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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2013-00216-01

Fecha
13 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2013-00216-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, el 29 de abril de 2016 dentro del proceso promovido por el señor José Andrés Rojas Villa contra la Nación Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura. En su lugar, se dispone: Segundo: Denegar las pretensiones de la demanda. Tercero. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada, las cuales deberán ser liquidadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia. 44 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación (…) 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias». 33 Radicado: 05001 23 33 000 2013 00216 01 (3265-2016) Demandante: José Andrés Rojas Villa En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2013-00216-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

13 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001 23 33 000 2013 00216 01 (3265-2016)
Demandante: José Andrés Rojas Villa
Demandado: Nación —Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura—
Tema: No prórroga despacho de magistrado en descongestión

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Consideramos

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto tanto por la parte demandante
como por la demandada contra la sentencia del 29 de abril de 2016, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia —Sala Tercera de Oralidad—, por medio de la
cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor José Andrés Rojas Villa, por medio de
apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo
en orden a que se declare la nulidad del parágrafo del artículo 1.° del Acuerdo

1
Folios 3 al 30
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001 23 33 000 2013 00216 01 (3265-2016)
Demandante: José Andrés Rojas Villa

PSAA12-9524 del 21 de junio de 20122 emitido por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura que dispuso la no prórroga del despacho de
magistrado 050012331708 de descongestión del Tribunal Administrativo de
Antioquia.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó:

i) reconocer que tiene derecho a ser el titular del despacho mencionado
anteriormente y, por tanto, a recibir todos los salarios y prestaciones sociales
propios del empleo de magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia, desde
el 1 de julio de 2012 y hasta la vigencia y las prórrogas del Acuerdo PSAA12-9524
del 21 de junio de 2012.3

ii) ordenar el pago de los salarios, prestaciones sociales, primas, bonificaciones y
demás emolumentos devengados por el empleo referido, desde la fecha de la
«supresión»4 del cargo hasta cuando sea reincorporado al servicio, con la inclusión
de los incrementos respectivos;

iii) condenar a la demandada al pago de las costas y gastos del proceso y dar
cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 a 179 del C.C.A.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

i) El señor Rojas Villa participó en el concurso de méritos convocado, mediante el
Acuerdo PSAA08-4528 del 4 de febrero de 2008, por el Consejo Superior de la

2
«Por el cual se prorrogan y se ajustan algunas medidas en el marco del Plan Especial de Descongestión para
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones».
3
Ibidem.
4
Aunque el demandante se refiere a la supresión del cargo, realmente se trató de la no prórroga de despacho
de descongestión que ocupaba.

2

Radicado: 05001 23 33 000 2013 00216 01 (3265-2016)
Demandante: José Andrés Rojas Villa

Judicatura para proveer los cargos de los funcionarios de la Rama Judicial. Se
presentó para el empleo de magistrado de Tribunal Contencioso Administrativo; fue
admitido; superó la prueba de aptitudes y conocimiento con un puntaje de 831,29;
aprobó el curso de formación judicial con una calificación de 998,41 y presentó la
entrevista, quedando finalmente en el puesto 16 de la lista de elegibles, de acuerdo
con la Resolución PSAR11-869 del 25 de octubre de 2011.

ii) Mediante el Acuerdo PSAA12-9200 del 1. ° de febrero de 2012, proferido por el
Consejo Superior de la Judicatura, se dispuso la creación de tres despachos de
magistrado de descongestión para el Distrito Judicial de Antioquia dentro del marco
del Plan Nacional de Descongestión de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. Dicho acuerdo señaló que el nombramiento de los magistrados se
haría conforme a lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia C-713 de
2008.

iii) El señor Rojas Villa fue nombrado en el cargo de magistrado de descongestión
del Tribunal Administrativo de Antioquia en el despacho 050012331708, desde el 1
de marzo hasta el 30 de junio de 2012.

iv) Mediante el Acuerdo PSAA12-9524 del 21 de junio de 2012,5 la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura decidió no prorrogar el
despacho 050012331708, que ocupaba el demandante, sin expresar una
motivación o justificación y con desconocimiento de la sentencia C-713 de 2008,
según la cual, para ser designado magistrado de descongestión era necesario estar
en el registro de elegibles existente. Sin embargo, prorrogó la vigencia de los
despachos de descongestión ocupados por quienes no cumplían este requisito.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

5
«por el cual se prorrogan y se ajustan algunas medidas en el marco del Plan Especial de Descongestión para
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones».

3

Radicado: 05001 23 33 000 2013 00216 01 (3265-2016)
Demandante: José Andrés Rojas Villa

Como normas infringidas se señalaron los artículos 4, 6, 13, 29, 58, 121, 122, 125,
209, 256 numerales 1 y 2 de la Constitución Política de 1991; 34, 35, 44, 46, 47, 48,
62 del Decreto 01 de 1984, vigente al momento de la expedición del acto
administrativo demandado, 11 y 63 de la Ley 270 de 1996 y la sentencia C-713 de
2008.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
argumentos que se resumen a continuación:

i) La entidad, a través del acto administrativo demandado, desconoció que la Carta
Política ordena que los cargos públicos se proveen a través del concurso de méritos,
así como los derechos al debido proceso y defensa y los artículos 11 y 63 de la Ley
270 de 1993, al no motivar la no prórroga del despacho de descongestión ocupado
por el demandante y dar continuidad otros cinco despachos en los que estaban
nombrados magistrados que no se encontraban dentro de la lista de elegibles
resultante del concurso convocado en el Acuerdo PSAA08-4528 de 2008.

ii) El acto enjuiciado no cumple con la sentencia C-713 de 2008 al desconocer la
lista de legibles contenida en la Resolución PSAR11-869 del 25 de octubre de 2011
en el momento de proveer las vacantes de magistrados de descongestión. También
vulnera el artículo 19 del Acuerdo PSAA12-9200 del 1.° de febrero de 2012, que
dispuso las medidas de descongestión en el Distrito Judicial de Antioquia, dado que
este ordenó que los nombramientos de los magistrados de descongestión debían
respetar el mandato de la sentencia aludida anteriormente.

iii) Al proferirse el acto administrativo demandado debió aplicarse el procedimiento
de que tratan los artículos 14, 28, 34 y 35 del Decreto 01 de 1984, habida cuenta de
que se iba a modificar una situación particular que afectaba al demandante, por lo
que debió también vinculársele al trámite.

Así mismo, fue irregular la expedición del acuerdo enjuiciado, en la medida en que
a la demandada solo le era permitido la creación de cargos de magistrado y la

4

Radicado: 05001 23 33 000 2013 00216 01 (3265-2016)
Demandante: José Andrés Rojas Villa

definición del lugar de desempeño, pero no podía decidir sobre la continuidad de los
magistrados nombrados que aparecieran en la lista de legibles contenida en la
Resolución PSAR11-869 del 25 de octubre de 2011.

1.2. Contestación de la demanda

La Nación —Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura—, mediante
apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones del actor. Luego de hacer
una extensa explicación sobre la reglamentación del sistema de carrera
administrativa en Colombia y, específicamente, el contemplado en la Ley 270 de
1996 para la Rama Judicial, su origen y fines, administración, forma de proveer los
cargos y causales de retiro etc., expuso los siguientes argumentos:6

i) Es cierto que el demandante se encuentra inscrito en la lista de elegibles contenida
en la Resolución PSAR11-869 del 25 de octubre de 2011 y que fue nombrado
magistrado de descongestión y desvinculado mediante el acuerdo demandado. No
obstante, debe probar los cargos endilgados a este último.

ii) La decisión del Consejo Superior de la Judicatura de no prorrogar el cargo de
magistrado ocupado por el demandante no vulneró dicha normativa, dado que,
aunque es un cargo de carrera administrativa, la permanencia en él depende del
cumplimiento de las funciones y era un empleo transitorio de descongestión.

iii) En el presente caso no se encuentra demostrada la desviación de poder y, por
el contrario, el acto administrativo fue debidamente notificado y motivado.

iv) Por otro lado, se configuró la excepción de caducidad, habida cuenta de que el
acto demandado fue expedido el 21 de junio de 2012 y apenas hasta el 5 de
diciembre del mismo año se radicó la solicitud de conciliación prejudicial, por lo que
se hizo por fuera del término de cuatro meses.

