Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2013-00763-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2013-00763-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-33-000-2013-00763-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 05001 23 33 000 2013 00763 01
Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Debido proceso en el régimen cambiario / documentos en idioma
extranjero.
Decisión: Revocar la sentencia del 26 de febrero de 2014, dictada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, que denegó las
pretensiones de la demanda. En su lugar, declarar la nulidad de los actos
administrativos demandados; ordenar a la DIAN que excluya a la
demandante de la lista de deudores morosos por concepto de los actos
declarados nulos; y negar las demás pretensiones de la demanda.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala se pronuncia sobre el recurso de apelación interpuesto por la sociedad C.I.
GOLDEX S.A.S. contra la sentencia del 26 de febrero de 2014, dictada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad que denegó las pretensiones de
la demanda y condenó en costas a la parte actora.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
C.I. GOLDEX S.A.S., actuando por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda1
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo2, en contra de la DIAN, en la cual formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA: Que se declare Nula la Resolución No. 1-90-201-241-601-1506 del 13 de junio
de 2012 por medio del cual se impone una sanción cambiaria a mi representada por un
valor de $215.909.683 (sic) expedida por la División de Gestión de Liquidación la Dirección
Seccional de Aduanas de Medellín.
SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, se declare la nulidad de la
Resolución 1-90-201-236-408-31 del 13 (sic) de enero de 2013 expedida por la jefe de la
División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, por medio
1 La demanda fue radicada el 6 de mayo de 2013. Folios 4 a 18 del expediente digitalizado que obra en el
índice 46 Samai.
2 En adelante, CPACA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 05001233300020130076301
Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S.
Demandado: DIAN
de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución 1506
del 13 de junio de 2012, confirmándola en todas sus partes.
TERCERA: RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
• Que se excluya a mi representada de la lista de deudores morosos de la DIAN.
• Que se condene a la demandada por su (sic) actuar de la Dirección Seccional de
aduanas de MEDELLIN al pago de los costos en que se ha incurrido con el pago de
honorarios de profesionales, para la defensa en todas las etapas procesales.
CUARTO: La liquidación de las anteriores condenas deberá efectuarse mediante sumas
liquidas de moneda de curso legal en Colombia, y se ajustarán dichas condenas tomando
como base el índice de precios del consumidor que certifique el DANE, o conforme a lo
dispuesto en la ley1437 de 2011.
QUINTO: Para el cumplimiento de la sentencia se ordenará la aplicación del artículo 188,
189 y 192 del Código Contencioso Administrativo (sic).
SEXTO: Solicito se condene a la parte demandada al pago de los gastos, costas judiciales
y agencias en derecho, en el evento de que las anteriores pretensiones sean favorables
a mi poderdante3 (mayúsculas sostenidas y negritas del texto original).
1.2. Hechos probados
De acuerdo con los planteamientos de las partes y las pruebas obrantes en el expediente,
la controversia tiene origen en los siguientes hechos:
1.2.1. La empresa C.I. GOLDEX S.A.S. exportó a su cliente en Estados Unidos, Republic
Metals Corp. oro en barra, así: (i) 100.461,40 gramos el 2 de agosto de 2010, por valor
total de USD3.191.658,67, operación que consta en la declaración de exportación - DEX
6007516113897 y (ii) 86.527,30 gramos el 6 de agosto de 2010, por valor total de
USD2.792.235,97. Esta operación consta en la declaración de exportación - DEX
6007516282847.
1.2.2. El 14 de septiembre de 2010, la DIAN realizó una visita administrativa de control y
verificación de las obligaciones aduaneras y cambiarias en las instalaciones de la
sociedad C.I. GOLDEX S.A.S.
1.2.3. La División de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín
profirió el acto de formulación de cargos 90-238-423-301-1081 de 6 de mayo de 2012,
contra la empresa C.I. GOLDEX S.A.S., por la presunta violación de los artículos 2, 7, 9
y 15 de la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República,
en concordancia con el numeral 4 de la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 del 21
de noviembre de 2003 y sus modificaciones.
Según la DIAN, los valores pagados por la empresa Republic Metals Corp. fueron
menores a los valores canalizados por la actora.
1.2.4. Mediante la Resolución 1-90-201-241-601-1506 del 13 de junio de 2012, la DIAN
impuso a la empresa C.I. GOLDEX S.A.S. una multa por valor de trescientos cincuenta y
un millones seiscientos treinta y cinco mil sesenta y ocho pesos ($351.635.068).
3 Folio 7 del expediente digitalizado que obra en el índice 46 Samai.
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Radicado: 05001233300020130076301
Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S.
Demandado: DIAN
1.2.5. A través de la Resolución 1-90-201-236-408-31 del 10 de enero de 2013, la DIAN
resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó en su integridad
el acto administrativo recurrido.
1.3. Normas invocadas como infringidas y concepto de la violación
1.3.1. C.I. GOLDEX S.A.S. invocó como violados los artículos 1, 2, 3, 13, 22, 23, 29, 60,
83, 123, 209 y 228 de la Constitución Política; los artículos 3, 40, 42, 44 y 138 del CPACA
y los artículos 2, 236, 471, 512 y 520 del Decreto 2685 de 1999.
1.3.2. En el concepto de la violación expuso los siguientes cargos:
1.3.2.1. Violación del artículo 1º de la Constitución Política
Sostuvo que el respeto por la dignidad humana impone a los funcionarios públicos el
deber de garantizar y respetar los derechos fundamentales de los administrados. Afirmó
que tales derechos fueron vulnerados por la entidad demandada al desconocer que el
borrador de la factura de compra (purchase invoice), en el cual la DIAN fundamentó la
decisión de sancionar a la demandante, no constituye un documento soporte de carácter
aduanero ni cambiario en las operaciones de exportación.
Señaló que la DIAN incorporó al expediente un documento que, si bien se encontraba en
la carpeta correspondiente a la operación, correspondía a un borrador con anotaciones
manuscritas y carecía de validez como soporte oficial de la transacción.
1.3.2.2. Violación de los artículos 22 y 23 de la Constitución Política
Afirmó que la DIAN desconoció el derecho a la paz y a la pronta resolución de las
peticiones respetuosas, pues, al amparo de sus facultades de control posterior, inició una
visita en las instalaciones de la empresa, conformó un expediente y otorgó validez
probatoria a un borrador de documento, lo cual —según sostiene— afectó la tranquilidad
de los exportadores.
Señaló que, por provenir del exterior, la purchase invoice debía cumplir determinados
requisitos para que pudiera ser valorada como prueba dentro de la actuación
administrativa.
Indicó que la DIAN incurrió en varios errores al imponer la sanción y posteriormente
confirmarla, puesto que no practicó las diligencias necesarias para verificar la
autenticidad del documento en el exterior ni obtuvo respuesta sobre dicha verificación, a
pesar de que ese elemento constituyó la prueba determinante de la supuesta infracción.
1.3.2.3. Violación del artículo 83 de la Constitución Política
Según la actora, la DIAN actuó de mala fe, dado que la declaración de exportación, la
factura comercial y los valores efectivamente recibidos por el cliente coinciden
plenamente con las declaraciones cambiarias.
No obstante, la autoridad pretendió otorgar valor probatorio a un documento que carece
de legitimidad para tal efecto, puesto que no corresponde a los documentos que la
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Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S.
Demandado: DIAN
legislación aduanera reconoce como necesarios para acreditar las exportaciones y su
respectivo pago. Además, resaltó que se trató de un borrador elaborado al inicio de la
negociación para la compraventa de oro.
