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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-31-000-2014-00008-01

Fecha
18 de agosto de 2022
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodriguez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-31-000-2014-00008-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Modificar el ordinal primero de la sentencia apelada. En su lugar: Primero. De oficio, se declara probada la excepción de inexistencia de la demandante, por ausencia de capacidad de la sociedad Inversiones Los Mangos Ltda. para comparecer al proceso en calidad de parte. 2. En lo demás, confirmar la providencia. 3. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 05001-23-31-000-2014-00008-01

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez

18 de agosto de 2022

Radicado: 05001-23-31-000-2014-00008-01 (25114)
Demandante: Inversiones Los Mangos Ltda. Liquidada

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-31-000-2014-00008-01 (25114)
Demandante: Inversiones Los Mangos Ltda. Liquidada
Demandado: Municipio de Medellín

Temas: Impuesto predial unificado. Sociedad liquidada. Inexistencia de la parte
demandante.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia
del 20 de junio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que decidió
(f. 630 cp2):

Primero. De oficio, se declara probada la excepción de inepta demanda, por ausencia de capacidad
de la sociedad Inversiones Los Mangos Ltda. para comparecer al proceso en calidad de parte, acorde
con las consideraciones expuestas en la parte motiva.

Segundo. En consecuencia, se inhibe para pronunciarse de fondo frente a las pretensiones de
demanda.

Tercero. Sin condena en costas

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

En la Factura nro. 011907 el municipio demandado liquidó para dos inmuebles el IPU
(Impuesto Predial Unificado) del primer trimestre de 2003, a cargo de la extinta sociedad
demandante, que para entonces había sido liquidada. El recurso de reposición y de
apelación interpuesto por quien fungió como liquidador fue rechazado por improcedente
con el Oficio nro. UJ-939, del 14 de mayo de 2003 (f. 194 cp1).

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda1

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 85 del CCA (Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 1984), la
demandante formuló las siguientes pretensiones (ff. 455 y 456 cp2):

1.1 Que se declare nula la liquidación del impuesto predial implícita en la cuenta manual número
1
En auto del 02 de agosto de 2017, el tribunal admitió parcialmente la reforma de la demanda en lo atinente a las pruebas adicionadas.
Rechazó la inclusión de pretensiones y de demandantes (ff. 584 a 587 cp2).

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Radicado: 05001-23-31-000-2014-00008-01 (25114)
Demandante: Inversiones Los Mangos Ltda. Liquidada

011907, código de propietario 9300407327, correspondiente al primer trimestre del año 2003, por la
suma de $45.067.238 a cargo de Inversiones Los Mangos Ltda., referida a los predios con matrículas
inmobiliarias números 001-214384 y 001-214385.

1.2 Que consecuentemente con motivo de la nulidad de la liquidación del impuesto predial implícita
en dicha cuenta manual, se declare que Inversiones Los Mangos Ltda., sociedad que se encontraba
liquidada para el momento en que se expidió la cuenta, no debía al municipio de Medellín la suma
de $45.067.238 por el primer trimestre del año 2003, ni hay lugar a la liquidación de interés alguno
sobre dicha suma.

1.3 Que se ordene al municipio de Medellín a que, consecuentemente con la nulidad de la factura
impugnada, deje sin ningún efecto las demás facturas y las facturaciones que consecuentemente
haya podido producirse en relación con la liquidación del impuesto que se impugna.

1.4 Que consecuentemente con la nulidad del acto y habida cuenta de que la obligación que al decir
del municipio de Medellín existía a cargo de Inversiones Los Mangos Ltda. hubo de ser cancelada
por esta sociedad, se condene al municipio de Medellín a devolver las sumas de dinero que por
concepto del impuesto predial en relación con la suma que se facturó en la cuenta manual 011907 a
la cual se alude la pretensión primera de la demanda, debió pagar Inversiones los Mangos Ltda. las
siguientes sumas de dinero: la suma de $188.280.938, que pagó la sociedad Inversiones Los
Mangos Ltda. al municipio de Medellín el día 26 de mayo de 2006 y la suma de $2.350.091 que pagó
la sociedad Inversiones Los Mangos Ltda. al municipio de Medellín el día 26 de junio de 2006.

1.5 Que se ordene que el reembolso de dichas sumas debe realizarse por parte del municipio de
Medellín a la sociedad Inversiones Los Mangos Ltda. por intermedio del señor liquidador,
debidamente ajustado al IPC, desde la fecha de los respectivos pagos hasta la fecha en que quede
en firme la decisión judicial.

1.6 En el evento de no ordenarse el reajuste conforme al IPC, deberá ordenarse un reajuste de
acuerdo con la fórmula pertinente que considere el despacho.

