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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2013-00083-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2013-00083-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 2 de agosto de 2013 proferida por la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en esta providencia. En su lugar, DENEGAR las pretensiones de la demanda. 28 Radicación: 05001-23-33-000-2013-00083-01 Demandante: Centro Aceros S.A. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-33-000-2013-00083-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2013-00083-01
Demandante: Centro Aceros S.A.
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN
Tema: Canalización de divisas en el mercado cambiario a
través de un tercero. Principio de legalidad y tipicidad.
Obligados cambiarios

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación presentado por la parte demandada contra
la sentencia de 2 de agosto de 2013, proferida por la Sala Primera de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se accedió a las súplicas de
la demanda y condenó en costas.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda1

I.1.1. Las pretensiones

1. La sociedad Centro Aceros S.A. -en adelante parte demandante- por conducto de
apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 2
instauró demanda con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y
condenas:

“[…] Declarar la nulidad de la Resolución N° 2160 del 28 de agosto de 2012, proferida
por la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín,
que confirma la Resolución N° 0715 de marzo 15 de 2012 a través de la cual la
División de Gestión de Liquidación Aduanera de la misma entidad impone una
sanción cambiaria a nombre de CENTRO ACEROS S.A.

Que se declare la nulidad de la Resolución N° 0715 de marzo 15 de 2012, expedida
por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de
Medellín, por medio de la cual se impone una sanción cambiaria a nombre de
CENTRO ACEROS S.A.

Como consecuencia de las declaratorias anteriores, se ordene el restablecimiento
del derecho de mi representada de la siguiente manera:

1
Cfr. Folios 39 al 56 del cuaderno principal.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

2

Radicación: 05001-23-33-000-2013-00083-01
Demandante: Centro Aceros S.A.

• Se declare que la sociedad CENTRO ACEROS S.A. no incurrió en ninguna
infracción a la legislación cambiaria ni es responsable por las sumas relacionadas en
las resoluciones objeto de demanda.

• Que no obstante haber proferido una resolución imponiendo sanción a nombre de
CENTRO ACEROS S.A., se acepte que ésta no fue expedida ni liquidada conforme
a lo previsto por la ley.

• Que todos los actos que realice la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
en desarrollo de lo dispuesto en las resoluciones cuya nulidad se demanda, queden
sin efecto como consecuencia de la declaratoria de nulidad.

• Que si en razón de la fuerza ejecutoria de los actos demandados, mi representada
ha debido pagar o llegare a pagar alguna suma de dinero al Estado Colombiano, esa
suma sea reintegrada con el reconocimiento de indexación e intereses a que haya
lugar, de conformidad con las variaciones certificadas por el DANE. […]”.

I.1.2. Los hechos

2. Informó que Centro Aceros S.A. obtuvo financiación en moneda extranjera por
parte de la sociedad Coltefinanciera para pagar al proveedor de Brasil, Belgo
Siderurgia S.A., la suma de USD 208.194,40, por concepto de compra parcial de
bienes de hierro para importación, el cual fue cancelado por Centro Aceros S.A.
mediante declaración de cambio 60684 del 21 de febrero de 2008.

3. Añadió que el pago correspondió a un valor parcial de la Factura Comercial
F2089E07 del 25 de agosto de 2007 por valor CFR de USD 243.784.22, factura que
fue expedida por la sociedad Belgo Siderurgia S.A., a nombre de la sociedad
Fercasa S.A.

4. Mencionó que para efectos de la legal importación de las mercancías, Fercasa
S.A. tramitó y obtuvo las Declaraciones de Importación 079527016611 de 22 de
septiembre de 2007; 07925270162664 y 7092520162671, ambas del 27 de
septiembre de 2007 y las mercancías fueron amparadas en los documentos de
transporte SEN96 PML/BAQ008 del 25 de agosto de 2007 en el cual figura como
consignataria la sociedad Fercasa S.A.

5. Explicó que Fercasa S.A. obró en calidad de mandatario sin representación de
Centro Aceros S.A. en la compra de parte de la mercancía soportada en la Factura
Comercial F2089E07 del 25 de agosto de 2007 emitida por la firma Belgo Siderurgia
S.A. de Brasil y bajo el mismo mandato nacionalizó la parte que le correspondía a
Centro Aceros S.A. obrando en su nombre pero por cuenta de esta última.

6. Precisó que Fercasa S.A. adquirió para sí misma mercancía equivalente al valor
CFR de USD 35.589,82. La parte restante, esto es, la mercancía amparada en la
mencionada factura comercial por valor CFR de USD 208.194,40, fue adquirida por
Centro Aceros S.A.

7. Reseñó que según los libros contables de Centro Aceros S.A. esta sociedad
registró la financiación obtenida (USD 208.194,40) equivalente en pesos a

3

Radicación: 05001-23-33-000-2013-00083-01
Demandante: Centro Aceros S.A.

$466.387.871,04, en la cuenta 1105 (caja de cruce de proveedores) y en la 2105
(cuenta por pagar a banco).

8. Sostuvo que el pago al proveedor con el producto de la financiación obtenida de
Coltefinanciera se contabilizó cargando en la cuenta 1465 (inventarios en tránsito)
y en la cuenta 1105 (caja cruce con proveedores).

9. Explicó que cuando la mercancía se nacionalizó en la cuenta 1405 se cargó el
inventario más los gastos de importación, por valor de $507.199.666 y en la cuenta
se descargó el inventario en tránsito.

10. Señaló que por su parte, Fercasa S.A. solo llevó como inventarios propios el
equivalente en pesos al valor de USD 35.859.82, que fue la parte que adquirió sobre
el valor de la factura comercial emitida por el proveedor brasileño.

11. Manifestó que la sociedad Centro Aceros S.A. estaba regulada cambiariamente
por los procedimientos señalados por el Banco de la República en su Circular
Reglamentaria Externa 83 del 22 de junio de 2007 y no por la Circular
Reglamentaria Externa DCIN 83 del 30 de septiembre de 2009, ya que esta última
normatividad se expidió dos años después de obtenida la financiación y un año y
medio luego de haberse efectuado el pago de la misma.

12. Anotó que el 7 de febrero de 2011, la División de Gestión de Fiscalización de la
Dirección Seccional de Aduanas de Medellín expidió el Acto de Formulación de
Cargos 0274 de 2011, proponiendo imponer a Centro Aceros S.A. una sanción
administrativa cambiaria con fundamento en el literal h) del artículo 1.° del Decreto
1074 de 26 de junio de 19993.

13. Expresó que Centro Aceros S.A. presentó los respectivos descargos, exponiendo
las razones por las cuales no procedía la imposición de la sanción propuesta y
aportando las pruebas que sustentaban su oposición.

14. Resaltó que mediante Resolución 715 del 15 de marzo de 2012, la División de
Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín impuso
una sanción cambiaria por la suma de $466.387.871,00 con fundamento en el
numeral 7.º del artículo 3º del Decreto Ley 2245 de 28 de junio de 20114.

15. Adujo que la parte demandante interpuso recurso de reposición, el cual fue
resuelto mediante Resolución 2160 del 28 de agosto de 2012, confirmando la
sanción impuesta, acto último que fue notificado el 30 de agosto de 2012.

3
“[…] Por el cual se establece el Régimen Sancionatorio aplicable a las infracciones cambiarias en las materias de
competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. […]”.
4
“[…] Por el cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo Cambiario a seguir por la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales. […]”.

4

Radicación: 05001-23-33-000-2013-00083-01
Demandante: Centro Aceros S.A.

I.1.3. Las normas violadas y el concepto de la violación

16. La parte demandante invocó como infringidos los artículos 29 de la Constitución
Política; 2.º y 25 del Decreto Ley 2245 de 2011; el artículo 35 del Código
Contencioso Administrativo; y el artículo 138 de la Ley 1437. El concepto de
violación se desarrolló así:

Primer cargo. Trasgresión del debido proceso.

17. Argumentó que el eje central consiste en determinar si el régimen cambiario, para
la fecha en la que la demandante realizó el pago de la financiación por los bienes
que adquirió Fercasa S.A. por cuenta de Centro Aceros S.A. (21 de febrero de
2008), establecía una prohibición para adquirir las divisas para realizarlo.

18. Expuso que para la citada fecha ni la Resolución Externa 8 de 5 de mayo de 2000
ni la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 del 21 de noviembre de 2003, ambas
del Banco de la República, habían consagrado el llamado “[…] principio de identidad
[…]”.

19. Refirió que a través de la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 expedida el
30 de septiembre de 2009, publicada en el Boletín 36 del 1° de octubre de ese
mismo año, el Banco de la República, por primera vez, introdujo el principio de
identidad, al señalar que “[…] los residentes en el país no podrán pagar
importaciones que hayan sido realizadas por otros residentes. Los pagos los debe
realizar quien efectuó la importación de bienes directamente al acreedor, su
cesionario o a centros o personas que adelanten en el exterior la gestión de recaudo
y/o pago internacional, se trate de residentes o no residentes […]” (parágrafo del
numeral 3.°), disposición que no estaba consagrada en la Resolución 8 de 2000 de
la Junta Directiva del Banco de la República.

20. En consecuencia, para la fecha en que Centro Aceros S.A. realizó el pago
respecto de la finalización de importaciones no infringió el régimen cambiario al
haber efectuado la operación de cambio mediante diligenciamiento y presentación
de la declaración de cambio 1 núm. 60684, por USD 208.194,40, el 21 de febrero
de 2008, pues para ese momento aún no se encontraba vigente el principio de
identidad.