1.3.2.4. Violación del artículo 123 de la Constitución Política
Para la demandante, la entidad pública se apartó de los principios que rigen el debido
proceso al realizar una valoración indebida de la prueba, al otorgar valor probatorio a un
documento que correspondía a un borrador de factura de compra (purchase invoice), el
cual carecía de legitimidad para tal efecto.
Adicionalmente, tratándose de un documento presuntamente proveniente del exterior, no
podía ser valorado sin el cumplimiento de las formalidades previstas en el Código de
Procedimiento Civil. En criterio de la actora, la entidad demandada, en desarrollo del
principio de búsqueda de la verdad material, debió exigir que el documento fuera
certificado por el comprador en el exterior o, al menos, recabar una declaración que
acreditara que la operación en efecto se realizó.
1.3.2.5. Violación de los artículos 2 y 209 de la Constitución Política
La parte actora sostuvo que la DIAN incumplió uno de los fines esenciales del Estado,
consistente en garantizar los derechos de los administrados, al omitir una valoración
integral del material probatorio. Señaló que la entidad desconoció la fuerza demostrativa
de documentos como las declaraciones de exportación, las facturas de venta y las
declaraciones de cambio, los cuales evidenciaban la realidad de la operación.
No obstante, la entidad otorgó mayor valor probatorio a un documento en borrador,
presuntamente proveniente del exterior, que no refleja la verdad material de la
transacción.
1.3.2.6. Violación del artículo 29 de la Constitución Política y de los artículos 3 y 40 del
Código Contencioso Administrativo
Los actos administrativos demandados vulneraron el derecho fundamental al debido
proceso, toda vez que se expidieron sin verificar la autenticidad de los documentos en el
exterior, sin solicitar al comprador la certificación correspondiente sobre la operación
comercial real y sin indagar sobre el giro efectuado para el pago de las facturas 1287 y
1290 de 2010.
1.3.2.7. Violación de los artículos 42 y 44 del Código Contencioso Administrativo
Resaltó que, para garantizar el principio de legalidad de los actos administrativos, el
legislador ha exigido que estos se encuentren debidamente motivados, de manera seria,
real y suficiente, con plena correspondencia entre los hechos acreditados y la normativa
aplicable. En consecuencia, cuando la motivación se sustenta en apreciaciones inexactas
o contrarias a la realidad, el acto administrativo debe ser revocado en sede administrativa
o declarado nulo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por configurarse una
falsa motivación.
La adecuada fundamentación de los actos administrativos, en armonía con los hechos
demostrados y las normas aplicables, constituye una garantía esencial para la protección
de los derechos de los administrados. El principio de legalidad exige, además, que todas
las actuaciones administrativas se desarrollen con respeto por el debido proceso, lo que
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Radicado: 05001233300020130076301
Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S.
Demandado: DIAN
implica valorar integralmente las pruebas allegadas al expediente y evitar
interpretaciones que agraven injustificadamente la situación del administrado.
1.3.2.8. Violación del artículo 2 del Decreto 2685 de 1999
Indicó que, tanto el procedimiento adelantado por la DIAN como los actos administrativos
por ella expedidos vulneraron los principios de eficacia y justicia consagrados en el
artículo 2 del Decreto 2685 de 1999, los cuales deben orientar la actuación de los
funcionarios públicos.
Como consecuencia de ello, se afectaron los derechos del administrado y se le colocó en
una situación de indefensión.
1.3.2.9. Violación de los artículos 512 y siguientes del Decreto 2685 de 1999
Los artículos 512 y siguientes del Decreto 2685 de 1999 establecen el procedimiento
administrativo aplicable para la imposición de sanciones por infracciones aduaneras, la
determinación de la situación jurídica de la mercancía y la expedición de liquidaciones
oficiales.
En el presente caso, dicho procedimiento no se observó de manera adecuada, toda vez
que la actuación administrativa adelantada por la DIAN se fundamentó en una valoración
insuficiente del material probatorio.
II. TRÁMITE DE LA DEMANDA
2.1. Mediante auto del 9 de mayo de 20134, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Oralidad, admitió la demanda y ordenó correr traslado a la DIAN.
2.2. La DIAN5 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de la demanda con
base en los siguientes argumentos:
2.2.1. La sociedad C.l. GOLDEX S.A.S. realizó operaciones de exportación de oro, a
través de las Declaraciones 6007516113897 del 2 de agosto de 2010 y 6007516282847
del 6 de agosto de 2010, con destino al comprador en el exterior Republic Metals Corp.,
operaciones que sintetizó de la siguiente manera:
(i) Declaración 6007516113897 del 2 de agosto de 2010
SAE Y FECHA VALOR FOB MERCANCIA FACTURA DESCRIPCIÓN PURCHASE REFERENCIA QUE SE
OBJETO DE EXPEDIDA POR MERCANCIA INVOICE INDICA EN EL
EXPORTACIÓN C.C. GOLDEX SEGÚN EXPEDIDA POR DOCUMENTO
S.A. Y VALOR FACTURA REPUBLIC PURCHASE INVOICE
A REPUBLIC METALS A C.I. EXPEDIDA POR
METALS GOLDEX S.A.S. REPUBLIC METALS
ORO EN ORO EN SET 12507 del
6027518957607 USD$3.191.659 BARRAS FACTURA No. BARRAS 13/08/2010 1287
del 29/07/2010 CANTIDAD 1287 POR 100.461,40 VALOR
100.46 KILOS USD$3.191.659 3085.403,66
(ii) Declaración 6007516282847 del 6 de agosto de 2010
SAE Y FECHA VALOR FOB MERCANCIA FACTURA DESCRIPCIÓN PURCHASE REFERENCIA QUE SE
OBJETO DE EXPEDIDA POR MERCANCIA INVOICE INDICA EN EL
EXPORTACIÓN C.C. GOLDEX SEGÚN EXPEDIDA POR DOCUMENTO
S.A. Y VALOR FACTURA REPUBLIC PURCHASE INVOICE
4 Folio 113 del expediente digitalizado que obra en el índice 46 Samai.
5 Folios 166 a 187 ibidem.
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Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S.
Demandado: DIAN
A REPUBLIC METALS A C.I. EXPEDIDA POR
METALS GOLDEX S.A.S. REPUBLIC METALS
ORO EN ORO EN SET 12499 DEL
6027519145216 USD$2.792.236 BARRAS FACTURA No. BARRAS 12/08/2010 1290
del 03/08/2010 CANTIDAD 1290 POR 86.527,30 VALOR
86.52 KILOS USD$2.792.236 2.703.251,33
Con ocasión de las operaciones descritas, se realizó la canalización de las divisas a
través del intermediario del mercado cambiario Compañía de Profesionales de Bolsa S.A.
– Corredores Asociados S.A., de la siguiente manera:
SAE Y FECHA DECLARACIONES DE CAMBIO F.2 MONTO CANALIZADO TOTAL MAYOR VALOR
REINTEGRADO REINTEGRADO
13536 DEL 13/09/2010 USD$42.344,00
6007516113897 del 11843 DEL 10/08/2010 USD$349.255,00
2 de agosto de 2010 88597 DEL 03/08/2010 USD$100.000
88513 DEL 02/08//2010 USD$250.000
88486 DEL 30/07/2010 USD$100.000
11564 DEL 30/08/2010 USD$300.060
11502 DEL 02-08-2010 USD$200.000 USD$3.191.659,00 USD$106.255,34
11503 DEL 02-08-2010 USD$500.000
11504 DEL 023-08-2010 USD$400.000
88435 DEL 30-07-2010 USD$700.000
88484 DEL 30-07-2010 USD$250.000
13536 DEL 13/09/2010 USD$8.086,62
12587 DEL 24/08/2010 USD$244.149,38
6007516282847 del 11780 DEL 09/08/2010 USD$100.000 USD$2.792.236,00 USD$88.984,67
06/08/2010 88861 DEL 06/08/2012 USD$160.000
88860 DEL 06/08/2010 USD$790.000
88673 DEL 04/08/2010 USD$900.000
88849 DEL 05/08/2010 USD$250.000
88859 DEL 06/08/2010 USD$340.000
2.2.2. Aclaró que el documento denominado Purchase Invoice SET 12507 del 13 de
agosto de 2010, correspondiente a la DEX 60075116113897 expedida por la empresa
Republic Metals Corporation, da cuenta de la transacción del oro con lote L120633, por
un valor inferior al canalizado a través del intermediario del mercado cambiario.