1.7 Habida cuenta que Inversiones Los Mangos Ltda. es una sociedad disuelta y liquidada y se
encontraba liquidada para el momento en que se presentó la demanda e incluso para el momento
en que se expidió la cuenta manual número 011907, la sentencia deberá declarar que el pago a que
fuere condenado el municipio de Medellín deberá ser realizado a nombre de Inversiones Los Mangos
Ltda. y/o del señor liquidador de la misma (…), previa acreditación de dicha calidad y/o el suscrito
como apoderado judicial de la demandante (…).

A los anteriores efectos, invocó como normas violadas los artículos 317 de la
Constitución; 32 y 35 del CCA; y 17 y 35 del Decreto 710 de 2000, bajo el siguiente
concepto de violación (ff. 485 a 495 cp2):

Expuso que en un proceso de actualización catastral la autoridad municipal aclaró que
mantenía la propiedad de dos inmuebles que estaban inmersos en otro identificado con
la matrícula inmobiliaria nro. 214383, motivo por el cual fue expedida a su cargo una
cuenta de cobro del IPU por el año 2003 de los dos inmuebles; que pagó la deuda
mediante la imputación de lo pagado en exceso por las dos personas naturales que eran
propietarias del predio con FMI nro. 214383; y que mediante una segunda cuenta de
cobro se liquidó una nueva deuda del IPU del año 2003 a su cargo. Alegó que su
contraparte actuó sin competencia y que se materializaba un enriquecimiento sin justa
causa porque la autoridad antes había establecido el tributo a cargo y fue pagado.
Recalcó que su contraparte no podía modificar su propio acto para fijar saldos insolutos
de la deuda. Añadió que cuando se profirió la cuenta de cobro la sociedad estaba
liquidada, que el acto no fue motivado y que no tuvo oportunidad para controvertirlo
porque le rechazaron los recursos interpuestos.

Contestación de la demanda

El demandado se opuso a las pretensiones de la demanda (ff. 521 a 536 cp2), para lo
cual aseguró que el acto acusado no correspondía a la liquidación del tributo, sino a un

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Demandante: Inversiones Los Mangos Ltda. Liquidada

documento informativo para hacer el pago del tributo, conforme al artículo 16 del Acuerdo
57 de 2003. Señaló que en esa medida no era pasible de control judicial y que, en el caso
de que se concluyera que era la liquidación demandable, debía observarse que la acción
judicial ya había caducado para cuando se radicó la demanda –i.e. el 30 de septiembre
de 2005–, como quiera que la cuenta de cobro enjuiciada se emitió en 2003. Argumentó
que los cuestionamientos de la actora sobre el tributo a cargo debieron controvertirse
contra la resolución que actualizó la formación catastral de sus predios, en tanto que de
allí deriva la base imponible sobre la cual se determinó la cuota tributaria.

Sentencia apelada

El tribunal se inhibió para resolver de fondo (ff. 617 a 630 vto. cp2), pues constató que la
demandada profirió los actos acusados estando extinta la sociedad. Juzgó que, como no
se estableció un título con una deuda tributaria a cargo de la sociedad antes de su
liquidación, los actos demandados no podían atribuirle responsabilidad alguna. Sin
perjuicio de lo anterior, estimó que la cuenta de cobro es un acto administrativo según
sentencia del Consejo de Estado (exp. 18681, CP: Martha teresa Briceño De Valencia).
Por otra parte, estableció que fue en 2003 que la actora conoció el acto, pues interpuso
recursos que fueren rechazados en oficio expedido el 21 de noviembre de 2003; en esos
términos, la demanda radicada el 30 de septiembre de 2005 había caducado.

Recurso de apelación

La demandante apeló la decisión de primera instancia (ff. 632 a 653 cp2). Sostuvo que
tenía capacidad para promover el juicio contra la cuenta de cobro. Además de reiterar los
sucesos por los que dos de sus predios quedaron inmersos en la matrícula inmobiliaria
21483, expuso que de ese hecho se percató luego de la liquidación definitiva, pero que
al mantener la propiedad sobre los predios no podía entenderse que se haya finiquitado
su personalidad jurídica. Reiteró que la segunda de esas cuentas de cobro, que es la
demandada en este proceso, fue emitida cuando la autoridad ya había determinado la
deuda, siendo que no procedía adicionarla o modificarla; que ese acto no fue motivado y
no pudo controvertirse. Respecto a la caducidad, precisó que no hubo tal término porque
la cuenta de cobro no le fue notificada y porque operó un silencio administrativo negativo
por el rechazo de los recursos interpuestos, que habilitaba la presentación de la demanda
en cualquier tiempo. Por esas mismas razones, aseguró que el tribunal se equivocó al
declarar la caducidad del medio de control frente a las personas naturales propietarias
del inmueble con FMI nro. 21483, quienes se intentaron incluir al reformar la demanda,
pero que el tribunal —mediante auto de admisión parcial de la reforma de la demanda—
rechazó su inclusión como parte demandante al concluir erróneamente que su
intervención ocurriría cuando ya había caducado la oportunidad para demandar.

