Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2013-01308-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2013-01308-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-33-000-2013-01308-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
9 de agosto de 2024
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Radicado: 05001 2333 000 2013 01308 01
Demandante: José Arnoldo Giraldo Aristizábal
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., nueve (09) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001 2333 000 2013 01308 01
Demandante: JOSÉ ARNOLDO GIRALDO ARISTIZÁBAL
Demandados: MUNICIPIO DE MEDELLÍN y METRO DE MEDELLÍN LTDA.
Tema: Expropiación por vía administrativa – perjuicio por
concepto de lucro cesante.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
Municipio de Medellín, contra la sentencia de 8 de septiembre de 2016,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por JOSÉ
ARNOLDO GIRALDO ARISTIZÁBAL en contra del MUNICIPIO DE MEDELLÍN y
la empresa METRO DE MEDELLÍN LTDA.
I.- ANTECEDENTES
1.1. La demanda
En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en
el artículo 138 del C.P.A.C.A., en concordancia con el artículo 71 de la Ley 388
de 1997, el señor JOSÉ ARNOLDO GIRALDO ARISTIZÁBAL, a través de
apoderado judicial, demandó al MUNICIPIO DE MEDELLÍN y la empresa
METRO DE MEDELLÍN LTDA., con el objeto de que se accediera a las
siguientes:
1.1.1. Pretensiones
“1.1. Que se declare la nulidad del artículo tercero de la Resolución SH-ADQ
2185 por medio de la cual se fijó en la suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES
70SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA ($86.078.790) el
precio indemnizatorio por la expropiación por vía administrativa que se decretó
sobre el inmueble de propiedad de JOSÉ ARNOLDO GIRALDO ARISTIZÁBAL,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 05001 2333 000 2013 01308 01
Demandante: José Arnoldo Giraldo Aristizábal
al cual le correspondía el folio de matrícula inmobiliaria No. 001-1073900 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín.
1.2. Que se declare la nulidad del artículo tercero de la Resolución SH-ADQ 2186
por medio de la cual se fijó en la suma de OCHENTA MILLONES
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS ($80.025.270) el
precio indemnizatorio por la expropiación por vía administrativa que se decretó
sobre el inmueble de propiedad de JOSÉ ARNOLDO GIRALDO ARISTIZÁBAL,
al cual le correspondía el folio de matrícula inmobiliaria No. 001-1073897 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín.
1.3. Que se declare la nulidad del del artículo tercero de la Resolución SH-ADQ
2184 por medio de la cual se fijó en la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES
SEISCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($85.602.780)
el precio indemnizatorio por la expropiación por vía administrativa que se
decretó sobre el inmueble de propiedad de JOSÉ ARNOLDO GIRALDO
ARISTIZÁBAL, al cual le correspondía el folio de matrícula inmobiliaria No.
001-1073898 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín.
1.4. Que se declare la nulidad del del artículo tercero de la Resolución SH-ADQ
2183 por medio de la cual se fijó en la suma de CIENTO OCHENTA Y DOS
MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CUARENTA
PESOS ($182.522.340) el precio indemnizatorio por la expropiación por vía
administrativa que se decretó sobre el inmueble de propiedad de JOSÉ
ARNOLDO GIRALDO ARISTIZÁBAL, al cual le correspondía el folio de
matrícula inmobiliaria No. 001-1073896 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Medellín.
2. Que se declare que el valor comercial de los inmuebles objeto de expropiación
ascienden a la suma de:
2.1. $115.046.842 a valores del mes de junio de 2011 sobre el bien ubicado
en la Calle 49 N° 29-08 (302) identificado con matrícula inmobiliaria No. 001-
1073900 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, según
lo indicado en el avalúo realizado por la empresa avaluadora CORALONJAS Dr.
Jaime Rodrigo Restrepo Mejía.
2.2. $111.128.139 a valores del mes de junio de 2011 sobre el bien ubicado
en la Calle 49 N° 29-08 (202) identificado con matrícula inmobiliaria No. 001-
1073898 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, según
lo indicado en el avalúo realizado por la empresa avaluadora CORALONJAS Dr.
Jaime Rodrigo Restrepo Mejía.
2.3. $105.054.215 a valores del mes de junio de 2011 sobre el bien ubicado
en la Calle 49 N° 29-10 identificado con matrícula inmobiliaria No. 001-1073897
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, según lo indicado
en el avalúo realizado por la empresa avaluadora CORALONJAS Dr. Jaime
Rodrigo Restrepo Mejía.
2.4. $195.099.263 a valores del mes de junio de 2011 sobre el bien ubicado
en la Calle 49 N° 29-04 identificado con matrícula inmobiliaria No. 001-1073896
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, según lo indicado
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Radicado: 05001 2333 000 2013 01308 01
Demandante: José Arnoldo Giraldo Aristizábal
en el avalúo realizado por la empresa avaluadora CORALONJAS Dr. Jaime
Rodrigo Restrepo Mejía.
3. Que para restablecer el derecho vulnerado y como consecuencia de las
anteriores declaraciones se condene al MUNICIPIO DE MEDELLÍN y al METRO
DE MEDELLÍN a pagar a favor de JOSÉ ARNOLDO GIRALDO ARISTIZÁBAL
las sumas que se relacionan a continuación:
3.1. $28.968.052=. Como diferencia entre el precio pagado por el Municipio
de Medellín y la generada en el nuevo avalúo realizado por CORALONJAS, sobre
el bien ubicado en la Calle 49 N° 29-08 (302) identificado con matrícula
inmobiliaria No. 001-1073900.
3.2. $25.525.359 como diferencia entre el precio pagado por el Municipio de
Medellín y la generada en el nuevo avalúo realizado por CORALONJAS, sobre el
bien ubicado en la Calle 49 N° 29-08 (202) identificado con matrícula
inmobiliaria No. 001-1073898.
3.3. $25.028.945 como diferencia entre el precio pagado por el Municipio de
Medellín y la generada en el nuevo avalúo realizado por CORALONJAS, sobre el
bien ubicado en la Calle 49 N° 29-10 identificado con matrícula inmobiliaria No.
001-1073897.
3.4. $12.576.923 como diferencia entre el precio pagado por el Municipio de
Medellín y la generada en el nuevo avalúo realizado por CORALONJAS, sobre el
bien ubicado en la Calle 49 N° 29-04 identificado con matrícula inmobiliaria No.
001-1073896.
4. Que a las sumas que sea condenado el Municipio de Medellín y el Metro de
Medellín se actualicen teniendo en cuenta la variación del índice de precios al
consumidor entre el mes de noviembre de 2011 y la fecha de la sentencia.
