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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-31-000-2017-00012-01

Fecha
21 de agosto de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-31-000-2017-00012-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 Radicación: 05001233100020170001201 (1535-2023) Primero. Revocar la sentencia del catorce (14) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de Antioquia. En consecuencia, se dispone: Segundo. Negar las pretensiones de la demanda interpuesta, por las razones explicadas en la parte considerativa de esta providencia. Tercero. Sin condena en costas en ambas instancias. Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-31-000-2017-00012-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

21 de agosto de 2024

Radicación: 05001233100020170001201 (1535-2023)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 05001-23-31-000-2017-00012-01 (1535-2023)
Demandante: Teresa de Jesús Rojas Guzmán
Demandado: E.S.E. Hospital San Rafael de Yolombó y Cooperativa de Trabajo
Asociado C.T.A. Cooptrasonal.
Tema: Relación laboral encubierta. Cooperativas de trabajo asociado-
Instrumentadora quirúrgica. REVOCA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante y la E.S.E.
Hospital San Rafael de Yolombó, contra la sentencia proferida el catorce (14) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
por medio de la cual se concedieron parcialmente las pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora Teresa de Jesús Rojas Guzmán instauró demanda, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en
contra de la E.S.E. Hospital San Rafael de Yolombó y de la Cooperativa de Trabajo
Asociado C.T.A. Cooptrasonal, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del Oficio 721 del 16 de julio de 2010, por medio del cual
se negó el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones
dejadas de percibir.

A título de restablecimiento del derecho, que se declare que existió un vínculo
laboral desde el 23 de septiembre de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2009.

Que, como consecuencia, se condene de manera solidaria a las demandadas a
pagar los salarios de agosto y de septiembre de 2009 con inclusión de los intereses
de mora, las prestaciones sociales y los conceptos extralegales reconocidos en la
Convención Colectiva de Trabajo vigente entre el sindicato ANTHOC y el centro
médico demandado.

Que reembolsen los aportes que realizó a la seguridad social, asuman las
cotizaciones de salud, pensión, riesgos profesionales y parafiscales no realizadas
durante toda su vinculación y cancelen las indemnizaciones por despido
injustificado y por la mora en el pago de las cesantías.
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Que las demandadas paguen los intereses de mora y las costas procesales.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que prestó sus servicios a la E.S.E. Hospital San Rafael de Yolombó, como
instrumentadora quirúrgica, desde el 23 de septiembre de 2008 hasta el 21 de
septiembre de 2009, a través de la cooperativa de trabajo asociado C.T.A.
Cooptrasonal.

Que, posteriormente, entre el 21 de septiembre y el 31 de diciembre de 2009 su
vinculación fue directamente con la entidad, por medio de un contrato de prestación
de servicios.

Que ejecutó sus funciones de manera subordinada, bajo las órdenes y
requerimientos del gerente y de los demás jefes, entre estos, la jefe de cirugía, quien
administraba los cuadros y horarios de turnos; la subdirectora científica y la
encargada de la oficina de atención al usuario.

Que atendió un horario de nueve horas diarias, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y debía
tener disponibilidad las veinticuatro horas para la atención, ejercicio y operatividad
médica especializada y en urgencias, en el área de cirugía y atenciones quirúrgicas.

Que renunció por la falta de pago de los salarios de agosto y septiembre de 2009.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

El 1 de abril de 2014 se admitió la demanda por el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Medellín y notificada a las demandadas, quienes señalaron lo
siguiente:

La E.S.E. Hospital San Rafael de Yolombó indicó que la demandante no estuvo
vinculada a la planta de personal de la entidad, sino que prestó sus servicios a través
de varias empresas y modalidades de contratación, entre esas, como asociada de
la cooperativa Cooptrasonal, con quien la entidad suscribió un contrato de
outsourcing para la gestión de personal administrativo y asistencial.

Que los aspectos relativos a la ejecución de las labores de la actora, entre esas,
horarios, funciones y pagos o compensaciones por la prestación del servicio
estuvieron a cargo de la cooperativa, sin injerencia de la entidad.

Que desconoce si la demandante estuvo afiliada a una asociación sindical y, de esta
manera, si tiene derecho a los beneficios de la convención colectiva de trabajo que
enuncia.

Propuso como excepciones la prescripción, caducidad de la acción, falta de causa
petendi, falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación,
temeridad y mala fe.