Alegatos de conclusión

La demandante reiteró sus intervenciones anteriores (índice 44). Ni la demandada, ni el
ministerio público, intervinieron en esta oportunidad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo a los cargos planteados
por la demandante, en calidad de apelante única, contra la sentencia de primera instancia
que se inhibió de resolver de fondo. Por consiguiente, corresponde decidir si la sociedad

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liquidada tiene capacidad jurídica para demandar la cuenta de cobro por el IPU del año
2003 de dos predios, expedida a su cargo, pero con posterioridad a la inscripción de su
liquidación.

2- La apelante aseguró que, aun cuando fue liquidada en 1989, subsistía como propietaria
de dos lotes de terreno inmersos dentro del predio identificado con matrícula inmobiliaria
nro. 21483, que era de propiedad de dos personas naturales, circunstancia que obedecía
a errores en el trámite de adjudicación de un predio, evidenciados en el procedimiento de
actualización catastral. También indicó que debieron reactivarse las fichas catastrales
con la información jurídica, física y económica, lo que produjo que el municipio expidiera
dos cuentas de cobro en las que liquidó el IPU del 2003 a su cargo, por concepto de esos
dos predios. Alegó que la permanencia de esos dos inmuebles a su nombre implicaba
que la liquidación no se hubiere finiquitado, al punto que el liquidador estaba en el deber
de reabrir el trámite para adjudicar esos predios y concluir la liquidación, de acuerdo con
lo que autoriza el artículo 27 de la Ley 1429 de 2010. En su criterio, por estas vicisitudes,
el tribunal se equivocaba al restarle capacidad jurídica para promover la presente acción
judicial. Acerca de la caducidad analizada tangencialmente por el tribunal —ya que no
fuere declarada en la parte resolutiva— se refirió a que la cuenta de cobro no le fue
notificada y al rechazarse por improcedentes los recursos interpuestos ocurrió un silencio
administrativo negativo que la habilitaba para demandar en cualquier tiempo. También
reprochó que el tribunal haya determinado la caducidad del medio de control, respecto
de las dos personas naturales propietarias del inmueble con FMI nro. 214383, quienes
se intentaron incluir como parte actora en el escrito de reforma de demanda.

En ese orden de ideas, el debate en esta instancia está asociado a establecer si ocurre
en el proceso la inexistencia de la demandante que le impide presentar demanda contra
la cuenta de cobro del IPU de 2003, expedida a su cargo con posterioridad a la inscripción
de la liquidación de la sociedad. Superado ese juicio, solo de ser procedente, la Sala se
referiría a la caducidad del medio de control que el tribunal analizó frente a la pretensión
de nulidad de la demandante. Con todo, no se atenderán los cuestionamientos que la
apelante reproduce en el escrito de apelación y en las alegaciones finales, relativas a su
oposición a la decisión del 02 de agosto de 2017, en la que el a quo determinó que no
aceptaría la inclusión como parte demandante a las dos propietarias del inmueble con
FMI nro. 21483 (ff. 584 a 587 cp2). Esa decisión cobró ejecutoria; tanto que al respecto
la apelante promovió en segunda instancia un incidente de nulidad que fue desestimado
por el despacho sustanciador en auto del 10 de febrero de 2022 (índice 21) y, tras
recurrirse, fue confirmado en providencia del 18 de marzo de 2022 (índice 32). No le es
dable a la apelante reabrir una discusión finiquitada y en firme.

3- Para dirimir la litis se reiterará, en lo pertinente, lo juzgado sobre supuestos fácticos y
jurídicos análogos al que se controvierte en esta segunda instancia, en las sentencias del
21 de mayo de 2015 y del 16 de noviembre de 2016, exps. 20549 y 20131, CP: Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas; del 07 de marzo de 2018, exp. 23128, CP: Stella Jeannette
Carvajal Basto; del 23 de agosto de 2018 y del 29 de abril de 2020, exps. 23560 y 24521,
CP: Milton Chaves García; del 04 de abril de 2019 y del 27 de agosto de 2020, exps.
24006 y 23564, CP: Julio Roberto Piza; y del 10 de junio de 2021, exp. 24642, CP: Milton
Chaves García, entre otras providencias dictadas por la Sección, en las que se ha tenido
en consideración lo siguiente:

3.1- El artículo 633 del CC (Código Civil, Ley 84 de 1873) dispone que las personas
jurídicas tendrán capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones, para lo cual
serán representadas judicial y extrajudicialmente. Dada esa capacidad, el artículo 54 del
CGP (Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012) establece que las personas

