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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2012-00302-01

Fecha
10 de junio de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2012-00302-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: 1º) Confírmase la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2014 por la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia. 2º) Condénase a la parte demandante a pagar las costas que se hubiesen causado en segunda instancia, cuya liquidación hará de manera concentrada el a quo, según lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso. 3º) Fíjanse por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la presente providencia que, deberán ser pagados por la parte demandante. 4º) Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2012-00302-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

10 de junio de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diez (10) de junio de dos mil veintidós (2022)

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 05001-23-33-000-2012-00302-01 (53.183)
Demandante: INTEGRALIDAD TEMPORAL LTDA -EN LIQUIDACIÓN-
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -
DIAN
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – INDEBIDA ESCOGENCIA
DE LA ACCIÓN

Síntesis del asunto: La sociedad Integralidad Temporal Ltda demandó a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- por los perjuicios sufridos con ocasión de la falta de
notificación de los actos administrativos que decretaron el embargo de sus cuentas bancarias,
así como, la falta de agotamiento de las instancias previas a la adopción de dicha medida cautelar;
las omisiones aludidas le impidieron acceder a un préstamo de dinero que pretendía destinar para
la ejecución de un plan de mejoras al interior de la compañía y para la cancelación de salarios y
prestaciones sociales de sus trabajadores en misión.

La Sala decide el recurso de apelación de la parte demandante (fls. 210 a 218 cdno.
ppal.) contra la sentencia de 23 de septiembre de 2014 proferida por la Sala Primera de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia (fls. 195 a 201 cdno. ppal.) que resolvió
lo siguiente:

“PRIMERO: DECLÁRASE INHIBIDA la Sala para pronunciarse frente al fondo
del asunto, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante. Liquídense por
Secretaría. Se fijan las agencias en derecho, en primera instancia en
$3’000.000 de pesos.

TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente” (fl.
201 cdno. ppal.).

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Expediente 05001-23-33-000-2012-00302-01 (53.183)
Demandante: Integralidad Temporal Ltda. -en liquidación-
Reparación directa - apelación de sentencia

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 31 de agosto de 2012, la sociedad Integralidad Temporal Ltda -en liquidación- por
intermedio de apoderado judicial formuló demanda de reparación directa en contra de la
Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales -en adelante DIAN- con las
siguientes súplicas:

“PRIMERO: Solicito respetuosamente que se declare que la NACIÓN –
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- omitió el cumplimiento
de las exigencias legales contenidas en el Estatuto Tributario Nacional y no
cumplió con la debida notificación de los actos administrativos que impusieron
sanciones a la sociedad INTEGRALIDAD TEMPORAL LTDA -HOY EN
LIQUIDACIÓN-.

SEGUNDO: Que se declare que la NACIÓN – Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales -DIAN- actuó indebidamente al ordenar la medida de
embargo bancario contra la sociedad INTEGRALIDAD TEMPORAL LIMITADA
-HOY EN LIQUIDACIÓN- sin haber surtido legalmente las instancias previas a
dicha instrucción cautelar, tal como se expuso en los hechos de esta acción.

TERCERO: Que como consecuencia de los anteriores, se le ordene a la
NACIÓN – DIAN reconocer y pagar a la sociedad INTEGRALIDAD TEMPORAL
LTDA -hoy en liquidación- la reparación del daño sufrido, el cual asciende a
CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE
MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y UN
CENTAVOS M/CTE ($5.049’827.737,81), teniendo en cuenta los siguientes
criterios:

• COMO LUCRO CESANTE: Como se citó en los hechos de esta acción
(hecho décimo), una vez la sociedad convocante incumplió sus obligaciones
laborales por no contar con el crédito bancario no desembolsado como
consecuencia de la medida de embargo ordenada indebidamente por la
DIAN, la totalidad de sus empresas usuarias (y quienes representan los
ingresos operacionales de toda empresa de servicios temporales) dieron por
terminados los contratos mercantiles, es así como INTEGRALIDAD
TEMPORAL LTDA -hoy en liquidación- no pudo continuar su operación sino
hasta el 31 de julio de 2010.

A la luz de la declaración de renta de ese año 2010, los ingresos brutos
operacionales $3.217’928.000,oo corresponden a los ingresos que la
convocante logró percibir hasta el 31 de julio de esa anualidad, lo que indica
que el ingreso promedio mensual de aquella sociedad era de
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS
CUATRO MIL PESOS M/CTE ($459’704.000,oo) -ver declaración 2020
aportada con solicitud-. En consecuencia, solo para ese mismo año fiscal,
la sociedad INTEGRALIDAD TEMPORAL LTDA -HOY EN LIQUIDACIÓN-
dejó de percibir ingresos por valor de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA
Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE
($2.298’520.000,oo).

• COMO DAÑO EMERGENTE: Al cesar la actividad mercantil de la sociedad
convocante como resultado de una serie de eventos que se originan en el

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Expediente 05001-23-33-000-2012-00302-01 (53.183)
Demandante: Integralidad Temporal Ltda. -en liquidación-
Reparación directa - apelación de sentencia

embargo proferido por la DIAN, INTEGRALIDAD TEMPORAL LTDA no
puede atender sus obligaciones financieras, laborales, tributarias y con
terceros en los plazos establecidos, por lo que todas estas, al ver sus
acreencias en riesgo, aceleran el plazo de tales créditos y dan inicio al cobro
tanto prejudicial como jurídico de los mismos, causando para la convocante,
mayores costos a los presupuestados, ya que de haber continuado con su
operación normal, habría continuado cumpliendo con sus pagos mensuales.

Hoy la convocante se encuentra en mora de atender las siguientes
obligaciones y permanecerán insolutas en la medida que no sea resarcido
el perjuicio causado por la DIAN con su omisión e indebida actuación.

