Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2012-00818-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Pensión de jubilación en la rama judicial: reconocimiento
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2012-00818-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2012-00818-03
Consejero ponente: César Palomino Cortés
18 de mayo de 2018
PENSIÓN DE JUBILACIÓN EN LA RAMA JUDICIAL – Reconocimiento / BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS – Reliquidación pensional. Inclusión en una doceava parte
La Sala destaca que la bonificación por servicios se reconoce y paga cada vez que el empleado cumple un año continuo de labor, como lo precisa el artículo 45 del Decreto 1042 de 1978 en armonía con el artículo 1º del Decreto 247 de 1997 que la creó para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial. Como se explicó en precedencia esta bonificación constituye factor salarial para efectos pensionales, pero no se puede tomar en el 100% para calcular la base de la mesada pensional, sino solo su doceava parte, debido a que se causa al acreditarse la prestación de servicios durante un año. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 9 de noviembre de 2017, C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez, rad.: 0371-17.
FUENTE FORMAL: DECRETO 546 DE 1971 – ARTÍCULO 6 / DECRETO 1042 DE 1978 – ARTÍCULO 45
CONTROL JUDICIAL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS EN CUMPLIMIENTO DE ÓRDENES DE TUTELA / COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL – Alcance
Se observa que la jurisprudencia de la Sala ha sido pacífica al afirmar que no existe cosa juzgada cuando se demandan a través de los medios de control ordinarios los actos administrativos expedidos para cumplir fallos de tutela, por tal motivo se desestima el argumento planteado por la parte demandada contra la decisión de primera instancia. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 27 de julio de 2017, C.P.: William Hernández Gómez, rad.: 1209-15.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 88
REINTEGRO SUMAS DE DINERO RECONOCIDAS ILEGALMENTE POR CONCEPTO DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN – Condicionado a la prueba de la mala fe del particular en la obtención del reconocimiento pensional
La Sala itera que la buena fe se presume en la actuación de los particulares ante las autoridades, por tanto, debe desvirtuarse. Es así que la UGPP tenía la carga de acreditar que el señor Rodrigo de Jesús Hoyos Hoyos no obró con lealtad, rectitud y honestidad, sino que por el contrario acudió a maniobras engañosas o documentos falsos, para inducir en error a la administración y a las autoridades judiciales. En este sentido, se estima que pese a la Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL, ya le había negado al accionado la reliquidación pensional y esta decisión era objeto del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la conducta del demandado consistente en interponer una acción de tutela para obtener la reliquidación pensional, per se, no denota un actuar fraudulento, ni evidencia la intención de engañar a la administración de justicia. Lo anterior, como quiera que a partir de la lectura del fallo de tutela del 28 de agosto de 2008 se advierte que el Juez realizó una interpretación errada de la normatividad y jurisprudencia, pero, se insiste, su decisión no se fundó en documentos falsos o maniobras engañosas del señor Rodrigo de Jesús Hoyos Hoyos, que permitan inferir un actuar doloso dirigido a defraudar a la administración. NOTA DE RELATORÍA: Corte constitucional, sentencia C-131 de 1994. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de tutela de 8 de junio de 2017. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 23 de marzo de 2017, C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez, rad.: 2036-15.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 164 NUMERAL 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente:CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de mayo de dos mil dieciocho (2018).
Radicación número: 05001-23-33-000-2012-00818-03(5184-16)
Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP.
Demandado: RODRIGO DE JESÚS HOYOS HOYOS
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho- Ley 1437
de 2011
Tema : Lesividad. Reintegro de dineros. Confirma fallo
de primera instancia que accedió parcialmente a las
pretensiones
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada contra la sentencia del 26 de mayo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por la UGPP.
ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1 Pretensiones
La Caja Nacional de Previsión Social EICE en liquidación, actualmente Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-, mediante apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para solicitar la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución Nº UGM 029988 del 30 de enero de 2012 que reliquidó la pensión del accionado incluyendo el 100% de la bonificación por servicios prestados, en cumplimiento del fallo de tutela del 28 de agosto de 2008, proferido por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales.
También pidió la nulidad de la Resolución Nº UGM 50014 del 19 de junio de 2012 que modificó la Resolución Nº UGM 029988 del 30 de enero de 2012, para aplicar la prescripción trienal a partir del 1º de marzo de 2007.
A título de restablecimiento del derecho la parte actora solicitó que ordene al señor Rodrigo de Jesús Hoyos Hoyos que reintegre a la entidad demandante la totalidad de las sumas canceladas en virtud de los actos administrativos acusados.
Los hechos en que se fundamentan las pretensiones son los siguientes:
La parte actora adujo que la Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL, mediante la Resolución Nº 003485 del 17 de marzo de 1997 le negó la pensión de jubilación al señor Rodrigo de Jesús Hoyos Hoyos, por no cumplir con el requisito de edad.