5. Que se condene al Municipio de Medellín y el METRO DE MEDELLÍN a pagar a
título de lucro cesante, intereses de mora entre el momento en que se declaró
la expropiación y la fecha de la sentencia, calculados a la máxima tasa de interés
moratorio comercial o en subsidio a la tasa de interés bancario corriente
(intereses comerciales ordinarios); la afectación económica, por renta,
conforme a lo establecido en el Art. 21 de la resolución 620 de 2008, y la suma
de $86.000.000 de pesos, por la rentabilidad comparada de cada bien.
6. Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos y condiciones
de la ley 1437 de 2011.
7. Que se condene a la parte demandada a pagar la totalidad de las costas y
agencias en derecho que se causen en virtud del presente proceso.”1 (Negrita
del texto original)
1
Cuaderno Principal, folios 1 a 3.
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Demandante: José Arnoldo Giraldo Aristizábal
1.1.2. Los actos acusados
En este proceso se pretende la nulidad de actos administrativos que fueron
expedidos por el Secretario de Hacienda del Municipio de Medellín, por
medio de los cuales se ordena la expropiación por vía administrativa de
bienes inmuebles de propiedad del actor y cuya destinación es la
construcción del Corredor de la Avenida Ayacucho, proyecto ejecutado por
La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá – Metro de Medellín
Ltda. Específicamente, los actos acusados son:
Resolución número SH-ADQ-2185 del 8 de enero de 2013, por medio
de la cual se ordena la expropiación por vía administrativa del derecho de
propiedad y la posesión material que tiene y ejerce el señor José Arnoldo
Giraldo Aristizábal sobre el inmueble ubicado en la Calle 49 N° 29-08 (302)
en la ciudad de Medellín, identificado con la matrícula inmobiliaria número
001-1073900; en el cual se establece como valor del precio indemnizatorio
la suma de $86.078.790 conforme el avalúo comercial MZ-02-0001-08 del
16 de agosto de 2012 elaborado por la Lonja Colombiana de La Propiedad
Raíz2.
Resolución número SH-ADQ-2184 del 8 de enero de 2013, por medio
de la cual se ordena la expropiación por vía administrativa del derecho de
propiedad y la posesión material que tiene y ejerce el señor José Arnoldo
Giraldo Aristizábal sobre el inmueble ubicado en la Calle 49 N° 29-08 (202)
en la ciudad de Medellín, identificado con la matrícula inmobiliaria número
001-1073898; en el cual se establece como valor del precio indemnizatorio
la suma de $85.602.780 conforme el avalúo comercial MZ-02-0001-
06/02 del 16 de agosto de 2012 elaborado por la Lonja Colombiana de La
Propiedad Raíz3.
Resolución número SH-ADQ-2186 del 8 de enero de 2013, por medio
de la cual se ordena la expropiación por vía administrativa del derecho de
propiedad y la posesión material que tiene y ejerce el señor José Arnoldo
Giraldo Aristizábal sobre el inmueble ubicado en la Calle 49 N° 29-10 en la
ciudad de Medellín, identificado con la matrícula inmobiliaria número 001-
1073897; en el cual se establece como valor del precio indemnizatorio la
suma de $80.025.270 conforme el avalúo comercial MZ-02-0001-05/02 del
16 de agosto de 2012 elaborado por la Lonja Colombiana de La Propiedad
Raíz4.
Resolución número SH-ADQ-2183 del 8 de enero de 2013, por medio
de la cual se ordena la expropiación por vía administrativa del derecho de
propiedad y la posesión material que tiene y ejerce el señor José Arnoldo
Giraldo Aristizábal sobre el inmueble ubicado en la Calle 49 N° 29-04 en la
ciudad de Medellín, identificado con la matrícula inmobiliaria número 001-
2
Cuaderno Principal, folios 158 a 162.
3
Cuaderno Principal, folios 164 a 168.
4
Cuaderno Principal, folios 170 a 174.
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Demandante: José Arnoldo Giraldo Aristizábal
1073896; en el cual se establece como valor del precio indemnizatorio la
suma de $182.522.340 conforme el avalúo comercial MZ-02-0001-04/02
del 16 de agosto de 2012 elaborado por la Lonja Colombiana de La Propiedad
Raíz5.
1.1.3. Fundamentos de hecho
La parte demandante aduce que, conforme el estudio socio económico
realizado por el Metro de Medellín, los bienes inmuebles que eran de su
propiedad y que fueron expropiados estaban destinados a una actividad
comercial y con un canon mensual de arrendamiento en el año 2013, de la
siguiente manera:
a) Calle 49 N° 29-08 (302): bar canon $1.064.000
b) Calle 49 N° 29-08 (202): Discoteca canon $1.064.000
c) Calle 49 N° 29-10: Bar canon $1.343.100
d) Calle 49 N° 29-04: Panadería canon $1.996.500
Señala que, como consecuencia de la expropiación, se generaron perjuicios
que no fueron tasados en el avalúo oficial y, por tanto, reconocidos en los
actos demandados, a saber: i) disminución del patrimonio por ausencia de
renta de los establecimientos a partir de la expropiación; ii) pago de los gastos
notariales, de rentas y de registro para la adquisición de nuevos bienes
inmuebles para destinación comercial, y iii) disminución del patrimonio por
pago de transacción y terminación del contrato de arrendamiento del local
comercial por valor de 38 millones de pesos.
Afirma que, si bien el Decreto Municipal 0543 de 2013 sólo es aplicable a
quienes enajenan voluntariamente, dicho acto permite conocer cuánto se
paga por un perjuicio igual al sufrido por el accionante, por lo que no reconocer
esos perjuicios vulnera el derecho de igualdad.
Manifiesta que el precio que se reconoce en los actos acusados está por debajo
del avalúo que se tiene en cuenta para el cobro del impuesto predial para el
año 2013, circunstancia que desconoce la norma que establece que el avalúo
catastral no puede ser inferior al 60% del comercial ni superior al 100%.
Asegura que, revisados los datos y transacciones que fueron analizados en los
avalúos que sirvieron de sustento a los actos acusados, se encontraron
inconsistencias que permiten señalar que el método de comparación utilizado
no se aplicó correctamente.
Alega que el valor indemnizatorio reconocido en los actos enjuiciados no
5
Cuaderno Principal, folios 176 a 180.
