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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2013-01546-01

Fecha
2 de mayo de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2013-01546-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: Primero: CONFIRMAR la sentencia de 28 de junio de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo: CONDENAR a la parte demandante a pagar a favor del Municipio de Medellín y del Metro de Medellín Ltda., por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, para cada uno. Tercero: TENER por debidamente presentada la renuncia de poder presentada por el abogado Richard Yhon Ospina Ramírez como apoderado del Municipio de Medellín. Cuarto: RECONOCER personería al abogado Alejandro Morales Vélez para que represente los intereses de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda., conforme el poder a él conferido. En consecuencia, se tendrá por terminado el poder conferido a la abogada Ana Carolina Cadavid Gaviria. 24 Índice número 25 de SAMAI. 25 Índice número 30 de SAMAI. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24 Radicado: 05001 2333 000 2013 01546 01 Demandante: Jesús María Montoya Herrera Quinto: RECONOCER personería al abogado Francisco Javier Isaza David para que represente los intereses de la entidad demandada, Municipio de Medellín, conforme el poder a él conferido. Sexto: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-33-000-2013-01546-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

2 de mayo de 2025

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Radicado: 05001 2333 000 2013 01546 01
Demandante: Jesús María Montoya Herrera

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., dos (02) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001 2333 000 2013 01546 01
Demandante: JESÚS MARÍA MONTOYA HERRERA
Demandado: MUNICIPIO DE MEDELLÍN Y OTRO

Tema: No se probó la incorrección de los avalúos oficiales que
sustentaron las Resoluciones SH-ADQ-0127, SH-ADQ-0128
y SH-ADQ-0129 de 2013 expedidas por la Secretaría de
Hacienda de Medellín, por medio de las cuales se ordenó la
expropiación administrativa.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de 28 de junio de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negó las pretensiones de la
demanda contra del Municipio de Medellín y el Metro de Medellín.

I.- ANTECEDENTES

1.1. La demanda

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en
el artículo 138 del C.P.A.C.A., en concordancia con el artículo 71 de la Ley 388
de 1997, el señor Jesús María Montoya Herrera, a través de apoderado
judicial, demandó al Municipio de Medellín y la Empresa de Transporte Masivo
del Valle de Aburrá Ltda., con el objeto de que se accediera a las siguientes:

1.1.1. Pretensiones

“[…] PRIMERO: Se declare la nulidad del artículo tercero contenido en la
Resolución N° SH-ADQ-0127 del 7 de marzo de 2013, expedida por el
Secretario de Hacienda del Municipio de Medellín que dispuso:

"ARTÍCULO TERCERO. VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO: El
precio del inmueble requerido es de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M.L.

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Radicado: 05001 2333 000 2013 01546 01
Demandante: Jesús María Montoya Herrera

($163.352.520), conforme el avalúo comercial MZ-15-0002-03 del 01 de
junio de 2012 elaborado por la Lonja Colombiana de la Propiedad Raíz, y
ratificado por el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTÏN CODAZZI, mediante
Resolución N° 1083 del 8 de noviembre de 2012"

SEGUNDO: Se declare la nulidad del artículo tercero contenido en la
Resolución N° SH-ADQ-0128 del 7 de marzo de 2013, expedida por el
Secretario de Hacienda del Municipio de Medellín que dispuso:

"ARTÍCULO TERCERO. VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO: El
precio del inmueble requerido es de TREINTA Y OCHO MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M.L.
($38.680.320), conforme el avaluó comercial MZ-15-0002-02 del 01 de
junio de 2012 elaborado por la Lonja Colombiana de la Propiedad Raíz, y
ratificado por el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI, mediante
Resolución N° 1083 del 8 de noviembre de 2012"

TERCERO: Se declare la nulidad del artículo tercero contenido en la
Resolución N° SH-ADQ-0129 del 7 de marzo de 2013, expedida por el
Secretario de Hacienda del Municipio de Medellín que dispuso:

