Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2018-00451-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Marco regulatorio de la sobresata bomberil: tributo de destinación
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2018-00451-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-31-000-2018-00451-02
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
3 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 05001-23-31-000-2018-00451-02 (71439)
Demandante: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello
Demandado: Municipio de Bello
Proceso: Medio de control de Reparación Directa
MARCO REGULATORIO DE LA SOBRESATA BOMBERIL – tributo de destinación
específica – DAÑO ANTIJURÍDICO – no se demostró la certeza del daño.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, contra la sentencia de 22 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad, que negó las pretensiones
de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La presente controversia gira en torno al daño concretado en el menoscabo
patrimonial que dice haber padecido el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello
CBVB, por la omisión en que incurrió el municipio de Bello, al no haber destinado la
totalidad de las sumas recaudadas entre 2011 y 2017, por concepto de sobretasa
bomberil, según lo mandaban las Leyes 322 de 1996, 1575 de 2012 y los acuerdos
municipales que crearon el referido tributo de destinación específica.
II. ANTECEDENTES
La demanda
Radicación: 050012333000201800451 01 (71439)
Demandante: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello
Demandado: Municipio de Bello
Asunto: Reparación Directa
El 22 de febrero de 2018, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello Antioquia
presentó demanda, en ejercicio del medio de control de acción de reparación directa
contra el municipio de Bello Antioquia, para que se hicieran las siguientes
declaraciones:
“3.1 DECLARESE QUE EL MUNICIPIO DE BELLO (Antioquia) es responsable
administrativamente por el daño antijurídico causado al demandante, con ocasión del
incumplimiento en el giro completo y oportuno de los dineros recaudados en virtud de
la Ley 322 de 1996 y la Ley 1575 de 2012, dineros que debían girarse en favor del
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BELLO, pero que el MUNICIPIO DE
BELLO (ant) como consecuencia directa de sus acciones y omisiones prescindió
realizar, afectando las finanzas de aquel y generándole perjuicios que deberán ser
reparados.
“3.2.- CONDENESE AL MUNICIPIO DE BELLO (Antioquia), a pagar al demandante
por concepto de Perjuicios Materiales – Luco Cesante, las sumas de dinero que
fueron dejadas de percibir por el CUERPO DE BOMBEROS DE BELLO como
consecuencia de las acciones y omisiones en las que ocurrió (sic) EL MUNICIPIO DE
BELLO (Ant) al no girar los dineros recaudados en virtud de la Ley 322 de 1996 y la
Ley 1575 de 2012, correspondientes a los años de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016 y 2017; ajustadas con base en los índices de precios al consumidor que
correspondan al mes de enero de 2011 y al mes anterior a la ejecutoria de la
providencia que ponga fin a esta solicitud, junto con los intereses comerciales y
moratorios que se causen a partir de tal ejecutoria, sumas que hoy se estiman así:
(Se ruega que si se llegare a probar durante el proceso que el monto económico
adeudado al CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BELLO es mayor al
referenciado, se CONDENE conforme lo probado).
Demandante Ind. Debida Ind. Total hoy
CUERPO DE BOMBEROS $1.405’457.519,13 $1.405’457.519,13
VOLUNTARIOS DE BELLO
“3.3.- CONDENESE AL MUNICIPIO DE BELLLO (Antioquia) a pagar al DEMANDANTE los intereses
dejados de percibir como consecuencia de haberle privado de obtener en el mercado financiero los
rendimientos económicos por la inversión rentable en este medio de los dineros que le correspondían por
Sobretasa Bomberil de los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.
“3.4.- CONDENES AL MUNICIPIO DE BELLO (Antioquia) a pagar al demandante las costas judiciales a
que haya lugar. (Arts. 188 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…)”.
Hechos
Los sucesos relevantes expuestos como base del litigo se concretan a
continuación:
Se indicó en la demanda que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello es una
institución privada sin ánimo de lucro, que según la misión encomendada en las
Leyes 322 de 1996 y 1575 de 2012, presta sus servicios de prevención, atención, y
control de incendios y demás calamidades conexas al área urbana y rural del
municipio.
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Radicación: 050012333000201800451 01 (71439)
Demandante: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello
Demandado: Municipio de Bello
Asunto: Reparación Directa
Adujo el extremo activo que, mediante Acuerdo 009 del 27 de abril de 2011, el
Concejo Municipal de Bello creó la sobretasa bomberil que debía calcularse
tomando como base el 1.5% de los impuestos de industria y comercio y del impuesto
predial unificado, cuyo recaudo estaría a cargo de la Secretaría de Hacienda del
municipio de Bello.
Según ese acto administrativo, la sobretasa se destinaría al funcionamiento,
mantenimiento, dotación, compra de equipo de rescate y nuevas maquinarias, como
al desarrollo social y tecnológico en los campos de la prevención, capacitación,
extinción e investigación de incendios y eventos conexos que atiende el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Bello.
Mediante Acuerdo 009 del 26 de febrero de 2012, el Concejo Municipal de Bello
modificó la decisión del 27 de abril 2011, en el sentido de disponer que el recaudo
se haría sobre la base gravable del 3% del impuesto de industria y comercio y los
dineros recaudados serían trasladados al fondo cuenta denominada
“Fortalecimiento del Programa de Bomberos”.
En el período comprendido entre 2011 y 2017 el municipio de Bello y el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Bello celebraron sendos contratos de prestación de
servicios de prevención, atención y control de incendios y demás calamidades
conexas en el área urbana y rural del municipio de Bello, cuya contraprestación en
favor del particular, en su mayoría, estaba amparada en la asignación presupuestal
nutrida con la cuenta “Fortalecimiento de Programa de Bomberos”.
Esgrimió la parte demandante que, de conformidad con el Acuerdo 024 de 2012 en
el que se presentó el detalle de presupuesto de rentas e ingresos vigencia 2013, el
monto recaudado por el impuesto de industria y comercio ascendía a
$30’954.558.978, por lo que el porcentaje de la sobretasa bomberil equivalía a
$928’636.769, pese a lo cual el municipio de Bello solo destinó para la contratación
con el cuerpo de bomberos la suma de $260’000.000.
Ese mismo ejercicio confrontativo se emprendió en la demanda respecto de las
vigencias 2014, 2015, 2016 y 2017, a la luz del cual sostuvo que en esos años se
dejaron de asignar $28’968.280, $143’561.117, $141’555.537 y $422’735.815,
respectivamente, de lo cual se desprendía que no se destinó para la contratación
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Demandante: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello
Demandado: Municipio de Bello
Asunto: Reparación Directa
con el demandante ascendió a $1.405’457.519,13.
Aunó a lo dicho que, con apego a lo informado por la Contraloría Municipal de Bello
al CBVB, la sobretasa se ha liquidado indebidamente, dado que pese a la
modificación del acuerdo la base del recaudo fue del 1.5%.
Se indicó que la conducta omisiva del ente territorial, consistente en girar al CBVB
la totalidad de los recursos recaudados por virtud de la sobretasa bomberil genera
un riesgo a la población civil, por cuanto entre menos ingresos, menor será la
posibilidad de acceder a equipos y tecnología para mitigarlo, situación que, a su
turno, constituye un enriquecimiento sin causa del municipio, pues no ha respetado
la destinación específica que el ordenamiento jurídico ha otorgado a estos dineros.
Finalmente, se concluyó que los hechos relatados ocasionan un daño antijurídico al
demandante en tanto no se le han entregado los recursos dispuestos para la compra
de maquinaria y para capacitar al personal que presta el servicio.
Trámite procesal relevante de la primera instancia
En auto del 13 de marzo de 2018, el tribunal de origen inadmitió la demanda para
que, dentro del plazo concedido el accionante indicara si lo que buscaba era discutir
la legalidad del Acuerdo 009 del 26 de febrero de 2012 o discutir el incumplimiento
de los contratos de prestación de servicios aludidos en la demanda.
En acatamiento de lo anterior, el demandante allegó escrito oportunamente en el
que precisó que no era su intención pretender la nulidad del acto creador de la
sobretasa bomberil ni de aquel que la modificó, pese a que este último sí introdujo
un cambio desfavorable para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello. Añadió
que tampoco procuraba discutir el incumplimiento de los contratos de prestación de
servicios celebrados por el demandante y el ente territorial.
