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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2013-01453-01

Fecha
29 de julio de 2026
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2013-01453-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, en favor de Corantioquia, Allianz Seguros S.A. y Zurich Colombia Seguros S.A. y fijar las agencias en derecho de segunda instancia por la suma de veintidós millones seiscientos noventa y nueve mil pesos ($22’699.000). Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo y teniendo en cuenta los siguientes porcentajes a cargo de los demandantes: Porcentaje respecto de la Demandante las costas Luz Edilma Jiménez de Duque (propietaria inmueble) 17,74% Francisco Jaime Duque González (cónyuge) 5,19% Jaime Andrés Duque Jiménez (hijo) 5,19% Fernando Duque Jiménez. (hijo) 5,19% Jhon Jairo Duque Jiménez. (hijo) 5,19% Luis Guillermo Duque Jiménez. (hijo) 5,19% Bernardo Duque Jiménez (propietario inmuebles) 35,50% Ligia del Socorro Arango Garzón (esposa) 5,19% Mauricio Duque Arango 5,19% Carolina María Duque Arango 5,19% Oscar Daniel Pérez Jaramillo 5,19% TOTAL 100% TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2013-01453-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

29 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 05001-23-33-000-2013-01453-01 (73.416)
Demandante: Luz Edilma Jiménez de Duque y otros
Demandados: Departamento de Antioquia y otros
Medio de control: Reparación directa

Temas: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA – Mecanismo idóneo para
perseguir la declaratoria de responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos causados
por sus hechos, omisiones u operaciones administrativas / LEGITIMACIÓN MATERIAL EN
LA CAUSA POR ACTIVA - Hace referencia a la titularidad del derecho subjetivo o al interés
legítimo cuya protección se reclama en el proceso – Su ausencia constituye motivo para
decidir la demanda adversamente, de ahí que se afirme que es un elemento de mérito de la
litis y no solo un presupuesto procesal / EXISTENCIA DE UNA CONDICIÓN DE RIESGO
ASOCIADA A LA UBICACIÓN DE LOS INMUEBLES DENTRO DEL ÁREA EN QUE
OCURRIÓ EL DESLIZAMIENTO / Los informes que clasificaron las zonas donde ocurrió el
evento como de alto riesgo, consistieron en estudios realizados con fines de diagnóstico y
priorización de medidas de intervención, y no una determinación definitiva de la
administración sobre ordenamiento territorial o regulación del suelo / VALORACIÓN DE LA
PRUEBA PERICIAL - Dada su naturaleza técnica, debe fundarse no solo en la opinión del
experto, sino en soportes que ofrezcan respaldo a su labor.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Se solicita la reparación de los daños derivados de la avalancha ocurrida el 27 de
abril de 2011 en el municipio de Copacabana, Antioquia, la cual se atribuye a los
procesos de erosión y movimientos en masa generados por las obras adelantadas
en la autopista Medellín–Bogotá por la concesionaria Devimed S.A.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la proferida el 18 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, mediante la cual se resolvió la demanda de
reparación directa presentada el 20 de junio de 20131 por los señores Luz Edilma
Jiménez Duque y Bernardo Duque Jiménez, junto con sus respectivos grupos
familiares2, contra Devimed S.A. (concesionaria), la Agencia Nacional de
Infraestructura –en adelante ANI–, el municipio de Copacabana, el departamento

1 SAMAI: Expediente digital, archivo “05001233300020130145300_C001(005)”.
2 El de la primera conformado por su esposo, Francisco Jaime Duque González y sus hijos, Jaime Andrés,

Fernando, Jhon Jairo y Luis Guillermo Duque Jiménez. Y el del señor Bernardo Duque Jiménez integrado por
su esposa, Ligia del Socorro Arango Garzón, sus hijos, Mauricio y Carolina María Duque Arango y su yerno,
Oscar Daniel Pérez Jaramillo (esposo de Carolina María Duque Arango).

Radicación: 05001-23-33-000-2013-01453-01 (73.416)
Actor: Luz Edilma Jiménez de Duque y otros
Demandado: Departamento de Antioquia y otros
Medio de control: Reparación directa

de Antioquia, el Instituto Nacional de Vías –en adelante Invías– y la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia –en adelante Corantioquia–, con el fin
de que se les declare patrimonialmente responsables por “el daño antijurídico por el
dolor sufrido tras la pérdida de su vivienda (sic) y los enseres” con ocasión de la
avalancha ocurrida el 27 de abril de 2011 en los sectores Loma de Los Duque, Los
García y el condominio La Aldea, en el municipio de Copacabana.

2. Solicitaron el reconocimiento de perjuicios morales por la suma equivalente a
cien (100) SMLMV para cada uno de los demandantes3; igual monto para cada uno
a título de daño a la vida de relación4 y, por concepto de perjuicios materiales, la
suma de $285’000.000 a favor de la señora Luz Edilma Jiménez de Duque y de
$688’000.000 a favor del señor Bernardo Duque Jiménez, correspondiente al valor
de sus inmuebles.

3. Los fundamentos de hecho y de derecho sobre los que se edificó la demanda
fueron los siguientes:

Hechos

4. La señora Luz Edilma Jiménez de Duque es propietaria de dos inmuebles
ubicados en la “Loma de Los Duque”, en el municipio de Copacabana. El señor
Bernardo Duque González es propietario de otros dos inmuebles ubicados en el
mismo sector.

5. Mediante contrato No. 0275 de 1996, el Invías concesionó a la empresa
Devimed S.A. el diseño, construcción y operación de la red vial Nacional en el
oriente de Medellín y Valle de Rionegro del sector de la autopista Medellín – Bogotá
y le asignó al INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura –ANI– las funciones
de inspección, vigilancia y control de ese contrato.

6. Con ocasión de dichas obras, en la ladera ubicada en la margen izquierda de la
vía, aproximadamente en el km 6 de la autopista Medellín-Bogotá, en jurisdicción
del municipio de Copacabana, se presentaron agrietamientos, erosiones y
movimientos en masa, debido al inadecuado manejo de las aguas provenientes de
descoles de drenaje construidos por Devimed S.A.

7. El 27 de abril de 2011 se presentó una avalancha que generó un movimiento
masivo de tierra, destruyó varias viviendas en la parcelación La Aldea y sectores
aledaños, y dejó los inmuebles de los demandantes en condición de alto riesgo, lo
que motivó su desalojo y la causación de los perjuicios cuya reparación se reclama.

8. Corantioquia le impuso la obligación a Devimed S.A. de ejecutar obras de
contención, protección y manejo adecuado de aguas, así como tramitar los permisos
ambientales correspondientes; sin embargo, la concesionaria desatendió dichas
obligaciones.

3 Para un total de 1.100 SMLMV.
4 Ibidem.

2

Radicación: 05001-23-33-000-2013-01453-01 (73.416)
Actor: Luz Edilma Jiménez de Duque y otros
Demandado: Departamento de Antioquia y otros
Medio de control: Reparación directa

Fundamentos de derecho

9. Los demandantes señalaron que Devimed S.A. era responsable de la avalancha
ocurrida el 27 de abril de 2011, debido al indebido manejo que le dio a los descoles
de drenaje construidos para la doble calzada de la autopista Medellín–Bogotá, así
como por el incumplimiento de las obligaciones ambientales impuestas por
Corantioquia. Respecto del Invías, en su calidad de concedente, y la ANI, como su
sucesora, señaló que omitieron sus deberes de seguimiento y control de las obras
ejecutadas por la concesionaria, pese a tener conocimiento previo de la
problemática de inestabilidad que estas generaban.

10. Se atribuyó también responsabilidad al municipio de Copacabana, por no
cumplir de manera adecuada sus funciones de ordenamiento territorial y control
urbanístico, al otorgar licencias –de parcelación, reloteo y permisos de venta– para
la construcción del condominio La Aldea en una zona con condiciones de riesgo
conocidas. Así mismo, se imputó responsabilidad al departamento de Antioquia por
no adoptar medidas oportunas de prevención y mitigación del riesgo, pese a
conocer la situación. Finalmente, se señaló que Corantioquia, aunque impuso
obligaciones a la concesionaria en materia de manejo de aguas, no adoptó medidas
eficaces para garantizar su cumplimiento, por lo que las acciones y omisiones
concurrentes de las demandadas permitieron la materialización del riesgo que
culminó en la referida avalancha5.

La defensa

11. Devimed S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda y sostuvo que no
existía nexo causal entre las obras ejecutadas en la autopista Medellín–Bogotá y el
deslizamiento ocurrido el 27 de abril de 2011. Señaló que los drenajes utilizados
correspondían a descoles naturales que habían funcionado adecuadamente desde
la construcción inicial de la vía (1996) y que fueron mantenidos conforme a los
diseños aprobados por la autoridad ambiental. Indicó que el evento dañoso
obedeció a la concurrencia de factores ajenos a su actuación, tales como la fuerte
ola invernal presentada entre 2010 y 2011, las condiciones geológicas preexistentes
del terreno y las intervenciones antrópicas realizadas en la parcelación La Aldea
(tala de árboles, movimientos de tierra, construcción de vías internas, modificación
y desvío de drenajes naturales).

12. En particular, alegó que la pluviometría registrada en los meses de marzo y abril
de 2011 fue excepcional e imprevisible, al punto que motivó la declaratoria de
emergencia económica, social y ecológica a nivel nacional. Con fundamento en lo
anterior, propuso como excepciones: (i) inexistencia de nexo causal; (ii) fuerza
mayor; (iii) hecho exclusivo de un tercero; (iv) inexistencia de falla del servicio; y (v)
falta de legitimación en la causa por pasiva. Adicionalmente, presentó objeción al

5 SAMAI: Expediente digital, archivos: “2005001233300020130145300_C001(002) y
05001233300020130145300_C001(003)”, c. 1. Subsanación: “006 EscritoDeSubsanación”. Reforma de la
demanda: “05001233300020130145300_C003(064)”, c. 3.

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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01453-01 (73.416)
Actor: Luz Edilma Jiménez de Duque y otros
Demandado: Departamento de Antioquia y otros
Medio de control: Reparación directa

dictamen pericial elaborado por la firma Suelo & Ambiente, aportado con la
demanda y llamó en garantía a Colseguros S.A. (hoy Allianz Seguros S.A.)6.

13. La ANI en su defensa formuló las excepciones que denominó: (i) falta de
legitimación en la causa por pasiva e inexistencia de nexo causal, por cuanto no le
eran atribuibles los hechos que dieron lugar al daño reclamado, en tanto estos
obedecieron a actuaciones de terceros y a la omisión de la autoridad municipal en
relación con el control urbanístico; (ii) hecho de un tercero, dadas las intervenciones
realizadas por los constructores y residentes del condominio La Aldea, quienes
adelantaron las obras sin las condiciones técnicas y los controles necesarios,
afectando la estabilidad del terreno y, (iii) la genérica. Además, formuló llamamiento
en garantía a QBE Seguros (hoy Zurich Colombia Seguros S.A.)7.

14. El Invías manifestó que no era la entidad encargada de la administración de la
vía donde ocurrieron los hechos ni la supervisora del contrato de concesión No. 275
de 1996, el cual fue cedido en 2003 al entonces INCO (hoy ANI). En ese sentido,
indicó que para la fecha de ocurrencia de los hechos (2011) ya no tenía competencia
ni responsabilidad sobre la ejecución, operación o mantenimiento del proyecto
concesionado. Con soporte en tales argumentos formuló las excepciones de: (i) falta
de legitimación por pasiva; (ii) falta de nexo causal entre el daño sufrido y la falla
del servicio predicada por la parte demandante respecto del Invías; e, (iii)
inexistencia de la obligación de reparar el presunto daño8.

15. Corantioquia adujo que mediante informe técnico del 22 de octubre de 2013 se
concluyó que las grietas observadas en el sector correspondían a un efecto
posterior al deslizamiento ocurrido el 27 de abril de ese año y no a su causa;
además, encontró que la inestabilidad del suelo se originó por la intervención de los
drenajes naturales por parte de los constructores de la parcelación La Aldea,
quienes alteraron el comportamiento hídrico del sector, lo que generó la
sobresaturación. En ese sentido, señaló que la avalancha obedeció a factores
externos y concurrentes, especialmente, la intensa ola invernal asociada al
fenómeno de “La Niña” 2010–2011, así como a las actuaciones de terceros -
autoridades territoriales y desarrolladores de La Aldea-.

16. Propuso las excepciones que denominó: (i) existencia de causales de
exoneración de responsabilidad; (ii) ausencia de factores de imputación fáctica o
ausencia de nexo causal; (iii) los movimientos en masa denotados por la lluvia; (iv)
competencia de los entes territoriales en la prevención y atención de desastres; (v)
sujeción de Corantioquia a las funciones señaladas en la Ley 99 de 1993; y, (vi)
falta de legitimación por pasiva9.