"ARTÍCULO TERCERO. VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO: El
precio del inmueble requerido es de CINCUENTA Y OCHOS MILLONES
DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M.L.
($58.205.240), conforme el avalúo comercial MZ-15-0002-01 del 01 de
junio de 2012 elaborado por la Lonja Colombiana de la Propiedad Raíz, y
ratificado por el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTÍN CODAZZI, mediante
Resolución N° 1083 del 8 de noviembre de 2012"

CUARTO: Con el fin de restablecer los derechos del señor Jesús María Montoya
Herrera, se declare que el valor comercial por metro cuadrado de los inmuebles
objeto de la expropiación por vía administrativa de propiedad de mi poderdante,
era el indicado en el avalúo realizado por la empresa TECNOCASA PROPIEDAD
RAIZ, estos es, UN MILLON CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE PESOS ($1.107.449), a valores del mes de enero de 2012, y en
consecuencia, que el valor total de todos los inmuebles propiedad de mi
poderdante era la suma de DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/L ($290.151.605).

QUINTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, que se condene
al Municipio de Medellín y al Metro de Medellín Ltda., a pagar a mi poderdante
los siguientes valores:

a. Por la diferencia del valor pagado y el valor comercial de los bienes inmuebles
expropiados, la suma de VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL
QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L ($25.101.697).

b. A modo de lucro cesante, la afectación económica por renta conforme a lo
establecido en el artículo 21 de la Resolución 620 de 2008 expedida por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, más los intereses de mora entre el
momento que se dispuso la expropiación del bien y la fecha de la sentencia,
calculados a la tasa máxima de interés bancario.

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Radicado: 05001 2333 000 2013 01546 01
Demandante: Jesús María Montoya Herrera

c. La suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto
de daño moral a causa de los sufrimientos y padecimientos vividos por mi
poderdante en razón de la expropiación per vía administrativa de su
propiedad.

d. Las sumas de dinero a que sea condenado el Municipio de Medellín y el Metro
de Medellín, se paguen debidamente actualizadas y con los intereses
comerciales y moratorios correspondientes.

SEXTO: Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos de la
ley 1437 de 2011.”1 (Subrayas y negrita texto original)

1.1.2. Los actos acusados

En este proceso se pretende la nulidad parcial de los siguientes actos
expedidos por el Secretario de Hacienda del Municipio de Medellín:

Resolución número SH-ADQ-0127 del 7 de marzo de 2013 por medio
de la cual se ordena la expropiación por vía administrativa del inmueble
ubicado en la carrera 13 número 50-08 en la ciudad de Medellín, identificado
con la matrícula inmobiliaria número 01N-5339635 de propiedad del actor;
en la cual se estableció como precio indemnizatorio la suma de
$163.352.520 con fundamento en el avalúo No. MZ 15-0002-03 del 1 de
junio de 2012 elaborado por la Lonja Colombiana de Propiedad Raíz.

Resolución número SH-ADQ-0128 del 7 de marzo de 2013 por medio
de la cual se ordena la expropiación por vía administrativa del inmueble
ubicado en la calle 50 número 12A-26 en la ciudad de Medellín, identificado
con la matrícula inmobiliaria número 01N-5339634 de propiedad del actor;
en la cual se estableció como precio indemnizatorio la suma de $38.680.320
con fundamento en el avalúo No. MZ 15-0002-02 del 1 de junio de 2012
elaborado por la Lonja Colombiana de Propiedad Raíz.

Resolución número SH-ADQ-0129 del 7 de marzo de 2013 por medio
de la cual se ordena la expropiación por vía administrativa del inmueble
ubicado en la calle 50 número 12A-18 en la ciudad de Medellín, identificado
con la matrícula inmobiliaria número 01N-5339633 de propiedad del actor;
en la cual se estableció como precio indemnizatorio la suma de $58.205.240
con fundamento en el avalúo No. MZ 15-0002-01 del 1 de junio de 2012
elaborado por la Lonja Colombiana de Propiedad Raíz.

En los anteriores actos se indicó como destinación del inmueble la
construcción del corredor de la Avenida Ayacucho de la ciudad de Medellín
proyecto ejecutado por la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá
– Metro de Medellín Ltda.

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Cuaderno Principal, folios 2 y 3.