• ACREEDORES FINANCIEROS

DAVIVIENDA: $225’932594,76
BANCOLOMBIA: $263’951..143,05
BANCO BBVA: $68’807.000,oo

• ACREEDORES PARTICULARES

DEUDAS CON TERCEROS: $110’000.000,ooo

• OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

DIAN: $24’000.000,oo
INDUSTRIA Y COMERCIO: $26’000.000,oo

• ACREENCIAS LABORALES:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO SEGUROS EL CONDOR SA:
$309’234.000 (…).

• AFECTACIÓN DEL GOOD WILL: En cuanto al good will, INTEGRALIDAD
TEMPORAL LTDA EN LIQUIDACIÓN es una sociedad que desde el año
2005 obtuvo su personería jurídica y desempeñó su labor como empresa de
servicios temporales sin contratiempos y cumpliendo con todas las
exigencias legales y administrativas, posicionándola en el mercado nacional
como una empresa sólida en la oferta de trabajadores temporales en misión
para el sector transporte y especialmente en el sector lechero del país.

Para la fecha en que la DIAN omitió notificar los requerimientos a la
convocante y posteriormente actúa indebidamente ordenando el embargo
bancario de la sociedad, INTEGRALIDAD TEMPORAL LTDA -hoy en
liquidación- contaba con un grupo sólido aproximado de 240 empresas
usuarias a nivel nacional, todas dedicadas al transporte de alimentos en el
sector lechero, las cuales a su vez representaban una cifra superior a 500
trabajadores en misión que dependían laboralmente de la aquí accionante.
Como se ilustró arriba, estas cifras de capital humano y de clientes
generaban para la compañía ingresos anuales cercanos a los seis (6) mil
millones de pesos.

Por las anteriores consideraciones, la sociedad convocante estima que el
perjuicio sufrido en su buen nombre y posicionamiento frente a sus clientes,
trabajadores y el sector financiero (pues frente al mercado laboral y sus
clientes se cuestiona las habilidades e integridad en el manejo del recurso
y respecto del sector financiero los reportes negativos en las centrales de
riesgo) estiman que el daño sufrido se puede traducir en una compensación
equivalente a MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

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Expediente 05001-23-33-000-2012-00302-01 (53.183)
Demandante: Integralidad Temporal Ltda. -en liquidación-
Reparación directa - apelación de sentencia

($1.723’383.000,oo), que dicho en otros términos, esta cifra representa
aproximadamente el 10% de lo que la sociedad INTEGRALIDAD
TEMPORAL LTDA -hoy en liquidación- pudiera percibir como ingresos
operacionales por los 3 años que restan de la sanción que le impone a esta,
a sus socios, y administradores el Decreto 4369 de 2006, proyectados sobre
los mismos ingresos operacionales (sin incrementos anuales) que reportó la
sociedad para el año 2009. (…)” (fls. 3-6 cdno. 1).

2. Hechos

Como fundamento fáctico la parte actora expuso, en síntesis, lo siguiente:

1) El 9 de marzo de 2005, se constituyó la sociedad Integralidad Temporal Ltda como una
empresa de servicios temporales; para el periodo comprendido entre los meses de abril
y junio de 2010 el ente societario solicitó un préstamo de $200’000.000 ante el Banco de
Bogotá el cual pretendía destinar para i) la implementación de un plan de mejoras al
interior de la compañía y, ii) el pago de salarios y prestaciones sociales de sus
trabajadores en misión.

2) El 1º de febrero de 2010, la DIAN dirigió -vía electrónica- a la sociedad “Integridad (sic)
Temporal Ltda” un oficio persuasivo penalizable, por medio del cual la requería por la
falta de pago de las obligaciones tributarias por los siguientes conceptos y periodos
“ventas 2009-05-06 y retención 2009-12, 2010-01”.

3) Ante la falta de pago, la DIAN expidió el acto no. 201002250017447 de 28 de mayo de
2010 por medio del cual se ordenó el embargo de unas sumas de dinero de la sociedad
Integralidad Temporal Ltda.

4) El 15 de junio de 2010, funcionarios de la DIAN llevaron a cabo una jornada
extraordinaria de cobro, fecha en la cual acudieron a la sede de la mencionada sociedad.

5) El 18 de junio de 2010, la representante legal de la sociedad demandante se hizo
presente en las oficinas del Banco de Bogotá para verificar la aprobación y desembolso
del crédito requerido; no obstante, la entidad financiera informó que dicha petición no
había sido aprobada por el hecho de que el ente societario registraba un embargo de
cuentas bancarias solicitado por la DIAN.

6) El 21 de junio de 2010, la representante legal de la empresa acudió a la DIAN para
conocer los fundamentos de la mencionada medida cautelar, oportunidad en la que se le
informó acerca de los reiterados intentos de comunicación efectuados por la entidad

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Expediente 05001-23-33-000-2012-00302-01 (53.183)
Demandante: Integralidad Temporal Ltda. -en liquidación-
Reparación directa - apelación de sentencia

accionada, así como también del envío de un correo electrónico el 1º de febrero de 2010
en cuya virtud se requería la cancelación de las obligaciones tributarias pendientes,
llamados estos que, a juicio de la entidad referida, fueron desatendidos por la parte
demandante.

7) El mensaje de correo electrónico de 1º de febrero de 2010 suscrito por la funcionaria
María Piedad Marín fue enviado a la cuenta de correo “INTEGRIDAD@UNE.NET.CO”,
sin embargo esa dirección no pertenece a la sociedad y no corresponde con la reportada
en el registro único tributario, la cual es “integralidad@une.net.co”.

8) El destinatario del oficio persuasivo penalizable era el Nit. 900.012.063-0 que, aun
cuando corresponde al de dicha empresa, así como también la dirección del domicilio, lo
cierto es que no coincide con la razón social, pues, se indicó “INTEGRIDAD TEMPORAL
LTDA y no INTEGRALIDAD, como debía ser”.

