Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2013-00473-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2013-00473-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2013-00473-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2013-00473-02 (4657-2019)
Demandante: María Giomar Arenas de Orozco
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación
Temas: Bonificación por compensación. Prescripción. CONFIRMA
SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala1 el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el seis (6) de agosto de dos mil dieciocho (2018) por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual accedió a las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora María Giomar Arenas de Orozco instauró demanda2 en contra de la
Nación – Fiscalía General de la Nación en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin
de que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de: (i) el oficio 001176 del 20 de marzo de 2012, (ii) la
Resolución 000813 del 8 de mayo de 2012, y (iii) la Resolución 2-2834 del 13 de
agosto de 2012, por medio de las cuales la entidad negó el pago del mayor valor
1 Se precisa que, si bien el 17 de abril de 2013, en calidad de magistrado del Tribunal Administrativo de
Antioquia, suscribí impedimento para conocer del asunto (art. 141-1 CGP) de manera conjunta con los demás
magistrados de dicha corporación, el cual fue aceptado por el Consejo de Estado, el 27 de junio del mismo año,
dicha actuación no constituye una gestión en instancia anterior; estuvo dirigida a dar trámite al proceso, no se
enmarca en ninguna causal de impedimento y, en gracia de discusión, actualmente, la Subsección B, en
distintos pronunciamientos, lo ha declarado infundado. De ahí que, es innecesario manifestarlo.
2 Folios 1 a 9.
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Radicado: 05001-23-33-000-2013-00473-02 (4657-2019)
derivado de la aplicación de los Decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004. Como
restablecimiento del derecho, sea condenada a reconocer y pagar, de manera
indexada y con intereses, la diferencia ente lo pagado y el 80 % de los ingresos
laborales de los magistrados de altas cortes, durante los años 2001 y 2002,
incluyendo la liquidación de las prestaciones sociales, como las cesantías, entre
otras.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
3. Que se desempeñó como fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Medellín,
desde el 12 de noviembre de 1992 hasta el 1.° de abril de 2002. Que solicitó el
reconocimiento de su derecho, pero este fue negado por la entidad mediante los
actos acusados.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
4. Considera violados los artículos 13, 53 y 58 de la Constitución Política; 1.° de la
Ley 10 de 1987; 1.° de la Ley 63 de 1988; 14 y 143 del Código Sustantivo del
Trabajo; 2, 14 y 15 de la Ley 4.ta de 1992, y el Decreto 610 de 1998.
5. Afirmó que los actos acusados adolecen de falsa motivación al sustentarse en
una norma declarada nula y en una transacción con objeto ilícito; además,
vulnera derechos adquiridos, el derecho a la igualdad y el principio de
irrenunciabilidad de derechos laborales.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
6. La demanda fue admitida el 17 de marzo de 20143. La entidad manifestó4 que
por el tiempo laborado entre 1999 y 2002, a la actora se le pagó la bonificación
por gestión judicial del Decreto 4040 de 2004. Sostuvo que no es viable extender
el régimen salarial y prestacional de los miembros del Congreso a los servidores
de la Fiscalía, por lo que no procede la equiparar el valor reconocido a estos por
cesantías a los valores reconocidos a los fiscales. A su vez, afirmó que el
derecho de la actora se encuentra prescrito. Propuso las excepciones que
denominó: (i) inexistencia de la obligación, (ii) falta de causa para pedir, (iii)
buena fe, (iv) cobro de lo no debido, (v) prescripción, y (vi) genérica.
3 Folio 64.
4 Folios 68 a 78.
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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5
7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 6 de agosto de
2018 accedió a las pretensiones. Expresó que, aunque la demandante se acogió
a la bonificación por gestión judicial en los términos previstos en el Decreto 4040
de 2004, la declaratoria de nulidad de dicha norma implica la cesación de sus
efectos y el restablecimiento de la situación jurídica existente al momento de su
expedición.
8. Concluyó que no procedía la prescripción porque el derecho reclamado solo se
hizo exigible con la nulidad del Decreto 4040 de 2004, y a partir de entonces
existió certeza sobre la aplicación del Decreto 610 de 1998; en ese contexto, la
solicitud se presentó dentro del término legal. En consecuencia, ordenó el pago
de la diferencia salarial solicitada, desde el 1.° de enero de 2001 hasta el 1.° de
abril de 2002.