Segundo cargo. Violación del artículo 2 del Decreto Ley 2245 de 2011

21. Explicó que la infracción imputada y por la cual se sancionó a la empresa no
procedía, por cuanto en el presente caso se canalizaron unos montos de
operaciones a través del mercado cambiario que se derivaron de importaciones de
bienes que eran obligatoriamente canalizables (así correspondieran a un tercero),
es decir que la conducta resultaba atípica, dado que se canalizaron como
importaciones montos que se derivaron de importaciones y no de otro tipo de
operación.

5

Radicación: 05001-23-33-000-2013-00083-01
Demandante: Centro Aceros S.A.

22. Se hizo referencia a la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado así
como a la Circular 175 emitida por el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales
el 29 de octubre de 2001 sobre la aplicación del principio de tipicidad en materia
cambiaria.

23. Concluyó sobre este punto que la sanción impuesta era atípica y no procedía,
dado que los giros que realizó Centro Aceros S.A. correspondían a operaciones de
comercio exterior derivadas de importaciones que fueron efectivamente realizadas,
aclarando que lo que castiga la norma no es la canalización de operaciones de
comercio exterior de terceros sino la canalización como importaciones de sumas
que no correspondan a importaciones.

Tercer cargo. Violación del artículo 35 del Código Contencioso Administrativo.
Falsa motivación

24. Expuso que la motivación de los actos administrativos corresponde a la expresión
de los hechos y normas que llevaron a la administración a adoptar una determinada
decisión y con ella se busca asegurar al administrado que la decisión que se adopte
obedezca a las razones de hecho y de derecho que esta invoca.

25. Reprochó el hecho de que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- en
adelante DIAN, en la Resolución del 15 de marzo de 2012 señaló que no se
desconoció el tipo de mandato celebrado entre Fercasa S.A. y Centro Aceros S.A.,
dado que para ellos no era relevante si se trataba de un mandato con o sin
representación. Sin embargo, en la resolución que resolvió el recurso, señaló que
no había sido posible probar “[…] la supuesta existencia de un mandato sin
representación […]”; situación que resulta contraria a la seguridad jurídica y al
derecho de defensa del administrado.

Cuarto cargo. Violación del artículo 138 de la Ley 1437

26. La demandante insistió en que los actos demandados incurrieron en falsa
motivación, puesto que la parte actora fue sancionada por haber desconocido el
principio de identidad, el cual no se encontraba vigente al momento en que Centro
Aceros S.A. pagó la financiación sobre la importación de bienes.

Quinto cargo. Violación del artículo 25 del Decreto Ley 2245 de 2011

27. Alegó que el artículo 25 del Decreto Ley 2245 de 2011 señala que para la práctica
y valoración de las pruebas en materia sancionatoria cambiaria son admisibles
todos los medios de prueba y la aplicación de todos los procedimientos y principios
consagrados para el efecto, en los artículos 168 y siguientes del Código
Contencioso Administrativo, 174 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y
específicamente en los artículos 742 a 749 y demás disposiciones concordantes del
Estatuto Tributario, o en las normas que los adicionen o sustituyan.

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Radicación: 05001-23-33-000-2013-00083-01
Demandante: Centro Aceros S.A.

28. Argumentó que las anteriores normas se transgredieron por la parte demandada
por cuanto se impuso a Centro Aceros S.A. una sanción sin haber valorado la
documentación y las certificaciones aportadas, las cuales demostraban el manejo
contable de la mercancía importaba y daba al traste con la sanción al haberse
demostrado que la parte demandante era el obligado a cancelar la obligación.

I.2. La contestación de la demanda5

29. La DIAN, por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda oponiéndose
a la prosperidad de las pretensiones.

30. Refirió a los antecedentes administrativos que dieron origen a los actos acusados
para concluir que como resultado de la investigación administrativa se determinó
que hubo indebida canalización de las divisas, toda vez que a la luz de la
normatividad cambiaria quien está obligado a canalizar era quien tenía la calidad de
importador que en este caso era la sociedad Fercasa S.A.

31. Adujo que de conformidad con la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 del 21
de noviembre de 2003 y la Resolución Externa 8 de 2000, se desprende que las
importaciones y/o sus financiaciones deben ser atendidas por quien figura como
importador en las declaraciones de importación, su representante, apoderado o
mandatario.

32. Expuso que en este caso se está frente a una operación de obligatoria
canalización por estar referida a una importación de bienes, cuyo valor fue
canalizado a través de un intermediario de mercado cambiario Coltefinanciera S.A.,
la cual fue realizada por un sujeto diferente a quien realizó la operación de
importación, es decir, la sociedad Centro Aceros S.A., debiendo haber sido
canalizadas por la sociedad Fercasa S.A., en su condición de importador, tal y como
se evidencia de la normatividad cambiaria.

33. Expresó que la parte actora alegó como argumento de defensa que la sociedad
Centro Aceros S.A. actuó como mandatario sin representación de la sociedad
Fercasa S.A. y esta es la razón de ser por la cual esta última sociedad realizó el
pago de la aludida importación en el mercado cambiario.

34. Argumentó que no se podía aceptar como prueba de la existencia del contrato
de mandato las certificaciones presentadas por los representantes legales de las
sociedades Fercasa S.A. y Centro Aceros S.A., en la medida que estos documentos
fueron aportados con posterioridad al acaecimiento del hecho de la sanción. En
consecuencia, dicho mandato “[…] no produce efectos frente a terceros, en este
caso frente a la DIAN, dado que entre mandante y mandatario existe por hipótesis
un contrato de mandato civil o mercantil llamado a gobernarse por sus propias
reglas, no probado en el plano exterior en consecuencia no dándose esa percepción
jurídica de la existencia del mandato. […]”.

5
Cfr. Folios 72 al 89 del cuaderno principal.

7

Radicación: 05001-23-33-000-2013-00083-01
Demandante: Centro Aceros S.A.

35. Anotó que el inciso final del artículo 1. de la Resolución Externa 8 de 2000 señala
que las calidades de representante legal, apoderado o mandatario especial se
presumirán en quienes se anuncien como tales al momento de presentar la
declaración de cambio. Explicó que esta disposición guarda consonancia con la
postura asumida por el Consejo de Estado que ha señalado que en materia
cambiaria la calidad con la que actúa quien presente la declaración de cambio debe
anunciarse, advertirse o acreditarse en ese instante.

36. Añadió que la parte demandada impuso la sanción con fundamento en el numeral
7.° del artículo 3 del Decreto Ley 2245 de 2011, por violación de los artículos 7, 9 y
10 de la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la
República, en concordancia con el numeral 3.° de la Circular Reglamentaria Externa
DCIN 83 del 21 de noviembre de 2003, por indebida canalización.

37. Expresó que en virtud de los artículos 1, 6 y 7 de la Resolución Externa 8 de 2000
se concluye la preexistencia del principio de identidad que debe existir entre quien
funge como importador y quien presenta la respectiva declaración de cambio,
normas que son anteriores a la fecha en que se realizó la canalización de divisas.

38. Expuso que a partir de una lectura armónica y concordante de la normatividad
cambiaria se infiere la intención del legislador cambiario de consagrar el principio
de identidad entre quien acude al mercado cambiario y el importador o quien actúa
en su nombre.

39. Advirtió que esa entidad no dejó valorar en ningún momento la documentación
aportada por la sociedad actora, a tal punto que fueron valorados los documentos
obrantes al interior del proceso como son las declaraciones de importación, las
notas switf, las declaraciones de cambio, la factura de compra en el exterior, el
documento de transporte, entre otros.

40. Argumentó que se demostró que la parte actora canalizó a través del mercado
cambiario, por conceptos de importación de bienes, montos que no se derivan de
operaciones de cambios que sean para dicha sociedad de obligatoria canalización,
pues se probó que dicha sociedad no tenía la calidad de importadora de la
mercancía ni de mandataria.

I.3. La fijación del litigio en la primera instancia

41. El día 21 de junio de 2013, se celebró la audiencia inicial6 prevista en el artículo
180 de la Ley 1437, en la cual se fijó el litigio en los siguientes términos:

“[…] El problema jurídico, radica en determinar si para la fecha en que la sociedad
CENTRO ACEROS S.A., realizó el pago de la financiación a COLTEFINANCIERA
S.A., por la importación de los bienes, era de prohibición adquirir la divisas
correspondientes para realizar el pago, es decir, si para ese momento estaba
consagrado el principio de identidad respecto de las operaciones de cambio

6
Cfr. Folios 266 a 275 del cuaderno principal.

8

Radicación: 05001-23-33-000-2013-00083-01
Demandante: Centro Aceros S.A.

relacionadas con importaciones de bienes, identidad entre el importador y quien
paga, haciendo uso del mercado cambiario.

Consecuentes con lo anterior, se deberá establecer si los actos administrativos
atacados, se tornan en ilegales en sus consideraciones, por violentar el principio de
legalidad, por considerar la parte actora, que para el momento en que el hecho
sancionado acaeció, no existía norma legal alguna que vedara o impidiera a
CENTRO ACEROS pagar la financiación que había obtenido a título de importación
de bienes. […]”.