Precisó que su petitum se circunscribía a solicitar la declaratoria de responsabilidad
administrativa por el daño antijurídico causado por el municipio de Bello con ocasión
del incumplimiento en el giro completo y oportuno de los dineros recaudados en
virtud de la Ley 322 de 1996 y la Ley 1575 de 2012.
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Contestación de la demanda
El municipio de Bello contestó la demanda oportunamente en memorial en el que
manifestó atenerse a lo que resultara probado en el proceso y se opuso a las
pretensiones invocadas. Como razones de la defensa, adujo que no se había
presentado el daño antijurídico alegado, toda vez que el ente territorial había dado
el manejo adecuado a los recursos recaudados por concepto de tasa bomberil, con
apego a la normativa que la regula.
Sostuvo que el municipio procedió al pago de la sobretasa en los porcentajes
establecidos en el acuerdo, calculado sobre lo efectivamente recaudado por
concepto de impuesto de industria y comercio y sus complementarios de avisos y
tableros, según se acreditaba en el certificado de egresos adjuntos.
Discrepó de la interpretación de la parte actora, pues el recaudo no se realizaba
sobre el presupuesto fijado para cada anualidad, sino sobre el valor efectivamente
obtenido por el pago del impuesto de industria y comercio.
Adicionalmente, propuso las excepciones de caducidad, inexistencia de
responsabilidad del Estado, cobro de lo no debido, abuso del derecho, ausencia de
prueba, estimación desproporcionada del monto a compensar y buena fe.
Sentencia de primera instancia
El 22 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las
pretensiones de la demanda.
Partió de precisar que, respecto de la sobretasa bomberil que supuestamente debía
girarse en 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 había operado la excepción de caducidad
del medio de control de reparación directa, formulada por la entidad demandada,
por razones que se ampliarán en acápite posterior.
Dicho esto, delimitó el estudio del asunto al daño consistente en el menoscabo
patrimonial derivado de la omisión en el giro de la totalidad de los recursos
recaudados por sobretasa bomberil durante las vigencias 2016 y 2017, aspecto que,
de acuerdo con lo estimado, debía analizarse desde la óptica de la falla del servicio.
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Acto seguido, abordó el examen concerniente al marco normativo de la sobretasa
bomberil y, específicamente, a las disposiciones que regían esa materia en el
municipio de Bello, al cabo de lo cual se refirió al acervo probatorio.
Al resolver el fondo del caso, puso de presente que la gestión integral del riesgo
contra incendios, atención de rescates e incidentes con materiales peligrosos,
compete a los entes territoriales, de acuerdo con los dictados de los artículos 1° y
3º de Ley 1575 de 2012, sólo que, para la prestación de este servicio público
esencial puede celebrar contratos con los cuerpos de bomberos voluntarios.
De ahí que no pueda entenderse que los recursos procedentes del recaudo de la
sobretasa del 3% sobre el impuesto de industria y comercio y sobre el impuesto de
avisos y tableros en el municipio de Bello para la gestión integral del riesgo, son
para ser entregados directamente al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello.
Consideró que esa interpretación iría en contravía del artículo 355 de la Constitución
Política que prohíbe auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas
de derecho privado.
Bajo esa comprensión, señaló que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello solo
tendría derecho a reclamar del municipio los valores correspondientes a los
contratos suscritos con éste y no el valor aprobado en el presupuesto por concepto
de sobretasa bomberil, ni tampoco la suma recaudada por dicho gravamen.
Precisó que la gestión integral del riesgo comprendía muchas actividades que debe
cubrir el ente territorial, siendo tan solo una de ellas la que queda cubierta con la
participación, previo contrato estatal debidamente suscrito, con el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Bello, amparado con una parte de esos recursos,
quedando a cargo del ente territorial las demás actividades que integran la atención
integral del riesgo contra incendios, la cual podrá emprender por sí mismo, tales
como campañas educativas, adquisición de equipos para las entidades públicas,
dotación de implementos para la prevención de incendios, y muchas otras que no
se puede pretender que deben ser contratadas únicamente con el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios que tenga asiento en la respectiva jurisdicción territorial.
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Radicación: 050012333000201800451 01 (71439)
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Asunto: Reparación Directa
Argumentó que no se evidencia ninguna conducta activa u omisiva de la autoridad
demandada frente al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello que permita endilgar
alguna clase de responsabilidad extracontractual del ente territorial, por no haberle
entregado todo el dinero recaudado año tras año por la sobretasa del 3% sobre el
impuesto de industria y comercio, y sobre el impuesto de avisos y tableros, ante la
inexistencia de un marco normativo que obligue al municipio de Bello a girar
recursos de su presupuesto a dicho Cuerpo de Bomberos Voluntarios, más allá de
que medie algún contrato para ese fin.
Siguiendo ese razonamiento concluyó que no se había configurado la falla en el
servicio por omisión y, por último, se abstuvo de condenar en costas.
Recurso de apelación
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la sentencia con el fin de
que se revocara y se accediera a las súplicas de la demanda.
Como sustento de la impugnación, sostuvo que el a quo no realizó un análisis
correcto del artículo 355 de la Constitución Política ni de los acuerdos que rigen la
sobretasa bomberil.
Al respecto, sostuvo que el solicitar el giro de la totalidad de los recursos recaudados
por concepto de tasa bomberil al demandante no constituía un auxilio o donación
prohibida, dado que la creación de esta sobretasa estaba sustentada en el orden
jurídico y tenía como destinación específica la actividad bomberil a través de la
celebración de contratos, lo que justificaba el traslado de esos dineros al Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Bello, que era el beneficiario de esos recaudos, único
organismo que desempeñaba esa actividad, sin que el municipio pudiera quedarse
con una parte de ellos. No de otra forma se explicaba que la cuenta se titulara
“Fortalecimiento del Programa de Bomberos” y se introdujera el término “bomberil”.
Sumó a lo dicho que, si bien los entes territoriales tenían a cargo obligaciones de
gestión de riesgo, lo cierto es que ello no podía confundirse con la actividad bomberil
que es un componente de aquel.
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Radicación: 050012333000201800451 01 (71439)
Demandante: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello
Demandado: Municipio de Bello
Asunto: Reparación Directa
En cuanto a la caducidad del medio de control, consideró que resultaba desacertado
contar el término de dos años desde el último de los contratos celebrados en cada
anualidad, pues hasta antes de la presentación de la demanda, el demandante no
conocía con precisión los montos reales ingresados al municipio por recaudo de
impuesto de industria y comercio de suerte que no se sabía si el ente territorial sí
estaba girando los montos correspondientes.
Advirtió que confirmar la declaratoria de caducidad equivaldría a avalar la conducta
ilegal de la Administración al permitir que se quedara con recursos económicos que
no le son propios.
Trámite de segunda instancia
El 5 de agosto de 2024, el Despacho sustanciador del proceso admitió la
impugnación.
Como no se decretaron pruebas en esta instancia, no se dio traslado para alegar de
conclusión, de conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 20211.
III. CONSIDERACIONES
I. Régimen procesal del litigio
1.-. Como la demanda se presentó el 22 de febrero de 2018, el régimen aplicable es
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –en
adelante CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA, este código empezó a regir
el 2 de julio de 2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren
con posterioridad a la entrada en vigencia. Adicionalmente, conforme al artículo 306
de este código, en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del
Proceso –en adelante CGP– en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
1 Que entró en vigor a partir de su publicación el 5 de enero de 2021.
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II. Presupuestos procesales
1-. Jurisdicción y competencia
2.- El artículo 104 del CPACA dispone que la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está instituida para juzgar las controversias originadas, entre otras,
en hechos operaciones y omisiones en los que estén involucradas entidades
públicas, al paso que, de acuerdo con el parágrafo, para los efectos de ese Código,
se entiende por entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal, con
independencia de su denominación. En la medida en la que el demandado es el
municipio de Bello, la jurisdicción competente para resolver este litigio es la
Contencioso Administrativa.
Adicionalmente, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para
conocer del presente asunto de conformidad con el articulo 150 CPACA, según el
cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es
competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión2 material mayor
supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 CPACA, esto es,
$390’621.0003.
2.- Medio de control procedente
Al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 del CPACA, la acción de reparación
directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un
hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta
a un contrato estatal o un acto administrativo cuya legalidad no se discute.