2.2.3. Por su parte, la Purchase Invoice SET 12499 del 12 de agosto de 2010,
correspondiente a la DEX 007516282847 expedida por la Republic Metals Corporation,
da cuenta de la transacción del oro con lote L120746, por un valor también inferior al
canalizado a través del intermediario del mercado cambiario.
2.2.4. Los documentos denominados Purchase Invoice SET 12507 y SET 12499 fueron
aportados por la propia sociedad C.I. GOLDEX S.A.S. con ocasión de la visita practicada
el 14 de septiembre de 2010, según consta en el Acta 190201238675.
2.2.5. La entidad otorgó mérito probatorio a dichos documentos y los valoró conforme a
las reglas de la sana crítica. Sostener lo contrario, esto es, que no fueron debidamente
allegados al proceso o que se valoraron indebidamente, equivaldría a afirmar que la
sociedad C.I. GOLDEX S.A.S. suministró documentación que no corresponde a la
realidad.
2.2.6. Los documentos Purchase Invoice SET 12507 del 13 de agosto de 2010 y SET
12499 del 12 de agosto de 2010 constituyen prueba válida para acreditar la ocurrencia
de la infracción administrativa al régimen cambiario, consistente en canalizar a través del
mercado cambiario un valor superior al real de la operación. La entidad destaca que tales
documentos no fueron tachados de falsos por C.I. GOLDEX S.A.S.
2.2.7. Aunque en las operaciones de exportación de oro pueden presentarse diferencias
entre los documentos de exportación y los reintegros de divisas debido a la calidad, la
merma en el proceso de fundición o el contenido del metal, en el presente caso el valor
del oro exportado resultó inferior al valor facturado por el exportador. Por lo tanto, los
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Radicado: 05001233300020130076301
Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S.
Demandado: DIAN
montos consignados en los documentos Purchase Invoice SET 12507 del 13 de agosto
de 2010 y SET 12499 del 12 de agosto de 2010 debieron ser canalizados conforme al
valor real de la operación, y no por un monto superior.
2.2.8. Aunque por la naturaleza de la mercancía (oro) pueden presentarse fluctuaciones
en su negociación, conforme a las reglas de la sana crítica resulta razonable concluir que
los compradores verifican la calidad y el valor de la mercancía recibida antes de efectuar
el pago. Bajo este entendido, los documentos purchase invoice antes mencionados
constituyen elementos idóneos para determinar el valor real de la operación, pues resulta
improbable que un comprador pague un monto superior al valor efectivamente recibido.
2.2.9. No es cierto, como sostiene la demandante, que dichos documentos debieran
verificarse directamente en el exterior. La DIAN efectuó los exhortos correspondientes, y
la falta de respuesta de la empresa extranjera no impidió la continuidad del procedimiento
administrativo. En aplicación del principio constitucional de buena fe, la autoridad
reconoció la autenticidad y la eficacia probatoria de los documentos en la forma y estado
en que se encontraban en las instalaciones de la sociedad demandante, valorándolos
bajo la sana critica.
2.3. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 180 del CPACA, el despacho
sustanciador del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, celebró
audiencia inicial el 25 de octubre de 20136, a la cual asistieron las partes demandante y
demandada.
El Despacho fijó el litigio de la siguiente manera:
Corresponderá a la Sala resolver si los actos administrativos expedidos por la entidad
demandada DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN-, esto es,
las Resoluciones Nos. 1-90-201-241-601-1506 del trece (13) de mayo (sic) de 2012 y 1-
90-201-236-408-31 del diez (10) de enero de 2013, están viciadas de nulidad por las
razones expuestas por la sociedad accionante y si como consecuencia de ello, hay lugar
al restablecimiento del derecho en la suma discutida, en tanto la Administración Tributaria
alega un valor superior al real de las operaciones de exportación realizadas por la
sociedad accionante con la Empresa REPUBLIC METALS los días dos (2) y seis (6) de
agosto de 2010 (mayúsculas sostenidas del texto original).
El Despacho agotó las distintas etapas de la audiencia y corrió traslado para alegar de
conclusión.
2.4. La demandante7 y la DIAN8 presentaron escritos de alegatos de conclusión. El
Ministerio Público no rindió concepto.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante sentencia del 26 de febrero de 20149, el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Segunda de Oralidad, resolvió:
PRIMERO: NEGAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
6 Folios 200 a 207 del expediente digitalizado que obra en el índice 46 Samai.
7 Folios 255 a 260 ibidem.
8 Folios 251 a 254 ibidem.
9 Folios 262 a 284 ibidem.
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Radicado: 05001233300020130076301
Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S.
Demandado: DIAN
SEGUNDO. SE CONDENA EN COSTAS a la Sociedad accionante C.I. GOLDEX S.A., las
que serán liquidadas por la Secretaría y se fija como agencias en derecho la suma de
TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SEIS
PESOS ($35.163.506).
TERCERO. NOTIFÍQUESE ESTA SENTENCIA de conformidad con el artículo 203 del
C.P.A.C.A. (mayúsculas sostenidas y negritas del texto original).
Para el Tribunal, la parte demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de
las Resoluciones 1-90-201-241-601-1506 del 13 de junio de 2012 y 1-90-201-236-408-
31 del 10 de enero de 2013, mediante las cuales la DIAN la sancionó por canalizar, a
través del mercado cambiario, un valor superior al real de la operación de exportación de
oro, con fundamento en las siguientes consideraciones:
3.1. La demandante no demostró el fundamento de sus pretensiones ni del derecho que
invoca. Por el contrario, asumió una actitud pasiva frente a su deber de colaborar en el
acopio del material probatorio. A lo largo del proceso se evidenció su inactividad para
aportar pruebas idóneas que acreditaran los hechos alegados.
3.2. La accionante sostuvo que el valor de las exportaciones realizadas a la sociedad
Republic Metals Corporation corresponde al reportado en las facturas de venta y no al
señalado en las facturas expedidas por la empresa compradora. Sin embargo, desconoce
que dichos documentos fueron aportados cuando la entidad accionada requirió la
totalidad de la documentación soporte de las declaraciones de exportación
6007516113897 y 6007516282847, en el marco de la inspección aduanera de
fiscalización practicada en las instalaciones de la sociedad accionante el 14 de
septiembre de 2010.
3.3. Si la sociedad demandante pretendía desconocer los valores consignados en los
documentos aportados por ella misma, le correspondía aportar la supuesta factura de
compra expedida por la empresa extranjera en la que constara el valor real de la
operación, o allegar algún elemento probatorio que desvirtuara la información contenida
en uno de los soportes de las operaciones de exportación referidas.
3.4. La autoridad demandada otorgó valor probatorio a un documento aportado dentro
del proceso de investigación cambiaria por la misma sociedad investigada, como soporte
de sus operaciones de exportación. En consecuencia, no resulta de recibo afirmar que
dicho documento no correspondía al soporte real de la operación, más aún si no se allegó
al expediente prueba alguna que desvirtuara la conclusión de que el valor señalado en la
factura de compra expedida por la sociedad Republic Metals Corporation no correspondía
al monto real de la operación.