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Radicado: 05001 2333 000 2013 01546 01
Demandante: Jesús María Montoya Herrera

1.1.3. Fundamentos de hecho

La parte actora manifiesta que era propietaria de los inmuebles ubicados en
la carrera 13 #50-08, calle 50 #12ª-26 y calle 50 #12ª-18 en la ciudad de
Medellín los cuales fueron objeto de expropiación por la administración. Afirma
que los dos últimos inmuebles estaban arrendados y recibía una renta
mensual de $700.000.

Señala que los avalúos que se tuvieron en cuenta en los actos acusados para
fijar el valor indemnizatorio fueron elaborados por la Lonja Colombiana de la
Propiedad Raíz y que en ellos se empleó la metodología de comparación o de
mercado; sin embargo, indica que la información utilizada en la investigación
económica no coincide con la realidad, razón por la cual contrataron con los
vecinos del sector un nuevo avalúo elaborado por Tecnocasa Propiedad Raíz,
quien determinó el valor de los inmuebles en $290.151.605, una suma muy
superior a la reconocido por la administración.

Asegura que impugnó los anteriores avalúos; no obstante, el IGAC al expedir
la Resolución 1026 de 2012 no tuvo en cuenta los argumentos expuestos en
el escrito de impugnación.

Alega que los actos acusados que ordenaron la expropiación únicamente
tuvieron en cuenta el valor fijado en los avalúos sin considerar los perjuicios
causados.

Considera que por tratarse de una obra de infraestructura de transporte el
procedimiento era el establecido en el artículo 83 de la Ley 1450 de 2011 y,
al no reconocer las compensaciones del Decreto 2320 de 2005, se debía
aplicar el artículo 246 de dicha ley.

Aduce que el estudio socioeconómico realizado por el Metro de Medellín
demuestra que dos de los bienes expropiados estaban arrendados y que en el
otro vivía junto con su grupo familiar.

Destaca que el procedimiento expropiatorio le causó perjuicios irremediables,
ya que causó un daño a su patrimonio afectando su estilo de vida, en la
medida en que el dinero recibido no correspondió a una indemnización justa
y plena.

1.1.4. Normas violadas y concepto de la violación.

En opinión de la parte actora el acto acusado infringe los artículos 29 y 58
de la Constitución Política; 83 y 246 de la Ley 1450 de 2011; 12 del Decreto
1420 de 1998 y 1, 10 y 21 de la Resolución 620 de 2008 del IGAC, con
fundamento en el cargo de vulneración de normas superiores en los
siguientes términos:

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Radicado: 05001 2333 000 2013 01546 01
Demandante: Jesús María Montoya Herrera

Manifiesta que se desconoce el artículo 58 constitucional que establece que
es posible por motivos de utilidad pública que el interés privado ceda ante
el interés público, siempre que en la expropiación se reconozca una
indemnización previa, lo que no ocurrió en el presente caso. Así mismo,
considera que se trasgrede el artículo 29 ibidem al no tener en cuenta las
normas de expropiación cuando se trate de utilidad pública para una obra
de infraestructura de transporte.

Asegura que se vulneran los artículos 83 y 246 de la Ley 1450 de 2011 que
establecen que el precio indemnizatorio que se reconocerá será el mismo en
la enajenación voluntaria o en la expropiación judicial o administrativa y que
reconocerá los perjuicios alegados sin diferenciar entre enajenación
voluntaria o expropiación.

Resalta que el avalúo en que se sustentaron los actos acusados trasgrede
los artículos 1, 10 y 21 de la Resolución 620 de 2008, dado que, a pesar de
indicar que se aplica el método de comparación no se aportan la información
y datos que soportan la investigación de mercado, además de que no se
valoró la compensación debida por la afectación a causa de una obra pública,
al no considerar el valor de los arrendamientos.

Destaca que se desconoce el artículo 12 del Decreto 1420 de 1998, en la
medida en que la Lonja Colombiana de la Propiedad Raíz no tiene domicilio
en el Municipio de Medellín.

1.2. Contestación de la demanda.

1.2.1. El Municipio de Medellín se opuso a las pretensiones de la demanda
para lo cual indicó que en los avalúos oficiales se respetaron las normas
vigentes para la elaboración de trabajos periciales, lo que no ocurrió con el
avalúo aportado con la demanda.