La Cooperativa de Trabajo Asociado C.T.A. Cooptrasonal señaló que debía
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tenerse por cierto que la señora Rojas de Guzmán fue asociada desde el 23 de
septiembre de 2008 hasta el 21 de septiembre de 2009.

Que no le constan los hechos y aseveraciones de la demanda y la configuración de
la relación laboral es un aspecto que la parte demandante debe probar. Que lo único
cierto es que la actora debía cumplir con el contrato cooperativo.

Propuso las excepciones de caducidad, inexistencia de la obligación, buena fe,
prescripción, falta de legitimación en la causa, temeridad manifiesta e indebida e
incorrecta individualización de las pretensiones.

El veintiuno (21) de noviembre de dos mil catorce (2014) el Juzgado de
conocimiento incorporó y decretó las pruebas del proceso; posteriormente, en
diligencia del cuatro (4) de febrero de dos mil quince (2015), practicó el interrogatorio
de la parte demandante. Finalmente, el veintisiete (27) de julio del último año citado
corrió traslado a las partes para que presentaran los alegatos.

A través de providencia del trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017) el Juzgado
que había asumido el proceso en virtud de una medida de descongestión para la
jurisdicción de lo contencioso administrativo del Consejo Superior de la Judicatura,
declaró su falta de competencia funcional, en razón a la cuantía.

El quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018) el Tribunal Administrativo de
Antioquia avocó conocimiento del asunto y, luego, dictó sentencia, la cual fue
apelada dentro del término oportuno por la demandante y la entidad demandada
Cooperativa de Trabajo Asociado C.T.A. Cooptrasonal.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del catorce (14) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), accedió parcialmente a las pretensiones,
considerando que se acreditó que la demandante prestó sus servicios a la E.S.E.
Hospital San Rafael de Yolombó entre el 1 de abril y el 15 de septiembre de 2009.

Que solo existía certeza de la vinculación de la actora a la entidad en ese período,
pues, aunque se aportó el convenio de trabajo asociativo suscrito el 1 de octubre de
2008 entre la señora Rojas Guzmán y la cooperativa Cooptrasonal, lo cierto era que
el contrato de prestación de servicios de procesos y subprocesos asistenciales entre
esta última y la E.S.E. solo estuvo vigente entre el 1 de abril y el 15 de septiembre
de 2009. Que no se acreditó la incorporación de la actora a un proceso de selección
diferente previo o posterior.

Que las declaraciones daban cuenta de que la demandante recibía órdenes de la
entidad hospitalaria, que estaba sujeta a la jornada laboral propia de los empleados
de la entidad y no tenía autonomía ni independencia en su labor al estar supeditada
a los directivos. Que los testigos tenían plena credibilidad, al tratarse de empleados
de la planta de personal de la E.S.E.

Que, a partir de la prueba testimonial, podía concluirse que la demandante prestó
sus servicios a la entidad, a través de la intermediación irregular de la cooperativa
de trabajo asociado, recibió una remuneración económica a cambio y se presentó
una subordinación o dependencia.
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Que no operó la prescripción extintiva, porque transcurrieron menos de tres años
entre la finalización de la vinculación de la demandante y la reclamación
administrativa, teniendo en cuenta que el contrato finalizó el 15 de septiembre de
2009 y la petición encaminada a obtener el reconocimiento de la relación laboral y
el consecuente pago de los emolumentos salariales y prestaciones se presentó el 5
de junio de 2010.

Declaró la nulidad del acto administrativo demandado y la existencia de una relación
laboral entre las partes y, ordenó a las demandadas, reconocer las prestaciones
sociales causadas desde el 1 de abril y el 15 de septiembre de 2009, debiendo
liquidarse con base en la compensación pactada en el contrato para el cargo de
instrumentadora quirúrgica del 2009.

Dispuso que las accionadas debían tomar el ingreso base de cotización pensional
de la demandante durante el tiempo de vinculación, y de existir diferencia entre los
aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión
solo en el porcentaje que les correspondía como empleadores.

Negó las demás pretensiones y no condenó en costas.

RECURSO DE APELACIÓN

La E.S.E. Hospital San Rafael de Yolombó interpuso recurso de apelación y
manifestó que no tuvo ningún vínculo laboral con la demandante pues, aquella
prestó sus servicios como instrumentadora quirúrgica como asociada de la
cooperativa de trabajo Cooptrasonal, sin recibir ninguna orden o instrucción de la
entidad.

