disminución de las tarifas establecidas, o en la prestación de servicios no autorizados, después de que se haya impuesto la multa a que se refiere el literal d), del artículo 49 de esta ley; vi) cuando dentro de los tres años anteriores a aquel en que se inicie la investigación que pudiese concluir con la medida, se haya decretado la suspensión a lo menos en dos oportunidades y, vii) en todos los demás casos en que se considere motivante, que la infracción presenta signos de agravación en relación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo, teniendo en cuenta los efectos nocivos ocasionados a los usuarios y a la comunidad, ninguno de los cuales se configuró en el presente asunto. Por lo expuesto, la Sala observa que no era procedente justificar la autorización temporal de los vehículos afiliados a COOTRASANDINA con fundamento EN UNA SUPUESTA CANCELACIÓN DE LA HABILITACIÓN, POR CUANTO LA MISMA NO SE DIO COMO CONSECUENCIA DE LOS EVENTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY 336 DE 1996 sino en virtud de una sentencia de la Corporación que declaró la nulidad de la licencia de funcionamiento de la cooperativa […]”.
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