9) La DIAN incumplió su deber legal y procesal de notificar personalmente el mencionado
oficio el cual constituía una “resolución independiente a la luz del artículo 637 del Estatuto
Tributario”; adicionalmente, advirtió que durante la jornada extraordinaria de cobro
realizada el 15 de junio de 2010 “NO FUE NOTIFICADA de requerimientos anteriores
hechos por la DIAN por sanciones y menos aún de la existencia del embargo bancario
que para esa fecha ya había sido decretado y que la sociedad pudo haber solventado
oportunamente y evitar el daño sufrido” (fl. 2 cdno. 1).

10) El acto administrativo de 28 de mayo de 2010 fue expedido sin el cumplimiento de
los requisitos previstos en los artículos 704, 705 y 719-1 del Estatuto Tributario, razón por
la cual no era procedente la aplicación de los artículos 837, 838 y 839 de dicho cuerpo
normativo, invocados por aquella al proferir el acto administrativo contentivo de la medida
de embargo.

11) Como consecuencia de la referida medida cautelar, la sociedad demandante tuvo que
aceptar la renuncia de la totalidad de sus trabajadores en misión y la terminación de los
contratos mercantiles por parte de las empresas usuarias por el no pago oportuno de
salarios y prestaciones sociales de aquellos.

12 ) A pesar de haber atendido el compromiso de pago y de haber obtenido la resolución
de desembargo 20100231001056 el 25 de junio de 2010, la parte actora ya había sufrido

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Expediente 05001-23-33-000-2012-00302-01 (53.183)
Demandante: Integralidad Temporal Ltda. -en liquidación-
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los perjuicios de no haber contado con el referido crédito bancario.

13) La excesiva mora y cesación de pagos de las acreencias laborales originó que el
Ministerio de la Salud y Protección Social, por medio de la Resolución 1430 de 24 de
septiembre de 2010, cancelara la autorización de funcionamiento de la empresa de
servicios temporales.

14) La DIAN causó perjuicios a la parte demandante con la omisión de los procedimientos
legales establecidos en el Estatuto Tributario para la imposición de sanciones y por la
indebida operación administrativa por el hecho de decretar el embargo de las sumas de
dinero de este ente societario sin contar con la constancia de notificación de las
actuaciones administrativas previas a la adopción de dicha medida.

3. Trámite procesal

1) Mediante auto de 22 de octubre de 2012, el Tribunal Administrativo de Antioquia
admitió la demanda y ordenó la notificación de la entidad accionada (fls. 43-44 cdno. 1).

La DIAN, luego de explicar cada una de las actuaciones administrativas que dieron como
resultado el embargo de las cuentas bancarias de la sociedad Integralidad Temporal Ltda,
expresó que en el asunto de la referencia no se configuró responsabilidad alguna a su
cargo, pues, aun cuando profirió una serie de actos administrativos lo hizo en ejercicio de
unas facultades y atribuciones legales que constituyen la razón de ser de esta entidad
pública; de igual forma, adujo que la parte actora no cumplió con la carga probatoria de
que trata el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil dado que no probó los daños
y perjuicios reclamados.

2) El 4 de julio de 2013, el a quo celebró la audiencia inicial en la que se fijó el litigio y se
decretaron una serie de pruebas (fls. 148-150 cdno. 1).

3) Vencido el período probatorio, el 2 de mayo de 2014 se corrió traslado por el término
de diez (10) días para que las partes presentaran alegatos de conclusión y el Ministerio
Público rindiera concepto (fl. 181 cdno. 1); las partes ratificaron los argumentos expuestos
en el trámite de primera instancia (fls. 187-194 cdno. 1); el Ministerio Público guardó
silencio.

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Demandante: Integralidad Temporal Ltda. -en liquidación-
Reparación directa - apelación de sentencia

5. La sentencia de primera instancia

El 23 de septiembre de 2014, la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia se declaró inhibida para resolver de fondo el asunto sometido a conocimiento
por indebida escogencia de la acción (fls. 155-163 cdno. ppal.), por las siguientes
razones:

1) El origen de la controversia fue el embargo de una cuenta bancaria por parte de la
DIAN, decisión que se encuentra contenida en un acto administrativo particular y concreto
(Resolución no. 2010022500147 de 28 de mayo de 2010) cuya legalidad se cuestionó
por la demandante en cada una de sus intervenciones procesales, debido que se alegó
la indebida notificación del oficio persuasivo penalizable, así como también la discusión
frente a la naturaleza del acto administrativo, el contenido del mismo por el cobro de
intereses moratorios y el procedimiento adelantado para su expedición, pues, a su juicio,
no debió expedirse sin existir mandamiento de pago previo al embargo.

2) Las reclamaciones planteadas por la sociedad demandante constituyen alegaciones
propias del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que se
realiza un juicio de legalidad de los actos administrativos expedidos en el curso de un
procedimiento de cobro coactivo por parte de la DIAN, juicio que es susceptible de ser
analizado con el fin de determinar la procedencia de una eventual reparación de los
perjuicios reclamados en la demanda.

3) Como la fuente del daño reclamado es un acto administrativo, el medio de control
jurisdiccional que debió ejercerse es el de nulidad y restablecimiento del derecho y no el
de reparación directa, por lo tanto se configuró la indebida escogencia de la acción.

4) Aun cuando el acto de embargo no constituye un acto administrativo que pueda
considerarse definitivo, lo cierto es que se trata de una decisión proferida dentro de un
procedimiento de cobro coactivo y, en ese orden, trajo a colación un pronunciamiento de
la Sección Tercera del Consejo de Estado en el cual se advirtió que los actos que se
profieran dentro de tales procedimientos son susceptibles de ser demandados por la vía
de la nulidad y restablecimiento del derecho.

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6. El recurso de apelación

La parte demandante (fls. 210-218 cdno. ppal.) sostuvo que la acción de reparación
directa era la indicada, en respaldo de lo cual adujo lo siguiente:

1) Con este proceso no se pretende la declaratoria de nulidad de la resolución de
embargo no. 20100225001747 de 28 de mayo de 2010 ni mucho menos se persigue el
restablecimiento de ningún derecho quebrantado y/o agraviado por aquel.

