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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2012-00809-02

Fecha
3 de marzo de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2012-00809-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CO NFI RMAR, la sentencia del 22 de octubre de 2019 , proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia , que accedió parcialmente a las pretensiones dentro del proceso promovido por la Unidad Administrativa Especia l de Gestión Pensional y Contribuciones P arafiscales (UGP P), contra el se ñor Javier Taborda Pereañez , por las razones expuestas en la providencia . 43Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 21 de abril de 2016, expediente: 3400 -2013, magistrado ponente Luis Rafael Vergara Quintero. 19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 05001-23-33-000-2012-00809-02 Número interno: 0950-2020 Demandante: U.G.P.P. SEGUNDO: RECONOCER a Jamith Antonio Valencia Tello identificado con la C.C. No. 94.492.443 expedida en Cali, portador de la T.P. No. 128.870 del C. S. de la J. como apoderado judicial de la UGPP dentro del proceso de la referencia, en los términos del poder conferido. TERCERO: Sin condena en costas de segunda instancia, de acuerdo con las consideraciones expresadas en este fallo. CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2012-00809-02

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

3 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓ N A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintidós (20 22)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2012-00809-02 (0950-2020)
Demandante: UNIDAD A DMINI STRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES (UGPP)
Demandado: JA VIER TABORDA PE REAÑEZ
Temas: BONIFICACI ÓN PO R ACTIVIDAD JUDICIAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA/LEY 1437 DE 2011

I. ASUNTO

La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto
por ambas partes contra la sentencia del 22 de octubre de 2019 ,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia 1, que accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda instaurada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales (U.G.P.P.) 2 en contra del señor Javier Taborda
Pereañez.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda 3.
2.1.1. Pretensiones .

La Unidad Administrativa Especia l de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (U.G. P.P.), por
conducto de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artícu lo
138 del CPACA, en la modalidad de lesividad, solicitó la nulidad de
la Resolución No. 59227 del 15 de noviembre de 2006, por medio

1 Con ponencia del magistrado Álvaro Cruz Riaño
2 En adelante UGPP.
3 Folios 17 a 31.

Radicado: 05001-23-33-000-2012-00809-02
Número interno: 0950-2020
Demandante: U.G.P.P.

de la cual la entidad le liquidó la mesada pensional con inclusión
del factor salarial de bonificación por actividad judicial.

Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento de derecho pidió que se reintegre la totalidad de
las sum as canceladas en virtud del acto administrativo que liquidó
la pensión de vejez con inclusión del emolumento de bonificación
por actividad judicial , sumas debidamente indexadas.

2.1.2. Hechos.

Señaló como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:

1. El señor Javier Taborda Pe reañez el 15 de febrero de 2006
solicitó a Cajanal hoy UGPP, el re conocimiento y pago de una
pensión de jubilación teniendo en cuanta el régimen especial de la
Rama Judicial de que trata el Decreto 546 de 1971 .

2. Al no obtener respuesta alguna , interpuso acción de tutela a fin
de que se le ampararan sus derechos fundamentales a la seguridad
social, igualdad, y dignidad , mecanismo constitucional que
correspondió por reparto al Juzgad o Tercero de Me nores de
Medellín, despacho judicial que acce dió al amparo de los derechos
invocados mediante el fallo del 17 de agosto de 2006 .

3. En esa medida, Caja nal hoy UGPP, en cumplimiento de la orden
judicial, a través d e Resolución No. 5 9227 del 15 de noviembre de
2006 reconoció a favor del accionado una mes ada pensional en
atención al régimen especial de la Rama Judicial, equivalente al
75% de la asignación más elevada devengada por el señor Taborda
teniendo en cuenta todos los factores devengados , incluida la
bonificación por actividad judicial.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación .

Como normas vul neradas citó los artículos 1º, 2º, 4º, 6º, 121, 128,
y 209 de la Constitución Política; 6 º, 7º y 8º del Decreto 546 de
1971; 1º y 2º del Decreto 3131 del 8 de septiembre de 2005 y 1º
del Decreto 3 900 del 7 de octubre de 2008 .

En el concepto de violación explicó que en atención a lo
preceptuado en el artículo 2 º del Decreto 3131 de 2005 la
bonificación por actividad judicial no podía ser incluida para efectos

2
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Número interno: 0950-2020
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del cálculo de la mesada pensional, comoquiera que fue el
legislador quien así expresamente lo dispuso . No obstante , con la
expedición del Decreto 3900 del 7 de octubre de 2008 , entendía
que a partir de 1º de enero de 2009 este emolumento llegó a tener
carácter de fa ctor salarial, por ende las mesadas pensionales
causadas con anterioridad a la fe cha en mención no podían
incluir lo.

En esa medida, estimaba que el acto administrativo recurrido se
encontraba viciado de nulidad, comoquiera que no se le podía
otorgar efectos retroactivos al aludido factor, dado que para su
efectividad se indicó una fecha posterior , esto es, el 1º de enero de
2009.

2.2. Contestación de la demandada 4.

El señor Javier Taborda Pereañez , por intermedio de apoderado
judicial, se opuso a las súplicas de la demanda , al considerar que
fue Cajanal hoy UGPP, quien reconoció la pensión de vejez
teniendo en cuenta todos los factores salariales in cluida la
bonificación por gestión judicial , lo cual se ajustaba precedente
jurisprudencial del Consejo de Estado contenido en su sentencia
de unificación del 4 de agosto de 2010 .

Con relación a l reintegro de lo percibido en virtud del acto
administrativo censurado, estimaba que no había lugar, toda vez
que la pensión había sido debidamente otorgada.

2.3. Trámite en primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Antioquia , en la audiencia inicial de
que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, instalada el 8 de
julio de 2019 5, advirtió que (i) no existían irregularidades o vicios
que invalidara todo lo actuado dentro del proceso; (ii) re specto de
las excepciones previas consideró que las propuestas eran de
fondo; y (iii) fijó el litigio en los siguientes términos:

«¿pr ocede la decla r at or ia de nulidad del act o adm inist r at ivo
dem andado, por m edio del cu al se r econo ció una pens ión v it al icia
de j ubilaci ón en f avor del señor JAVI ER TABO RDA PE REA ÑEZ,

4 Folios 510 a 515.
5 Folio 614 a 619.

3
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por haber inclu ido com o f act or salar ial la bon if icac ión por
act ividad j ud ic ia l? »

2.4. La sentencia apelada.

El Tribunal Administrativo de Antioquia , mediante sentencia del 22
de octubre de 2019 6, accedió parcialmente a las súplicas de la
demanda, por lo que declaró la nulidad parcial de la Resolución No.
59227 del 15 de noviembre de 2006 ; negó las demás pretensiones
y se abstuvo de condenar en costas al accionado .

Al respecto, manifestó que si bien el acto administrativo censurado
había sido expedido con ocasión a un fallo de tutela proferido por
el Juzgado Tercero de Menores de Medellín , lo cierto era que la
orden judicial consistió en que resolvie ra la solicitud de
reconocimiento pensional presentada por el actor.