6
Folios 42 a 47

5

Radicado: 05001 23 33 000 2013 00216 01 (3265-2016)
Demandante: José Andrés Rojas Villa

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia —Sala Tercera de Oralidad—, mediante
sentencia del 29 de abril de 2016, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. Declaró la nulidad del parágrafo 1.° del artículo 1.° del Acuerdo PSAA12-
9524 de 2012 y ordenó pagar al demandante los salarios, prestaciones sociales y
efectuar las cotizaciones a seguridad social desde la fecha de desvinculación y
«mientras estuviere desvinculado laboralmente». Negó las demás súplicas.

La decisión se sustentó en las siguientes consideraciones:7

i) Frente al cargo según el cual el acto administrativo demandado desconoció el
régimen de carrera de la Rama Judicial al no prorrogar el despacho de magistrado
ocupado por el demandante pese a que estaba inscrito en el registro de elegibles,
se tiene que, aunque los cargos de descongestión no hacen parte de la estructura
de la administración de justicia por su transitoriedad, en virtud de la sentencia C-
713 de 2008 quienes los ocupen deben ser aquellos que se encuentren en la lista
de elegibles. Pese a ello, resulta improcedente pronunciarse de fondo sobre la
vulneración de los derechos de carrera del señor Rojas Villa, en tanto que el
nominador es el Consejo de Estado y no el Consejo Superior de la Judicatura, único
demandado en el proceso.

ii) En relación con la vulneración del debido proceso por la no motivación del acto
administrativo demandado, por ser general con efectos particulares, solo debía ser
motivado con las normas que le otorgan competencia al Consejo Superior de la
Judicatura para proferirlo; sin embargo, la decisión debe tener sustento en análisis
previos que den cuenta de situaciones presupuestales y de la necesidad de
garantizar la eficacia y pronta administración de justicia.

En el caso concreto, el acto administrativo fue debidamente motivado desde el punto

7
Folios 346 al 357

6

Radicado: 05001 23 33 000 2013 00216 01 (3265-2016)
Demandante: José Andrés Rojas Villa

de vista normativo; pero, en lo tocante a la decisión no existe justificación fáctica o
jurídica que indique porqué se decidió no prorrogar el despacho del demandante y
no otro. Por el contrario, los documentos que le sirven de sustento al acuerdo
enjuiciado indican que debía fortalecerse la planta de personal y no eliminarla. Por
tanto, respecto del acto administrativo se «evidencia la falta de motivación».

En cuanto a la vulneración del debido proceso por la no vinculación del señor Rojas
Villa al trámite administrativo previo a la expedición del acto, la transitoriedad del
cargo de descongestión y su especial característica no implicaba para él la
adquisición de un derecho, por lo que no era necesario su consentimiento para su
no prórroga.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. Parte demandante

El apoderado del señor José Andrés Rojas Villa interpuso recurso de apelación en
contra de la sentencia previamente referenciada y solicitó que se revoque
parcialmente y, en su lugar, se acceda a todas las pretensiones. Como sustento de
su petición expuso lo siguiente:8

i) La sentencia desconoció el derecho del demandante de permanecer en el cargo
de magistrado, para el cual había sido nombrado, bajo el argumento de que
desconocía las necesidades del servicio de justicia. La decisión en ese sentido
ignoró el mandato de la sentencia C-713 de 2008 que ordena que los cargos de los
jueces y magistrados de descongestión deben proveerse con las personas que se
encuentran en la lista de elegibles existente para dichos empleos. Así mismo,
vulneró el Acuerdo PSAA12-9250 que dispuso los requisitos generales del plan de
descongestión judicial que contiene idéntico mandato. A su vez, no disponer el

8
Folios 359 al 367

7

Radicado: 05001 23 33 000 2013 00216 01 (3265-2016)
Demandante: José Andrés Rojas Villa

reintegro permite la existencia de nombramientos ilegales cuya eventual nulidad
solo acarrearía consecuencias patrimoniales.

ii) La providencia debió ordenar el pago de los salarios y prestaciones sociales del
demandante desde el 1.° de julio de 2012 y hasta el límite de la vigencia y prórrogas
del Acuerdo PSAA12-9524 de 2012, puesto que la afectación del derecho no solo
ocurrió mientras el señor Rojas Villa estuvo desvinculado laboralmente, como
consideró el a quo, sino que tiene relación directa con la vigencia del acuerdo
aludido, dado que permitió la continuidad en los cargos de magistrados de personas
que no se encontraban dentro de la lista de elegibles.

iii) La entidad demandada debió ser condenada al pago de las costas procesales,
en tanto que el criterio objetivo para fijarlas no exige la existencia de una actuación
temeraria o con abuso del derecho, basta que la parte sea vencida en juicio.

1.4.2. Parte demandada

La apoderada de la Nación —Consejo Superior de la Judicatura—, también apeló
la sentencia de primera instancia y solicitó que se revoque y, en su lugar, se
denieguen las pretensiones. Como sustento expresó lo siguiente:9

i) El Tribunal Administrativo de Antioquia no era el competente para examinar la
legalidad de un acto administrativo de carácter nacional como el enjuiciado, en tanto
que el artículo 149, numeral 1.°, de la Ley 1437 de 2012, otorga esta facultad al
Consejo de Estado. Así mismo, el presente proceso no fue notificado a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por lo que no pudo intervenir
y no le correspondía al director ejecutivo de la Rama Judicial su representación.

ii) Las medidas de descongestión contempladas en el acuerdo demandado fueron
expedidas por el Consejo Superior de la Judicatura en virtud de las facultades que

9
Folios 257 a 263

8

Radicado: 05001 23 33 000 2013 00216 01 (3265-2016)
Demandante: José Andrés Rojas Villa

le otorgan los artículos 57 numeral 3.° de la Constitución Política y 63 de la Ley 270
de 1996, se justificaron en criterios de celeridad, economía y eficiencia en la
administración de justicia, tienen carácter transitorio y excepcional, su fin es
satisfacer tales principios y se fundamentaron en las propuestas de descongestión
elaboradas por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico de la Sala
Administrativa.

La autoridad mencionada emitió el acto enjuiciado en ejercicio de la competencia
directa, exclusiva y autónoma que la norma constitucional referida le otorgó para
dictar reglamentos. (Sobre el particular citó el texto de las sentencias C-384 de
2005, C-037 de 2004, C-350 de 1997, C-917 de 2002).

iii) Finalmente, reiteró la explicación contenida en la demanda sobre la
reglamentación del sistema de carrera administrativa en Colombia y el contemplado
en la Ley 270 de 1996 para la Rama Judicial e indicó que la decisión del Consejo
Superior de la Judicatura de no prorrogar el cargo de magistrado ocupado por el
demandante no vulneró dicha normativa, dado que, aunque es un cargo de carrera
administrativa, la permanencia en él depende del cumplimiento de las funciones y
era un empleo transitorio de descongestión. Igualmente, reafirmó el argumento
según el cual no se probó la existencia de la desviación de poder.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. La parte demandante no se pronunció en esta etapa procesal.10

1.5.2. La entidad demandada reiteró todos y cada uno de los argumentos expuestos
en el recurso de apelación.11

1.6. El Ministerio Público

10
Constancia secretarial de paso a despacho para fallo, Folio 302
11
Folios 291 a 301

9

Radicado: 05001 23 33 000 2013 00216 01 (3265-2016)
Demandante: José Andrés Rojas Villa

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.12

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa

La entidad demandada, en el recurso de apelación, alega que el a quo no era el
competente para examinar la legalidad del acto administrativo demandado por ser
de carácter nacional. Así mismo, manifiesta que la demanda no fue notificada a la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por lo que no pudo
intervenir y no le correspondía al director ejecutivo de la Rama Judicial su
representación.

La Sala advierte que estos argumentos no pueden ser analizados en sede de
apelación, toda vez que el texto del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 que estaba
vigente para la fecha en que se realizó la audiencia inicial (29 de julio de 2014)
establecía que la etapa procesal para decidir sobre las excepciones previas que
invoca (falta de competencia e indebida notificación de la demanda contempladas
en el artículo 100 del CGP) era la audiencia inicial y, además, indicaba que la
decisión que se tomara al respecto era susceptible del recurso de apelación, por lo
que no puede revivirse dicha discusión, ya finalizada dentro del proceso. Aunado a
ello, la demandada no las propuso en la contestación de la demanda, por lo que no
es la etapa procesal para hacerlo.