Destacó que CAJANAL, a través de la Resolución Nº 024370 del 26 de octubre de 2000, reconoció la pensión de jubilación al demandado por haber laborado más de 20 años a la Rama Judicial, la cual fue adicionada, mediante la Resolución Nº 21763 del 6 de agosto de 2002.
Alegó que el señor Rodrigo de Jesús Hoyos Hoyos interpuso una acción de tutela para que se reliquidara su pensión de jubilación, que fue fallada por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, en sentencia del 28 de agosto de 2008, donde ordenó a CAJANAL reliquidar el monto de la pensión incluyendo el 100% de la bonificación por servicios prestados
Expuso que CAJANAL en la Resolución Nº UGM 029988 de 30 de enero de 2012 cumplió lo ordenado por el juez de tutela, y en consecuencia, dispuso reliquidar la pensión del demandado con la inclusión del 100% de la bonificación por servicios.
Relató que en la Resolución Nº UGM 50014 del 19 de junio de 2012 se modificó la Resolución Nº UGM 029988 de 30 de enero de 2012, en el entendido que la efectividad de la reliquidación era desde el 1º de octubre de 2001, pero en aplicación de la prescripción trienal los efectos fiscales serían a partir del 1º de marzo de 2007.
1.2 Normas violadas y concepto de violación
De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 6, 121, 128 y 209.
Del Decreto 546 de 1971, los artículos 6, 7 y 8.
De la Ley 100 de 1993, los artículos 34 y 36.
El concepto de violación se desarrolló de la siguiente manera:
Señaló CAJANAL (ahora UGPP) que los actos demandados desconocen el principio de legalidad pues reliquidaron una pensión sin que el accionado tuviera derecho y se comprometieron recursos públicos en detrimento del erario.
Resaltó que la entidad accionada debió proferir la Resolución Nº 029988 del 30 de enero de 2012, modificada por la Resolución Nº UGM 50014 del 19 de junio de 2012, para cumplir lo resuelto por un juez de tutela; sin embargo, destacó que esta decisión desconoce el precedente del Consejo de Estado, según el cual para el cálculo de las pensiones se debe computar en forma proporcional la bonificación por servicios prestados, ya que es anual. Sobre el particular, citó las sentencias de esta Corporación del 29 de junio de 2006, expediente 7559-05, M.P. Tarsicio Cáceres Toro; del 8 de febrero de 2017, expediente 1306-06, M.P. Alberto Arango Mantilla; del 6 de agosto de 2008, expediente 0640-08, M.P. Gerardo Arenas Monsalve; y del 14 de agosto de 2009, expediente 1508-08, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
Manifestó que en el presente caso sí es procedente el reintegro de la totalidad de las sumas canceladas como resultado de la reliquidación pensional, puesto que estos valores no fueron percibidos de buena fe, en la medida que el pensionado decidió instaurar una acción de tutela en lugar de reclamar ante el juez contencioso administrativo la inclusión del 100% de la bonificación por servicios prestados.
3. Medida cautelar
La entidad actora en acápite separado de la demanda solicitó la suspensión provisional de las Resoluciones Nº 029988 del 30 de enero de 2012 y Nº UGM 50014 del 19 de junio de 2012.
El Tribunal Administrativo de Antioquia en auto del 30 de noviembre de 2015 decretó la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos demandados, al determinar que existe una contradicción entre los pronunciamientos del Consejo de Estado y la forma cómo se reliquidó la pensión de jubilación, como quiera que se incluyó en el cálculo de la mesada el 100% de la bonificación por servicios y no la doceava parte.
4. Contestación de la demanda
El apoderado del accionado se opuso a las pretensiones de la demanda, así:
Explicó que los actos administrativos acusados no son susceptibles de control jurisdiccional ya que no ponen fin a una actuación administrativa ni expresan la voluntad de la administración.
Adujo que el señor Rodrigo de Jesús Hoyos Hoyos sí tiene derecho a la reliquidación pensional ordenada por el Juez Séptimo Penal del Circuito de Manizales, en la providencia del 28 de agosto de 2008.
Destacó que contra la sentencia de tutela del 28 de agosto de 2008 no se interpuso el recurso de apelación y fue excluida de revisión por parte de la Corte Constitucional, por tal motivo, es inmutable, definitiva e hizo tránsito a cosa juzgada.
Aseguró que si prosperaran las pretensiones de la demanda no es posible afectar los derechos reconocidos de buena fe al pensionado, por consiguiente, en su criterio no procede la devolución de los dineros recibidos con ocasión de los actos enjuiciados.
