Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2013-00581-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2013-00581-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-33-000-2013-00581-02
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
7 de julio de 2022
Radicación: 05001-33-33-000-2013-00581-01 (25783)
Demandante: Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS
FALLO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-33-33-000-2013-00581-01 (25783)
Demandante: CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS - CIS
Demandado: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - CONTRALORÍA GENERAL
DE ANTIOQUIA
Temas: Tarifa de control fiscal. Sujeto pasivo.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 15 de diciembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda, como se transcribe a
continuación 1:
“PRIMERO.- NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en
la parte motiva.
SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandante, conforme a los artículos 188
del CPACA, 392 del C.P.C. y los acuerdos 1887 y 2222 de 2003, emanados de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, las cuales serán liquidadas por la
secretaría. Se fijan las agencias en derecho, en primera instancia en $ 1'522.545
equivalentes al 1% de la suma discutida.”
ANTECEDENTES
Mediante Resolución nro. 0365 del 16 de febrero de 2010, la Contraloría General de
Antioquia estableció los sujetos pasivos de la tarifa de control fiscal del orden
Departamental y Municipal, entre los cuales se incluyó a la Corporación
Interinstitucional de Servicios – CIS.
La Corporación Interuniversitaria de Servicios – CIS– interpuso recurso de reposición
y subsidiariamente de apelación contra la citada resolución, al considerar que, por
tratarse de una entidad privada, no es susceptible de control y vigilancia por parte de
la entidad demandada. Tales recursos fueron negados mediante la figura del silencio
administrativo negativo2.
1 Folios 740 a 772 c. p.
2 Actos que fueron demandados ante los Juzgados Administrativos de Medellín bajo el radicado 2011-00444.
1
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Demandante: Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS
FALLO
El 28 de junio de 2012, la entidad demandada profirió la Resolución nro.
2012421001357, a través de la cual fijó la tarifa de control fiscal a cargo de la
corporación demandante por la suma de $152.254.519. Contra el anterior acto la
interesada presentó recursos de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron
desatados desfavorablemente.
DEMANDA
Pretensiones
La Corporación Interuniversitaria de Servicios – CIS, en ejercicio del medio de control
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, formuló las siguientes pretensiones 3:
“PRIMERA. Que se declare la NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN No. 2012-421-001357-
4 del 28 de junio de 2012, EMANADA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE
ANTIOQUIA por la cual se fija el valor definitivo de la cuota de vigilancia fiscal vigencia
2012 en la suma de ciento cincuenta y dos millones doscientos cincuenta y cuatro mil
quinientos diez y nueve pesos ($152.254.519,00), a la CORPORACIÓN
INTERUNIVERSITARIA DE SERVIVIOS-CIS-.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 2012-421 001541-4 del 30
de julio de 2012, expedida por el Contralor General de Antioquia, mediante la cual se
resuelven negativamente los recursos de reposición y apelación Interpuestos por la CIS
en contra de la Resolución 2012-421-001357-4 del 28 de junio de 2012, la cual fue
enviada para su notificación a la demandante el día 18 de octubre de 2012.
TERCERA: Como consecuencia de las declaraciones anteriores se ordene al
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA a
reintegrar a la CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS, debidamente
actualizadas la suma de dinero contenida en la Resolución 2012-421-001357-4 del 28
de junio de 2012, EMANADA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA por
valor de ciento cincuenta y dos millones doscientos cincuenta y cuatro mil quinientos
diez y nueve pesos ($152.254.519,00), más los intereses moratorios que la entidad
demandada pretenda hacer valer por el no pago oportuno de esta cifra, la cual podrá
ser aumentada o modificada de acuerdo a los periodos de pago que haya alcanzado a
cancelar la demandante.
CUARTA: De acuerdo a la conducta procesal que asuma la entidad demandada
procederá a juicio del Despacho, la condena en costas y agencias en derecho, de
conformidad con lo previsto en el Artículo 171 del CCA subrogado por el artículo 55 de
la ley 446 de 1998.”
Normas violadas
La demandante invocó como normas violadas los siguientes artículos 121, 122, 267,
268 y 272 de la Constitución Política; y 2, 4, 21 y 22 de la Ley 42 de 1993.