2) La medida de embargo fue levantada por medio de la resolución de desembargo no.
201002310056 de 25 de junio de 2010, circunstancia que torna improcedente “enervar el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra este acto administrativo
ya sin efectos y carente de restablecimiento” (fl. 211 cdno. ppal.).

3) A pesar de que los efectos del acto de embargo cesaron en el mes de junio de 2010,
no se puede desconocer que este generó un daño a la sociedad Integralidad Temporal
Ltda consistente en la imposibilidad que tuvo de acceder al crédito gestionado y requerido
para su estabilización financiera.

7. Actuaciones de segunda instancia

Admitido el recurso (fl. 226 cdno. ppal.), mediante proveído de 5 de junio de 2015 se
corrió traslado para alegar de conclusión y se dispuso surtir el trámite previsto en el inciso
segundo del artículo 59 de la Ley 446 de 1998 si el Ministerio Público llegara a solicitarlo
(fl. 228 cdno. ppal.); las partes reiteraron los argumentos expuestos a lo largo del proceso
(fls. 232-248 cdno. ppal.); el Ministerio Público guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala resuelve el asunto sometido a consideración con el siguiente
derrotero: 1) objeto de la controversia y decisión a adoptar, 2) medio de control
procedente y 3) condena en costas.

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Demandante: Integralidad Temporal Ltda. -en liquidación-
Reparación directa - apelación de sentencia

1. Objeto de la controversia y decisión a adoptar

Corresponde a la Sala determinar si en este caso la parte accionada es patrimonialmente
responsable de los perjuicios ocasionados con el decreto de la medida de embargo de
las cuentas bancarias, la cual, a juicio de la parte demandante, no le fue notificada en
debida forma y, además, adoptada sin observancia de los requisitos contemplados en los
artículos 704, 705 y 719-1 del Estatuto Tributario.

El tribunal administrativo de primera instancia se declaró inhibido para analizar de fondo
las súplicas de la demanda por indebida escogencia de la acción, dado que la procedente
era de la de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo proferido
por la entidad demandada.

La Sala confirmará la providencia apelada debido a que del análisis de las pruebas
obrantes en el expediente se concluye que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho era el idóneo para que la accionante reclamara los perjuicios
ocasionados con ocasión de la expedición de dicha decisión administrativa.

2. Medio de control procedente

En atención de que en el presente caso la procedencia de la acción, además de ser un
presupuesto procesal, es materia de lo que se debate en el recurso de apelación y de su
examen depende que se establezca si la Sala debe o no proveer sobre el fondo del
asunto, se abordará como una cuestión principal.

En ese orden, el problema jurídico del presente asunto radica en determinar si la acción
de reparación directa ejercida es la idónea o, si por el contrario, tal como lo sostuvo el a
quo, hubo una indebida escogencia de esta.

Para tal efecto, la Sala deberá establecer: i) la fuente de las pretensiones invocadas, esto
es, si es o no un acto administrativo; ii) si se presenta alguna de las hipótesis para la
procedencia excepcional de la reparación directa cuando median actos administrativos y,
iii) el medio de control procedente e idóneo en el presente asunto.

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2.1. La fuente de las pretensiones invocadas

La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado en reiteradas
oportunidades ha precisado que en materia de lo contencioso administrativo la fuente del
daño determina la acción procedente y esta, a su vez, determina la técnica apropiada
para la formulación de las pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para
hacerlas valer por la vía jurisdiccional1.

En la demanda se expuso como hecho dañoso la supuesta falta de notificación del oficio
persuasivo penalizable y la adopción del acto no. 20100225001747 de 28 de mayo de
que ordenó el embargo de las cuentas bancarias de la sociedad Integralidad Temporal
Ltda sin el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 704, 705 y 719-1 del
Estatuto Tributario.

Pues bien, en el presente asunto se acreditaron los siguientes hechos relevantes:

1) El 1º de febrero de 2010, la DIAN dirigió a la sociedad “Integridad Temporal Ltda” un
oficio persuasivo penalizable en los siguientes términos:

“Apreciado contribuyente,

La presente comunicación es con el objeto de invitarlo a que se ponga al
día en el pago de las siguientes obligaciones:

VENTAS 2009-05-06, Y RETENCIÓN 2009-12, 2010-01

A los anteriores valores, se le agregan los intereses y actualizaciones que
se causen a la fecha del pago, en la forma indicada en los artículos 634 y
867-1 del Estatuto Tributario.

Si ud(s) posee(n) saldos a favor sin solicitud de devolución o
compensación por renta y/o retenciones practicadas a título de Iva, y
dentro de los términos establecidos en el artículo 854 del Estatuto
Tributario, le invitamos a gestionar la respectiva compensación a las
anteriores obligaciones dentro del mes siguiente a la fecha de esta
comunicación y acreditar prueba ante este despacho.

De no cancelarse las obligaciones o demostrar su pago o solicitud de
acuerdo de pago vencido el plazo antes señalado, la División de
Cobranzas procederá a exigir su pago coactivamente y a instaurar, en el
evento en que se encuentre tipificado el artículo 402 del Código Penal, la
denuncia penal por ‘omisión del agente retenedor o recaudador’, si se trata

1
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2015, expediente no.
35.351, MP Hernán Andrade Rincón.

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Demandante: Integralidad Temporal Ltda. -en liquidación-
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del cobro de obligaciones correspondientes a retención en la fuente y/o
Iva.

En caso de encontrarse canceladas las anteriores obligaciones, le solicitamos
indicarnos la fecha y los números de los documentos o recibos de pago que así
lo demuestren .

Notificar la presente providencia de conformidad con lo establecido en el artículo
565, inciso 1º, del Estatuto Tributario” (fl. 12 cdno. 1 – negrillas adicionales).