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refleja el valor real de los inmuebles, en tanto que, previo a la fecha de la
expropiación, en el año 2011, contrató con Coralonjas - Gremio Inmobiliario
la realización de un avalúo de los inmuebles objeto de expropiación, el cual
arrojó los siguientes valores:
a) Calle 49 N° 29-08 (302): $115.046.842
b) Calle 49 N° 29-08 (202): $111.128.139
c) Calle 49 N° 29-10: $105.054.215
d) Calle 49 N° 29-04: $195.099.263
Estima que el avalúo oficial se debía realizar directamente por el IGAC o por
la Subsecretaría de Catastro, conforme el artículo 83 de la Ley 1450 de 2011;
y que, de acuerdo con el art. 21 del Decreto 1420 de 1998, se debe tener en
cuenta la destinación del bien; sin embargo, los bienes que se analizaron en
el estudio de mercado que soportó los actos demandados son de uso
residencial par vivienda.
1.1.4. Normas violadas y concepto de la violación.
En opinión de la parte actora los actos acusados infringen los artículos 2,
29, 58 y 121 de la Constitución Política; 83 y 246 de la Ley 1450 de 2011;
237 (numeral 6) del C.P.C.; 63 y 65 de la Ley 388 de 1997; y 1 y 10 de la
Resolución 620 de 2008 del IGAC con fundamento en los siguientes cargos:
• Violación de norma superior
Asegura que se viola el debido proceso en tanto que la administración no
actuó conforme los criterios legales para declarar la urgencia que permita la
expropiación por vía administrativa.
Afirma que la norma aplicable era los artículos 83 y 246 de la Ley 1450 de
2011; sin embargo, la administración aplicó la Ley 388 de 1997,
circunstancia que llevó a que no se incluyera en el valor del avalúo el precio
de otras indemnizaciones o compensaciones.
Resalta que, a pesar de que se indicó en el avalúo que se dio aplicación al
método comparativo de mercado, lo cierto es que en ninguno de los apartes
de dicho documento ni en sus anexos se señalan cuáles fueron exactamente
las operaciones inmobiliarias o los avalúos recientes que se tuvieron en
cuenta para hacer la anunciada comparación.
• Falsa motivación
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Radicado: 05001 2333 000 2013 01308 01
Demandante: José Arnoldo Giraldo Aristizábal
Aduce que, aunque las disposiciones normativas utilizadas por el
departamento de planeación municipal fundamentan los motivos de utilidad
pública contenidos en el literal c) del artículo 58 de la Ley 388 de 1997 para
decretar la expropiación, lo cierto es que no se expresaron los fundamentos
fácticos ni jurídicos que existen y las condiciones de urgencia requeridas
para que la administración recurra a la expropiación por vía administrativa.
1.2. Contestación de la demanda.
1.2.1. La sociedad Metro de Medellín Ltda.6 contestó la demanda y se
opuso a las pretensiones al estimar que la expropiación de los inmuebles
que eran de propiedad del actor se realizó cumpliendo el procedimiento y la
metodología prevista en la normatividad vigente sobre la materia. Afirma
que el procedimiento descrito en la Ley 1450 de 2011 para los proyectos de
transporte no es aplicable, por cuanto no ha sido reglamentado por el
Gobierno Nacional.
Aduce que los avalúos con base en los cuales se fijó el precio indemnizatorio
tuvieron en cuenta las características de los bienes expropiados y que, por
el contrario, los avalúos aportados con la demanda incurren en
inconsistencias en la metodología aplicada, ya que se utilizó el de reposición
a nuevo y técnica residual, analizando los valores de área de construcción y
terreno, sin tener en cuenta que los predios estaban sometidos a propiedad
horizontal, además de varios errores en los soportes y explicaciones del
método utilizado.
Asegura que la estructuración y actualización del avalúo catastral no incide
en la definición del precio indemnizatorio del avalúo y que el actor no
acredita que los inmuebles expropiados tengan un valor comercial diferente
al definido en el avalúo oficial.
Señala que, teniendo en cuenta que para la época no había muchas ofertas
de mercado en la zona, la Subsecretaría de Catastro del Municipio de
Medellín remitió una base de datos que contiene un estudio de mercado
elaborado en el observatorio inmobiliario de esa entidad en el que se
identifican los datos requeridos en la Resolución 620 de 2008 para la
elaboración de avalúos, por lo que no es cierto que “no hay una base para
establecer el valor integral de los bienes inmuebles”.
Precisa que dicha entidad contrató un avalúo comercial adicional al que
sirvió de base para las expropiaciones, encontrándose que el valor
establecido para cada uno de los 4 inmuebles expropiados se encuentra por
debajo, no sólo del avalúo que sirvió de sustento de los actos demandados,
sino también del valor definido en el avalúo comercial aportado por el
demandante, por lo que el valor indemnizatorio fue justo y correspondiente
6
Cuaderno Principal, folios 253 a 274.
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Radicado: 05001 2333 000 2013 01308 01
Demandante: José Arnoldo Giraldo Aristizábal
a la naturaleza, características y usos de casa inmueble expropiado.
Resalta que no es cierto que el accionante haya sufrido un perjuicio como
consecuencia de la expropiación ya que, por el contrario, con el precio
indemnizatorio reconocido en los actos demandados obtuvo una valorización
sobre su propiedad de casi 400%. Indica que el actor, en el año 2010,
adquirió mediante compraventa el inmueble ubicado en la calle 49 marcada
con los números 29-01/2/4/610 y 49-9 que contienen una casa de
habitación con 3 locales y cuya matrícula inmobiliaria era 001-61893 con un
precio de venta de 87 millones de pesos. Destaca que en el año 2011 el
demandante y su conyugue cancelaron la afectación de vivienda familiar de
bien inmueble y acto seguido la constituyeron en propiedad horizontal,
predios que fueron objeto de expropiación y respecto de los cuales recibió
de parte del municipio la suma de $434.129.180.
Así mismo, formula las excepciones de “Cumplimiento de los preceptos
constitucionales y legales por parte del Metro de Medellín Ltda. en el trámite
de expropiación por vía administrativa”; “Presunción de Legalidad de los
Actos de Expropiación”, e “Inexistencia de la Obligación”.
Por último, presenta llamamiento en garantía a las sociedades Avales
Ingeniería Inmobiliaria Limitada y a la Corporación Registro de Avaluadores
y Lonja Colombiana de la Propiedad Raíz.
1.2.2. El Municipio de Medellín contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones7, con fundamento en las siguientes razones de defensa:
Indica que la entidad territorial se ajustó durante todo el trámite de
adquisición del inmueble a la normatividad que regula el proceso de
expropiación por vía administrativa, en especial al artículo 58 constitucional,
Ley 388 de 1997, Decreto 1420 de 1998, que reglamenta los avalúos, y la
Resolución 762 de 1998 del IGAC, que desarrolla las metodologías para
elaborar los avalúos para la adquisición de inmuebles prevista en la Ley 388
de 1997.
Manifiesta que no se probó que para la fecha en que se expidió el acto que
decidió la expropiación, el inmueble tuviera un valor comercial diferente al
señalado en el avalúo en que se fundamentó el municipio para definir el
precio indemnizatorio.
