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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2013-01151-01

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2013-01151-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […] || 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.” 10 “ARTICULO SEXTO. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: […] III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. […] 3.1.3. Segunda instancia. […] Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia.” 11 Cuaderno de segunda instancia, folio 52. 12 Ibidem, folio 71. 13 Índice número 26 de SAMAI. 14 Índice número 27 de SAMAI. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24 Radicado: 05001 2333 000 2013 01151 01 Demandante: Jairo de Jesús Lema Vélez y otros Primero: CONFIRMAR la sentencia de 28 de junio de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo: CONDENAR a la parte demandante a pagar a favor del Municipio de Medellín y del Metro de Medellín Ltda., por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, para cada uno. Tercero: RECONOCER personería a la abogada Ana Carolina Cadavid Gaviria, para actuar como apoderado judicial de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda., de conformidad con lo previsto en el artículo 74 del CGP. Cuarto: RECONOCER personería al abogado Richard Yhon Ospina Ramírez, para actuar como apoderado judicial del Municipio de Medellín, de conformidad con lo previsto en el artículo 74 del CGP. Quinto: TENER por debidamente presentada la renuncia de poder […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-33-000-2013-01151-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

3 de abril de 2025

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Radicado: 05001 2333 000 2013 01151 01
Demandante: Jairo de Jesús Lema Vélez y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., tres (03) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001 2333 000 2013 01151 01
Demandantes: JAIRO DE JESÚS LEMA VÉLEZ Y OTROS
Demandado: MUNICIPIO DE MEDELLÍN Y OTRO

Tema: No se probó la incorrección del avalúo oficial que sustentó la
Resolución SH-ADQ-0009 de 2013 expedida por la
Secretaria de Hacienda de Medellín, por medio de las cuales
se ordenó la expropiación administrativa.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de 28 de junio de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negó las pretensiones de la
demanda contra del Municipio de Medellín.

I.- ANTECEDENTES

1.1. La demanda

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en
el artículo 138 del C.P.A.C.A., en concordancia con el artículo 71 de la Ley 388
de 1997, los señores Jairo de Jesús Lema Vélez, Ángela María Botero López,
Resfa Betsabé Lema Vélez, Isabel Lema Vélez, José Miguel Guzmán Vélez,
Clara Cecilia Uribe de Guzmán, Nora Adela Guzmán Puerta, Lucrecia Guzmán
de Trujillo, Rocío Guzmán de Restrepo, María Claudia Isabel Ana Vélez Osorio,
Clara Patricia Vélez Osorio y Camilo Alberto Mejía Vélez, a través de apoderado
judicial, demandaron al Municipio de Medellín, con el objeto de que se
accediera a las siguientes:

1.1.1. Pretensiones

“[…] 1. Que por haber sido expedido con falsa motivación, con violación de las
normas superiores en que debería fundarse la decisión y con desviación de
poder, se declare la nulidad del artículo tercero de la resolución No. SH-ADQ-
0009 del 6 de febrero de 2013 (relacionados con el precio de la expropiación),

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Radicado: 05001 2333 000 2013 01151 01
Demandante: Jairo de Jesús Lema Vélez y otros

expedida por la Secretaria de Hacienda Municipal del Municipio de Medellín,
mediante la cual se ordenó la expropiación administrativa de un bien inmueble
ubicado en la Calle 46 N° 49-05 del Municipio de Medellín, identificado con
matricula inmobiliaria 001-53657 y CBML (Código Catastral) 10070120014, de
propiedad de mis representados, […].

2. Que para efectos de restablecer el derecho de los propietarios que se vieron
afectados con el precio indemnizatorio fijado en el artículo tercero de la
resolución No. SH-ADQ-0009 del 6 de febrero de 2013 expedida por el
Secretario de Hacienda Municipal del Municipio de Medellín, y con el fin de
obtener la revisión del precio indemnizatorio, se declare que el valor comercial
del inmueble objeto de expropiación es la suma de $5.733.186.500 y el monto
de los perjuicios causados a título de lucro cesante equivalen a $274.178.695,
o las sumas que se acrediten en el proceso.

3.Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene al
Municipio de Medellín a pagar a favor de los propietarios del inmueble (cuyos
nombres y porcentajes de participación se relacionan al final de esta
pretensión), la diferencia entre el valor pagado ($4.076´479.800) y el valor real
del inmueble más el lucro cesante sufrido ($6.007.365.195), diferencia que
asciende a $1.930.885.395 (o a la suma que resulte probada en el proceso), tal
como se explica en el capítulo correspondiente a la estimación razonada de la
cuantía y juramento estimatorio, para ser pagada a las siguientes personas y
en las siguientes proporciones: […]

4. Que se condene al Municipio de Medellín a pagar los valores a los cuales
resulte condenado, debidamente actualizados entre el mes de febrero de 2013
(mes en que se realizó la expropiación) y el momento de la ejecutoria de la
sentencia, teniendo en cuenta la variación del índice de precios al consumidor.

5. Que se condene al Municipio de Medellín a pagar los intereses moratorios que
se causen entre el momento de la ejecutoria de la sentencia y el momento del
pago.

6. Que se ordene al Municipio de Medellín dar cumplimiento a la sentencia de
acuerdo con lo previsto en el artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

7. Que se condene en costas al Municipio de Medellín.”1

1.1.2. El acto acusado

En este proceso se pretende la nulidad parcial de la Resolución número
SH-ADQ-0009 del 6 de febrero de 2013 expedida por el Secretario de
Hacienda del Municipio de Medellín, por medio de la cual se ordena la
expropiación por vía administrativa del inmueble ubicado en la calle 46
número 49-05 en la ciudad de Medellín, identificado con la matrícula
inmobiliaria número 001-53657 de propiedad de los accionantes; en la cual
se estableció como precio indemnizatorio la suma de $4.076.479.800 y se
indica como destinación del inmueble la construcción del corredor de la

1
Cuaderno Principal, folios 2 y 3.

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Radicado: 05001 2333 000 2013 01151 01
Demandante: Jairo de Jesús Lema Vélez y otros

Avenida Ayacucho de la ciudad de Medellín proyecto ejecutado por la
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá – Metro de Medellín Ltda.

1.1.3. Fundamentos de hecho

La parte actora manifiesta que mediante oficio 30000-003270 del 5 de julio
de 2012 del Metro de Medellín se realizó la oferta de compra sobre el inmueble
ubicado en la calle 46 # 49-05 ubicado en la ciudad de Medellín, respecto de
la cual solicitaron la reconsideración del precio ofrecido al estimar que no se
tuvo en cuenta el lucro cesante y el valor real del inmueble.

Asegura que, como consecuencia de la anterior solicitud, se revisó el avalúo
y se modificó la oferta de compra mediante oficio # 300000-004893 del 28
de septiembre de 2012; la cual al no reflejar el valor real del inmueble fue
rechazada.

Indica que al no llegar a un acuerdo para la enajenación voluntaria mediante
la Resolución Nro. SH-ADQ-0009 de febrero de 2013 se ordenó la expropiación
por vía administrativa, decisión contra la cual no se interpuso recurso.