Por lo tanto, al no imponerse orden alguna por parte del juez
constitucional con relación a la bonificación por gestión judicial en
el momento de reconocer la prestación , en sentir del a quo, ello,
obedecía a la voluntad administrativa de la entidad (Cajanal), quien
en el marco de sus funciones era la encargada de expedir el acto
recurrido.

En cuanto a la via bilidad de incluir la bonificación por actividad o
gestión judicial , encontró que la mesada pensional fue reconocida
con un monto del 75 % de la asignación mensual más elevada
devengada en el último año en aplicación del Decreto 546 de 1971,
con efectividad a partir del 1 º de enero de 2006 condicionada al
retiro efectivo del servicio , lo cual ocurrió el 1º de enero de 2007 .

Siendo eso último relev ante, por cuanto si bien la pen sión le fue
reconocida al accionado en vigencia del Decreto 3131 de 2005 , lo
cierto era que no había entrado en vigor el Decreto 3900 de 2008
por medio del cual a partir del 1º de enero de 2009 se reconoció la
bonificación por actividad judicial co mo un factor salarial . De ahí
que pese haber lo percibido en el último año , este no era
computable para la liquidación de su mesada pensional , por lo que
declaró la nulid ad parcial de acto administra tivo objeto de censura
y en consecuencia ordenó a la entidad accionada l iquidar
nuevamente la prestación sin inclusió n del factor en mención .

6 Folios 199 a 208 Vto.

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Demandante: U.G.P.P.

Con relación al reintegro de las sumas pa gada en exceso,
puntualizó en que estas no habían sido percibidas de mala fe , toda
vez que estas se derivaron de una disposición autónoma de la
entidad accionante.

2.5. Recurso de apelación.

La entidad accionante 7, por conducto de apoderado judicial,
interpuso recurso de apelación al considerar que en el presente
asunto procede el reintegro de la totalidad de las sumas canceladas
en virtud del acto administrativo que liquid ó la mesada pensional
del accionado , porque no se podía inferir que tales valores habían
sido percibidos de buen fe , en tanto la génesis de l mismo se dio
con ocasión a una fallo de tutela , cuando el mecanismo idóneo era
acudir a su juez natural, esto es, el contencioso administrativo .

En ese orden , en sentir de la entidad apelante procedía su
devolución, por cuanto el acto administrativo recurrido iba en
contravía de la ley y los principios de sostenibilidad financiara ,
moralidad administrativ a e igualdad.

El demanda do 8, por intermedio de apoderado judicial interpuso
recurso de apelación, al estimar que fue Cajanal hoy UGPP, quien
al reconocer la pensión de vejez incluyó la bonificación por
actividad judicial , lo cual se ajusta ba al precedente jurisprudencial
del Consejo d e Estado contenido en su sentencia del 4 de agosto
de 2010.

2.6. Trámite en segunda instancia.

A través de los au tos de 29 de enero de 2021 9 y 4 de junio de la
misma anualidad 10, se admitió el recurso de apelación interpuesto
por ambas partes y se ordenó corre r traslado a estas p ara alegar
de conclusión y al agente del Ministerio Público para conceptuar en
segunda instancia , respectivamente.

La entidad demandante 11 insistió en los términos de la demanda.

El accionado 12 reiteró los argumentos esgrimidos en la apelación.

7 Folio 653 a 657
8 Folios 658 a 665.
9 Folio 670.
10 F o l i o 2 3 5 .
11 V e r í n d i c e 1 6
12 V e r í n d i c e 1 7

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Demandante: U.G.P.P.

El Ministerio Públ ico 13 guardó silencio.

III. CONSIDERACI ONES

3.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y d e lo Contencioso Administrativo 14, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto.

3.2. Marco de análisis de la segunda instancia.

De conformidad con el artículo 328 15 del Código General del
Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No
obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia,
el superior resolve rá sin limitaciones , como lo es en el pr esente
asunto.

3.2. Problema Jurídico.

Corresponde a la Sala determinar :

1. ¿Si el accionad o tiene derecho a que su pensión de vejez se
liquide con inclusión del factor salarial de bonificación por actividad
judicial, de conformidad con el precedente j urisprudencial
contenido en la sentencia del 4 de agosto de 2010 ?

13 F o l i o 685
14 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia
por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos su sceptibles de este
medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el
de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unifi cación de
jurisprudencia.
15 « A R T Í C U L O 3 2 8 . C O M P E T E N C I A D E L S U P E R I O R . E l j u e z d e s e g u n d a i n s t a n c i a

deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
p e r j u i c i o d e l a s d e c i s i o n e s q u e d e b a a d o p t a r d e o f i c i o , e n l o s c a s o s p r e v i s t o s p o r la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir
el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que
en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover inc identes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»

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Demandante: U.G.P.P.

2. De ser negativo el anterior interrogante ¿si procede o no la
devolución de los dineros percibidos en cumplimiento del fallo de
tutela d el 17 de agosto de 2006 proferido por el Juzgado Tercero
de Menores de Medellín, por medio del cual Ca janal accedió a
liquidar la prestación con inclusión de la bonificación por actividad
judicial?

Para resolver lo anterior, la Sala de subsección desarrolla rá e l
siguiente orde n metodológico (ii) marco normativo y jurisprudencial
aplicable al caso y (iii) análisis del caso concreto.

3.4. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso

3.3.1. Postura unificada en la Jurisdicción de lo Contencioso
Administra tivo frente al ingreso base de liquidación de los
beneficiarios del Decreto 546 de 1971 cobijados por el régimen
de transición de l a Ley 100 de 1993 .

Para resolver el problema jurídico planteado, le corresponde a la
Sala aplicar las reglas juri sprudenciales fijadas por la Sección
Segunda de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de
unificación de 11 de junio de 2020 16, que constituye un precedente
vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y
jurídicamente iguales.

En efecto, la Sección Segunda precisó que la sentencia de
unificación se aplicaría con efectos retrospectivos «[…] (i) respecto
de los asuntos similares que actualmente se están tramitando en el
seno de la administración; (ii) respe cto de los proceso s simila res
que se están adelantando en juzgados, tribunales administrativos y
Consejo de Estado. En consecuencia, no tiene efectos respecto
de aquellos asuntos en los que ya existe sentencia ejecutoriada.
En tal virtud, los co nflictos judiciales ya resueltos están amparados
por la cosa juzgada y en consecuencia resultan inm odificables.
[…]».

Las siguientes fueron las reglas ju risprudenciales sobre el ingreso
base de liquidación de los beneficiarios del Decreto 546 de 1971,

16 C o n s e j o
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11
de junio de 2020, radicación: 150012333000201600630 01 (4083 -2017) CE-SUJ-S2-
021-20. Demandante: Cándida Rosa Araque de Navas. Dentro de este proceso, la
Sala de Sección aceptó el impedimento manifestado por el suscrito ponente, mediante
providencia del 30 de mayo de 2019.