Concepto de la violación
Señala que el control fiscal es una función pública atribuible a las contralorías para
vigilar la gestión fiscal de la administración nacional en todos sus niveles y de los
3 Folios 475 al 481 c. p.
2
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particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación; por tanto, se
excluyen los particulares que no manejan fondos o bienes de la Nación, tal como lo es
la Corporación Interuniversitaria de Servicios.
La demandante no es una entidad de carácter público, y no administra ni recibe dineros
públicos de cualquier nivel de la administración, pues su patrimonio solo está
constituido por los dividendos y ganancias que obtiene de su gestión de servicios y del
desarrollo de su objeto social, en desarrollo del cual puede contratar con entidades
públicas o privadas; pero en el primer caso, recibirá recursos como cualquier particular,
en virtud del desarrollo de un contrato.
Afirma que fue incluida irregularmente como sujeto de control fiscal y que, si en gracia
de discusión se considera que los aportes realizados por los miembros fundadores
(Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de Medellín y el Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid) le dan ese carácter, se debió limitar al monto de
estos.
La Corporación demandante es una entidad sin ánimo de lucro a la cual no puede
dársele el tratamiento de una empresa de economía mixta, y la vigilancia del aporte
solo pudo hacerse hasta la entrega de este, lo cual ocurrió por una única vez, según
el artículo 22 de la Ley 42 de 1993.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La Contraloría General de Antioquia se opuso a las pretensiones de la demanda en
los siguientes términos 4:
Sostiene que las contralorías son competentes para ejercer la vigilancia y control fiscal
sobre el manejo de los fondos, bienes o valores del Estado, por lo que en ejercicio de
sus funciones legales y constitucionales expidió la resolución demandada.
La demandante recauda dineros de naturaleza pública, por lo que el criterio que
permite establecer si un organismo o entidad se encuentra sujeta o no al control fiscal
de las contralorías, es el hecho de haber recibido bienes o fondos de la Nación.
De conformidad con el artículo 68 de la Ley 489 de 1998, se determinó que son
entidades descentralizadas los establecimientos públicos, las empresas industriales y
comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta,
las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería
jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos
y las demás que la ley cree o autorice.
Las mencionadas entidades son sujetos pasivos de la cuota de auditaje establecida
en el artículo 9 de la Ley 617 de 2000. Los porcentajes fijados en esta normativa se
determinaron como permanentes y se adicionarían con las cuotas de auditaje de las
empresas industriales y comerciales del Estado, áreas metropolitanas, empresas de
servicios y sociedades de economía mixta, aclarando que los establecimientos
4 Posición 2 SAMAI .
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públicos hacen parte del presupuesto del departamento, conforme al artículo 17 de la
Ley 716 de 2001.
Indica que la Corporación Interuniversitaria de Servicios se encuentra sujeta al control
fiscal, porque fue creada con recursos provenientes del Estado, cuyos aportantes son
la Universidad de Antioquia y el Politécnico Jaime Is aza Cadavid (entidades
descentralizadas del orden departamental), y dentro de sus funciones recauda y
administra recursos del Estado, por lo que resulta ser una entidad descentralizada
indirecta de segundo orden departamental.
Por su parte, el Departamento de Antioquia 5 se pronunció para indicar que, a pesar
de que no tiene legitimación en la causa por pasiva, comparte los argumentos de la
Contraloría General de Antioquia en su contestación.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda. Las
razones de la decisión se resumen así 6:
Indicó que la CIS es una persona jurídica particular sin ánimo de lucro, creada con
aportes públicos y privados, dentro de los cuales concurrieron recursos provenientes
de la Universidad de Antioquia y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid (entidades
descentralizadas del orden departamental), conforme con lo establecido en el
certificado de existencia y representación 7.
Por lo anterior, para el a quo tal hecho se constituye en un elemento de convicción
suficiente para que la demandante sea clasificada como una entidad descentralizada
indirecta o de segundo grado conforme a lo establecido en el artículo 96 de la Ley 489
de 1998.