Resalta que el precio pagado por el Municipio de Medellín fue la suma de
$4.076.479.800 conforme el avalúo comercial MZ12-0014-00/02 del 13 de
agosto de 2012 elaborado por la Lonja Colombiana de Propiedad Raíz, valor
que no representa el valor real del Edificio Bristol que según el avalúo
elaborado por el avaluador Francisco León Ochoa Ochoa corresponde a la
suma $5.733.186.500.

Asevera que el valor dejado de pagar por la diferencia no recibida por el valor
comercial del bien junto con la indemnización corresponde a la suma
$1.930.885.395.

1.1.4. Normas violadas y concepto de la violación.

En opinión de la parte actora el acto acusado infringe los artículos 58 y 90
de la Constitución Política; 61 y 67 de la Ley 388 de 1997; 86 de la Ley 1450
de 2011 y 87 (numeral 4) de la Ley 1474 de 2011, con fundamento en los
siguientes cargos:

• Violación de las normas sustantivas en las cuales debía fundarse la
decisión

Manifestó que el acto enjuiciado desconoce los artículos invocados como
vulnerados, al no reconocer el valor comercial del inmueble expropiado, así
como tampoco la indemnización de los perjuicios derivados del lucro
cesante.

• Falsa Motivación

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Radicado: 05001 2333 000 2013 01151 01
Demandante: Jairo de Jesús Lema Vélez y otros

Señala que el acto demandado incurre en falsa motivación al estar
fundamentado en un avalúo que no tuvo en cuenta las características
comerciales reales del inmueble, especialmente sus condiciones
estructurales y de construcción al señalar que su vetustez era superior a la
real, lo que llevó a que se fijara un valor inferior al comercial.

Indica que no se reconoció los ingresos que el inmueble generaba
mensualmente por valor de $24.328.000 por los contratos de arrendamiento
de los locales comerciales ubicados en el primero piso.

Asegura que no es cierto que el sector donde se encuentra ubicado el
inmueble sea de uso residencial y viviendas tipo multifamiliares como lo
afirma el avalúo oficial, ya que, por el contrario, es un sector con vocación
comercial.

Alega que no se tuvo en cuenta la norma urbanística y se desconoció la
condición de “doble esquinero” que tiene el inmueble.

Aduce que el método de reposición no es recomendable para avaluar locales
comerciales, ya que el método confiable es el de mercado y el de
rentabilidad.

• Desviación de poder

Manifiesta que la competencia que se le otorga a los municipios para
decretar expropiaciones debe ejercerse garantizando al propietario que se
le pague un precio justo por el bien expropiado, lo que no ocurrió, ya que el
ente territorial no garantizó el equilibrio, sino obtener una ventaja
económica significativa aprovechando la inferioridad del destinatario de la
expropiación.

1.2. Contestación de la demanda.

1.2.1. El Municipio de Medellín guardó silencio.

1.2.2. La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. -
Metro de Medellín Ltda. presentó contestación en la que se opone a las
pretensiones de la demanda, para lo cual señala que no hay un daño
antijurídico imputable a la administración y que se garantizó el debido
proceso de la actuación. Afirma que el avalúo oficial tuvo en cuenta las
condiciones físicas del inmueble, su vocación comercial, así como la
condición de ser doble esquinero con tres frentes. Asegura que,
adicionalmente se tuvo en cuenta el estado irregular del inmueble y el
notable deterioro de los pisos 2° y 3°, los cuales estaban desocupados con
un deterioro físico impactante como consecuencia de un incendio que el
inmueble sufrió antes de que el sector se afectara para uso público.

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Manifiesta que el artículo 83 de la Ley 1450 de 2011 y el artículo 87 de la
Ley 1474 de 2011 no eran aplicables ya que el Gobierno Nacional no expidió
la norma para reglamentarlas.

Aduce que no se vulneró las normas invocadas como infringidas, así como
tampoco se incurrió en falsa motivación, ya que el precio reconocido y
pagado por el inmueble era el que correspondía de acuerdo con la condición
física, uso y vocación comercial, respetando en todo momento el debido
proceso.

Afirma que no se incurre en desviación de poder, ya que la legalidad de la
Resolución 233 del 21 de mayo de 2010 que declara la urgencia para la
adquisición de predios fue analizada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia.

Enfatiza que el avalúo aportado con la demanda avalúa el inmueble como
un edificio sometido a reglamento de propiedad horizontal, a pesar de no
serlo, situación que, si bien es permitida por el artículo 19 de la Resolución
620 del 2008 del IGAC, está sujeta que se aplique una operación que en el
presente caso no se realizó en el avalúo allegado por la actora.

Agrega que, a la luz del análisis inmobiliario, no es pertinente estudiar cada
uno de los locales como unidades inmobiliarias independientes, ya que se
comparan locales distribuidos de manera inapropiada con locales
regularmente conformados, siendo que los locales objeto de expropiación
seguían siendo una sola unidad inmobiliaria, que no podían ser tranzados
individualmente al no tener un reglamento de propiedad horizontal. Enfatiza
que la anterior circunstancia cambia la metodología de análisis, pues las
muestras de estudio no son comparables con el inmueble valorado.

Destaca que las áreas relacionadas en ese avalúo no coinciden con las
certificadas por catastro, además de que catastro no certifica las áreas de
cada local.

Por último, llamó en garantía a las sociedades Avales Ingeniería Inmobiliaria
Ltda. y a la Corporación Registro de Avaluadores y Lonja Colombiana de la
Propiedad Raíz.

1.2.3. La sociedad Avales Ingeniería Inmobiliaria Ltda. presentó escrito
en el que contestó el llamamiento en garantía para indicar que es infundado
en cuanto que la Empresa Metro de Medellín recibió a satisfacción el trabajo
realizado en cumplimiento del contrato CN-2010-0204 dirigido a realizar los
estudios de títulos y avalúos necesarios para adelantar la gestión predial a
lo largo del trazado definitivo del corredor tranviario de la avenida Ayacucho.

De otro lado, se opuso a las pretensiones del libelo introductorio al estimar
que el avalúo MZ-12-0014-00/02 fue elaborado con la debida observancia
del procedimiento y metodología de la normatividad vigente sobre la

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materia.

Asegura que el artículo 87 de la Ley 1450 de 2011 fue derogado por la Ley
1682 de 2013, además de que dicha normativa aplica a los proyectos de
infraestructura de transporte, la que no es aplicable al presente asunto que
corresponde a expropiación por vía administrativa.

Indica, respecto del avalúo aportado con la demanda, que incurre en error
en la aplicación del método de comparación o de mercado, en la medida en
que los predios analizados no son comparables, ya que la investigación
mezcló predios sometidos al régimen de propiedad horizontal con predios
que no lo están, lo que hace que el resultado obtenido no sea válido, al ser
inmuebles totalmente diferentes.

1.2.4. La Corporación Registro de Avaluadores y Lonja Colombiana
de la Propiedad Raíz contestó de manera extemporánea la demanda.

II. LA SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia de 28 de junio de
2017 declaró próspera la objeción por error grave del avalúo aportado por la
demandante y negó las pretensiones de la demanda.