2) En el folio 13 del cuaderno 1 obra la constancia de envío electrónico del señalado oficio
persuasivo sancionable, así:

“De: María Piedad Marín Bermúdez
Enviado el: Lunes, 01 de febrero de 2010 01:03 p.m.
Para: INTEGRIDAD@UNE.NET.CO
Importancia: Alta

Cordial saludo señores:

Aun aparece a cargo obligaciones por cancelar, FAVOR urgente comunicarse
con el teléfono 493-69-38.

Atentamente,

María Piedad Marín Bermúdez” (fl. 13 cdno. 1).

3) El 28 de mayo de 2010, la DIAN expidió el acto no. 201002250017447 por medio del
cual se ordenó el embargo de unas sumas de dinero de la sociedad Integralidad Temporal
Ltda; en la referida prueba se dejó constancia de lo siguiente:

“CONSIDERANDO

1. Que los documentos que se cobran en este proceso tienen la calidad de
títulos ejecutivos según lo establecido en el artículo 828 del Estatuto Tributario
y en ellos consta una obligación clara, expresa y exigible a favor de la Nación y
a cargo de INTEGRALIDAD TEMPORAL LTDA (…).

2. Que el Estatuto Tributario en sus artículos 837, 838 y 839 parágrafo confiere
la facultad para decretar y practicar medidas cautelares sobre bienes del
deudor.

Por lo anteriormente expuesto, este Despacho,

RESUELVE:

1. Ordenar el embargo de los dineros depositados que el deudor posea en
cuentas corrientes, de ahorros, o a cualquier otro título, depositados o que
se llegare a depositar en bancos, corporaciones de ahorro y vivienda,
compañías de financiamiento comercial en todo el país a nombre de
INTEGRALIDAD TEMPORAL LTDA (…).

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Expediente 05001-23-33-000-2012-00302-01 (53.183)
Demandante: Integralidad Temporal Ltda. -en liquidación-
Reparación directa - apelación de sentencia

2. Limitar la medida cautelar en la suma de CUARENTA Y OCHO
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS ($48’883.000).

3. Tratándose de cuentas de ahorro, el embargo recaerá sobre los saldos que
excedan la cuantía inembargable.

4. Librar los oficios necesarios para dar cumplimiento a la presente providencia”
(fl. 14 cdno. 1 – se destaca).

4) El 15 de junio de 2010, funcionarios de la DIAN llevaron a cabo una jornada
extraordinaria de cobro, cuya acta de visita a la sede de la sociedad Integralidad Temporal
Ltda dejó constancia de lo siguiente:

“OBJETO VISITA

A los 15 días del mes de junio de 2010, siendo las (sic) de la (sic), con el
objeto de dar cumplimiento al Auto Comisorio no. 20100801900534 de
fecha 15/06/2010 se desplazan a la dirección CL 75 64A-81 P2, del
municipio de Medellín – Antioquia, los funcionarios Víctor W Toro A y
Blanca Ligia Muñoz, para realizar visita de verificación al contribuyente
INTEGRALIDAD TEMPORAL LTDA (…).

Fui atendido por la señora Olga Elena Molina (…) en calidad de asistente
activa, quien enterada del objeto de la visita, manifestó:

Que a la fecha no pueden hacer abonos, que solo en la segunda semana
de julio (15) podrían hacer un abono de $9’000.000 y la otra parte el 30 de
julio y el resto de las obligaciones las pagaría hasta noviembre como
máximo. Se advierte sobre el carácter penal de las deudas. (…)” (fl. 15 cdno.
1 – negrillas adicionales).

5) El 24 de junio de 2010, la representante legal de la sociedad Integralidad Temporal
Ltda compareció ante la DIAN con el fin de conocer las obligaciones tributarias por
concepto de renta, ventas, retención, anticipos, sanciones (tributarias, aduaneras y
cambiarias), inversión en bonos, intereses moratorios y demás contenidas en actos
privados y oficiales; en la correspondiente acta de comparecencia se consignó lo
siguiente:

“Una vez terminada la reunión se concluye, que el contribuyente conoce que
dentro de las deudas fiscales tiene obligaciones penalizables, por las cuales no
tiene denuncia penal.

Adicionalmente, expresa que hará facilidad de pago para las obligaciones
vigentes, cancelarán el 30% de las obligaciones de ventas 2009-6 de manera
completa, retención 2010-5 y abonará a ventas 2010-1, presentará la facilidad
de pago para el día 23 de junio/2010. Se encuentra con embargo bancario, son
obligaciones penalizables” (fl. 16 cdno. 1).

13

Expediente 05001-23-33-000-2012-00302-01 (53.183)
Demandante: Integralidad Temporal Ltda. -en liquidación-
Reparación directa - apelación de sentencia

6) El 25 de junio de 2010, la DIAN profirió resolución de desembargo de las cuentas
bancarias de la sociedad demandante pues las obligaciones objeto de cobro habían sido
canceladas (fl. 74 cdno. 1).

7) El 11 de agosto de 2010, la DIAN envió a la sociedad Integralidad Temporal Ltda un
nuevo oficio persuasivo penalizable a la dirección electrónica “integralidad@une.net.co”;
esta comunicación precisó que:

“La presente comunicación es con el objeto de invitarlo a que se ponga al día
en el pago de las siguientes obligaciones:

VENTAS 2010-03. $14’728.000

A los anteriores valores, se le agregan los intereses y actualizaciones que se
causen a la fecha del pago, en la forma indicada en los artículos 634 y 867-1
del Estatuto Tributario. (…)” (fl. 78 cdno. 1).

8) El 29 de noviembre de 2010, la DIAN expidió el acto no. 20105056005276 por medio
del cual invitaba a la sociedad Integralidad Temporal Ltda a ponerse al día con el pago
de la obligación tributaria equivalente a $14’728.000 (fl. 82 reverso cdno. 1).

9) El 9 de diciembre de 2010, la representante legal de la mencionada sociedad
compareció a la sede de la DIAN para solicitar un plazo hasta el 28 de enero de 2011
para cancelar la totalidad de la deuda (fl. 83 cdno. 1).