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Demandante: U.G.P.P.

cobijados por el régimen de transici ón de la Ley 100 de 1993,
fijadas en la referida sentencia de unificación:

En primer lugar, definió que son beneficiarios del régimen especial
de pensiones para la Rama Judicial o Ministerio Público quienes
cumplan con las condiciones impuestas por los ar tículos 36 de la
Ley 100 de 1993 y 6 .° del Decreto 5 46 de 1971, en los siguientes
términos:

« [… ] 4 .1 . E l fu n c i o n a ri o o e m pl e a d o de l a R am a J u ri s di c ci o n a l o d el
Mi n i s te ri o P ú b li c o b en e fi c i a ri o d e l ré g im en d e t ra n s i c i ó n e s ta b l e c i d o e n
e l a rtíc u l o 3 6 d e l a L e y 1 0 0 d e 1 9 9 3 a d q u ie re e l d e re c h o a l a p e n s i ó n d e
j u b il a c i ó n , s i em p re qu e s e a c re d i te n l o s s i g u i e n te s p re s u p u es to s :

i) P a ra e l 1 .º d e a b ri l d e 1 9 9 4 , c u a n d o c o b ró v i g e n c i a l a L e y 1 0 0 d e 1 9 9 3
e n e l á mb i to n a c i on al o p a ra e l 3 0 d e j u ni o d e 1 9 9 5 c u a n do em p e zó a
re g i r e n e l ám b i to te rri to ri a l , te n g a : a ) 4 0 a ñ o s d e e d a d si e s ho m b re , 3 5
a ñ o s d e e d a d s i e s mu j e r o , b ) 1 5 a ñ o s o m á s d e s e rv i ci o s e fec ti v a m e n te
c o ti z a d o s .

ii) R e ú n a a d e m á s l os re q u e ri mi e n to s p rop i o s d e l ré gim e n d e l a R am a
J u d i c i al y d e l Mi n i s teri o P ú b li c o e s ti p ul a d os e n e l a rtíc u l o 6 .º d e l D e c re to
5 4 6 d e 1 9 7 1 p a ra c o n s o l id a r e l e s ta tu s p e n s i o n al q u e s on : a ) e l
c u m pl im ie n to d e l a e d a d d e 5 0 a ñ o s s i e s m u j e r, o d e 5 5 a ñ o s s i e s
h o m b re ; b ) e l ti e mp o d e 2 0 a ñ o s d e s e rv i c i o s , c o n ti n u o s o d i sc o n ti n u o s
a n te ri o re s o p o s te ri o r e s a l a v i g e n c i a d e d i c h o d e c re to , q u e tu v o l u g a r e l
1 6 d e j u l i o d e 1 97 1 ; 17 c ) d e e s o s 2 0 a ñ o s d e s e rv i c i o , p o r l o me n o s 1 0
a ñ o s l o d e b ie ro n s e r e x c l u s i v am e n te a l a R am a J u ri s di c c io n a l o al
Mi n i s te ri o P ú bl i c o , o a a m b a s a c ti v id a d e s .»

En este sentido, la providencia en cit a destacó que el régimen de
transición contenido en la Ley 100 de 1993 no solo aplica para el
grupo que se rige por las normas generales, tales como la Ley 6 de
1945 18, el Decreto 3135 de 1968 19, Ley 33 de 1985 20 y la Ley 71 de
1988 21, sino que también opera cuando se trata de regímenes

17 A lrespecto se anota que el artículo 37 de este decreto dispone que «regirá 30 días
después de su publicación en el Diario Oficial […]», y fue publicado en el Diario
Oficial No. 33.339 16 de junio de 1971.
18 « P o r l a c u a l s e d i c t a n a l g u n a s d i s p o s i c i o n e s s o b r e c o n v e n c i o n e s d e t r a b a j o ,

asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo».
19 « P o r e l c u a l s e p r e v é l a i n t e g r a c i ó n d e l a s e g u r i d a d s o c i a l e n t r e e l s e c t o r p ú b l ic o
y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y
trabajadores oficiales».
20 « P o r l a c u a l s e d i c t a n a l g u n a s m e d i d a s e n r e l a c i ó n c o n l a s C a j a s d e P r e v i s i ó n y

con las prestaciones sociales para el Sector Público». Su régimen de transición
dispone que, los empleados oficiales que a la fecha de esta ley, que entró a regir
partir del 13 de fe brero de 1985, hayan cumplido 15 años continuos o discontinuos
de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que
regían con anterioridad a ella. Y en todo caso, los empleados oficiales que a la fecha
d e v i g e n c i a d e e s t a l e y , h a y a n c u m p l i d o l o s r e q u i s i t o s p a r a o b t e n e r l a p e n s i ó n de
jubilación, se continuarán rigiendo por las normas que le anteceden.
21 « P o r l a c u a l s e e x p i d e n n o r m a s s o b r e p e n s i o n e s y s e d i c t a n o t r a s d i s p o s i c i o n e s » .

8
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especiales, como los señalados por los Dec retos 546 de 1971 22,
929 de 1976 23 y 937 de 1976 24.

En segundo lugar, precisó que las condiciones de edad, tiempo de
servicios y tasa de reemplazo que se deben reunir para el
reconocimiento pensional son las est atuidas por el artículo 6 .° del
Decreto 546 de 1971. Así lo señaló:

« [… ] iii ) P o r ta n to , e s a p e n s i ó n s e l e d e b e re c o n o c e r c o n l o s e l em e n tos
d e l ré g i me n a n te ri o r c o n s a g ra d o s e n e l a rtíc u l o 6 .º d e l D e c re t o 5 4 6 d e
1 9 7 1 q u e s o n : a ) la e d a d d e 5 0 a ñ o s s i e s m u j e r, d e 5 5 a ñ o s s i e s
h o m b re ; b ) e l tie mp o d e s e rv ic io s d e 2 0 a ñ o s , c o n ti n u o s o d i s c o n ti n u o s
a n te ri o re s o p o s te ri o re s a l a v i g e n c i a d e d i c h o d e c re to ; c ) d e e s o s 2 0
a ñ o s d e s e rv ic io , p o r lo me n o s 1 0 a ñ o s lo d e b ie ro n s e r
e x c lu s iv a me n te a l a R a ma J u ris d ic c io n a l o a l Min is te rio P ú b lic o , o a
a mb a s a c tiv id a d e s ; d ) la ta s a d e re e mp la z o d e l 7 5 % [… ]»

En tercer lugar, puntualizó que el in greso base de liqu idación no
hace parte del régimen de transición pensional, sino que
corresponde al señalado p or los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de
1993, según sea el caso. Así lo indicó la providencia en mención:

« [… ] e ) e l in g re s o b a s e d e l iq u id a c ió n d e q u e t ra ta n l o s a rt íc u l o s 2 1 y
3 6 , i n c i s o 3 .°, d e l a L e y 1 0 0 d e 1 9 9 3 , s e g ú n e l c a s o , e s d e c i r, s i l e fa l t a re
má s d e 1 0 a ñ o s , s e rá e l p ro m e di o d e l os s a l a ri o s o re n ta s s o b re l os
c u a l e s h a c o ti z a do e l a fi l i a d o d u ra n te l o s 1 0 a ñ o s a n te ri o re s a l
re c o n o c im i en to d e l a p e n s i ó n a c tu al i z ad os a n u a lm e n te c o n b as e e n l a
IP C c e rti fi c a d o p o r e l D A NE , s i fa l ta re m e n o s d e 1 0 a ñ o s p a ra a d q u i ri r
e l d e re c h o a l a pe ns i ó n , e l i n g re s o ba se d e l i q ui d a c ió n s e rá : (i ) E l
p ro m e di o d e l o d ev en g a d o e n e l ti em p o qu e l e s h i ci e re fa l ta p a ra e l l o , o
(i i ) E l c o ti z a d o d u ra n te to d o e l ti e m p o , e l q u e fu e re s u p e ri o r a c tu a l i z a do
a n u a lm e n te c o n b a s e e n IP C c e rti fi c a d o p o r e l D A NE ; [… ]»