Resalta que el avalúo catastral realizado por la administración municipal se
adelanta de conformidad con la Ley 14 de 1983 y la Resolución 2555 de
1998 del IGAC, mientras que el avalúo comercial en el que se soportó los
actos demandados se realizó bajo las metodologías, parámetros y criterios
de la Ley 388 de 1997, el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 620 de
2008 del IGAC, disposiciones que consultan fines muy diferentes. Destaca
7
Cuaderno Principal, folios 369 a 383.
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Radicado: 05001 2333 000 2013 01308 01
Demandante: José Arnoldo Giraldo Aristizábal
que ninguna de las últimas normas citadas indica que el avalúo catastral
deba o pueda ser considerado para fijar el valor comercial.
Alega que no es aplicable el numeral 6 del Decreto 1420 de 1998 a las
indemnizaciones por expropiación por vía administrativa, ya que el avalúo
al que se refiere el artículo 37 de la Ley 9 de 1989 y, por lo tanto, el artículo
21 del Decreto 1420 de 1998, no es por la adquisición del inmueble, sino
por los perjuicios que sufra el propietario por la limitación que soporta al no
poder acceder a una licencia urbanística, con motivo de la futura ejecución
de una obra pública en su predio.
Asegura que los daños que se reparan deben ser ciertos, no pueden ser
contingentes ni hipotéticos, por lo que, no habiéndose probado la existencia
de perjuicios por lucro cesante, no se puede ordenar el pago por este
concepto.
Aduce que los actos demandados no incurren en falsa motivación, ya que,
de un lado, el precio indemnizatorio se fundamentó en un avalúo real y
justo, con base en la ley y las metodologías aplicables, y de otro, se hace
una amplia motivación en donde se explica la importancia y la necesidad de
la obra “Construcción Corredor Ayacucho”.
1.2.3. Las sociedades Avales Ingeniería Inmobiliaria Ltda. y
Corporación Registro de Avaluadores y Lonja Colombiana de
Propiedad Raíz, en su calidad de llamadas en garantía, se opusieron tanto
al llamamiento en garantía como las pretensiones de la demanda.
Posterior a pronunciarse sobre cada uno de los hechos de la demanda,
señalaron que la Ley 1450 de 2011 no es aplicable, en la medida en que la
norma que estaba vigente y reglamentada para el momento en que se
realizaron las ofertas de compra de los predios expropiados era la Ley 388
de 1997 y demás normas concordantes.
Aduce que los avalúos que soportaron los actos demandados se elaboraron
con observancia de los criterios fijados en el Decreto 1420 de 1998 y la
Resolución 620 de 2008 del IGAC, tal como consta en las resoluciones
expedidas por el IGAC mediante las cuales se ratificaron los valores
adoptados para los inmuebles expropiados.
Afirma que no hay falsa motivación, dado que la administración obró
conforme la existencia de unos motivos públicos y sociales determinantes,
como es la consecución de los objetivos del Plan de desarrollo.
II. LA SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 8 de
septiembre de 2016, declaró la nulidad parcial de los actos demandados y, a
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Radicado: 05001 2333 000 2013 01308 01
Demandante: José Arnoldo Giraldo Aristizábal
título de restablecimiento del derecho, ordenó al Municipio de Medellín el
reconocimiento y pago de la suma de $19.200.00 a favor de la actora8, por
concepto de lucro cesante. Específicamente, en el resuelve se ordenó:
“PRIMERO.- SE DECLARA LA NULIDAD PARCIAL, en lo concerniente al
precio indemnizatorio, de las Resoluciones Nos. SH–ADQ-2185, SH–ADQ -2148,
SH-ADQ-2186, y SH-ADQ-2183 del ocho (8) de enero de dos mil trece (2013),
expedidas por el Municipio de Medellín, en tanto no se incluyó la indemnización
por lucro cesante a favor del señor JOSÉ ARNOLDO GIRALDO ARISTIZÁBAL,
de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, se condena al MUNICIPIO DE MEDELLÍN al
reconocimiento y pago de la suma de DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS
MIL PESOS ($19.200.000) a favor del señor JOSÉ ARNOLDO GIRALDO
ARISTIZÁBAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.493.818, por
concepto de lucro cesante, suma que será actualizada conforme a lo indicado
en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. NIÉGASE las demás súplicas de la demanda.
CUARTO.- NO SE CONDENA EN COSTAS, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO. En firme este proveído archívese la actuación. […]”
Como fundamento de la anterior decisión se expusieron las siguientes
consideraciones:
Señala que el acto administrativo que declaró las condiciones de urgencia para
la adquisición de predios fue debidamente motivado, en tanto dichos
inmuebles se requerían para la ejecución de programas y proyectos de
infraestructura vial y del sistema de transporte masivo, lo cual estaba
justificado desde el Plan de Desarrollo Municipal para los años 2008 a 2011.
Manifiesta que, a pesar de tratarse de la adquisición de unos predios para el
desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte, para el presente caso
no era aplicable el artículo 83 de la Ley 1450 de 2011, ya que, para la fecha
en la cual la administración municipal realizó los avalúos a través de la entidad
autorizada, aún no se habían reglamentado las condiciones para determinar
el precio indemnizatorio que se reconocería a los propietarios en los procesos
de expropiación administrativa, conforme lo establecía el numeral 5° de la
misma disposición.
Afirma que el artículo 246 de la Ley 1450 de 2011 tampoco era aplicable, en
la medida en que dicha norma no se había reglamentado. Agrega que el
parágrafo de la disposición en cita aclara que, mientras el Gobierno Nacional
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Cuaderno nro. 2, folios 94 a 128.
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expide la reglamentación, los avalúos se deben elaborar con fundamento en
la normatividad vigente, siendo que el valor de la indemnización debe
apoyarse en los perjuicios alegados y probados por quien solicita el
resarcimiento. En ese sentido, los avalúos para los inmuebles del demandante
se efectuaron con fundamento en la normativa vigente en su momento, como
es el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución IGAC 620 de 2008.
Afirma que, teniendo en cuenta que el artículo 61 de la Ley 388 de 1997
establece que el precio de la indemnización que se le reconozca a los
propietarios es el avalúo comercial determinado por el IGAC o la entidad que
cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o
asociaciones correspondientes, la Lonja Colombiana de Propiedad Raíz podía
realizar los avalúos que sirvieron de fundamento para expedir los actos
censurados.