3.5. Resulta contradictorio que la sociedad accionante haya afirmado, en una de las
respuestas a los requerimientos efectuados por la entidad accionada, que sostenía
negociaciones diarias con la sociedad Republic Metals Corporation y, sin embargo,
durante la actuación administrativa adelantada por la DIAN —que se prolongó por más
de dos años— no hubiera aportado prueba alguna que certificara el valor real pagado por
las operaciones de exportación ni la supuesta factura real de compra emitida por dicha
empresa extranjera.
3.6. El Tribunal destacó que es obligación de los particulares que realizan operaciones
de cambio conservar los documentos que acrediten el monto, las características y las
demás condiciones de la operación, así como el origen o destino de las divisas, según el
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Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S.
Demandado: DIAN
caso, por un período igual al de caducidad o prescripción de la acción sancionatoria por
infracciones al régimen cambiario.
3.7. Igualmente, señaló que antes de imponer la sanción cambiaria contenida en las
resoluciones demandadas, la DIAN requirió a la sociedad Republic Metals Corporation
para que remitiera todos los documentos soporte de las exportaciones referidas en las
declaraciones 6007516113897 y 6007516282847. No obstante, dicha sociedad no
atendió tales requerimientos.
3.8. Finalmente, el Tribunal resaltó que la carga de acreditar ante la DIAN los valores
reales de las operaciones de exportación corresponde a quien presenta las declaraciones
respectivas y canaliza, a través del mercado cambiario, las divisas producto de dichas
operaciones; en este caso, la sociedad C.I. GOLDEX S.A.S.
3.9. En consecuencia, el Tribunal denegó las pretensiones de la demanda y condenó en
costas a la parte actora.
IV. EL RECURSO DE APELACIÓN
C.I. GOLDEX S.A.S. interpuso recurso de apelación10, en el cual solicitó la revocatoria de
la sentencia del 26 de febrero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda de Oralidad y sostuvo que los valores exportados, facturados y
reintegrados en las operaciones de exportación contenidas en las DEX 6007516113897
y 6007516282847 coinciden plenamente con los soportes legalmente exigidos. La
sociedad expuso los siguientes reparos frente al fallo de primera instancia:
4.1. Refirió que el a quo negó las pretensiones al considerar que no se aportaron pruebas
que permitieran desvirtuar los valores reales de la operación de exportación. No obstante,
tal afirmación no corresponde a la realidad, pues con la demanda se allegaron los
documentos aduaneros y cambiarios legalmente exigidos para este tipo de operaciones.
4.2. En relación con las purchase invoice, documentos con los que la DIAN sustentó la
sanción impuesta mediante los actos administrativos demandados, resaltó que la
controversia no radica en la legalidad de su incorporación al expediente, dado que dichos
borradores fueron recaudados válidamente durante la visita de inspección practicada por
la entidad a la sociedad C.I. GOLDEX S.A.S.
4.3. Por el contrario, la discusión del caso se centra en la validez de dichos documentos
dentro del proceso, toda vez que, conforme a la legislación aduanera y cambiaria, la
factura de compra no constituye un soporte de la operación de exportación. Según el
Concepto 139 de 2001 de la DIAN, “los documentos soporte de una exportación son: el
que acredite la operación que dio lugar a la exportación; los vistos buenos o
autorizaciones cuando a ello hubiere lugar; y el mandato, cuando actúe como declarante
una Sociedad de Intermediación Aduanera o un apoderado”.
4.4. Afirmó que no infringió la legislación cambiaria, pues cumplió con las obligaciones
previstas para los residentes exportadores, quienes deben canalizar, a través del
mercado cambiario, las divisas provenientes de sus exportaciones, incluidas aquellas
recibidas en efectivo directamente del comprador del exterior, dentro de los seis (6)
meses siguientes a la fecha de su recibo, ya sea que correspondan a exportaciones
realizadas o a pagos anticipados por futuras exportaciones de bienes.
10 Folios 289 a 298 del expediente digitalizado que obra en el índice 46 Samai.
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Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S.
Demandado: DIAN
4.5. Reprochó que el tribunal no realizó un análisis integral de los documentos aportados
como soporte de la exportación y de las declaraciones de cambio. En efecto, por regla
general, lo que debe verificarse es que la mercancía exportada sea la misma que se
factura como vendida y que el valor correspondiente sea el efectivamente reintegrado a
través del mercado cambiario, esto es, el consignado en la respectiva declaración de
cambio.
4.6. En ese sentido, censuró que, a pesar de que el Tribunal mencionó los documentos
allegados al proceso, concluyó que no se aportaron pruebas suficientes, lo cual evidencia
una indebida valoración del material probatorio y, en consecuencia, una vulneración del
debido proceso. En particular, se le otorgó valor probatorio determinante a unos
documentos que no constituyen soporte legal de una operación de exportación, como lo
son las purchase invoice, para concluir que se reintegró un valor superior al real de la
operación.
4.7. Señaló que el Tribunal centró su argumentación en reiterar lo expuesto por la entidad
demandada y en que la parte actora no desvirtuó el valor probatorio otorgado a las
purchase invoice, pese a que los demás documentos y circunstancias del caso
evidencian lo contrario.
4.8. En ese sentido, resaltó que las declaraciones de exportación, los montos canalizados
a través del intermediario del mercado cambiario y los valores consignados en las
facturas de venta coinciden plenamente. Sin embargo, el juzgador de primera instancia
consideró que no se aportó prueba adicional que permitiera corroborar el valor real de las
divisas recibidas, como podría ser una certificación de la empresa compradora.
4.9. Agregó que el Tribunal pasó por alto que durante la visita de inspección, el
funcionario de la DIAN actuó con autonomía y decidió cuáles documentos de la carpeta
exhibida serían incorporados al expediente. En consecuencia, el aporte de los borradores
de facturas de compra no dependió de la voluntad de la sociedad. Si se aceptara, a título
hipotético, que dichos documentos pudieran servir para algún acto de defraudación,
carecería de sentido conservarlos en la carpeta para ser utilizados en perjuicio de la
demandante. Su inclusión se explica por tratarse de unos borradores empleados como
punto de partida en las negociaciones, que no refleja el resultado final del negocio
celebrado.
4.10. Censuró la condena en costas y agencias en derecho pues, aunque el valor no
excede lo previsto en la normativa aplicable, resulta gravoso para la sociedad, dado que
la negativa de las pretensiones implica el pago total de la sanción en favor de la entidad
demandada.
4.11. Por último, solicitó “decretar y tener como prueba, la certificación con destino al
proceso de los pagos realizados en las operaciones materia de litigio por parte de
REPUBLIC METALS, en los términos y condiciones del código de procedimiento civil para
que sean tenidas en cuenta, la que aportare en el momento que sea recibida”.
Posteriormente, aportó un documento suscrito por el gerente de ventas mundial de la
empresa Republic Metals Corporation11.
V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
5.1. El recurso de apelación fue admitido mediante proveído del 14 de mayo de 201512.
11 Folios 332 y 333 del expediente digitalizado y que obra en el índice 46 de Samai.
12 Folio 315 del expediente digitalizado y que obra en el índice 46 de Samai.
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5.2. Por auto del 7 de septiembre de 201513 se negó la práctica de la prueba solicitada
por la recurrente. Contra la anterior decisión la parte actora interpuso recurso de súplica 14.
5.3. El recurso de súplica fue resuelto por auto del 17 de marzo de 201615 en el que se
confirmó la decisión de negar la práctica de pruebas.