Para el efecto, acogió la tesis expue sta por el Consejo de Estado
en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 25. Tal
posición se acompasa con la anunciada por la Co rte Co nstitucional
en las sentencias C -168 de 1995, C -258 de 2013, SU -230 de 2015,
SU-395 de 2017, SU -210 de 2017 y SU -023 de 2018, según la cual
el propósito del Legislador era evitar la aplicación ultr activa de las

22 «Por el cual se establece el régimen de s eguridad y protección social de los
funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus
familiares».
23 « P o r e l c u a l s e e s t a b l e c e e l r é g i m e n d e p r e s t a c i o n e s s o c i a l e s d e l o s f u n c i o n a r i o s

y empleados de la Contraloría General de la República y sus familiares».
24 « P o r e l c u a l s e e x p i d e e l E s t a t u t o d e P e r s o n a l p a r a l o s e m p l e a d o s d e l a C o n t r a l o r í a

General de la República».
25 C o n s e j o d e E s t a d o , S a l a P l e n a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o , s e n t e n c i a d e l 2 8

de agosto de 2018, Radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01, demandante:
Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro.

9
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Radicado: 05001-23-33-000-2012-00809-02
Número interno: 0950-2020
Demandante: U.G.P.P.

reglas del ingreso base de liquidación de los regímenes vigentes
antes de la expedición de la Ley 100 de 1993.

En cuarto lugar, se refirió a los factores salariales que deben hacer
parte del ingreso base de liquidación, para señalar que se deben
computar los indicados por el Decreto 1158 de 1994, previstos para
la generalidad de los servidores públicos, además de otros
emolumentos que fueron establecidos con posterioridad pero que
también tienen incidencia pensional para los empleados y
funcionarios de la Rama Judicial. Para el efecto, se remitió a los
actos de creación de tales prestaciones económicas, los cuales
dispusieron expresamente «que se constituyen en factores de
salario para efecto de determi nar su ingreso base de
cotización, siemp re y cuando respecto de ellos se hayan
efectuado los aportes correspondientes». La regla se dejó
expuesta en los siguientes términos:

« [… ] c o n lo s fa c to re s d e liq u id a c ió n c o nte m p l ad o s p o r e l a rtíc u l o 1 .°
d e l D e c re to 1 1 5 8 d e 1 9 9 4 a l ig u a l q u e p o r l o s a r tíc u l o s 1 4 d e l a L e y
4 ª . d e 1 9 9 2 c o n l a m od i fi c a c i ón d e l a L e y 3 3 2 d e 1 9 9 6 ; 26 1 .° d e l D e c re to
6 1 0 d e 1 9 9 8 ; 1 .° d e l D e c re to 1 1 0 2 d e 2 0 1 2 ; 1 .° d e l D e c re to 2 4 6 0 de
2 0 0 6 ; 1 .° d e l D e c re to 3 9 0 0 d e 20 0 8 ; y 1.° d e l D e c re to 3 8 3 de 2 0 1 3 ,
s e g ú n s e tra te d e m a g i s tra d o s o e m p l e ad o s d e l a R a m a J u d ic i a l o d e l
Mi n i s te ri o P úb l i co , s ie m p re q ue re s p e c to d e e l l o s se h u b ie re n re a l i z a do
l a s c o ti z a c i o ne s re s p e c ti v a s . [… ]» .

Como fundamento de lo anterior la Sala expuso:

« [… ] V i s ta l a a n te ri o r n o rm a ti v a e s p o s i ble c o l e g i r q u e , a u n q ue a p a rti r
d e l 1 .º d e a b ri l de 19 9 4 l o s s e rv id o re s de l a R ama J u d i ci a l q u e d a ro n
i n c o rp o ra d o s al s i s tem a g e ne ra l d e p e ns io n e s , y q u e , e n v i rtu d d e ta l
i n c o rp o ra c i ó n a tra v é s d e l a rtíc u l o 6 . º d e l D e c re to 6 9 1 d e 1 9 9 4
m o di fi c a d o p o r e l a rtí c u l o 1 .° 27 d e l D e c re to 1 1 5 8 d e 1 9 9 4 , fu e ro n fi j a d o s
c o m o fa c to re s d e s a la ri o p a ra l i q ui d a r s u i n g re s o b a s e d e c o tiz a c i ó n la
a s i g n a ci ó n b á si c a m e n su a l ; l o s g as to s d e re p re s e n ta c i ó n ; l a p rim a
té c n i c a , c u a n d o s e a fa c to r d e s a l a ri o ; l a s p ri m a s d e a n ti g ü e d a d ,
a s c e n s i o na l d e c a p a c i ta c i ó n c u a n d o s e a n fa c to r d e s a l a ri o ; l a
re m u n e ra ci ó n p o r t ra b a j o d o mi n i c al o fe s ti v o ; l a re m u n e ra c i ó n p o r tra b a j o
s u p l em e n ta ri o o d e h o ra s e x tra s , o re a l i z a d o e n j o rn a d a n o ctu rn a ; y l a

26 A r t í c u l o1.°
27 A r t í c u l o 1 . « E l a r t í c u l o 6 º d e l D e c r e t o 6 9 1 d e 1 9 9 4 , q u e d a r á a s í " B a s e de
cotización". El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema
General de Pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo, estará
constituido por los siguientes factores: a) La asignación básica mensual; b) Los
gastos de representación; c) La prima técnica, cuando sea factor de salar io; d) Las
primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario; e)
La remuneración por trabajo dominical o festivo; f) La remuneración por trabajo
suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; g) La bonificac ión
por servicios prestados».