La naturaleza jurídica de las entidades descentralizadas no desaparece ni está
condicionada a la forma que adopten, dado que lo fundamental para ello es la
participación del patrimonio público en su conformación. Al respecto la Corte
Constitucional 8 sostuvo que el carácter de sociedad de economía mixta no está
condicionado por el porcentaje de participación del Estado en el capital social, sino por
la presencia de este.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante presentó recurso de apelación contra la anterior decisión, con
fundamento en los siguientes argumentos 9:
5 Posición 2 SAMAI.
6 Posición 2 SAMAI.
7 Posición 2 SAMAI - De acuerdo con el acta de la Asamblea de Constitución de la CIS y sus estatutos, la actora
fue creada con recursos de la Universidad de Antioquia, Universidad EAFIT, Universidad Pontifica Bolivariana y la
Universidad Nacional, sede Medellín.
8 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C- 953 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, núm.
único de radicación 2521, D-2525, D-2540, D-2553 y D-2558.
9 Posición 2 SAMAI.
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Para la apelante, erró el Tribunal al considerarla como una entidad descentralizada
indirecta del orden departamental, por cuanto conforme al artículo 69 de la Ley 489 de
1998, las empresas industriales y comerciales del Estado, así como las entidades
descentralizadas se crean a través de una ordenanza o con su autorización, lo cual no
sucede en el presente asunto.
Señaló que la CIS surge por la voluntad de asociarse de varias entidades tanto
públicas como privadas; empero, esto no significa que sea una entidad descentralizada
indirecta o de segundo grado dentro del contexto del artículo 96 de la Ley 489 de 1998,
por cuanto de los estatutos no se puede inferir que se conformó para el cumplimiento
de las actividades propias de las universidades asociadas, sino que se conformó como
una entidad sin ánimo de lucro cuyo objeto principal es integrar los centros de
formación superior, fomentar el trabajo en las comunidades universitarias y proveer de
personal calificado a las distintas empresas públicas y privadas.
Manifiesta que los ingresos obtenidos por la CIS solamente corresponderían a los
obtenidos por los contratos que suscriba con las entidades públicas y empresas
privadas.
Precisó que los aportes entregados por las entidades concurrentes no se revierten a las
mismas, ni como excedentes, ni al momento de su liquidación. Tales entidades tampoco
obtienen beneficios durante la vigencia de la corporación sin ánimo de lucro constituida,
y los recursos percibidos de estas no pueden reputarse como aportes o como
participación en entidades societarias, sino como gastos ordinarios no reembolsables.
Concluyó que la CIS no es una entidad sujeto de control fiscal, toda vez que no maneja
fondos o bienes de la Nación, y el control solo puede recaer sobre los contratos que
realiza con las entidades estatales, el cual se realiza en la génesis o entidad
contratante y no en la demandante, como entidad de derecho privado, la cual solo
desarrolla su gestión en calidad de contratista.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
El demandante reiteró los argumentos de la demanda 10.
La demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda 11.
El Ministerio Público no conceptuó.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante, la Sala debe
determinar la legalidad de los actos demandados, en el sentido de establecer si la
Corporación Interuniversitaria de Servicios – CIS es sujeto pasivo de la tarifa de control
fiscal por la vigencia 2012.
10 Posición 20 SAMAI.
11 Posición 18 y 19 SAMAI.
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Tarifa de control fiscal – sujeción pasiva
La apelante fundamentó su recurso en que no es sujeto pasivo de control fiscal, ni del
pago de la cuota de vigilancia fiscal por la vigencia 2012, dado que esta entidad, de
acuerdo con su objeto social, no cumple actividades propias de las entidades
universidades públicas, ni se enmarca como una entidad descentralizada indirecta del
orden departamental o de segundo grado, y que los aportes entregados por las
entidades públicas fundadoras no pueden ser reclamados, no son recuperables ni
reintegrados a las mismas, razón por la cual no pueden considerarse como aportes o
participación en entidades societarias.