5.4. Luego, mediante auto de 8 de octubre de 201816, el magistrado sustanciador corrió
traslado a las partes por el término de diez (10) días para que presentaran sus alegatos
de conclusión, y al Ministerio Público para que rindiera concepto.
5.4.1. C.I. GOLDEX S.A.S. presentó escrito de alegatos de conclusión17 en el que reiteró
los argumentos de la demanda y el recurso de apelación.
5.4.2. La DIAN presentó escrito de alegatos de conclusión18 en el que reiteró los
argumentos de la contestación de la demanda.
5.4.3. El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, expedido
por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto en segunda instancia.
6.2. Actos demandados
6.2.1. La Resolución 1-90-201-241-601-1506 del 13 de junio de 2012 expedida por la Jefe
de la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de
Medellín de la DIAN, resuelve lo siguiente:
ARTICULO PRIMERO: Imponer a la sociedad C.l. GOLDEX S.A. con NIT. 811.030.022-2,
y en aplicación del principio de favorabilidad una multa a favor del Tesoro Nacional por la
suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/L ($351.635.068), de conformidad con el
numeral 9 del artículo 3° del Decreto 2245 de 2011, por violación de los artículos 2, 7, 9 y
15 de la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República y el
numeral 4° de la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 de noviembre 21 de 2003 y sus
posteriores modificaciones vigentes a la fecha de ocurrencia de los hechos, por canalizar a
través del mercado cambiado un valor superior al valor real de la operación con respecto a
las exportaciones con formularios números 6007516113897 del 2 de agosto de 2010 y
6007516282847 del 6 de agosto de 2010, incumpliendo con las condiciones que establece
el régimen de cambios y según lo expuesto en la parte motiva de este acto.
13 Folios 321 a 324 del expediente digitalizado y que obra en el índice 46 de Samai.
14 Folios 329 a 331 ibidem.
15 Folios 377 a 383 del expediente digitalizado y que obra en el índice 46 de Samai.
16 Folio 732 ibidem.
17 Folios 739 a 746 ibidem.
18 Folios 747 a 751 ibidem.
11
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Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S.
Demandado: DIAN
ARTICULO SEGUNDO: Notificar esta resolución por correo certificado a la sociedad C.l.
GOLDEX S.A. con NIT. 811.030.022-2, en calidad de investigada, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1092 de 1996.
ARTICULO TERCERO: Informar al Investigado que contra la presente Resolución procede
únicamente Recurso de Reposición, el cual deberá presentarse ante el GIT de
Documentación de la División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección
Seccional de Aduanas de Medellín y dirigido a la División de Gestión Jurídica de la misma
Dirección, dentro del mes siguiente a la notificación, de conformidad con el artículo 25 del
Decreto 1092 de 1996.
ARTICULO CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, remitir copia a la División de
Gestión de Cobranzas y al GIT Contabilidad de la División de Gestión de Recaudo de la
Dirección Seccional de Impuestos de Medellín para lo de su competencia, y una para el
expediente el cual será remitido al GIT de Documentación de la División de Gestión
Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, para su
archivo definitivo (mayúsculas sostenidas y negritas del texto original).
6.2.2. La DIAN a través de la Resolución 1-90-201-236-408-31 del 10 de enero de 2013,
suscrita por la Jefe de la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de
Aduanas de Medellín de la DIAN, resolvió:
ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de la presente providencia, la resolución No. 1902012410601-1506 del 13 de junio de
2012, por medio de la cual la División de Gestión de Liquidación de esta Dirección le impuso
a la Sociedad C.l. GOLDEX S.A., NIT.811.030.022-2, una multa favor del Tesoro Nacional
por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA
Y CINCO MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/L ($351.635.068), de conformidad con el
numeral 9 del artículo 3° del Decreto 2245 de 2011, en aplicación del principio de
favorabilidad, por violación de los artículos 2, 7, 9 y 15 de la Resolución Externa 8 de 2000
de la Junta Directiva del Banco de la República y el numeral 4° de la Circular Reglamentaria
Externa DCIN-83de noviembre 21 de 2003 y sus posteriores modificaciones vigentes a la
fecha de ocurrencia de los hechos, por canalizar a través del mercado cambiado un valor
superior al valor real de la operación con respecto a la exportación con formularios número
6007516113897 del dos de agosto de 2010 y 6007516282847 del seis de agosto de 2010,
incumpliendo con las condiciones que establece el régimen de cambio.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar esta resolución personalmente a la sociedad C.l.
GOLDEX S.A. (sic), NIT.811.030.022-2, de conformidad con el inciso segundo del artículo
14 y 18 del Decreto 1092 de 1996.
ARTICULO TERCERO: Compulsar copia de este proveído, y de la Resolución No.
1902012410601-1506 del 13 de junio de 2012, a la División de Gestión de Cobranzas y a
la División de Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín,
para lo de su competencia.
ARTICULO CUARTO: Ordenar el archivo del presente expediente, enviándolo para el
efecto al G.I.T de Documentación de la División de Gestión Administrativa, y Financiera de
esta Dirección Seccional.
ARTICULO QUINTO: Contra esta providencia no procede recurso alguno de conformidad
con el artículo 87 de la Ley1437 de 2011 (mayúsculas sostenidas y negritas del texto
original).
6.3. Análisis del caso
6.3.1. La parte actora solicitó en la demanda la nulidad de las Resoluciones 1-90-201-
241-601-1506 del 13 de junio de 2012 y 1-90-201-236-408-31 del 10 de enero de 2013,
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al estimar que la DIAN vulneró su derecho al debido proceso, porque fundamentó la multa
impuesta mediante dichos actos en documentos borradores de facturas de compra
denominados Purchase Invoice. Señaló que la entidad no tuvo en cuenta que, de acuerdo
con los documentos soporte de las exportaciones y las declaraciones de cambio de
divisas, los valores exportados, facturados y reintegrados en las Declaraciones de
Exportación 6007516113897 y 6007516282847 coincidían plenamente.
Según el Tribunal, las purchase invoice utilizadas por la DIAN como fundamento de la
sanción impuesta contra C.I. GOLDEX S.A.S. gozaban de presunción de autenticidad,
puesto que la administración las recaudó legalmente durante la inspección aduanera de
fiscalización. Además, destacó que la propia demandante aportó dichos documentos
como soporte de las operaciones.
El a quo también consideró que la actora no aportó prueba alguna que demostrara que
el valor real de las exportaciones de oro realizadas según las declaraciones
6007516113897 y 6007516282847 era distinto del consignado en las facturas de compra
expedidas por la sociedad receptora.
La Sala revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarará la nulidad de
las Resoluciones 1-90-201-241-601-1506 del 13 de junio de 2012 y 1-90-201-236-408-
31 del 10 de enero de 2013 toda vez que la DIAN sustentó la multa en un documento que
no demuestra que el valor canalizado en el mercado cambiario hubiera sido superior al
valor real de la exportación. Además, dicho documento no podía ser tenido en cuenta
como prueba dentro de la actuación administrativa, porque carecía de traducción oficial
al español en los términos previstos en el Código de Procedimiento Civil 19.
En consecuencia, la Sala ordenará a la DIAN excluir a la demandante de la lista de
deudores morosos por los actos anulados y negará las demás pretensiones de la
demanda, por las razones que se exponen a continuación.
6.3.2. De acuerdo con los artículos 371 y 372 de la Constitución Política, corresponde a
la Junta Directiva del Banco de la República, entre otras funciones, regular los cambios
internacionales de acuerdo con la ley. Para tal fin, dicha autoridad expidió la Resolución
Externa 8 de 2000, mediante la cual compiló el régimen aplicable a los cambios
internacionales.