I.4. La sentencia de primera instancia7

42. La Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante
sentencia de 2 de agosto de 2013, accedió a las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la DIAN. La parte resolutiva ordenó:

“[…] PRIMERO. DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones No 0715 del 15
de marzo de 2012 y la No. 2160 del 28 de agosto de 2012 expedidas por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante las cuales se impone
una sanción cambiaria a nombre de la sociedad CENTRO ACEROS S.A. Nit.
800.021.138-8.

SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, DEJAR SIN EFECTO LA
MULTA IMPUESTA en los actos demandados a la sociedad CENTRO ACEROS
S.A., por valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN
PESOS M.L. ($466.387.871), la que no podrá hacerse efectiva. DECLARAR que
la sociedad no está obligada al pago de la multa impuesta en los actos
demandados.

TERCERO. CONDENAR en costas a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, conforme a los artículos 188 del CPACA en armonía con el artículo
392 del C.P.C. Liquídense por Secretaría. Se fijan las agencias en derecho, en
primera instancia en VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M.L. ($23.319.390,00).

CUARTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente

[…]”. (Negrilla del texto).

43. El Tribunal se refirió a las competencias constitucionales y legales del Banco de
la República y su junta directiva; a los intermediarios del mercado cambiario, a la
declaración de cambio; a la conservación de documentos, a las operaciones de
cambio que deben canalizarse a través del mercado cambiario y a la definición de
residente y de negociación de divisas y, a partir de su estudio, efectuó el siguiente
razonamiento.

44. Explicó que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1735 de 1993, la
importación y exportación de bienes y servicios constituye una operación de cambio
y conforme a lo establecido en los artículos 6.° y 7.° de la Resolución Externa 8 de
2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, dicha operación debe

7
Cfr. Folios 285 a 299 del cuaderno principal.

9

Radicación: 05001-23-33-000-2013-00083-01
Demandante: Centro Aceros S.A.

canalizarse a través del mercado cambiario por conducto de los intermediarios
autorizados, obligación que debe ser asumida por los residentes en el país.

45. Manifestó que la sociedad Centro Aceros S.A. ostentaba la condición de
residente, por lo que podía efectuar la operación de cambio consistente en el pago
de las divisas, máxime aun cuando el artículo 2°. del Decreto 1735 de 1993 no
establece una prohibición expresa por lo que, bajo la premisa de que a los
particulares les está permitido todo aquello que no les está prohibido expresamente,
la parte demandante no infringió norma alguna.

46. Estimó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3°. del Decreto 1092
de 1996, la norma sanciona el incumplimiento de la obligación de canalizar a través
del mercado cambiario por concepto de importaciones o exportaciones montos que
no se derivan de las mencionadas operaciones, ni la sociedad actora ni Fercasa
S.A. incurrieron en esa prohibición, pues sí fueron canalizadas unas operaciones a
través del mercado cambiario.

47. Agregó que para la época de ocurrencia de los hechos que dieron origen a la
sanción, no existía una norma legal que estableciera de manera expresa e
inequívoca la identidad entre el residente que realiza la importación y el residente
que ejecuta la canalización de divisas en el mercado cambiario para el pago de esta,
en tanto que el principio de identidad solo fue objeto de incorporación formal
mediante la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 de 30 de septiembre de 2009.

48. Concluyó, a partir de lo anterior, que la conducta por la cual fue sancionada la
parte actora con fundamento en el numeral 7.° del artículo 3 del Decreto Ley 2245
de 2011, por presunta violación de los artículos 7, 9 y 10 de la Resolución Externa
8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, en concordancia con el
numeral 3.° de la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 del 21 de noviembre de
2003 resulta atípica y violatoria del principio de legalidad que emana del artículo 29
de la Constitución Política.

49. Trajo a colación una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, para destacar aquellos apartes pertinentes en los cuales se indicó que el
“[…] principio de identidad […]” solo fue objeto de incorporación formal en la
reglamentación cambiaria a partir de la expedición de la Circular Reglamentaria
Externa DCIN 83 del 30 de septiembre de 2009, sin que de las versiones anteriores
se pudiera deducir inequívocamente tal prohibición, la cual supone que los pagos al
exterior los debe realizar quien efectuó la importación de bienes y que no está
permitido que un residente pague importaciones de bienes o reintegre
exportaciones de bienes realizadas por otros residentes.

50. Consideró que no era de recibo el argumento de la parte demandada quien
reconoció que si bien para la fecha de los hechos no hay norma que expresamente
establezca el principio de identidad, el mismo se deducía o infería implícitamente de
los artículos que integran la Resolución Externa 8 de 2000 y la Circular
Reglamentaria Externa DCIN 83 de 21 de noviembre de 2003, pues si bien es cierto

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Radicación: 05001-23-33-000-2013-00083-01
Demandante: Centro Aceros S.A.

que la tipicidad en materia del derecho administrativo sancionador no es tan rigurosa
como en el derecho penal, ello no puede llevar a concluir que la administración
pública pueda complementar o crear los supuestos facticos que configuran las
infracciones administrativas y específicamente las infracciones cambiarias, pues se
trata de una atribución del órgano legislativo y en forma extraordinaria, por
delegación, del órgano ejecutivo.

I.5. El recurso de apelación8

51. La parte demandada presentó recurso de apelación con el fin de que el fallo de
primera instancia sea revocado y, en su lugar, se denieguen las pretensiones de la
demanda.

52. Expuso que el solo hecho de que la parte actora tenga la calidad de residente
no le asistía la responsabilidad de canalizar unas divisas a través del mercado
cambiario de otro residente, en este caso Fercasa S.A., quien fue la persona
jurídica que realizó la importación de bienes y es a quien le correspondía efectuar
la canalización de divisas a través del mercado cambiario.

53. Hizo referencia a la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 del 21 de
noviembre de 2003 y a los artículos 1 y 7 de la Resolución 8 de 2000 para destacar
que las importaciones y/o sus financiaciones deben ser atendidas únicamente por
quien figura como importador en las declaraciones de importación (para este caso
concreto Fercasa S.A.), su representante, apoderado o mandatario.

54. Destacó que el argumento referido a que Fercasa S.A. hizo una importación en
nombre y representación de Centro Aceros S.A. no fue de recibo por la DIAN, ya
que a lo largo del proceso administrativo no se logró demostrar la existencia de un
contrato de mandato. Explicó que esa entidad no aceptó como prueba de la
existencia del contrato de mandato una certificación aportada por los
representantes legales de las sociedades Fercasa S.A. y Centro Aceros S.A., al
haber sido aportados con posterioridad al acaecimiento del hecho objeto de
sanción.

55. Expuso que dicho mandato sin representación no produce efectos frente a
terceros, en este caso frente a la DIAN, dado que entre mandante y mandatario
existe por hipótesis un contrato de mandato civil o mercantil llamado a gobernarse
por sus propias reglas, no probado en el plano exterior.

56. Reiteró que la DIAN en ningún momento le impuso la sanción cambiaria a la
sociedad Centro Aceros S.A. basada y fundamentada en el principio de identidad,
tal como lo quiso querer ver la sociedad demandante y cuya tesis fue avalada por
el Tribunal.

8
Cfr. Folios 303 a 313 del cuaderno principal.

11

Radicación: 05001-23-33-000-2013-00083-01
Demandante: Centro Aceros S.A.

57. Al respecto, explicó que la DIAN sancionó a la actora con sustento en el numeral
7.° del artículo 3 del Decreto Ley 2245 de 2011, por violación a los artículos 7, 9 y
10 de la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la
República, en concordancia con el numeral 3.° de la Circular Reglamentaria Externa
DCIN 83 del 21 de noviembre de 2003, por indebida canalización de divisas.

58. Agregó que si la DIAN hubiera fundamentado la sanción basada en el principio
de identidad como lo manifestó la parte demandante, es decir, con base en la
Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 del 30 de noviembre (sic) de 2009 hubiera
contrariado el postulado del debido proceso reconocido en el artículo 29 de la
Constitución Política, como también los principios de legalidad y de tipicidad, pero
esto no fue lo que ocurrió.

59. Explicó que en aplicación de los artículos 6 y 7 de la Resolución Externa 8 de
2000, se concluye la preexistencia del principio de identidad que debe haber entre
quien funge en este caso como importador, por un lado, y quien presenta y suscriba
la respectiva declaración de cambio, de otro lado; normas que son anteriores a la
fecha en que se realizó la canalización de las divisas, contrario a lo expresado por
el recurrente.

60. Argumentó que en el proceso quedó demostrado que la sociedad Centro Aceros
S.A. canalizó a través del mercado cambiario por concepto de importación de
bienes, montos que no se derivan de operaciones de cambios que sean para dicha
sociedad de obligatoria canalización, pues la parte actora no tenía la calidad de
importadora de la mercancía ni de mandataria de esta.

61. Finalmente, aludió a los argumentos expuestos por uno de los magistrados del
Tribunal de la primera instancia que salvo parcialmente el voto, para señalar que
en el presente caso no se encuentra acreditada la causación de las costas y de las
agencias en derecho, porque en el expediente no se encuentran probadas, máxime
aun cuando la parte demandante no las solicitó.

I.6. Trámite del proceso en segunda instancia

62. En la audiencia de conciliación prevista en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011
celebrada el 20 de septiembre de 20139 se concedió, en el efecto suspensivo, el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.

63. A través de auto de 6 de julio de 201510 se admitió el recurso y mediante proveído
de 27 de octubre de 201511, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión
y al Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto.