Alegó que la bonificación por servicios no puede ser fraccionada como si se causara mes a mes, porque se paga al empleado cada vez que cumple un año de servicios; en consecuencia, debe incluirse en su totalidad al efectuarse la liquidación pensional. Así, consideró que la decisión del juez de tutela no fue equivocada.
Propuso las excepciones que denominó falta de jurisdicción, cosa juzgada, falta de causa, inexistencia de la obligación y buena fe.
5. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante fallo del 26 de mayo de 2016, declaró la nulidad de las Resoluciones Nº 029988 del 30 de enero de 2012 y Nº UGM 50014 del 19 de junio de 2012 y negó las demás pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos:
Narró que en auto del 12 de diciembre de 2012 rechazó la demanda de la referencia, por considerar que los actos administrativos acusados no eran susceptibles de control judicial, sin embargo, esta decisión fue recurrida y el Consejo de Estado en auto del 22 de julio de 2014 estableció que los actos acusados sí eran demandables, dado que fueron expedidos en cumplimiento de un fallo de tutela.
Indicó que para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación del accionado el porcentaje que debe tomarse respecto de la bonificación por servicios, reconocida con fundamento en el Decreto 247 de 1997, es una doceava parte y no un 100%, teniendo en cuenta que se paga anualmente.
Explicó que los actos administrativos demandados están viciados de nulidad porque se profirieron desconociendo las disposiciones legales en materia pensional, toda vez que ordenaron la reliquidación de la pensión de jubilación del accionado con el 100% de la bonificación por servicios, cuando solo se debe tomar una doceava parte. Por estos motivos, el demandado no tiene un derecho adquirido pues ese reconocimiento vulneró el orden constitucional y legal vigente.
Frente a la pretensión relativa a la devolución de las sumas dinero aseveró que no hay lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe, como lo preveía el numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, y que en el mismo sentido reprodujo el literal c) del numeral 1º del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Resaltó que en el sub judice si bien el señor Rodrigo de Jesús Hoyos Hoyos recibió unos pagos sin tener derecho, no existió de su parte una conducta fraudulenta o engañosa, que desvirtuara su buena fe.
6. El recurso de apelación
6.1 Parte demandante
El apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales disiente de la decisión de primera instancia solo en cuanto se negó el restablecimiento del derecho pedido en la demanda.
Afirmó que los dineros pagados en exceso al demandando por la reliquidación pensional, ordenada en los actos administrativos enjuiciados, deben ser devueltos a la entidad, por cuanto, se trató de decisiones ilegales que comprometieron los recursos públicos.
Anotó que es procedente el reintegro de los referidos ya que “no es posible inferir que tales valores fueron percibidos de buena fe, puesto que en vez de acudir en sede judicial a reclamar la inclusión del 100% de lo devengado por bonificación de servicios, prefirió instaurar en contra de CAJANAL una acción de tutela, en lugar de acudir al juez natural de la materia”.
6.2 Parte demandada
El apoderado del señor Rodrigo de Jesús Hoyos Hoyos solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia porque los actos administrativos acusados no son objeto de control judicial, toda vez que se expidieron para cumplir una orden de tutela.
Adujo que el Tribunal Administrativo de Antioquia no analizó lo alegado en la contestación del libelo inicial sobre la imposibilidad de demandar las resoluciones que reliquidaron la pensión accionada, como quiera que no expresaban la voluntad de administración, y que por ello, el A quo tomó una decisión dirigida contra la providencia de tutela.
Indicó que los actos administrativos demandados son válidos en la medida que están amparados por una sentencia de tutela, resaltando que con su declaratoria de nulidad se incumplió dicha providencia y se violó sistemáticamente la Carta Política.
Argumentó que el fallo de tutela emitido por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales era definitivo, lo que excluía la competencia del Tribunal Administrativo de Antioquia para pronunciarse sobre lo decidido por aquél, en razón del principio de cosa juzgada.
Resaltó que se configura la excepción de cosa juzgada, debido a que los procesos de tutela y de nulidad y restablecimiento del derecho, versan sobre el mismo objeto, causa y existe identidad jurídica de las partes.
Expresó que la Corte Constitucional sostiene una tesis diferente de la expuesta por el A quo en cuanto a la configuración de cosa juzgada y a la falta de competencia para emitir un pronunciamiento respecto de actos administrativos dictados en cumplimiento de una orden de tutela, por ello, se requiere acudir a la más favorable para el pensionado.
Precisó que la bonificación por servicios se paga cada vez que el empleado cumple un año de labor, lo cual lleva a concluir que dicho factor salarial no se causa mes a mes, sino que se adquiere al año laborado, entonces al no poderse fraccionar, la totalidad de la bonificación por servicios debe incluirse en la liquidación pensional.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
El presente asunto es competencia de esta Corporación de conformidad con lo establecido en inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
2. Del problema jurídico
En los términos de los recursos de apelación presentados por las partes se establecerá si procede revocar total o parcialmente la sentencia de primera instancia.