Que el hospital contrató los procesos y subprocesos asistenciales y administrativos
con varias empresas, entre ellas Cooman y Cooptrasonal, en la modalidad de
outsourcing, de acuerdo con las necesidades y requerimientos del sector, dentro de
los parámetros legales permitidos.

Que la actora suscribió un contrato de trabajo con la cooperativa y, es esta quien
debe responder por los salarios y prestaciones reclamadas.

La parte demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia, en aquellos
aspectos en los que le fue desfavorable. Afirmó que probó a través del interrogatorio
y los testimonios que el vínculo con la demandada se mantuvo hasta el 31 de
diciembre de 2009.

Que es procedente el reconocimiento de la prima de servicios y los pagos
extralegales reconocidos por la E.S.E. en la Convención Colectiva de Trabajo,
porque tienen carácter salarial y son recibidos en forma periódica; además, se
encuentran revestidos del principio de legalidad y la confianza legítima.

Que el reconocimiento del encubrimiento de la relación laboral trae como
consecuencia para la entidad el pago de las prestaciones sociales y la
indemnización por la omisión en el reconocimiento de aquellas. De esta manera, es
viable la indemnización por la mora en el pago de las cesantías y por el despido
indirecto, el cual fue motivado por la no cancelación de salarios.
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TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Por auto del once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023), se admitió el recurso
de apelación. Se dio traslado por el término de 10 días para la presentación de los
alegatos de conclusión y, posteriormente se corrió el mismo término para el
Ministerio Público.

La parte demandada insistió en que no tuvo ningún vínculo con la demandante y,
en que esta prestó sus servicios como instrumentadora quirúrgica en virtud del
contrato asociativo que suscribió con Cooptrasonal.

Que sus contratos con la cooperativa citada no desbordaron los parámetros legales
ni puede entenderse la existencia de una intermediación ilegal, ya que atendió los
límites de la contratación, no dio lugar a la configuración de la subordinación y
empleó los servicios de manera esporádica y bajo la coordinación necesaria con la
empresa.

La parte demandante guardó silencio. El Agente del Ministerio Público no rindió
concepto.

Se decidirá la controversia, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala determinará si se acreditó la existencia de un vínculo entre las partes
derivado de la prestación de servicios profesionales y, en caso afirmativo, si se
encubrió una relación laboral y, como consecuencia, la actora tiene derecho al
reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con ocasión de esa
situación.

En caso de salir avante el cuestionamiento anterior, se estudiará el desacuerdo de
la demandante relativo al reconocimiento de las indemnizaciones por mora en el
pago de las cesantías, despido injustificado y los conceptos convencionales
reclamados. Finalmente, si hay lugar o no a la condena en costas en segunda
instancia.

Marco normativo y jurisprudencial

Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.

El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la Ley
80 de 1993 artículo 32.3, el cual dice:

«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».

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En los contratos de prestación de servicios, se requiere que la prueba de la relación
contractual sea palmaria, es decir, que se pueda determinar con claridad si entre la
actora y la entidad demandada existía un verdadero contrato de prestación de
servicios, o por el contrario una relación de tipo laboral, que es la que procede a
analizarse.

La relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que
debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de dependencia o
subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, a su vez, el elemento
de la remuneración.

Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación laboral
ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la sentencia
C-154 del 19 de marzo de 1997 de la Corte Constitucional, que expresa claramente
las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación de servicios, dice al
respecto:

«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de
prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure
se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada
subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo.

En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente
desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el
elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad
de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son
bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias
y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como
por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina
la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en
el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la
administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a
prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la
existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la
actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a
quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada,
así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio,
se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones
sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación
de servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del
contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los
servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios
profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo». (Negrillas para
resaltar).

De acuerdo con lo anterior, se colige que es la subordinación o dependencia el
elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de
trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de
servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al
pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad
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sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la
Constitución.

Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del
concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), en el proceso radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-
01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, con ponencia del consejero RAFAEL FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS, en los siguientes términos:

«2.3.3.2. Subordinación continuada

102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la
subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de
servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el
cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de
trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación
del servicio.2

103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida- ha
considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias que
permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las siguientes:

104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado
por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo,
ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones
tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por
lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las
modalidades permitidas para los empleados de planta.