9
Cfr. Folios 339 a 340 del cuaderno principal.
10
Cfr. Folio 5 del cuaderno del Consejo de Estado.
11
Folio 10 del cuaderno del Consejo de Estado.

12

Radicación: 05001-23-33-000-2013-00083-01
Demandante: Centro Aceros S.A.

64. La parte demandante12 solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia,
quien insistió en que los actos demandados desconocieron el principio de legalidad
y tipicidad, incurrieron en falsa motivación y en violación del debido proceso.

65. La DIAN allegó escrito de alegatos13, en el cual reiteró los argumentos de la
alzada y explicó que el Tribunal incurrió en error de interpretación de hechos y del
material probatorio en el expediente dado que a la luz de la normatividad cambiaria
quien está obligado a canalizar es aquel residente que tenga la condición de
importador, en este caso, Fercasa S.A.

66. Añadió que tampoco era cierto que la sociedad Fercasa S.A. haya actuado en
cumplimiento de un contrato de mandato sin representación, pues las pruebas que
fueron aportadas en la vía administrativa desvirtuaron tal manifestación. Además,
resulta claro que Centro Aceros S.A. efectuó una canalización de divisas sin ser el
obligado a canalizar y que de llegar a admitirse la tesis del a quo, se desconocería
que el régimen cambiario es de orden público.

67. El Ministerio Público no rindió concepto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

68. A efectos de decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los
siguientes aspectos: i) la competencia; ii) los actos administrativos acusados, iii) los
problemas jurídicos; iv) elementos de relevancia probatoria y; v) solución a los
problemas jurídicos.

II.1. Competencia de la Sala

69. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
en el artículo 150 de la Ley 1437 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo
de 201914, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 202415, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

II.2. Los actos administrativos demandados

70. La demanda va dirigida a cuestionar la legalidad de los actos administrativos
expedidos por la DIAN dentro de la investigación administrativa adelantada en
contra de la sociedad actora, conforme el numeral 7.° del artículo 3 del Decreto Ley
2245 de 2011, por haber violado los artículos, 7, 9 y 10 de la Resolución Externa 8
de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, en concordancia con el
numeral 3.° de la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 del 21 de noviembre de
2003, por indebida canalización de divisas.

12
Folios 14 al 19 del cuaderno del Consejo de Estado.
13
Folios 20 al 22 del cuaderno del Consejo de Estado.
14
“[…] Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
15
“[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los
artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 […]”.

13

Radicación: 05001-23-33-000-2013-00083-01
Demandante: Centro Aceros S.A.

71. La parte resolutiva de la Resolución 715 del 15 de marzo de 2012 “[…] Por la
cual se impone una sanción cambiaria […]” es del siguiente tenor:

“[…] ARTICULO PRIMERO: Imponer a la sociedad CENTRO ACEROS S.A. con NIT.
800.021.013, una multa a favor del Tesoro Nacional por la suma de
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MIL ($466.387.871), conforme
con el numeral 7 del artículo 3 del Decreto 2245 de 2011, por presunta violación a los
artículos, 7, 9 y 10 de la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco
de la República, en concordancia con el numeral 3 de la Circular Reglamentaria DCIN
83 de noviembre 21 de 2003, por indebida canalización de divisas, según lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar esta resolución por correo certificado a la sociedad
CENTRO ACEROS S.A. con NIT. 800.021.013, de conformidad (sic) en el artículo 15
del Decreto 1092 de 1996. […]”. (Negrilla del texto).

72. A su vez, la parte resolutiva de la Resolución 2160 del 28 de agosto de 2012
proferida por la DIAN por la cual “[…] se resuelve recurso de reposición […]” es del
siguiente tenor:

“[…] ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia, la resolución No. 1902012410601-0715 del
15 de marzo de 2012, mediante la cual la División de Gestión de Liquidación de esta
Dirección Seccional impuso una multa por infracción administrativa al régimen de
cambios, a nombre de la sociedad CENTRO ACEROS S.A., NIT. 800.021.013-8, por
valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/L. ($
466.387.871), conforme con el numeral 7 del artículo 3 del Decreto 2245 de 2011, por
violación a los artículos 7, 9 y 10 de la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta
Directiva del Banco de la República, en concordancia con el numeral 3 de la Circular
Reglamentaria DCIN 83 del 21 de noviembre de 2003, por indebida canalización de
divisas. […]”. (Negrilla del texto).

II.3. Los problemas jurídicos

73. La Sala, de acuerdo con lo establecido en los artículos 32016 y 32817 de la Ley
1564 de 12 de julio de 201218 y atendiendo los argumentos planteados en el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada, considera que los problemas
jurídicos que deben resolverse tienen como finalidad establecer los siguientes
aspectos:

i) Si las Resoluciones 715 del 15 de marzo de 2012 y 2160 del 28 de agosto de
2012, mediante las cuales se impuso una sanción de multa a la sociedad actora por
haber infringido el régimen cambiario, resultan nulas por haber transgredido
presuntamente el debido proceso y los principios de legalidad y tipicidad al haber

16
“[…] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque
o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 […]”.
17
“[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]”.
18
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.

14

Radicación: 05001-23-33-000-2013-00083-01
Demandante: Centro Aceros S.A.

aplicado retroactivamente el principio de identidad que no regía en materia
cambiaria para la época de los hechos y si por esta razón los actos demandados se
encuentran falsamente motivados.

ii) Si se debe modificar, revocar o confirmar el ordinal tercero de la sentencia de
primera instancia de 2 de agosto de 2013, proferida por la Sala Primera de Oralidad
del Tribunal Administrativo de Antioquia, en cuanto a la condena en costas.

II.4. Elementos de relevancia probatoria

74. En el proceso obran los siguientes elementos de prueba:

75. Factura Comercial F2089E07 del 25 de agosto de 2007 por valor CFR de USD
243.784.22, expedida por la sociedad Belgo Siderurgia S.A., a nombre de la
sociedad Fercasa S.A19.

76. Declaraciones de Importación 079527016611 del 22 de septiembre de 2007,
07925270162664 y 7092520162671, ambas del 27 de septiembre de 2007, las
cuales amparan las mercancías ingresadas al país con documento de transporte
SEN96 PML/BAQ008 del 25 de agosto de 2007 en el cual figura como importadora
la sociedad Fercasa S.A.20

77. Declaración de Cambio Formulario núm. 1 (radicado 10124 de 5 de septiembre
de 2007), por valor de USD 35.389,87, suscrita por Fercasa S.A.

78. Declaración de Cambio Formulario núm. 1 (radicado 60684 de 21 de febrero de
2008) por valor de USD 208.194.00, suscrita por Centro Aceros S.A.

79. El 7 de febrero de 2011, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Aduanas de Medellín expidió el Acto de Formulación de Cargos 0274
de esa fecha21, proponiendo imponer a Centro Aceros S.A. una sanción
administrativa cambiaria con fundamento en el literal h) del artículo 1 del Decreto
Ley 1074 de 1999, por presunta violación de los artículos 7, 9 y 10 de la Resolución
Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, en concordancia
con el numeral 3.° de la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 de 21 de
noviembre de 2003 del Banco de la República y sus posteriores modificaciones, por
indebida canalización de divisas.

80. Centro Aceros S.A. presentó los respectivos descargos, exponiendo las razones
por las cuales no procedía la imposición de la sanción propuesta y aportando las
pruebas que consideró útiles, pertinentes y conducentes.

19
Cfr. Fol. 123 del cuaderno principal.
20
Cfr. Fols. 30 a 32 del cuaderno principal.
21
Cfr. Fols. 167 reverso a 172 del cuaderno principal.

15

Radicación: 05001-23-33-000-2013-00083-01
Demandante: Centro Aceros S.A.

81. A través de la Resolución 715 del 15 de marzo de 201222, la División de Gestión
de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín impuso una
sanción cambiaria por la suma de $466.387.871,00 en contra de la sociedad actora
con fundamento en el numeral 7.º del artículo 3º del Decreto Ley 2245 de 2011, por
haber violado los artículos 7, 9 y 10 de la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta
Directiva del Banco de la República, en concordancia con el numeral 3.° de la
Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 de 21 de noviembre de 2003 del Banco de
la República, por haber realizado una indebida canalización de la mercancía
importada en las mencionadas declaraciones de importación.

82. En los fundamentos normativos del acto se indicó que la sociedad Centro Aceros
S.A. incurrió en la infracción prevista en el numeral 7.º del artículo 3º del Decreto
Ley 2245 de 2011, por haber efectuado una canalización de divisas a través del
mercado cambiario por la suma de USD 208.194,00, diligenciando la Declaración
de Cambio de Importación de Bienes Formulario 1, sin ser el obligado a canalizar,
toda vez que quien había importado la mercancía era la sociedad Fercasa S.A.

83. Como resultado de ello y en aplicación del principio de favorabilidad que rige en
materia sancionatoria, se aplicó la sanción más favorable prevista en el numeral 7.°
del artículo 3° del Decreto Ley 2245 de 2011, equivalente al 100% del valor
canalizado, equivalente a la suma de $466.387.871.

84. Laactora interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante
Resolución 2160 del 28 de agosto de 201223, confirmando la sanción impuesta.