Para el efecto se analizará si el 100% de la bonificación por servicios se debe incluir en la liquidación de la mesada pensional; si los actos administrativos demandados tienen control judicial, dado que se dictaron en cumplimiento de un fallo de tutela; si existe cosa juzgada; y si hay lugar a ordenar la devolución de las sumas de dinero pagadas al demandado por la reliquidación de su mesada pensional en la que se incluyó el 100% de la bonificación por servicios.
Para abordar el problema jurídico se estudiarán los siguientes aspectos: 2.1) liquidación de la bonificación por servicios en la mesada pensional en el régimen de la Rama Judicial; y 2.2) caso concreto.
2.1 Liquidación de la bonificación por servicios en la mesada pensional en el régimen de la Rama Judicial
El Decreto 546 de 1971 regula las garantías sociales y económicas para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y el Ministerio Público, y constituye un régimen especial que se aplica a los beneficiarios del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993. El referido decreto en el artículo 6 desarrolla los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, la tasa de remplazo y el ingreso base de liquidación, en los siguientes términos:
“Artículo 6. Los funcionarlos y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán derecho, al llegar a los 55 años A edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto (16 de junio de 1971), de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas”.
A su vez, la bonificación por servicios prestados fue creada mediante el Decreto 247 de 1997 dictado por el Gobierno Nacional para “los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Tribunales, Juzgados, Fiscalía General de la Nación, Direcciones Ejecutivas de la Administración Judicial, Consejos Seccionales de la Judicatura y empleados de las altas Corporaciones) y la Justicia Penal Militar, en los mismo términos establecidos en los artículos 45 y siguientes del Decreto-ley 1042 de 1978 y las demás normas que lo modifiquen o adicionen, la cual será exigible a partir del 1º de enero de 1997”, y se le otorgó carácter salarial y efectos para determinar la pensión.
El artículo 45 del Decreto 1042 de 1978 ya preveía la citada bonificación por servicios prestados para algunos empleados del orden nacional de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Unidades Administrativas Especiales y dispuso que se pagaría cada vez que el empleado cumpliera un año continuo de labor, así:
“Artículo 45º.- De la bonificación por servicios prestados. A partir de la expedición de este Decreto, créase una bonificación por servicios prestados para los funcionarios a que se refiere el artículo 1o.
Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla un año continuo de labor en una misma entidad oficial.
Sin embargo, cuando un funcionario pase de un organismo a otro de los enumerados en el artículo 1 de este decreto, el tiempo laborado en el primero se tendrá en cuenta para efectos del reconocimiento y pago de la bonificación, siempre que no haya solución de continuidad en el servicio”.
Vistas las normas en cita se tiene que la bonificación por servicios prestados tiene carácter salarial y se incluye en la liquidación de la mesada pensional, sobre el particular la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado desde la sentencia del 28 de octubre de 1993, M.P. Dolly Pedraza de Arenas, expediente 5244, que al calcularse el monto de la pensión se toma la doceava parte de los conceptos que se pagan anualmente. Este mismo criterio está contenido en las providencias posteriores de la Sección Segunda Subsección B, como la del 29 de junio de 2006, M.P. Tarsicio Cáceres Toro, donde se afirmó que “como es una prima anual, se debe tener en cuenta su doceava parte para la liquidación pensional”.
Esta tesis jurisprudencial se ha mantenido, así en la sentencia del 15 de septiembre de 2016, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, se indicó:
“Al hilo de lo anterior, para el cálculo de dicha bonificación y al tenor de lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978: «constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario y empleado como retribución por sus servicios», ha de entenderse que su inclusión en la liquidación de la pensión de jubilación no puede ser por el monto total de lo recibido en el año, el ciento por ciento (100%), sino por lo que corresponde a una mesada, o sea, una doceava (1/12) parte, ya que su pago se realiza anualmente, como lo ha dicho recientemente esta corporación en distintas decisiones (…)”.
Igualmente, en la providencia del 9 de noviembre de 2017, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, se sostuvo:
“De acuerdo con lo anterior, es pacifica la jurisprudencia en el sentido de asociar la noción de factor de salario al ingreso base de liquidación pensional, contemplando además, que aquellos causados anualmente, o en periodos distintos al mensual, deben ser fraccionados para su respectiva inclusión; caso de la bonificación por servicios prestados, que corresponde a una prestación que remunera la acumulación del tiempo de servicio del empleado, y que se causa cada vez que cumple un año de labores”.