Sobre la normativa que regula lo atinente a las “operaciones canalizables a través del
mercado cambiario”, el artículo 1 del Decreto 1735 de 199320 prevé que son operaciones
de cambio todas las comprendidas dentro de las categorías señaladas en el artículo 4 de
la Ley 9 de 1991, y específicamente, entre otras, las “Importaciones y exportaciones de
bienes y servicios”21.
Por su parte, el artículo 4 ibidem, establece que: “Únicamente las operaciones de cambio
que a continuación se indican deberán canalizarse a través del mercado cambiario: 1.
Importaciones y exportaciones de bienes”.
En concordancia con esta última disposición, el artículo 6 de la Resolución Externa 8 de
200022 de la Junta Directiva del Banco de la República, dispuso:
19 En adelante, CPC.
20 Por el cual se dictan normas en materia de cambios internacionales.
21 Norma compilada por el artículo 2.17.1.1. del Decreto 1068 de 2015.
22 Por la cual se compendia el régimen de cambios internacionales.
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[e]l mercado cambiario está constituido por la totalidad de las divisas que deben canalizarse
obligatoriamente por conducto de los intermediarios autorizados para el efecto o a través
del mecanismo de compensación previsto en esta resolución. También formarán parte del
mercado cambiario las divisas que, no obstante estar exentas de esa obligación, se
canalicen voluntariamente a través del mismo.
En su artículo 7 la Resolución en comento precisó que: “Las siguientes operaciones de
cambio deberán canalizarse obligatoriamente a través del mercado cambiario: 1.
Importación y exportación de bienes”.
De acuerdo con el artículo 15 de esta Resolución:
Los residentes deberán canalizar a través del mercado cambiario las divisas provenientes
de sus exportaciones. Los exportadores podrán conceder plazo a los compradores del
exterior para pagar las exportaciones.
De la normativa citada se deriva que, en el Régimen Cambiario, ciertas operaciones
deben canalizarse obligatoriamente, entre ellas la importación y exportación de bienes.
Esta canalización implica que los pagos se realicen a través del mercado cambiario,
compuesto por los intermediarios autorizados o mediante el mecanismo de
compensación, así como por las divisas que, aun estando exentas, se canalicen
voluntariamente por dicho mercado.
Las obligaciones derivadas de estas operaciones se extinguen mediante la transferencia
de divisas a través del mercado cambiario. Asimismo, la extinción de obligaciones
relacionadas con endeudamiento externo o con la financiación de importaciones y
exportaciones puede efectuarse mediante dación en pago, siempre que cuente con la
autorización del Banco de la República.
Sobre las prohibiciones y sanciones en el mercado cambiario, los artículos 2 y 4 de la
Resolución Externa 8 de 2000 del Banco de la República, disponen:
Artículo 2. No podrán canalizarse a través del mercado cambiario sumas superiores o
inferiores a las efectivamente recibidas, ni efectuarse giros por montos diferentes a las
obligaciones con el exterior.
Artículo 4. Quien incumpla cualquier obligación establecida en el régimen cambiario, se
hará acreedor a las sanciones previstas en las normas legales pertinentes, sin perjuicio de
las sanciones tributarias, aduaneras y penales aplicables.
En este orden, la lectura integral de la normativa citada permite concluir que constituye
una infracción cambiaria consignar en los documentos aduaneros, o en los que los
sustituyan, un valor superior al real de las obligaciones derivadas de importaciones o
exportaciones cuya canalización a través del mercado cambiario es obligatoria.
6.3.3. En el caso concreto, según los actos administrativos demandados, la DIAN
fundamentó la existencia de una diferencia entre los valores consignados en los
documentos soporte de la exportación —sujeta a canalización obligatoria a través del
mercado cambiario— y el valor real de la operación de C.I. GOLDEX S.A.S., únicamente
a partir de los documentos denominados Purchase Invoice SET 12507 y Purchase
Invoice SET 12499 provenientes del comprador extranjero Republic Metals Corporation,
cuya imagen es la siguiente:
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Purchase Invoice SET 1250723:
23 Folios 78 y 79 del expediente digitalizado y que obra en el índice 46 de Samai.
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Radicado: 05001233300020130076301
Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S.
Demandado: DIAN
Purchase Invoice SET 1249924
24 Folios 125 y 126 del expediente digitalizado y que obra en el índice 46 de Samai.
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Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S.
Demandado: DIAN
Para la DIAN y el Tribunal, la Purchase Invoice SET 12507 con número de lote L120633
y referencia 1287 y la Purchase Invoice SET 12499 con número de lote L120746 y
referencia 1290, evidencian que la obligación cancelada por Republic Metals Corporation
a C.I. GOLDEX S.A.S. fue inferior al monto canalizado a través del intermediario del
mercado cambiario, lo que justifica la sanción impuesta.
En contraposición, la actora adujo que: (i) las Purchase Invoice SET 12507 y 12499
carecen de validez, porque constituyen documentos en borrador que no permiten inferir
la infracción por la cual fue sancionada; (ii) al tratarse de documentos provenientes del
exterior, su contenido debió ser ratificado por la empresa Republic Metals Corporation;
(iii) jurídicamente, las purchase invoice no constituyen un documento que soporte las
operaciones cambiarias; y (iv) las declaraciones de exportación (DEX) 6007516113897 y
6007516282847, las facturas de venta 1287 y 1290 y las declaraciones de cambio
evidencian la verdadera realidad de la exportación de oro.
Ahora bien, a partir de la revisión de los documentos que soportan las exportaciones
materia de sanción, la Sala observa lo siguiente:
(i) Frente a la exportación contenida en la DEX 6007516113897 del 2 de agosto de
201025, la factura de venta 1287 de 29 de julio de 201026, sus declaraciones de cambio27,
así como la Purchase Invoice SET 12507 del 13 de agosto de 201028 se extraen las
siguientes conclusiones:
a. La declaración de exportación 6007516113897 y la factura de venta 1287 coinciden en
señalar que el peso de oro exportado por C.I. GOLDEX S.A.S. correspondió a 100.46
kilos, por un valor total de USD 3.191.659;
b. Las declaraciones de cambio corroboran que la canalización de divisas efectuada con
ocasión de la operación de exportación coincide con el valor indicado en la DEX
6007516113897 y la factura de venta 1287, esto es, USD 3.191.659;
c. La Purchase Invoice SET 12507 del 13 de agosto de 2010 señala un total de oro de
2.470.140 —sin determinar la medida de peso utilizada— y un valor de USD
3.085.403,66.
(ii) Frente a la exportación contenida en la DEX 6007516282847 del 6 de agosto de
201029, la factura de venta 1290 de 3 de agosto de 201030, sus declaraciones de
cambio31, así como la Purchase Invoice SET 12499 del 12 de agosto de 201032 se
encuentra que:
a. La declaración de exportación 6007516282847 y la factura de venta 1290 coinciden en
señalar que el peso de oro exportado por C.I. GOLDEX S.A.S. correspondió a 86.52 kilos,
por un valor total de USD 2.792.236;
25 Folios 47 a 50 del expediente digitalizado y que obra en el índice 46 de Samai.
26 Folio 51 ibidem.
27 Folios 150 a 233 ibidem.
28 Folios 78 y 79 ibidem.
29 Folios 90 a 93 del expediente digitalizado y que obra en el índice 46 de Samai.
30 Folio 94 ibidem.
31 Folios 150 a 211 ibidem.
32 Folios 125 y 126 ibidem.
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Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S.
Demandado: DIAN
b. Las declaraciones de cambio corroboran que la canalización de divisas efectuada con
ocasión de la operación de exportación coincide con el valor indicado en la DEX
6007516282847 y la factura de venta 1290, esto es, USD 2.792.236;
c. La Purchase Invoice SET 12499 del 12 de agosto de 2010 señala un total de oro de
2.238.359 —sin determinar la medida de peso utilizada— y un valor de USD
2.703.251,33.