En este caso se persigue la declaratoria de responsabilidad del municipio de Bello,
a título de omisión por haber incumplido las normas que establecían la destinación
específica de la sobretasa bomberil y, con ello, haber privado al demandante de
recibir los recursos para optimizar el desarrollo de la actividad a cargo suyo.
2 Estimada en $1.405’457.519.
3 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2018, $781.242, por 500.
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Radicación: 050012333000201800451 01 (71439)
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En los términos expuestos, la acción de reparación directa presentada resulta
procedente.
3.- Caducidad del medio de control
Retomando el estudio de esta cuestión, se advierte que, como fundamento de la
declaratoria de la caducidad del medio de control de reparación directa respecto de
la pretensiones relacionadas con la destinación de la sobretasa bomberil en 2011,
2012, 2013, 2014 y 2015, el Tribunal de primera instancia consideró que, en tanto
su recaudo se realizaba en el momento en el que el impuesto de industria y comercio
y sus complementarios de avisos y tableros fueran pagados, la oportunidad para
impetrar la demanda debía contarse a partir del 1° de enero del año siguiente al
cobro de los recursos correspondientes a dicha sobretasa.
De lo expuesto coligió que el término de los dos años de caducidad, en relación con
la pretensión de reconocimiento y pago de los recursos correspondientes a la
sobretasa bomberil por la anualidad 2011, empezaría a contarse desde el 1° de
enero de 2012, y así sucesivamente en las demás anualidades reclamadas.
Con base en las fechas de celebración de los contratos de prestación de servicios
correspondientes a cada anualidad, el a quo concluyó que había operado la
excepción de caducidad del medio de control de reparación directa respecto de la
sobretasa bomberil que supuestamente debía girarse en 2011, 2012, 2013, 2014 y
2015.
En oposición, el apelante manifestó que resultaba desacertado contar el término de
dos años desde el último de los contratos celebrados en cada anualidad, pues hasta
antes de la presentación de la demanda, no se conocían con precisión los montos
reales ingresados al municipio por concepto de recaudo de los impuestos de
industria y comercio, de suerte que no se sabía si el ente territorial sí estaba girando
los valores correspondientes.
Para resolver el punto en controversia, la Sala empieza por remembrar que, por
mandato del artículo 140 del CPACA, la reparación directa es el conducto procesal
resulta el procedente para demandar “cuando la causa del daño sea un hecho, una
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Demandante: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello
Demandado: Municipio de Bello
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omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de
inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a
una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa
instrucción de la misma”.
En tanto la causa que origina la demanda se identifica con la alegada omisión en el
giro de recursos por concepto de sobretasa bomberil al cuerpo de bomberos
voluntarios, la Sala estima que le asiste la razón al tribunal a quo al considerar que
las reclamaciones por concepto de traslado patrimonial comprendidos en el período
2011 a 2014 se hallaban caducadas, conforme pasa a explicarse:
Se aprecia del contenido del libelo demandatorio, que el accionante estructuró sus
pretensiones económicas bajo la compresión de que durante el período
comprendido entre 2011 a 2017 el municipio de Bello había omitido girar al CBVB
la totalidad de los dineros recaudados a título de sobretasa bomberil, calculado
sobre un porcentaje del impuesto de industria y comercio y complementarios de
aviso y tableros.
El método utilizado4 por el extremo activo para estimar sus aspiraciones económicas
respecto de cada año consistió en tomar en consideración el presupuesto aprobado
4
Así lo sostuvo en los hechos 4.2.26. a 4.2.30:
4.2.26. El Acuerdo 024 del 2012, expedido por el Concejo Municipal de Bello (Ant) en el Anexo No.
1 presenta DETALLE DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS y el PRESUPUESTO
APROBADO DE INGRESOS VIGENCIA 2013 dentro del cual se detallan los siguientes ingresos por
concepto de industria y comercio vigencia actual de $28.140.988.995, por concepto de avisos y
tableros vigencia actual la suma de $2.813.569.986. Lo anterior significa que sumados los dos
conceptos da un total de $30.954.558.978, por lo que por sobretasa bomberil corresponderían un
total de $928.636.768, 34. Pese a lo anterior, el MUNICIPIO DE BELLO (Ant) solo destinó en
contratación con el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BELLO, la suma de
$260.000.000, significando ello que el MUNICIPIO DE BELLO (Ant) omitió reprochablemente asignar
al CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BELLO la suma de $668.636.769,34.
4.2.27. El Acuerdo 021 de 2013 expedido por el Concejo Municipal de Bello (Ant) en el Anexo No. 1
presenta el DETALLE DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014 y el PRESUPUESTO APORBADO
DE INGRESOS VIGENCIA 2014 dentro del cual se detallan los siguientes ingresos por concepto de
industria y comercio la suma de $30.990.038.445, por concepto de avisos y tableros la suma de
$3.208.904.229. lo anterior que sumados los dos conceptos da un total de $34.198.942.674, por lo
que la sobretasa bomberil correspondería un total de $1.025.968.280, 22. Pese a lo anterior, el
MUNICIPIO DE BELLO (Ant.) solo destinó en contratación con el CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE BELLO la suma de $997.000.000, significado ello que el MUNICIPIO DE BELLO
(Ant) omitió reprochablemente asignar al CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BELLO la
suma de $28.968.280,22. (…).
La misma dinámica continuó para las vigencias posteriores enunciadas en la demanda.
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Radicación: 050012333000201800451 01 (71439)
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Asunto: Reparación Directa
por el Concejo Municipal de Bello para la respectiva anualidad, calcular el porcentaje
correspondiente a la sobretasa bomberil con base en los ingresos aprobados en ese
presupuesto por los impuestos de industria y comercio y complementarios de avisos
y tableros.
Luego de obtener la cifra respectiva por concepto de sobretasa bomberil para cada
anualidad, la confrontó con los valores de los contratos celebrados entre el
municipio de Bello y el CBVB en esa misma vigencia -los que según advirtió
comprometían sumas menores que las ingresadas por sobretasa bomberil- y la
diferencia que arrojaba dicha operación constituyó la base cuantitativa de las
súplicas económicas.
Despejado lo anterior, para la Sala no es de recibo plantear que hasta el momento
de presentación de la demanda no se conocía con exactitud el valor recaudado por
el municipio de Bello por sobretasa bomberil.
Es claro que a partir del ejercicio cuantitativo en cuestión, el accionante, año a año,
a medida que se aprobaba el presupuesto de ingresos por el Concejo Municipal de
Bello, tuvo conocimiento de las sumas aprobadas por esa sobretasa y de los valores
comprometidos con cargo a esa fuente de insumos con destino a la contratación
con el Cuerpo Voluntario de Bomberos.
Esta conclusión se fundamenta, además, en el hecho de que, desde el 27 de
septiembre de 2012, mediante oficio CBVB 162 el demandante informó a la
Contraloría de Bello que:
“En un análisis detallado que se realizó desde el Departamento Financiero y
Contable del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello a la sobretasa bomberil
designada por el acuerdo No. 009 de abril 27 de 2011 el cual fue modificado el
día 26 de febrero de 2012 para generar recaudo única y exclusivamente del
impuesto de INDUSTRIA Y COMERCIO y sus complementarios de avisos y
tableros por la tarifa del 3% de la base gravable establecida en el artículo 5 del
presente acuerdo. Hemos encontrado que el valor liquidado durante todo
este tiempo después de la modificación ha sido el uno punto cinco por
ciento 1.5% y no del tres por ciento como lo indica la modificación del
acuerdo (…)5.
5 Folio 10 de los anexos de la demanda, archivo 003 EXPEDIENTE DIGITAL 001.
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Demandante: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello
Demandado: Municipio de Bello
Asunto: Reparación Directa
Nuevamente, en oficio del 21 de octubre de 2014, el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Bello comunicó al secretario de Hacienda del municipio de Bello que
“Hemos encontrado que el valor liquidado durante todo este tiempo después
de la modificación del acuerdo ha sido del Uno punto Cinco (1.5%) y no del
tres por ciento como lo indica la modificación del acuerdo (…)6. Esta
manifestación fue reiterada por el CBVB en oficio del 24 de agosto de 2016 dirigido
al ente territorial en idénticos términos a los anteriores.