Hecha esta precisión, la Sala planteará los problemas jurídicos a resolver en esta
instancia.

2.2. Problemas jurídicos

12
Constancia secretarial de paso a despacho para fallo, Folio 302

10

Radicado: 05001 23 33 000 2013 00216 01 (3265-2016)
Demandante: José Andrés Rojas Villa

De conformidad con lo decidido por el a quo, los argumentos esgrimidos en los
recursos de apelación por ambas partes y lo contemplado en el artículo 328 del CGP
según el cual «cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones», la Sala
planteará los siguientes problemas jurídicos:

i) Se deberá establecer si con la expedición del Acuerdo PSAA12-9524 del 21 de
junio de 2012,13 específicamente con el parágrafo del artículo 1.°, la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura vulneró el derecho del señor
José Andrés Rojas Villa de permanecer en el cargo de magistrado de descongestión
para el cual había sido nombrado, o si, por el contrario, su actuación se dio dentro
del marco de las competencias que le otorgan los artículos 57 numeral 3.° de la
Constitución Política y 63 de la Ley 270 de 1996, con respeto de los derechos de
carrera administrativa de los funcionarios de la Rama Judicial y justificada en
criterios de celeridad, economía y eficiencia en la administración de justicia.

ii) En caso de ser procedente, la Sala deberá determinar si el pago de los salarios y
prestaciones sociales que ordenó el a quo en favor del demandante debía otorgarse
desde el 1.° de julio de 2012 y hasta el límite de la vigencia y prórrogas del Acuerdo
PSAA12-9524 de 2012;

iii) Finalmente, se deberá determinar la procedencia o no de la condena en costas
de acuerdo con los postulados del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

2.3. Marco normativo

2.3.1. Facultades del Consejo Superior de la Judicatura para determinar las
plantas de los despachos judiciales y adoptar medidas de descongestión.

13
«por el cual se prorrogan y se ajustan algunas medidas en el marco del Plan Especial de Descongestión para
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones».

11

Radicado: 05001 23 33 000 2013 00216 01 (3265-2016)
Demandante: José Andrés Rojas Villa

El artículo 257 de la Constitución Política de 1991 establece las funciones que
corresponde cumplir al Consejo Superior de la Judicatura. Así, en el numeral 2.°
indica que le compete «Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la
administración de justicia…»; el numeral 3.° señala que le incumbe «Dictar los
reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de
justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los
distintos cargos…»

De igual manera, la Ley 270 de 1996,14 en su artículo 75, contempló como funciones
del Consejo Superior de la Judicatura, a través de su Sala Administrativa, la de
administrar la Rama Judicial. En desarrollo de esta labor cumple, entre otras, las
siguientes funciones consagradas en el artículo 85 ibidem:

Artículo 85. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. Corresponde a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura:

[…]

5. Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir Tribunales,
las Salas de éstos y los Juzgados, cuando así se requiera para la más rápida y eficaz
administración de justicia, así como crear Salas desconcentradas en ciudades
diferentes de las sedes de los Distritos Judiciales, de acuerdo con las necesidades
de éstos.

[…]

9. Determinar la estructura y las plantas de personal de las Corporaciones y
Juzgados. Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la
Rama Judicial, determinar sus funciones y señalar los requisitos para su desempeño
que no hayan sido fijados por la ley.

En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer a cargo del Tesoro
obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley
de apropiaciones iniciales.

[…]

11. Elaborar y presentar a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado listas
para la designación de Magistrados de los respectivos Tribunales, de conformidad
con las normas sobre carrera judicial.

[…]

14
Estatutaria de la Administración de Justicia

12

Radicado: 05001 23 33 000 2013 00216 01 (3265-2016)
Demandante: José Andrés Rojas Villa

17. Administrar la Carrera Judicial de acuerdo con las normas constitucionales y la
presente ley.

[…]

22. Reglamentar la carrera judicial […].

De conformidad con la norma citada, corresponde al Consejo Superior de la
Judicatura, entre muchas funciones relacionadas con la administración de la Rama
Judicial, la de crear, ubicar, fusionar o suprimir tribunales y sus salas y cargos. De
igual forma, le compete, cuando se trata de la elección de magistrados de tribunal,
enviar al Consejo de Estado, con acatamiento de las normas sobre la carrera
administrativa judicial, la lista de quienes se postulen a estos para que dicha
corporación nombre.

Además de las anteriores funciones, el artículo 63 de la Ley 270 de 1996 le asignó
la facultad de adoptar las medidas de carácter temporal o transitorio para
contrarrestar la congestión en los despachos judiciales del país. Para dichos
efectos, la norma creó el Plan Nacional de Descongestión que incluye objetivos,
indicadores de gestión y evaluación de las medidas y dispuso que correspondería
a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ejecutarlo, para lo
cual le otorgó varias prerrogativas que se destacan a continuación:15

Artículo 63. Plan y Medidas de Descongestión. Habrá un plan nacional de
descongestión que será concertado con la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura, según correspondiere. En dicho plan se definirán los objetivos, los
indicadores de congestión, las estrategias, términos y los mecanismos de
evaluación de la aplicación de las medidas.

Corresponderá a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
ejecutar el plan nacional de descongestión y adoptar las medidas pertinentes, entre
ellas las siguientes:
a) El Consejo Superior de la Judicatura, respetando la especialidad funcional y la
competencia territorial podrá redistribuir los asuntos que los Tribunales y Juzgados
tengan para fallo asignándolos a despachos de la misma jerarquía que tengan una
carga laboral que, a juicio de la misma Sala, lo permita;

15
Artículo modificado por el artículo 15 de la Ley 1285 de 2009

13

Radicado: 05001 23 33 000 2013 00216 01 (3265-2016)
Demandante: José Andrés Rojas Villa

b) La Sala Administrativa creará los cargos de jueces y magistrados de apoyo
itinerantes en cada jurisdicción para atender las mayores cargas por
congestión en los despachos. Dichos jueces tendrán competencia para
tramitar y sustanciar los procesos dentro de los despachos ya establecidos,
asumiendo cualquiera de las responsabilidades previstas en el artículo 37 del
C. P. C.; los procesos y funciones serán las que se señalen expresamente;

c) Salvo en materia penal, seleccionar los procesos cuyas pruebas, incluso
inspecciones, puedan ser practicadas mediante comisión conferida por el juez de
conocimiento, y determinar los jueces que deban trasladarse fuera del lugar de su
sede para instruir y practicar pruebas en proceso que estén conociendo otros jueces;

d) De manera excepcional, crear con carácter transitorio cargos de jueces o
magistrados sustanciadores de acuerdo con la ley de presupuesto;

e) Vincular de manera transitoria a empleados judiciales encargados de realizar
funciones que se definan en el plan de descongestión de una jurisdicción, de un
distrito judicial, o de despachos judiciales específicos, y

f) Contratar a término fijo profesionales expertos y de personal auxiliar para cumplir
las funciones de apoyo que se fijen en el plan de descongestión. [Resaltado fuera
del texto original].

Como se advierte, al Consejo Superior de la Judicatura, en su función
administradora de la Rama Judicial, le compete ejecutar el Plan Nacional de
Descongestión y, en virtud de él, está facultado para crear cargos de jueces y
magistrados temporales como apoyo a los de planta.

Así mismo, una de sus funciones, por así disponerlo el numeral 11 del artículo 85
de la Ley 270 de 1996, es la de «Elaborar y presentar a la Corte Suprema de Justicia
y al Consejo de Estado listas para la designación de Magistrados de los respectivos
Tribunales, de conformidad con las normas sobre carrera judicial»; sin embargo, no
es la autoridad a la que le corresponde su nombramiento por no ser los empleos de
descongestión cargos de carrera administrativa, conforme pasa a explicarse en el
siguiente capitulo.

2.3.2. Naturaleza de los empleos de descongestión de la Rama Judicial y
derechos de quienes se encuentran en la lista de elegibles para ocuparlos.