Como fundamento para declarar probada la objeción por error grave del
avalúo aportado con la demanda señala que i) el citado avalúo se equivoca en
indicar que el inmueble por su uso y conformación se tendrá como un bien
sometido a régimen de propiedad horizontal, ya que no aplica la fórmula
prevista en el artículo 19 de la Resolución 620 de 2008, ni identifica los
conceptos que exige dicha disposición; ii) a pesar de utilizar el método
comparativo o de mercado, no identifica cuáles son las consideraciones para
señalar que los bienes de la investigación son comparables con el avaluado,
además de que no desvirtúa las razones por las cuales el avalúo oficial aplicó
el método técnica residual y el de reposición por considerar que no existían
bienes completamente comparables; y iii) cuando se utiliza el método de
capitalización de rentas la norma exige que no se incluyan valores por costos
de administración o servicios públicos, que los contratos no tengan menos de
un año de suscritos y que no sobrepasen los topes legales; no obstante, en el
citado avalúo no se indica cuáles contratos de arrendamiento fueron
analizados, cuándo fueron suscritos y si los mismos estaban vigentes.

Manifiesta, con relación al reconocimiento de perjuicios, que la parte actora
no allegó los contratos de arrendamiento, ni la prueba de que los bienes
inmuebles estuviesen efectivamente arrendados al momento de la
expropiación.

Concluye que la demandante no adelantó la actividad probatoria tendiente a
desvirtuar el avalúo comercial adelantado sobre el bien objeto de

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expropiación, ni acreditó los perjuicios, por lo que deben negarse las
pretensiones de la demanda.

Finalmente, indica que no condena en costas a la demandante, a pesar de que
la decisión le es adversa, al no aparecer que se hayan causado y no advertir
una conducta procesal que lo justifique.

III.- RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante solicita que se revoque la sentencia apelada, con
fundamento en los siguientes argumentos:

Aduce, en primer lugar, que se incurrió en nulidad al notificar la sentencia
de primera instancia mediante correo electrónico y no por edicto,
circunstancia que disminuye los términos para presentar el recurso de
apelación y, por tanto, que vulnera el derecho de defensa.

De otro lado, alega que la sentencia recurrida incurre en error al no
reconocer que la entidad demandada pagó un menor valor por el bien
expropiado y no reconocer los perjuicios causados.

Reitera que el avalúo en el que sustentó el acto demandado desconoce las
normas en que debía fundarse, en razón a que no tuvo en cuenta la realidad
del inmueble y el mercado inmobiliario de Medellín, concretamente la zona
de ubicación del Edificio, que es de las más costosas por estar ubicada en el
corazón de la ciudad, zona de amplia vocación comercial.

Manifiesta que no se tuvo en cuenta el contenido del artículo 87 de la Ley
1474 de 2011, en tanto que no incluyó los perjuicios derivados del lucro
cesante por la pérdida de las rentas por concepto de arrendamientos, ya
que el edificio producía una renta mensual de $24.328.000.

Insiste en que se debía acoger el avalúo elaborado por Francisco León
Ochoa, el cual fue aportado con la demanda, al estimar que es un trabajo
serio y ajustado a los parámetros técnicos que debe tener toda valoración.
Respecto del citado avalúo, asegura que no era procedente declarar
prospera la objeción por error grave, en razón a que:
• en el método de capitalización de la renta utilizado para corroborar los
resultados obtenidos por la comparación de mercado no existe una
vulneración de los límites para la fijación de los cánones de
arrendamiento de locales comerciales, ya que dicho límite sólo aplica
a arrendamiento de vivienda urbana.
• en el método de capitalización de la renta para los locales del primer
piso se tuvo en cuenta los cánones de arrendamiento que los mismos
locales generaban, información reportada en el documento de 10 de
julio de 2012 enviada al Metro de Medellín, mientras que para los

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locales del segundo al cuarto piso se consultó con inmobiliarias
arrendadoras.
• no se desconoce el artículo 19 de la Resolución 620 de 2008 del IGAC,
ya que no se hizo utilización del criterio de restar áreas comunes por
cuanto el Edificio Bristol no tiene áreas comunes en el primer piso, se
trata de un área completa donde los locales utilizan el 100% del área.
En ese sentido, afirma que, si las áreas comunes son igual a 0, la
fórmula para averiguar las áreas privadas será igual al total del área
construida.
• sí se incluyó la información de mercado analizada y homogenizada,
contrario a lo afirmado por el juez de instancia.
• no es viable en un edificio como el expropiado utilizar el método de
reposición, el cual en su primer piso estaba totalmente explotado con
uso comercial, por lo que se recomienda utilizar el método de
capitalización de rentas o ingresos o el comparativo o de mercado, los
que arrojan resultados similares y, por tanto, permiten ser un
mecanismo de verificación el uno del otro.

Estima que en el presente asunto era aplicable el precedente fijado en la
sentencia proferida dentro del expediente 2014-01080-01.

Concluye que el avalúo elaborado por el perito Francisco León Ochoa
demuestra que el avalúo oficial no cumple con las exigencias legales del
Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 620 de 2008 del IGAC al tratar de
equiparar inmuebles que por su naturaleza y ubicación no podían ser
equiparables, además de no tener en cuenta el uso del suelo.

IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

4.1. La parte actora reiteró los argumentos de la demanda y del escrito de
apelación e insistió en que el dictamen pericial aportado con el libelo inicial
ofrece credibilidad y demuestra las razones por las cuales el avalúo oficial
no se ajusta a los parámetros legales.

4.2. El Metro de Medellín, presentó escrito de alegatos de conclusión en
el que reitera los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda,
y agrega que el avalúo aportado con la demanda tiene imprecisiones
metodológicas, omite fuentes de información y conclusiones debidamente
fundadas. Asegura que en el presente caso no era posible reconocer
perjuicios por concepto de lucro cesante al no estar acreditados en el
proceso de expropiación, ya que no hay prueba de la rentabilidad que
generaban los locales comerciales ubicados en el primer piso del edificio
expropiado, los cuales, por el contrario, estaban desocupados al momento
de iniciar el proceso de adquisición predial.

4.3. El Municipio de Medellín aporta escrito en el que insiste en los

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Radicado: 05001 2333 000 2013 01151 01
Demandante: Jairo de Jesús Lema Vélez y otros

argumentos de defensa y reitera que no se probó el mayor valor del
inmueble ni los perjuicios reclamados por la actora.

4.4. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

V.- CONSIDERACIONES

5.1. Cuestión Previa

La parte actora, en su escrito de apelación, alega que se notificó
indebidamente la sentencia de primera instancia al notificarse mediante
correo electrónico y no por edicto, circunstancia que estima afecta su
derecho de defensa en la medida en que el término para presentar el recurso
de apelación fue menor al previsto en la ley. Al respecto, revisado el
expediente, se advierte que posterior a que el demandante alegara la
posible irregularidad, el tribunal de instancia concedió el recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia, el cual fue admitido por
el despacho sustanciador, quien luego corrió traslado para alegar de
conclusión, término dentro del cual la parte actora presentó escrito
descorriendo el traslado. Se debe precisar que dentro de las anteriores
oportunidades el demandante en ningún momento cuestionó que continuara
el trámite procesal; en ese sentido, para la Sala, se subsanó la eventual
irregularidad invocada, toda vez que, de un lado, el actor permitió continuar
con el trámite sin insistir en la citada irregularidad; y de otro, no se vulneró
su derecho de defensa, ya que como consecuencia de la notificación al
correo electrónico informado en el expediente en cumplimiento del artículo
203 del CPACA, la parte actora presentó y sustentó el recurso de apelación
contra el fallo de primera instancia, el cual, precisamente, es objeto de
pronunciamiento en la presente providencia.