Vista la normatividad aplicable y la postura jurisprudencial, se reitera que para calcular el monto de la mesada pensional se toma la doceava parte de la bonificación por servicios prestados y no el 100%, como quiera que se causa por cada año laborado por el empleado.
2.2 Caso concreto
La Caja Nacional de Previsión Social EICE en liquidación, actualmente Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP, solicitó la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales reliquidó la pensión de jubilación reconocida al señor Rodrigo de Jesús Hoyos Hoyos con la inclusión del 100% de la bonificación por servicios prestados, en cumplimiento del fallo de tutela del 28 de agosto de 2008 proferido por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales.
El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad de las resoluciones demandadas, debido a que para liquidar la pensión de jubilación del accionado se deber tener en cuenta una doceava de la bonificación por servicios prestados, no el 100%. Igualmente, el Tribunal se negó a ordenar al pensionado la devolución de las sumas de dinero recibidas con ocasión de la reliquidación pensional, puesto que la entidad accionante no desvirtuó la presunción de buena fe.
Inconforme con esta decisión, las dos partes apelaron la providencia de primera instancia con fundamento en los argumentos que se responderán a continuación.
La bonificación por servicios prestados y el cálculo de la mesada pensional
Sostiene el apoderado del señor Rodrigo de Jesús Hoyos Hoyos que la bonificación por servicios es un factor salarial que al causarse cada año no se puede fraccionar para liquidar la mesada pensional.
En lo concerniente a este punto, la Sala destaca que la bonificación por servicios se reconoce y paga cada vez que el empleado cumple un año continuo de labor, como lo precisa el artículo 45 del Decreto 1042 de 1978 en armonía con el artículo 1º del Decreto 247 de 1997 que la creó para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
Como se explicó en precedencia esta bonificación constituye factor salarial para efectos pensionales, pero no se puede tomar en el 100% para calcular la base de la mesada pensional, sino solo su doceava parte, debido a que se causa al acreditarse la prestación de servicios durante un año, condición que en sana lógica impide sumarla en su totalidad para determinar el monto de la pensión, así se explicó en la sentencia del 23 de febrero de 2012:
“ (…)
-El monto de la pensión de jubilación reconocida con el régimen especial de la Rama Judicial equivale al 75% de la asignación más alta devengada en el último año más todas las sumas que constituyan factor salarial como lo es la bonificación por servicios.
-El régimen especial permite la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año pero ello no quiere decir que su inclusión sea por el valor total porque el monto de la pensión se calcula en “mesadas”.
-Una vez se determinan los factores salariales devengados en el último año se calcula el valor mensual de cada uno para así calcular el valor de la “mesada pensional”.
(…)
En esas condiciones, la estimación de la bonificación por servicios al momento del cálculo de la pensión debe hacerse en una doceava parte y no sobre el 100% del valor percibido por ese concepto en consideración a que su pago se hace de manera anual y la mesada pensional se calcula con la proporción mensual de “todos los factores salariales devengados en el último año”.
Con base en los anteriores argumentos, la Sala comparte lo decidido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, autoridad judicial que fundó su decisión en la normatividad que regula la bonificación por servicios prestados y la jurisprudencia del Consejo de Estado, pues se itera que para fijar el monto de la mesada pensional se debe acudir a la doceava parte de la bonificación por servicios prestados.
De la cosa juzgada y el control judicial de los actos administrativos expedidos en cumplimiento de una decisión de tutela
Señaló la parte accionada que las Resoluciones Nº 029988 del 30 de enero de 2012 y Nº UGM 50014 del 19 de junio de 2012 no son actos administrativos demandables porque al ejecutar una orden de tutela del Juez Séptimo Penal de Manizales no constituyen por sí mismas una decisión de la administración. También, aseveró que existe cosa juzgada respecto de la sentencia de tutela, la cual se encuentra ejecutoriada porque no fue seleccionada para revisión por la Corte Constitucional.
Al respecto se precisa que en el proceso obra la sentencia de tutela del 28 de agosto de 2008, proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales que amparó de forma definitiva los derechos fundamentales del actor y otros accionantes, y en consecuencia ordenó:
“a la Entidad accionada (…) [que] proceda en el término máximo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de esta decisión, a RELIQUIDAR Y PAGAR las pensiones de jubilación respecto de la BONIFICACIÓN POR SERVICIOS EN EL 100% (…)”.
Igualmente, consta en el proceso la copia de la Resolución Nº 029988 del 30 de enero de 2012, dictada por la Caja Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación, que cumplió el fallo de tutela del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, indicando:
“Que de conformidad con lo ordenado por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales es procedente efectuar la siguiente liquidación, así:
Año
Factor
Valor
IBL
2001
Asignación básica mensual
635.059
2001
Auxilio de alimentación
23.654
2001
Bonificación servicios prestados
734.850
2001
Prima de antigüedad
952.241
2001
Prima de navidad
144.223
2001
Prima de servicios
88.531
2001
Prima de vacaciones
118.407
IBL: 2.696.965 X 75.00% = $2.022.724 (…)”.