II.5. La solución a los problemas jurídicos

II.5.1. Sobre la violación del debido proceso y los principios de legalidad y
tipicidad

85. La sociedad Centro Aceros S.A. solicitó la nulidad de las Resoluciones 715 del
15 de marzo de 2012 y 2160 del 28 de agosto de 2012, expedidas por la DIAN, al
considerar que fueron expedidas con infracción de los artículos 29 de la Constitución
Política; 2.º y 25 del Decreto Ley 2245 de 28 de junio de 201124, el artículo 35 del
Código Contencioso Administrativo; 138 de la Ley 1437.

86. El Tribunal de primera instancia declaró la nulidad de los actos demandados,
accedió al restablecimiento solicitado y condenó en costas a la DIAN.

87. Para adoptar tal determinación, expuso que la sociedad Centro Aceros S.A.
ostentaba la condición de residente, por lo que podía efectuar la operación de
cambio consistente en el pago de las divisas. Argumentó que, para la época de
ocurrencia de los hechos que dieron origen a la sanción, no existía una norma que

22
Cfr. Fols. 7 a 14 del cuaderno principal.
23
Cfr. Folios 15 a 22 del cuaderno principal.
24
“[…] Por el cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo Cambiario a seguir por la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales. […]”.

16

Radicación: 05001-23-33-000-2013-00083-01
Demandante: Centro Aceros S.A.

consagrara, de manera expresa e inequívoca, la identidad entre el residente que
realiza la importación y el residente que ejecuta la canalización de divisas en el
mercado cambiario para el pago de esta, en tanto que el principio de identidad solo
fue objeto de incorporación formal mediante la Circular Reglamentaria Externa DCIN
83 del 30 de septiembre de 2009; de ahí que la conducta resulta atípica y desconoce
el principio de legalidad en materia sancionatoria.

88. La DIAN, inconforme con esa decisión, indicó que la sociedad Centro Aceros S.A.
sí infringió lo dispuesto en los artículos 7, 9 y 10 de la Resolución Externa 8 de 2000
de la Junta Directiva del Banco de la República, en concordancia con el numeral 3.°
de la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 del 21 de noviembre de 2003, puesto
que canalizó a través del mercado cambiario por concepto de importación de bienes
montos que no se derivan de operaciones de cambios que sean para dicha sociedad
de obligatoria canalización, pues la parte actora no tenía la calidad de importadora
de la mercancía ni de mandataria de esta.

89. Agregó que no se infringió el debido proceso y el principio de tipicidad, ni se aplicó
una disposición retroactivamente, ni los actos acusados estuvieron falsamente
motivados puesto que no se impuso sanción cambiaria con fundamento en el
principio de identidad, sino en la violación de lo dispuesto en el numeral 7.° del
artículo 3 del Decreto Ley 2245 de 2011, por violación a los artículos 7, 9 y 10 de la
Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, en
concordancia con el numeral 3°. de la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 del
21 de noviembre de 2003. De estas normas, de manera unívoca, se desprendía que
las importaciones y/o sus financiaciones debían ser atendidas únicamente por quien
figura como importador en las declaraciones de importación (para este caso
concreto Fercasa S.A.), su representante, apoderado o mandatario.

90. A partir de lo anterior, le corresponde a la Sala analizar si las Resoluciones 715
del 15 de marzo de 2012 y 2160 del 28 de agosto de 2012, mediante las cuales se
impuso una sanción de multa a la sociedad actora resultan nulas por haber
transgredido presuntamente el debido proceso y los principios de legalidad y
tipicidad al haber aplicado de manera retroactiva el principio de identidad, el cual,
según se afirma en la demanda, no se encontraba vigente al momento de ocurrencia
de los hechos al ser incorporado en la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 del
30 de septiembre de 2009.

91. El principio de legalidad en el derecho administrativo sancionatorio exige que la
conducta a sancionar, los criterios para su determinación y los procedimientos
previstos para su imposición deben estar previamente definidos en la ley con
anterioridad a los hechos materia de investigación.

92. Por su parte, el principio de tipicidad, como una manifestación del principio de
legalidad, comprende los siguientes componentes: i) que la conducta sancionable
esté descrita de manera específica y precisa, bien porque la misma esté
determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la
remisión a otras normas jurídicas; ii) que la sanción esté previamente definida en la

17

Radicación: 05001-23-33-000-2013-00083-01
Demandante: Centro Aceros S.A.

ley, el término o la cuantía de esta y, iii) que esté previsto el procedimiento que debe
seguirse para su imposición.

93. Esta Sección25 en materia del principio de legalidad y tipicidad que debe existir
en materia cambiaria ha señalado:

“[…] 65. Por su parte, el principio de tipicidad implícito en el de legalidad hace
referencia a la obligación que tiene el legislador de definir con claridad y especificidad
el acto, hecho u omisión constitutivo de la conducta reprochada por el ordenamiento,
de manera que le permita a las personas a quienes van dirigidas las normas conocer
con anterioridad a la comisión de la misma las implicaciones que acarrea su
transgresión.

66. De esta manera, para satisfacer el principio de tipicidad, deben concurrir los
siguientes elementos: i) que la conducta sancionable esté descrita de manera
específica y precisa, bien porque la misma esté determinada en el mismo cuerpo
normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas jurídicas; ii)
que exista una sanción cuyo contenido material este definido en la ley; iii) que exista
correlación entre la conducta y la sanción.

67. En suma, son elementos esenciales del tipo sancionatorio administrativo: i) la
descripción de la conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicación de la
sanción; ii) la determinación de la sanción, incluyendo el término o la cuantía de la
misma, iii) la autoridad competente para aplicarla y iv) el procedimiento que debe
seguirse para su imposición. […]”.

94. En el sub examine, se encuentra acreditado que la DIAN adelantó una
investigación administrativa en contra de la sociedad Centro Aceros S.A. por haber
infringido el numeral 7.° del artículo 3 del Decreto Ley 2245 de 2011, en
concordancia con los artículos 7, 9 y 10 de la Resolución Externa 8 de 2000 de la
Junta Directiva del Banco de la República, en concordancia con el numeral 3.° de
la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 del 21 de noviembre 2003, por indebida
canalización de divisas, por cuanto no era la obligada a canalizar a través del
mercado cambiario el pago de la importación que efectuó la sociedad Fercasa S.A.

95. El artículo 371 de la Constitución Política y la Ley 31 de 29 de diciembre de
199226 establecen que serán funciones básicas del Banco de la República: i) regular
la moneda, los cambios internacionales y el crédito; ii) emitir la moneda legal; iii)
administrar las reservas internacionales; iv) ser prestamista de última instancia y
banquero de los establecimientos de crédito, y v) servir como agente fiscal del
gobierno. El artículo 372 ibidem prevé que la Junta Directiva del Banco de la
República será la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, conforme a las
funciones que le asigne la ley.

96. El artículo 2 del Decreto Ley 2245 de 2011, norma que sirvió de fundamento para
imponer la sanción por resultar más favorable, define la infracción cambiaria como

25
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de noviembre de 2019.
Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Radicado núm.: 25000 23 24 000 2004 00813 01.
26
“[…] “Por la cual se dictan las normas a las que deberá sujetarse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones,
el Gobierno para señalar el régimen de cambio internacional, para la expedición de los Estatutos del Banco y para el ejercicio
de las funciones de inspección, vigilancia y control del mismo, se determinan las entidades a las cuales pasarán los Fondos
de Fomento que administra el Banco y se dictan otras disposiciones. […]”

18

Radicación: 05001-23-33-000-2013-00083-01
Demandante: Centro Aceros S.A.

una contravención administrativa de las disposiciones constitutivas del régimen
cambiario vigentes al momento de la transgresión, a la cual corresponde una
sanción cuyas finalidades son el cumplimiento de tales disposiciones y la protección
del orden público económico.

97. El numeral 7.° del artículo 3 del Decreto Ley 2245 de 2011, señala que las
personas naturales o jurídicas y demás entidades asimiladas a estas que infrinjan
el régimen cambiario respecto de operaciones y obligaciones cuya vigilancia y
control sea de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
podrán ser sancionadas por infracción de las siguientes conductas:

“[…] Artículo 3°. Sanción. Las personas naturales o jurídicas y demás entidades
asimiladas a estas que infrinjan el régimen cambiario respecto de operaciones y
obligaciones cuya vigilancia y control sea de competencia de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, serán sancionadas con la imposición de multa que
se liquidará de la siguiente forma:

[…]

Operaciones indebidamente canalizadas a través del mercado cambiario

7. Por canalizar a través del mercado cambiario como importaciones o exportaciones
de bienes, o como desembolsos o amortizaciones de financiaciones de estas o
aquellas, montos que no se deriven de las mencionadas operaciones
obligatoriamente canalizables, la multa será del ciento por ciento (100%) del valor así
canalizado.

[…]”. (Negrilla del texto y subrayado fuera del texto).

98. El artículo 1.° de la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco
de la República señala que “[…] Los residentes en el país y los residentes en el
exterior que efectúen en Colombia una operación de cambio, deberán presentar
una declaración de cambio en los términos de la presente resolución. […]”.
(Negrilla fuera del texto).

99. Según el referido artículo, “[…] La declaración de cambio deberá presentarse
y suscribirse personalmente por quien realiza la operación, su representante,
apoderados generales o mandatarios especiales aunque no sean abogados.
La declaración de cambio se presentará en formularios debidamente diligenciados,
donde se consignará la información sobre el monto, características y demás
condiciones de la operación, en los términos que determine el Banco de la
República. Las calidades de representante legal, apoderado o mandatario
especial se presumirán en quienes se anuncien como tales al momento de
presentar la declaración de cambio. […]”. (Negrilla y subrayado fuera del texto).