5.2. Caso concreto

5.2.1. Cuestionamiento sobre el valor comercial del bien expropiado

5.2.1.1 Objeciones por error grave del avalúo aportado con la demanda

La parte actora cuestiona la sentencia recurrida por declarar fundadas las
objeciones por error grave al avalúo elaborado por Francisco Ochoa Avalúos
S.A.S., el cual fue aportado con la demanda, al considerar que no es acertado
afirmar que al utilizar el método comparativo i) se desconoció la formula
prevista en el artículo 19 de la Resolución 620 de 2008 del IGAC; ii) no se
incluyó la información de mercado analizada y homogenizada; y iii) no era
posible acudir a información de diferentes épocas, ya que técnicamente es
viable traer a valor presente valores pasados. De otro lado, indica que al
utilizar el método de capitalización de renta no es cierto que se vulneraron los
límites de fijación de cánones de arrendamiento y que no se tenga soportes
para determinar los cánones.

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Radicado: 05001 2333 000 2013 01151 01
Demandante: Jairo de Jesús Lema Vélez y otros

Para resolver los anteriores cuestionamientos, es preciso señalar que en el
avalúo elaborado por Francisco Ochoa Avalúos S.A.S. se indica en el acápite
de metodología valuatoria que “el inmueble no está sometido al régimen de
propiedad horizontal, pero por su uso y conformación se asimila a un inmueble
sometido a RHP, según lo admite el artículo 19 de la resolución del IGAC #
620 de 2008 […]” y que por ello, para dicho avalúo serán utilizado los métodos
de comparación o mercado y de capitalización de rentas o ingresos.

El artículo 19 de la Resolución 620 de 2008 del IGAC establece un
procedimiento específico para los avalúos de bienes no sometidos al régimen
de propiedad horizontal, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 19. AVALÚOS DE BIENES NO SOMETIDOS AL RÉGIMEN DE
PROPIEDAD HORIZONTAL. Cuando el bien no esté sometido al régimen de
propiedad horizontal, pero por su uso y conformación se asimile, ya sean a
oficinas, locales o unidades independientes, como apartamentos y demás, si la
investigación se realizó para bienes que sí están sometidos a régimen de
propiedad horizontal, es necesario que para la correcta liquidación se realice la
siguiente operación:

En donde:

V. T. Valor Total de la propiedad
A.P. Área Privada
A.T.C. Área Total Construida
A.C. Áreas Comunes
V.U.P. Valor Unitario Privado

Si los garajes o parqueaderos tienen servidumbre, los precios no podrán
asimilarse a los que no tienen esta restricción.

Los valores unitarios investigados ya incluyen el valor del terreno, por lo tanto
el resultado obtenido (V.T.) corresponde al valor comercial de todo el inmueble
por lo cual no debe agregarse el valor del terreno.”

Al revisar el avalúo elaborado por Francisco Ochoa Avalúos S.A.S., el cual fue
aportado con la demanda, se lee lo siguiente:

“[…] VALOR LOCALES COMERCIALES - MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO
Se investigaron valores de ofertas y ventas de locales comerciales de similares
características, en el mismo sector, comparables a los inmuebles avaluados. Se
homogenizaron los valores por fuente, fecha de la información, área su
ubicación. Se analizó la información y se interpretó, encontrándose un promedio
en el mercado de $10.906.869/m2 de local comercial en primer piso, de
$12.200.000/m2 para locales esquineros y para los pisos superiores
encontramos un promedio de $1.318.590/m2. […]”

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Al citado avalúo se anexa cuadro con el estudio de mercado realizado a predios
en el que se detalla en columnas la descripción, la fuente (nombre/teléfono);
tipo de fuente (oferta, venta, avalúo o concepto); fecha; área m2; valor m2:
factor oferta; factor ubicación; factor área; factor fecha; valor m2
homogenizado y observaciones.

Así mismo, se anexa cuadro con el estudio de mercado realizado a bodegas y
talleres en el que se detalla en columnas la descripción, la fuente
(nombre/teléfono); tipo de fuente (oferta, venta, avalúo o concepto); fecha;
área m2; valor m2: factor oferta; factor edad y valor m2 homogenizado.

Acto seguido, en el avalúo se lee:

“[…] Al valor promedio de pisos superiores, le descontamos el probable costo
por adecuaciones para los pisos 2° al 4°, calculado partiendo del supuesto de la
necesidad de realizar una inversión necesaria y requerida para adecuar estos
pisos, del orden de $350.000/m2, (costo investigado con profesionales del
gremio), dando como valor final por m2 en su estado actual del orden de
$968.590 (una vez restado el costo de adecuación necesario).

Según este análisis, el valor del primer piso y de los pisos superiores del edificio
Bristol, sería del orden de:

Pues bien, de la revisión del anterior avalúo, se observa que, tal como lo indicó
el a quo en la sentencia recurrida, en el estudio de mercado no se precisa si
los bienes que fueron analizados estaban sometidos o no a propiedad
horizontal, así como tampoco cuál era la característica que hacía asimilable el
bien analizado al inmueble avaluado, además de que, si bien se indica que el
inmueble no está sometido al régimen de propiedad horizontal, pero que por
su uso y conformación se asimila a un inmueble sujeto a dicho régimen, no
se menciona si se hizo o no aplicación a la operación que establece el artículo

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19 de la Resolución 620 de 2008 del IGAC en casos de avalúos de bienes no
sometidos a propiedad horizontal y de ser así, cuáles fueron los valores
utilizados y el resultado arrojado.

En este punto, no es posible acoger lo afirmado por el recurrente de que no
se utilizó el criterio de restar áreas comunes por cuanto el Edificio Bristol no
tiene este tipo de áreas en el primer piso, donde los locales utilizan el 100%
del área, ya que, de un lado, no hay prueba de dicha afirmación y, de otra,
corresponde al avaluador explicar en su informe cómo aplica el método
utilizado y, en presente asunto, indicar si aplicó la operación prevista en el
artículo 19 de la Resolución 620 de 2008 y, en caso afirmativo, explicar cómo
la aplicó y qué resultados arrojó, por lo que no es posible inferir las
operaciones o análisis que alega el recurrente.

Adicionalmente, al revisar el estudio de mercado aportado con el avalúo, se
advierte que, si bien hay una columna titulada “descripción” para indicar el
predio analizado, no hay claridad sobre las características de todos los
inmuebles examinados para efectos de determinar si se está ante un local,
una casa o un edificio y de esta manera señalar si eran bienes susceptibles de
homogenizar. Así mismo, se lee en la columna denominada “fecha” que hay
datos de los años 2011, 2012 y 2013, circunstancia que afecta la credibilidad
de los resultados obtenidos, ya que, el mercado inmobiliario es dinámico, por
lo que, contrario a lo afirmado por el recurrente, si es importante la fecha en
la cual se recolectan los datos de la investigación, ya que ello permite
comparar la información analizada, además de que no se observa como lo
alega la recurrente que se realizó una actualización de los datos más antiguos.
De igual forma, tal como lo destacó el fallo censurado tampoco hay soportes
de lo que se denominó “costo por adecuaciones para los pisos 2° al 4°”, ya
que, aunque se indica que se consultó dicho costo con “profesionales del
gremio”, no se aportaron documentos que acrediten tales valores.