Además obra en el proceso, la Resolución Nº UGM 50014 del 19 de junio de 2012 que modificó la Resolución Nº UGM 029988 del 30 de enero de 2012 para indicar que la pensión era “efectiva a partir del 1 de octubre de 2001, pero con efectos fiscales a partir del 1 de marzo de 2007 por prescripción trienal”.
En orden a dilucidar si asiste la razón a la parte accionada, la Sala deberá analizar si el A quo se pronunció frente a las pretensiones de la demanda, desconociendo la fuerza de cosa juzgada del fallo de tutela del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales y si los actos demandados tenían control judicial.
En este orden de ideas, se resalta que esta Sala ha decantado la competencia del juez contencioso administrativo para estudiar la legalidad de los actos administrativos que ejecutan órdenes de tutela. En efecto, en la sentencia del 15 de septiembre de 2016 se estimó que la acción de tutela tiene una naturaleza diferente a la ordinaria y que no es posible sustraer una decisión de la administración del control de su juez natural, pues esta restricción que no tiene justificación constitucional, así:
“Se ha sostenido en algunos pronunciamientos judiciales que el acto administrativo dictado en cumplimiento de un fallo de tutela no es de carácter definitivo, sino de ejecución, y, por ende, no es susceptible de control jurisdiccional, puesto que no crea o modifica una situación particular diferente a la analizada por el juez de tutela; este solo se limita a cumplir las órdenes impartidas en dicha decisión. Sin embargo, esta corporación ha afirmado de manera categórica que ‘si bien la resolución en cuestión tiene la connotación de acto de ejecución, al ser cumplimiento de una sentencia, lo cierto es que la orden fue impartida dentro de una acción de tutela que es de naturaleza distinta a la de la acción ordinaria, motivo por el cual es probable su estudio a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho’.
En efecto, la finalidad de la acción de tutela, como se infiere del artículo 86 de la Carta Política y de lo que ha predicado la jurisprudencia constitucional, es garantizar una protección efectiva, actual y expedita frente a la transgresión o amenaza inminente de un derecho fundamental; mientras que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho persigue, por medio de su declaración, la protección de derechos de origen legal y la restauración del derecho o reparación del daño, a través de una condena, cuando dicho derecho, amparado por una norma jurídica, ha sido vulnerado; es decir, que son dos acciones diferentes: la una constitucional y la otra legal.
Y en esa línea de pensamiento, cuando el juez de tutela, en su competencia constitucional, ordena la expedición de un acto administrativo, dicho acto es susceptible de control de legalidad, pues el argumento que se sustenta en que ‘el acto administrativo que expresa la eficacia de una decisión judicial y que por consiguiente no resulta susceptible de control ordinario, porque ello supondría de forma indirecta, oficiar como criterio de corrección de la decisión judicial en firme, representa un argumento cuya justificación es equívoca en razón a que tal postura, además de sustraer una decisión de la administración del control de su juez natural, por vía de interpretación, establece un criterio inconstitucional, es decir, una restricción no prevista por el constituyente a las competencias de la justicia de lo contencioso administrativo, lo cual acarrea evidente lesión al orden jurídico, y supone desde luego, un error conceptual inaceptable dentro del marco de la teoría general del acto administrativo’ (…)”.
Por otra parte, en la sentencia del 27 de julio de 2017, la Sección Segunda, Subsección A, en el marco de una acción de lesividad en un caso de similares circunstancias fácticas al sub lite, examinó la cosa juzgada constitucional en materia de acciones de tutela frente a la demanda de nulidad contra el acto administrativo expedido para acatar lo decidido por el juez constitucional en sede de amparo; en dicha providencia se explicó que la cosa juzgada constitucional se configuró respecto al estudio de los derechos fundamentales protegidos la acción constitucional, pero no en lo concerniente a la legalidad de las resoluciones demandadas, de modo que son susceptibles de control jurisdiccional. Dijo la sentencia en comento:
“Por tanto, toda vez que la acción constitucional está dirigida a proteger derechos fundamentales y que los actos administrativos demandados no han sido objeto de control por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no se configura la excepción denominada falta de legitimación por activa - cosa juzgada constitucional.
Ello, toda vez que en los términos planteados en el recurso de apelación, la cosa juzgada constitucional operó frente al estudio de los derechos fundamentales que resultaron amparados por la acción constitucional y no frente a la legalidad de las Resoluciones demandadas, por tanto, son susceptibles de control jurisdiccional.