10) El 5 de diciembre de 2011, la DIAN emitió un nuevo oficio persuasivo penalizable
dirigido a la sociedad demandante con el fin de invitarlo a cumplir con el pago de la
obligación tributaria equivalente a la suma de $21’136.000 (fl. 89 cdno. 1).

Sobre esa base fáctica, en relación con la fuente del daño a la que alude la parte actora
debe precisarse lo siguiente:

1) En ese contexto, tanto en la demanda como en el recurso de apelación, se alegó que
la sociedad Integralidad Temporal Ltda no pudo acceder al desembolso de un crédito
porque la DIAN dictó una medida de embargo de sus cuentas bancarias, decisión
administrativa que, a su juicio, no le fue notificada en debida forma y, además que fue
adoptado sin que se hubieran cumplido “los requisitos previstos en los artículos 704, 705
y 719-1 del Estatuto Tributario” (fl. 2 cdno. 1).

14

Expediente 05001-23-33-000-2012-00302-01 (53.183)
Demandante: Integralidad Temporal Ltda. -en liquidación-
Reparación directa - apelación de sentencia

De manera concreta, adujo que la entidad demandada “no surtió en legal forma las
instancias previas a la acción de cobro coactivo y por tanto no es procedente la aplicación
de los artículos 837, 838 y 839 del E.T., invocados por esta para el embargo contenido
en el acto administrativo mencionado en el hecho décimo de la [demanda]” (fl. 3 cdno. 1).

2) Así las cosas, esta Sala concluye que el daño alegado no deviene de un hecho o una
omisión administrativa sino del acto no. 20100225001747 de 28 de mayo de 2010, por
medio del cual se ordenó el embargo de las cuentas bancarias de la sociedad
Integralidad Temporal Ltda, la cual es una manifestación de la voluntad de la DIAN, en
ejercicio de funciones administrativas y con efectos jurídicos particulares, por lo que
claramente constituye un acto administrativo.

3) Ahora bien, en atención a que la señalada decisión administrativa que ordenó el
embargo de las cuentas bancarias de la sociedad demandante fue dictada dentro de un
procedimiento de cobro coactivo resulta necesario advertir que el artículo 835 del
Estatuto Tributario dispone que solo eran demandables ante la jurisdicción contenciosa
administrativa “las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la
ejecución”, circunstancia que, en principio, daría lugar a dejar desprovistas de tutela
jurídica ciertas actuaciones de la administración que pueden generar algún daño en ese
tipo de procedimientos.

4) Sin embargo, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la protección
debe extenderse a todos los actos que se expiden en el trámite del procedimiento de
cobro coactivo los cuales son demandables a través de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho2.

De manera reciente, la Sección Tercera del Consejo de Estado reiteró que el acto
administrativo que decreta el embargo de los bienes del ejecutado en el procedimiento
de cobro coactivo es demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo;
en efecto, esta Corporación, en sentencia del 28 de febrero de 2018 lo explicó así:

“Esta Corporación ha definido el proceso de cobro coactivo como ‘la potestad
exorbitante que tiene la Administración para cobrar, directamente y sin
intervención judicial, las deudas que se encuentren a su favor’3. Todo lo anterior,
con el fin de recaudar en forma rápida las deudas a favor de las entidades

2
En ese mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia del 11 de abril de 2019, Exp. No. 43.282.
3
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del veinte (20) de
octubre de dos mil diecisiete (2017). Expediente número: 66001-23-31-000-2000-00583-01.

15

Expediente 05001-23-33-000-2012-00302-01 (53.183)
Demandante: Integralidad Temporal Ltda. -en liquidación-
Reparación directa - apelación de sentencia

públicas, para así poder lograr el eficaz cumplimiento de los cometidos
estatales4.

El Estatuto Tributario fijó el trámite de cobro coactivo que deben agotar las
entidades públicas para el recaudo de las deudas a su favor. El artículo 835 de
dicho Estatuto identifica los actos proferidos en el proceso de cobro coactivo
que son demandables ante la jurisdicción contencioso-administrativa, a saber:
Las resoluciones que fallan las excepciones y las que ordenan llevar adelante
la ejecución5. El artículo 101 del CPACA añadió que también serán
demandables los actos que liquiden el crédito6.

No obstante, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha aceptado que,
además, existen otros actos proferidos en el proceso de cobro coactivo,
cuyo conocimiento corresponde también a la jurisdicción contencioso-
administrativa. (…).

Conforme lo anterior, la Sala ha declarado que los actos administrativos
que decretan el embargo pueden ser demandados ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo:

‘[…] como lo ha considerado la Sala en anteriores oportunidades existen ciertas
decisiones de la Administración en los procesos de cobro coactivo que los
administrados pueden controvertir y que de no ser así quedarían desprovistas
de tutela jurídica y de control jurisdiccional. Así, se ha querido dar protección
jurídica a controversias independientes originadas en la aplicación de normas
tributarias especiales o recientes, o las surgidas con posterioridad a la
expedición y notificación de las resoluciones que fallan las excepciones y
ordenan llevar adelante la ejecución, esto es, aquéllas que se generaran por
actuaciones como los embargos de que trata el artículo 86 de la Ley 6 de 1992
(ad. art. 839-1, E.T.), o el remate de bienes del ejecutado, la aprobación del
mismo, su cumplimiento y el pago al acreedor, situaciones a las que a falta de
norma en el sistema tributario específico, cabe aplicar las pertinentes del Código
de Procedimiento Civil, conforme a lo previsto por los artículos 839-2 y 840 del
Estatuto Tributario’7.

“Así las cosas, la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce conflictos
de legalidad de los actos administrativos que hacen parte del proceso de cobro
coactivo no contemplados en el Estatuto Tributario, como son el acto que
decreta el embargo y el de liquidación del crédito”8 (se destaca).