6SAMAI: Expediente digital, archivos: “05001233300020130145300_C002(001),
05001233300020130145300_C002(002) y 05001233300020130145300_C002(003)”, c. 2.
7 SAMAI: Expediente digital, archivos: “05001233300020130145300_C002(025) y
05001233300020130145300_C002(026)”, c. 2. “05001233300020130145300_C004(27)”, c. 4.
8 SAMAI: Expediente digital, archivos: “05001233300020130145300_C004(07) y
05001233300020130145300_C004(27)”, c. 4.
9 SAMAI: Expediente digital, archivos: “05001233300020130145300_C002(035),
05001233300020130145300_C002(036), 05001233300020130145300_C002(037) y
05001233300020130145300_C002(038)”, c. 2. Y “05001233300020130145300_C004(27)”, c. 4.

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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01453-01 (73.416)
Actor: Luz Edilma Jiménez de Duque y otros
Demandado: Departamento de Antioquia y otros
Medio de control: Reparación directa

17. El municipio de Copacabana igualmente se opuso a las pretensiones de la
demanda y sostuvo que cumplió sus funciones constitucionales y legales en materia
de gestión del riesgo y atención de desastres. Coincidió con las demás demandadas
al señalar que la avalancha ocurrió como consecuencia de la fuerte ola invernal de
la época, las condiciones propias del terreno y de actuaciones de terceros; precisó
que la autopista Medellín–Bogotá es una vía de carácter nacional, cuya
administración, mantenimiento y control no eran de su competencia.

18. Agregó que no existía fundamento para que el municipio asumiera el costo de
los inmuebles objeto de la litis, toda vez que estos continuaban siendo de propiedad
de los demandantes y no se configuró una pérdida material que justificara el
reconocimiento de los perjuicios solicitados. Formuló las excepciones que
denominó: (i) inexistencia de responsabilidad y de culpa por parte del municipio de
Copacabana; (ii) fuerza mayor o caso fortuito; (iii) culpa de las víctimas o concausa
e, (iv) improcedencia y “desproporcionamiento” del avalúo presentado. Además,
llamó en garantía a La Previsora S.A. Compañía de Seguros10.

19. El departamento de Antioquia se opuso a las pretensiones de la demanda y
sostuvo que no existe prueba de requerimientos formales de apoyo previos al
deslizamiento, pues solo dos días antes del siniestro, el municipio de Copacabana
acudió de manera verbal al Departamento Administrativo del Sistema de
Prevención, Atención y Recuperación de Desastres -DAPARD-, momento para el
cual ya se adelantaban evacuaciones. Indicó que entre el 25 y el 28 de abril de 2011
realizó visitas técnicas y emitió el respectivo informe con recomendaciones; pero
que su intervención -en aplicación del principio de subsidiariedad- dependía de la
presentación por parte del municipio de Copacabana de los estudios y proyectos
debidamente estructurados; sin embargo, para la fecha estos no se habían
entregado11.

20. La Previsora S.A.12, al contestar la demanda, coincidió con las razones de
defensa expuestas por las demás demandadas y sostuvo que no se configuraban
los elementos necesarios para estructurar la responsabilidad del municipio de
Copacabana, al tiempo que propuso como excepción la “indebida y exagerada
tasación de los perjuicios aducidos”, particularmente respecto del daño material.
Señaló que la alegada desvalorización de los bienes debía ser demostrada por la
parte actora, y que debía probarse que los inmuebles no cumplían las funciones
para las cuales estaban destinados, a fin de evitar un enriquecimiento sin justa
causa.

21. De otro lado, se opuso al llamamiento en garantía formulado en su contra, para
tal efecto indicó que su responsabilidad debía circunscribirse a los términos,

10 SAMAI: Expediente digital, archivos: “05001233300020130145300_C003(064) y
05001233300020130145300_C003(065)”, c. 3.
11 Con fundamento en lo anterior, formuló las pretensiones que denominó: (i) falta de legitimación en la causa

por pasiva; (ii) inexistencia de nexo causal que genera la inexistencia de la obligación; (iii) inexistencia de
prueba para acreditar que la causa eficiente generadora del daño radicó en cabeza del departamento de
Antioquia; (iv) ausencia de falla en el servicio; (v) fuerza mayor; (vi) hecho de un tercero e, (vii) inexistencia del
derecho. SAMAI: Expediente digital, archivos: “05001233300020130145300_C004(01) y
05001233300020130145300_C004 (02)”, c. 4.
12 Llamamiento admitido mediante auto del 4 de marzo de 2014 (folios 52 a 54, c, llamamiento).

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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01453-01 (73.416)
Actor: Luz Edilma Jiménez de Duque y otros
Demandado: Departamento de Antioquia y otros
Medio de control: Reparación directa

amparos y exclusiones de la póliza multirriesgo No. 1001235, expedida a favor del
municipio. Alegó la inexistencia de cobertura y de siniestro por encontrarse
excluidos los daños derivados de fenómenos como deslizamientos de tierra, fallas
geológicas e inundaciones; en subsidio adujo que cualquier obligación estaría
limitada al valor asegurado, sujeta a deducibles y sin restablecimiento automático
de la suma asegurada13.

22. Allianz Seguros S.A.14 concurrió con las mismas razones de defensa
esgrimidas por Devimed S.A. y, frente al llamamiento formulado en su contra
propuso las excepciones de: (i) límite de cobertura; (ii) culpa grave; (iii) error
profesional; exclusión pactada en la póliza de no pago por daño moral, por
fenómenos de la naturaleza, por inobservancia de disposiciones legales u órdenes
de autoridad, por vibración del suelo, debilitamiento de cimientos o bases; (iv)
incumplimiento de las garantías y de las obligaciones por parte del asegurado; y, (v)
exclusiva responsabilidad del Estado15.

23. Zurich Colombia Seguros S.A.16 se opuso a las pretensiones de la demanda,
para lo cual argumentó que no existía ningún hecho que fuera imputable a la ANI.
En relación con el llamamiento en garantía, fundó sus razones de defensa en las
excepciones que denominó: (i) ausencia de cobertura; (ii) exceso del valor
asegurado; (iii) exclusión de dolo o culpa grave; (iv) fenómeno de la naturaleza,
responsabilidad profesional y del contratista excluidas17.

24. Agotada la audiencia inicial y surtido el debate probatorio18, en el término para
alegar de conclusión, la parte actora sostuvo que con ocasión del deslizamiento

13SAMAI: Expediente digital, archivos: “05001233300020130145300_C004(26) y
05001233300020130145300_C004(27)”, c. 4.
14 Llamamiento admitido mediante auto del 4 de marzo de 2014 (folios 52 a 54, c. 1 - Llamamiento en garantía).
15 Folios 96 a 120, c. 1 - Llamamiento en garantía.
16 Llamamiento admitido mediante auto del 9 de abril de 2014 (folios 86 y 87, c. 1 – Llamamiento en garantía).
17 Folios 228 a 257, c. 2 – Llamamiento en garantía).
18 En audiencia del 24 de agosto de 2015, el Tribunal a quo decretó las siguientes pruebas: Documentales: 1.

Contrato de concesión No. 275 de 1996, suscrito entre el Invías y Devimed S.A. 2. Cartografía de niveles del
sector objeto de estudio. 3. Estudio hidráulico, geotécnico e hidrológico elaborado por la firma Energía
Ecológica, sobre las condiciones del terreno. 4. Resolución No. 020 del 13 de enero de 2011. 5. Concepto
técnico elaborado por Ludger O. Suárez Burgoa, sobre las causas del movimiento en masa. 6. Fotografías
satelitales de los años 2000, 2009 y 2011, que muestran la evolución del terreno. 7. Contrato de concesión No.
001 del 14 de enero de 2010. 8. Informe de Devimed S.A. sobre el registro de la avalancha ocurrida en abril de
2011. 9. Correos electrónicos intercambiados entre la concesionaria y el Ministerio de Transporte, relacionados
con la situación del sector. 10. Póliza No. 120100001155 de responsabilidad civil extracontractual suscrita entre
la ANI y QBE Seguros S.A. 11. Expediente del proceso sancionatorio ambiental No. AN4-11-150 adelantado
por Corantioquia. 12. Oficio del 10 de junio de 2011 de Corantioquia, con resultados de visita técnica. 13.
Boletines No. 14 a 32 del IDEAM sobre el monitoreo de los fenómenos de “La Niña”. 14. Registros de
precipitación de la estación Manantiales de EPM (1986–2012), sobre niveles de lluvia en la zona. 15. Artículos
técnicos sobre movimientos en masa detonados por lluvias y análisis de umbrales de precipitación en el Valle
de Aburrá (2010–2011). 16. Expediente administrativo del Departamento de Antioquia (DAPARD) sobre
actuaciones previas, concomitantes y posteriores al deslizamiento. 17. Certificados catastrales e impuestos
prediales de los inmuebles involucrados. 18. Providencia (decreta medida cautelar) del Consejo de Estado
dentro de acción popular relacionada con los mismos hechos (rad. 2012-00614). 19. Informe presentado por
Devimed S.A. en dicho proceso, con soporte de estudios y órdenes impartidas por Corantioquia. 20. Informe de
asesoría técnica del DAPARD (25 al 28 de abril de 2011), con conclusiones y recomendaciones frente al evento.
21. Oficios del 28 de abril y mayo de 2011 suscritos por Devimed S.A. 22. Solicitudes de apoyo institucional
elevadas por el municipio de Copacabana al DAPARD y a la Gobernación de Antioquia (mayo de 2011) e
informes presentados por el municipio de Copacabana en los que pone de presente las medidas adoptadas de
manera previa, concomitante y posterior al deslizamiento, junto con anexos. 23. Oficios del DAPARD (mayo y
junio de 2011) en los que se solicita al municipio formular proyectos técnicos para cofinanciación de obras de
mitigación. 24. Informe técnico de Corantioquia del 27 de mayo de 2011. 25. Oficios del departamento de
Antioquia (2011–2012) reiterando al municipio la obligación de estructurar proyectos para acceder a recursos.

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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01453-01 (73.416)
Actor: Luz Edilma Jiménez de Duque y otros
Demandado: Departamento de Antioquia y otros
Medio de control: Reparación directa

ocurrido el 27 de abril de 2011, la zona fue declarada de alto riesgo y sus ocupantes
sometidos a orden de desalojo, lo que impedía el uso y disposición de sus

26. Comunicaciones de 2013 en las que se señala que la vía Medellín–Bogotá es de carácter nacional y su
mantenimiento corresponde a la Nación y al concesionario. 27. Cédulas de los demandantes. 28. Registros
civiles de matrimonio de Bernardo Duque González y Ligia del Socorro Arango Garzón; de Francisco Jaime
Duque González y Luz Edilma Jiménez de Duque; y Oscar Daniel Pérez Jaramillo y Carolina María Duque
Arango. 29. Registros civiles de nacimiento de los demandantes. 29. Escritura Pública No. 1.843 del 30-11-
1978, otorgada en la Notaria Única de Bello y Certificado de Tradición y Libertad 012-3382 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Girardota. 30. Escritura Pública N° 717 del 23-09-1980, otorgada en la
Notaria Única de Girardota y Certificado de Tradición y Libertad 012-3692 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Girardota. 31. Fotocopia de la Escritura Pública N° 139 del 28-02-1979, otorgada en
la Notaría Única de Girardota y Certificado de Tradición y Libertad 012-112 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Girardota. 32. Escritura Publica N°824 del 03-07-1997, otorgada en la Notaría Única
de Copacabana, donde consta la hijuela No. 4, correspondiente al señor Bernardo Duque González dentro de
la sucesión de la señora María Consuelo Gonzáles de Duque. 33. Certificado de Tradición y Libertad 012-8646
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Girardota. 34. Facturación del impuesto predial y de los
servicios públicos de acueducto y energía de los inmuebles objeto de la litis. 35. Avalúo comercial realizado el
22 de septiembre de 2012 por el perito Roberto Jaramillo Ferrer, “sobre el inmueble” de la señora Luz Edilma
Jiménez. 36. Certificaciones expedidas por la Secretaria de Gobierno y Gestión Administrativa - Coordinadora
del CLOPAD de que los señores Francisco Jaime Duque González y Luz Edilma Jiménez de Duque; así como
los señores Bernardo Duque González, Ligia del Socorro Arango Garzón, Mauricio Duque Arango y Carolina
María Duque Arango, se encuentran incluidos en el listado de damnificados por el desastre del 27-04-2011 y
Registro Único de Damnificados por la Emergencia Invernal. 37. Contrato de arrendamiento suscrito el 27 de
abril de 2011, entre Francisco Javier Arango G., como arrendador y Bernardo Duque González, como
arrendatario. 38. Escrito del 19 de septiembre de 2012, dirigido al Secretario de Obras Públicas. 39. Oficio No. 1631 del 16 de abril de 2012, suscrito por la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá. 40. Comunicación del
28 de junio de 2012, sobre actualización catastral del sector y listado de habitantes. 41. Respuesta del 28 de
agosto de 2012 del Director de Sistemas de Información y Catastro de la Gobernación de Antioquia, sobre
solicitud de revisión catastral. 42. Escrito del 20 de abril de 2012 de la Secretaría de Gobierno de Copacabana,
mediante la cual se ordena el desalojo de los predios por riesgo de deslizamiento. 43. Respuesta del 14 de abril
de 2009 del Secretario de Planeación (E) de Copacabana. 44. Respuesta del 12 de diciembre de 2011 de
Corantioquia a derecho de petición, sobre determinaciones ambientales del sector. 45. Respuesta del 18 de
julio de 2011 del Director de Planeación de Copacabana a derecho de petición, con registro fotográfico del
sector. 46. Respuesta del 15 de agosto de 2012 del Secretario de Infraestructura de Copacabana (rad. 06125). 47. Solicitud del 24 de abril de 2012 suscrita por habitantes del sector, dirigida a Devimed S.A., 48. Derecho de
petición presentado por Bernardo Duque González al municipio de Copacabana y respuesta. 49. Respuesta de
Corantioquia (oficio 1203-813 del 22 de marzo de 2012), sobre evaluación de afectaciones ambientales en la
zona. 50. Información de consulta de proceso de acción popular rad. 05-001-23-31-000-2011-01184-00. 51. Escrito del 20 de abril de 2012 dirigido a los habitantes del sector, reiterando orden de desalojo por riesgo. 52.