Indica que la Ley 1682 de 2013, por la cual se adoptan disposiciones para
los proyectos de infraestructura de transporte señala en su artículo 23 que
el IGAC tendrá como función adoptar los parámetros para la elaboración de
los avalúos comerciales y su actualización, reglamentación que aún no se
ha adoptado.

Resalta que tanto los avalúos oficiales como el estudio de mercado
elaborado por el IGAC, son el resultado de una investigación que se realizó
cumpliendo con todos los requisitos de la Ley 388 de 1997.

Destaca que el actor tiene la carga de probar que el avalúo oficial es
equivocado, demostrando los errores en que haya incurrido, circunstancia
que no se prueba en el proceso.

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Radicado: 05001 2333 000 2013 01546 01
Demandante: Jesús María Montoya Herrera

Señala que el avalúo aportado con la demanda adolece de irregularidades
desde el punto de vista metodológico, ya que no se informa la dirección de
los inmuebles consultados en la investigación de mercado, además que en
el método de reposición utilizado no se establece cuáles son las
características de las edificaciones que la hacen semejante y comparable
con el inmueble objeto de avalúo.

Afirma, respecto de los supuestos perjuicios, que no son suficientes los
contratos de arrendamiento para demostrar lo dejado de percibir por
concepto de cánones de arrendamiento, ya que no se aportó los recibos o
consignaciones efectuadas por los arrendatarios durante la vigencia de los
contratos.

Alega que el avalúo por compensaciones originadas en afectaciones por obra
pública al que se refiere el artículo 37 de la Ley 9 de 1997, y por ende el
artículo 21 del Decreto 1420 de 1998 y el artículo 21 de la Resolución 620
de 2008, no se aplica para determinar los perjuicios en los casos de la
adquisición del inmueble sino por los perjuicios que sufra el propietario del
predio por la limitación que soporta al no poder acceder a una licencia
urbanística, con motivo de la futura ejecución de una obra pública en su
predio.

Resalta que los únicos daños que han de ser reparados son los ciertos, no
pueden ser hipotéticos ni contingentes. Adicionalmente, indica que los daños
morales no son procedentes en las expropiaciones por vía administrativa.

Asegura que en el certificado de la Cámara de Comercio de la Corporación
de Registro de Avaluadores y Lonja Colombiana de Propiedad Raíz dicha
entidad tiene domicilio en la ciudad de Medellín.

1.2.2. La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. -
Metro de Medellín Ltda. presentó contestación en la que se opone a las
pretensiones de la demanda, para lo cual señala que los avalúos que
sirvieron de base para la fijación de las indemnizaciones por la expropiación
por vía administrativa se realizaron cumpliendo el procedimiento y la
metodología de la Ley 388 de 1997, el Decreto Nacional 1420 de 1998 y la
Resolución 620 de 2008 del IGAC, normatividad vigente sobre la materia,
permitiendo establecer un precio justo por los inmuebles expropiados, hecho
que fue ratificado por IGAC.

Asegura que no es procedente el daño moral ya que la expropiación, bien
sea judicial o administrativa está prevista desde la Constitución como un
mecanismo de limitación legitima a la propiedad, cuyo presupuesto es una
indemnización previa, por lo que es una carga que el administrado está
obligado a soportar en beneficio de la colectividad.

Manifiesta que los artículos 83 y 246 de la Ley 1450 de 2011, no son
aplicables por cuanto las mismas disposiciones señalan que el Gobierno

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Radicado: 05001 2333 000 2013 01546 01
Demandante: Jesús María Montoya Herrera

Nacional debe reglamentarlas, lo que no ha sucedido.

Indica que la metodología aplicada en el avalúo oficial fue confirmada por el
IGAC, por lo que no hay vulneración de las normas previstas en la Resolución
620 de 2008 del IGAC. Agrega que para el momento de la adjudicación del
contrato de gestión predial, la Corporación de Registro de Avaluadores y
Lonja Colombiana de Propiedad Raíz, cumplió con el requisito de tener
domicilio en la ciudad de Medellín.