Ahora bien, respecto de la aplicación del método de capitalización de rentas o
ingresos que fue utilizado para verificar los resultados del método comparativo
o de mercado, es preciso indicar que el artículo 16 de la Resolución 620 de
2008 del IGAC establece que para usar este método es necesario realizar la
investigación de los contratos que regulen la posibilidad de generar rentas o
ingresos, tales como los de arrendamiento para bienes comparables. Así
mismo, señala que se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: i) que
los contratos tengan menos de 1 año de suscritos; ii) que el canon de
arrendamiento no sobrepase los topes legales; iii) que los montos
relacionados con el pago de servicios públicos y las cuotas de administración,
no se incluyan en el cálculo; iii) que los arrendamientos a comparar se refieran
a inmuebles que tengan rentas de acuerdo con la norma de uso del terreno o
de las construcciones; iv) que las rentas a tener en cuenta para el cálculo del
valor comercial de la propiedad estén asociadas exclusivamente al inmueble
y no a la rentabilidad de la actividad económica que en él se realiza; y v) que
la tasa de capitalización utilizada proceda de la relación calculada entre el
canon de renta y el valor comercial de las propiedades similares al inmueble

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objeto de avalúo, en función del uso o usos existentes en el predio y de
localización comparable.

Respecto de la aplicación del método de capitalización de rentas, al revisar el
avalúo elaborado por Francisco Ochoa Avalúos S.A.S. se encuentra lo
siguiente:

“[…] VALOR TOTAL DEL INMUEBLE - MÉTODO DE CAPITALIZACIÓN DE RENTAS

Utilizamos este método de la siguiente manera: tomamos los cánones
actualizados y vigentes para cada local de primer piso para el año 2013;
calculamos el valor comercial de cada local siguiendo los criterios contenidos en
la Resolución del IGAC 620 de 2008:

Valor comercial = Canon
Tasa capitalización

Esto nos arrojó un valor comercial total de cada local, el cual fue dividido por el
área de cada inmueble para hallar el $/m2; este último valor fue aproximado
para manejar cifras redondeadas.

La tasa de capitalización utilizada fue del 0.65%, tasa que fue consultada con
inmobiliarios de la zona y verificada con investigaciones adelantadas en el sector
con La Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia. Se aplicó esta tasa de
descuento a las rentas reales de los locales, arrojando valores tipo del orden de
$9´500.000/m2 para locales medianeros, de $14´000.000/m2 para locales
esquineros y de $20.000.000/m2 para el local pequeño. Este ejercicio nos arroja
un valor comercial para los 11 locales de primer piso (VPN – valor presente
neto) del orden de: $4.134.000.000. Este es el resultado:

[…]

Para los inmuebles del 2° piso al 4°, como no están ocupados actualmente,
investigamos con firmas inmobiliarias arrendadoras de la zona, sobre los
posibles valores actuales de los cánones mensuales probables a los cuales
podría arrendarse cada piso, con destinación para uso como pequeñas bodegas
y talleres de confecciones (usos actuales para pisos altos en el sector, bastante
frecuentes). Advertimos que esta investigación la realizamos con las firmas
Alberto Álvarez, Estudio Inmobiliario y Elkin Ruiz y Cía., firmas que tiene
importante presencia en la zona. Los valores tomados de estas fuentes no
obedecen a conceptos, sino a valores reales de contratos de arriendo Recién
elaborados. Tomamos los posibles cánones para cada piso, con rentas en
promedio del orden de $9.400/m2 y una tasa de capitalización del 0.70. Esto
arrojó un ingreso bruto potencial mensual para los pisos 2, 3 y 4° de
$13.202.300. Se aplicó la misma fórmula explicada en párrafos anteriores. Esto
nos arrojó un valor comercial total de los pisos 2° a 4°, el cual fue debido por el
área total de estos niveles, para hallar el $/m2; este último valor fue
aproximado para manejar valores redondeados, teniendo como resultado
$1´350.000/m2.

Al valor anteriormente obtenido la descontamos el probable costo por
adecuaciones para los pisos 2° al 4°, calculado partiendo del supuesto de la

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necesidad de realizar una inversión necesaria y requerida para adecuar estos
pisos, del orden de $350.000/m2, (costo investigado con profesionales del
gremio), dando como valor final por m2 en su estado actual del orden de
$1.000.000 (una vez restado el costo de adecuación necesario) para un valor
comercial total de los pisos 2° al 4° de $1.404´500.000, según el siguiente
detalle:

[…]

Finalmente se sumaron los valores totales de los locales de primer piso y de los
locales de 2° a 4° piso, $4.134´000.000 + $1.404´500.000. Hechos los cálculos
anteriores, se obtuvo un valor final del inmueble $5.538.500.000.

CONCLUSIÓN DE VALORES PARA LOS INMUEBLES:
Es de resaltar que para el avalúo de los locales del primer nivel utilizamos
información comparativa de mercado e inferencia del valor a partir de las rentas
actuales y/o potenciales. Para los pisos superiores también utilizamos
información comparativa de mercado y analizamos además los posibles valores
de renta a obtener, deduciendo los costos que implique la adecuación de los
mismos ya que el estado actual no permite arrendarlos pues tienen varios años
desocupados y presentan deterioro. […]”

De la revisión del anterior avalúo se observa que para los locales ubicados en
el primer piso se indica que se adoptan los valores de los arrendamientos
vigentes; sin embargo, más allá de la afirmación indicada en el avalúo y
reiterada por el recurrente, no se aporta ninguno de los contratos de
arrendamiento que permita corroborar que en efecto el local tenía un contrato
vigente, así como el valor del canon de arrendamiento pactado. En este punto,
resulta importante mencionar que, aunque el recurrente asegura que dicha
información se suministró en la comunicación de 10 de julio de 2012, revisado
el citado documento lo que se encuentra es una relación que realizan los
demandantes de los locales del bien expropiado con el supuesto valor de
arrendamiento por cada local; sin embargo, dicha comunicación no se
acompaña con ningún documento que confirme los contratos, su vigencia, así
como su valor.

Por su parte, respecto de los inmuebles ubicados en el 2° al 4° piso, se indica
que se investiga con firmas inmobiliarias arrendadoras de la zona sobre
posibles valores de los cánones de arrendamiento; no obstante, tampoco se
allega la documentación que fue entregada por dichas inmobiliarias y el
análisis que sobre ésta se realizó y que, por tanto, permita verificar que los
citados contratos cumplen con los requisitos previstos en el artículo 16 de la
Resolución 620 de 2008.

Cabe señalar que, si bien le asiste razón a la recurrente en indicar que los
topes legales no aplican al arrendamiento de locales comerciales, sino
únicamente a vivienda urbana, lo cierto es que dicho argumento de la objeción
no fue acogido por el Tribunal de instancia, quien para desestimar el avalúo
al analizar el método de capitalización de rentas afirmó, precisamente, que no
se señaló cuáles contratos de arrendamiento fueron examinados, cuándo

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fueron suscritos y si los mismos estaban vigentes, circunstancias que, en
criterio del a quo permitió concluir que el avalúo no tenía la fortaleza técnica
para desvirtuar el avalúo oficial.