105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición
de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista
subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea
simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en
el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la incorporación de
jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del
cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia
de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en
función del objeto contractual convenido.

106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien
sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de
reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,3 la
dirección y control efectivo de las actividades del contratista constituye uno de
los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de
la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su
inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de
manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las
condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así,
cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia,
imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje
de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.

107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio
personal contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización
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de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma
permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser
indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente,
siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan todos los
elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor
demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona
que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes
perentorias y de obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá
acreditar, además de la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada
se enmarca en el objeto misional de la entidad.

108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de actividades
o funciones propias de una carrera profesional liberal (como en este caso la de
abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación laboral, pues, en la
práctica, tales actividades son requeridas frecuentemente para satisfacer el
objeto misional de la entidad. En cambio, la existencia del contrato de prestación
de servicios sí exige que las funciones del contratista sean desarrolladas con
un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la necesidad de coordinación con
la entidad contratante que, en ningún caso, puede servir de justificación para
ejercer comportamientos propios de la subordinación laboral.

(…)

3.1.4. Unificación del sentido y alcance de la expresión «término
estrictamente indispensable» del numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80
de 1993.

131. La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, para celebrar contratos de prestación de servicios cuando las actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados, es
esencialmente temporal; por lo tanto, este tipo de contratos, cuando se
suscriben con personas naturales, no pueden concatenarse indefinidamente en
el tiempo.

132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable», al que
alude la referida norma, tiene lugar en la fase precontractual, pues es en esta
donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de
los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para
su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el tiempo
necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este debe estar sujeto
al principio de planeación, que encuentra su manifestación práctica «en la
elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio jurídico, pues
es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones que
justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de
servicios».

133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de ejecución de
los contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas situaciones imprevistas que
exijan su prórroga; por lo cual, en algunos casos, el tiempo estimado, ab initio,
como «el ajustado enteramente a la necesidad», puede resultar insuficiente. En
cualquier caso, las mismas razones que en su momento justificaron la
planeación del contrato inicial y la suscripción de los contratos modificatorios
del plazo de ejecución, deben encontrar soporte en los mencionados estudios
previos.

134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del «término
estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente
estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de
acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos,
representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla a
cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se derivan,
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sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan acordarse para
garantizar su cumplimiento.”.(subrayas del texto original).

Corresponde, además por regla general a la parte actora demostrar, que en la
ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una relación
laboral como son: una actividad personal, un salario y la subordinación. Así lo
ha consignado la jurisprudencia del Consejo de Estado en varias oportunidades:

“41. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia
laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del
empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones entre los
servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir
esa carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un
contrato de prestación de servicios.

42. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la presunción
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del acto
administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que se
prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad personal
del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del trabajador y (iii)
remuneración como retribución del trabajo prestado, para que se pueda
configurar un contrato de trabajo.»1.

Corolario de la relación empleador-trabajador, es el nacimiento de la obligación por
parte del primero, de cancelarle al segundo, beneficios inherentes a su calidad, tales
como las prestaciones sociales.

Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por ello
se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.

Cooperativas de trabajo asociado

De conformidad con la Ley 79 de 1988 y el Decreto 4588 de 2006, las cooperativas
son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector de la economía
solidaria, que vinculan el trabajo personal de sus asociados, quienes a su vez son
gestores, contribuyen económicamente a la cooperativa y aportan directamente su
capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades económicas, profesionales o
intelectuales, esto con la finalidad de producir bienes en común, prestar servicios o
ejecutar obras para satisfacer las necesidades de los asociados y de la comunidad
en general.

Frente a las cooperativas de trabajo asociado, la corporación 2 ha sostenido que a
aquellas les está prohibido disponer del trabajo de los asociados para suministrar
mano de obra temporal a terceros o remitirlos como trabajadores en misión y
permitir que respecto de los asociados se generen relaciones de subordinación o
dependencia con los contratantes.