Con base en lo anterior, se advierte que, a pesar de la coincidencia de datos entre los
documentos de la operación —declaraciones de exportación, facturas de venta 1287 y
1290 y declaraciones de cambio—, la DIAN fundamentó la supuesta infracción cambiaria
por parte de la actora y, en consecuencia, la sancionó con base en las purchase invoice
que, como se explica a continuación, carecen de la entidad probatoria necesaria para
demostrar que el valor canalizado haya sido superior al real.
(i) Las Purchase Invoice SET 12507 y 12499, además de no estar suscritas ni contar con
sello alguno, contienen anotaciones manuscritas, tachones y enmendaduras que
permitirían sostener que se trata de borradores, como en efecto lo señaló la parte actora.
(ii) Aparte de la coincidencia en los números de las facturas (1287 y 1290) y del lote
(L120633 y L120746), no existe otro elemento que vincule a las purchase invoice con las
operaciones de exportación, pues no coinciden el peso ni los valores individuales ni los
valores totales allí consignados, con los señalados en los documentos que soportan la
operación, esto es, las declaraciones de exportación, las facturas de venta y las
declaraciones de cambio. Esta circunstancia puede indicar que las purchase invoice
reflejarían únicamente parte de la operación, lo cual permitiría explicar la diferencia de
valores advertida por la actora.
(iii) Las mismas purchase invoice incluyen números de ticket, cantidades, precios
individuales y totales que no aparecen ni en las declaraciones de exportación ni en las
facturas, por lo que no se entiende cómo la DIAN y el Tribunal determinaron que estos
documentos corresponden exactamente con las operaciones cuestionadas.
(iv) El oro supuestamente comprado por Republic Metals Corporation, al que hacen
referencia las Purchase Invoice, se indica en una cantidad de 2.470.140 y 2.238.359 sin
especificar la unidad de medida; en cambio, la DEX 6007516113897 y la factura de venta
1287 registran un peso de oro vendido por 100.46 kilogramos y la DEX 6007516282847
y la factura de venta 1290 indican que el peso del material corresponde a 86.52 kilos.
(v) En la actuación administrativa, la demandante solicitó de manera reiterada que se
decretara y practicara la prueba consistente en requerir al comprador para que certificara
o ratificara el contenido de las purchase invoice. Por su parte, la DIAN, emitió los exhortos
respectivos con el fin de que Republic Metals Corporation remitiera los soportes de las
purchase invoice. Ante la falta de respuesta de la empresa extranjera, la entidad optó por
valorar esos documentos como auténticos y fundamentar la sanción cuestionada única y
exclusivamente en su contenido.
(vi) Debido a que las Purchase Invoice SET 12507 del 13 de agosto de 2010 y SET 12499
del 12 de agosto de 2010, se encuentran en idioma inglés y no se acompaña su
traducción al idioma castellano, no podían ser tenidas como pruebas en la actuación
administrativa seguida por la DIAN en contra de la empresa C.I. GOLDEX S.A.S.
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Radicado: 05001233300020130076301
Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S.
Demandado: DIAN
En este punto conviene recordar que el Decreto 2245 de 2011, por el cual se establece
el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo Cambiario a seguir por la
DIAN, en sus artículos 24 y 25 dispone lo siguiente:
Artículo 24. Período Probatorio. Las pruebas solicitadas se decretarán cuando sean
conducentes pertinentes, eficaces y necesarias para el esclarecimiento de los hechos
materia de investigación; se denegarán las que no lo sean y se ordenará de oficio las que
se consideren pertinentes mediante resolución motivada que señalará el término para su
práctica, que no podrá exceder de cuatro (4) meses, si se trata de pruebas a efectuarse en
el territorio nacional, o de seis (6) meses, si deben practicarse en el exterior.
Las pruebas aportadas se incorporarán al expediente sin necesidad de resolución que así
lo disponga y las mismas se valorarán en su conjunto en la resolución sancionatoria, en la
que resuelva el recurso de reconsideración que procede contra esta última o en la que
decida la terminación de la actuación administrativa cambiaria.
Contra la resolución que deniegue total o parcialmente las pruebas solicitadas procederá
únicamente el recurso de reposición ante el funcionario que dictó el acto recurrido,
presentado dentro del mes siguiente a la fecha de su notificación.
El recurso se resolverá y notificará dentro de los dos (2) meses siguientes a su interposición,
mediante resolución contra la cual no procederá recurso alguno.
El período probatorio correrá a partir de la ejecutoria de la resolución de pruebas.
Artículo 25. Valoración Probatoria. Las pruebas se valorarán en su conjunto conforme con
las reglas de la sana crítica, atendiendo la naturaleza administrativa de la infracción
cambiaria y la índole objetiva de la responsabilidad correspondiente.
La valoración de las pruebas que fueron aportadas al expediente o practicadas dentro del
período probatorio se hará en la resolución sancionatoria, en la que resuelva el recurso de
reconsideración que procede contra esta última, o en la de terminación de la actuación
administrativa cambiaria, según corresponda.
Para la práctica y valoración de las pruebas serán admisibles todos los medios de prueba
y la aplicación de todos los procedimientos y principios consagrados para el efecto, en los
artículos 168 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, 174 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil y específicamente en los artículos 742 a 749 y demás
disposiciones concordantes del Estatuto Tributario, o en las normas que los adicionen o
sustituyan. (Subrayado de la Sala).
A su vez, el artículo 40 del CPACA señala que:
Artículo 40. Pruebas. Durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera
la decisión de fondo se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del
interesado sin requisitos especiales. Contra el acto que decida la solicitud de pruebas no
proceden recursos. El interesado contará con la oportunidad de controvertir las pruebas
aportadas o practicadas dentro de la actuación, antes de que se dicte una decisión de fondo.
Los gastos que ocasione la práctica de pruebas correrán por cuenta de quien las pidió. Si
son varios los interesados, los gastos se distribuirán en cuotas iguales.
Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento
Civil. (Subrayado de la Sala).
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Radicado: 05001233300020130076301
Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S.
Demandado: DIAN
Con base en lo anterior, en este caso resultaba aplicable lo dispuesto por el artículo 260
del CPC33, cuyo texto reza:
Artículo 260. Documentos en idioma extranjero. Para que los documentos extendidos en
idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el
proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez; en los dos primeros
casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente34.
Vistas las normas procesales en comento, para la Sala es claro que los documentos que
se encuentran en idioma extranjero debieron aportarse con su respectiva traducción
oficial al idioma castellano para que pudiesen ser valorados como pruebas en la actuación
administrativa adelantada por la DIAN.
En oportunidades anteriores, esta Sala ha dilucidado en relación con el alcance y la
finalidad de las exigencias que presentan las normas procesales para la valoración de
los documentos que han sido otorgados en idioma extranjero, en el siguiente sentido:
Frente a este asunto, debe puntualizarse que la no valoración de los documentos allegados
en idioma distinto al castellano que carecen de la respetiva traducción oficial no puede ser
calificada como una exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un
mandato legal, conforme lo precisó la Sección Primera en la sentencia de 6 de noviembre
de 2020, al sostener: La Sala considera que no le asiste la razón a la parte demandante,
toda vez que la decisión, de la parte demandada, referente a la no valoración de los
documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecieren de la respetiva
traducción oficial, tuvo sustento legal en los artículos 8 de la Decisión 486 y 260 del Código
de Procedimiento Civil, por lo que contrario sensu, no puede ser calificada dicha decisión
como una exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un mandato
legal35.