El Plan Nacional de Descongestión regulado en el artículo 63 de la Ley 270 de 1996
permite la creación de cargos cuya finalidad es evacuar procesos judiciales para

14

Radicado: 05001 23 33 000 2013 00216 01 (3265-2016)
Demandante: José Andrés Rojas Villa

descongestionar a la administración de justicia. En virtud de esta función, dichos
empleos tienen un carácter temporal o transitorio y, por tal tazón, no hacen parte de
la estructura de la Rama Judicial y no otorgan los derechos propios de la carrera
administrativa a quienes los ocupan.

Lo anterior, ha sido un criterio constante de la jurisprudencia del Consejo de Estado.
En efecto, en sentencia del año 2015,16 que recoge pronunciamientos del año
2008,17 201318 y resuelve la nulidad de unos acuerdos emitidos por el Consejo
Superior de la Judicatura que regularon unas medidas de descongestión en la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se advirtió sobre los empleos de
descongestión lo siguiente:

En virtud a que los cargos de magistrados de descongestión son creados de manera
transitoria por el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con las políticas
y programas de descongestión judicial establecidos por esa Corporación, resulta
claro que los cargos referidos no forman parte de la estructura misma de la
administración de justicia por cuanto no son permanentes.

[…]

Ahora bien, en el entendido que los cargos de Magistrado de Tribunal de
Descongestión no son cargos de carrera, como reiteradamente lo ha dicho la
Jurisprudencia de esta Corporación y que éstos son cargos creados de manera
transitoria, se considera que éstos deben ser designados por el nominador.

Sea oportuno señalar que conforme al numeral 5 del artículo 131 de la Ley 270 de
1996, es autoridad nominadora de la Rama Judicial para los cargos de
Magistrados de los Tribunales, el Consejo de Estado.

Por lo anterior, considera esta Sala que conforme a las competencias legalmente
atribuidas a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, los

16
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del
19 de febrero de 205, radicado 11001-03-25-000-2012-00469-00(1950-12). Consejero ponente: Alfonso Vargas
Rincón.
17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso. Administrativo. Sección Quinta., sentencia del 28 de febrero de
2008, radicado 11001-03-28-000-2003-00486-00. Consejero ponente: Mauricio Torres Cuervo. «Los cargos de
descongestión, dada su naturaleza temporal, no pertenecen a la carrera judicial y, por ende, para la provisión
de los mismos no es exigible atender el registro nacional de elegibles, quedando en manos del nominador el
examen del mérito de los aspirantes. Lo anterior porque, según se explicó en esa misma providencia, la
provisión de un cargo transitoriamente vacante es asimilable a la provisión de un cargo transitoriamente creado
y, por ende, en este último caso resulta válida la aplicación de la regla del numeral segundo del artículo 132 de
la Ley 270 de 1996, según el cual en caso de vacancia temporal la designación opera directamente por el
nominador».
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 7
de marzo de 2013, radicado 25000-23-25-000-2009-00614-01(0482-12). Consejero ponente: Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren.

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Radicado: 05001 23 33 000 2013 00216 01 (3265-2016)
Demandante: José Andrés Rojas Villa

acuerdos demandados se ajustan a los presupuestos normativos del caso y que
tratándose de la aplicabilidad de la interpretación jurisprudencial de la
sentencia de Constitucionalidad C 713 de 2008, es competencia del Consejo
de Estado como autoridad nominadora acoger dicha interpretación.

No obstante, es importante señalar que no se puede, so pretexto de darse
aplicabilidad a la sentencia constitucional antes referida, que la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ejerza las veces de
autoridad nominadora y designe a los magistrados de descongestión de la
listas de elegibles a que hace mención el demandante, pues claramente, para
el caso, el Consejo Superior de la Judicatura no es autoridad nominadora para los
cargos de magistrados de la jurisdicción contencioso administrativa. (Negritas de la
Sala).

De acuerdo con la postura jurisprudencial los cargos de descongestión, dada su
transitoriedad, no hacen parte de la estructura de la Rama Judicial y, en
consecuencia, no son cargos de carrera administrativa que otorguen expectativas
de permanencia para quienes son designados en ellos.

En cuanto al nombramiento de los funcionarios en dichos empleos, este
corresponde hacerlo a quien por ley tiene la calidad de nominador, que para el caso
de los magistrados de tribunales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
es el Consejo de Estado, por así disponerlo el numeral 5.° del artículo 131 de la Ley
270 de 1996, al señalar que será nominador: «5. Para los cargos de Magistrados de
los Tribunales: La Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, según el
caso».

En concordancia con lo anterior, debe decirse entonces que no es el Consejo
Superior de la Judicatura el legalmente facultado para designar a los magistrados
de descongestión; sin embargo, sí es su función, por orden del numeral 11 del
artículo 85 ibidem, elaborar la lista de la cual el Consejo de Estado deberá elegirlos.

Ahora, aunque los cargos de descongestión no son empleos de carrera
administrativa, la Corte Constitucional en la sentencia C-713 de 200819 sí dispuso

19
En la sentencia se examinó la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria 023/06 Senado y 286/07
Cámara, «Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia».
Magistrada ponente Clara Inés Vargas Hernández.

16

Radicado: 05001 23 33 000 2013 00216 01 (3265-2016)
Demandante: José Andrés Rojas Villa

que, en aras de garantizar la transparencia y la igualdad, debía ser el mérito la razón
principal para nombrar a los funcionarios que los ocupen.

Así lo dijo el alto tribunal al examinar la constitucionalidad del segundo inciso del
parágrafo 1.° del artículo 4.° de la Ley 1285 de 2009 que establece que «Los jueces
de descongestión tendrán la competencia territorial y material específica que se les
señale en el acto de su creación». La Corte indicó sobre la naturaleza y derechos
que otorga este tipo de cargos lo siguiente:

Así mismo, la norma dispone que “los jueces de descongestión tendrán la
competencia territorial y material específica que les señale el acto de su creación”.
Los jueces de descongestión no son cargos permanentes y por tanto no
forman parte de la estructura misma de la administración de justicia. Son
cargos creados de manera transitoria por el Consejo Superior de la Judicatura,
dentro de la facultad prevista en el artículo 257-2 de la Constitución y de
conformidad con las políticas y programas de descongestión judicial
establecidos por dicho organismo.

Por lo mismo, la creación de jueces de descongestión no es en sí misma contraria
a la Carta Política, en cuanto contribuye a garantizar la eficacia de la administración
de justicia. No obstante, su implementación debe ajustarse a los preceptos de orden
Superior, lo que se examinará en detalle al analizar el artículo 15 del proyecto.

[…]

Ahora bien, es cierto que los jueces de descongestión tienen vocación de
transitoriedad y, por lo tanto, sus titulares no pertenecen a la carrera judicial.
Sin embargo, la Corte quiere llamar la atención, con especial rigor, para dejar en
claro que en virtud de los principios constitucionales de transparencia e
igualdad, y del mérito como criterio de acceso a la función pública, su
designación hace inexcusable tomar en cuenta y respetar el orden de las listas
de elegibles, conformadas por quienes han agotado todas las etapas del concurso
de mérito y se encuentran a la espera de su nombramiento definitivo. Sólo de esta
manera la creación de jueces de descongestión es compatible con los
principios que rigen la función pública y la designación de los jueces, en
particular el mérito. [Negritas de la Sala].

En la misma providencia la Corte, al examinar la constitucionalidad del Literal b) del
artículo 15 de la Ley 1285 de 2009, que modificó el artículo 63 de la Ley 270 de
1996, que regula el Plan Nacional de Descongestión y la creación de jueces
itinerantes para atender la congestión judicial, manifestó sobre la forma de elección
de los jueces y magistrados para estos cargos lo siguiente:

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Radicado: 05001 23 33 000 2013 00216 01 (3265-2016)
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Ahora bien, la Sala encuentra oportuno aclarar que la redistribución de procesos o
su asignación a los jueces itinerantes no autoriza un reparto discrecional ni arbitrario
de asuntos, de modo que éste debe hacerse sobre la base de parámetros objetivos
previamente definidos por el Consejo Superior de la Judicatura.