De esta manera, surge con claridad que la demandante tenía conocimiento de los
valores recaudados por concepto de impuesto de industria y comercio y sus
complementarios de avisos y tableros en el ente territorial. Se aprecia que, según el
mismo CBVB puso de manifiesto desde 2012 y reiteró en 2014 y en 2016, que
“durante todo el tiempo” existió un error en el cálculo del porcentaje aplicado a la
base gravable.
Salta a la vista que, de no tener conocimiento acerca de las sumas recaudadas,
aunque este no hubiera sido muy preciso, no le habría resultado materialmente
posible establecer que la sobretasa bomberil, de acuerdo con lo manifestado por el
CVBV a la Contraloría y al mismo municipio, no se estaba calculando sobre la base
del 3% del monto ingresado por impuesto de industria y comercio, sino por el 1.5%,
y menos aún que el referido porcentaje no se estaba destinando en su totalidad al
Fondo de Fortalecimiento de Programas de Bomberos, como lo imponía el Acuerdo
municipal 009 de 2011 y 2012.
Concatenado con lo dicho y partiendo de la premisa que, a la luz de lo alegado por
el demandante, el municipio de Bello no destinó los fondos recaudados por
sobretasa bomberil en la misma vigencia en que ingresaron a través de la
celebración de contratos que comprometieran esas sumas, la Sala no acompaña el
razonamiento del a quo conforme al cual la caducidad debía contarse desde la fecha
de la suscripción del último contrato de la vigencia en que se dejaron de destinar los
recursos recaudados por sobretasa bomberil – que en el caso de 2015 ocurrió el 10
de febrero de 2015-.
En su lugar, la Sala estima que los dos años debían contarse al finalizar el respectivo
año, entendido como plazo máximo para que, conforme a la comprensión del
6 Folio 12 de los anexos de la demanda, archivo 003 EXPEDIENTE DIGITAL 001.
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Demandante: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello
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Asunto: Reparación Directa
demandante, debiera realizarse el respectivo giro del dinero correspondiente a la
sobretasa bomberil, o celebrarse los contratos en que correspondían invertirse los
fondos recaudados, dado que esta fue la lógica argumentativa seguida en la
demanda para apoyar sus pretensiones reparatorias.
En ese orden, sobre lo acontecido en 2015, el término inicial para la respectiva
reclamación de lo sucedido en esa calenda iniciaba el 1 de enero de 2016, al paso
que los dos años vencían el 1 de enero de 2018.
Al haberse elevado solicitud de conciliación extrajudicial el 22 de noviembre de 2017
ante la Procuraduría 113 Judicial para asuntos Administrativos, se interrumpió el
término que faltaba por cumplirse -un mes y ocho días-, hasta el 31 de enero de
2018, fecha en que se declaró fallido dicho trámite por ausencia de ánimo
conciliatorio. Al día siguiente se reanudó el término restante que había de vencer el
8 de marzo de 2018.
Por consiguiente, tras instaurarse la demanda el 22 de febrero de 2018, si bien para
entonces ya había operado la caducidad del medio de control frente a lo ocurrido en
2011, 2012, 2013 y 2014, no sucedía lo mismo en tono a las vigencias 2015, 2016
y 2017.
Es con sustento en estas consideraciones que la Sala se aparta de la decisión del
a quo en cuanto declaró la caducidad del medio de control de reparación directa
respecto de las reclamaciones alusivas a la destinación de la sobretasa bomberil en
el 2015, inclusive y confirmará la decisión atinente a la extemporaneidad de la
demanda en lo que hace a las vigencias 2011 a 2014. De ahí que el examen de
fondo se centrará en lo acecido en el lapso comprendido entre 2015 y 2017.
4.- Legitimación en la causa
Por activa
El demandante Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bomberos CBVB se encuentra
legitimado en la causa por activa, en tanto alega que, al tenor de la Ley 1575 de
2012 y los Acuerdos 009 de abril de 2011 y 2012, era el beneficiario del recaudo de
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la sobretasa bomberil cuya destinación específica correspondía a la financiación de
la actividad desplegada por esa organización.
Por pasiva
El municipio de Bello está legitimado en la causa por pasiva, debido a que, en su
condición de ente recaudador, se le ha endilgado responsabilidad derivada del
incumplimiento legal frente al deber de destinar los recursos procedentes de la
sobretasa bomberil en los negocios jurídicos que debía celebrar con el CBVB.
5.- Análisis de la apelación
En orden a abordar al análisis de los cargos formulados por el apelante, la Sala
partirá de referirse al marco regulatorio de la actividad bomberil, para, luego,
adentrarse en el estudio del daño como elemento estructurante de la
responsabilidad endilgada al municipio de Bello, examen que se realizará teniendo
en consideración a los argumentos de disenso del libelista.
5.1- Marco regulatorio de la sobretasa bomberil
Mediante la Ley 322 de 1996, por la cual se creó el Sistema Nacional de Bomberos
de Colombia, se concibió la prevención y control de incendios y demás calamidades
conexas a cargo de las instituciones bomberiles, como un servicio público esencial
que debía dispensar el Estado.
Esta norma fue derogada por la Ley 1575 de 2012, compilatoria de la Ley General
de Bomberos de Colombia, disposición que, en su artículo 2, amplió la noción de
servicio público esencial a la gestión integral del riesgo contra incendio, los
preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades, al paso que en su
segundo inciso consagró que:
“Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes
del territorio nacional, en forma directa a través de Cuerpos de Bomberos
Oficiales, Voluntarios y aeronáuticos”.
El artículo 3 de la Ley 1575 de 2012 prescribió que a los entes territoriales les asistía
el deber de incluir políticas, estrategias, programas y proyectos, así como la
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cofinanciación para la gestión integral del riesgo contra incendio, rescates y
materiales peligrosos en los instrumentos de planificación territorial e inversión
pública.
Para ese propósito, en el inciso cuarto de la disposición en cuestión reiteró que “Es
obligación de los distritos, con asiento en su respectiva jurisdicción y de los
municipios la prestación del servicio público esencial a través de los cuerpos
de bomberos oficiales o mediante la celebración de contratos y/o convenios con
los cuerpos de bomberos voluntarios”.
En su canon cuarto determinó las instituciones que integran el cuerpo de bomberos
de Colombia reconocidos, dentro de los cuales incluyó a los Cuerpos Voluntarios de
Bomberos Reconocidos, definidos según el literal b) del artículo 18 como “aquellos
organizados como asociaciones sin ánimo de lucro, de utilidad común y con
personería jurídica expedida por las secretarías de gobierno departamentales,
organizadas para la prestación del servicio público para la gestión integral del riesgo
contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades
y la atención de incidentes con materiales peligrosos, en los términos del artículo
segundo de la presente ley y con certificado de cumplimiento expedido por la
dirección Nacional de Bomberos”.
En relación con la financiación de la actividad bomberil a cargo de las instituciones
reconocidas para ese propósito, la normativa en cuestión creó varias fuentes, a
saber:
Por un lado, aquélla procedente del Fondo Nacional de Bomberos, instituido como
una cuenta especial, administrada por la Dirección Nacional de Bomberos que será
nutrida por:
i) La apropiación presupuestal que haga el Gobierno Nacional para cada
vigencia fiscal y serán distribuidos a nivel de los cuerpos de bomberos,
de acuerdo con los proyectos aprobados por la Junta Nacional,
atendiendo a su viabilidad técnica, a su pertinencia y a la disponibilidad
financiera y operativa, con destino a la implementación de planes y
programas de educación de la población en materia de gestión integral
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del riesgo contra incendio y demás calamidades conexas, capacitación
de la unidades bomberiles, e infraestructura física y equipamiento y
ii) Aportes de las compañías aseguradoras en las cuantías y condiciones
señaladas en la Ley.
La segunda fuente de financiación de la actividad bomberil corresponde a los
aportes que hagan los entes territoriales a través de la creación de tributos en los
siguientes términos: “Los concejos municipales y distritales, a iniciativa del alcalde
podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio,
impuesto sobre vehículo automotor, demarcación urbana, predial, de acuerdo a la
ley y para financiar la actividad bomberil”
El anterior entendimiento ha sido igualmente compartido por la Corte Constitucional
al sostener:
“La financiación de estas entidades se lleva a cabo de dos maneras: (i) por medio del
Fondo Nacional de Bomberos de Colombia, constituido como una cuenta especial de la
Nación, que es manejada por la Dirección Nacional de Bomberos, o (ii) por iniciativa de
los entes territoriales, que pueden “aportar recursos para la gestión integral del riesgo
contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la
atención de incidentes con materiales peligrosos”.