100. El artículo 4 ibidem dispone que “[…] Quien incumpla cualquier obligación
establecida en el régimen cambiario, en especial la de presentar correctamente
la declaración de cambio por las operaciones de cambio que realice, se hará
acreedor a las sanciones previstas en las normas legales pertinentes, sin perjuicio
de las sanciones tributarias, aduaneras y penales aplicables. También se deducirá
responsabilidad en los términos de la ley, cuando la respectiva autoridad o un

19

Radicación: 05001-23-33-000-2013-00083-01
Demandante: Centro Aceros S.A.

particular interesado desvirtúe la presunción de que trata el inciso cuarto del artículo
1o. de esta resolución. […]”. (Negrilla y subrayado fuera del texto).

101. El artículo 6 de la referida resolución señala que el mercado cambiario “[…] está
constituido por la totalidad de las divisas que deben canalizarse obligatoriamente
por conducto de los intermediarios autorizados para el efecto o a través del
mecanismo de compensación previsto en esta resolución. También formarán parte
del mercado cambiario las divisas que, no obstante estar exentas de esa obligación,
se canalicen voluntariamente a través del mismo. […]”.

102. El artículo 7 ibidem precisa que la importación de bienes corresponde a una de
las operaciones de cambio que debe canalizarse obligatoriamente a través del
mercado cambiario.

103. El artículo 9 ejusdem indica que “[…] Las divisas para el pago de obligaciones
provenientes de operaciones de cambio del mercado cambiario deben canalizarse
por conducto de los intermediarios autorizados para el efecto o a través del
mecanismo de compensación previsto en esta resolución. […]”.

104. El artículo 10 señala que “[…] Los residentes en el país deben canalizar a través
del mercado cambiario las divisas para pagar el valor de sus importaciones. Las
importaciones podrán estar financiadas por el proveedor de la mercancía, los
intermediarios del mercado cambiario y entidades financieras del exterior. […]”.
(Subrayado fuera del texto).

105. Finalmente, el numeral 3.° de la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 del 21
de noviembre de 2003 reitera que los residentes en el país deberán canalizar, a
través del mercado cambiario, por pagos para cancelar el valor de sus
importaciones, para lo cual deberán presentar la declaración de cambio por
importación de bienes, así:

“[…] 3. IMPORTACIONES DE BIENES
Los residentes en el país deberán canalizar a través del mercado cambiario los
pagos para cancelar el valor de sus importaciones. Para estos efectos deberán
presentar la declaración de cambio por importaciones de bienes (Formulario No. 1)
utilizando, en cada caso, el numeral cambiario que corresponda. […]”. (Negrilla y
subrayado fuera del texto).

106. Precisado lo anterior, la Sala debe definir, entonces, si a la luz de la normatividad
supra, se desprende que las importaciones y/o sus financiaciones deben ser
atendidas únicamente por quien figura como importador en los documentos
aduaneros, o si como lo interpreta la parte actora, dicho principio solo fue
incorporado con la expedición de la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 del 30
de septiembre de 2009.

107. Para ello, en primer lugar, resulta importante aclarar que no resulta cierta la
premisa de la actora en el sentido de que la sanción se adoptó con fundamento en
la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 del 30 de septiembre de 2009, por

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Radicación: 05001-23-33-000-2013-00083-01
Demandante: Centro Aceros S.A.

cuanto esta norma no se encontraba vigente al momento de ocurrencia de los
hechos, sino con sustento en el numeral 7.° del artículo 3 del Decreto Ley 2245 de
2011, por resultar más favorable, en particular, por haber violado los artículos 7, 9 y
10 de la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la
República, en concordancia con el numeral 3.° de la Circular Reglamentaria Externa
DCIN 83 del 21 de noviembre de 2003, por indebida canalización de divisas.

108. En efecto, La DIAN, en la Resolución 2160 del 28 de agosto de 2012, señaló
que en el presente caso se está frente a una operación de obligatoria canalización,
la cual fue presentada por un sujeto diferente a quien realizó la operación de
importación, es decir, la sociedad Centro Aceros S.A. debiendo haber sido
canalizadas por parte de Fercasa S.A., en su condición de importador.

109. En esa decisión, la autoridad aduanera argumentó que al amparo de las normas
vigentes para la fecha de ocurrencia de los hechos, en especial, la Circular
Reglamentaria Externa DCIN 83 del 21 de noviembre de 2003 y los artículos 1, 6, 7
y 10 de la Resolución 8 de 2000 se desprendía de manera clara que las
importaciones y/o sus financiaciones debían ser atendidas únicamente por quien
figura como importador en las declaraciones de importación, su representante,
apoderado o mandatario.

110. Así se extrae de los siguientes apartes de la referida decisión sancionatoria:

“[…] Así las cosas, la financiación de una importación debe ser cancelada en los
términos y condiciones establecidos en los artículos 1 y 7 de la Resolución 8 de 2000;
del análisis de dichas normas se desprende que las importaciones y/o sus
financiaciones deban ser atendidas únicamente por quien figura como importador en
las declaraciones de importación, su representante, apoderado o mandatario. No
obstante lo anterior, el recurrente manifiesta que la operación realizada por CENTRO
ACEROS no se encontraba prohibida, limitada o recortada en los artículos
mencionados. Al respecto éste Despacho debe poner de presente al recurrente que
en el caso de marras, se está frente a una operación de obligatoria canalización,
pues está referida a la importación de bienes, cuyo valor fue canalizado a través
de un intermediario del mercando cambiario COLTEFINANCIERA S.A,
diligenciado para el efecto el correspondiente formulario N° 1 con radicado N° 60684
del 21 de febrero de 2008; canalización que fue presentada y suscrita por un
sujeto diferente a quien realizó la operación de importación, es decir la sociedad
CENTRO ACEROS S.A, debiendo haber sido canalizadas las divisas por la
sociedad FERCASA S.A. en su condición de importador.

[…]

Por su parte, y contrario a lo expuesto por el recurrente, no es de la lectura exclusiva
del artículo 7°, o del artículo 9º exclusivamente, o del artículo 10º
exclusivamente, todos de la Resolución 8 de 2000 de la JDBR, que se advierta
la prohibición, recorte o restricción de que una empresa residente no pueda
pagar por el mercado cambiario una importación por la simple razón de que su
nombre no figure en la respectiva declaración de importación. Esta conclusión
deviene de la lectura armónica y concordante del citado artículado (sic), junto con los
artículos 1º y 6º de la misma disposición normativa. De estas normas se infiere la
intención del legislador cambiario de consagrar el principio de identidad entre quien
acude al mercado cambiario y el importador o quien actúa en nombre.

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Radicación: 05001-23-33-000-2013-00083-01
Demandante: Centro Aceros S.A.

Ahora, al decir del recurrente sólo con la reforma introducida por la Circular DCIN 83
del 30 de Noviembre (sic) de 2009 nació el deber legal consistente en que el pagador
de la operación debía ser el importador, y en consecuencia su aplicación no puede
ser retroactiva a una operación de pago efectuada el 21 de febrero de 2008, so pena
de quebrantarse el debido proceso; al respecto este Despacho debe ponerle de
presente que en momento alguno se ha fundamentado la entidad la Circular DCIN 83
del 30 de Noviembre (sic) de 2009, para soportar legalmente la sanción endilgada,
pues hacerlo sería contrario a los postulados del debido proceso consagrados en el
artículo 29 de la C.N, así como el principio de legalidad y tipicidad, pues basta con
una lectura de las providencias expedidas por las instancias precedentes, para
advertir ésta conclusión. No obstante es en virtud de los artículos 1° 6° y 7º de la
Resolución Externa 8 de 2000, que se concluye la preexistencia del principio de
identidad que debe haber entre quien funge en este caso como importador, y quien
presente y suscriba la respectiva declaración de cambio, tal y como se ha mostrado
líneas atrás; normas éstas anteriores a la recurrente no tiene vocación de prosperar.

[…]

Así las cosas, este Despacho procederá a confirmar la resolución No.
1902012410601-0715 del 15 de marzo de 2012, tal y como se dejará consignado en
la parte resolutiva de la presente providencia. […]”.

111. Ahora, para la Sala, a partir de una lectura sistemática y en conjunto de la
Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, en
especial, sus artículos 1, 3, 4, 6, 7 y 10, así como el numeral 3.° de la Circular
Reglamentaria Externa DCIN 83 del 21 de noviembre de 2003, los importadores
residentes en el país son quienes deben canalizar a través del mercado cambiario
los pagos para cancelar sus obligaciones, y, por ende, son ellos quienes deben
diligenciar y presentar el Formulario 1, y no terceros.

112. En efecto, el artículo 1 de la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva
del Banco de la República prevé que la declaración de cambio debe presentarse
personalmente por quien realiza la operación, su representante, apoderado general
o mandatario. Igualmente, el artículo 3 ibidem señala que los residentes en el país
deben canalizar a través del mercado cambiario los pagos para cancelar el valor de
sus importaciones. Finalmente, el artículo 4 ibidem prevé que quien incumpla
cualquier obligación establecida en el régimen cambiario, en especial la de
presentar correctamente la declaración de cambio por las operaciones de cambio
que realice está sujeto a sanciones.