Asegura que, a pesar de que se endilga a la Lonja Colombiana de Propiedad
una indebida valoración de los bienes que fueron de propiedad del accionante
por no tener establecida debidamente la fuente de información, lo cierto es
que en el trámite de impugnación frente a algunos avalúos, el IGAC realizó un
estudio de mercado que permitió concluir que los valores comerciales
practicados por la Lonja Colombiana de la Propiedad Raíz son consistentes y
acordes con el mercado inmobiliario de la zona para la época de su realización.
Resalta que el avalúo elaborado por CORALONJAS y que fue aportado con la
demanda carece de apoyo probatorio, en la medida en que no explica las
consultas y datos que fueron analizados para determinar el valor del metro
cuadrado, pues, si bien se indica junto con el valor del metro cuadrado la
palabra construdata, de lo que podría inferirse que es la fuente de información
de dicho valor, al avalúo no se le acompañó informe que dé certeza sobre el
costo directo de la construcción para la fecha de realización del avalúo. Agrega
que el anterior avalúo se realizó con base en la metodología de depreciación
acumulada, esto es, el método costo de reposición, el cual no es aplicable
cuando los inmuebles expropiados estaban sometido al régimen de propiedad
horizontal conforme el artículo 13 de la Resolución 620 de 2008 del IGAC. Así
mismo, indica que los avalúos de Coralonjas no reúnen los requisitos de los
artículos 116 de la Ley 1395 de 2010 y 219 del CPACA para ser tenidos en
cuenta como dictámenes periciales.
Precisa que no se desvirtúa la presunción de legalidad del valor asignado a los
bienes inmuebles que eran propiedad del demandante por el solo hecho de
que en el recibo del impuesto predial aparezca que los avalúos catastrales de
dichos inmuebles son mayores, pues, en primer lugar, si lo que se pretende
es que se tenga en cuenta el valor resultado del proceso de autoestimación
del avalúo previsto en el artículo 13 de la Ley 14 de 1983, ello no es posible,
ya que el avalúo catastral asignado a cada uno de los inmuebles no tenía una
vigencia de más de 2 años, como lo exige dicha normativa; y en segundo
lugar, en razón a que la actualización catastral en el Municipio de Medellín se
realizó en el año 2012 con vigencia fiscal a partir del 1° de enero de 2013,
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mientras que las ofertas de compra de los inmuebles fueron expedidas el 16
de agosto de 2012, esto es, antes de que estuviera vigente el avalúo catastral.
De otro lado, indica que la indemnización debe comprender el daño emergente
y el lucro cesante, siendo que el primero corresponde al valor del bien
expropiado, mientras que en el segundo se deben verificar las condiciones del
inmueble y determinar si se encuentra destinado a actividades productivas, o
si sobre él recae una afectación que límite temporal o definitivamente los
posibles ingresos de los propietarios, tal como lo dispone el artículo 21 del
Decreto 1420 de 1998. Precisa que en los actos demandados se acogieron los
avalúos comerciales de los bienes inmuebles expropiados, lo cual corresponde
al daño emergente; sin embargo, el lucro cesante no fue cuantificado y
tampoco se indicó el motivo por el cual no se incluyó, a pesar de que se tenía
conocimiento de que en 3 de los inmuebles expropiados se encontraban
celebrados contratos de arrendamiento, por ser locales comerciales y respecto
de los cuales el accionante eventualmente percibía rentas.
En ese orden, ordena el reconocimiento del perjuicio de lucro cesante a favor
del accionante, el cual afirma se resume en una compensación por rentas que
se dejan de percibir hasta por un periodo máximo de 6 meses, tal como lo
prevé el artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, teniendo en cuenta que, si no
fuera por la expropiación, los contratos de arrendamiento conservarían
vigencia. Específicamente, ordena los siguientes valores actualizados:
• Por el inmueble de la calle 49 # 29-04 $9.000.000
• Por el inmueble de la calle 49 # 29-08 $4.200.000
• Por el inmueble de la calle 49 # 29-10 $6.000.000
Manifiesta que no procede la reclamación por gastos de adquisición de un
nuevo inmueble, pagos notariales, renta y registro para la adquisición de dicho
bien ya que tales reconocimientos no están previstos en el numeral 6 del
artículo 62 de la Ley 388 de 1997.
Afirma que tampoco procede el pago de la indemnización que supuestamente
reconoció como acto de mera liberalidad el accionante a los arrendatarios de
los bienes expropiados, en los términos del contrato de transacción y
terminación del contrato de arrendamiento, ya que, de acuerdo con el artículo
2016 del Código Civil, el contrato de arrendamiento expira cuando el derecho
del arrendador sobre la cosa se extingue por una causa independiente a su
voluntad. Agrega que tampoco le correspondía reconocer al demandante
indemnización alguna a los arrendatarios, ya que, si ello era procedente, era
a cargo de la entidad expropiante, conforme el artículo 2018 del Código Civil;
ello, además de que la transacción y terminación anticipada del contrato de
arrendamiento fue celebrada el 20 de febrero de 2013, es decir, posterior a la
expedición de los actos de expropiación.
Por último, precisa que la obligación de pagar las sumas de dinero como
consecuencia de la declaratoria de nulidad parcial de los actos demandados
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corresponde al Municipio de Medellín por ser dicha entidad la obligada a pagar
el valor del precio indemnizatorio de los bienes inmuebles que fueron de
propiedad del demandante. Adicionalmente, en los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho por expropiación no se realiza un estudio de
responsabilidad patrimonial, pues en dichos casos no se configura un daño
antijurídico, sino el análisis que se realiza es con relación al precio
indemnizatorio de los bienes objeto de expropiación, si debe ser mayor o no
al reconocido.
Finalmente, en razón a que las pretensiones de la demanda prosperaron
parcialmente, no condena en costas.
III.- DEL RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada, Municipio de Medellín, presenta recurso de apelación
y solicita que se revoque la sentencia apelada, con fundamento en los
siguientes argumentos:
(i) “Frente a las pruebas tenidas en cuenta para ordenar el pago por
concepto de lucro cesante”.
Manifiesta la entidad recurrente que, si bien la parte actora aportó 3
contratos de arrendamiento, estos documentos no son suficientes para
probar lo dejado de percibir, ya que se requiere de los recibos de pago o
consignaciones efectuadas por los arrendatarios durante la vigencia de
dichos contratos, cuestión que no fue allegada al presente proceso.
Precisa que todo perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio
eventual no otorga derecho a reparación y que los contratos de
arrendamiento carecen de fuerza probatoria para sustentar lo dejado de
percibir, pues, insiste, no se aportaron recibos de pago o consignaciones
efectuadas por los arrendatarios que confirmaran los cánones que
supuestamente percibía y se dejaron de recibir.
(ii) “Sobre la decisión de extender la aplicación de lo preceptuado en el
artículo 21 el numeral 6° del Decreto 1420 de 1998”.