(…).
“En suma, la gestión integral del riesgo contra incendios es un servicio público esencial
que los municipios y los distritos deben garantizar a todos sus habitantes, ya sea por
medio de cuerpos de bomberos oficiales o por medio de cuerpos de bomberos
voluntarios con los que hayan suscrito contratos o convenios. La financiación de dicho
servicio público esencial y, por lo tanto, de la actividad bomberil, corresponde a la
Nación y a las entidades territoriales, que, en el caso de los municipios y los distritos,
pueden establecer sobretasas a determinados impuestos”7.
En el marco de este contexto normativo, en el caso específico del municipio de Bello,
mediante Acuerdo 009 del 27 de abril de 20118, el Concejo Municipal de esa
territorialidad creó la sobretasa bomberil sobre los impuestos de industria y comercio
y predial unificado a partir del 1 de julio de 2011, con fundamento en la autorización
legal conferida por el parágrafo del artículo 2 de la Ley 322 de 1996, como recursos
para contribuir a la dotación, funcionamiento y desarrollo del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de esa jurisdicción.
7 Corte Constitucional, sentencia T-152 del 3 de mayo de 2022, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
8 Folios 2 y 3 del cuaderno 1.
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Se advirtió que el sujeto activo de la sobretasa sería el municipio de bello; la base
gravable sería el impuesto de industria y comercio y el predial unificado y la tarifa el
1.5% de cada uno de los referidos tributos.
Se prescribió que el recaudo estaría a cargo de la Secretaría de Hacienda en el
momento en que los respectivos impuestos fueran liquidados y cobrados, al tiempo
que los recursos recaudados serían trasladados al fondo cuenta denominado
“Fortalecimiento del programa de Bomberos”.
Sobre su destinación se determinó que:
“El recaudo de la Sobretasa Bomberil será destinado al funcionamiento,
mantenimiento, dotación, compra de equipo de rescate y nuevas
maquinarias, como al desarrollo social y tecnológico en los campos de la
prevención, capacitación, extinción e investigación de incendios y
eventos conexos que atiende el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del
Municipio de Bello”.
El 26 de febrero de 2012, el Concejo Municipal de Bello expidió el Acuerdo 009 por
el cual modificó el identificado con el mismo número del 27 de abril de 2011, en el
sentido de establecer la sobretasa bomberil, tomando como base el valor
efectivamente recaudado y liquidado del impuesto de industria y comercio y sus
complementarios de avisos y tableros, cuya tarifa ascendería al 3%9. El 29 de
febrero de 2012, el alcalde de Bello sancionó el anterior acto.
Del derrotero expuesto se puede concluir:
• A los entes territoriales les asiste la obligación de prestar el servicio
público, consistente en la gestión integral del riesgo contra incendio,
cometido que está llamado a satisfacer por dos vías: i) a través de los
cuerpos oficiales de bomberos o de los cuerpos de bomberos
voluntarios, premisa que se desprende de lo consagrado en el inciso
cuarto del artículo 3 de la Ley 1575 de 2012, según la cual:
“Es obligación de los distritos, con asiento en su respectiva jurisdicción y de
los municipios la prestación del servicio público esencial a través de los
cuerpos de bomberos oficiales o mediante la celebración de contratos y/o
convenios con los cuerpos de bomberos voluntarios.
9 Folios 5 a 7 del cuaderno 1.
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• Así, al tenor de lo dispuesto en el citado artículo 3 de la Ley 1575 de
2012, ante la existencia de cuerpos voluntarios de bomberos en la
respectiva jurisdicción, la forma en que el Estado asume la prestación
de ese servicio se llevará a cabo mediante la celebración de convenios
o contratos, cuyo extremo negociante opuesto al ente territorial es un
sujeto cualificado por la norma, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
• Uno de los orígenes de la financiación para la prestación del servicio en
cuestión en el nivel territorial es la creación de la sobretasa bomberil,
que tendrá como destinación específica la gestión integral del riesgo
contra incendio, rescates y materiales peligrosos en los instrumentos de
planificación territorial e inversión pública que, en síntesis, comprende
la actividad bomberil.
• La destinación de la sobretasa bomberil se instrumenta a través de la
celebración de convenios o contratos con el cuerpo de bomberos
voluntarios en los que se han de ejecutar los dineros procedentes del
recaudo del referido gravamen.
5.2- El daño
Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, el Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por
la acción o la omisión las autoridades públicas. En desarrollo de este postulado
constitucional y con el fin de estructurar la responsabilidad patrimonial del Estado
corresponde el análisis sobre la existencia de un daño que estando debidamente
demostrado determina el posterior juicio de imputación para efectos de imponer la
eventual obligación reparatoria en cabeza del demandado.
En ese orden y para satisfacer la finalidad primaria de la responsabilidad patrimonial
de Estado, el primer elemento que debe analizarse es la configuración de un daño
sin cuya existencia resulta improcedente adentrarse en el estudio de los demás
requisitos estructurales de la responsabilidad, pues no habrá objeto para un juicio
de imputación que incluye, entre otros, la calificación de antijuridicidad a las voces
del artículo 90 C.P.
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De esta manera entonces, el daño entendido como la afectación, vulneración o
lesión a un interés legítimo y lícito10 11 es el primer elemento que debe quedar
certera y suficientemente probado -en tanto no es posible presumirlo-, sin cuya
existencia y demostración no surge la obligación indemnizatoria. En este sentido la
doctrina nacional expone:
“[E]l daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la
reflexión de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y
su cuantía, ha de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos,
en la labor de las partes y juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede
determinar o no se le pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo
adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral de la conducta del autor
resultará necio e inútil”12.
El daño –para que sea indemnizable– debe ser cierto13, es decir, que su existencia
sea real, demostrada sin duda alguna y no eventual o hipotética; debe ser personal,
es decir que solo quien lo sufre puede demandar su reparación14. Y también debe
ser determinado o determinable, esto es, que se puedan concretar claramente sus
características.
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 2 de junio de 2023, Expediente
61.340.
11 Por su parte, el Doctrinante Juan Carlos Henao define el daño como“…toda afrenta a los intereses
lícitos de una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos individuales
o de colectivos, que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración de su goce
pacífico y que, gracias a la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación si los otros
requisitos de la responsabilidad civil –imputación y fundamento del deber de reparar- se encuentran
reunidos”. En Le dommage. Analyse à partir de la responsabilité civile extracontractuelle de
l’État en droit colombien et en droit français, tesis doctoral, universidad de París 2 Panthéon-
Assas, sustentada el 27 de noviembre de 2007. Definición reiterada en el artículo: “Las formas de
reparación en la responsabilidad del estado: hacia su unificación sustancial en todas las acciones
contra el estado”, publicado en la Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de
Colombia, n.º 28, enero-junio de 2015; y en la obra colectiva “La responsabilidad extracontractual
del Estado”. XVI jornadas internacionales de derecho administrativo. Universidad Externado de
Colombia, 2015, p. 35.
Esta definición de Daño fue adoptada por la Corte Constitucional en sentencia SU 080 de 2020
12 Hinestrosa, Fernando. Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa. Citado por Henao,
Juan Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, pp. 36.
13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente No.
13.186 ““…el perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a
indemnización. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún modo,
eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente, debe aparecer como la
prolongación cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por la actividad dañina
realizada por la autoridad pública”.
Ver en el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de abril de 2000,
Expediente No. 11.892: “En el caso concreto, sin embargo, no es necesario avanzar en el análisis
de la antijuridicidad del daño sufrido, pues como se dejó expuesto antes, no hay lugar a reparar el
perjuicio moral reclamado porque no se probó su existencia.”
14 Henao Pérez Juan Carlos, El Daño, Universidad Externado de Colombia, Primera Edición Julio
1998, P. 88 y 104
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Además, el daño debe ser probado. De esta manera, tratándose de la prueba del
daño, el artículo 167 del Código General del Proceso, prescribe: “Incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico
que ellas persiguen”. De ahí que no es suficiente que “en la demanda se hagan
afirmaciones sobre la existencia del daño, porque el demandante no puede
limitarse, si quiere sacar avante su pretensión, a hacer afirmaciones sin respaldo
probatorio”15.