RECURSO DE APELACIÓN
9. La parte demandada6 interpuso recurso de apelación por considerar que,
conforme al periodo laborado por la actora, del 18 de noviembre de 1992 al 31
de marzo de 2002, no había sido expedido el Decreto 4040 de 2004. Además,
advirtió que, no está probado que las partes suscribieran un contrato de
transacción que la hiciera beneficiaria de dicha norma, pues al momento de
finalizar su vínculo con la entidad, esta no existía. Que, en todo caso, de haberse
celebrado, el acuerdo conservaría plena validez pese a la nulidad del decreto,
por producir efectos son ex tune7.
10. Manifestó que la entidad reconoció y pagó la bonificación por compensación
durante el tiempo en que la actora estuvo vinculada y que, si esta tenía alguna
inconformidad frente al valor cancelado, debía formularse dentro de los 3 años
siguientes al retiro. Enfatizó que no se acreditó el ejercicio de acción judicial
alguna dentro del término legal, por lo que las sumas reclamadas se encuentran
prescritas.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
11. El 28 de septiembre de 20228 se admitió el recurso, la demandante presentó
alegatos de conclusión9 en los que reiteró los argumentos de la demanda. La
demandada y el Ministerio público guardaron silencio.
5 Folios 412 a 429.
6 Folios 431 a 437.
7 Se advierte que la locución ex tune referenciada por la entidad no existe. Deberá entender que quiso referirse
a ex tunc.
8 Folio 489.
9 Ver índice 45 de SAMAI.
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Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Avoca conocimiento
12. De conformidad con lo previsto en el artículo 116 del CPACA, cuando se
modifica la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los
conjueces, siempre que respecto de aquellos no se predique causal de
impedimento o recusación, como ocurre en este caso10; por ello se avocará
conocimiento del proceso.
13. La Sala debe determinar si operó la prescripción del derecho a la bonificación
por compensación de la actora, en atención a que su retiro del servicio ocurrió
antes de la expedición del Decreto 4040 de 2004.
Marco normativo y jurisprudencial
Bonificación por compensación
14. La bonificación por compensación fue creada mediante el Decreto 610 de 1998
tras el reconocimiento de una brecha salarial entre los magistrados de tribunal y
otros funcionarios frente a los magistrados de altas cortes, pues para ese
momento aquellos percibían apenas el 46 % de la remuneración de estos
últimos.
15. Con tal finalidad, la norma adoptó un esquema de nivelación salarial progresiva,
mediante el cual se dispuso un incremento gradual de los ingresos laborales de
los funcionarios destinatarios del decreto11, iniciando en 1999 con un
reconocimiento equivalente al 60% de lo percibido por los magistrados de las
altas cortes y alcanzando el 80% en el 2001. Con ese propósito, la norma
dispuso una nivelación progresiva de sus ingresos, hasta alcanzar el 80 % de lo
devengado por estos últimos.
10 La Sección Segunda, actualmente, declara infundados los impedimentos manifestados por los integrantes de
la Sala, en los casos en que no se demuestre un interés actual directo o indirecto. En efecto, así se observa en
la siguiente decisión: Consejo de Estado. Auto del 6 de febrero de 2025. C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
41001-23-33-000-2012-00203-04 (1969-2022).
11 Artículo 2.°, Decreto 610 de 1998: «La Bonificación por Compensación de que trata el artículo anterior, se
aplicará a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo,
Nacional y Superior Militar; a los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los Fiscales y Jefes
de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de
Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito.»
Adicionado por el artículo 1 del Decreto 1239 de 1998: «a los Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al Secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.»
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16. Con la expedición del Decreto 2668 de 1998 se derogaron los Decretos 610 de
1998 y el 1239 del mismo año—que lo había adicionado—, lo que impedía la
posibilidad de reclamar la Bonificación por Compensación. Sin embargo, dicha
disposición fue declarada nula mediante sentencia de la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, del 25 de septiembre de 200112, con
lo cual recobraron vigencia los decretos derogados y se restableció la mentada
bonificación, configurándose este como un primer momento en que la asignación
resultó plenamente exigible.
17. No obstante, en el año 2004, mediante el Decreto 4040 el Gobierno Nacional
creó la denominada «Bonificación de Gestión Judicial», destinada a los mismos
beneficiarios del Decreto 610 de 1998, con el propósito de nivelar sus
emolumentos hasta en un 70% de lo devengado, por todo concepto, por los
magistrados de las altas cortes.