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jurídicas comparecerán al proceso judicial mediante sus representantes, con observancia
del derecho de postulación que exija la ley para promover las acciones judiciales; pero la
declaratoria de disolución de una sociedad comercial conlleva la cesación de la capacidad
jurídica para desarrollar el objeto social, por lo cual las actuaciones posteriores tenderán
únicamente a la liquidación del patrimonio social y a la intervención en las distintas
actuaciones correspondientes, incluidas las de promover o contestar demandas judiciales
a través del liquidador que haya sido designado (artículos 227 y 228 del CCo). Sobre la
última circunstancia, el artículo 847 del ET prescribe que una vez que la sociedad entra
en causal de disolución, el representante legal debe darle aviso a la autoridad tributaria
dentro de los diez días siguientes y provisionar lo concerniente para saldar las deudas de
plazo vencido con la Hacienda Pública, siguiendo la prelación de créditos fiscales fijada
en el artículo 242 CCo, so pena de constituirse como responsable solidario de las deudas
tributarias insolutas.

3.2- Las anteriores premisas han llevado a la Sala a concluir, en los precedentes citados,
que, si se expiden los actos administrativos preparatorios y/o definitivos cuando ya se ha
liquidado la sociedad, no será posible promover acción alguna en nombre de la entidad
extinta para obtener su anulación, porque la sociedad carece de capacidad jurídica para
contraer las obligaciones que en ellos se determinen y para promover acciones judiciales.
De modo que si los ex socios, ex revisores fiscales y ex liquidadores instauran acciones
judiciales contra aquellos actos, carecerán de legitimación en la causa por activa, como
quiera que no tendrían legitimidad para obtener su nulidad; sin perjuicio de que sí puedan
demandar el acto administrativo que la autoridad conforme en contra de esas personas
por el incumplimiento de sus deberes legales, debido a que afectan derechos subjetivos.
En esa medida, la autoridad tributaria solo podrá conformar obligaciones a cargo de las
personas que sí pueden contraerlas (sentencias del 27 de agosto de 2020, exp. 23564,
CP: Julio Roberto Piza Rodríguez; y del 10 de junio de 2021, exp. 24642, CP: Milton
Chaves García).

3.3- En el sub lite, son hechos ciertos, no controvertidos por las partes, que la sociedad
Inversiones Los Mangos Ltda. fue liquidada según consta en la Escritura Pública nro.
5492, del primero de diciembre de 1989, de la Notaría 6.º del Círculo de Medellín, inscrita
en la Cámara de Comercio el 21 de diciembre de 1989, en el libro 9, folio 1294, anotación
nro. 10344 (f. 1 cp1); y que la cuenta de cobro nro. 011907 fue emitida en el curso del
año 2003 para cuando la sociedad ya estaba liquidada (f. 4 cp1). Si bien, plantea la parte
recurrente que el artículo 27 de la Ley 1429 de 2010 habilita la adjudicación adicional de
bienes no repartidos en el trámite de la liquidación de la sociedad con posterioridad a la
rendición de la cuenta final, ello no significa que reviva la capacidad jurídica de la extinta
sociedad para promover acciones judiciales. La Superintendencia de Sociedades se
pronunció en este sentido en el Oficio nro. 220-000180, del 03 de enero de 2019.

3.4- Considerando la inexistencia del obligado principal como sujeto de derechos y
obligaciones para el momento en que fue emitida la cuenta de cobro demandada, este
acto carece del alcance para determinar consecuencias adversas a la extinta sociedad y
a los responsables solidarios o subsidiarios.

3.5- Además, es pertinente recalcar que el ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho exige que la pretensión de anulación de los actos
administrativos la reclame la parte procesal titular del derecho subjetivo presuntamente
vulnerado, en quien debe concurrir la capacidad jurídica para ser parte. De modo que es
un presupuesto procesal en este medio de control, que quien intervenga como parte
actora preexista a la presentación y admisión de la demanda.

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3.6- Por consiguiente, al tenor del ordinal 3.º del artículo 100 del CGP, se encuentra
configurada la inexistencia del demandante y, en ese orden, la Sala modificará el ordinal
primero de la providencia recurrida en aras de declarar probada oficiosamente este medio
exceptivo y mantendrá la decisión de inhibirse para resolver de fondo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Modificar el ordinal primero de la sentencia apelada. En su lugar:

Primero. De oficio, se declara probada la excepción de inexistencia de la demandante, por ausencia
de capacidad de la sociedad Inversiones Los Mangos Ltda. para comparecer al proceso en calidad
de parte.

2. En lo demás, confirmar la providencia.

3. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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