Señala que no comparte la decisión del a quo de hacer extensiva la
aplicación del numeral 6° del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998 para
reconocer el pago de perjuicios, en razón a que dicha norma se refiere
exclusivamente a los avalúos de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989,
los cuales se refieren a afectaciones por obra pública y cuyos ingresos
provenientes de una actividad productiva se encuentran limitados por causa
de esa decisión administrativa.
Asegura que la anterior disposición se complementa con el artículo 122 de
la Ley 388 de 1997, titulado “compensación de cargas”, que exige a las
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entidades públicas que dispongan la apropiación presupuestal para
compensar al propietario por los perjuicios sufridos durante el tiempo de
afectación.
Resalta que, para que una afectación por obra pública exista, es
indispensable que se encuentre registrada en el folio de matrícula
inmobiliaria, como lo prevé el primer inciso del artículo 37 de la Ley 388 de
1997, hecho que no ocurrió en el presente caso, pues en el folio de matrícula
de los inmuebles expropiados no existe una anotación por obra pública.
Alega que el avalúo al que se refiere el artículo 37 de la Ley 9 de 1997 y por
ende los artículos 21 del Decreto 1420 de 1998 y 21 de la Resolución 620
de 2008 del IGAC que regulan el tema de los avalúos a los que se refiere la
Ley 388 de 1997, no están dirigidos a determinar el pago por lucro cesante
por la adquisición del inmueble. Las normas citadas regulan el pago de las
compensaciones al propietario del predio por la limitación temporal o
definitiva que soporta al no poder obtener mayores ingresos provenientes
de los inmuebles que se encuentran destinados a actividades productivas,
durante el tiempo de la afectación. Asegura que es indispensable que la
limitación se genere por la afectación con motivo de la futura ejecución de
una obra pública en su predio, para que se apliquen las disposiciones
citadas.
Aduce que las afectaciones por obra pública del artículo 37 de la Ley 9 de
1989 que permiten establecer limitaciones para la explotación de un
inmueble mientras se adquiere se generan, de un lado, para apoyar a las
administraciones municipales en su tarea de planificar, diseñar y ejecutar
obras públicas en beneficio de la comunidad y evitar que su futura
adquisición se torne más gravosa, y por otro, genera la obligación de
compensar a los particulares que soportan esta carga pública en favor del
desarrollo urbano. El particular propietario del inmueble no recibe el valor
del bien sino cuando la administración decida su adquisición para proceder
a la ejecución de la obra pública, mientras tanto el particular conserva su
propiedad y recibe la indemnización por las limitaciones que soporta. Es
decir, mientras dura la afectación el propietario del bien no recibe el valor
del inmueble que le permita obtener una renta, esto no ocurre cuando el
bien es enajenado o expropiado, caso en el cual el propietario sí tiene
derecho a recibir el pago del valor comercial del inmueble y de los perjuicios
probados, por lo que, una vez recibida la suma de dinero, ésta es susceptible
de seguir produciendo renta.
Insiste que el perjuicio debe ser cierto y que el demandante no probó que
efectivamente percibía los cánones de arrendamiento pactados, pues no
aportó recibos, informes contables, testimonios, o cualquier otro medio de
prueba que lo sustentara.
Agrega que, además, tampoco se explicó por qué se ordena el pago por 6
meses y no por un periodo menor cuando la misma norma en que se
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fundamenta artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, establece que el pago de
la compensación es por un periodo de hasta 6 meses.
IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
4.1. La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada -
ETMVA Ltda. reiteró los argumentos de la contestación de la demanda e
indicó que no era obligación de la entidad territorial el reconocimiento de
lucro cesante, en razón a que la entidad territorial soportó los actos
expropietarios en normas locales, específicamente en el Decreto 2320 de
2005, que goza de presunción de validez, y que expresamente prohíbe el
pago de compensaciones en caso de presentarse la expropiación
administrativa. Aduce que condenar al pago de lucro cesante es casi que
manifestar que no hubo pago de indemnización previa o que además de
recibir rendimientos financieros derivados de la explotación económica de
los dineros pagados, también debe recibir un lucro cesante que no se causó
por unos inmuebles que ya se habían pagado.
4.2. La entidad demandada, Municipio de Medellín, presentó escrito de
alegatos de conclusión en los que insistió en los argumentos esgrimidos en
el escrito de apelación, y agregó que se debe revocar la condena por
concepto de lucro cesante, al estimar que se desconoció el principio de
congruencia, ya que el demandante solicitó el reconocimiento de dichos
perjuicios con fundamento en el artículo 21 de la Resolución 620 de 2008
del IGAG, mientras que el a quo los reconoció aplicando por analogía el
numeral 6 del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998.
4.3. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.
V.- CONSIDERACIONES
5.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo
núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para
conocer del presente asunto, en segunda instancia.
5.2. Delimitación del recurso
En el presente caso, la entidad recurrente, Municipio de Medellín, reprocha
la nulidad parcial que declaró el a quo por la ausencia en los actos
demandados del reconocimiento del perjuicio por concepto de lucro cesante
a favor de la actora, para lo cual cuestionó la acreditación del citado daño,
así como las normas a aplicar para determinar su monto.
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En el anterior contexto, lo primero que se deberá determinar es si es cierto
que en los casos de expropiación por vía administrativa es posible el
reconocimiento de perjuicio por concepto de lucro cesante a favor de la
actora en la aplicación del numeral 6° del artículo 21 del Decreto 1420 de
1998 o si, por el contrario, dicha norma aplica exclusivamente a los avalúos
de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, como lo afirma el recurrente.
Aclarado lo anterior, se deberá determinar si, en el caso concreto, se
encuentra acreditado el perjuicio en la modalidad de lucro cesante, y si es
así, establecer si el monto establecido en el fallo recurrido es el correcto.
5.3. Análisis de la Sala
5.3.1. En criterio de la parte accionante, en los casos de expropiación por vía
administrativa no es acertado aplicar el numeral 6° del artículo 21 del Decreto
1420 de 1998 para reconocer el pago de perjuicios, pues, a su juicio, dicha
disposición sólo es aplicable en los avalúos de que trata el artículo 37 de la
Ley 9 de 1989, los cuales se refieren a afectaciones por obra pública.
Pues bien, para decidir lo pertinente es preciso señalar que, de conformidad
con el numeral 6º del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, “[p]ara los efectos
del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los inmuebles que
se encuentren destinados a actividades productivas y se presente una
afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación
de ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse
independientemente del avalúo del inmueble, la compensación por las rentas
que se dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis (6) meses.”