Así mismo, para garantizar la transparencia en la designación de los jueces y
la observancia del mérito como criterio de escogencia, la Corte advierte que
ellos deberán ser nombrados de las listas de elegibles integradas en los
respectivos concursos de méritos para acceder a la carrera judicial y
respetando siempre el orden de prelación. [Negritas fuera de texto].

De esta manera, la Corte Constitucional dejó claro que los cargos de descongestión,
aunque no son de carrera administrativa y no hacen parte de la estructura de la
Rama Judicial, deben ser ocupados por quienes superaron el concurso de méritos
y en estricto orden, pues solo así se logra la transparencia, igualdad y la medida es
compatible con los principios de la función pública, específicamente el mérito.

No obstante lo dicho, esta forma de elección no otorga al cargo de descongestión
un carácter permanente y, por tanto, quien lo ocupe no puede pretender continuar
como juez o magistrado si el cargo no es prorrogado por el Consejo Superior de la
Judicatura, dada su naturaleza transitoria.

2.3.3. La falsa y falta de motivación de los actos administrativos de carácter
general como causal de nulidad.

La motivación de los actos administrativos no es más que la declaratoria de las
razones de hecho y de derecho que tuvo la administración para emitir determinada
decisión. Su contenido permite conocer las causas que impulsaron la exteriorización
de la voluntad de esta en determinada dirección, de suerte que «la motivación de
los actos administrativos proviene del cumplimiento de preceptos constitucionales
que garantizan que los particulares tengan la posibilidad de contradecir las
decisiones de los entes públicos ante las vías gubernativa y judicial, evitando de
esta forma la configuración de actos de abuso de poder».20

20
Corte Constitucional sentencia T-204 de 2012 del 14 de marzo de 2012. Magistrado ponente: Jorge Iván
Palacio Palacio.

18

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Demandante: José Andrés Rojas Villa

La Corte Constitucional la ha definido como «la fundamentación fáctica y jurídica
con que la administración entiende sostener la legitimidad y oportunidad de la
decisión tomada y es el punto de partida para el juzgamiento de esa legitimidad»21.
En ese orden, los actos administrativos deben: i) tener su origen en hechos veraces
que los soporten y; ii) estar sustentados en normas constitucionales, legales o
reglamentarias, según sea el caso.

El artículo 137 del cPACA estableció como una de las causales de nulidad de los
actos administrativos que se hayan expedido con falsa motivación. Igual causal
contemplaba el artículo 84 del Decreto 01 de 1984. Esta ocurre cuando no existe
concordancia entre la realidad fáctica y jurídica en la que debió fundamentarse el
acto administrativo y las razones de esta índole que finalmente quedaron
consignados en la decisión.22 En otros términos, esta causal de nulidad tiene su
origen en la falta de veracidad de las razones de hecho y de derecho que
sustentaron el acto y que contradicen las que sí corresponden con la realidad. 23
Jurisprudencialmente se afirmó que esta se configura cuando concurren los
siguientes elementos:24

Además también se puede afirmar que los elementos indispensables para que
se configure la falsa motivación son: i) la existencia de un acto administrativo
motivado total o parcialmente, pues de otra manera estaríamos frente a una
causal de anulación distinta; ii) la existencia de una evidente divergencia entre
la realidad fáctica y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos
argüidos o tomados como fuente por la administración pública o la calificación
de los hechos, y iii) la efectiva demostración por parte del demandante del hecho
de que el acto administrativo se encuentra falsamente motivado.

21
Corte Constitucional, sentencia SU-250 de 1998, magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero.
22
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 23 de marzo de
2017. Procesos acumulados con los siguientes Radicados: 11001-03-25-000-2016-00019-00 (0034- 2016)
Acumulados: 11001-03-25-000-2016-00025-00 (0052-2016) 11001-03-25-000-2016-00048-00 (0156-2016)
11001-03-25-000-2016-00064-00 (0271-2016) 11001-03-25-000-2016-00052-00 (0184-2016) 11001-03-25-
000-2016-00047-00 (0155-2016) 11001-03-25-000-2016-00026-00 (0053-2016) 11001-03-24-000-2016-00002-
01 (0310-2016). Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández.
23
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 7 de junio de
2012. Radicado: 2006-00348.
24
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 8
de septiembre de 2017. Radicado 54001-23-31-000-2009-00182-01(3555-14). Consejera ponente: Sandra
Lisset Ibarra Vélez.

19

Radicado: 05001 23 33 000 2013 00216 01 (3265-2016)
Demandante: José Andrés Rojas Villa

Es claro entonces que para la configuración de la falsa motivación es preciso que
se cumplan los presupuestos enunciados y, además, que quien alega la existencia
de esta causal de nulidad demuestre su ocurrencia, en tanto que los actos
administrativos gozan de presunción de legalidad.25

Distinto vicio de legalidad es la falta de motivación de los actos administrativos, pues
esta, a diferencia de la falsa motivación, implica que hay una ausencia de los
motivos por los cuales se expidió la decisión, lo cual conlleva que sea considerada
su expedición como irregular si la ley dispone que deben motivarse. 26 La
jurisprudencia de esta corporación ha distinguido estas dos causales de nulidad de
la siguiente manera:

Ahora bien, debe precisarse que una cosa es la falsa motivación y otra la falta
de motivación: la primera, es un evento sustancial, que atañe a la realidad
fáctica y jurídica del acto administrativo, y la segunda, es un aspecto
procedimental, formal, ya que corresponde a la omisión en hacer expresos o
manifiestos en el acto administrativo los motivos del mismo. La falsa motivación
plantea para el juzgador un problema probatorio, de confrontación de dos
extremos, como son lo dicho en el acto y la realidad fáctica atinente al mismo,
con miras a comprobar la veracidad; también plantea un juicio lógico de
correspondencia entre la realidad constatada y la consecuencia jurídica que se
pretende desprender de ella, cuando la primera resulta demostrada. De otro
lado, la falta de motivación le significa un problema de valoración directa del
cuerpo o contenido del acto sobre si se expresan o indican razones para su
expedición, y si lo dicho es suficiente como para tenerse como motivación […].27

Así las cosas, la falta de motivación no conlleva una constatación de las razones
contenidas en el acto con la realidad fáctica y jurídica, puesto que fueron omitidas
por parte de la autoridad pública y al hacerlo se comprometió la validez del acto

25
Ver la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia del 28 de octubre de 1999, radicado: 3.443, consejero ponente Juan Alberto Polo Figueroa. En la
providencia se indicó «tiene la carga de la prueba, es decir, de demostrar la falsedad o inexactitud en los motivos
que explícita o implícitamente sustentan el acto administrativo respectivo, habida cuenta de la presunción de
legalidad de que se hallan revestidos los actos administrativos».
26
La jurisprudencia ha señalado al respecto que “En cuanto a la falta de motivación, la Sala recuerda que este
cargo se denomina técnicamente expedición en forma irregular del acto. En efecto, cuando la Constitución o la
ley mandan que ciertos actos se dicten de forma motivada y que esa motivación conste, al menos en forma
sumaria, en el texto del acto administrativo, se está condicionando la forma del acto administrativo, el modo de
expedirse. Si la Administración desatiende esos mandatos normativos, incurre en el vicio de expedición irregular
y, por ende, se configura la nulidad del acto administrativo. (…)” Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia
del 31 de marzo de 2012. Radicado: 11001-03-24-000-2005-00334-00(15895).
27
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 3 de diciembre de 2018, radicado 11001-03-24-000-2013-
00328-00. Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López.

20

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Demandante: José Andrés Rojas Villa

administrativo, en tanto que la motivación «responde a la garantía de los principios
de legalidad y de publicidad y al respeto al derecho al debido proceso, toda vez que
dicha motivación permite el ejercicio del derecho a la defensa, lo cual evita la
arbitrariedad por parte de las autoridades administrativas. Por lo tanto, la motivación
de los actos administrativos asegura la garantía constitucional al derecho
fundamental al debido proceso».28

En lo que respecta a la motivación de los actos administrativos de contenido
general, la jurisprudencia ha señalado que se cumple este requisito con «la
indicación del objeto del acto y la invocación de los fundamentos legales para su
expedición…».29 En ese sentido, esta Sala se pronunció en reciente sentencia en
la que se explicó lo siguiente:

La causa o el motivo, entonces, es el soporte fáctico y jurídico que justifican la
expedición del acto administrativo y el sentido de su declaración y, por lo general,
cuando por disposición legal debe ponerse de manifiesto, aparece en la parte
considerativa del acto. En todo caso, aunque no se mencionen expresamente
los motivos, debe existir una realidad fáctica y jurídica que le brinde sustento
a la decisión administrativa, que normalmente está contenida en
los antecedentes del acto representados por lo general en distintos documentos,
como estudios, informes, actas, etc.