En conclusión: Es susceptible de control jurisdiccional el acto administrativo demandado, expedido en cumplimiento de una sentencia proferida dentro de una acción de tutela, por ser ésta de naturaleza distinta al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y en esa medida no se configura la excepción de cosa juzgada constitucional”.
Por consiguiente, la Sala considera que las Resoluciones Nº 029988 del 30 de enero de 2012 y Nº UGM 50014 del 19 de junio de 2012 si bien fueron expedidas en cumplimiento de lo dispuesto por un juez de tutela, constituyen actos administrativos cuya legalidad solo puede ser controlada por el juez contencioso administrativo, quien es el facultado para desvirtuarla, según el artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que prevé:
“ARTÍCULO 88. PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar”.
En este orden de ideas, se observa que la jurisprudencia de la Sala ha sido pacífica al afirmar que no existe cosa juzgada cuando se demandan a través de los medios de control ordinarios los actos administrativos expedidos para cumplir fallos de tutela, por tal motivo se desestima el argumento planteado por la parte demandada contra la decisión de primera instancia.
De la improcedencia de la devolución por parte del pensionado de los valores pagados por la reliquidación pensional
Indica el apoderado de la UGPP, entidad demandante, que sí procede ordenar al pensionado que reintegre los dineros pagados en exceso por la reliquidación pensional, toda vez que no actuó de buena fe, debido a que estaba obligado a solicitar la nulidad del acto administrativo que le negó la reliquidación, en lugar de acudir a la acción de tutela.
Sobre el particular, observa la Sala que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el artículo 164 numeral 1º literal c) prevé: “(…) no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe”.
La Corte Constitucional en la sentencia C-1049 de 2004 al declarar la exequibilidad del numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo (norma que también disponía que la administración no podía recuperar las sumas pagadas a particulares de buena fe) consideró frente a la facultad que tiene el Estado de demandar en cualquier tiempo el acto administrativo que reconoce prestaciones periódicas, que:
“En el presente caso, la disposición acusada le otorga a la administración, la facultad de demandar “en cualquier tiempo” los actos administrativos mediante los cuales se reconozcan prestaciones periódicas, precisando que “no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe”. Quiere ello decir, que la norma acusada, en cuanto le concede a la administración tal facultad, no vulnera los principios de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica, tal y como han sido entendidos por la Corte en múltiples fallos, por cuanto el legislador no está partiendo de la mala fe de los administrados, ni tampoco está defraudando expectativas legítimas que a los mismos se les hubiesen creado. (…)”.
El artículo 164 numeral 1º literal c) del CPACA se lee en consonancia con el artículo 83 de la Constitución Política que señala: “[l]as actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.
La buena fe es uno de los principios generales del derecho y gobierna las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos, así lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia C-131 de 2004, quien agregó:
“En tal sentido, el mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la misma. En pocas palabras, la buena fe incorpora el valor ético de la confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico”.
A su turno, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en la sentencia de tutela del 8 de junio de 2017 consideró sobre la buena fe simple que equivale a obrar con lealtad, rectitud y honestidad, y corresponde al Estado desvirtuarla. Dijo la Corte:
“Nuestro ordenamiento constitucional y, especialmente, el régimen civil han desarrollado además del concepto de buena fe como mandato constitucional general, la figura de buena fe simple como principio y forma de conducta. Esta equivale a obrar con lealtad, rectitud y honestidad, es la que se exige normalmente a las personas en todas sus actuaciones.
[…]
De lo anterior pueden extraerse algunas diferencias precisas entre la buena fe simple y la buena fe exenta de culpa. Si bien es cierto que en los dos eventos se parte del supuesto de que la persona obró con lealtad, rectitud y honestidad, la buena fe simple se presume de todas las actuaciones o gestiones que los particulares realizan ante el Estado, de ahí que sea éste quien deba desvirtuarla. Por su parte, la buena fe exenta de culpa exige ser probada por quien requiere consolidar jurídicamente una situación determinada. Así, la buena fe exenta de culpa exige dos elementos: de un lado, uno subjetivo, que consiste en obrar con lealtad y, de otro lado, uno objetivo, que exige tener la seguridad en el actuar, la cual solo puede ser resultado de la realización actuaciones positivas encaminadas a consolidar dicha certeza”.
Como corolario de lo expuesto, se precisa entonces que en derecho contencioso administrativo si bien el Estado tiene la facultad de pedir la nulidad de los actos administrativos que reconozcan prestaciones periódicas, el legislador impone un límite, consistente en que no puede recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. Por consiguiente, corresponde al Estado probar que el beneficiario de la pensión actuó de mala fe al solicitar el reconocimiento o la reliquidación pensional.