El artículo 2.º de la Ley 42 de 1993 estableció cuáles son los sujetos pasivos de control
fiscal, entre los que se encuentran los particulares que manejen fondos o bienes del
Estado, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de organización o sociedad que
maneje recursos del Estado en lo relacionado con estos del orden nacional 12; las
cuales fueron equiparadas a las que integren la estructura de las administraciones
departamentales y municipales, conforme con el artículo 3 ibidem.13
Conforme con el artículo primero de los estatutos de la CIS 14, esta es una corporación
de utilidad común, de participación mixta, de derecho privado, que persigue intereses
de beneficio social, sin ánimo de lucro, de nacionalidad colombiana, organizada y
regida conforme a la Constitución Política y leyes de la República de Colombia y,
particularmente, regida por el libro I, Título XXXVI del Código Civil colombiano,
constituida con participación de la Universidad de Antioquia, la Universidad EAFIT, la
Universidad Pontifica Bolivariana, y la Universidad Nacional sede Medellín (entidades
públicas y privadas) 15.
El patrimonio de esta entidad sin ánimo de lucro está conformado por: “[…] 1. Los
aportes iniciales de los constituyentes, las donaciones, herencias y legados, aportes,
contribuciones, auxilios y transferencias que reciba la corporación de personas naturales o
jurídicas u organismos nacionales y extranjeros, y de entidades públicas, privadas o mixtas;
todo ello ajustada a la ley; 2. Las reservas legales, estatutarias y voluntarias; 3. La valorización
de activos; 4. Los incrementos patrimoniales, y de los denominados excedentes, que obtenga
por el ejercicio de sus actividades; 5. Cualquier otro ingreso que tenga tal carácter según estos
estatutos […]”.16
12 ARTÍCULO 2o. Son sujetos de control fiscal los órganos que integran las ramas legislativa y judicial, los órganos
autónomos e independientes como los de control y electorales, los organismos que hacen parte de la estructura
de la administración nacional y demás entidades nacionales, los organismos creados por la Constitución Nacional
y la ley que tienen régimen especial, las sociedades de economía mixta, las empresas industriales y comerciales
del Estado, los particulares que manejen fondos o bienes del Estado, las personas jurídicas y cualquier otro tipo
de organización o sociedad que maneje recursos del Estado en lo relacionado con éstos y el Banco de la República.
Se entiende por administración nacional, para efectos de la presente ley, las entidades enum eradas en este
artículo. (Resalta la Sala fuera de texto)
13 ARTICULO 4. SUJETOS DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL. Son sujetos de vigilancia y control fiscal por
parte de la Contraloría General de la República: […]
9. Las entidades u organismos que integran la Rama Ejecutiva del Poder Público tanto del sector central como del
descentralizado por servicios, del orden nacional, conforme a lo previsto en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998 13;
10. Las demás entidades públicas y territoriales que administren bienes o recursos nacionales o que tengan origen
en la Nación; […]
12. Los particulares que cumplan funciones públicas, respecto de los bienes públicos que obtengan o administren
o cuando manejen bienes o recursos de la Nación.
14 Posición 2 SAMAI
15 Así, consta en el Acta de la Asamblea de Constitución de la CIS, Posición 2 SAMAI
16 Artículo 8 del estatuto de constitución Posición 2 SAMAI.
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FALLO
En el certificado de existencia y representación legal de la demandante 17 se hace
constar que “mediante Certificado Especial del 3 de febrero de 1997, expedido por la
Gobernación de Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto 0427
de marzo 5 de 1996, en el cual se indica el reconocimiento de personería jurídica según
Resolución No. 41833, del 23 de noviembre de 1995, inscrito en esta Cámara de Comercio el
10 de marzo de 1997, libro 1º, bajo el No. 1127, se registró una Entidad sin ánimo de lucro
denominada: CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS “CIS” […]”.
En este certificado se registró que la Corporación demandante tiene por objeto “[…]
integrar Centros de Educación Superior, y en especial los Fundadores […] para
fomentar la cultura por el trabajo en las comunidades universitarias y ofrece personal
calificado a las distintas empresas públicas y privadas, en la búsqueda del desarrollo
social, económico y cultural del País […]”.
De todo lo anterior, la Sala observa que la CIS es una persona jurídica sin ánimo de
lucro, constituida con aportes privados y públicos, que tiene por objeto social la
búsqueda del desarrollo social, económico y cultural del país, y se rige por el derecho
privado.