El extremo actor afirmó que sufrió un daño, concretado en haber celebrado
contratos durante 2015, 2016 y 2017 por monto inferior al presupuestado por el
municipio de Bello por concepto de sobretasa bomberil, con lo cual, en su criterio,
se menoscabó su patrimonio, en razón a que no se destinó la totalidad de los
recursos establecidos en los acuerdos municipales para las actividades asociadas
a la atención, control y prevención de incendios.
Se recuerda que el tribunal de primera instancia advirtió que el ente territorial era el
titular de la actividad bomberil, de suerte que podía invertir los recursos recaudados
por concepto de esa sobretasa de forma directa o a través de contratos celebrados
con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello. En criterio del a quo transferir
todos los recursos directamente al CBVB contrariaba el artículo 355 de la
Constitución Política.
Al respecto, la Sala observa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355
constitucional, invocado por el operador judicial para fundamentar la negativa de las
pretensiones, establece que: “Ninguna de las ramas u órganos del poder público
podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de
derecho privado”.
Sobre la exégesis de esta norma, la Corte Constitucional en sentencia C-712 de
2002, explicó:
“El auxilio o donación, materia de la prohibición, se caracterizan por la existencia
de una erogación fiscal en favor de un particular sin que ella tenga sustento en
ninguna contraprestación a su cargo. Igualmente, corresponden a estas
categorías, las transferencias a particulares, que no estén precedidas de un
15 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2021, Rad. 50802
[fundamento jurídico 4.3].
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control sobre los recursos o que éste no pueda realizarse con posterioridad a la
asignación. Finalmente, se califican de esta manera, las prácticas que por los
elementos que incorporen, puedan tener la virtualidad de revivir la proscrita
figura de los auxilios”.
Se observa de la norma en comento que su contenido prohibitivo recae en la
imposibilidad de conceder auxilios y donaciones, supuesto que en manera alguna
se identifica con aquel en que se sustenta la destinación prevista normativamente
para la sobretasa bomberil.
Como se vio, es obligación legal de los entes territoriales prestar el servicio
consistente en la gestión integral del riesgo contra incendio, ya sea a través de los
cuerpos oficiales de bomberos o con los cuerpos voluntarios de bomberos mediante
de la celebración de contratos y convenios. En este último caso, la legislación facultó
la creación de la sobretasa bomberil, cuya finalidad específica sería la financiación
de esa gestión, recursos que, luego de celebrarse el respectivo contrato o convenio
en cuyo objeto se dispusieran las labores asociadas a la atención de incendios y
emergencias, serían trasladados al cuerpo de bomberos como contraprestación por
las actividades contratadas o convenidas que habrían de ser desplegadas por esas
organizaciones en cumplimiento de los respectivos negocios jurídicos
perfeccionados.
En tal virtud, contrario a lo considerado por la primera instancia, los supuestos
fácticos de la demanda no se encaminaron a discutir la ausencia de traslados de
dinero a título gratuito al CBVB, sino a exigir el cumplimiento de la normativa
reseñada anteladamente que imponía al ente territorial la prestación de servicios de
atención de incendios y emergencias conexas a la actividad de bomberos, mediante
la celebración de contratos con la demandante que habrían de sufragarse con el
recaudo de ese tributo creado con esa precisa y específica destinación, sin que
resultara viable que el municipio lo hiciera a través de sujetos distintos a los
cualificados por la Ley 1575 de 2012 como lo sugirió el juzgador de origen.
Es por lo anterior que la Sala discrepa del argumento del a quo, debido a que no se
trataba de trasladar al “Fondo Fortalecimiento Bomberos” el producto del recaudo
por sobretasa bomberil a título gratuito, sino de destinarlo a la actividad para la cual
fue implementado ese tributo, propósito para el cual debía mediar previamente la
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suscripción de contratos o convenios con la persona jurídica establecida en la Ley
1575 de 2012 que no era otra distinta al Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
Es claro que la analizada consagración legal imponía a la demandada el deber de
celebrar contratos con cuerpos voluntarios de bomberos, siempre que estos: i)
fueran asociaciones sin ánimo de lucro, de utilidad común y con personería jurídica
expedida por las secretarías de gobierno departamentales, organizadas para la
prestación del servicio público para la gestión integral del riesgo contra incendio, los
preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de
incidentes con materiales peligrosos, ii) adicionalmente, debían contar con
certificado de cumplimiento expedido por la Dirección Nacional de Bomberos,
requisitos que en el caso se reunían por la demandante.
En efecto, milita en el proceso el certificado de existencia y representación del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello, expedido el 13 de diciembre de 2016 por
la Secretaría de Gobierno del departamento de Antioquia, en el que consta que es
una entidad sin ánimo de lucro y de interés común reconocida por esa gobernación
mediante Resolución 26 del 19 de octubre de 199816.
También obra el certificado expedido el 6 de abril de 2016 por Dirección Nacional
de Bomberos, en el que se registró que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello
es idóneo para prestar el servicio público esencial de gestión integral de riesgo
contra incendio, preparativos y atención de rescate en todas sus modalidades y la
atención de incidentes en todas sus modalidades17.
Despejado lo anterior, la Sala observa que, si bien el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Bello ostentaba las condiciones como sujeto cualificado por la Ley
1575 de 2012 para prestar el servicio público de atención de incendios y en tal virtud
suscribir los contratos y convenios en los que se destinara como contraprestación a
esa gestión los recursos recaudados por sobretasa bomberil, en todo caso, el daño
alegado por el demandante no se encuentra configurado, por las razones que a
continuación se exponen:
16 Folio 139 del Expediente Digital 003 demanda.
17 Folio 142 del Expediente Digital 003 demanda.
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Como precisión inicial cabe advertir que el estudio del caso se centrará en los
recaudos que por tasa bomberil se produjeron por el municipio de Bello en las
vigencias 2015, 2016 y 2017, no sin antes indicar que las evidencias probatorias
que reposan en el proceso imponen la necesidad de referirse a vigencias anteriores
en tanto lo ocurrido con anterioridad 2015 está llamado a impactar las conclusiones
que han adoptarse en torno a la materia de controversia.
Dicho lo anterior, es importante poner de presente que, tal y como lo sostuvo la
entidad demandada en su escrito de defensa, en cumplimiento del Acuerdo 009 de
27 de abril de 2011, modificado por el 009 de 26 de febrero de 2012, le asistía al
municipio de Bello el deber de recaudar la sobretasa bomberil teniendo como base
el 3% del impuesto de industria y comercio y los complementarios de avisos y
tableros una vez estos fueran pagados, al cabo de lo cual serían trasladados a la
cuenta “Fortalecimiento del Programa de Bomberos”, administrado por la Tesorería
Municipal. Los recursos recaudados se invertirían en los fines consagrados en la
Ley 1575 de 2012, es decir, a través de la suscripción de contratos y convenios con
el CBVB.
Lo que se deja sentado es de capital importancia para poner de presente que el
libelista radicó su petitum en un supuesto errado al calcular el sustrato económico
en que cimentó sus pretensiones, consistente en los dineros dejados de destinar a
la contratación con el cuerpo de bomberos voluntarios de Bello a partir de los
recursos presupuestados año a año por concepto de sobretasa bomberil y
aprobados por los respectivos acuerdos del Concejo Municipal de ese municipio,
como lo consignó en la demanda. A contrario sensu era sobre los dineros
efectivamente recaudados -que no simplemente presupuestados- por ese tributo
que correspondía efectuarse las respectivas operaciones.
Al efecto, conviene traer a colocación lo que sobre el particular ha considerado la
doctrina local especializada en la materia al precisar que “el presupuesto es una
autorización máxima de gastos, pero solo un estimativo de los ingresos que da pie
a su recaudo y que no constituye el fundamento jurídico de los impuestos”18.
18 RESTREPO, Juan Camilo. Derecho Presupuestal Colombiano. Segunda Edición Legis. 2014.
pág. 153
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Demandante: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello
Demandado: Municipio de Bello
Asunto: Reparación Directa
Ahora bien, de cara a esta premisa, la Sala observa que entre las anualidades 2011
y 2015 se generó un déficit entre lo presupuestado y lo recaudado por el ente
territorial por sobretasa bomberil, en razón a que se suscribieron y ejecutaron
contratos con el demandante por mayor valor del recogido por el mencionado
tributo, situación que en 2016 empezó superarse ante el superávit que tuvo el
recaudo de la sobretasa en relación con lo presupuestado.