113. En este orden de ideas, al momento de ocurrencia de los hechos, la normativa
cambiaria establecía que los residentes en el país debían canalizar a través del
mercado cambiario los pagos para cancelar el valor de sus importaciones, de ahí
que quien está obligado a canalizar es aquel que tiene la calidad de importador y no
un tercero. Por lo tanto, la parte actora infringió la normatividad que rige la materia,
al haber canalizado, a través del mercado cambiario, el valor de las divisas por valor
de USD 208.194,00, sin estar obligado a ello, toda vez que, se insiste, no tenía la
calidad de importador.

114. En consecuencia, a diferencia de lo expresado por el Tribunal, no se desconoció
el principio de legalidad y tipicidad que rige en materia sancionatoria ni tampoco se

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Radicación: 05001-23-33-000-2013-00083-01
Demandante: Centro Aceros S.A.

aplicó una normatividad de manera retroactiva, en tanto que la sociedad actora fue
sancionada por haber infringido el numeral 7.° del artículo 3 del Decreto Ley 2245
de 2011 y de conformidad con las normas supra contenidas en la Resolución
Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, así como el
numeral 3.° de la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 del 21 de noviembre de
2003, en virtud de las cuales solo el importador puede canalizar las divisas producto
de su importación y no un tercero.

115. La Sala no desconoce que a través de la Circular Reglamentaria Externa DCIN
83 del 30 de septiembre de 2009 (publicada en el Boletín 36 de la Junta Directiva
de 1 de octubre de 2009), se señaló lo siguiente: “[L]os residentes en el país no
podrán pagar importaciones que hayan sido realizadas por otros residentes. Los
pagos los debe realizar quien efectuó la importación de bienes directamente al
acreedor, su cesionario o a centros o personas que adelanten en el exterior la
gestión de recaudo y/o pago internacional, se trate de residentes o no residentes.
[…]”, y este principio pasó a denominarse “[…] identidad […]”. No obstante, según
quedó analizado, la normativa vigente para la época de los hechos objeto de
investigación era clara en señalar que la obligación de canalización recaía en quien
realizó la importación de bienes.

116. Sobre el particular, esta Sala de Decisión, en sentencia de 14 de abril de 201627,
tuvo la oportunidad de analizar un caso con idénticos supuestos fácticos y jurídicos,
consideraciones que se prohíjan en esta oportunidad:

“[…] según las normas transcritas, que la DIAN consideró violadas por la sociedad
actora, son los importadores residentes en el país quienes deben canalizar a través
del mercado cambiario los pagos para cancelar sus obligaciones, las cuales se
pueden financiar solamente por quienes dice la Resolución Externa 8 de 5 de mayo
de 2000 y son ellos mismos quienes deben diligenciar y presentar el Formulario núm.
6 y no un tercero, como ocurrió en este caso, en el cual la actora, no siendo la
importadora, canalizó a través del mercado cambiario por concepto de amortización
de la Declaración de Importación núm. 352008100161682-8 de 9 de septiembre de
2008, la suma de US$89.752.oo.

Además teniendo en cuenta, el artículo 10°, párrafo primero, de la Resolución Externa
8 de 5 de mayo de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República antes
transcrito, no existe en el plenario indicio alguno ni se ha alegado por parte de la
actora, que esté autorizada para financiar importaciones por ser una intermediaria del
mercado cambiario, pues es claro que no es la proveedora de la mercancía ni es una
entidad financiera.

En conclusión, la sociedad actora realizó una indebida canalización a través del
mercado cambiario relacionada con la mercancía importada con la Declaración de
Importación núm. 352008100161682 de 9 de septiembre de 2008, porque no era la
obligada cambiaria sino lo era el importador, sociedad INVESTIGACIONES Y
DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A., la cual, se insiste, pudo financiar su
importación con quienes están autorizados, de conformidad con el artículo 10°,

27
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 14 de abril de 2016. Consejera
ponente: María Elizabeth García González. Radicado núm.: 05001-23-33-000-2013-01363-01. Igualmente ver: Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Consejera ponente: Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez. Radicado núm.: 05001 2331 000 2009 01090 01.

23

Radicación: 05001-23-33-000-2013-00083-01
Demandante: Centro Aceros S.A.

parágrafo primero de la Resolución Externa 8 de 5 de mayo de 2000 de la Junta
Directiva del Banco de la República.

Por lo anterior, se impuso una sanción a la sociedad actora, de conformidad con el
artículo 3° del Decreto Ley 1092 de 199628, modificado por el Decreto Ley 1074 de
1999, que, en lo pertinente, consagra:

“ARTÍCULO 3. SANCIÓN. Las personas naturales o jurídicas y demás entidades que
infrinjan el Régimen Cambiario en operaciones cuya vigilancia y control sea de
competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, serán sancionadas
con la imposición de multa que se liquidará de la siguiente forma:
…

Operaciones indebidamente canalizadas a través del mercado cambiario.

h) Por canalizar a través del mercado cambiario como importaciones o exportaciones
de bienes, o como financiación de éstas o aquellas, montos que no se deriven de las
mencionadas operaciones obligatoriamente canalizables, la multa será del doscientos
por ciento (200%) del valor canalizado”.

Para la Sala, es claro que la sociedad actora no era la obligada a canalizar a través
del mercado cambiario el pago de una importación que no efectuó y cuya financiación
realizó sin estar autorizada para ello, por lo tanto la sanción le era aplicable.

Circunstancia distinta, que favoreció a la actora, fue que para la fecha en que se
expidieron los actos acusados, estaba en vigencia el Decreto Ley 2245 de 28 de junio
de 2011 “Por el cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento
Administrativo Cambiario a seguir por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales”, que derogó los Decretos Leyes 1092 de 1996 y 1074 de 1999, cuyos
artículos 3°, numeral 7 y 42, dispusieron, respectivamente, respecto a la sanción y al
tránsito de legislación, lo siguiente:

“ARTICULO 3. Sanción. Las personas naturales o jurídicas y demás entidades
asimiladas a estas que infrinjan el régimen cambiario respecto de operaciones y
obligaciones cuya vigilancia y control sea de competencia de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, serán sancionadas con la imposición de multa que
se liquidará de la siguiente forma:
….

Operaciones indebidamente canalizadas a través del mercado cambiario.

7. Por canalizar a través del mercado cambiario como importaciones o exportaciones
de bienes, o como desembolsos o amortizaciones de financiaciones de estas o
aquellas, montos que no se deriven de las mencionadas operaciones
obligatoriamente canalizables, la multa será del ciento por ciento (100%) del valor así
canalizado.
….

Parágrafo 3. Para la aplicación y liquidación de las sanciones establecidas en el
presente artículo se tomarán en cuenta las unidades de valor tributario (UVT) vigentes
en la fecha de ocurrencia del hecho constitutivo de infracción, así como la tasa de
cambio representativa del mercado vigente en la misma fecha, cuando sea el caso.

28
Cita es original: “Por el cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo Cambiario a seguir
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”.

24

Radicación: 05001-23-33-000-2013-00083-01
Demandante: Centro Aceros S.A.

ARTÍCULO 42. Tránsito de legislación. Los procesos iniciados y los recursos
interpuestos antes de la entrada en vigencia del presente decreto, se regirán por las
normas vigentes al momento de su iniciación o interposición.

Las referencias hechas a los Decretos Ley 1092 de 1996 y 1074 de 1999 por las
normas que conforman el régimen cambiario, se entenderán hechas al presente
Decreto Ley en lo relacionado con el ejercicio de las funciones de control y vigilancia
que en materia cambiaría le compete a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales”.

Así pues, de lo reseñado, en resumen, se tiene que la infracción se cometió el 27 de
enero de 2009, bajo la vigencia del Decreto 1092 de 1996, cuyo artículo 3° fue
modificado por el Decreto Ley 1074 de 1999; de conformidad con Decreto Ley 2245
de 2011 la conducta de la actora siguió siendo sancionable y el procedimiento
sancionatorio se rigió por esta normativa; y, de oficio, la Administración aplicó el
principio de favorabilidad e impuso una sanción más benévola aduciendo
Jurisprudencia de la Corte Constitucional, plasmada en la sentencia C-922 de 2001.

Entonces para la Sala no es de recibo el argumento relativo a que se violó el debido
proceso y el principio de tipicidad, ni se aplicó una disposición retroactivamente, ni los
actos acusados estuvieron falsamente motivados, según lo afirma la actora en su
demanda, quien alegó que se le sancionó con base en el “principio de identidad” que
en materia cambiaria no regía para la época de los hechos porque se estructuró a
partir de septiembre 30 de 2009.

Lo cierto es que, como lo argumenta la DIAN en la contestación de la demanda, antes
del 30 de septiembre de 2009, y, específicamente, en la fecha de los hechos, la
normativa aduanera y cambiaria no permitía concluir que una persona diferente al
importador pudiera canalizar las divisas producto de su importación, conforme ya se
observó, ni permitía que una importación fuera financiada por cualquier persona, que
fue lo que realizó la sociedad actora, quien no estaba autorizada.

Para mayor claridad, la Sala se refiere a las siguientes disposiciones, traídas a
colación por la DIAN, que confirman que la conducta de la actora para la época de los
hechos era sancionable:

• El Decreto 1735 de 2 se septiembre de 1993 “Por el cual se dictan normas en
materia de cambios internacionales”, en lo pertinente consagra:

“Artículo 3o. OPERACIONES INTERNAS. Salvo autorización expresa en contrario,
ningún contrato, convenio u operación que se celebre entre residentes se
considerará operación de cambio. En consecuencia, las obligaciones que se
deriven de tales contratos, convenios u operaciones, deberán cumplirse en moneda
legal colombiana”. (Resalta la Sala fuera de texto).