18. Esta medida se adoptó pese a la existencia previa de la Bonificación por
Compensación, que perseguía el mismo objetivo de subsanar la desigualdad
salarial, lo que dio lugar a la concurrencia de dos regímenes salariales aplicables
a un mismo grupo de servidores públicos. En ese contexto, el régimen
introducido por el Decreto 4040 de 2004 (incompatible con la Bonificación por
Compensación) reconoció un porcentaje inferior de nivelación salarial y
condicionó su acceso al desistimiento de las acciones judiciales promovidas con
ocasión de la bonificación del Decreto 610 de 1998 o, en su defecto, a la
suscripción de contratos de transacción cuando no se hubieran formulado
reclamaciones previas.
19. El Decreto 4040 de 2004 fue objeto de control jurisdiccional y, mediante
sentencia del 14 de diciembre de 201113, la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró su nulidad al considerar que el Gobierno
nacional excedió su potestad reglamentaria por establecer un régimen salarial
regresivo frente a uno previamente reconocido y vigente, en desconocimiento de
los principios de igualdad, progresividad y favorabilidad aplicables en materia
salarial para los beneficiarios de la norma.
20. Como consecuencia, el régimen previsto en el Decreto 4040 de 2004 fue
excluido del ordenamiento jurídico, y en su lugar, recobró vigencia el esquema
de la Bonificación por Compensación, sin las limitaciones, incompatibilidades ni
condicionamientos introducidos por la norma anulada, consolidándose
nuevamente la posibilidad de hacer efectiva dicha remuneración.
21. Ahora bien, lo cierto es que mientras coexistieron ambos regímenes no era
viable determinar con certeza cuál de ellos resultaba aplicable, y, en todo caso,
12 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 25 de septiembre de 2001. Exp.
CE-SEC2-EXP2001-N395-99. Radicado. 395-99. CP. Alvaro Lecompte Luna.
13 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 14 de diciembre de 2011. Exp.
11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-2005). CP. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
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una vez declarada la nulidad de la Bonificación de Gestión Judicial, tampoco
había claridad del momento a partir del cual era exigible la Bonificación por
Compensación.
22. En atención a lo anterior, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de mayo de 2016 14, desarrolló
una interpretación sobre la aplicación del Decreto 610 de 1998 y la prescripción
trienal, precisando que esta última solo comienza a contarse a partir de la
exigibilidad del derecho una vez superada la dualidad de normas presentada, la
cual se configuró con la ejecutoria de la sentencia que excluyó del ordenamiento
jurídico el Decreto 4040 de 2004, esto es, desde el 28 de enero de 2012.
23. Además, precisó que, al momento de fijar el monto de la bonificación, las sumas
reconocidas a los congresistas por concepto de cesantías constituyen ingresos
laborales permanentes, por lo que integran la base de liquidación de la prima
especial de servicios de los magistrados de altas cortes, criterio que también
aplica a la bonificación por compensación, en la medida en que esta se
determina con base en lo que por todo concepto devenguen dichos funcionarios.
Resolución del caso concreto
24. El objeto de discusión en el presente caso se circunscribe al reconocimiento del
derecho y a la prescripción. Pues bien, para resolverlo debe acudirse a la
constancia del 19 de noviembre de 201215 expedida de la Fiscalía General de la
Nación en la que se observa que entre el 1.° de enero de 2000 y el 30 de marzo
de 2002, la actora se desempeñó como fiscal delegada ante tribunal.
25. En consideración a la fecha de ingreso, y a que antes de la entrada en vigencia
del Decreto 4040 de 2004 (3 de diciembre de 2004) no existía dualidad normativa
que afectara la exigibilidad del derecho, como lo advirtió la recurrente, como
regla general operaría la prescripción respecto del lapso solicitado, pues así lo
ha reconocido esta corporación, al señalar que la misma procede para los
periodos causados con anterioridad al 3 de diciembre de 2004.
26. No obstante, la jurisprudencia16 también ha admitido un alcance excepcional en
el cómputo de dicho fenómeno, al sostener que, si el interesado demuestra
haber interrumpido la prescripción antes de esa fecha, resulta posible retrotraer
sus efectos. Esta excepción, de carácter restrictivo, fue desarrollada por la Sala
de Conjueces en sentencia del 23 de mayo de 2018, en la que se identificaron
14 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-
23-25-000-2010-00246-02(0845-15). CP. Jorge Iván Acuña Arrieta.