Por todo lo anterior, la Sala comparte la decisión del a quo de declarar
probadas las objeciones por error grave del dictamen aportado con la
demanda.

5.2.1.2 Cuestionamientos sobre el avalúo oficial

La parte recurrente cuestiona el avalúo que fue utilizado para determinar el
precio de la indemnización en el acto acusado, informe elaborado por la Lonja
Colombiana de la Propiedad Raíz el 13 de agosto de 2012, que en sus apartes
más relevantes señala lo siguiente:

“AVALÚO COMERCIAL DEL INMUEBLE No. MZ-12-0014-00

DATOS GENERALES

Propósito del avalúo: Determinar el valor comercial del inmueble el cual es
requerido para la construcción del Tranvía Ayacucho.
Tipo de Avalúo: Comercial urbano
[..]
Tipo de Inmueble: Inmueble comercial no sometido al régimen de
propiedad horizontal
Destinación Actual: Local – Bodegas
Dirección: CL 46 N° 49 - 05
Barrio: Guayaquil (07)
Comuna: La Candelaria (10)
Municipio: Medellín, Antioquia
Fecha de Visita: Octubre 24 de 2011
Fecha de informe: Agosto 13 del 2012
[…]

3. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR DE LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL
El sector de la Guayaquil se encuentra ubicado en el Centro Tradicional y
representativo Metropolitano: Principal referente histórico y cultural de la
ciudad, sitio de confluencia de las actividades de mayor convocatoria y
receptor de importantes equipamientos en comercio, bienes, servicios y
cultura. Las intervenciones en esta zona enmarcadas en el Plan Especial del
Centro articularán coherentemente las diversas actuaciones y planes en
gestación o en marcha, bajo condiciones de intensidad en la utilización del
suelo, control ambiental, buena accesibilidad, espacio público generoso y
regulaciones a la circulación, con miras a mejorar la calidad urbana del centro.
Con todo tipo de construcciones con buenas especificaciones en cuanto a
diseño y materiales.

ACTIVIDAD PREDOMINANTE

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El sector presenta predominio del uso mixto comercial, institucional y
residencial, todo tipo de negocios, corredor con usos especializados y
viviendas tipo multifamiliares.

[…]

ESTRATO SOCIOECONÓMICO
El inmueble pertenece al sector comercial

NORMATIVIDAD URBANÍSTICA
Los aspectos normativos del inmueble se encuentran reglamentados por el
Acuerdo 46 de 2006, por el cual se revisa y ajusta el Plan de Ordenamiento
Territorial para el Municipio de Medellín, el cual establece:

Polígono: Z3_CN1_2
Clasificación del Suelo: Suelo Urbano
Tratamiento: Consolidación Nivel 1
Categoría de Uso: Centro Tradicional y Representativo
Densidad de Viviendas: 360 viv / Ha
Índice de Construcción: 6.0
Altura permitida: 4 Pisos

4. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO

Área del lote Requerida: 418.90 m2
Ubicación en la Manzana: Doble-Esquinero con tres frentes
Forma del Lote: Regular
Topografía: Semi – inclinada
Frente sobre la vía: CL 46, CR 49
Linderos: Se encuentran consignados en títulos

5. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Área construida 1791.5 m2
Número de pisos: 4 pisos
Vetustez: 27 años aproximadamente

El inmueble cuenta con las siguientes dependencias:
Habitaciones
70 81
y/o Espacios Baños Recepción 2 Cocinas 5 Locales 11
Aprox Aprox
libres
Conformación
Cuarto Zona
Garajes 0 Terrazas 0 0 Balcones 0 0
Útil Ropas
Patio 0 Solar 0 Closet 0 Vestier 0 Sótano 0

Otras dependencias: Ninguna

Primer Piso Estructura: Columnas y/o vigas de concreto
Especificaciones Cubierta: Terraza
de la Fachada: Revoque pintado y baldosa
Construcción Muros: Ladrillo y Bloque

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Pisos: Baldosa Común y cerámica
Metálicas y Cortina Metálica
Estructura:
(Exterior), Madera (Interior).

Instalaciones Orinal, sanitario,
lavamanos
Cajón inferior
Mobiliario: lavamanos, espejo
Baño
empotrado
Enchapes: Baldosín Unicolor
División
Acrílico
ducha:
Cocina: Mobiliario: Semi-integral
Enchapes: Cerámica
Acero inoxidable

[…]

6. METODOLOGÍA EMPLEADA

Para la determinación del valor comercial del inmueble en estudio y de
acuerdo a lo establecido en el decreto número 1420 de 24 de julio de 1998,
expedido por la Presidencia de la República, Ministerios de Hacienda y
Desarrollo y su correspondiente Resolución Reglamentaria no. 620 del 23 de
Octubre de 2008 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se
utilizó el método comparativo o de mercado y el método de reposición.

Método de Comparación o de Mercado

[…]

Investigación económica para determinar el Valor del Terreno

[…]

Los inmuebles que se están avaluando no tienen en el mercado inmobiliario
bienes similares de comparación y existe poca evidencia de oferta en el sector
objeto de avalúo para obtener una oferta homogenizada por lo anterior
empleamos los valores a fin de que el valor nos sirva para aplicar el método
o técnica residual y así determinar el valor del terreno en la zona de influencia
(art. 14 res 620/2008). Siendo así las cosas y para el Método Comparativo
tenga aplicación científica se requiere la HOMOGENIZACIÖN y la aplicación de
varios factores complementarios.

[…]

RESULTADO DEL AVALÚO

DESCRIPCIÓN AREA M2 VALOR ($/M2) VALOR PARCIAL
Área de Terreno
418.90 $ 6.410.000,00 $ 2.685.149.000,00
Requerida

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Área Construida
414.64 $ 792.000,00 $328´394.880,00
Local
Área Construida
1375.86 $ 772.000,00 $1.062´935.920,00
Bodega
VALOR TOTAL $4.076´479.800,00

SON CUATRO MIL SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE
($4.076´479.800,00).”

De la revisión del anterior avalúo se observa que para su elaboración se
tuvieron en cuenta las condiciones particulares del predio al momento de su
valoración. Específicamente, en el citado avalúo se lee: i) la identificación
y ubicación del inmueble; ii) características del predio, tanto del terreno
como de la construcción; iii) características del sector de localización y
actividades predominantes; iv) vías de acceso; v) norma urbanística vigente
al momento del avalúo; vi) destinación económica del bien, y vii)
metodología aplicada para la valoración tanto del terreno como de la
construcción.

En este punto, cabe mencionar que la jurisprudencia de esta Corporación 2
ha sostenido que el precio indemnizatorio está amparado por la presunción
de legalidad al ser incorporado al acto administrativo que ordena la
expropiación, por lo tanto, la parte demandante tiene la carga de probar
cuál es el error o la incorrección del avalúo oficial.