En concordancia con lo anterior, el numeral 4º del artículo 21 de la Resolución
620 de 2008 preceptúa que, “[p]ara estimar el monto de la compensación de
las rentas o ingresos que se dejan de percibir por una limitación temporal o
definitiva […] se deberán tener en cuenta: Las declaraciones para efectos
tributarios. El balance contable que se presente para la Cámara de Comercio.”
Esta misma disposición establece que, si la empresa no esté obligada a
presentar las declaraciones tributarias o el balance ante la Cámara de
Comercio, "[…] deberá probar la utilidad neta del negocio de por lo menos los
seis meses anteriores, mediante un estado de pérdidas y ganancias mensual
firmado por un contador público titulado, con matrícula profesional vigente.
[…]”.
Como puede apreciarse de las normas citadas, previa determinación de que
el inmueble se encuentra destinado a una actividad productiva y presente una
afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación
de los ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, los documentos
que se deberán tener en cuenta para determinar el monto de la compensación
por rentas e ingresos que se dejan de percibir con ocasión de la afectación a
causa de una obra pública, son i) las declaraciones para efectos tributarios;
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ii) el balance contable que se presente a la Cámara de Comercio; y iii) un
estado de pérdidas y ganancias mensuales para acreditar la utilidad neta del
negocio, este último en el evento en que el afectado no esté obligado a
presentar los dos primeros.
Las anteriores disposiciones, como lo afirma el recurrente, son aplicables para
calcular el valor de la compensación por la afectación a causa de una obra
pública; sin embargo, se debe recordar que el titular del bien expropiado tiene
derecho a recibir una indemnización de carácter reparatorio, que comprenda,
además del valor del bien expropiado, los demás perjuicios que se le hubieren
causado con ocasión de la expropiación, incluido el daño emergente y lucro
cesante.
Por lo anterior, esta Sección9, en varias oportunidades, ha señalado que en la
medida en que no existe norma expresa sobre la forma de indemnizar de
manera justa y plena los detrimentos patrimoniales accesorios causados a los
propietarios de una expropiación por vía administrativa, en aplicación del
artículo 8° de la Ley 153 de 188710, se debe acudir a la regla establecida en
el numeral 6 del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998.
Así las cosas, teniendo en cuenta que el propietario del inmueble expropiado
tiene derecho a recibir una indemnización justa que reconozca el valor
comercial del bien expropiado, así como los perjuicios que se le han generado
con ocasión de la expropiación, ante el vacío normativo en la forma de
indemnizar dichos perjuicios, es posible acudir a disposiciones que regulen
asuntos semejantes para llenarlo, como es el caso de la aplicación del numeral
6º del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, en concordancia con el numeral
4º del artículo 21 de la Resolución 620 de 2008, para determinar en este caso
el lucro cesante, lo que no significa, de modo alguno, que por su aplicación se
le esté dando el tratamiento de afectación por obra pública.
5.3.2. Aclarado lo anterior, se deberá establecer si, en el caso concreto,
se encuentra acreditado el perjuicio en la modalidad de lucro cesante, en
razón a que, en la sentencia recurrida, el a quo declaró la nulidad parcial de
los actos demandados por no incluir el reconocimiento de los perjuicios por
dicho concepto, a pesar de la existencia de 3 contratos de arrendamiento
sobre los inmuebles objeto de expropiación; mientras que la entidad
territorial recurrente, considera que dicho perjuicio no está demostrado, ya
que, aunque obran los contratos, dichas pruebas no son suficientes para
acreditar los cánones que supuestamente recibían y que dejaron de percibir.
9
Consejo de Estado, Sección Primera, i) sentencia de 23 de mayo de 2024, rad. 25000-
23-24-000-2010-00623-01, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes; ii) sentencia de 23 de
noviembre de 2023, rad.05-001-23-31-000-2011-00268-01, C.P. Germán Eduardo Osorio
Cifuentes; iii) sentencia de 19 de abril de 2021, rad. 25000-23-24-000-2011-00240-01,
C.P. Oswaldo Giraldo López; iv) sentencia de 26 de julio de 2012, rad. 05001-23-31-000-
2003-00977-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno (E)
10
Artículo 8. “Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán
las leyes que regulen casos ó materias semejantes, y en su defecto, la doctrina
constitucional y las reglas generales de derecho.”
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Para decidir lo pertinente, es preciso citar las pruebas que obran en el
expediente, a saber:
• Copia simple del contrato de arrendamiento11 celebrado el 10 de agosto
de 2010 entre el actor como arrendador y el señor José Leoncio Gómez
Hernández como arrendatario, cuyo objeto es el goce del inmueble
ubicado en la calle 49 # 29-04, barrio Buenos Aires en la ciudad de
Medellín, cuya destinación exclusiva es “panadería”, con un canon de
arrendamiento de $1.500.000. La vigencia del contrato se pactó de 2
años, contados desde el 5 de septiembre de 2008, prorrogable por un
año más.
• Copia simple del contrato de arrendamiento12 celebrado el 10 de agosto
de 2010 entre el actor como arrendador y el señor Alejandro Franco
Suárez como arrendatario, cuyo objeto es el goce del inmueble ubicado
en la calle 49 # 29-8, segundo piso, barrio Buenos Aires en la ciudad
de Medellín, cuya destinación exclusiva es “venta y consumo de licor
dentro del establecimiento”, con un canon de arrendamiento de
$700.000. La vigencia del contrato se pactó de 5 años, contados desde
el 6 de octubre de 2008, prorrogable por un año más.
• Copia simple del contrato de arrendamiento13 celebrado el 10 de agosto
de 2010 entre el actor como arrendador y la señora Ana Carolina Loaiza
Maldonado como arrendataria, cuyo objeto es el goce del inmueble
ubicado en la calle 49 # 29-10, primer piso, barrio Buenos Aires en la
ciudad de Medellín, cuya destinación exclusiva es “venta y consumo de
licor dentro del establecimiento”, con un canon de arrendamiento de
$1.000.000. La vigencia del contrato se pactó de 10 años, contados
desde el 5 de septiembre de 2008, prorrogable por un año más.
• Copia auténtica de la transacción y terminación del contrato de
arrendamiento de local comercial celebrado el 20 de febrero de 2013
entre el accionante y la señora Ana Carolina Loaiza Maldonado en el que
las partes dan por terminado de mutuo acuerdo el contrato de
arrendamiento sobre el inmueble ubicado en la calle 49 # 29-10 y se
pacta una indemnización por valor de 18 millones de pesos a favor del
arrendatario14.
• Copia auténtica de la transacción y terminación del contrato de
arrendamiento de local comercial celebrado el 20 de febrero de 2013
entre el accionante y el señor Alejandro Franco Suárez en el que las
partes dan por terminado de mutuo acuerdo el contrato de
arrendamiento sobre el inmueble ubicado en la calle 49 # 29-8, segundo
11
Cuaderno principal, folios 204 a 208.