Precisa, que el avalúo aportado con la demanda tiene problemas
metodológicos en cuanto que no tiene en cuenta la certificación de catastro
para efectos de determinar el área; no indica si el bien esta o no sometido
a propiedad horizontal; utiliza método de comparación para determinar el
terreno y el de reposición para la construcción; sin embargo, en el primero
al realizar el estudio de mercado no tuvo en cuenta lotes de terreno sin
construcción y, por el contrario, relaciona terrenos con construcción
sometidos y no a propiedad horizontal.

Así mismo, formula las excepciones de “cumplimiento de los preceptos
constitucionales y legales por parte del Metro de Medellín Ltda., en el trámite
de expropiación por vía administrativa”; “presunción de legalidad de los
actos de expropiación” e “inexistencia de la obligación”.

Por último, llamó en garantía a las sociedades Avales Ingeniería Inmobiliaria
Ltda. y a la Corporación Registro de Avaluadores y Lonja Colombiana de la
Propiedad Raíz.

1.2.3. Avales Ingeniería Inmobiliaria Ltda. y Corporación Registro
de Avaluadores y Lonja Colombiana de la Propiedad Raíz presentaron
escrito en el que contestan el llamamiento en garantía para indicar que es
infundado en cuanto que la Empresa Metro de Medellín recibió a satisfacción
el trabajo realizado en cumplimiento del contrato CN-2010-0204 dirigido a
realizar los estudios de títulos y avalúos necesarios para adelantar la gestión
predial a lo largo del trazado definitivo del corredor tranviario de la avenida
Ayacucho.

De otro lado, se opuso a las pretensiones del libelo introductorio al estimar
que los avalúos fueron elaborados con la observancia del procedimiento y
metodología de la normatividad vigente sobre la materia, además de que
los mismos fueron objeto de impugnación, y luego de su estudio fueron
ratificados por parte el IGAC, ente rector de los avalúos, que mediante
resolución determinó que el trabajo valuatorio realizado tanto para los
predios motivo de expropiación como para los predios que hicieron parte del
estudio de mercado, se ajustaron a la realidad del momento.

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Radicado: 05001 2333 000 2013 01546 01
Demandante: Jesús María Montoya Herrera

II. LA SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia de 28 de junio de
2017 declaró próspera la objeción por error grave del avalúo aportado por la
demandante y negó las pretensiones de la demanda.

Indica que teniendo en cuenta que la pretensión está relacionada con la
nulidad parcial, en específico, con el precio indemnizatorio, se resolverán los
cargos relacionados con dicho precio, sin que corresponda hacer un análisis
de los cargos en contra del proceso de trámite de expropiación, la legalidad
de las Resolución N° 233 de 2010 y los motivos de urgencia, puesto que no
guardan relación con lo pretendido.

Señala como fundamento para declarar probada la objeción por error grave
del avalúo aportado con la demanda que el citado avalúo i) omite que el
inmueble objeto de expropiación se trataba de un bien sometido al régimen
de propiedad horizontal, en cuyo caso, de conformidad con la Resolución 620
"para los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal se debe
presentar el valor por metro cuadrado de área privada de construcción" y ii)
el método comparativo o de mercado utilizado parte de una investigación
económica que no identifica la dirección o zona específica de ubicación de los
bienes y su estado, desconociendo que en esta metodología deben
considerarse bienes semejantes o comparables con el del objeto de avalúo.

Afirma que la parte actora no aportó las pruebas para desvirtuar el avalúo
oficial, y que las certificaciones y declaraciones extrajuicio que fueron
allegadas, no se les puede otorgar valor probatorio al ser copias simples y
declaraciones extrajuicio que no se ratificaron en sede judicial.

Precisa que, aunque se debe indemnizar además del avalúo comercial los
perjuicios sufridos, en el presente caso los contratos de arrendamiento no son
prueba suficiente de que los bienes inmuebles estuviesen efectivamente
arrendados al momento de la expropiación, sin que se alleguen otros
documentos o pruebas que acrediten el arrendamiento a la fecha de la
expedición de los actos demandados.