15 Folio 34.
16 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 23 de mayo de 2018. Exp. 17001-
23-33-000-2012-00144-02 (0602-15). C.P. Pedro Simón Vargas Sáenz; Consejo de Estado. Sección Segunda,
Sala de Conjueces. Sentencia del 2 de septiembre de 2019. Exp. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
C.P. Carmen Anaya de Castellanos; Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 26 de
junio de 2025. Exp. 25000 23 42 000 2013 00267 02 (1132-2020). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
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los supuestos previstos en el artículo 2.º del Decreto 4040 de 2004 como
escenarios habilitantes para entender configurada dicha interrupción. Sobre el
particular determinó:
«[…] lo cierto es que entre el periodo comprendido entre la ejecutoria de la
sentencia que anuló el Decreto 2668 de 1998 y la fecha de expedición del
Decreto 4040 de 2004, si procede decretarla, pues en este lapso no hubo
dualidad de normas y por lo tanto, los beneficiarios de que trata el artículo 2º
del Decreto 610 de 1998 tenían la oportunidad de demandar el reconocimiento
y pago del 80% de lo que devengaban los magistrados de las altas cortes; salvo
que se encontraran en una de las dos situaciones descritas en el numeral 2º del
Decreto 4040 de 2004, que son: i) haber iniciado acciones judiciales
relacionadas con la bonificación por compensación y haber desistido a sus
pretensiones y ii) haber efectuado reclamaciones y suscribir contratos de
transacción.»
27. Ahora, se observa en el expediente la Resolución 0000833 del 17 de marzo de
2005, por medio de la cual el director seccional administrativo y financiero de la
Fiscalía General de la Nación reconoció y ordenó el pago de la bonificación por
gestión judicial a favor de la demandante, por el tiempo laborado durante los
años 2000, 2001 y 2002, conforme al artículo 3.° del Decreto 4040 de 2004. En
la parte considerativa del acto, expresamente se indicó: «que para optar al
reconocimiento y pago de la bonificación por gestión judicial […] María Guiomar
Arenas de Orozco […] manifestó por escrito […] antes del 31 de diciembre de
2004, su voluntad de optar por dicho régimen, anexando copia del memorial de
desistimiento radicado ante la respectiva autoridad judicial con nota de
presentación personal, renunciando expresamente a la posibilidad de iniciar
nuevamente acciones. […] el interesado aportó copia del auto ejecutoriado, por
medio del cual se aceptó el desistimiento de la acción judicial […].»
28. El acto mencionado no fue objetado ni reprochado en su contenido ni en las
pruebas que sirvieron de insumo para que la entidad reconociera el derecho, de
modo que constituye un elemento suficiente para tener por acreditada la
situación prevista en numeral i) para la excepción al cómputo de la prescripción,
esto es, haber iniciado acciones judiciales relacionadas con la bonificación por
compensación y haber desistido a sus pretensiones.
29. Esta conclusión no se desvirtúa por la ausencia de los memoriales que
permitieran corroborar tales actuaciones porque a partir de la resolución citada
se desprende que dicho supuesto fue efectivamente configurado, al punto de
resultar determinante para que la entidad reconociera el derecho en los términos
del Decreto 4040 de 2004.
30. Así las cosas, teniendo en cuenta que la reclamación administrativa fue
presentada el 9 de marzo de 2012, esto es, dentro del término contado a partir
de la ejecutoria de la sentencia del 14 de diciembre de 2011, se confirmará la
decisión de primera instancia en cuanto al periodo respecto del cual se reconoció
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el derecho, aunque por razones distintas a las expuestas por el tribunal de
origen, que erró al concluir que no había lugar a la prescripción porque el
derecho reclamado solo se hizo exigible a partir de la firmeza de la mencionada
providencia, supuesto que, conforme a la situación fáctica de la actora, no debe
aplicarse.
31. En su lugar, como ya se dijo, lo que procede es la interrupción de la prescripción
adoptada jurisprudencialmente para los periodos laborados con anterioridad a la
expedición del Decreto 4040 de 2004, esto pese a que el derecho ya era exigible
por no presentarse dualidad normativa.
De la condena en costas en segunda instancia
32. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
33. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como
es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto
en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
34. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
35. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte demandada,
por cuanto se niegan las pretensiones del recurso de apelación. Para el efecto,
de conformidad con el artículo 366 de la misma norma, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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FALLA
Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva.
Segundo. CONFIRMAR la sentencia proferida el seis (6) de agosto de dos mil
dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual
accedió a las pretensiones, pero por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
Tercero. Condenar en costas a la demandada en segunda instancia.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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