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Demandante: U.G.P.P.

b o n i fi c a ci ó n p o r s e rvi c i o s p re s ta d o s , l o cie rto e s q u e e s to s s e rv i d o re s ,
p re c i s am e n te e n d es a rro l l o d e l a L e y 4ª . d e 1 9 9 2 , q u e a s u v e z d i o
c u m pl im ie n to a l o e s ta b l e c id o p o r e l l i te ra l e ) d e l n u m e ral 1 9 d el a rtíc u l o
1 5 0 d e l a C a rta P o l ític a , ti e n e n d e re c h o a q u e s e c o m pu te n c o mo fa c to re s
s a l a r i a le s e n l a l i q ui da c i ó n d e s u p e n s i ó n lo s s i g u i e n te s :

P ri ma e s p e c i a l d e q u e tra ta p o r l a L e y 3 3 2 d e 1 9 9 6 , q u e m o d i fi c ó l a L e y
4 ª . d e 1 9 9 2 , p a ra l os m a gi s tra d o s y a g en te s d e l e g a d o s a n te l a R ama
J u d i c i al ; l a b o n i fi c a ci ó n p o r c o m p en s a c i ón c re a d a p o r e l D e c r e to 6 10
d e 1 9 9 8 p a ra l o s m ag i s tra d o s y p o r e l D e c re to 1 1 0 2 d e 2 0 1 2 p a ra l o s
m a gi s tra d o s y a g e n te s d e l Mi n i s te ri o Pú b l i c o a n te ma g i s tra d o s de
tri b u n a l e s ; l a p ri ma d e p ro d u c ti v i d a d pa ra l o s e m pl e a d o s ju d i c i al es
o rd e n a d a p o r e l D e c re to 2 4 6 0 d e 2 0 0 6 ; la b o n ifi c a c ió n p o r a ctiv id a d
ju d ic ia l e s ta b le c id a p o r e l D e c re to 3 9 00 d e 2 0 0 8 p a ra l os ju e c e s y
p ro c u ra d o re s j u d i c i ale s 1 , y l a b o n i fi c a c ió n j u d i c i al i n s ti tu i d a p o r e l
D e c re to 3 8 3 d e 2 01 3 p a ra l o s s e rv i d o re s d e l a Ram a J u d ic i a l , p u e s en
fo rm a e x p re s a l o s d e c re to s a l u d i d o s d i sp u s i e ro n q u e s e c o n s titu y e n
e n fa c to re s d e s a la r io p a ra e fe c to d e d e te rmin a r s u in g re s o b a s e de
c o tiz a c ió n , s ie mp re y c u a n do re s p e c to de e llo s s e h a y a n e fe c tu a do
lo s a p o rte s c o rre s po n d ie n te s . [… ]» (n e g ri l l a s d el o ri g i n al )

De lo anterior se col ige, que en efecto que la bonificación por
actividad judicial sí es un factor a tener en cuenta para efectos de
liquidar la pensión .

3.4.2. Del Reintegro de la s sumas devengadas de buena fe.

Al respecto, la S ección Segunda en sendas oportunidades ha
sostenido:

« D e a c e p ta rs e l a p o stu ra d e l a d e m a n d a n te s e v u l n e ra ría e l d e r e c h o d e
d e fe n s a d e l d e m a n da d o p o rq u e e l l o i m pli c a tra s l a d a r e n s u c o n tra l a
c a rg a d e d e s v i rtu a r la p re s u n c i ó n d e bu e na fe l o c u a l e n l ó gi c a j u ríd i c a
e s i n a dm i s ib l e .

S o l am e n te e n l a s e n te n c i a , p re v i o s l o s re s p e c ti v o s j u i c io s n o rma ti v o s y
d e v a l o r fre n te a l a a c tu a c i ó n a dm i n is tra ti v a , e s p o s i b l e d e te rm i n a r s i
e l d e m an d a d o s e p re v a l i ó d e me d i o s ile g a l e s e n d e tri m en to d e l a
A dm i ni s tra c i ó n , p a ra o b te n e r l a e x p e d i c i ó n d e l o s a c to s c u y a n u l i d a d s e
acusa.

B a j o l o s a rg um e n to s q u e a n te c e d e n , c o m o l a p a rte d e m a n d an te d e n tro
d e l p re s e n te p ro c e s o n o a c re d i tó q u e e l d e m a n d ad o p a ra o b te n e r l a
e x p e d i ci ó n d e l o s a c to s d e s b o rd ó e l a m p aro c o n s ti tu c i o n a l d e l a b u e n a
fe , l a s e n te n c i a a p e la d a q u e d e n e gó e l p re te n d i d o re s ta b l e c imie n to d e l
d e re c h o s e rá c o n fi rma d a 28» .

28 C o n s e j o
d e E s t a d o , s a l a d e l o c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o , s u b s e c c i ó n B , s e n t e n c ia
8 de mayo de 2008, expediente: 68001 -23-15-000-2001-03185-01 actor: Universidad
Industrial De Santander demandado: Hernando Jiménez Calderón .

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Demandante: U.G.P.P.

Es decir, corresponde a la entidad demandante la carga de
desvirtuar la presunción de buena fe, acreditando que con los actos
fraudulentos o medios ilegales , la llevaron a expe dir actos
administrativos en detrimento de la administración.

En ese sentido, está Sección sostuvo:

«Si bien la entidad actor a ha alegado lo contrario, y ha
pretendido que de la not ificac ión del auto admis orio de la
demanda de esta lit is se deduzc a mala fe en el beneficiado, ell o
no puede ser admit ido, pues la adopc ión general e impers onal de
un r égimen pens ional y s u aplicac ión genér ica por part e de l a
entidad demandant e, hací an que el pensionad o razonablement e
lo entendier a como ajustado a la legalidad, independientemente
de que dic ho r égimen pens ional hay a sido luego c ontr overtido
judicialm ent e.

La entidad demandante no acr editó que el pensionado hubiese
incurrido en act os dolosos o que im plique m ala fe en el t rámite
de rec onocim iento y pago de su pensión, como falsedades o
engaños que por s u contenido y alcanc e desc alifiquen su actuar
y le impongan la carga de rembolsar part e de la pensión
recibida 29».

De ahí, se tiene que con la expe dición de los actos administrativos
el pensionado asume la legalidad de este, independientemente que
con posterioridad sea objeto de controversia ante la jurisdicción de
lo Contencioso; por ende, resulta imperioso que la entidad que
invoca su legalidad acr edite actos dolosos que descalifiquen su
actuar e impongan la carga de rembolsar en parte lo que ha
percibido de buena fe.

Asimismo, en sentencia reciente de esta Corporación se señaló lo
siguiente:

«Así las c osas, la Sala adv iert e que, en el pr esente ca s o, si bien
e l d e m a n da d o o b tu v o a tra v é s d e l m e c a n i sm o c o n s ti tu c i o n al d e a m p aro
l a re l i q ui d a ci ó n d e su p e n s i ó n d e j u b il a c ió n , c o n l a i n c l us i ó n d e l fa c to r
b o n i fi c a ci ó n p o r s e rv i c i o s p re s ta d o s e n u n 1 0 0 %, c o m o q u e d ó a n o ta d o ,
c u a n d o l o co rre c to e ra q u e s e l e p ag a ra en u n a d o c e a v a p a rte (1 /1 2 ), a
p e s a r d e e x i s ti r o tro m e di o j u di c i al o rd i n ari o q u e p o d ía s e r u ti l i z a d o d e
m a n e ra e fi c a z (d em an d a d e n u l i da d y re s ta b l e c imi e n to d e l d e rec h o ), n o
s e p ro b ó q u e h u b ie ra i n te rp u e s to l a a c c ió n d e tu te l a d e m al a fe o c o n
m a ni o b ra s fra u d u l e n ta s .

29 C o n s e j o
d e E s t a d o , s a l a d e l o c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o , s u b s e c c i ó n A , s e n t e n c ia
9 de junio de 2008, expediente: 68001 -23-15-000-2001-03315-02 actor: Universidad
Industrial De Santander demandado: Víctor Esparza Moreno.