Lo anterior se desprende de la respuesta a la petición elevada por el CVBV al
municipio de Bello con el fin de conocer el estado de recaudo de la sobretasa
bomberil. Así, en oficio del 15 de noviembre de 2018, el ente territorial informó:
“1.- Con el fin de identificar el monto de facturación de la entidad, se evidencia
que efectivamente se está facturando sobre la base gravable y la tarifa
especificadas en el acuerdo.
2.- La relación entre el presupuesto ejecutado de ingresos y el presupuesto
ejecutado de gastos entre las vigencias 2011 y 2015 generó un déficit
presupuestado por valor de $544’642.591 millones es decir se ejecutaron
contratos por un mayor valor del recaudado.
3.- Para las vigencias 2016 y 2017 la sobretasa bomberil tuvo un superávit
presupuestal por valor acumulado de $227’917.604 millones.
(...).
Así las cosas, el resumen de la ejecución presupuestal de la sobretasa bomberil
a partir de la aprobación de dicho Acuerdo presenta al corte de la vigencia 2017
un déficit presupuestal cumulado de $316’724.987 millones, que se espera se
compense con la sobre ejecución del ingreso de la vigencia corriente (…)19.
Lo expuesto por el municipio de Bello en la mencionada misiva también halla
respaldo al cotejar el detalle de la ejecución presupuestal de ingresos durante 2011,
2012, 2013, 2014 y 2015, documento procedente de la Secretaría de Hacienda de
la municipalidad, y la relación de pagos efectuados en esos años como
contraprestación por contratos suscritos por el ente territorial con el CBVB con el
objeto de “prevención, atención y control de incendios y demás calamidades
conexas”.
19 Folios 7 y 8 de la carpeta respuestas 2017 del archivo 011 expediente digital contestación de
demanda.
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Radicación: 050012333000201800451 01 (71439)
Demandante: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello
Demandado: Municipio de Bello
Asunto: Reparación Directa
Cabe destacar que estos documentos fueron aportados por la demandada junto con
su escrito de contestación en la carpeta “antecedentes administrativos”, su
contenido fue trasladado a la parte actora durante la audiencia inicial llevada a cabo
el 2 de agosto de 202220, sin que se formulara alguna tacha u observación frente a
su contenido por la contraparte.
De la confrontación de estas dos piezas procesales, se evidencia lo siguiente:
Ingresos por Año Total pagado por Diferencia entre lo
sobretasa contratación celebrada ingresado y lo pagado
bomberil21 con el CVBV por contratación
$154.025.983 2011 $561’698.98322 -$407’673.000
$396.090.629 2012 $523’021.99023 -$126’931.361
$664.044.438 2013 $839.500.00024 -$175’455.562
$779.753.755 2014 $1.066’818.99925 -$287’065.244
$917.686.821 2015 $955’575.62326 -$37’888.802
$1.074.933.217 2016 $759’015.35027 $315’917.867
$2.257.771.605 2017 $1.390’539.28028 $867’232.223
$6.244’306.448 Total $6.096’170.225 $148’136.223
De ahí que, aun cuando consta que en 2016 y 2017 el municipio de Bello ejecutó
en contratación con el CBVB una cifra menor a la recaudada por concepto de la
sobretasa bomberil, al tiempo se evidencia que durante los años 2011 a 2015, la
situación fue opuesta debido a que la suma entregada al demandante como
20 16 expediente digital – 11 Acta audiencia inicial.
21 Esta suma se obtiene de la consignada en la casilla a sobretasa bomberil del detalle de ingresos.
No se realiza ningún calculo sobre el porcentaje del impuesto de industria y comercio y
complementarios, dado que el asunto atinente a la correcta liquidación tributaria no es del resorte de
este medio de control.
22
Relación de pagos por contratación realizada por el municipio de Bello según planilla visible a
folios 1 a 4 de la carpeta digital relación de pagos 2011 a 2017, antecedentes administrativos
cuaderno 006 contestación demanda
23 Relación de pagos por contratación realizada por el municipio de Bello según planilla visible a
folios 7 a 9 de la carpeta digital relación de pagos 2011 a 2017, antecedentes administrativos
cuaderno 006 contestación demanda.
24 Relación de pagos por contratación realizada por el municipio de Bello según planilla visible a
folios 9 a 12 de la carpeta digital relación de pagos 2011 a 2017, antecedentes administrativos
cuaderno 006 contestación demanda.
25 Folios 13 a 16 Ibidem.
26 Relación de pagos por contratación realizada por el municipio de Bello según planilla visible a
folios 17 a 18 de la carpeta digital relación de pagos 2011 a 2017, antecedentes administrativos
cuaderno 006 contestación demanda.
27
Relación de pagos por contratación realizada por el municipio de Bello según planilla visible a folios
19 a 22 de la carpeta digital relación de pagos 2011 a 2017, antecedentes administrativos cuaderno
006 contestación demanda.
28
Relación de pagos por contratación realizada por el municipio de Bello según planilla visible a folios
23 a 25 de la carpeta digital relación de pagos 2011 a 2017, antecedentes administrativos cuaderno
006 contestación demanda.
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Demandado: Municipio de Bello
Asunto: Reparación Directa
contraprestación de los contratos celebrados para desempeñar actividades
asociadas a la actividad bomberil fue mucho mayor a la sobretasa cobrada para ese
propósito.
De las operaciones efectuadas en el cuadro que antecede, se evidencia que entre
2016 y 2017, luego de superar el déficit presentado -entre lo recogido y lo
comprometido en la actividad contractual con el CBVB-, se acumuló una suma por
destinar por concepto de sobretasa bomberil equivalente a $148’136.223.
Pese a esta situación, no es dable concluir que el demandante ha sufrido un
detrimento o una lesión patrimonial cierta respecto de lo acontecido en las vigencias
2016 y 2017, si se tiene que consideración lo siguiente:
Por un lado, es preciso acotar que, de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos
009 de 2011 y 2012, luego de producirse el pago de los impuestos de industria y
comercio y sus complementarios de avisos y tableros, establecidos como base
gravable de la sobretasa bomberil, correspondía a la Secretaría de Hacienda
Municipal proceder al recaudo de este último y a su traslado al Fondo cuenta
“Programa Fortalecimiento Bomberos”.
Con todo, una vez concretado el depósito en ese fondo, la normativa no previó un
plazo preclusivo para que el municipio suscribiera los contratos con el CBVB en los
que se comprometiera las sumas recaudadas, cuestión que, además, se ha de
acompasar con el hecho de que, según se observa del documento signado por el
municipio de Bello, el pago del impuesto de industria y comercio y complementarios
de avisos y tableros, del cual se deduce el tributo en beneficio de la actividad
bomberil, se lleva a cabo de manera mensual.
Tal cual se extrae de la exposición de motivos del proyecto de Acuerdo 009 de 2017,
por medio del cual se adiciona el Presupuesto General del municipio de Bello para
la vigencia 2017, suscrito por la alcaldesa y el secretario de Hacienda de ese ente
territorial:
La liquidación y el recaudo del impuesto de industria y comercio se hace de
manera mensual de conformidad con las normas tributarias municipal y su no
pago genera intereses moratorios.
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Demandado: Municipio de Bello
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PERIODO DE CAUSACIÓN Y PAGO: El impuesto de industria y comercio se
causa a partir de la fecha de generación del primer ingreso gravable; se pagará
desde su causación, con base en el promedio mensual de ingreso estimado y
consignado en la matrícula y los ingresos denunciados en la declaración
privada. Pueden existir periodos menores (fracción de año).
ARTICULO 35. VALOR MÍNIMO MENSUAL. El valor mínimo mensual que se
facturará por concepto de industria y comercio y su complementario de avisos
y tableros será equivalente a 1.5 UVT, de igual manera para las vigencias 2014
y posteriores.
El pago del impuesto de industria y comercio se hace en forma mensual durante
cada periodo gravable. Para ello, mediante calendario tributario expedido cada
año se fijan allí las fechas límite de pago y de la presentación de declaraciones
de los tributos29.