Recortes de prensa sobre el deslizamiento ocurrido el 27 de abril de 2011 en Copacabana. 53. Resolución No. 0082 del 27 de enero de 2006, mediante la cual se otorga licencia de parcelación. 54. Resolución No. 0653 del
24 de julio de 2007, por la cual se aprueba reloteo de la Parcelación La Aldea. 55. Resolución No. 0654 del 24
de julio de 2007, relacionada con permiso de ventas del proyecto. 56. Informe de asesoría y asistencia técnica
de la Gobernación de Antioquia (aprobado el 30 de junio de 2009), sobre condiciones del sector. 57. Informe
técnico No. 130AN-1105-18208 del 27 de mayo de 2011 de Corantioquia. 58. Fallo de tutela de segunda
instancia (rad. 05-212-40-89-002-2012-00134) del Juzgado Penal del Circuito de Girardota. 59. Informe del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Copacabana, sobre visitas y atención del evento. 60. Respuesta del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá del 26 de septiembre de 2011. 61. Escrito del 31 de enero de 2013 del
municipio de Copacabana a la comunidad, sobre retiro de maquinaria por falta de estudios técnicos. 62. Avalúo
comercial del 18 de enero de 2011. 63. Póliza No. 1001235 (La Previsora S.A.). 64. Póliza 2464 (Colseguros
S.A) y otros documentos. 65. Póliza 120100001155 (QBE Seguros). Interrogatorios de parte: 1. A la parte
actora. 2. Al Gerente o representante legal de la sociedad Devimed S.A. Oficios y requerimientos: 1. los 14
pedidos por la parte actora visibles a folios 2.432 a 2.434, c. 6. 2. Los 4 solicitados por Devimed S.A. visibles a
folios 2.437 y 2.438, c. 6; 3. Los 7 pedidos por Corantioquia visibles a folios 2.441 y 2.442 ibidem. 4. Los dos
solicitados por el municipio de Copacabana visibles a folio 2.443 ibidem. 5. El solicitado por el departamento de
Antioquia (folio 2.444 -reverso-). 6. Los dos solicitados por el Invías (folio 2.445 ibidem). 7. Los 14 pedidos por
Allianz Seguros S.A. Testimonios: 1. Jorge Iván Álvarez González. 2. Esperanza Caldas de Álvarez. 3. Ligia
Amparo Rojas Gil. 4. María Consuelo Ospina Arenas. 5. Nancy Ladys Henao Quintero. 6. John Jairo Otálvaro
Gallego. 7. Juan Manuel Muñoz Guzmán. 8. Jorge Eduardo Arbeláez Rojas. 9. Wilson Ballesteros. 10. Jorge
Enrique Delgado Vélez. 11. Gloria Patricia Restrepo Cuervo. 12. Juan Carlos Vasco López. 13. Margarita María
Yepes. 14. Diego Echeverri Hincapié. 15. Marta Inés Arango Jiménez. 16. Julián Marcelo Machado. 17. Claudia
Marcela Naranjo. 18. Martha Lucía Maya Monsalve. Dictámenes periciales: 1. avalúo comercial realizado por
el perito Roberto Jaramillo Ferrer el 22 de septiembre de 2012 (aportado por la parte actora). 2. Estudio
Geológico y Geotécnico para determinar la mitigación prioritaria del deslizamiento en sector de la Loma de Los
Duque, la Loma Los García y Condominio La Aldea del municipio de Copacabana, elaborada por la firma Suelo
& Ambiente, a petición del municipio Copacabana. 3. Designar a un perito especialista en geotécnica de laderas
adscrito a la facultad de minas de la Universidad Nacional de Colombia, para que con los informes, estudios y
dictámenes que obran en el expediente, además de las visitas de campo que requiera rinda una experticia
donde resuelva los interrogantes visibles a folio 2434, c. 6. 4. Perito avaluador para que determine los perjuicios
materiales sufridos por los demandantes.

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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01453-01 (73.416)
Actor: Luz Edilma Jiménez de Duque y otros
Demandado: Departamento de Antioquia y otros
Medio de control: Reparación directa

inmuebles, circunstancia que acreditaba el daño alegado. En cuanto a la imputación,
afirmó que, pese al esfuerzo de Devimed S.A. por desvirtuar su responsabilidad, los
informes y testimonios por esta aportados carecían de objetividad; por el contrario,
la información previa a los hechos y los estudios técnicos allegados evidenciaban
un manejo inadecuado de aguas asociado a la ejecución del proyecto vial, lo cual
contribuyó al fenómeno y comprometía la responsabilidad de las entidades
demandadas19. El municipio de Copacabana reiteró los argumentos expuestos al
contestar la demanda20.

25. Allianz Seguros S.A. señaló que no se acreditó la existencia de los daños
reclamados, pues varios demandantes manifestaron que los inmuebles no sufrieron
afectaciones materiales y que las viviendas permanecían habitables. Cuestionó la
idoneidad y solidez de los avalúos dadas las inconsistencias metodológicas, la
ausencia de verificación de información urbanística y técnica, y la falta de
determinación precisa de algunos inmuebles. Finalmente, señaló que las pruebas
valoradas en su conjunto no acreditaban la existencia de un nexo causal entre las
obras de la doble calzada de la autopista Medellín–Bogotá y el deslizamiento
ocurrido el 27 de abril de 201121.

26. Devimed S.A.22 y La Previsora S.A.23 coincidieron con lo manifestado por Allianz
en cuanto a la ausencia de pruebas que acreditaran los perjuicios reclamados e
insistieron en los argumentos de defensa esgrimidos en las respectivas
contestaciones a la demanda. Por su parte, Zurich Colombia Seguros S.A. indicó
que se acreditó que la causa determinante del deslizamiento fue la saturación del
suelo por las intensas lluvias de la época, aunada a la inestabilidad propia del
terreno y reiteró las excepciones propuestas frente al llamamiento24.

27. Las demás demandadas y el Ministerio Público guardaron silencio.

La decisión objeto de impugnación

28. El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda al
considerar que no existían medios de prueba que demostraran que las acciones u
omisiones de las demandadas hubiesen sido la causa determinante del hecho
dañoso. Destacó que los diferentes estudios técnicos y dictámenes periciales
coincidían en señalar que el movimiento en masa obedeció a la concurrencia de
múltiples factores, entre ellos las condiciones geológicas y geomorfológicas propias
del terreno, la ola invernal de características extraordinarias que dio lugar a una
declaratoria de estado de emergencia en el país y las diversas intervenciones
antrópicas en la zona, especialmente la construcción de la parcelación La Aldea, sin
que fuera posible atribuir responsabilidad concreta a alguna de las demandadas.

19 Folios 4.346 a 4.413, c. 17.
20 Folios 4.267 a 4.273, c. 17.
21 Folios 4.274 a 4.317, c. 17.
22 Folios 4.324 a 4.340, c. 17.
23 Folios 4.318 a 4.322, c. 17.
24 Folios 4.341 a 4.345, c. 17.

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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01453-01 (73.416)
Actor: Luz Edilma Jiménez de Duque y otros
Demandado: Departamento de Antioquia y otros
Medio de control: Reparación directa

29. En ese sentido, concluyó que la parte actora no probó que las aguas
provenientes de los descoles de drenaje construidos por Devimed S.A. para la doble
calzada de la autopista Medellín–Bogotá fueran la causa eficiente del deslizamiento;
incluso, resaltó la participación de los propios habitantes en la materialización del
riesgo al edificar en una zona previamente calificada como inestable25.

II. RECURSO DE APELACIÓN

30. La parte actora partió por precisar que el daño se concretó en la pérdida total
del valor comercial de los inmuebles, como consecuencia de la declaratoria de la
zona como de alto riesgo tras el deslizamiento del 27 de abril de 2011, pues, aunque
las construcciones no sufrieron afectaciones estructurales graves, en la realidad
jurídica y económica carecen de valor, circunstancia que se acreditó con los oficios
y avalúos allegados al proceso.

31. Cuestionó la valoración probatoria efectuada por el Tribunal al otorgar mayor
credibilidad a testimonios e informes provenientes de las entidades demandadas,
pese a su falta de imparcialidad, desestimando elementos técnicos y probatorios
relevantes en contravía de las reglas de la sana crítica. En esa línea, sostuvo que
no se realizó una apreciación integral del acervo probatorio ni se justificó
adecuadamente el mérito otorgado a cada medio de prueba.

32. Insistió en que las entidades demandadas incurrieron tanto en conductas
activas como omisivas que contribuyeron a la producción del daño y, en esa
medida, afirmó que el deslizamiento no obedeció exclusivamente a factores
naturales, sino al inadecuado manejo de aguas de escorrentía derivado de las
obras de la doble calzada, así como a la falta de intervención y control por parte de
las demás autoridades. Con fundamento en lo anterior, solicitó la revocatoria de la
sentencia, al considerar que se desconocieron pruebas determinantes que,
valoradas en conjunto, permitían establecer la responsabilidad de las accionadas26.

33. Como no se decretaron pruebas en segunda instancia27, no hubo lugar a correr
traslado para alegar de conclusión en los términos previstos en el numeral 5 del
artículo 247 de la Ley 1437 de 2011; no obstante, Allianz Seguros S.A. se pronunció
frente al recurso y sostuvo que la propia parte actora afirmó que las viviendas no
sufrieron afectaciones estructurales. Añadió que las pruebas obrantes en el proceso
acreditaban que los inmuebles continuaban siendo habitados y/o explotados
económicamente, por lo cual la alegada desvalorización derivada de la supuesta
declaratoria de zona de alto riesgo no fue demostrada, razón por la que solicitó
confirmar la sentencia de primera instancia28.

25 SAMAI: Tribunal, índice 258.
26 SAMAI: Tribunal, índice 263.
27 Al respecto, se precisa que, si bien en el escrito de interposición del recurso de apelación se incorporaron

diversas imágenes, lo cierto es que varias de ellas fueron tomadas de informes que ya obran en el expediente.
En cuanto a aquellas que no hacen parte del acervo probatorio y constituyen elementos nuevos, la Sala advierte
que no fueron solicitadas como pruebas en segunda instancia ni encuadran en los supuestos previstos en el
artículo 212 de la Ley 1437 de 2011; en consecuencia, no serán valoradas, por no haber sido incorporadas
legalmente al proceso ni aportadas en la oportunidad procesal correspondiente.
28 SAMAI: Índice 11.