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L o a n te ri o r, d a d o q ue , c o m o lo a rg u y ó el T ri b u n al d e p rim e ra in s ta n c i a ,
p a ra a c c e d e r a l c i ta d o p e d im e n to , n o b a s ta q u e l a e n ti d a d e x p o n g a la
fa l ta d e l e g a l i d a d d e l a re l i q u i d a ci ó n p e n s i o n a l , s i n o q ue re s u l ta
n e c e s a ri o q u e ap o rte to d o e l m a te ri a l p rob a to ri o te n d i e n te a d e m o s trar
q u e l a c o n d u c ta d e l a c c i o n a do s e a p a rtó d e l p o s tu l a d o d e b u en a fe , e n
a te n c i ó n a q u e e s te m a n da to c o n s ti tu c i o na l e s tá e s tre c h a m e n te l i g a do
a l o s d e re c h o s a l b uen n o mb re y l a di g n id ad h u ma n a , l o c u al s e e c h a d e
m e n os d e n tro d e l e x p e d i e n te , c o n tra ri o s e n s u , s e c o l i g e q u e e l
d e m an d a d o , a l p re se n ta r l a a c c i ó n d e tu te l a te n d i e n te a o bte n e r e l
re a j u s te d e l a p e n s i ó n e n m e n c i ó n , a c tu ó c o n l a c o n v i c c i ó n d e q u e l e
a s i s tía e l d e re c h o a e l l o .

E n c o n s e c u e n ci a , s e e s ti m a q u e e l a c c i o na d o , c o m o l o a fi rm ó e l a q u o ,
n o ti e n e q u e d e v ol v er d i n e ro a l g u n o , p u es n o s e d e mo s tró q u e c u a n do
s o l i c i tó l a re li q u i da c ió n d e l a p e n s i ó n a c tu ó d e m a la fe , l o q u e c o n d u c e
a n e g a r ta n to l a p re t e n s i ó n p ri n ci p al d e re i n te g ro p e c u n ia ri o , c o m o la
s u b s i d ia ri a 30» .

De lo anterior, se concluye que no es suficiente con que la entidad
demandante alegue la mala fe, sino que se hace necesario que
aporte al proceso el material probatorio que demuestre que actuó
de manera fraudulenta para obtener unos beneficios, pues el hecho
de presentar una acción de tutela a fin de que obtener un reajuste
en su pensión, actuando con la plena convicción de qu e le asistía
el derecho, no da lugar a pensar lo contrario, razón por la que en
esos eventos la devolución de la pagado no tiene vocación de
prosperidad.

3.5. Caso concreto

3.5.1. De las pruebas.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala de Subsección
advierte como relevantes las siguientes pruebas:

• El señor Javier Taborda Pe reañez nació el 20 de octubre de
1941 31 y prestó sus servicios 32 de manera interrumpida entre el
12 de septiembre de 1966 el 1º de enero de 2007 de la siguiente
manera: i) En el m unicipio de Medel lín desde 12 de septiembre
de 1966 al 22 de enero de 1967 y con posterioridad, a partir del
29 de abril de 1968 hasta el 16 de mayo de 1971 . ii) En la
Procuraduría General de la Nación entre el 28 de julio de 1972

30 C o n s e j o d e E s t a d o , s a l a d e l o c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o , s u b s e c c i ó n B , s e n t e n c ia
de 31 de julio de 2020, expediente: 05001 -23-33-000-2013-00450-02(2641-17) actor:
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP), demanda do: Gustavo Alberto Rivera Cardona.
31 F o l i o 9 7 d e l e x p e d i e n t e d e a n t e c e d e n t e s a d m i n i s t r a t i v o s .
32 L a i n f o r m a c i ó n d e l s e r v i c i o s p r e s t a d o s s e e x t r a e d e l a R e s o l u c i ó n 5 6 9 2 d e l 7 d e

septiembre de 2006.

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al 30 de mayo de 1985 y desde 30 de marzo de 1992 al 30 de
junio de 1992 . iii) En la Fiscalía General de la Nación desde el
1º de julio de 1992 hasta 1º de enero de 2007 33 en el que ocupó
como último cargo el Fiscal Seccional y adquirió su estatus
pensional e n atención al cumplimiento del requisito de la edad ,
esto es, el 20 de octubre de 1996 .

• El 15 de febrero de 2006 34 el accionado presentó ante Cajanal
hoy UGPP solicitud de recon ocimiento y pago de la pensión de
jubilación .

• El 28 de julio de 200 6 35 pese a no obtener una respuesta por parte
de la entidad accionante el señor Taborda, presentó una acción
de tutela a fin de que se le salvaguardar a los derechos
fundamentales de petición, a la seguridad social, igualdad y
dignidad , mecanismo constituciona l que por reparto correspondió
al Juzgado Tercero de Menores de Medellín , despacho judicial
que mediante fallo del 17 de agosto de 2006 36 tuteló sus derechos
y en consecuencia ordenó resolver la solicitud de reconocimiento
pensional presentada . En los siguientes términos:

« P R IMER O: T u te l a r e l d e re c h o fu n d a m en ta l d e p e ti c i ó n y c o n e x o s
c o n e l d e s e g u ri d ad s o c i a l , i g ua l d a d y d i g n i da d q u e l e f u e ro n
v u l n e ra d o s y a m e na z a d o s a l s e ñ o r J a v i e r T a b o rd a P e r e a ñ e z
i d e n ti fi c a d o c o n c é d ul a d e c i u d a d a n ía N o . 8 .2 3 3 .8 0 3 p o r e l Ge re n te
d e l a CA J A N AC IONA L DE PR EV IS IÓN S OC IA L , d e a c u e rd o a l as
m o ti v a ci o n e s d a da s e n e s ta p ro v i d e n c i a .---- - S E GU ND O o rd e n a r a l
Ge re n te d e l a C a j a Na c i o n al d e P re v i s ió n S o c i al C A JAN A L p e ns i o n e s ,
q u e p o r i n te rm e d i o d e q u i é n c o rre s p o n d a e n e l té rm i n o d e c u a re n ta
y o c h o h o ra s h á b i l e s c o n ta d o s a p a rti r d e l a n o ti fi c a c i ó n d e e s te fa l l o
re s u e lv a d e fo n do y d e ma n e ra c la ra y p re c is a la p e tic ió n s o b re
re c o n o c imie n to d e p e n s ió n ve je z e le v a d a a e s ta e n tid a d po r e l
s e ñ o r J a v ie r T a b ord a P e re a ñ e z e l 1 6 d e fe b re ro d e 2 0 0 6 37
e m i tie n d o e l a c to a d m i ni s tra ti v o q u e a l e fe c to c o r re s p o n d a q u e d e
s e r p o s itiv a te n d rá q u e g a ra n tiz a r c o n re s p e to ín te g ro d e s u s
d e re c h os p e ns io n a l e s c o h e ren te c o n e l ré g ime n q u e lo co b ija ,
c o n a p l i c a ci ó n d e l p ri n c i pi o d e fa v o ra b i l i da d e n l a a p l i c a ci ó n de l o s

33 I n f o r m a c i ó n que reposa en la Resolución 2 -1908 del 29 de diciembre de 2006 por
medio de la cual la Fiscalía General de la Nación le aceptó la renuncia al accionado
a partir del 1º de enero de 2007. Ver folio 237 del expediente de antecedentes
administrativos.
34 F o l i o 3 5 d e l e x p e d i e n t e d e a n t e c e d e n t e s a d m i n i s t r a t i v o s .
35 F o l i o 3 2 a 3 3 .
36 I n f o r m a c i ó n q u e s e e x t r a e d e l O f i c i o N o 1 9 3 7 A d e l 1 8 d e a g o s t o d e 2 0 0 6 p o r m e d i o

del cual el Juez Tercero de Menores ordenó a Cajanal dar cumplimiento al fallo de
tutela.
37 S e a d v i e r t e q u e u n a v e z r e v i s a d a l a s o l i c i t u d e s t a o b e d e c i ó a l 1 5 d e f e b r e r o d e

2006.