• Resolución Externa núm. 8 de 5 de mayo de 2000, “Por la cual se compendia el
régimen de cambios internacionales”, mencionada en la demanda como norma
violada en sus artículos 7°, 9° y 10°, expedida por la Junta Directiva del Banco de la
República en ejercicio de sus facultades legales y constitucionales y “en
concordancia con el Decreto 1735 de 1993”, en su artículo 4°, dispone:

“Artículo 4°. Quien incumple cualquier obligación establecida en el régimen
cambiario, en especial el no presentar correctamente la declaración de cambio por
las operaciones de cambio que realice, se hará acreedor de las sanciones previstas
en las normas legales pertinentes”. (Resalta la Sala fuera de texto).

• Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 de 16 de diciembre de 2004 del Banco
de la República, que fue la que se citó como violada en el Auto de Cargos, reitera lo
expresado en la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 de 21 de noviembre de

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Radicación: 05001-23-33-000-2013-00083-01
Demandante: Centro Aceros S.A.

2003 que se citó como infringida en los actos acusados, antes transcrita, que dice en
el numeral 3:

“3. Los residentes en el país deberán canalizar a través del mercado cambiario los
pagos para cancelar el valor de sus importaciones … .” (Resalta la Sala en esta
oportunidad).

• Circular DCIN 83 de 22 de junio de 2007, del Banco de la República, por la cual
dice la actora que se rigió, señala la razón por la que el pago por un tercero no es
admisible en materia cambiaria. Prevé la disposición:

“3. La compensación de obligaciones no es admisible en operaciones de
Comercio Exterior”. (Resalta la Sala fuera de texto).

Por lo tanto, no puede afirmarse que la conducta no estaba tipificada para la época
de los hechos, ni que la sanción impuesta se fundamentó en normas inexistentes,
circunstancia distinta es que posteriormente a los hechos sancionados, a la obligación
del importador residente en el país de canalizar sus importaciones a través del
mercado cambiario los pagos para cancelar sus importaciones, se le denominó
“principio de identidad”, que consiste en que no se permite que los residentes en el
país paguen importaciones que hayan sido realizadas por otros residentes. […]”.
(Negrilla del texto y subrayado fuera del texto).

117. Ahora, la parte actora alegó en el transcurso de la actuación administrativa
haber actuado en ejercicio de un contrato de mandato sin representación conferido
por la sociedad Fercasa S.A.

118. La DIAN, al presentar el recurso de alzada, alegó que en el procedimiento
administrativo no se logró demostrar la existencia de un contrato de mandato.
Precisó que no aceptó como prueba de la existencia del contrato de mandato una
certificación aportada por los representantes legales de las sociedades Fercasa
S.A. y Centro Aceros S.A., al haber sido aportados con posterioridad al
acaecimiento del hecho objeto de sanción y que dicho contrato no fue probado en
el plano exterior, por lo que no podía producir efectos frente a terceros.

119. En efecto, en el expediente obran las certificaciones presentadas por los
representantes legales de las sociedades Fercasa S.A. y Centro Aceros S.A.
suscritas ante la Notaría Única de Sabaneta con sello de recibido de 24 de marzo
de 2011.

120. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1262 del Código de Comercio,
mediante el contrato de mandato, una persona, llamada mandante, le encomienda
a otra, -mandataria, la ejecución ante terceros de uno o más actos de comercio,
pero por cuenta y riesgo del mandante.

121. El mandato puede ser con o sin representación. El primero conlleva el acto de
apoderamiento y su exhibición a terceros, para que estos sepan que su contraparte
contractual será el mandante, más no el mandatario. Por su parte, en el mandato

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Radicación: 05001-23-33-000-2013-00083-01
Demandante: Centro Aceros S.A.

sin representación, el mandatario guarda silencio respecto de su calidad29. En
relación con el mandato oculto, se ha señalado:

“[…] El mandato oculto o sin representación consiste en que el mandatario contrata
a nombre propio y, en consecuencia, no obliga al mandante frente a terceros (art.
2177 C.C.). O, como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, “el carácter del
mandato no representativo estriba en que, anteriormente, entre mandante y
mandatario existe por hipótesis un contrato de mandato civil o mercantil llamado a
gobernarse por sus propias reglas, mientras que en el plano exterior no se da
esa percepción jurídica del mandato pues la representación - se repite - no
existe ya que el mandatario obra en su propio nombre, no en el de su
mandante. […]”. (Sala de Casación Civil, sentencia de octubre 11 de 1991. M.P.
Carlos Esteban Jaramillo Schloss) […]30”. (Negrilla fuera del texto).

122. Así las cosas, si bien entre el mandante y mandatario pudo existir un contrato
de mandato civil o mercantil llamado a regular las relaciones entre estas dos
sociedades a su vez gobernado por sus propias reglas, en el plano exterior no existe
la representación ya que el mandatario obra en su propio nombre, no en el de su
mandante. A lo anterior se suma que de conformidad con el inciso final del artículo
1.° de la Resolución Externa 8 de 2000, las calidades de representante legal,
apoderado o mandatario especial se presumirán en quienes se anuncien como tales
al momento de presentar la declaración de cambio, la cual no fue informada en ese
preciso momento.

123. En este sentido, la Sala comparte los argumentos esgrimidos por la autoridad
aduanera en la Resolución 2160 del 28 de agosto de 2012, al discurrir en el siguiente
sentido:

“[…] En este orden de ideas, si bien es cierto que el recurrente manifiesta haber
obrado en ejercicio del contrato de mandado sin representación conferido por la
sociedad FERCASA S.A., no es menos cierto, que la manifestación del recurrente se
queda sólo en el ámbito de las declaraciones o expresiones, sin acreditar o probar lo
que alega a su favor, en tanto que no puede tenerse como prueba de la existencia del
contrato de mandato las certificaciones presentadas personalmente en Notaría el 24
de marzo de 2011, por los representantes legales de las sociedades FERCASA y
CENTRO ACEROS S.A. obrantes a folios 89 y 90 del presente expediente, en tanto
que los mismos son documentos posteriores al acaecimiento del hecho objeto
sancionado al interior del presente expediente administrativo.

De igual manera es precioso advertir que a la luz del inciso final del artículo 1° de la
Resolución Externa 8 de 2000, “Las calidades de representante legal, apoderado o
mandatario especial se presumirán en quienes se anuncien como tales al momento
de presentar la declaración de cambio: esta disposición normativa guarda estrecha
consonancia con la posición asumida por el Consejo de Estado, y deja en claro que
en tratándose de materia cambiaria la calidad con la que actúa quien presente
la declaración de cambio debe anunciarse, advertirse o acreditarse, en los
eventos en que quien presente y suscriba dicha declaración, no sea quien
realizó la operación de cambio obligatoriamente canalizable. […]”. (Negrilla fuera
del texto).

29
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 18 de junio de 2020. Consejero
ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez. Radicado núm.: 73001-23-33-000-2015-00016-01(22777).
30
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 1997. Consejero
ponente: Ricardo Hoyos Duque. Expediente 10315.

27

Radicación: 05001-23-33-000-2013-00083-01
Demandante: Centro Aceros S.A.

124. En consecuencia, la Sala acogiendo el antecedente jurisprudencial antes
referido, considera que la parte demandada no transgredió el principio de legalidad
ni tipicidad que rige en materia sancionatoria y mucho menos dio aplicación
retroactiva a una regulación que no existía, ya que la normatividad cambiaria
consagraba de manera clara la obligación para los residentes en el territorio
colombiano de canalizar, a través del mercado cambiario, los pagos para cancelar
el valor de sus importaciones y no a través de un tercero, cuestión diferente es que
a este principio se le denominó, con posterioridad, “[…] identidad […]”.

125. En tales condiciones, la Sala revocará la sentencia de 2 de agosto de 2013,
proferida por la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y,
en su lugar, se denegarán las pretensiones de la demanda como, en efecto, así se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

II.5.2. Sobre la condena en costas

126. Acorde con lo dispuesto en el artículo 361 de la Ley 1564 “[…] Las costas están
integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso
del proceso y por las agencias en derecho […]”.

127. El numeral 4.° del artículo 365 de la Ley 1564 señala que cuando la sentencia
de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.

128. El artículo 365 numeral 8.° ibidem señala que solo existirá condena en costas
cuando se acredite que se causaron y en la medida de su comprobación dentro del
proceso respectivo.

129. Por las razones expuestas, la Sala revocará el ordinal tercero del fallo apelado,
toda vez que al haber prosperado el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, la DIAN dejó de ostentar la condición de parte vencida dentro de este
proceso.

130. Deotro lado, no se condenará en costas a la parte demandante en el
componente de agencias en derecho ni expensas procesales por no encontrarse
probadas, según lo dispuesto en el numeral 8.° del artículo 365 de la Ley 1564.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 2 de agosto de 2013 proferida por la Sala
Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones
expuestas en esta providencia. En su lugar, DENEGAR las pretensiones de la
demanda.

28

Radicación: 05001-23-33-000-2013-00083-01
Demandante: Centro Aceros S.A.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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