Resolución al caso concreto

1 Sentencia del 28 de octubre 2021. Consejero Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Radicación
número: 68001-23-33-000-2015-00393-01(3755-17).
2 Ver entre otras, las sentencias del 20 de abril de 2023, expediente 66001233300020120015301 (2277-2016)

y del 30 de junio de 2022, expediente 66001233300020140040301.
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Radicación: 05001233100020170001201 (1535-2023)

De conformidad con las pruebas, se puede establecer:

Que entre la señora Teresa de Jesús Rojas Guzmán y la Cooperativa de Trabajo
Asociado Cooptrasonal existió un convenio de trabajo cooperativo 3, con el objeto de
prestar el servicio de instrumentadora quirúrgica, en la E.S.E. Hospital San Rafael
de Yolombó. El inicio del convenio fue el 1 de octubre de 2008, por un término
indefinido.

Que la E.S.E. Hospital San Rafael de Yolombó suscribió un contrato de prestación
de procesos y subprocesos asistenciales 4 con la Cooperativa de Trabajo Asociado
Cooptrasonal. El plazo de ejecución fue de seis meses, a partir del 1 de abril y hasta
el 30 de septiembre de 2009. El objeto del acuerdo fue:

«Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad los procesos y
subprocesos administrativos y asistenciales de acuerdo con la oferta y demanda
del servicio en la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Yolombó,
necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la
empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud a
través del trabajo personal de sus asociados tales como: administrativos:
archivo, cartera y facturación, sistemas, atención al usuario, aseo y lavandería,
portería, mantenimiento, almacén y b) asistenciales: auditoria en salud, archivo
clínico, urgencias, consulta externa, consulta especializada, salud oral,
promoción y prevención, psicología y trabajo social, hospitalización estancia
general, bloque quirúrgico, laboratorio clínico, imagenología, rehabilitación y
terapias, farmacia y servicio de ambulancias».

Que, mediante Otrosí N°. 004 del 11 de junio de 2009, se amplió el plazo de
ejecución del contrato de prestación de procesos hasta el 31 de diciembre de 2009 5.

En relación con el periodo de la vinculación, se observa que la actora suscribió el
convenio asociativo con el propósito de prestar sus servicios como instrumentadora
quirúrgica en la entidad hospitalaria demandada, a partir del 1 de octubre de 2008,
cuyo término de ejecución fue indefinido. Se denota también la existencia de un
contrato de prestación de servicios de personal administrativo y asistencial entre la
E.S.E. y la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooptrasonal, cuya ejecución tuvo
lugar entre el 1 de abril hasta el 31 de diciembre de 2009.

Lo anterior, permitiría a la Sala deducir que la demandante prestó sus servicios a la
E.S.E. Hospital San Rafael de Yolombó, a través de la intermediación de la
Cooperativa de Trabajo Asociado Cooptrasonal, como instrumentadora quirúrgica,
entre el 1 de octubre de 2008 y el 31 de diciembre de 2009.

Como se explicó en el capítulo precedente, a las cooperativas de trabajo asociado
les está prohibido remitir a sus trabajadores asociados como trabajadores en misión
de terceros y permitir que se generen relaciones de subordinación con aquellos
receptores de la labor.

Luego, cuando el asociado sea vinculado con un tercero contratante, pero por
órdenes puntuales y estrictas de la cooperativa y del tercero, y pretenda que, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas se reconozca
la existencia de una relación laboral, deberá acreditar que se han consolidado los
elementos propios de la misma.

3 Folios 320 a 322 Cuaderno Principal 1.
4 Folios 112 a 119 Cuaderno 1.
5 Folios 133 y 134.

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Radicación: 05001233100020170001201 (1535-2023)

En ese sentido, atendiendo los argumentos del recurso de apelación de la entidad
demandada, se procederá a examinar la subordinación.

Al respecto, se cuenta con la transcripción de los testimonios rendidos en el proceso
ordinario laboral a cargo del Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó,
decretados como prueba documental en el presente asunto por no cumplir con los
requisitos de la prueba trasladada, y que fueron las tenidas en cuenta por el Tribunal
de origen para acreditar la subordinación; y se tiene, frente a la demandante, lo
siguiente:

El señor Javier Ortiz Santana al preguntársele si conocía a la demandante, indicó:
«No sé quién es».

Por su parte, la señora Sonia Ceballos Vallejo afirmó que conocía a la actora y creía
que prestó sus servicios como auxiliar de enfermería. Que se vinculó a través de la
cooperativa Cooptrasonal, pero desconocía los períodos y la remuneración que
recibía. Que debía cumplir un horario fijado por las directivas del hospital y recibía
un llamado de atención si no cumplía con los turnos asignados.