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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01453-01 (73.416)
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Medio de control: Reparación directa

32. Corantioquia29 y Zurich Colombia Seguros S.A.30 pidieron confirmar la decisión
apelada. Por su parte, el Ministerio Público31 destacó que tanto en la demanda
como en su reforma el daño alegado se concretó en la destrucción de las viviendas
y de los enseres de los demandantes, sin que ello hubiera sido probado,
evidenciándose que en la apelación se modificó la causa petendi al alegarse la
desvalorización de los inmuebles por la declaratoria de zona de alto riesgo. De otra
parte, advirtió que los estudios, informes y dictámenes obrantes en el expediente
coincidían en señalar que el deslizamiento obedeció a la concurrencia de múltiples
factores, sin que fuera posible determinar cuál de ellos constituyó la causa eficiente
del evento ni el grado de incidencia de cada demandado.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

34. Sin que se observe causal de nulidad que impida dictar sentencia, y analizados
los presupuestos procesales correspondientes, procede la Sala a resolver el
recurso de apelación formulado.

35. Previo al análisis del caso concreto, la Sala verificará si el señor Bernardo
Duque Jiménez ostenta legitimación material en la causa por activa para reclamar
los perjuicios derivados de los daños que alega fueron causados a sus inmuebles
con ocasión del deslizamiento de tierra ocurrido el 27 de abril de 2011. Ello, en
consideración a que dicha condición constituye un presupuesto necesario para el
examen de las pretensiones formuladas, de manera que su ausencia impide
acceder a las súplicas elevadas en el libelo introductorio.

Legitimación en la causa por activa del señor Bernardo Duque González

36. La legitimación material en la causa por activa hace referencia a la titularidad
del derecho subjetivo o al interés legítimo cuya protección se reclama en el proceso.
En virtud de esta figura, únicamente puede promover determinadas pretensiones
quien, de acuerdo con el derecho sustancial, se encuentre vinculado a la relación
jurídica debatida y, por ello, esté llamado a reclamar la satisfacción del interés cuya
tutela se pretende.

37. Se trata de un elemento de mérito de la litis y no solo un presupuesto procesal32,
por cuanto su ausencia constituye motivo para decidir la demanda adversamente,
por carecer de la titularidad del derecho que reclama. En consecuencia, antes de
examinar la procedencia material de las reclamaciones formuladas, corresponde
verificar si quien acude a la jurisdicción es efectivamente el titular del interés jurídico
que pretende hacer valer.

29 SAMAI: Índice 18.
30 SAMAI: Índice 17.
31 SAMAI: Índice 20.
32 “La legitimación en la causa es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, en cuanto concierne

con una de las condiciones de prosperidad de la pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos
indispensables para la integración y desarrollo válido de éste, motivo por el cual su ausencia desemboca
irremediablemente en sentencia desestimatoria debido a que quien reclama el derecho no es su titular
o porque lo exige ante quien no es el llamado a contradecirlo” (se destaca). CSJ SC, 14 de marzo de 2002,
radicado: 6139).

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Actor: Luz Edilma Jiménez de Duque y otros
Demandado: Departamento de Antioquia y otros
Medio de control: Reparación directa

38. En la demanda se sostuvo que el señor Bernardo Duque González es
propietario de los inmuebles identificados con las matrículas inmobiliarias No. 012-
112 y 012-8646, ubicados en la “Loma de Los Duque”, en el municipio de
Copacabana (Antioquia), los cuales, con ocasión del deslizamiento, se destruyeron
y/o quedaron completamente desvalorizados33.

39. Con el propósito de acreditar el daño cuya reparación se reclama y cuantificar
los perjuicios materiales correspondientes, la parte demandante solicitó la práctica
de un dictamen pericial dirigido a establecer, entre otros aspectos, el valor de los
inmuebles que el señor Duque González identificó en la demanda como de su
propiedad.

40. Al desarrollar el objeto del dictamen, la experta individualizó los bienes
sometidos a valoración y efectuó algunas precisiones relevantes sobre su
identificación. En relación con el inmueble distinguido con la matrícula inmobiliaria
No. 012-112, indicó que se encontraba debidamente individualizado y contaba con
identificación catastral propia, circunstancia que permitía su plena determinación
física y jurídica, además, el correspondiente certificado de libertad y tradición
acredita que el señor Bernardo Duque González es su propietario34.

41. Frente al predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 012-8646, la perito
señaló que este carecía de identificación catastral propia, por corresponder a un
folio matriz del cual se habían segregado varios inmuebles. Precisó que de dicho
folio se originaron, entre otros35, los identificados con las matrículas Nos. 012-40619
y 012-4062036, y que, posteriormente, del primero de ellos se realizó una venta
parcial que dio lugar a una nueva división, de la cual surgió la matrícula inmobiliaria
No. 012-44667.

42. Conforme a la información plasmada en la demanda, las precisiones
efectuadas en el dictamen y de los documentos registrales allegados con el escrito
inicial y la experticia, la Sala advierte que la matrícula inmobiliaria No. 012-8646 no
corresponde a un inmueble individualmente determinado, sino a un folio matriz del
cual se derivaron diversos predios jurídicamente autónomos.

43. El certificado de libertad y tradición del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria No. 012-8646, permite establecer que dicho proceso de segregación se
remonta a una anotación registral de 3 de julio de 1997 37, a partir de la cual el
referido folio dejó de identificar un predio único e independiente.

33 Se hace referencia a las expresiones «destrucción» y/o «desvalorización» de los inmuebles, toda vez que la

demanda no es uniforme en la identificación del daño cuya reparación se pretende. Mientras en las
pretensiones se alude a la destrucción de los bienes, en otros apartados de la demanda y de su escrito de
subsanación se sostiene que estos sufrieron una pérdida significativa de valor por haber quedado ubicados en
una zona catalogada como de alto riesgo. Esta circunstancia será examinada posteriormente al analizar el
alcance del daño alegado.
34 SAMAI: Expediente digital, archivo “05001233300020130145300_C001(008)”, c. 1.
35 En total se abrieron 5 folios de matrículas inmobiliarias: 18577, 20423, 40618, 40619 y 40620 (folio 3922, c.

14).
36 Primera segregación.
37 SAMAI: Expediente digital, archivo “05001233300020130145300_C001(008)”, c. 1.

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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01453-01 (73.416)
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44. Los folios de matrícula adjuntos con el referido peritaje, que fueron consultados
y aportados por la experta en un intento por cumplir con el objeto del dictamen 38,
evidencian que el señor Bernardo Duque González no figura como titular del folio
matriz No. 012-8646, sino de algunos de los inmuebles derivados de aquel. En
particular, aparece como propietario de:

● El identificado con matrícula inmobiliaria No. 012-40620, correspondiente a una
hijuela adjudicada en proceso sucesoral, registrada el 3 de julio de 199739.

● El inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 012-44667, originado
en la compraventa parcial de un predio previamente identificado con matrícula No.
012-40619 (adjudicado en sucesión a Dora Luz Duque González), acto registrado
el 3 de junio de 199840.

45. Las circunstancias expuestas permiten advertir que el inmueble identificado en
la demanda con la matrícula inmobiliaria No. 012-8646 no corresponde al mismo
bien respecto del cual se acreditó la titularidad del señor Bernardo Duque González,
pues para la fecha de presentación de la demanda (20/06/2013) dicho folio
constituía únicamente un antecedente registral, del cual se habían segregado años
atrás diversos inmuebles jurídicamente autónomos.

46. Se agrega a lo anterior, que fue en desarrollo de las consultas realizadas por la
perito que se allegaron los documentos registrales a partir de los cuales pudo
establecerse que los derechos de propiedad atribuidos al demandante recaían
sobre algunos de esos predios derivados y no sobre el folio matriz. No obstante,
tales inmuebles no fueron individualizados en la demanda como objeto de la
reclamación indemnizatoria.

47. Bajo esas condiciones probatorias, no se encuentra acreditada la titularidad del
señor Bernardo Duque González sobre el inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria No. 012-8646, que fue el bien referido en la demanda como afectado
por el deslizamiento. Esta circunstancia impide establecer la correspondencia entre
el inmueble respecto del cual se reclama la indemnización y aquellos sobre los que
el demandante acreditó el derecho de propiedad, lo que incide directamente en la
determinación de la titularidad del interés jurídico cuya protección se pretende y en
la delimitación del daño alegado.

48. En este punto se aclara que, si bien en el dictamen practicado se efectuaron
valoraciones respecto de los inmuebles identificados con las matrículas
inmobiliarias Nos. 012-40620 y 012-44667, tales predios no fueron individualizados
en la demanda ni hicieron parte del objeto de las pretensiones formuladas. En estas
condiciones, la prueba pericial no puede servir como instrumento para modificar,

38 Código General del proceso. “Artículo 226. Procedencia (…) El dictamen deberá acompañarse de los
documentos que le sirven de fundamento y de aquellos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito.
“(…)
“El dictamen suscrito por el perito deberá contener, como mínimo, las siguientes declaraciones e informaciones
(…)
“10. Relacionar y adjuntar los documentos e información utilizados para la elaboración del dictamen”. (se
resalta).
39 Folio 3.920, c. 11.
40 Folio 3.910, c. 11.

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complementar o redefinir el objeto del litigio que se fijó con fundamento en lo pedido
por la parte actora desde la presentación de la demanda.

49. En ese orden de ideas, la Sala concluye que el señor Bernardo Duque González
carece de legitimación material en la causa por activa para reclamar los perjuicios
derivados de la supuesta afectación del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria No. 012-8646.

Objeto de la apelación

50.Corresponde a la Sala establecer si las pruebas allegadas al proceso permiten
concluir que las demandadas tuvieron incidencia causal en la generación de las
condiciones de riesgo que dieron lugar a los daños que alegan los demandantes
sobre los inmuebles de su propiedad.

51. Previo al análisis probatorio de las actuaciones y omisiones que la parte actora
atribuye a las demandadas como causa del movimiento en masa ocurrido el 27 de
abril de 2011, la Sala considera necesario precisar el alcance del daño cuya
reparación se reclama en el presente asunto.

52. Esta precisión resulta relevante para el análisis de imputación planteado por la
parte recurrente, dado que la sola existencia de una condición de riesgo asociada
a la ubicación de los inmuebles dentro del área en que ocurrió el deslizamiento no
comporta necesariamente la configuración de un daño indemnizable.

53. Por consiguiente, antes de establecer si tales circunstancias son atribuibles a
las demandadas, corresponde verificar cuál es la afectación concreta que se afirma
sufrieron los inmuebles y si esta se encuentra efectivamente acreditada en el
expediente, en tanto sólo respecto de un daño cierto y determinado resulta posible
adelantar un juicio de imputación y responsabilidad.

54. De la lectura de la demanda, de su escrito de subsanación y de los argumentos
expuestos en el recurso de apelación, se advierte que la formulación del daño no
es uniforme, pues en algunos apartados se alude a la pérdida o destrucción total
de los inmuebles, mientras que en otros se hace referencia a una eventual
desvalorización de aquellos con ocasión de la declaratoria de la zona como de alto
riesgo, lo que exige precisar el alcance de lo pretendido, pues sólo a partir de dicha
identificación resulta posible verificar si se encuentra debidamente acreditado en el
proceso.

55. Al formular las pretensiones, la parte actora solicitó (transcripción literal):

“3. DE LAS PRETENSIONES.

“3.1. Declárese que (sic) DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, el INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS ‘INVIAS’, DEVIMED S.A., el INSTITUTO NACIONAL DE
CONCESIONES AHORA ‘ANI’ AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, el
MUNICIPIO DE COPACABANA, ANTIOQUIA, la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA ‘CORANTIOQUIA’, son
administrativamente responsables por el daño antijurídico por el dolor sufrido tras

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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01453-01 (73.416)
Actor: Luz Edilma Jiménez de Duque y otros
Demandado: Departamento de Antioquia y otros
Medio de control: Reparación directa

la pérdida de su vivienda y los las condiciones descritas en los hechos de
este escrito a causa de la avalancha ocurrida el mes de abril del año 2011 en
el sector ‘Loma los Duque’ en el municipio de Copacabana, departamento de
Antioquia, lo anterior causado por una falla en el servicio de las entidades
demandadas41.

“3.2. Condénese al [mismas demandadas]… deberán pagar solidariamente por
concepto de PERJUICIOS MORALES SUBJETIVOS, los salarios mínimos legales
que a continuación se indican y se reclaman por el daño causado a los
demandantes, por el dolor sufrido tras la pérdida de su vivienda y los enseres
en las condiciones descritas los hechos de este escrito [cada demandante solicitó
100 SMLMV].

“Deberán pagar solidariamente por concepto de PERJUICIOS MORALES
SUBJETIVOS, los salarios mínimos legales que a continuación se indican y se
reclaman por el daño causado a los demandantes, por el dolor sufrido tras la
pérdida de su vivienda y los enseres en las condiciones descritas en los
hechos de este escrito.