Ahora bien, con respecto a los actos administrativos de carácter general, en
razón a su naturaleza y alcance, por regla general es suficiente tener como
motivación la indicación de sus fundamentos legales y de su objeto, salvo que
exista una disposición en la ley que ordene una motivación diferente, tal como
lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación.

La Sala reitera que los actos administrativos generales son aquellos que crean,
modifican o extinguen una situación jurídica abstracta o impersonal. Uno de los
factores que suele asociarse erradamente a la determinación de actos de esta
naturaleza es la cantidad de personas que se ven afectadas por la manifestación de
voluntad de la administración; sin embargo, ello no es característico de los mismos
ya que lo que los define es «[...] la abstracción o indeterminación individual de sus
destinatarios o de las personas que pueden resultar cobijadas por el acto [...]».

En suma, la causa o motivo de algunos actos administrativos, como acontece en el
acto general sometido a consideración, están implícitos en su contenido y, por

28
Sentencia de Unificación 917 de 2010, de la Corte Constitucional, con base en Sentencia de Unificación SU
250 de 1998 de la misma corporación judicial.
29
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 16 de mayo de 2007, radicado; 25000-23-24-000-1997-
0934801, consejero ponente: Camilo Arciniegas Andrade. Posición reiterada en: Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 2 de diciembre de 2021, radicado: 11001-03-24-
000-2006-00235-00. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.

21

Radicado: 05001 23 33 000 2013 00216 01 (3265-2016)
Demandante: José Andrés Rojas Villa

tanto, es suficiente tener como motivación la indicación de sus fundamentos
legales y de su objeto.30 [Se resalta].

De esta manera, aunque los actos administrativos no indiquen de forma expresa
sus motivos, debe existir una realidad fáctica y jurídica que los sustenten y que, para
el caso de los actos administrativos generales, se encuentra en los fundamentos
legales, su objeto y también, de ser necesario, en los antecedentes que sirvieron de
causa para su formación contenidos en los distintos documentos previos.31

2.4. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, la Sala
encuentra acreditado lo siguiente:

i) Mediante el Acuerdo PSAA12-9200 del 1. ° de febrero de 2012, la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura dispuso la creación de tres
despachos de descongestión en el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del
marco del Plan Nacional de Descongestión regulado en el Acuerdo PSAA12-9139
del 17 de enero de 2011. El artículo 1.° indicó que la vigencia de los despachos iría
desde el 2 de febrero hasta el 30 de junio de 2012. Dentro de los despachos creados
se encuentra el 050012331708 que ocupó el demandante. 32

30
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicación
número: 11001-03-25-000-2014-00307-00 (0914-14). Actor: Claudia Mercedes Monroy Patiño. Demandado:
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Departamento Administrativo De La Función Pública. Referencia:
Nulidad decreto de gobierno. Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas. Bogotá, D. C., diez (10) de
diciembre de dos mil veinte (2020).
31
Al respecto se ha dicho también: «Los motivos son entonces el soporte fáctico y jurídico que justifican la
expedición del acto administrativo y el sentido de su declaración y, por lo general, cuando por disposición legal
deben ponerse de manifiesto, aparecen en la parte considerativa del acto. En todo caso, aunque no se
mencionen expresamente los motivos, debe existir una realidad fáctica y jurídica que le brinde sustento
a la decisión administrativa, que normalmente está contenida en los “antecedentes del acto”,
representados por lo general en distintos documentos, como estudios, informes, actas, etc.” (Se resalta).
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicación
número: 11001-03-25-000-2010-00064-00(0685-10). Actor: Jorge Humberto Valero Rodríguez. Demandado:
Ministerio De Educación. Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández. Bogotá D.C., cinco (5) de julio de
dos mil dieciocho (2018). Acción de Nulidad: Nulidad del artículo 24 del Decreto 2355 del 24 de junio de 2009
«Por medio del cual se reglamenta la contratación del servicio público educativo por parte de las entidades
territoriales certificadas».
32
Cd que reposa en el expediente

22

Radicado: 05001 23 33 000 2013 00216 01 (3265-2016)
Demandante: José Andrés Rojas Villa

ii) A través del Acuerdo PSAA12-9250 del 15 de febrero de 2012,33 la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura fijó «los requisitos generales
para las medidas de descongestión». El artículo 2.° ibidem señaló que los acuerdos
que se dicten para crear o regular cargos de descongestión remitirán para el efecto
a su contenido.

El acuerdo también señala los objetivos del Plan de Descongestión y dispone, en
sus artículos 11 y 12, que el nombramiento de los funcionarios debía hacerlo el
nominador atendiendo los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia
C-713 de 2008.

iii) A través del Acuerdo 028 del 21 de febrero de 2012,34 la Sala Plena del Consejo
de Estado eligió como magistrados de descongestión del Tribunal Administrativo de
Antioquia a los abogados Álvaro Cruz Riaño, Yolanda Obando Montes y al
demandante, José Andrés Rojas Villa. En este acto no se indicó fecha de
terminación de los nombramientos.

iv) El día 14 de junio de 2012, la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico de la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura elaboró un documento
técnico denominado «Propuesta para el fortalecimiento de los despachos que
ingresan a oralidad y medidas complementarias de implementación de la Ley 1437
de 2011».35

En el documento, luego de analizar los despachos de magistrados y juzgados
permanentes que, a partir del 2 de julio de 2012, asumirían la implementación del
CPACA así como el aumento en sus cargas laborales al conocer de forma exclusiva
de las acciones constitucionales que partir de esa fecha se presentaran, la unidad
referida propuso las siguientes medidas:

33
Ibidem
34
Folio 20
35
Folios 136 a 174

23

Radicado: 05001 23 33 000 2013 00216 01 (3265-2016)
Demandante: José Andrés Rojas Villa

a) Fortalecer los despachos permanentes que ingresaran al sistema oral con
la prórroga de los cargos a estos asignados creados transitoriamente, por lo
que se propuso para cada uno un abogado asesor y dos auxiliares judiciales
grado 1;

b) crear despachos de magistrados de descongestión junto con su planta de
personal para continuar el apoyo en el trámite de los procesos escriturales
para los distritos judiciales de Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Huila, Norte
de Santander, Quindío, Risaralda, Sucre, Santander, Tolima y Valle del
Cauca y;

c) reforzar la planta de personal de los despachos de magistrados de
descongestión vigentes en atención a que aumentaría su carga laboral, dado
que se produciría la entrega de los procesos del sistema escritural. Para
Antioquia se dispuso la creación de 2 cargos de auxiliar y un oficial mayor
para los despachos 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708 y 709.

v) A través del Acuerdo PSAA12-9524 del 21 de junio de 201236 la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ordenó la prórroga de varias
medidas de descongestión contenidas en acuerdos anteriores y la creación de
nuevos despachos de magistrado en los tribunales administrativos del país, pero no
incluyó la creación de nuevos despachos en el Tribunal Administrativo de Antioquia
y por el contrario no prorrogó el del demandante. El acuerdo señaló lo siguiente:

ACUERDO NO. PSAA12-9524 DE 2012
(Junio 21 de 2012)

“Por el cual se prorrogan y se ajustan algunas medidas en el marco del Plan
Especial de Descongestión para la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y
se dictan otras disposiciones

LA SALA ADMINISTRATIVA DEL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial en las
señaladas en el artículo 63 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 15 de
la Ley 1285 de 2009 y, el artículo 304 de la Ley 1437 de 2011 y de conformidad con
lo aprobado en la sesión de Sala Administrativa del 19 de junio de 2012,

ACUERDA
TÍTULO I

36
Ibidem

24

Radicado: 05001 23 33 000 2013 00216 01 (3265-2016)
Demandante: José Andrés Rojas Villa

MEDIDAS TRANSITORIAS A NIVEL DE TRIBUNALES CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVOS DE DESCONGESTIÓN

Artículo 1. Prórroga de despachos de magistrado de descongestión. Prorrogar hasta
el 19 de diciembre de 2012, los despachos de Magistrados de los Tribunales
Contencioso Administrativos de descongestión con toda su planta de
personal, como se relaciona a continuación:

(…)

PARÁGRAFO. El despacho de magistrado No. 050012331708 de descongestión del
Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia con toda su planta de
personal no será prorrogado.