“[…] al haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos
administrativos demandados, debe entenderse que el mismo se encuentra
amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza que se predica
de las decisiones de la administración, lo cual admite desde luego prueba en
contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el
proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando precisamente su
incorrección.”3

La Sala reitera que para concluir que hay incorrección del avalúo oficial no
basta con realizar una comparación del valor del precio indemnizatorio entre
el avalúo oficial y los allegados o solicitados por la parte actora 4, sino que

2
Sobre este asunto se puede consultar entre otras providencias: Consejo de Estado.
Sección Primera. Sentencia del 20 de febrero de 2020. Rad. 25000-23-24-000-2011-
00115-01. C.P: Oswaldo Giraldo López; Sentencia de 28 de abril de 2022, Rad. 05-001-
2331-000-2010-0195901, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
3
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 14 de mayo de 2009. Rad. 05001-23-
31-000-2005-03509-01. Magistrado Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
4
Sobre la carga de la parte actora para controvertir el avalúo oficial en sentencia del 20 de
febrero de 202, C.P. Oswaldo Giraldo López, Rad. 25000-23-24-000-2011-00115-01 se
indicó: “[…] Para precisar el alcance de la carga que recae sobre el demandante,
atendiendo las presunciones de que gozan los actos de la administración, no es del caso
que el escrito de demanda anexe otros avalúos, si se pretende con ellos desvirtuar el
realizado por la entidad pública; para atacar la presunción de legalidad y veracidad de que
goza el avalúo oficial, es indispensable que el actor, con base en las normas que regulan la

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se requiere demostrar de manera clara y precisa el error en que incurrió el
avalúo oficial, teniendo en cuenta que para fijar dicho valor se analizan
diferentes criterios y parámetros técnicos, situación que no se acredita en
el presente caso.

En ese sentido, si bien la parte actora alega que para el bien expropiado no
era correcto para su valoración utilizar el método de reposición y, por el
contrario, el método recomendado era el de capitalización de rentas o
ingresos o el comparativo o de mercado, lo cierto es que con las pruebas
allegadas al proceso no acreditó que ello fuera así, ya que la única prueba
aportada para desvirtuar el avalúo oficial incurrió en múltiples errores que
impiden su valoración.

Adicionalmente, no le asiste razón a la parte recurrente cuando asegura que
el avalúo oficial no tuvo en cuenta la realidad del inmueble y el mercado
inmobiliario de Medellín, concretamente la zona de ubicación del Edificio, ya
que revisado el informe se advierte que sí se analizó la ubicación del predio,
así como las características del sector donde éste se encontraba al señalar
que “[…] se encuentra ubicado en el Centro Tradicional y representativo
Metropolitano: Principal referente histórico y cultural de la ciudad, sitio de
confluencia de las actividades de mayor convocatoria y receptor de
importantes equipamientos en comercio, bienes, servicios y cultura […]”, así
mismo, al considerar la actividad predominante del sector y su estrato socio
económico.

Así mismo, de la revisión del avalúo se observa que, contrario a lo afirmado
por la apelante, sí se analizó el uso del suelo al momento de efectuar el
avalúo, lo que se concluye de la revisión de la normatividad urbanística que
le era aplicable según el Plan de Ordenamiento Territorial y que se cita en
el informe.

Por último, no es posible señalar que las consideraciones de la sentencia
proferida dentro del expediente 2014-01080-01 son aplicables al presente
asunto; ya que en dicha oportunidad la parte actora logró acreditar que el
avalúo que sustentó los actos demandados incurrió en error, situación que
en el presente caso no se demostró.

Así las cosas, estos argumentos de la impugnación tampoco están llamados
a prosperar.

5.2.2. Lucro cesante

materia, indique el defecto en que se ha incurrido y su impacto en el precio oficialmente
establecido, pues de lo que se trata es precisamente de llevar al convencimiento del juez
de que se ha incurrido en error al establecer el monto de la indemnización, y no
simplemente de identificar otras alternativas probables. […]” (Subraya del texto
original)

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Por último, la parte recurrente alega que la entidad demandada debía
reconocer los perjuicios causados, específicamente, los derivados del lucro
cesante por la pérdida de las rentas por concepto de arrendamientos.

Para decidir lo pertinente, es preciso señalar que, de conformidad con el
numeral 6º del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, “[p]ara los efectos del
avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los inmuebles que se
encuentren destinados a actividades productivas y se presente una
afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación
de ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse
independientemente del avalúo del inmueble, la compensación por las
rentas que se dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis (6)
meses.”

En concordancia con lo anterior, el numeral 4º del artículo 21 de la
Resolución 620 de 2008 preceptúa que, “[p]ara estimar el monto de la
compensación de las rentas o ingresos que se dejan de percibir por una
limitación temporal o definitiva […] se deberán tener en cuenta: Las
declaraciones para efectos tributarios. El balance contable que se presente
para la Cámara de Comercio.”

Esta misma disposición establece que, si la empresa no esté obligada a
presentar las declaraciones tributarias o el balance ante la Cámara de
Comercio, "[…] deberá probar la utilidad neta del negocio de por lo menos
los seis meses anteriores, mediante un estado de pérdidas y ganancias
mensual firmado por un contador público titulado, con matrícula profesional
vigente. […]”.

Como puede apreciarse de las normas citadas, previa determinación de que
el inmueble se encuentra destinado a una actividad productiva y presente
una afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la
generación de los ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, los
documentos que se deberán tener en cuenta para determinar el monto de
la compensación por rentas e ingresos que se dejan de percibir con ocasión
de la afectación a causa de una obra pública, son i) las declaraciones para
efectos tributarios; ii) el balance contable que se presente a la Cámara de
Comercio; y iii) un estado de pérdidas y ganancias mensuales para acreditar
la utilidad neta del negocio, este último en el evento en que el afectado no
esté obligado a presentar los dos primeros.

Las anteriores disposiciones, son aplicables para calcular el valor de la
compensación por la afectación a causa de una obra pública; sin embargo,
se debe recordar que el titular del bien expropiado tiene derecho a recibir
una indemnización de carácter reparatorio, que comprenda, además del
valor del bien expropiado, los demás perjuicios que se le hubieren causado
con ocasión de la expropiación, incluido el daño emergente y lucro cesante.

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Radicado: 05001 2333 000 2013 01151 01
Demandante: Jairo de Jesús Lema Vélez y otros

Por lo anterior, esta Sección5, en varias oportunidades, ha señalado que en
la medida en que no existe norma expresa sobre la forma de indemnizar de
manera justa y plena los detrimentos patrimoniales accesorios causados a
los propietarios de una expropiación por vía administrativa, en aplicación
del artículo 8° de la Ley 153 de 18876, se debe acudir a la regla establecida
en el numeral 6 del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el propietario del inmueble expropiado
tiene derecho a recibir una indemnización justa que reconozca el valor
comercial del bien expropiado, así como los perjuicios que se le han
generado con ocasión de la expropiación, ante el vacío normativo en la
forma de indemnizar dichos perjuicios, es posible acudir a disposiciones que
regulen asuntos semejantes para llenarlo, como es el caso de la aplicación
del numeral 6º del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, en concordancia
con el numeral 4º del artículo 21 de la Resolución 620 de 2008, para
determinar en este caso el lucro cesante.

Ahora bien, alega la demandante que se debe reconocer el lucro cesante, en
razón a que para la época de la expropiación estaban arrendados los locales
del edificio expropiado, renta que mensualmente correspondía a la suma de
$24.328.000.