“Tiene pues origen esta reclamación en el sufrimiento moral que padecieron los
demandantes al ver destruido el único patrimonio que poseen y por el que
trabajaron incansablemente durante años a fin de lograr su consecución, esto
es, en el profundo dolor y trauma psíquico que produce el hecho de ver destruirse
su casa de habitación, la cual habían conseguido con el esfuerzo y el trabajo de
toda su vida.

“3.3. Reconózcase que [mismas demandadas]… deberán pagar solidariamente por
concepto de PERJUICIOS POR DAÑO A LA VIDA EN RELACION, los salarios
mínimos legales que a continuación se indican y se reclaman por el daño causado
a los demandantes [cada demandante solicitó 100 SMLMV].

“El perjuicio a la vida de relación sufrido por los demandantes, se ha visto
claramente reflejado en el cambio de las condiciones de vida que tuvieron que vivir
como consecuencia de la orden de desalojo de la vivienda que con tanto
esfuerzo y dedicación edificaron, el tener que trasladarse de su casa propia a
asumir los costos de un arriendo en un pequeño apartamento en un municipio
diferente, entre muchas otras circunstancias.

“3.4. Reconózcase que [mismas demandadas] deberán pagar solidariamente por
concepto de PERJUICIOS MATERIALES, los montos correspondientes a las
facturas que seguidamente se relacionan y que se aportan a la presente
demanda, suma que deberán ser debidamente actualizada.

“Dicho perjuicio basado en avalúos realizados en la zona ese mismo año, los
cuales nos acercan a un valor aproximado tanto del metro cuadrado sin construir,
como del metro cuadrado construido. Los valores se determinaron por la
experiencia de diferentes avaluadores, por la información de los inquilinos del
mismo sector, por datos de la lonja de propiedad raíz y revistas de propiedad, donde
todos acuerdan que el metro cuadrado sin construir tiene un valor aproximado de
DOSCIENTOS MIL PESOS ($200,000) y un valor de DOS MILLONES DE PESOS
($2,000,000) para el metro cuadrado construido (…) La señora LUZ EDILMA
JIMENEZ DE DUQUE es propietaria de 550 mts… por esta razón se aproxima
el valor de los perjuicios de la siguiente (sic). Valor lote de terreno, 550 M2:
$99.000.000,00. Valor metro cuadrado construido, 372 M2: $186,000,000,00.
TOTAL PERJUICIO MATERIAL: $285,000,000,00.

41 Esta pretensión fue agregada en el escrito de reforma de la demanda, radicado el 16 de enero de 2014.

SAMAI: Expediente digital, archivo “5001233300020130145300C003(064)”, c. 3.

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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01453-01 (73.416)
Actor: Luz Edilma Jiménez de Duque y otros
Demandado: Departamento de Antioquia y otros
Medio de control: Reparación directa

“(…) El señor BERNARDO DUQUE GONZALEZ es propietario de 600 mts
cuadrados en la zona del desastre (…) Valor lote de terreno Escritura No. 139
(400 m2.): $80,000,000,00. Valor metro cuadrado construido Escritura No. 139 (142
m2.): $284,000,000,00. Valor Lote de terreno Escritura No. 824 (200 m2.):
$40,000,000,00. Valor metro cuadrado construido Escritura No. 824 (142 m2):
$284,000,000,00. TOTAL PERJUICIO MATERIAL: $688,000,000,00” (se resalta).

56. Del contenido general del petitum se puede establecer que el daño alegado se
concreta en la pérdida o destrucción total de los inmuebles de propiedad de los
demandantes, dado que de manera reiterada señalan que perdieron su vivienda,
que su patrimonio fue “destruido” y que el daño sufrido tiene origen en el hecho de
“ver destruirse su casa de habitación”; de ahí que por concepto de perjuicios
materiales soliciten el valor total de los inmuebles, soportado en avalúos allegados
con la demanda.

57. No obstante, en la pretensión relativa al daño a la vida de relación se señala
que los demandantes debieron “desalojar las viviendas” y asumir el pago de un
arriendo en otro lugar. De igual forma, como sustento fáctico de dichas
pretensiones, se afirma que el evento ocurrido el 27 de abril de 2011 destruyó varias
viviendas en la parcelación La Aldea y dejó sus predios en condición de alto riesgo,
lo que motivó su desalojo, lo que sugiere que los inmuebles no habrían
desaparecido físicamente, sino que dejaron de ser habitables en condiciones
normales.

58. Esa ambigüedad persistió al subsanar la demanda, pues el Tribunal, al requerir
su corrección, partió de entender que lo pretendido correspondía a la indemnización
de perjuicios por la “destrucción de las viviendas de los demandantes” y, con base
en ello, solicitó precisar, entre otros aspectos, la identificación de los predios
afectados y su ubicación.

59. Sin embargo, al atender dicho requerimiento, la parte actora no introdujo
ninguna aclaración o rectificación frente a esa comprensión del daño, sino que se
limitó a indicar que los inmuebles se encontraban ubicados en la zona impactada
por el deslizamiento y agregó que si bien algunas construcciones quedaron en pie
—sin precisar si se trataba de las de su propiedad—, toda la zona había sido
catalogada como de alto riesgo y los bienes sujetos a orden de desalojo. Más
adelante, en el acápite de la estimación razonada de la cuantía, indicó:

“La pretensión de mayor valor en la presente demanda es la establecida en los
perjuicios materiales frente al daño emergente considerado en este caso como la
pérdida de la casa de habitación y el valor del lote que está completamente
desvalorizado de ambas familias, ya que todos los lotes se encuentran en zona
declarada de alto riesgo y por consiguiente no pueden ni utilizarse, ni venderse
(…)” (se resalta).

60. El Tribunal, al momento de fijar el litigio42 y dictar la sentencia de primera
instancia, delimitó el problema jurídico a establecer si era imputable a las

42 En los siguientes términos se fijó: “Teniendo en cuenta los hechos de la demanda y su contestación
corresponde a la Sala a determinar si las entidades demandadas deben indemnizar a los demandantes, por

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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01453-01 (73.416)
Actor: Luz Edilma Jiménez de Duque y otros
Demandado: Departamento de Antioquia y otros
Medio de control: Reparación directa

demandadas “las causas del deslizamiento de tierra” ocurrido el 27 de abril de 2011,
sin precisar en qué consistía el daño alegado y si este estaba acreditado o no. En
el recurso de apelación, la parte actora manifestó que este se concretó en la pérdida
total del valor comercial de los inmuebles como consecuencia de la declaratoria de
la zona como de alto riesgo tras el deslizamiento, pues, aunque las construcciones
no sufrieron afectaciones estructurales graves, en la realidad jurídica y económica
carecían de valor.

61. En ese sentido, al margen de la falta de técnica al momento de formular las
pretensiones y precisar el daño cuya indemnización se reclama, en ejercicio del
deber que le asiste al juez de interpretar la demanda y conforme a su contenido
integral, el daño alegado no corresponde a la destrucción o pérdida material de los
inmuebles de propiedad de los demandantes, conclusión que encuentra respaldo
en el propio recurso de apelación, en el que la apoderada de la parte actora
manifestó que las construcciones no sufrieron afectaciones estructurales graves,
pero que, desde una perspectiva jurídica y económica, habían perdido su valor.

62. Esta interpretación se corrobora con los testimonios43 y avalúos allegados y
practicados en el proceso44, los cuales dan cuenta de la existencia material de los
inmuebles con posterioridad al deslizamiento.

63. En ese orden de ideas, la Sala concluye que la afectación que la parte actora
reclama consiste en la supuesta desvalorización de sus inmuebles como
consecuencia de su ubicación en una zona catalogada como de alto riesgo tras el
deslizamiento ocurrido el 27 de abril de 2011. En consecuencia, corresponde
determinar si el daño invocado se encuentra acreditado en el proceso.

causa de una falla en el servicio por los hechos acaecidos en el mes de abril de 2011 en la Loma Los Duque en
el Municipio de Copacabana. Si se establece la obligación de indemnización se determinará si los llamados en
garantía deben responder y en qué porcentaje, por el resarcimiento de los perjuicios que resulte condenado el
llamante”. SAMAI: Expediente digital, archivo: “05001233300020130145300_C004(29)”, c.4.
43 En los interrogatorios de parte practicados a la señora Luz Edilma Jiménez de Duque, a su esposo Francisco

Jaime Duque González y a sus hijos Jaime Andrés, Fernando, Jhon Jairo y Luis Guillermo Duque Jiménez,
todos coincidieron en señalar que el inmueble objeto de la litis, en el que vivián los dos primeros al momento de
ocurrir los hechos, no sufrió afectaciones estructurales ni daños materiales relevantes; no obstante,
manifestaron que “lo que reclamamos es que se nos dañó la tranquilidad en el sector, se nos dañó la valorización
de nuestra propiedad, porque ya las personas no quieren vivir en ese sector”. Audiencias de pruebas llevadas
a cabo el 24 de noviembre de 2015 y el 19 de enero de 2016.
44 Respecto del inmueble de la señora Luz Edilma Jiménez de Duque, en el avalúo se consignó: “La visita al

inmueble fue realizada el día 11 de septiembre de 2012 a las 9:00 a. m.” (esto es, un (1) año y cuatro (4) meses
después de la ocurrencia del deslizamiento); “la propiedad fue construida hace aproximadamente 30 años y su
estado de conservación es bueno, dado que ha recibido mantenimiento adecuado, por lo que su vida útil podría
estimarse en unos 30 años adicionales, siempre que se continúe con dicho mantenimiento”. Folios 375 a 384,
c. 2. En relación con los inmuebles del señor Bernardo Duque González, en el dictamen pericial decretado en
primera instancia —así como en la audiencia de contradicción del mismo— se describieron sus características
y especificaciones, señalándose que presentaban un adecuado sistema constructivo, lo cual fue verificado
mediante inspección ocular, razón por la cual fueron clasificados en un nivel 2, esto es, sin requerimientos de
intervenciones mayores. Asimismo, se indicó que, si bien la avalancha pasó por un costado, no generó
afectaciones estructurales, en tanto “la casa quedó en pie”. De igual manera, en la audiencia de contradicción
del dictamen, la perito manifestó que uno de los inmuebles del señor Bernardo Duque González se encontraba
destinado al arrendamiento, circunstancia que no pudo verificar documentalmente por no obrar contrato escrito,
pero que le fue informada directamente por el propietario, quien indicó que se trataba de un acuerdo verbal.
Asimismo, señaló que dicho inmueble había sido arrendado a la señora Esperanza Caldas de Álvarez, quien lo
destinaba a una actividad de cría de caninos y que, con posterioridad al deslizamiento, regresó a ocuparlo. Folio
3.868 (cd audiencia) y avalúo folios 3.870 a 3.888, c. 14.

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Inmuebles de propiedad de la señora Luz Edilma Jiménez de Duque

64. En la demanda se indicó que la referida señora adquirió, a título de
compraventa: (i) un lote con casa de habitación y todas sus mejoras, identificado
con la dirección carrera 78 No. 42-56, interior 112, y con matrícula inmobiliaria No.
“012-3692”45, y (ii) un lote de terreno con una extensión aproximada de 432 m², que
hace parte de la finca “La Trinidad”, ubicada en el paraje Fontidueño del municipio
de Copacabana; este último registrado bajo el mismo folio de matrícula inmobiliaria
No. 012-369246. Ambos inmuebles se ubican en la “Loma de los Duque”, zona que
resultó afectada por el deslizamiento ocurrido en abril de 201147.

65. No obstante, en el acápite de pruebas se relacionaron dos folios de matrícula
inmobiliaria distintos: 012-369248 y 012-338249, los cuales fueron aportados con la
demanda, lo que permite advertir que la doble mención del primero en los hechos
obedece a un error de digitación. Al cotejar los certificados de libertad y tradición y
las escrituras públicas mediante las cuales se formalizaron las respectivas
compraventas50, se encuentra que se trata de dos inmuebles distintos, cada uno
con matrícula independiente: (i) el identificado con matrícula inmobiliaria No. 012-
3692, que corresponde al lote de terreno de aproximadamente 432 m² y hace parte
de la finca “La Trinidad”, adquirido mediante Escritura Pública No. 717 del 23 de
septiembre de 1980, y (ii) el identificado con matrícula inmobiliaria No. 012-3382,
que corresponde al lote con casa de habitación ubicado en la dirección antes
indicada (interior 112).