En consideración a lo anterior, la Sala encuentra que los documentos denominados
Purchase Invoice SET 12507 y Purchase Invoice SET 12499 son un borrador que no
coinciden con los documentos que acreditan la exportación de oro al cliente Republic
Metals Corporation y que además no podían ser valorados por la DIAN como prueba ante
la ausencia de la traducción oficial que exige el artículo 260 del CPC para su apreciación,
el cual resulta extensivo a las actuaciones administrativas por expresa remisión del
Decreto 2245 de 2011 y del CPACA.
En este sentido, se destaca que esta Corporación se ha pronunciado sobre la aplicación
del debido proceso en materia cambiaria, así:
Ahora bien, la Sala debe precisar que aunque en algunos casos el legislador ha ratificado
expresamente la procedencia de los principios y garantías del debido proceso en
actuaciones administrativas sancionatorias reconocidos por la Constitución Política (por
ejemplo en los regímenes aduanero36 y disciplinario37), el hecho de que en otras materias
33 Norma vigente para el momento de los hechos.
34 Modificado por el artículo 1, numeral 119 del Decreto 2282 de 1989.
35 Consejo de Estado; Sección Primera, sentencia de 23 de septiembre de 2021, radicado
11001032400020120002900, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
36 Decreto 2685 de 1999: “Articulo 520. Disposición más favorable. Si antes de que la autoridad aduanera
emita el acto administrativo que decide de fondo, se expide una norma que favorezca al interesado, la
autoridad aduanera deberá aplicarla obligatoriamente, aunque no se haya mencionado en la respuesta al
Requerimiento Especial Aduanero”.
37 Ley 734 de 2002 “Artículo 14. Favorabilidad. En materia disciplinaria la ley permisiva o favorable, aun
cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Este principio rige también
para quien esté cumpliendo la sanción, salvo lo dispuesto en la Carta Política”.
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no exista esa consagración expresa no significa que los distintos elementos que informan
el debido proceso no sean aplicables en otros asuntos, pues, como antes se dijo, éste es
un imperativo constitucional exigible en todas las actuaciones de las autoridades públicas
que puedan afectar los derechos de los particulares38.
Así las cosas, se concluye que la DIAN fundamentó su decisión en unos documentos que
no podían ser valorados como prueba, por carecer de traducción oficial al idioma
castellano y por las inconsistencias que presentan en su contenido, en la medida en que
se trata de borradores con tachaduras y sin información suficiente que permita concluir
que corresponden a las operaciones de exportación analizadas, más allá de la
coincidencia en el número de la factura de venta y del lote de la mercancía.
Por lo expuesto, la Sala declarará la nulidad de las Resoluciones 1-90-201-241-601-1506
del 13 de junio de 2012 y 1-90-201-236-408-31 del 10 de enero de 2013, mediante las
cuales la DIAN sancionó a la empresa C.I. GOLDEX S.A.S., por cuanto se acreditó la
vulneración del derecho al debido proceso alegada por la demandante.
6.3.4. Por último, la apelante se opuso a la condena en costas que le fue impuesta en
primera instancia, pues estima que, si bien su valor no excede lo previsto en la norma,
resulta gravosa para la sociedad, dado que la negación de las pretensiones implica el
pago total de la sanción en favor de la entidad demandada.
En observancia de los artículos 18839 del CPACA y 36540 del Código General del Proceso
(CGP), en especial de su numeral 8, sobre condena en costas, y a lo expuesto sobre el
punto por esta Corporación, la Sala advierte que esa clase de condenas atiende a un
criterio objetivo valorativo. Dicho criterio: (i) es objetivo porque no resulta de un obrar
temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado
de su derrota en el proceso o recurso que ha interpuesto, y (ii) es valorativo, porque se
requiere en el expediente que el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de
38 Consejo de Estado, Sección Primera, radicación 05001233300020130070101, sentencia del 4 de agosto
de 2016, C.P. Guillermo Vargas Ayala.
39 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil.”
40 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que
haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los
casos especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación
de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en
relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al
recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o
pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción
a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales
entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les
reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán
renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”.
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su comprobación, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad
que efectivamente realiza dentro de este.
Al respecto, el artículo 361 del CGP establece que las costas se integran por la totalidad
de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en derecho, y solo habrá
lugar a su imposición, de acuerdo con el numeral 8 del artículo 365 ibidem, “cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
En este asunto, se advierte que no está acreditada la causación de expensas, gastos
procesales o agencias en derecho. Por lo tanto, la Sala revocará la condena que por tal
concepto impuso el a quo en el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia de
primera instancia, y se abstendrá de imponerla en esta instancia.
6.4. Del restablecimiento del derecho
A título de restablecimiento del derecho la actora solicitó que “se excluya a mi
representada de la lista de deudores morosos de la DIAN”. La Sala accederá a dicha
petición y, por ende, se ordenará a la demandada a excluir a la empresa C.I. GOLDEX
S.A.S. de la lista de deudores morosos, por concepto de las Resoluciones 1-90-201-241-
601-1506 del 13 de junio de 2012 y 1-90-201-236-408-31 del 10 de enero de 2013.
6.5. De las demás pretensiones de la demanda
Además de la declaratoria de nulidad de las Resoluciones 1-90-201-241-601-1506 del 13
de junio de 2012 y 1-90-201-236-408-31 del 10 de enero de 2013 expedidas por la DIAN
y la exclusión de la empresa C.I. GOLDEX S.A.S. de la lista de deudores morosos por
concepto de tales actos administrativos, que como ya se dijo anteriormente prosperan, la
actora también solicitó a título de pretensiones de la demanda lo siguiente:
TERCERA: RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
(…)
• Que se condene a la demandada por su (sic) actuar de la Dirección Seccional de
aduanas de MEDELLIN al pago de los costos en que se ha incurrido con el pago de
honorarios de profesionales, para la defensa en todas las etapas procesales.
CUARTO: La liquidación de las anteriores condenas deberá efectuarse mediante sumas
liquidas de moneda de curso legal en Colombia, y se ajustarán dichas condenas tomando
como base el índice de precios del consumidor que certifique el DANE, o conforme a lo
dispuesto en la ley1437 de 2011.
QUINTO: Para el cumplimiento de la sentencia se ordenará la aplicación del artículo 188,
189 y 192 del Código Contencioso Administrativo.
SEXTO: Solicito se condene a la parte demandada al pago de los gastos, costas judiciales
y agencias en derecho, en el evento de que las anteriores pretensiones sean favorables
a mi poderdante (mayúsculas sostenidas y negritas del texto original).
Al respecto, la Sala reitera las consideraciones expuestas al resolver el reparo formulado
por la recurrente contra la condena en costas de primera instancia, con fundamento en
las cuales se concluye que la demandante no probó la causación de los “costos en que
se habría incurrido por concepto de honorarios de profesionales para la defensa en todas
las etapas procesales”, ni tampoco de los “gastos, costas judiciales y agencias en
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Radicado: 05001233300020130076301
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derecho”. En consecuencia, la Sala negará las pretensiones que por este concepto
formuló la actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 26 de febrero de 2014, dictada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad. En su lugar, DECLARAR la
nulidad de las Resoluciones 1-90-201-241-601-1506 del 13 de junio de 2012 y 1-90-201-
236-408-31 del 10 de enero de 2013 expedidas por la DIAN.
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
ORDENAR a la DIAN a excluir a la empresa C.I. GOLDEX S.A.S. de la lista de deudores
morosos por concepto de las Resoluciones 1-90-201-241-601-1506 del 13 de junio de
2012 y 1-90-201-236-408-31 del 10 de enero de 2013.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión del 26 de marzo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Aclaración de voto
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley.
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