Sin embargo, revisado el expediente no se encuentra prueba que demuestre
que para la fecha de expropiación los locales comerciales se encontraban
arrendados y a qué valor ascendía el canon de arrendamiento. De igual forma,
tampoco se allegó prueba de que los cánones fueron pagados y recibidos en
los meses previos a la expropiación, además de que no se solicitaron otras
pruebas documentales o testimoniales que corroboraran que, para la época
de la expropiación, efectivamente estaban vigentes los contratos de
arrendamiento y que se estaban percibiendo los cánones fijados en los
mismos, razón por la cual no hay certeza de la existencia del perjuicio alegado,
esto es, de la pérdida de utilidad económica percibida por el demandante por
el arrendamiento de los locales comerciales que se encontraban en el
inmueble expropiado, perjuicio que, para ser indemnizado, debe ser cierto.

En ese orden de ideas, a pesar de que la indemnización que se reconoce a
quienes se ven afectados con la expropiación debe ser justa y, por tanto, con
carácter reparatorio, lo que comprende el precio comercial del bien y los
demás perjuicios que pudieron causarse con ocasión de la expropiación, no es
menos cierto que es obligación del demandante, propietario del bien

5
Consejo de Estado, Sección Primera, i) sentencia de 23 de mayo de 2024, rad. 25000-
23-24-000-2010-00623-01, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes; ii) sentencia de 23 de
noviembre de 2023, rad.05-001-23-31-000-2011-00268-01, C.P. Germán Eduardo Osorio
Cifuentes; iii) sentencia de 19 de abril de 2021, rad. 25000-23-24-000-2011-00240-01,
C.P. Oswaldo Giraldo López; iv) sentencia de 26 de julio de 2012, rad. 05001-23-31-000-
2003-00977-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno (E)
6
Artículo 8. “Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán
las leyes que regulen casos ó materias semejantes, y en su defecto, la doctrina
constitucional y las reglas generales de derecho.”

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Demandante: Jairo de Jesús Lema Vélez y otros

expropiado, probar la existencia de los perjuicios, su monto y su nexo de
causalidad con la expropiación, circunstancia que no ocurrió en el presente
caso.

En conclusión, teniendo en cuenta que en el expediente no existe certeza
sobre la ocurrencia del prejuicio en la modalidad de lucro cesante con ocasión
de la expropiación, tampoco es procedente su reconocimiento.

En el anterior contexto, la Sala considera que los reparos expuestos por el
apelante en su recurso de alzada no desvirtúan los argumentos y
conclusiones expuestos por el juez de primera instancia, toda vez que en el
plenario no se encuentran elementos probatorios que logren demostrar la
ilegalidad del acto acusado como consecuencia de la incorrección del avalúo
oficial que sirvió de sustento para la fijación del precio indemnizatorio
reconocido a la parte actora con ocasión de la expropiación administrativa.

En consecuencia, los argumentos expuestos en el recurso de apelación no
tienen vocación de prosperar y, por tanto, la Sala confirmará la sentencia
apelada.

5.3. Costas

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y el numeral
1 del artículo 365 del CGP, se advierte que la parte demandante resultó
vencida porque se le resolvió desfavorablemente su recurso de apelación;
por lo tanto, asumirá las costas procesales de la segunda instancia.

Al respecto, el artículo 361 del CGP establece que las costas se integran por
la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias
en derecho, y solo habrá lugar a su imposición, de acuerdo con el numeral
8 del artículo 365 ibidem, “cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación”.

En este asunto, pese a que el recurso será resuelto de manera desfavorable
a quien lo propuso, comoquiera que no está acreditada la causación de
gastos procesales, la Sala no condenará en costas por dicho concepto. Por
otra parte, en cuanto a las agencias en derecho, revisado el expediente, se
advierte que las intervenciones del Municipio de Medellín7 y del Metro de
Medellín Ltda.8 se encuentran probadas en esta instancia con la radicación
de los memoriales de alegatos de conclusión por parte de sus apoderados.

Así las cosas, y en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4° del artículo
366 del CGP9, se condenará en costas a la parte demandante, por concepto

7
Cuaderno de segunda instancia, folios 25 a 37 y 38 a 50.
8
Ibidem, folios 15 a 17.
9
“Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,

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de agencias en derecho a favor del Municipio de Medellín y del Metro de
Medellín Ltda., al pago de la suma equivalente a un salario mínimo legal
mensual vigente para cada uno. Lo anterior en aplicación de lo previsto en
el capítulo III, artículo sexto, del Acuerdo núm. 1887 de 27 de agosto de
2003, sobre las tarifas de las agencias en derecho para los procesos
Contencioso Administrativos10.

5.4. Otros pronunciamientos

Se reconocerá personería a la abogada Ana Carolina Cadavid Gaviria para
que represente los intereses de la Empresa de Transporte Masivo del Valle
de Aburrá Ltda., conforme el poder a ella conferido11, de conformidad con
lo previsto en el artículo 74 del CGP.

También, se reconocerá personería al abogado Richard Yhon Ospina Ramírez
para que represente los intereses de la entidad demandada, Municipio de
Medellín, conforme el poder a él conferido12, por el tiempo que estuvo
vigente, en la medida en que obra la renuncia presentada por el citado
abogado13, la cual como quiera que cumple con los requisitos previstos en
el artículo 76 del CGP, se tendrá por bien presentada.

Por último, se reconocerá personería a la abogada Natalia Zuluaga Jaramillo
para que represente los intereses de la entidad demandada, Municipio de
Medellín, conforme el poder conferido14 de conformidad con el artículo 74
del CGP.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado
el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…] || 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca
el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este
y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la
gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del
proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas
tarifas.”
10
“ARTICULO SEXTO. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: […] III
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. […] 3.1.3. Segunda instancia. […] Con cuantía:
Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia.”
11
Cuaderno de segunda instancia, folio 52.
12
Ibidem, folio 71.
13
Índice número 26 de SAMAI.
14
Índice número 27 de SAMAI.

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Primero: CONFIRMAR la sentencia de 28 de junio de 2017 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la
demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

Segundo: CONDENAR a la parte demandante a pagar a favor del Municipio
de Medellín y del Metro de Medellín Ltda., por concepto de agencias en
derecho, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente,
para cada uno.

Tercero: RECONOCER personería a la abogada Ana Carolina Cadavid
Gaviria, para actuar como apoderado judicial de la Empresa de Transporte
Masivo del Valle de Aburrá Ltda., de conformidad con lo previsto en el
artículo 74 del CGP.

Cuarto: RECONOCER personería al abogado Richard Yhon Ospina Ramírez,
para actuar como apoderado judicial del Municipio de Medellín, de
conformidad con lo previsto en el artículo 74 del CGP.

Quinto: TENER por debidamente presentada la renuncia de poder
presentada por el abogado Richard Yhon Ospina Ramírez como apoderado
del Municipio de Medellín.

Sexto: RECONOCER personería a la abogada Natalia Zuluaga Jaramillo
para que represente los intereses de la entidad demandada, Municipio de
Medellín, de conformidad con lo previsto en el artículo 74 del CGP.

Séptimo: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de
origen.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
GARZÓN Consejero de Estado
Consejera de Estado
Presidenta

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GERMÁN EDUARDO OSORIO HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado Con aclaración de voto
Con aclaración de voto

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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