Por el hecho ser una persona jurídica regida por el derecho privado, la corporación
demandante no está exenta del control fiscal, dado que su naturaleza o el régimen
jurídico aplicable a ella no es lo que determina la función fiscalizadora, sino el hecho
de haber recibido aportes públicos, tal como lo señala la sentencia C- 167 de 199518,
en la cual la Corte Constitucional determinó que donde quiera que haya bienes o
ingresos públicos se debe fiscalizar, bajo los siguientes argumentos:
“Para la Corte, la función fiscalizadora ejercida por la Contraloría General de la República
propende por un objetivo, el control de gestión, para verificar el manejo adecuado de los
recursos públicos sean ellos administrados por organismos públicos o privados, en
efecto, la especialización fiscalizadora que demarca la Constitución Política es una
función pública que abarca incluso a todos los particulares que manejan fondos o bienes
de la Nación. Fue precisamente el constituyente quien quiso que ninguna rama del poder
público, entidad, institución, etc., incluyendo a la misma Contraloría General de la
República, quedara sin control fiscal de gestión. Entonces ningún ente, por soberano
o privado que sea, puede abrogarse el derecho de no ser fiscalizado cuando tenga
que ver directa o indirectamente con los ingresos públicos o bienes de la
comunidad; en consecuencia, la Constitución vigente crea los organismos de control
independientes (art. 263) para todos los que manejen fondos públicos y recursos del
Estado, incluyendo a los particulares.”
(Las negrillas y subrayas son de la Sala)
Al efecto, la Ley 489 de 1998 se refirió a las entidades descentralizadas indirectas o
de segundo grado como una modalidad de descentralización administrativa por
servicios, producida o creada a partir de la actuación asociativa de entidades estatales
con la concurrencia de particulares (personas jurídicas), y cuyo capital está constituido
por aportes estatales y de particulares. Asimismo, estableció que las entidades
públicas pueden asociarse con personas jurídicas particulares 19; así lo conceptuó la
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado20, quien señaló que
17 Posición 2 SAMAI.
18 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C- 167 de 20 de abril de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz, núm. único
de radicación D-754.
19 Artículo 96 de la Ley 489 de 1993.
20 CONSEJO DE ESTADO, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 9 de julio de 2015, Expediente 11001-
03-06-000-2015-00001-00(2242). C.P. Germán Alberto Bula Escobar.
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“tratándose de una persona jurídica mixta de las previstas en la norma que se comenta,
su creación ha de tener origen, necesariamente, en una entidad estatal ya existente,
que concurre al acto con particulares, por lo que se está en presencia de una entidad
descentralizada indirecta o de segundo grado.”
Por lo anterior, para la Sala, la Corporación Interuniversitaria de Servicios, al tratarse
de una persona jurídica sin ánimo de lucro de carácter mixto, debe ser clasificada como
una entidad descentralizada indirecta o de segundo grado, de suerte que es sujeto
pasivo de control fiscal y del pago de la cuota de vigilancia fiscal por la vigencia 2012.
En estos mismos términos, la Sección Primera de esta Corporación resolvió un caso
con identidad de partes y argumentos, pero por la vigencia fiscal 201121.
Ahora, la Sala considera necesario recordar que, mediante sentencia del 5 de octubre de
2017, el Tribunal Administrativo de Antioquia desestimó los argumentos presentados por
la demandante contra la Resolución 365 del 16 de febrero de 2010, mediante la cual se
declaró sujeto pasivo de la tarifa de control fiscal a la Corporación Interuniversitaria de
Servicios, en concordancia con lo dicho en el presente asunto.
Si bien los aportes entregados por universidades públicas para la constitución de la
corporación no pueden ser reclamados, recuperados, reinvertidos, ni reintegrados a
dichas entidades, y que la demandante no recibe por parte de entidades públicas o
privadas aportes o cuotas de sostenimiento, lo cierto es que no pueden dejar de ser
reconocidos como aportes o participación estatal, en la medida en que provienen de
entidades estatales.
Condena en costas
Conforme a lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, y 365 numeral 8 del Código General del Proceso,
no procede la condena en costas, por cuanto en el expediente no se encuentran
pruebas que las demuestren o justifiquen, razón por la cual no se condena en esta
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 15 de diciembre de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, conforme lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
21 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Sección Primera. Sentencia del 27
de mayo de 2021. Expediente 05501233100020120036501. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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FALLO
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección Ausente con permiso
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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