66. Si bien en la demanda se afirmó que ambos inmuebles resultaron afectados con
ocasión del deslizamiento, lo cierto es que el avalúo allegado con aquella recae
únicamente sobre el bien identificado con matrícula inmobiliaria No. 012-3382. En
el mismo sentido, al examinar las actas suscritas por la Oficina de Sistemas de
Información y Catastro Municipal51, levantadas con el propósito de verificar los
daños ocasionados por el deslizamiento y realizar la correspondiente revisión

45 Según se indicó ese negocio jurídico se celebró mediante la Escritura Pública No. 1.843 del 30 de noviembre

de 1978, otorgada en la Notaría Única del Círculo de Bello.
46 Según se indicó su adquisición se formalizó mediante la Escritura Pública No. 717 del 23 de septiembre de

1980, otorgada en la Notaría Única del Círculo de Girardota.
47 En el auto inadmisorio de la demanda, el Tribunal señaló: “Conforme lo expuesto en la demanda, lo que se

pretende es la indemnización de perjuicios por la destrucción de las viviendas de la señora Luz Edilma Jiménez
de Duque y el señor Bernardo de Jesús Duque González con ocasión del deslizamiento ocurrido el día 27 de
abril de 2011 sobre la parcelación ‘La Aldea’ del sector ‘La Loma de los Duque’, ubicada debajo del kilómetro 6
de la autopista Medellín–Bogotá. Sin embargo, en los hechos de la demanda se hace referencia a que la señora
Jiménez de Duque y el señor Duque González son propietarios de dos predios ubicados en el municipio de
Copacabana”, sin precisar si son todos estos [cuatro en total] o solo algunos los que se vieron afectados, por lo
que se le ordenó a la parte demandante aclarar los hechos de la demanda, indicando de manera precisa qué
predio perteneciente a cada demandante resultó afectado con el deslizamiento ocurrido el 27 de abril de 2011.
Igualmente, se solicitó señalar la ubicación exacta de los mismos, pues se refieren a la parcelación ‘La Aldea’
del sector “La Loma de los Duque”, sin indicar si los predios afectados hacían parte de dicha parcelación o si
se encuentran ubicados en el sector en general. Sin embargo, al subsanar la demanda, la parte actora se limitó
a señalar, de manera general, que los cuatro inmuebles mencionados —dos de propiedad de la señora Luz
Edilma Jiménez de Duque y dos del señor Bernardo de Jesús Duque González— se encontraban ubicados en
la Loma de los Duque y que todos resultaron afectados por la avalancha; sin precisar si dichos predios hacían
parte de la parcelación “La Aldea” ni individualizaron con claridad la afectación respecto de cada uno de ellos.
48 Folio 80, c. 1.
49 Folio 77, c. 1.
50 Folios 75, 76, 78 y 79, c. 1.
51 SAMAI: Expediente digital, archivos: “05001233300020130145300_C003(090)”, páginas 5 y 6.

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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01453-01 (73.416)
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catastral de la zona, el predio que aparece individualizado y respecto del cual se
efectuaron dichas verificaciones es el ya referido (012-3382)52.

67. Respecto del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 012-3692, no
obra en el expediente un elemento de convicción que permita establecer que dicho
bien quedara comprendido dentro de un área declarada como de alto riesgo, que
se hubiese desvalorizado, que haya perdido su aprovechamiento económico o
sufrido alguna afectación derivada del deslizamiento ocurrido el 27 de abril de 2011.
De hecho, el dictamen pericial aportado para tal fin no efectuó ninguna
identificación, análisis o valoración respecto de ese inmueble en particular.

68. Si bien en la factura del Impuesto Predial Unificado se relacionan varias
matrículas inmobiliarias asociadas a un mismo registro predial, entre ellas la No.
012-3692, respecto de la cual se registra una destinación “VÍA (100%)”53,
circunstancia que podría sugerir que corresponde a un área de acceso o circulación
vinculada a otro de los inmuebles allí relacionados (como del 012-3382), lo cierto
es que tal aspecto no fue precisado en la demanda ni desarrollado en el dictamen
pericial, tampoco se efectuó una valoración individualizada para determinar una
afectación54, pese a que se pretendía el reconocimiento de perjuicios respecto de
dos inmuebles jurídicamente distintos.

69. Por consiguiente, la Sala concluye que no se acreditó la existencia de un daño
respecto del inmueble con matrícula inmobiliaria No. 012-3692. Por ello, el análisis
se centrará en determinar si, frente al predio identificado con folio No. 012-3382, se
encuentra demostrada la condición de riesgo invocada por la parte actora y si de
ello se derivó la pérdida de su valor comercial.

70. El dictamen pericial aportado con la demanda55, elaborado por el señor Julio
Roberto Jaramillo Ferrer, perito avaluador inscrito en la Corporación Colombiana
de Lonjas y Registro - Corpolonjas, tuvo por objeto “determinar el valor comercial
de una casa unifamiliar de una sola planta, ubicada en el municipio de Copacabana,
departamento de Antioquia”, identificada con folio de matrícula inmobiliaria No. 012-
003382. La visita al inmueble fue realizada el 11 de septiembre de 2012.

71. En desarrollo de dicho estudio, el perito efectuó una caracterización general del
inmueble, en la que refirió que se encuentra ubicado en el sector “Loma de los
Duques” del municipio de Copacabana, en una zona de uso residencial y de estrato
socioeconómico medio, con acceso por vías pavimentadas y disponibilidad de
servicios públicos domiciliarios, que presentaba un buen estado de conservación,
con adecuado mantenimiento y una vida útil estimada en alrededor de 30 años más.
Asimismo, en cuanto al área de la propiedad indicó que correspondía a 550 m² de
lote y 372 m² construidos y precisó que el informe no incluía estudio de títulos.

52 En cuya acta se registró: “1.10. Observaciones: NI EL LOTE NI LA CONSTRUCCIÓN SUFRIERON NINGÚN

DAÑO”. SAMAI: Expediente digital, archivos: “05001233300020130145300_C003(090), páginas 5 y 6.
53 Folio 81, c. 1.
54 No le corresponde al juez realizar inferencias sobre aspectos que no fueron debidamente precisados en el

proceso y mucho menos acreditados.
55 Folios 374 a 384, c. 2.

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72. Previo a efectuar el avalúo, en una nota consignó:

“(…) se considerará el hecho de que esta vivienda junto con otras vecinas tuvo
una gran afectación causada por un deslizamiento de tierra que hubo hace poco
tiempo en la parte de arriba a la altura de la autopista y que produjo una
desvalorización considerable de la misma.

“Por lo anterior daremos un valor comercial de la vivienda antes del deslizamiento
y un porcentaje de afectación a esa misma en el actual momento” (se resalta).

73. Para determinar el valor del lote y de la construcción, el perito señaló que
consultó fuentes especializadas, entre ellas el banco de datos de Corpolonjas,
avaluadores de bienes inmuebles urbanos, referencias del mercado relativas a la
oferta y demanda, valores de inmuebles con características similares y
negociaciones recientes realizadas por firmas de propiedad raíz afiliadas a
Corpolonjas, con el propósito de contrastar y unificar criterios de valoración,
aplicando los parámetros establecidos en la Resolución 762 del 23 de octubre de
199856.

74. Con base en la anterior información, dijo que aplicó los métodos comparativos
de mercado y de renta para determinar el valor comercial del bien objeto de estudio
y concluyó:

“El valor que aquí asignamos, sería el que un comprador estaría dispuesto a pagar y
un vendedor a recibir de contado libres de toda presión exterior en condiciones
normales del mercado.

VALORES
LOTE 550,00 M2 $180.000 $ 99’000.000
CONSTRUCCIÓN 372,00 M2 $500.000 $ 186’000.000

TOTAL $ 285’000.000 ”

“Factor de desvalorización: 30% es decir $85’500.000”.

75.Sobre la disminución del 30% en el valor comercial, el informe no expone de
manera clara, precisa y verificable los razonamientos técnicos que conducen a tal
conclusión, como tampoco explica la forma en que fueron aplicados los métodos
comparativo de mercado y de renta que dice haber utilizado.

76. En particular, no se precisa cómo se determinaron los valores del metro
cuadrado del lote y de construcción, ni se allegaron los soportes de la información
que, según el propio dictamen, fue consultada —tales como el banco de datos de
Corpolonjas, estudios de mercado, referencias de oferta y demanda o
negociaciones comparables—, lo que impide verificar el fundamento de los
resultados.

77. Como único respaldo de este dictamen, se aportó un avalúo elaborado por un
perito distinto (Mario de Jesús Taborda Ospina), que tuvo por objeto establecer el

56 Expedida en desarrollo de la Ley 388 de 1997.

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valor de unos inmuebles ubicados en el condominio La Aldea, en el municipio de
Copacabana, de propiedad de la señora María Lucelly Estrada de Flórez, cuyos
valores fueron utilizados como referencia, pese a que el bien objeto de este proceso
no se localiza dentro de dicho condominio, lo que afecta la idoneidad de la
comparación empleada. Incluso, en el avalúo aportado como anexo, se señala que
los valores fueron obtenidos con base en “la experiencia del avaluador” y en
información suministrada por propietarios e inquilinos del sector, pero tampoco
cuenta con los respectivos soportes.

78. Se agrega a lo anterior que el perito se limitó a afirmar, en una “nota”, que la
vivienda objeto de avalúo “tuvo una gran afectación” con ocasión de un
deslizamiento de tierra ocurrido “hace poco tiempo”, sin exponer las razones
técnicas que sustentaran tal afirmación. Esta apreciación resulta imprecisa si se
considera que para la fecha de elaboración del dictamen (septiembre de 2012),
había transcurrido aproximadamente un año y cuatro meses desde la ocurrencia
del evento, sin que se precisara en qué consistía dicha afectación, cuáles eran sus
manifestaciones concretas o cuál había sido su incidencia sobre el inmueble objeto
de valoración.

79. La falencia probatoria que se describe se reiteró en la audiencia de
contradicción del dictamen57. En esta diligencia, el perito ofreció explicaciones
acerca del porcentaje de desvalorización aplicado (30%). Al ser interrogado sobre
el fundamento de la afectación, manifestó que la vivienda se encontraba
comercialmente afectada para una eventual negociación y que el denominado
“castigo” correspondía a factores tales como “la necesidad del cliente de vender”,
“las ganas del comprador de comprar” y la percepción generada en la comunidad a
raíz del deslizamiento, pues este tipo de situaciones “se riegan como pólvora” y
generan en los potenciales adquirentes una afectación psicológica que
desincentiva la negociación del inmueble.

80. Estas apreciaciones no tienen respaldo en el expediente, pues no obra prueba
que permita inferir la existencia de negociaciones frustradas, ofertas rechazadas o
cualquier otra circunstancia concreta de la que pudiera desprenderse que la
ubicación del inmueble o su supuesta condición de riesgo afectó efectivamente sus
posibilidades de comercialización.

81. Conforme a las pruebas obrantes en el proceso, los efectos del deslizamiento
ocurrido el 27 de abril de 2011 no fueron uniformes en los sectores de la “Loma de
Los Duques”, “Los García” y la parcelación La Aldea58, pues se acreditó que varias
viviendas ubicadas dentro de esta última quedaron totalmente destruidas; sin
embargo, en zonas aledañas se evidenciaron distintos niveles de amenaza y
vulnerabilidad.

57 Celebrada el 24 de noviembre de 2015. Acta visible a folio 3.098, c. 10. Cd (folio 3.107, c. 10).
58 Ver, por ejemplo, el Informe de Asesoría y Asistencia Técnica del Departamento de Antioquia: Departamento

Administrativo del Sistema de Prevención y Atención y Recuperación de Desastres (folios 191 a 193, c. 1).

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82. Esta conclusión resulta consistente con las declaraciones rendidas por la
señora Luz Edilma Jiménez de Duque y los integrantes de su núcleo familiar 59,
quienes al ser interrogados coincidieron en señalar que el inmueble objeto de la litis
no sufrió afectaciones estructurales ni daños materiales relevantes, y que, incluso,
aproximadamente dos años después del evento, fue nuevamente habitado por ella
y su esposo, pese al temor de que ocurriera un nuevo deslizamiento.

83. Ahora, si bien en la demanda y en el recurso de apelación se afirma que el
sector fue declarado como zona de alto riesgo, las certificaciones allegadas al
expediente muestran que tales pronunciamientos fueron adoptados
inmediatamente después de ocurrido el deslizamiento y respondieron a una lógica
preventiva propia de la gestión del riesgo60, encaminada a proteger a la población
mientras se adelantaban los estudios técnicos necesarios para determinar la
magnitud real de la amenaza, las medidas de intervención requeridas y la eventual
viabilidad del retorno a las viviendas.