El despacho no prorrogado era el ocupado por el demandante.

vi) Mediante el Acuerdo 134 del 26 de junio de 2012,37 la Sala Plena del Consejo de
Estado aceptó la renuncia del abogado Álvaro Cruz Riaño como magistrado de
descongestión elegido mediante el Acuerdo 028 del 21 de febrero de 2012 y se
eligió a la abogada Liliana Patricia Navarro Giraldo en su reemplazo.

De igual manera, mediante el Acuerdo 187 del 28 de agosto de 2012 38 la
corporación referida eligió como magistrado de descongestión del Tribunal
Administrativo de Antioquia al abogado Jorge León Arango Franco.

vii) Mediante oficio del 16 de noviembre de 2012 39 el secretario general del Consejo
de Estado le informó al demandante, en respuesta a un derecho de petición, quiénes
de los elegidos como magistrados de descongestión en el Tribunal Administrativo
de Antioquia se encontraban incluidos en el Registro Nacional de Elegibles
contenido en la Resolución PSAR11-869.

Indicó que en este se encontraban Álvaro Cruz Riaño, Yolanda Obando Montes,
Juan Carlos Hincapié Mejía, Jorge León Arango Franco y el demandante José
Andrés Roas Villa. Informó, además, que la magistrada Liliana Patricia Navarro
Giraldo no hacía parte de dicho registro.

37
Folio 21
38
Folio 23
39
Folios 16 y 17

25

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Demandante: José Andrés Rojas Villa

Lo anterior se corrobora con la Resolución PSA11-869 del 25 de octubre de 201140
por medio de la cual se conformó el registro de elegibles para el cargo de magistrado
de tribunal administrativo como resultado del concurso de méritos convocado
mediante el Acuerdo PSAA08-4528 de 2008.

2.5. Análisis de la Sala. El caso concreto

2.5.1. Primer problema jurídico

Tal como quedó expresado con antelación, a la Sala le corresponde establecer si la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, con la expedición del
acuerdo demandado, vulneró el derecho del demandante a permanecer en el cargo
de magistrado de descongestión para el cual había sido nombrado, o si, por el
contrario, su actuación se dio dentro del marco de sus competencias, con respeto
de los derechos que otorga la carrera administrativa para los funcionarios de la
Rama Judicial y está justificada en criterios de celeridad, economía y eficiencia en
la administración de justicia.

2.5.1.1. En relación con la competencia para expedir el acto administrativo
demandado, para la Sala no existe duda de que la entidad demanda sí es titular de
tal facultad, habida cuenta de que el numeral 2.° del artículo 257 de la Constitución
Política de 1991 establece como una de sus funciones la de crear cargos en la
administración de justicia, facultad desarrollada por la Ley 270 de 1996 en sus
artículos 75 y 85 que le encargaron administrar a la Rama Judicial. Así mismo, la
referida ley, en su artículo 63, la facultó para adoptar el Plan Nacional de
Descongestión y, dentro de él, las medidas para contrarrestar la congestión en los
despachos judiciales del país, tales como la creación y supresión de cargos de
descongestión.

40
Cd adjunto al expediente

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Radicado: 05001 23 33 000 2013 00216 01 (3265-2016)
Demandante: José Andrés Rojas Villa

2.5.1.2. En lo que tiene que ver con el respeto de los derechos de carrera del
demandante, por parte de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, al expedir el acto enjuiciado, la Sala advierte que no los vulneró, dado
que su competencia, de acuerdo con las normas citadas en el párrafo anterior, se
limita a la adopción e implementación del Plan Nacional de Descongestión, para lo
cual le corresponde la creación y supresión de despachos de magistrados y sus
cargos cuando las necesidades del servicio de justicia lo requieran para agilizarla y
terminar su congestión.

Las funciones anteriores no conllevan para dicha autoridad la de ser el nominador
de los funcionarios que van a ocupar tales cargos, pues su nombramiento
corresponde, por mandato del numeral 5.° del artículo 131 de la Ley 270 de 1996,
al Consejo de Estado, si se trata de magistrados de los tribunales administrativos y
a la Corte Suprema de Justicia, si son para los tribunales superiores.

Bajo estos parámetros, en el sub examine era el Consejo de Estado el que, en el
momento de elegir tales funcionarios en cargos de descongestión creados mediante
el Acuerdo PSAA12-9200 del 1. ° de febrero de 2012, debía acatar lo dispuesto en
la sentencia C-713 de 2008 y en el Acuerdo PSAA12-9250 del 15 de febrero de
2012,41 y así lo hizo, en tanto que los tres magistrados nombrados a través del
Acuerdo 028 del 21 de febrero de 2012 por su Sala Plena (Álvaro Cruz Riaño,
Yolanda Obando Montes y el demandante) se encontraban en la lista de elegibles
contenida en la Resolución PSA11-869 del 25 de octubre de 2011.

Lo anterior también permite inferir que la lista que remitió el Consejo Superior de la
Judicatura para que el Consejo de Estado efectuara los nombramientos de los
cargos de descongestión creados, listado enviado en cumplimiento del mandato del
numeral 11 del artículo 85 ibidem, respetó la lista de elegibles referida, por lo que
no se advierte vulneración alguna del contenido de la sentencia C-713 de 2008 y
del Acuerdo PSAA12-9250 del 15 de febrero de 2012 que dispuso en sus artículos

41
El Acuerdo fijó los requisitos generales para las medidas de descongestión y ordenó en sus artículo 11 y 12
que los nombramiento debían hacerse de acuerdo con lo ordenado en la sentencia C-713 de 2008.

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Demandante: José Andrés Rojas Villa

11 y 12 que el nombramiento de los funcionarios debía hacerlo el nominador
atendiendo los criterios fijados en dicha sentencia.

Si bien la entidad demandada al expedir el acto administrativo demandado, Acuerdo
PSAA12-9524 del 21 de junio de 2012, dispuso la no prórroga del despacho de
descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia ocupado por el demandante,
este hecho no significó el desconocimiento del derecho que le asistía a ser
nombrado conforme a la sentencia C-713 de 2008, toda vez que i) ya había sido
nombrado durante su vigencia; y ii) la providencia no le otorgó ningún fuero de
estabilidad indefinida, en tanto que los empleos de descongestión son transitorios y
no hacen parte de la estructura definitiva de la Rama Judicial, como sí lo hacen los
empleos de planta que sí le darían el referido derecho.

Adicionalmente, aunque el acto demandado, además de no prorrogar el despacho
de descongestión que ocupaba el demandante, prorrogó y creó otros de igual
naturaleza, no era competencia del Consejo Superior de la Judicatura disponer su
traslado a uno de estos una vez desapareció el que ocupaba, por lo que no puede
concluirse que vulneró su derecho a ser nombrado dentro de los parámetros de la
sentencia C-713 de 2008.

Si lo que pretendía el demandante era invocar un mejor derecho a ser designado
en los nuevos cargos de descongestión y continuar como magistrado, lo pertinente
era discutir la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales el Consejo
de Estado designó a los nuevos magistrados de descongestión, asunto que escapa
a la órbita de estudio del presente caso. Igual argumento debe predicarse respecto
del nombramiento de la abogada Liliana Patricia Navarro Giraldo en reemplazo del
magistrado de descongestión Álvaro Cruz Riaño a través del Acuerdo 134 del 26 de
junio de 2012 emitido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

Así las cosas, la Subsección no advierte que la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura hubiese vulnerado el derecho del demandante a ser
nombrado en los empleos de descongestión que creó en los Acuerdos PSAA12-

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Demandante: José Andrés Rojas Villa

9200 del 1.° de febrero de 2012 y PSAA12-9524 del 21 de junio de 2012
(demandado), ni vulneró sus derechos de carrera administrativa al no prorrogar con
este último el cargo que ocupaba, dado que el empleo era transitorio y no hacía
parte de la estructura de la Rama Judicial por lo que no puede predicarse que le
asistía un derecho de permanecía indefinida.