La señora Martha Graciela Pérez Avendaño, inicialmente, señaló que no la
recordaba y, luego, que creía que había laborado como jefe de enfermería a través
de una cooperativa. Que debía atender las órdenes de la coordinadora científica,
cumplía un horario y debía justificar sus inasistencias.

Finalmente, las señoras Dora Margarita Zabala Gil y Martha Luz Zabala Gil
manifestaron que no la conocían ni recordaban.

La Subsección considera insuficientes las pruebas descritas para acreditar que
durante el tiempo en que la demandante estuvo vinculada con la E.S.E. Hospital
San Rafael de Yolombó, a través de la intermediación de una cooperativa de trabajo,
existió una subordinación o dependencia con la entidad.

Ciertamente, solo dos de los testigos dijeron conocer a la demandante y aunque
aludieron al cumplimiento de un horario y órdenes por parte de la contratista, sus
señalamientos no se corresponden con la realidad del caso, porque afirmaron que
esta se desempeñó en actividades distintas a las de su especialidad profesional y,
solo refirieron, de manera general, que estuvo vinculada a una cooperativa, pero
que no conocían detalles de la situación.

Si bien coinciden en el cumplimiento por parte de la demandante de un horario, este
hecho no es suficiente para concluir que se configuró una relación laboral, menos
aun cuando, las afirmaciones de los testigos no son precisas sobre la labor de la
actora ni el direccionamiento de la entidad hospitalaria demandada de cómo debía
ejecutar y cumplir con sus actividades.

Conviene resaltar que aun cuando en otras oportunidades 6 se ha estudiado la
existencia de una la relación laboral encubierta frente a entidades estatales cuando
aquellas acuden a la intermediación laboral, concretamente, a través de
cooperativas de trabajo asociado, cuando se concluye que existe un vínculo y

6 Ver entre otras, las sentencias del 20 de abril de 2023, expediente 2012-00153-01 (2277-2016); del 28 de

abril de 2022, expediente 2014-00384-01 (2728-2021) y del 27 de abril de 2016, expediente 2012-00241 (2525-
2014).
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Radicación: 05001233100020170001201 (1535-2023)

sometimiento subordinado y, que aquel, ocurre con el tercero contratante de la
labor, en el presente asunto, a partir de las pruebas no logra demostrarse algo más
allá que el vínculo asociativo existente entre la demandante y la cooperativa de
trabajo asociado Cooptrasonal pero no se tiene mayores elementos para determinar
las circunstancias en que se desarrolló dicha relación.

No logra identificarse con precisión si las condiciones y particularidades en que se
suscitó la vinculación de la demandante a la E.S.E. Hospital San Rafael de Yolombó
a través de la cooperativa de trabajo desbordaron las limitaciones o prohibiciones
de tales asociaciones, imposibilitándose, de esta forma, el análisis de si existió o no
alguna clase de intermediación o tercerización laboral ilegal, en los términos
pretendidos en el proceso.

En conclusión, en este caso no se logró demostrar con grado de certeza la presunta
subordinación a la que estuvo sometida la demandante, contrario a lo afirmado en
la sentencia de primera instancia y, por tanto, se revocará la decisión y, en su lugar,
se denegarán las pretensiones invocadas.

Por sustracción de materia, no se estudiarán los argumentos de la apelación
presentados por la parte demandante.

De la condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las
partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A considera que, en las sentencias proferidas a la luz de la nueva
normativa se deberá analizar la conducta realizada por las partes en el proceso,
entre ello, si se presentó o no, carencia de fundamentación jurídica conforme a lo
señalado en el inciso 2º del art. 188 de la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa, a partir del recurso
de apelación, que no se presenta una carencia de fundamentación legal que dé
lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte vencida expuso argumentos
razonables de defensa jurídica de sus intereses, en consecuencia, no se impondrá
condena en costas en ninguna de las instancias.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

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Radicación: 05001233100020170001201 (1535-2023)

Primero. Revocar la sentencia del catorce (14) de septiembre de dos mil veintiuno
(2021) por el Tribunal Administrativo de Antioquia. En consecuencia, se dispone:

Segundo. Negar las pretensiones de la demanda interpuesta, por las razones
explicadas en la parte considerativa de esta providencia.

Tercero. Sin condena en costas en ambas instancias.

Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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