12
Cuaderno principal, folios 209 a 213.
13
Cuaderno principal, folios 214 a 218.
14
Cuaderno principal, folios 220 a 222.
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Demandante: José Arnoldo Giraldo Aristizábal
y tercer piso, y se pacta una indemnización por valor de 20 millones de
pesos a favor del arrendatario15.
Pues bien, de la revisión de las anteriores pruebas, la Sala advierte que dichos
documentos no dan certeza de que, para el momento de la expropiación, los
inmuebles efectivamente estuvieran arrendados, ya que, si bien se aportaron
copia de unos contratos de arrendamiento, los mismos son ambiguos y no
existen medios de pruebas adicionales que permitan corroborarlos.
En efecto, el contrato de arrendamiento celebrado sobre el inmueble ubicado
en la calle 49 # 29-04 indica que se suscribió el 10 de agosto de 2010; sin
embargo, la cláusula de duración señala que su ejecución inicia en el año
2008. Ahora bien, considerando que es un error mecanográfico, lo cierto es
que los dos años de duración del contrato vencerían el 10 de agosto de 2012,
esto es, antes de que se expidiera el acto de expropiación, y no hay prueba
de que el mismo se haya prorrogado.
Con relación al contrato de arrendamiento celebrado sobre el inmueble
ubicado en la calle 49 # 29-8, segundo piso, se lee que se suscribió el 10 de
agosto de 2010, pero ocurre lo mismo que en el anterior, ya que la cláusula
de vigencia del contrato señala que su ejecución inicia el 6 de octubre de 2008.
Adicionalmente, obra en el expediente un documento de transacción de fecha
20 de febrero de 2013, mediante el cual se termina el citado contrato. Pues
bien, considerando igualmente que es un error mecanográfico el inicio del
contrato, y teniendo en cuenta que su duración era de 5 años, el mismo
finalizaría el 6 de octubre de 2015; sin embargo, no se aporta ningún
documento que acredite que el canon de arrendamiento fue pagado durante
su vigencia o por lo menos para el momento en que el inmueble fue objeto de
la expropiación.
Por su parte, respecto del contrato celebrado sobre el inmueble ubicado en la
calle 49 # 29-10, primer piso, barrio Buenos Aires en la ciudad de Medellín,
se observa que se celebró el 10 de agosto de 2010 y que su vigencia sería de
10 años contados desde el 5 de septiembre de 2008. Así mismo, obra
documento de transacción de 20 de febrero de 2013 en el que se termina el
citado contrato; no obstante, si bien se suscribe por las partes que firmaron
el contrato inicial, en el clausulado se cita como arrendatario al señor
Alejandro Franco Suárez, quien es ajeno al contrato. Sobre este negocio,
aceptando, como en los anteriores, que los mencionados errores son
simplemente de tipo mecanográficos, lo cierto es que no obra en el expediente
un solo recibo de pago o consignación que acredite la cancelación de los
cánones de arrendamiento durante el tiempo en que estuvo vigente el
contrato, así como tampoco ninguna otra prueba testimonial o documental
que corrobore su vigencia para la fecha en que se expropió el inmueble.
15
Cuaderno principal, folios 223 a 225.
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Radicado: 05001 2333 000 2013 01308 01
Demandante: José Arnoldo Giraldo Aristizábal
Sobre este asunto, se debe recordar que esta Sección ha señalado que “[…]
no son suficientes los contratos de arrendamiento allegados para demostrar
lo dejado de percibir, ya que como bien se sabe, se requieren por lo menos
los recibos de pago o consignaciones efectuados por sus arrendatarios durante
la vigencia de dichos contratos, cuestión que no fue aportada al proceso.
[…]”16
Así las cosas, para la Sala las inconsistencias citadas en los documentos
aportados, y además, que no se allegara prueba de los cánones de
arrendamiento que fueron pagados y recibidos en los meses previos a la
expropiación, así como que no se solicitaran otras pruebas documentales o
testimoniales que corroboraran que, para la época de la expropiación,
efectivamente estaban vigentes los contratos de arrendamiento y que se
estaban percibiendo los cánones fijados en los mismos, hacen que los
documentos aportados pierdan credibilidad y, por tanto, que no se tenga
certeza de la existencia del perjuicio alegado, esto es, de la pérdida de utilidad
económica percibida por el demandante por los bienes inmuebles
expropiados, perjuicio que, para ser indemnizado, debe ser cierto.
En este punto, es preciso indicar que, si bien la parte actora alega en su
demanda que un estudio socio económico realizado por el Metro de Medellín
señala el valor del canon mensual de arrendamiento para el año 2013 de los
inmuebles expropiados, revisado el expediente, no obra prueba de dicho
documento.
En ese orden de ideas, a pesar de que la indemnización que se reconoce a
quienes se ven afectados con la expropiación debe ser justa y, por tanto, de
carácter reparatorio, lo que comprende el precio comercial del bien y los
demás perjuicios que pudieron causarse con ocasión de la expropiación, no es
menos cierto que es obligación del demandante, propietario del bien
expropiado, probar la existencia de los perjuicios, su monto y su nexo de
causalidad con la expropiación, circunstancia que no ocurrió en el presente
caso.
En conclusión, teniendo en cuenta que en el expediente no existe certeza
sobre la ocurrencia del prejuicio en la modalidad de lucro cesante con ocasión
de la expropiación, se revocarán los numerales primero y segundo de la
sentencia de primera instancia y se negarán las pretensiones por este
concepto.
Por último, no se condenará en costas en esta instancia, al no estar
demostrada su causación.
5.4. Otros pronunciamientos
16
Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 10 de marzo de 2011, rad. 05001-23-
31-000-2004-03941-01, C.P. Marco Antonio velilla Moreno
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Radicado: 05001 2333 000 2013 01308 01
Demandante: José Arnoldo Giraldo Aristizábal
Mediante memorial obrante en el índice número 20 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado - SAMAI se allegó renuncia
de poder por parte del abogado Richard Yhon Ospina Ramírez, quien actúa
como apoderado del Municipio de Medellín. Como quiera que la renuncia
cumple los requisitos previstos en el artículo 76 del Código General del
Proceso, el Despacho la tendrá por bien presentada.
Por lo expuesto, el Concejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: REVOCAR los numerales primero y segundo de la sentencia
apelada de 8 de septiembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
Segundo: TENER por debidamente presentada la renuncia de poder
presentada por el abogado Richard Yhon Ospina Ramírez como apoderado
del Municipio de Medellín.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
GARZON Consejero de Estado
Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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