Esta Subsección en sentencia del 23 de marzo de 2017, analizó la buena fe en un caso de similares condiciones fácticas al presente, donde explicó:
“De acuerdo con lo anterior, la norma en comento establece una garantía para los principios de buena fe y confianza legítima de los particulares, pues la devolución de las sumas pagadas por prestaciones periódicas se condiciona a verificar que hayan mediado conductas reprochables encaminadas a defraudar a la administración en orden a obtener tales reconocimientos, de modo que si ello no se logra demostrar, no habrá lugar a ordenar reintegro alguno.
El concepto de buena fe hace referencia al comportamiento leal y honesto que deben asumir los particulares y autoridades para mantener un orden justo y permitir el goce efectivo de los derechos y oportunidades de los asociados. Además, como se expresó previamente, por mandato Constitucional, se presume la buena fe de los particulares en sus relaciones con las autoridades del Estado, siendo deber de quien alegue la mala fe demostrar los hechos sobre los cuales se fundamenta”.
Ahora bien, en el caso bajo estudio la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y de Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP-, estima que el señor Rodrigo de Jesús Hoyos Hoyos no actuó de buena fe, debido a que en lugar de demandar ante el juez contencioso administrativo para que anulara el acto administrativo que le negó la reliquidación, instauró una acción de tutela.
La Sala itera que la buena fe se presume en la actuación de los particulares ante las autoridades, por tanto, debe desvirtuarse. Es así que la UGPP tenía la carga de acreditar que el señor Rodrigo de Jesús Hoyos Hoyos no obró con lealtad, rectitud y honestidad, sino que por el contrario acudió a maniobras engañosas o documentos falsos, para inducir en error a la administración y a las autoridades judiciales.
En este sentido, se estima que pese a la Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL, ya le había negado al accionado la reliquidación pensional y esta decisión era objeto del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la conducta del demandado consistente en interponer una acción de tutela para obtener la reliquidación pensional, per se, no denota un actuar fraudulento, ni evidencia la intención de engañar a la administración de justicia.
Lo anterior, como quiera que a partir de la lectura del fallo de tutela del 28 de agosto de 2008 se advierte que el Juez realizó una interpretación errada de la normatividad y jurisprudencia, pero, se insiste, su decisión no se fundó en documentos falsos o maniobras engañosas del señor Rodrigo de Jesús Hoyos Hoyos, que permitan inferir un actuar doloso dirigido a defraudar a la administración.
Igualmente, se resalta que esta Corporación como juez que controla legalidad del actuar de la administración, también debe garantizar los derechos fundamentales de los asociados, como es el caso del accionado de quien no se probó la mala fe. Por estos motivos, la Sala comparte la decisión del A quo.
III. DECISIÓN
Vistas las consideraciones que anteceden, se confirmará la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que anuló las resoluciones demandadas y negó la pretensión de restablecimiento del derecho.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, proferida 26 de mayo de 2016, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, acorde con la parte motiva de esta providencia.
Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Discutida y aprobada en sesión de la fecha.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
Folios 1263 a 1273
Folios 1282 a 1296
Folios 1337 a 1358
Folio 1368
Folios 1360 a 1367
“Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares”
Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Tarsicio Cáceres Toro, sentencia del 29 de junio de 2006, proceso con radicado 15001-23-31-000-2000-02396-01 (7559-05)
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, sentencia del 15 de septiembre de 2016, proceso con radicado 52001-23-33-000-2012-00121-01 (4402-13).
En este sentido, recientemente la Sala en las sentencias del 2 de marzo de 2017, exp. 1170-2016 y 2407-2016, del 16 de marzo de 2017, exp. 0620-2016; y del 18 de mayo de 2017, exp. 4274-2016, todas con ponencia de la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Ver Decreto 1042 de 1978 y Decreto 247 de 1997.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia del 9 de noviembre de 2017, proceso con radicado 05001-23-33-000-2012-00816-02 (0371-17).
Porción de dinero u otra cosa que se da o paga todos los meses (Real Academia Española).
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, proceso con radicado 52001-23-31-000-2009-00288-01 (1072-11).
Folios 1072 a 1102
Folios 1112 a 1115
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, proceso con radicado 52001-23-33-000-2012-00121-01 (4402-13)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, subsección A, sentencia de 25 de octubre de 2011, radicación 11001-03-15-000-2011-01385-00 (AC), consejero ponente: Alfonso Vargas Rincón.
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, auto de 17 de abril de 2013, medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación contra Judith Giraldo González, radicado 25000 23 25 000 2010 01143 01, consejero ponente: Alfonso Vargas Rincón.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, proceso con radicado 05001-23-33-000-2013-00626-01 (1209-15)
M.P. Clara Inés Vargas
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia del 23 de marzo de 2017, proceso con radicado 19001-23-31-000-2012-00251-01 (2036-2015)
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