84. Tales determinaciones no permiten establecer la existencia de una condición
definitiva e irreversible respecto de los inmuebles ubicados en el sector. Así lo
demuestra la certificación expedida el 2 de mayo de 2011 por la Secretaria de
Gobierno y Gestión Administrativa – Coordinadora del CLOPAD, en la que se lee
(se transcribe literalmente):

“Los señores FRANCISCO JAIME DUQUE CORREA identificado… LUZ
EDILMA JIMÉNEZ DE DUQUE C.C. … se encuentran incluidos en el listado de
damnificados del desastre ocurrido el pasado 27 de abril de 2011, en el municipio
de Copacabana - Barrio Machado sectores: Loma los Duque, de los García -
Parcelación la Aldea, dicha (s) persona (s) ha (n) sido notificada (s) por parte de
la Administración Municipal de la PROHIBICIÓN de retornar a residir en esta
zona, dada la situación de alto riesgo, hasta que el CLOPAD lo autorice previa
evaluación del riesgo”61 (se resalta).

85.De la misma manera, el Subdirector Ambiental del Área Metropolitana del Valle
de Aburrá, mediante comunicación del 19 de octubre de 2011, al dar respuesta a
una petición formulada por una de las afectadas con la avalancha (Nury del Socorro
Henao García), indicó (se transcribe de manera literal):

“Se han realizado informes técnicos de la emergencia presentada por entidades
como CORANTIOQUIA y el DAPARD (anexos), donde dan cuenta del evento
sucedido, conclusiones y recomendaciones. Ambos informes coinciden en la
necesidad de realizar un estudio técnico de detalle que incluye el componente
geológico y geotécnico, para qué en su análisis se definan las probables causas
de lo ocurrido, se den pautas sobre actividades de recuperación de los
predios y de quebrada y se redefina el uso del suelo después de esta

59 Audiencias de pruebas llevadas a cabo el 24 de noviembre de 2015 y el 19 de enero de 2016.
60 El principio de precaución no implica que una zona deba ser declarada permanentemente como de riesgo.

Lo que permite es la adopción de medidas preventivas cuando existe una incertidumbre científica relevante
acerca de la magnitud o probabilidad de un daño grave o irreversible. Es decir, ante la duda razonable sobre la
existencia o alcance de un riesgo, las autoridades pueden intervenir y adoptar restricciones o medidas de
protección sin esperar a que el daño se materialice plenamente. Ley 99 de 1993, artículo 1, numeral 6. Sentencia
C-703 de 2010.
61 Folio 83, c. 1.

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afectación, que permita tener elementos de juicio para evaluar la viabilidad
de la permanencia o no de las viviendas afectadas y de las localizadas en
la zona de influencia del evento.
“(…)
“Como medida preventiva actualmente la Administración Municipal realiza un
estudio geológico, geotécnico y de zonificación de riesgos donde se incluyen
modelamientos matemáticos que permiten evaluar el grado de amenaza y
análisis de vulnerabilidad de las construcciones localizadas en la zona de
influencia, a partir del cual se establecen una serie de acciones de
mitigación a la zona afectada, tanto de manera inmediata como en el corto
y largo plazo y se determinen las áreas que deben ser clasificadas como
suelo de protección por la categoría de zonas de amenaza y riesgos”.
(negrilla fuera del texto)62.

86. Una declaratoria de riesgo, una orden de evacuación o una restricción de uso
del suelo adoptadas bajo criterios preventivos o precautorios, no tienen carácter
permanente o definitivo. Su permanencia dependerá de las evaluaciones técnicas
posteriores, de la evolución de los factores de riesgo y de las obras de mitigación,
estabilización o recuperación que se ejecuten.

87. En ese contexto, aun cuando no obra en el expediente la clasificación del suelo
resultante de los estudios técnicos definitivos, el hecho de que la señora Luz Edilma
Jiménez de Duque y su esposo hubiesen retornado a habitar el inmueble constituye
un indicio relevante de que, al menos respecto del área específica en la que este
se ubica, no subsistía una restricción de habitabilidad ni se acreditó una declaratoria
definitiva de esa zona como de riesgo. Esta circunstancia fue incluso aludida por el
propio perito al señalar que “la ubicación de la casa en zona de no riesgo fue tenida
en cuenta al llevar a cabo la valoración del inmueble”; sin embargo, tal afirmación
no fue desarrollada ni debidamente sustentada en el avalúo.

88. El dictamen pericial, como medio de prueba de naturaleza técnica, debe
fundarse no solo en la opinión del experto, sino en soportes que ofrezcan respaldo
a su labor. Estos brindan credibilidad a la prueba y quien lo elabora debe acudir a
análisis y procedimientos que le permitan realizar un concepto preciso y detallado.

89. En ese sentido, conforme a las reglas de la sana crítica63, la Sala concluye que
el dictamen aportado carece de la solidez necesaria para demostrar el daño
alegado, en tanto que no ofrece un sustento técnico y probatorio que respalde sus
conclusiones.

Inmueble de propiedad del señor Bernardo Duque González

90. De acuerdo con lo definido en líneas atrás, corresponde a la Sala determinar si
encuentra acreditada la pérdida de valor comercial del inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria No. 012-112, la cual el demandante atribuye a su ubicación
en el área afectada por el deslizamiento ocurrido el 27 de abril de 2011.

62 Folios 339 a 371, c. 2
63 CGP: “Artículo 232. Apreciación del dictamen. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la

sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la
idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso”.

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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01453-01 (73.416)
Actor: Luz Edilma Jiménez de Duque y otros
Demandado: Departamento de Antioquia y otros
Medio de control: Reparación directa

91. Para acreditar la afectación patrimonial alegada, en la demanda se solicitó la
designación de un perito avaluador con el fin de que determinara los perjuicios
materiales sufridos por los grupos demandantes. En concreto, se pidió que el
dictamen estableciera:

(i) el avalúo comercial de los inmuebles antes de la ocurrencia de la
avalancha;
(ii) el avalúo comercial de las construcciones levantadas en dichos predios;
(iii) el valor de los enseres perdidos;
(iv) el monto de los perjuicios materiales causados a la fecha de la sentencia,
con su correspondiente actualización;
(v) las sumas que los demandantes habrían debido asumir por concepto de
gastos de remoción de escombros, cánones de arrendamiento, servicios
de vigilancia y créditos de consumo para su subsistencia.

92. En estos términos, el Tribunal decretó la prueba pericial en la audiencia inicial
y limitó el avalúo comercial a los bienes de propiedad del señor Bernardo Duque
González64, mientras que la valoración de los enseres perdidos y demás perjuicios
materiales causados la hizo extensiva a ambos grupos demandantes.

93. Se destaca que la delimitación del objeto del dictamen resulta relevante, pues
desde su formulación no se solicitó un análisis comparativo que permitiera
establecer la variación del valor comercial del predio antes y después del
deslizamiento, sino únicamente la determinación de su valor en un momento
anterior, lo cual no permite determinar la existencia y alcance de una eventual
disminución de su valor.

94. Al examinar el contenido del dictamen pericial65, se observa que este se centró
en determinar el valor comercial de los “inmuebles de propiedad del señor Bernardo
Duque González” con anterioridad al deslizamiento. En consonancia con ello,
durante la audiencia de contradicción66 se preguntó a la perito si para la elaboración
del avalúo había tenido en cuenta una eventual pérdida de valor o afectación
derivada del evento ocurrido el 27 de abril de 2011, frente a lo cual respondió de
manera expresa que no, por cuanto su encargo se limitaba a establecer el valor de
los inmuebles en un escenario previo a la ocurrencia del evento.

95. De otro lado, el dictamen también tuvo por objeto cuantificar conceptos como
la pérdida de enseres, los gastos de remoción de escombros, arrendamientos y
otros, los cuales no fueron objeto de pedimento en la demanda. En ese orden, aun
cuando el dictamen se refirió a tales conceptos, no pueden ser valorados en el
presente asunto, en la medida en que la decisión debe guardar estricta congruencia
con las pretensiones formuladas, sin que resulte procedente analizar aspectos

64 Ya que con la demanda se había aportado el avalúo del inmueble de la señora Luz Edilma Jiménez de Duque

(identificado con matrícula inmobiliaria No. 012-3382).
65 Elaborado por la señora Luz Marina Zapata Hernández, contadora profesional y perito evaluador. Allegado al

proceso el 13 de febrero de 2017. Folios 3.869 a 3.896, c, 14.
66 Llevada a cabo el 20 de junio de 2017. Folio 3.868, c. 14.

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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01453-01 (73.416)
Actor: Luz Edilma Jiménez de Duque y otros
Demandado: Departamento de Antioquia y otros
Medio de control: Reparación directa

distintos de aquellos cuya indemnización fue expresamente solicitada en el libelo
demandatorio.

96. Sin perjuicio de lo anterior, y con el fin de agotar el análisis probatorio, la Sala
estima pertinente examinar el contenido del dictamen pericial en aquello que pueda
sugerir una disminución del valor comercial del inmueble, pues se observa que en
el acápite de “valoraciones y perspectivas futuras”, la perito señaló que la zona en
la que se ubican los predios carece actualmente de valor comercial como
consecuencia del desastre ocurrido el 27 de abril de 2011, lo cual fundamentó en
unas “certificaciones allegadas al expediente”.

97. En lo atinente al inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 012-112,
el dictamen pericial (avalúo) incluyó una descripción general del bien con su
información básica67 y tuvo por objeto la determinación de su valor comercial en
condiciones anteriores al deslizamiento, para lo cual se acudió al método de
reposición con el fin de establecer el valor de las construcciones68.

98. Con base en dicho ejercicio, la experta asignó un valor a cada una de las áreas
construidas y consolidó el total de las construcciones en la suma de $306’000.000.
Posteriormente, respecto del lote, mediante el método de potencial de desarrollo o
residual, con fundamento en variables técnicas y urbanísticas propias del
inmueble69 estableció un valor inicial de $338’000.000. A dicha suma aplicó un
castigo del 30 %, debido a que una franja del predio se encontraba ubicada sobre
una ronda hidráulica, por lo que se fijó el valor total del inmueble —lote y
construcciones— en $543’000.000.

99. En el capítulo 1.5. Valorizaciones y perspectivas futuras, se consignó (se
transcribe de manera literal):

“Esta zona actualmente no tiene valor comercial. Dado el desastre ocurrido el
27 de abril de 2011, en el Municipio de Copacabana en certificado expedido el
2/05/2011, le informa al señor BERNARDO DUQUE GONZÁLEZ, LIGIA
ARANGO, CAROLINA DUQUE ARANGO Y MAURICIO DUQUE ARANGO, la
inclusión en el listado de damnificados por la avalancha (Se adjunta fotocopia,
folio 30 de la sección Anexos).

100.En el capítulo 1.6. en cuanto a la sustentación del valor y las posibilidades de
valorización, se plasmó (se transcribe literalmente):

67 Dirección, tipología (casa de dos niveles con aparta estudio), destinación residencial y fecha de inspección

ocular (17 de noviembre de 2016). Asimismo, tuvo en cuenta la Escritura Pública No. 139 del 28 de febrero de
1979 de la Notaría Única de Girardota y la ficha predial No. 8113740 del Catastro Departamental de Antioquia.
Igualmente, se describieron sus características y especificaciones, tales como la distribución interna, el buen
estado de conservación, la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y las condiciones del terreno,
fachada y antejardín; se precisó que el acceso se realiza desde la vía Medellín–Copacabana por una vía
carreteable o camino de servidumbre, y que el sector corresponde al estrato socioeconómico tres (3).
68 Previsto en la Resolución 620 de 2008 Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. Se tuvo en cuenta

factores como el sistema constructivo, el área, la vetustez, el estado de conservación, el denominado “valor
nuevo” del inmueble y un factor de depreciación (Fito y Corvini) con base en la vida útil estimada.
69 La experta consolidó el valor de las edificaciones y del lote a partir de variables como área, antigüedad, uso

del suelo y condiciones urbanísticas, incorporando un factor de depreciación y un ajuste adicional asociado a
restricciones de aprovechamiento en una franja del predio.

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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01453-01 (73.416)
Actor: Luz Edilma Jiménez de Duque y otros
Demandado: Departamento de Antioquia y otros
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“El avalúo se hace sin tener en cuenta el evento de la avalancha, por cuanto el
Municipio de Copacabana en el anverso del folio 2623 del expediente número
2 certifica, ‘2. De conformidad con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial
(PBOT, acuerdo 025 de 2000) y el Plano Protocolizado de Amenazas y
Riesgos-Urbano y Rural, los predios ubicados en el barrio Machado, sector
Loma de los Duque, Loma de los García, Parcelación la Aldea y vereda
Fontidueño, no se encuentran en zona de alto riesgo’. Se adjunta fotocopia folio
31 de la Sección de Anexos.”.