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Demandante: U.G.P.P.

p o rc e n ta j e s d e l i q ui da c i ó n y l o n o ti fi q u e en fo rm a p re v i s ta e n l a l e y .
» (R e s a l ta y s u b ra y a l a S a l a )

• Mediante Resolución No. 59227 del 15 de noviembre de 2006 38,
en cumplimiento del fallo de tutela reconoció a favor del señor
Javier Taborda Pereañez una pensión de jubilación con un monto
del 75 % con el promedio de la asignación mensual más elevada
devengada en el último año de servicios con inclu sión de la
bonificación por gestión judicial , en cuantía de $ 9.673.003 M/cte.,
por ser beneficiari o del régimen de transición contemplado en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y de conformidad a lo previsto el
Decreto 546 de 1971.

3.5. Análisis de la Sala

El caso objeto de estudio se centra en determinar : i) si se debe
liquidar la pensión de vejez con inclusión de bonificación por
actividad judicial . De no ser así, ii) si procede el reint egro de los
dineros pagados en exceso por la liquidación de la pensión, en
cumplimiento del fallo de tutela d el 1 7 de agosto de 2006 , proferido
por el Juzgado Tercero de Menores de Medellín .

En ese orden, no existe discusión alguna respecto de si el
accionando es beneficiari o del régimen de transición contemplado
en el inciso 2°. del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 39, dado que
adquirió su estatus pensional el 20 de octubre de 1996, en atención
al cumplimiento del requisito de edad, asunto que no fue objeto de
controversia dentro de la litis.

Lo anterior, le otorga el derecho a l accionado de que en el
reconocimiento pensional se apliquen las reglas del Decreto 546 de
1971 en cuanto a edad, tiempo de servicios y tasa de remplazo,
comoquiera que cumplió con el requisito de haber servid o por más
de 10 años en la Rama Judicial y en el Ministerio Público , pues se
encuentra acreditado dentro del plenario que prestó sus servicios

38 F o l i o 87 a 90.
39 « [ … ]

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento
de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si
son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más
años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se
encuentren afiliados . Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas
para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en
la presente Ley.
[…]».

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en la Procuraduría General de la Nación entre el 28 de julio de 1972
al 30 de mayo de 1985 y desde 30 de marzo de 1992 al 30 de junio
de 1992 y en la Fiscalía General de la Nación desde el 1 º de julio
de 1992 hasta 1º de enero de 2007 cuando por Resolución 2-1908
del 29 de diciembre de 2006 se le aceptó la renuncia .

Ahora bien, e s de advertir que mediante fallo de tutela de 17 de
agosto de 2006 proferido por el Juzgado Tercero de Menores de
Medellín se orden ó a Cajanal hoy UGPP pronunciarse respecto de
la solicitud de reconocimiento pensional elevada por el señor Javier
Taborda Pereañez el 15 de febrero de 2006 , razón por la que la
entidad en atención a la orden judicial es quien , a través de la
Resolución No . 59227 del 15 de noviembre de 2006 accede a
reconocer la pensión de jubilación con inclusión de la bonificación
por gestión judicial.

En ese orden, se tiene que si bien la bonificación por actividad
judicial fue cre ada por el Decreto 3131 de 2005 , modificada por el
Decreto 3382 de 2005 y ajustada mediante Decretos 403 de 2006,
632 de 2007 y 671 de 2008 para jueces, fiscales y procuradores
judiciales 1 40, lo cierto es que solo llegó a constituir un factor
salarial para efectos pensionales a partir de la expedición del
Decreto 3900 de 2008, el cual entró a regir desde el 1 º de enero de
2009.

Sobre el particular, la Sala de Subsección sostuvo 41:

« A s í, c o n s i d e ra n d o qu e l a s e ñ o ra C o rra l es B o s s i o l ab o ró h a s ta e l 3 1 d e
j u l io d e 2 0 0 8 , l a b o n i fi c a c i ó n p o r a c ti v i d a d j u d i c i al p o r e l l a p e rc i b i d a no
p o d ía s e r i n c l u i d a e n e l i n g re s o b a s e d e l i qu i d a c ió n p u e s , s e i te r a , d i c ho
e m ol um e n to s ó l o c o ns ti tu y e fa c to r p a ra e f e c to s p e n s i o n a l es a p a rti r d e l
1 .º d e e n e ro d e 2 0 0 9 . E n e s e s e n ti d o , l a b o n i fi c a c i ó n p o r a c ti v i d a d
j u d i ci a l d e v e ng a d a p o r l a d e m a n da n te p ro v i n o d e u n fu n d a me n to
n o rm a ti v o d i fe re n te d e l D e c re to 3 9 0 0 d e 2 0 0 8 , q u e n o l e o t o rg a b a e l
c a rá c te r s a l a ri a l p a ra i n te g ra r e l IB L p e n s i o n a l d el ré g i m en d e l a R a ma
J u d i c i al , y e n ta n to l a s e n te n c i a d e u n i fi c a c i ó n d e 1 1 d e j u n i o d e 2 0 2 0
i n c l u y ó d i ch o e m ol um e n to e n e x p re s a re fe re n c i a a l D e c re to 3 9 0 0 d e
2 0 0 8 , l a p re s e n te d e c i s i ó n n o s e a p a rta d e l a s re g l a s p o r e l l a d e fi n i d a s .»

Por todo lo expuesto , resultaría forzo so concluir que no le asiste e l
derecho al accion ado a que se incluya el aludido fa ctor en la
liquidación de la mesada pensional, por cuanto es claro que se

40 I n f o r m a c i ó n
que se extrae del artículo 1º de Decreto 3900 del 7 de octubre de
2008.
41 C o n s e j o d e E s t a d o , s a l a d e l o c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o , s u b s e c c i ó n A , M . P .

William Hernández Gómez sentencia de 10 de septiembre 2020, expediente: 23001 -
23-31-000-2011-00355-01(3158-16)

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retiró del servicio el 1º de enero de 2007, es dec ir, cuando aún
dicho emolumento no constituía un factor salarial pa ra efectos
pensionales , lo cual como bien se advirtió en la pro videncia en cita
se ajusta a los parámetros fijados en la sentencia de unificación
del 11 de junio de 2020 .

En esa medida , corresponde a la Sala confirmar la sentencia de
primera instancia que declaró la nulidad parcial de la Resolución
No. 59227 del 15 de noviembre de 2006, por los argumentos
esgrimidos en esta providencia.