Por su parte, la Sección Cuarta, en abundante jurisprudencia, ha señalado que en lo que
respecta al procedimiento de cobro coactivo solo resultan ser demandables ante esta
jurisdicción los actos que deciden sobre las excepciones contra el mandamiento de pago

4
Corte Constitucional. Sentencia T-628/08, de veintiséis (26) de junio de dos mil ocho (2008).
5
Decreto 624 de 1989. Artículo 835. “Dentro del proceso de cobro administrativo coactivo, sólo serán
demandables ante la Jurisdicción Contencioso - Administrativa las resoluciones que fallan las excepciones
y ordenan llevar adelante la ejecución; la admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero
el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción”.
6
CPACA, artículo 101. “Control jurisdiccional. Sólo serán demandables ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, en los términos de la Parte Segunda de este Código, los actos administrativos
que deciden las excepciones a favor del deudor, los que ordenan llevar adelante la ejecución y los que
liquiden el crédito”.
7
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia de cuatro (4) de abril de dos mil trece (2013). Radicado
número: 76001-23-31-000-2005-04450-01 (18970).
8
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de febrero de 2018, expediente no.
59.900, MP. Jaime Enrique Rodríguez Navas.

16

Expediente 05001-23-33-000-2012-00302-01 (53.183)
Demandante: Integralidad Temporal Ltda. -en liquidación-
Reparación directa - apelación de sentencia

y los que ordenan seguir adelante la ejecución; sin embargo, tal posibilidad se ha
extendido a los actos que se presenten en el curso del cobro coactivo, tales como
embargos, el remate de bienes del ejecutado, la aprobación del mismo, su cumplimiento
y el pago al acreedor, la liquidación del crédito y las costas, entre otros9.

5) Ante tal panorama, se destacan las siguientes conclusiones: i) el procedimiento de
cobro coactivo que adelanta la DIAN es un verdadero procedimiento administrativo y sus
actos ostenta la misma naturaleza; ii) aun cuando el artículo 835 del Estatuto Tributario
indica que solo son demandables ante la jurisdicción contencioso administrativa la
resolución que falla las excepciones y ordena seguir adelante la ejecución, lo cierto es
que jurisprudencialmente ha sostenido que los actos relativos al embargo y al remate
también son demandables y, iii) el medio de control idóneo para reclamar los perjuicios
causados con este tipo de procedimiento es el de nulidad y restablecimiento del
derecho10.

2.2 Procedencia excepcional de la acción de reparación directa cuando median
actos administrativos

1) Si bien la acción de reparación directa opera cuando el daño alegado deviene de un
hecho, una omisión o una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente
de inmuebles por trabajos públicos, también es cierto que existen eventos excepcionales
en que dicho medio de control es procedente cuando el daño proviene de actos
administrativos -casos en los cuales, por regla general, se deben ejercer las acciones de
nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso-; la Sala ha resumido
estas excepciones así:

“A modo de epílogo, son cuatro las excepciones que hasta este momento se
han identificado en la jurisprudencia y que permiten afirmar que la acción de
reparación directa es el cauce procesal idóneo cuando el origen del daño lo
constituya una actuación administrativa: (i) reparación de perjuicios causados
por la ejecución de actos administrativos consonantes con el ordenamiento
jurídico en los que no se controvierta su legalidad y se atente contra el principio
de igualdad frente a las cargas públicas; (ii) reparación de perjuicios causados
por la expedición y ejecución del acto administrativo ilegal que haya sido
anulado o haya sido objeto de revocatoria directa por la propia administración,
sin incidencia de la conducta del sujeto pasivo del acto
administrativo; (iii) reparación como consecuencia de la configuración de un
daño derivado de una manifestación de la administración contra la cual no
procede la acción de legalidad pertinente, como ocurre con los actos
preparatorios o de trámite; (iv) reparación de los perjuicios causados por la

9
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 26 de agosto de 2021, expediente no. 25.492, MP
Stella Jeannette Carvajal Basto.
10
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de septiembre de 2019, expediente
no. 49.650, MP Marta Nubia Velásquez Rico.

17

Expediente 05001-23-33-000-2012-00302-01 (53.183)
Demandante: Integralidad Temporal Ltda. -en liquidación-
Reparación directa - apelación de sentencia

anulación o revocatoria directa de un acto administrativo que hubiere
beneficiado al actor, cuando la anulación o revocatoria directa hubiere sido
causada por la inobservancia de las reglas propias del procedimiento
administrativo o de las normas que rigen el ejercicio de la actividad
administrativa”11.

2) De conformidad las anteriores excepciones, la Sala considera que este asunto versa
sobre un acto administrativo respecto del cual se controvierte su legalidad, por cuanto la
demandante considera que esa decisión administrativa vulneró sus derechos, esto es,
por un acto administrativo afectado de ilegalidad por haber sido expedido sin los debidos
requisitos legalmente preestablecidos.

Además, se destaca que la ahora actora tuvo conocimiento de la voluntad de la
administración cuando acudió ante la DIAN el 24 de junio de 2008 con el fin de conocer
las obligaciones tributarias a su cargo, tal como se hizo constar en el acta de
comparecencia, tanto es así, que luego de ello canceló las sumas adeudadas, por lo que
se puede concluir que fue notificado por conducta concluyente.

Aunado a lo anterior, se advierte que tales actos, según las pruebas que obran en el
expediente, no han sido anulados ni mucho menos han sido objeto de revocatoria directa
por la propia administración, en esa medida se considera que en este asunto no se
configuró alguna de las excepciones señaladas para que opere la acción de reparación
directa cuando el daño proviene de un acto administrativo.

3) De igual manera, se advierte que aun cuando en el recurso de apelación se indicó que
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no era procedente porque la entidad
demandada ya había ordenado el levantamiento de la medida cautelar de embargo, lo
cierto es que la pérdida de efectos de dicho acto no ocurrió porque se hubiese
desvirtuado la presunción de legalidad del acto no. 20100225001747 de 28 de mayo
de 2010, sino, porque la ahora demandante cumplió con sus obligaciones tributarias lo
cual, como es natural, obligaba a decretar el desembargo respectivo.