Esta circunstancia conduce a que, solo al finalizar la respectiva vigencia en que se
colecta la sobretasa, se tiene conocimiento del monto total ingresado a las arcas del
ente territorial por ese concepto; en el entretanto, lo que se tiene es un presupuesto
estimativo de ingresos que, como se vio, bien puede ser mayor o menor, pero que
en manera alguna puede servir de soporte para derivar de esa proyección
aproximada la obligación de desembolso en favor del CBVB.
En consonancia con lo anotado, de la dinámica de pagos implantada por el
municipio de las sumas comprometidas por sobretasa bomberil se advierte que el
desembolso de parte de los valores recaudados en una anualidad se lleva a cabo
en la calenda siguiente:
Los egresos por concepto de sobretasa bomberil del municipio de bello durante las
vigencias 2015, 2016 y 2017 se detallan en el siguiente cuadro30:
Contrato Fecha de suscripción Número del comprobante de egreso Valor Fecha de la erogación
321 2015 94844 $41’487.914 23 de febrero de 2015
321 2015 95296 $41’487.913 11 de marzo de 20105
321 2015 96537 $82’975.827 6 de abril de 2015
321 2015 99452 $97’618.621 17 de junio de 2015
704 2015 99543 $8’675.000 19 de junio de 2015
321 2015 99656 $37’618.321 26 de junio de 2015
321 2015 99657 $60’000.000 26 de junio de 2015
29 Folios 148 a 157 del Expediente Digital 003 demanda.
30 Información extraída del archivo 14” Respuesta exhorto No. 195” del expediente digital. Estos
documentos fueron decretados como prueba documental en la audiencia del 2 de agosto de 2022, y
luego de ser aportados por la parte demandada, mediante auto del 21 de septiembre de 2022 se
pusieron en conocimiento del extremo activo por el término de tres días, plazo dentro del cual la
accionante allegó escrito en el que manifestó que “una vez revisada la respuesta emitida por la
Secretaría de Hacienda del municipio de Bello, se encuentra que la misma satisface la información
requerida por este extremo procesal para que obrara como prueba” . 19 expediente digital-15 auto
pone en conocimiento y 21 expediente digita-17 parte demandante allega.
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Asunto: Reparación Directa
321 2015 101058 $97’618.621 24 de julio de 2015
321 2015 102631 $97’618.621 26 de agosto de 2015
321 2015 104125 $97’618.621 28 de septiembre de 2015
321 2015 105373 $47’618.621 29 de octubre de 2015
321 2015 106395 $25’000.000 17 de noviembre de 2015
321 2015 106396 $25’000.000 17 de noviembre de 2015
321 2015 108348 $60’000.000 24 de diciembre de 2015
321 2015 108349 $37’618.621 24 de diciembre de 2015
321 2015 109506 $97’618.622 21 de enero de 2016
29 2015 111280 $1’000.000 31 de marzo de 2016
29 2015 111614 $150.690 5 de abril de 2016
124 15 de marzo de 2016 111286 $100’610.683 31 de marzo de 2016
124 15 de marzo de 2016 112366 $95’021.200 29 de abril de 2016
124 15 de marzo de 2016 113572 $92’024.777 3 de junio de 2016
124 15 de marzo de 2016 115682 $94’041.600 2 de agosto de 2016
124 15 de marzo de 2016 116808 $94’041.600 6 de septiembre de 2016
124 15 de marzo de 2016 118270 $94’041.600 7 de octubre de 2016
124 15 de marzo de 2016 119463 $94’041.600 16 de noviembre de 2016
124 15 de marzo de 2016 121727 $94’641.600 29 de diciembre de 2016
124 15 de marzo de 2016 122733 $95’021.200 24 de enero de 2017
124 15 de marzo de 2016 123600 $40’000.000 6 de marzo de 2017
124 15 de marzo de 2016 124184 $54’041.600 27 de marzo de 2017
414 27 de marzo de 2017 125794 $109’624.560 3 de mayo de 2017
414 27 de marzo de 2017 127054 $109’624.560 2 de junio de 2017
414 27 de marzo de 2017 129264 $109’624.560 21 de julio de 2017
414 27 de marzo de 2017 129434 $109’624.560 28 de julio de 2017
414 27 de marzo de 2017 130900 $109’624.560 5 de septiembre de 2017
414 27 de marzo de 2017 132083 $157’624.560 5 de octubre de 2017
414 27 de marzo de 2017 133141 $157’624.560 2 de noviembre de 2017
414 27 de marzo de 2017 135375 $157’624.560 20 de diciembre de 2017
414 27 de marzo de 2017 136171 $180’480.480 27 de diciembre de 2017
En este contexto, no son de recibo para la Sala las apreciaciones del recurrente
plasmadas en la demanda con arreglo a las cuales sentó unos presupuestos
estimados de recaudo de sobreasa bomberil por cada año y de esos montos restó
el valor de los contratos celebrados en esos mismos años, para con base en ese
ejercicio concluir que existían unos montos que no habían sido destinados a la
contratación con el CBVB, diferencias en las que, a su turno, edificó la reclamación
del daño alegado.
Surge de lo visto que, pese a acreditarse que al finalizar 2017 existía una cifra por
destinar en contratación correspondiente a $148’136.223 de conformidad con la
dinámica advertida en la que parte de los recursos recaudados en una vigencia se
comprometían o desembolsaban en la vigencia siguiente, no hay certeza respecto
de si esa suma fue reservada para la anualidad 2018, con cargo al supuesto fáctico
normativo para el cual fue creado el tributo bomberil. Ni tampoco la celebración de
29
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convenios y menos contratos en el sentido atrás indicado para la ejecución de la
totalidad de los recursos percibidos por concepto de tasa bomberil durante la
vigencia 201831.
En las condiciones expuestas, para la Sala no existe certeza del daño alegado, dado
que la demanda se interpuso el 22 de febrero de 2018, por lo que se desconoce la
agenda de la ejecución de los recursos implementada en esa calenda por el
municipio de Bello respecto de aquellos recaudados e ingresados en la vigencia
pasada.
Conclusión
Con fundamento en las consideraciones que anteceden, la Sala modificará la
sentencia recurrida para en su lugar: i) declarar la caducidad del medio de control
de reparación directa, respecto de las reclamaciones relacionadas con la
destinación de los recursos procedentes del recaudo de la sobretasa bomberil
correspondiente a las vigencias 2011 a 2014 y ii) negar las pretensiones de la
demanda, ante la ausencia de la configuración de un daño cierto como elemento
estructurante de la responsabilidad alegada.
4.- Costas
El artículo 18832 del CPACA remite en lo concerniente a la liquidación y ejecución
de costas al artículo 365 del CGP que, a su turno, dispone: “Se condenará en costas
a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código”.
31
Al respecto, cabe precisar que aun cuando en el expediente reposan algunas constancias de
egresos realizados en 2018 por parte del municipio de Bello en favor del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de ese ente territorial, en cuantía de $1.324’808.782 por concepto de varios contratos
celebrados en esa misma calenda, lo cierto es que no se conoce la suma recaudada en ese año por
sobretasa bomberil, situación que impide conocer con certeza si los valores colectados fueron
destinados a la contratación con el CBVB con inclusión de la suma que a 2017 estaba pendiente por
destinar a la actividad contractual bomberil o si esta suma aún no ha sido utilizada para su propósito
normativo. Ver relación de pagos por contratación realizada por el municipio de Bello según planilla
visible a folios 1 a 17 de la carpeta digital “comprobantes de egreso 2018”, antecedentes
administrativos cuaderno 006 contestación demanda.
32 “Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil”.
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Radicación: 050012333000201800451 01 (71439)
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En el presente caso, en atención a que se modificará la sentencia de primera
instancia, de acuerdo con el numeral 1 del artículo 365 del CGP, dado que el recurso
de apelación prosperó parcialmente en cuanto a los argumentos alusivos a la
declaratoria de caducidad del medio de control, la Sala se abstendrá de condenar
en costas.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 22 de mayo de 2024, por el
Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad, con sustento en
las consideraciones que anteceden y en su lugar se dispone:
1.- DECLARAR la caducidad del medio de control de reparación directa
respecto de las reclamaciones relacionadas con la destinación de los
recursos procedentes del recaudo de la sobretasa bomberil
correspondiente a las vigencias 2011 a 2014, por las consideraciones
que anteceden.
2.- NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
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Demandante: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello
Demandado: Municipio de Bello
Asunto: Reparación Directa
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE33
NICOLÁS YEPES CORRALES
VF
33 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se
suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
32
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