2.5.1.3. En lo que respecta a si la entidad demandada motivó el acto administrativo
demandado con criterios de celeridad, economía y eficiencia y en beneficio de la
administración de justicia, la Sala advierte que se trata de un acto administrativo
que tiene efectos generales al adoptar unas medidas dentro del Plan Nacional de
Descongestión para la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Al ser esta la naturaleza del acto administrativo demandado su motivación se
entiende cumplida, de acuerdo con el criterio jurisprudencial expuesto en esta
providencia, con la indicación de su objeto y la invocación de los fundamentos
legales para su expedición y, a falta de claridad en estos criterios, también con los
antecedentes que sirvieron de causa para su expedición contenidos en otros
documentos.

Así, al analizar el contenido del Acuerdo PSAA12-9524 del 21 de junio de 2012
demandado, la Sala advierte que en su parte considerativa citó las normas que le
otorgan la competencia a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura para adoptar las medidas del Plan Nacional de Descongestión; por lo
que cumplió con el requisito de plasmar los fundamentos legales del acto
administrativo.

En lo que respecta a su objeto, tanto en su título como en su contenido, es claro
que su propósito era la prórroga y el ajuste de algunas medidas de descongestión
adoptadas dentro del marco del Plan Nacional de Descongestión para la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Así, i) dispuso la prórroga de los
despachos de descongestión que se encontraban vigentes hasta el 19 de diciembre
de 2012 en los distintos tribunales administrativos del país, con excepción del

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Demandante: José Andrés Rojas Villa

despacho 050012331708 ocupado por el demandante; ii) creó cargos para los
despachos de magistrado de descongestión que seguirían; iii) creó otros despachos
en tribunales distintos a los de Antioquia; iv) adoptó otras medidas para las
secretarías de los tribunales y los juzgados y; v) distribuyó competencias.

Lo anterior, permite concluir que por ser el acto administrativo demandado de
contenido general cumple con la motivación por contar con un fundamento legal y
un objeto, por lo que, a juicio de la Sala, no es necesario examinar sus
antecedentes, dado que esto solo procede cuando del contenido del acto
administrativo no puede deducirse su objeto y razón legal.

La Sala debe precisar que, si bien dentro del expediente se encuentra el documento
técnico elaborado por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura del 14 de junio de 2012,
denominado «Propuesta para el fortalecimiento de los despachos que ingresan a
oralidad y medidas complementarias de implementación de la Ley 1437 de 2011»,
en el que se recomendó a la demandada fortalecer los despachos de descongestión
que se encontraban vigentes con el aumento de su planta de personal, dicho
diagnóstico no obliga al Consejo Superior de la Judicatura a adoptar todas las
medidas que en él contempla.

En efecto, el documento referido es tan solo una propuesta que puede o no ser
acogida en su integridad por la entidad demandada, pues otros factores deben ser
analizados también al momento de adoptar el Plan Nacional de Descongestión,
como lo es, por ejemplo, la existencia de las partidas presupuestales que otorgan la
capacidad para la creación o prórroga de cargos de descongestión, análisis que no
incluye dicha propuesta.

Además, para la Sala es claro que la demandada sí tuvo en cuenta lo señalado en
el documento referido sobre la necesidad de fortalecer las medidas de
descongestión, dado que prorrogó la mayoría de los cargos y creó otros adicionales
en distintas regiones del país. No puede concluirse entonces que por la no prórroga

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Radicado: 05001 23 33 000 2013 00216 01 (3265-2016)
Demandante: José Andrés Rojas Villa

de un solo cargo la entidad no atendió la obligación de descongestionar la justicia,
pues es claro que las nuevas medidas iban en esa dirección, sin que fuera su
obligación, se reitera, acoger toda la propuesta hecha por la Unidad de Desarrollo y
Análisis Estadístico.

Todo lo anterior permite a la Sala concluir que el acto administrativo demandado
cumplió con la motivación que se exige en relación con los actos administrativos de
contenido general, por lo que la decisión de no prorrogar el despacho
050012331708 del Tribunal Administrativo de Antioquia y, por ende, el cargo de
magistrado que ocupaba el demandante, no está viciado de nulidad, ya que fue
expedido de manera regular. En consecuencia, el Acuerdo PSAA12-9524 del 21 de
junio de 2012, específicamente en el parágrafo del artículo 1.°, mantiene incólume
su presunción de legalidad, por lo que se revocará la sentencia apelada y se
negarán las pretensiones de la demanda.

2.5.2. Segundo problema jurídico

En razón a que no fue desvirtuada la presunción de legalidad del parágrafo 1.° del
Acuerdo PSAA12-9524 del 21 de junio de 2012 y que, en virtud de ello la Sala
revocará la sentencia de primera instancia y negará las pretensiones de la demanda
en su integridad, no es necesario emitir pronunciamiento alguno en relación con el
restablecimiento del derecho que el demandante reclamó en el recurso de
apelación.

2.5.3. Tercer problema jurídico

El demandante señaló que la entidad demandada debió ser condenada al pago de
las costas procesales en primera instancia, en tanto que el criterio objetivo para
fijarlas no exige la existencia de una actuación temeraria o con abuso del derecho
y para su condena basta que la parte sea vencida en juicio. El a quo no emitió
condena sobre el particular al considerar que las costas no se habían causado y
que no existía una conducta procesal que ameritara imponerla.

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Demandante: José Andrés Rojas Villa

Si bien es cierto que, en virtud de la providencia del 7 de abril de 2016 proferida por
esta sección,42 se acogió el criterio objetivo para la imposición de las costas al
concluirse que para ello no se debe evaluar la conducta temeraria o de mala fe de
las partes43, sino los aspectos objetivos de su causación contemplados en el artículo
365 del Código General del Proceso al que remite el artículo 188 del CPACA, la Sala
denegará esta pretensión del recurrente, habida cuenta de que la sentencia apelada
será revocada.

Al ser así, es claro que la entidad enjuiciada no está en la obligación de pagar suma
alguna por este concepto, puesto que no fue vencida en el juicio y, por ende, no se
cumple el requisito consagrado en el numeral 1.° del artículo 365 del CGP para
imponer tal condena. En efecto, la norma referida dispone que «se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto…», situación que no es la de la demandada al no
desvirtuarse la legalidad del acto administrativo que expidió.

En consecuencia, por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia apelada
y, en su lugar, denegará las pretensiones de la demanda.

2.6. De la condena en costas de segunda instancia

Conforme con la interpretación del artículo 188 del CPACA, que advierte para la
fijación de las costas un criterio objetivo valorativo, sin que sea necesario analizar
la conducta de las partes y, en atención a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo

42
Proceso Radicado 15001-23-33-000-2012-00162-01 y número interno 4492 de 2013. Consejero Ponente:
William Hernández Gómez.
43
Al respecto se puede consultar también la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicación: 19001-23-33-000-2014-00406-01(2426-16).
Actor: José Vicente López Noriega. Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje. Consejero ponente: William
Hernández Gómez. Bogotá, D.C. 31 de julio de 2019. Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
Tema: reliquidación pensión jubilación.

32

Radicado: 05001 23 33 000 2013 00216 01 (3265-2016)
Demandante: José Andrés Rojas Villa

365 del Código General del Proceso,44 la Sala condenará en costas de segunda
instancia a la parte demandante, por cuanto el recurso que interpuso no prosperó y,
en cambio, la sentencia será revocada en su integridad.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia y en el acervo probatorio,
se concluye que el demandante no logró desvirtuar la legalidad del acto demandado,
razón por la que deberá revocarse la sentencia proferida por el a quo y, en su lugar,
se denegarán las pretensiones del libelo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Tercera de Oralidad, el 29 de abril de 2016 dentro del proceso promovido por
el señor José Andrés Rojas Villa contra la Nación Rama Judicial, Consejo Superior
de la Judicatura.

En su lugar, se dispone:

Segundo: Denegar las pretensiones de la demanda.

Tercero. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada, las
cuales deberán ser liquidadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

44
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación (…) 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la
parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias».

33

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Demandante: José Andrés Rojas Villa

En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor en la plataforma SAMAI.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

mygr

34

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