De otra parte, con relación al re integro de lo percibido en exceso,
la Constitución Política en su artículo 83 establece lo siguiente “Las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se
presumirá en tod as las gestiones que a quellos adelanten ante
éstas”

En ese sentido la Ley 1437 de 2011 en su artículo 164, numeral 1
literal c, dispone que la demanda podrá ser presenta en cualquier
tiempo siempre que “Se dirija contra actos que reconozcan o
nieguen total o parcialmente prest aciones periódicas. Sin embargo,
no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares
de buena fe .”

De lo anterior, se colige que no existe la posibilidad de recuperar
las prestaciones periódicas cuando han sido percibidas de buena
fe, lo que le impone a la entidad demandante la carga de probar los
actos fraudulentos del beneficiario p ara obtener el reco nocimiento
de un derecho que no le co rresponde, como se pudo apreciar en el
acápite precedente.

De ahí que, le correspondía a la UGPP, demostrar que el señor
Taborda Pereañez con maniobras y actos fraudulentos indujo en
error a la administración, a fin de obtener para sí unos beneficios ,
esto es, la liquidación de la pensión de jubilación con inclusión de
la bonificación por actividad judicial , pues de lo allegado al plenario
observa la Sala que obedeció a una interpretación errada por parte
de la entidad accionante .

Del material probatorio relacionado, se tiene que la UGPP, no
desvirtuó la buena fe d el accionad o, pues el hecho de acudir a un
mecanismo constitucional, como lo es la acción de tutela en aras

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de salvaguardar sus derechos fundamentales , con la plena
convicción de que le asiste un derecho, no es razón suficiente para
concluir que el demandad o actuó de mala fe, máxime cuando el
señor Taborda Pereañez la interpuso en Medellín ciu dad de su
residencia, situación que no acredita que su actuar haya sido sin el
lleno de los requisitos que prevé la ley , razón por la cual en el
presente asunto no hay lugar al reintegro de las sumas pagadas en
exceso.

En ese orden de ideas, procede l a Sala a confirmar en su integridad
la sentencia de primera de instancia proferid a por el Tribunal
Administrativo de Antioquia el 22 de octubre de 2019 , por medio de
la cual declaró la n ulidad parcial del a cto administrativo enjuiciado
y negó la devolución de lo pagado en exceso .

3.6. Reconocimiento de personería

Revisado el expediente, se tiene que el Doctor Jamith Antonio
Valencia Tello 42 adjuntó por poder general otorgado por la UGPP,
razón por la que se hará el reconocimiento de personería adjetiva.

3.7. De la condena en costas en segunda instancia.

Las costas procesales, entendidas como los gastos necesarios en
los que las partes tuvi eron que incurrir para ejercer una correcta
defensa de sus intereses dentro del proceso judicial, comprenden
de un lado, las exp ensas o gastos ordinarios del proceso y de otra,
las agencias en derecho.

Su reconocimiento está regulado por el artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el
cual dispone que: «Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por l as normas del Código
Procedimiento Civil».

Al respecto, esta Sala ha afirmado que cuando es la entidad pública
la que demanda su propio acto en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de
lesividad, en costas:

42 F o l i o 672 Vto. a 683.

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« E n e s te c a s o te n e m o s q u e d e bi d o a la n a tu ra l e z a d e l m ed i o d e
c o n tro l e j e rc i d o , q u e e s e l d e n u l i d a d y r e s ta b l e c im ie n to d e l d e re c h o
p e ro e n l a m o da l id ad d e le s iv id a d , e n ta n to l a C a j a N a ci on a l d e
P re v i s i ón S o c i al E IC E e n L i q u i da c i ó n a ta c a s u s p ro p i o s a c to s
a d mi n i s tra ti v o s m e dia n te l o s c u a l e s re c o n o c i ó y re l i q u i d ó u n a p e n s i ó n
g ra c i a , e s d e c i r, l a e n ti d a d p ú bl i c a p ro pe n d e p o r a n u la r u n os a c to s
a d mi n i s tra ti v o s q u e , n o o b s ta n te s u c o n te n i d o p a rti c u l a r, d a d a s u
i l e g al i d ad a fe c ta n i g ua l me n t e i n te re s e s p úb l i c o s , e n l a m e di d a e n q u e
re c o n o c e n y o rd e n a n e l p a g o d e s um a s a l a s q u e e l b e n e fi ci ari o n o
ti e n e d e re c h o , y e l l o d e ri v a e n u n a a fe c tac i ó n p a trim o n i al , n o s ó l o d e
l a In s ti tu c i ó n p ú b l i c a q u e c o m e ti ó e l y e rr o re s p e c ti v o , s i n o d e to d o s
l o s c i u d a d an o s q u e a p o rta n a l s i s te m a p e n s i o n al C o lo mb i a n o, e s e l
i n te ré s s u p e ri o r p ú b l ic o p a tri m o n ia l e l q u e e s tá e n j u e g o .

A s í l a s c o s a s , n o e s p o s i b le a fi rm a r q u e la ti tu l a r d e l a p re s ta c i ó n q u e
s e d e b a te s e a l a p a rte “v e n c i d a ” e n e l l i tigi o – c om o l o e xi g e l a n o rm a -
, y p o r e l l o l a s e ñ o ra Á l v a re z P o nc e n o tie n e l a o b li g a ci ó n d e p a g a r
c o s ta s e n e l p ro c e s o . E n ta l s e n ti d o , s e re v o c a rá l a d e c i s ió n d e l
T ri b u n al A dm i ni s tra ti v o d e N a ri ñ o » 43.

Así las cosas, no es viable en estos casos condenar en costas en
ninguna de las instancias, pues en este tipo de eventos en los
cuales se ventilan intereses públicos, como lo es el patrimonio
estatal, no es posible afirmar que el titular de la p restación sea la
parte «vencida» en el litig io, aun cuando resulte afectado con la
decisión, razón por la cual no se con denará en costas en segunda
instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: CO NFI RMAR, la sentencia del 22 de octubre de 2019 ,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia , que accedió
parcialmente a las pretensiones dentro del proceso promovido por
la Unidad Administrativa Especia l de Gestión Pensional y
Contribuciones P arafiscales (UGP P), contra el se ñor Javier
Taborda Pereañez , por las razones expuestas en la providencia .

43Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 21 de abril de 2016, expediente: 3400 -2013, magistrado ponente Luis
Rafael Vergara Quintero.

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Radicado: 05001-23-33-000-2012-00809-02
Número interno: 0950-2020
Demandante: U.G.P.P.

SEGUNDO: RECONOCER a Jamith Antonio Valencia Tello
identificado con la C.C. No. 94.492.443 expedida en Cali, portador
de la T.P. No. 128.870 del C. S. de la J. como apoderado judicial
de la UGPP dentro del proceso de la referencia, en los términos
del poder conferido.

TERCERO: Sin condena en costas de segunda instancia, de
acuerdo con las consideraciones expresadas en este fallo.

CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el
programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
del tres (3) de marzo de dos mil veintidós (2022).

GABRIEL VALBUE NA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO S UÁREZ VA RGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

20
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