2.3 El medio de control procedente e idóneo en el presente asunto

1) Como ya se explicó el medio de control de reparación directa está concebido para
demandar la reparación del daño derivado de un hecho administrativo, una omisión, una

11
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24 de enero de 2019, expediente
46.806, MP Ramiro Pazos Guerrero.

18

Expediente 05001-23-33-000-2012-00302-01 (53.183)
Demandante: Integralidad Temporal Ltda. -en liquidación-
Reparación directa - apelación de sentencia

operación administrativa, una ocupación temporal o permanente de un bien inmueble por
causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa, siempre que esta última no
consista en un acto administrativo, porque, cuando este constituye, como en el presente
caso, la fuente de un daño, la ley prevé como medio de control generalmente pertinente
-teniendo en cuenta las excepciones antes aludidas- el de nulidad y restablecimiento del
derecho12.

2) En efecto, si el daño tiene origen en un acto administrativo de carácter particular y
concreto que se censura de estar viciado de nulidad, el medio de control procedente es
el de nulidad y restablecimiento del derecho, pues, para obtener el resarcimiento del
perjuicio resulta necesario el pronunciamiento acerca de la anulabilidad del acto por
violación de los preceptos superiores para efectos de desvirtuar la presunción de
legalidad y veracidad que revisten tales actos jurídicos y que hacen obligatorio su
cumplimiento y obedecimiento13.

3) Por lo tanto, aunque la parte actora dijo ejercer, nominalmente, el medio de control de
reparación directa, lo cierto es que del contenido de los hechos, de las pretensiones de
la demanda y de la causa petendi de estas -aspectos reafirmados en el recurso de
apelación-, la Sala advierte que lo que realmente se pretendió fue la reclamación de
perjuicios generados con ocasión de un acto administrativo que, a su juicio, fue adoptado
sin la observancia de los artículos 704, 705 y 719-1 del Estatuto Tributario, huelga decir,
la base de la reclamación de la responsabilidad es la supuesta ilegalidad de un preciso
acto administrativo, cuya ilegalidad no es factible examinar a través del medio de control
jurisdiccional de reparación directa.

Por consiguiente, desde el punto de vista material, el medio de control que debió
interponerse era el de nulidad y de restablecimiento del derecho y, por ende, se encuentra
demostrada la indebida escogencia de la acción declarada en primera instancia, lo cual
torna improcedente un pronunciamiento de fondo, toda vez que la adecuada escogencia
de la acción constituye un presupuesto de la sentencia de mérito14.

Por lo expuesto, la Sala confirmará el fallo apelado.

12
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de julio de 2021, expediente no.
51.334, MP. Alexánder Jojoa Bolaños.
13
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2015, expediente
35.351, MP Hernán Andrade Rincón.
14
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 28 de abril de 2010, expediente
17.811, MP Mauricio Fajardo Gómez.

19

Expediente 05001-23-33-000-2012-00302-01 (53.183)
Demandante: Integralidad Temporal Ltda. -en liquidación-
Reparación directa - apelación de sentencia

3. Condena en costas

Según el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 salvo, que se ventile un interés público15 la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil, a su turno, el artículo 365 del Código
General del Proceso consagra que se condenará en costas “a la parte vencida”.

Para el presente caso se considera parte vencida a la sociedad Integralidad Temporal
Ltda -en liquidación-, de manera que en lo que se refiere a los gastos del proceso estos
serán liquidados por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de
manera concentrada, según el artículo 366 del Código General del Proceso16.

Sobre las agencias en derecho, se tiene que para la fecha de la presentación de la
demanda se hallaba vigente el artículo 6 numeral 3.1.3. del Acuerdo 1887 de 2003
expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de este modo,
la Sala considera razonable tasar las agencias en derecho en cuatro (4) salarios mínimos
legales mensuales vigentes para la fecha de ejecutoria de la presente providencia que
deberán ser pagados por la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

15
Acerca del argumento según el cual no hay lugar a imponer costas por tratarse de una asunto donde se
ventila un interés público la Sala reitera lo expresado en oportunidades anteriores en el sentido de destacar
que la Ley 1437 de 2011 al regular el instituto de las costas en materia procesal modificó el criterio
establecido por la Ley 446 de 1998 para acoger un criterio objetivo que se aplica con independencia de la
conducta procesal de los litigantes, todos los procesos que se adelantan ante esta jurisdicción, en últimas,
tienen como finalidad la protección del interés público porque buscan definir controversias y litigios en los
que participan entidades públicas y estas a su vez procuran la satisfacción del interés general. Sin embargo,
este entendimiento amplio o extensivo de la norma conlleva una hermenéutica ad absurdum dado que esta
perdería eficacia bajo ese específico entendimiento, pues no procedería la condena en costas en ningún
proceso que se adelantara ante esta jurisdicción. De allí que la única forma de imprimirle un efecto útil y
eficacia real a la norma es equiparar “interés público” a “medios de control públicos” (v.gr. nulidad por
inconstitucionalidad, nulidad simple, nulidad electoral, entre otros). Ver: Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente no. 11001-03-26-000-2019-
00011-00 (63.217), MP Fredy Ibarra Martínez.
16
“Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya
conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que
le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a
las siguientes reglas (…)” (se destaca).

20

Expediente 05001-23-33-000-2012-00302-01 (53.183)
Demandante: Integralidad Temporal Ltda. -en liquidación-
Reparación directa - apelación de sentencia

F A L L A:

1º) Confírmase la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2014 por la Sala Primera
de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia.

2º) Condénase a la parte demandante a pagar las costas que se hubiesen causado en
segunda instancia, cuya liquidación hará de manera concentrada el a quo, según lo
dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

3º) Fíjanse por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a cuatro (4)
salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la presente providencia que,
deberán ser pagados por la parte demandante.

4º) Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Aclaración de voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 186 de CPACA.

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