1.6.1. Posibilidades de valorización. Las condiciones actuales de oferta y
demanda de la zona del inmueble son nulas, porque una vez sucedido el
desastre en el municipio de Copacabana, se clasificó la vivienda del señor
Bernardo Duque González como ubicada en zona de alto riesgo, Folio 318 del
Expediente. Se adjunta fotocopia a folios 32 -33 de la Sección de Anexos)70”
(se resalta).

101. Las afirmaciones contenidas en el capítulo 1.5 del dictamen, relativas a la
supuesta ausencia de valor comercial del inmueble como consecuencia del evento
ocurrido el 27 de abril de 2011, se sustentan en la certificación mediante la cual se
incluyó a los residentes del sector -en este caso Bernardo Duque González y su
grupo familiar71- en el listado de damnificados, documento cuyo alcance ya fue
examinado al valorar el dictamen pericial referido al inmueble de propiedad de la
señora Luz Edilma Jiménez de Duque (ver párrafo 84 de esta providencia).

102.Tal certificación fue expedida por la Secretaría de Gobierno y Gestión
Administrativa, en su calidad de coordinadora del CLOPAD, durante la fase inicial
de atención de la emergencia y gestión del riesgo, como una medida preventiva
adoptada bajo el principio de precaución y orientada a salvaguardar la vida e
integridad de los habitantes del sector mientras se realizaban los estudios técnicos
correspondientes, de modo que dicho documento carece de la entidad probatoria
para acreditar la existencia de una condición de riesgo permanente, la pérdida
definitiva de la aptitud de uso del inmueble o de su valor comercial.

103. Asimismo, se observa que en el capítulo 1.6 del dictamen, al sustentar el valor
asignado al inmueble, la perito indicó expresamente que el avalúo se realizó sin
tener en cuenta el evento de “la avalancha”, con fundamento en una certificación
del municipio de Copacabana según la cual, conforme al PBOT vigente para ese
momento, los predios ubicados en el sector no se encontraban en zona de alto
riesgo. Bajo esas condiciones, la referencia normativa corresponde a una situación
previa al deslizamiento, sin que en el dictamen se hubiera verificado si con
posterioridad al evento se produjeron modificaciones en la clasificación del suelo o
en las condiciones de riesgo del sector, así como tampoco si tales circunstancias
incidían en el valor comercial de los inmuebles.

104.Lo anterior pone de presente inconsistencias en el alcance del dictamen. Por
una parte, la perito afirmó que el avalúo se realizó sin considerar los efectos del
deslizamiento, en consonancia con el objeto mismo de la prueba, orientado a
establecer el valor del inmueble en un escenario anterior a dicho evento; sin
embargo, de manera simultánea, introdujo consideraciones relativas a la ausencia

70 Folio 3.875, c. 14.
71 Folio 118, c. 1.

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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01453-01 (73.416)
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de valor comercial del bien o a la desvalorización que este habría experimentado
como consecuencia del deslizamiento, sin efectuar un análisis comparativo que
permitiera determinar la incidencia de ese hecho en el valor del inmueble ni
establecer su variación antes y después de su ocurrencia.

105.En lo que respecta a la afirmación contenida en el numeral 1.6.1 del dictamen,
según la cual las condiciones de oferta y demanda en la zona serían “nulas” como
consecuencia de la supuesta clasificación del inmueble en zona de alto riesgo, no
resulta verificable, pues si bien en el anexo al que remite la experta-correspondiente
a un listado de viviendas y su clasificación según el nivel de riesgo72- se incluyó el
inmueble del señor Bernardo Duque González dentro de un sector catalogado como
de “riesgo alto”, lo cierto es que dicho informe fue elaborado y entregado pocos
meses después de ocurrido el evento, con fines de diagnóstico y priorización de
medidas de intervención.

106. Por consiguiente, ese informe elaborado por Suelo & Ambiente no puede
tenerse como una determinación definitiva sobre el uso del suelo, tampoco se trata
de una decisión encaminada a definir de manera permanente la clasificación o
zonificación del riesgo en ese sector. De hecho, del propio contenido del informe 73
se desprende que la categorización del riesgo estaba supeditada a la necesidad de
adoptar medidas de mitigación y estabilización del terreno, al punto que se
condicionó expresamente la permanencia de las órdenes de evacuación a que se
implementaran las obras recomendadas y se modificaran las condiciones de
estabilidad de la zona.

107.En esa medida, la calificación de riesgo allí consignada no comporta una
decisión administrativamente vinculante y mucho menos permite concluir que dicho
inmueble haya perdido completamente su valor comercial, máxime cuando el
mismo estudio reconoce el carácter progresivo y susceptible de intervención de las
condiciones de riesgo.

108.Lo que se observa es que la experta traslada de manera automática la inclusión
del inmueble dentro de un sector identificado como de alto riesgo en un informe
técnico de diagnóstico -sujeto a posteriores estudios y decisiones administrativas-
a una conclusión categórica sobre la inexistencia de mercado para los inmuebles
ubicados en la zona, sin realizar un análisis económico o comparativo que permita
establecer objetivamente el comportamiento de la oferta y la demanda con
posterioridad al evento.

109.En la audiencia de contradicción del dictamen, al ser interrogada sobre las
fuentes o soportes que le permitían afirmar que no fue posible aplicar el método de
mercado porque “las personas quieren vender, pero no encuentran a quién (…)” y
que, en consecuencia, la oferta y la demanda se encontraban afectadas, la perito
manifestó que no contaba con registros concretos, estudios de mercado ni
información documentada que respaldara tal conclusión, sino que esta se

72 Anexo del informe técnico denominado “Estudio Geológico Estudio Geológico y Geotécnico para determinar

la mitigación prioritaria del deslizamiento en sector de la Loma de Los Duque, la Loma Los García y Condominio
La Aldea del municipio de Copacabana”, elaborada por la firma Suelo & Ambiente en octubre de 2011.
73 Folios 198 a 277, c. 1. y 276 a 320, c. 2.

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sustentaba en consultas realizadas a algunas inmobiliarias, en las cuales “no
encontró valores”, así como en su apreciación según la cual, ante la ocurrencia de
un evento como el analizado, “todo el mercado se desbarata”.

110.En esas condiciones, las afirmaciones contenidas en el peritaje carecen de
soporte empírico verificable y, en cambio, constituyen juicios subjetivos que
debieron estar respaldados por estudios sobre el comportamiento del mercado
inmobiliario, registros de transacciones, informes técnicos o estadísticas oficiales74.
Si bien el movimiento en masa ocurrido el 27 de abril de 2011 constituye un hecho
notorio, sus efectos sobre el valor de los inmuebles no pueden presumirse, sino que
debían ser acreditados. Por consiguiente, el dictamen analizado carece de mérito
probatorio suficiente para generar certeza sobre los hechos que se pretenden
demostrar.

111. En consecuencia, no se acreditó el daño alegado referente a la desvalorización
de los inmuebles de propiedad de los señores Luz Edilma Jiménez de Duque y
Bernardo Duque González, requisito ineludible de toda demanda de reparación
directa, circunstancia que impone confirmar la sentencia apelada que negó las
súplicas de la demanda.

Condena en costas

112.De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, la liquidación
y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código de
Procedimiento Civil, actualmente CGP.

113. El artículo 365 de la Ley 1564 de 2012 señala que hay lugar a condenar en
costas a la parte vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente
el recurso. El artículo 361 ibidem establece que las costas «están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por
las agencias en derecho».

114.El numeral 8 del artículo 365 de la norma referida dispone que «solo habrá lugar
a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación». En consonancia con esa disposición, de manera reciente la Sala
modificó su postura bajo el entendido de que solo hay lugar a fijar agencias en
derecho cuando se encuentre probada su causación en el expediente derivada de
la actuación efectiva de los apoderados.

115.El pleito de la referencia corresponde a una demanda de reparación directa que
implicó que las entidades demandadas y las vinculadas como llamadas en garantía
tuvieran que designar abogado que ejerciera la defensa judicial de sus intereses.
En esta instancia, el pronunciamiento de Corantioquia, Allianz Seguros S.A. y
Zurich Colombia Seguros S.A. frente al recurso de apelación formulado por la parte
actora75, evidencia que desarrollaron actividad procesal encaminada a obtener la

74 Verbigracia, informes de la Lonja de Propiedad Raíz de Antioquia, análisis de entidades como el DANE o el

IGAC, reportes de Camacol, índices de valorización y desvalorización de la zona, bases de datos catastrales
del IGAC o del catastro municipal, etc.
75 Ver párrafo 31 y 32.

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confirmación de la sentencia, gestión que acredita la causación de agencias en
derecho como parte de la condena en costas.

116.En atención a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura -Acuerdo
1887 de 200376-, la Sala fijará las agencias en derecho en la segunda instancia que
estarán a cargo de los demandantes en la suma equivalente al 1% de las
pretensiones negadas77, es decir, la suma de veintidós millones seiscientos
noventa y nueve mil pesos ($22’699.000), la cual se reconocerá en partes iguales
en favor de Corantioquia, Allianz Seguros S.A. y Zurich Colombia Seguros S.A.

117. Como en este caso la parte actora se encuentra integrada en forma plural, la
condena en costas será pagada por cada uno de los demandantes, en función de
su particular interés en las resultas del proceso, según dispone el numeral 6 del
artículo 365 del CGP78, de la siguiente manera:

Porcentaje
Pretensión del
respecto de la
Demandante proceso de
totalidad de las
reparación directa
pretensiones
Luz Edilma Jiménez de Duque (propietaria $402.900.000,00 17,74%
inmueble)
Francisco Jaime Duque González (cónyuge) $117.900.000,00 5,19%
Jaime Andrés Duque Jiménez (hijo) $117.900.000,00 5,19%
Fernando Duque Jiménez. (hijo) $117.900.000,00 5,19%
Jhon Jairo Duque Jiménez. (hijo) $117.900.000,00 5,19%
Luis Guillermo Duque Jiménez. (hijo) $117.900.000,00 5,19%
Bernardo Duque González (propietario inmuebles) $ 805.900.000,00 35,50%
Ligia del Socorro Arango Garzón (esposa) $117.900.000,00 5,19%
Mauricio Duque Arango $117.900.000,00 5,19%
Carolina María Duque Arango $117.900.000,00 5,19%
Oscar Daniel Pérez Jaramillo $117.900.000,00 5,19%
TOTAL $2.269.900.000,00 100%79

118. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los
términos del artículo 366 del CGP.

76 “ACUERDO 1887 DE 2003

‘Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho’.
(…).
Artículo 3º—Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los
máximos previstos en este acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión
ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión
y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje
se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.
(…).
Artículo. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:
(…)
III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
(…).
3.1.3. Segunda instancia.
(...)
Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia” (se resalta).
77 La sumatoria de las pretensiones económicas elevadas por la parte actora ascienden a $1.336’450.000 –ver

pie de página 2-. 2’269.900.000
78 “Artículo 365 (…) 6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará

en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes
iguales entre ellos”.
79 Resultado exacto con dos decimales da 99,95, aproximación a 100%.

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Radicación: 05001-23-33-000-2013-01453-01 (73.416)
Actor: Luz Edilma Jiménez de Duque y otros
Demandado: Departamento de Antioquia y otros
Medio de control: Reparación directa

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de julio de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, mediante la cual se negaron
las súplicas de la demanda.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, en favor de
Corantioquia, Allianz Seguros S.A. y Zurich Colombia Seguros S.A. y fijar las
agencias en derecho de segunda instancia por la suma de veintidós millones
seiscientos noventa y nueve mil pesos ($22’699.000). Las costas se liquidarán de
manera concentrada en el Tribunal a quo y teniendo en cuenta los siguientes
porcentajes a cargo de los demandantes:

Porcentaje respecto de la
Demandante
las costas
Luz Edilma Jiménez de Duque (propietaria inmueble) 17,74%
Francisco Jaime Duque González (cónyuge) 5,19%
Jaime Andrés Duque Jiménez (hijo) 5,19%
Fernando Duque Jiménez. (hijo) 5,19%
Jhon Jairo Duque Jiménez. (hijo) 5,19%
Luis Guillermo Duque Jiménez. (hijo) 5,19%
Bernardo Duque Jiménez (propietario inmuebles) 35,50%
Ligia del Socorro Arango Garzón (esposa) 5,19%
Mauricio Duque Arango 5,19%
Carolina María Duque Arango 5,19%
Oscar Daniel Pérez Jaramillo 5,19%
TOTAL 100%

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital
que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador . Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha.

VF

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