Resalta que no son procedentes los perjuicios morales, ya que la
jurisprudencia ha señalado que no se incluyen dentro del precio
indemnizatorio.

Finalmente, señala que no condena en costas a la demandante, a pesar de
que la decisión le es adversa, al no aparecer que se hayan causado y no
advertir una conducta procesal que lo justifique.

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Radicado: 05001 2333 000 2013 01546 01
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III.- RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante solicita que se revoque la sentencia apelada, con
fundamento en los siguientes argumentos:

Aduce que se incurrió en error al aplicar la Ley 388 de 1997 ya que lo que
procedía era la aplicación de la Ley 1450 de 2011, la cual supone incluir en
el valor del avalúo las otras indemnizaciones o compensaciones para que
sea una indemnización justa y plena.

Asegura que el avalúo oficial no cumple con los requisitos legales, ya que
no indica cuáles fueron las operaciones inmobiliarias o los avalúos que se
tuvieron en cuenta para la comparación, además de que los que se indicaron
no eran reales. Agrega que no se cumplió con que el avalúo lo realice la
lonja de propiedad raíz con domicilio en el municipio donde se encuentre
ubicado el inmueble.

Afirma que el avalúo elaborado por Tecnocasa Propiedad Raíz que se aportó
con la demanda demuestra que el valor comercial del bien asciende a la
suma de $290.151.605. Señala que con los actos acusados se ocasionó
perjuicios materiales y morales que no fueron reconocidos, además de que
el estudio socioeconómico realizado por el Metro de Medellín demuestra que
el bien estaba habitado por la familia del actor, así como que se encontraba
arrendado, estilo de vida que se vio afectado abruptamente con la
expropiación y que no fue indemnizado por la administración.

Asevera que las pruebas documentales que obran en el proceso demuestran
que existió un avalúo muy por debajo de los precios de mercado y que no
se tuvieron en cuenta todos los factores para determinar el valor comercial
del bien, así como la afectación económica al propietario por las rentas
dejadas de percibir y los perjuicios morales.

IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

4.1. El Metro de Medellín Ltda. y el Municipio de Medellín presentaron
escritos de alegatos de conclusión en los que reiteran los argumentos
esgrimidos en las contestaciones de la demanda e insisten en que dentro
del proceso no se probó el mayor valor del inmueble ni los perjuicios
reclamados por la actora.

4.2. La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio en esta
etapa procesal.

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V.- CONSIDERACIONES

5.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo
núm. 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de
diciembre de 2024, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente
asunto, en segunda instancia.

5.2. Análisis de la Sala

5.2.1. Cuestionamiento sobre el valor comercial de los bienes expropiados

En criterio de la parte accionante, el dictamen allegado con la demanda
acredita el mayor valor de los bienes objeto de expropiación, así como los
errores en que incurrieron los avalúos en los que se fundamentaron los actos
acusados.

Por su parte, el tribunal de primera instancia declaró probada las objeciones
por error grave del citado dictamen, al estimar que incurrió en errores al
aplicar el método comparativo o de mercado, ya que, de un lado, no tiene en
cuenta que el bien avaluado estaba sujeto a régimen de propiedad horizontal
y, de otro, la investigación de mercado no indica las características de los
bienes analizados.

5.2.1.1 Objeciones por error grave del avalúo aportado con la demanda

Pues bien, para decidir lo pertinente es preciso señalar que el avalúo nro. TC-
A008-2012 elaborado por Luis Alberto Chica Gutiérrez de Tecnocasa
Propiedad Raíz en agosto de 2012 y aportado con la demanda, indica lo
siguiente:

“[…] INFORMACION BÁSICA O INFORMACIÓN GENERAL
1.1. AVALUO NÚMERO: TC A008-2012
1.2. SOLICITANTE: JESUS MARÍA MONTOYA HERRERA
1.3. TIPO DE INMUEBLE: VIVIENDA
1.4. TIPO DE AVALUO: Avalúo comercial urbano
1.5. DEPARTAMENTO: Antioquia
1.6. MUNICIPIO: Medellín
1.7. COMUNA: 9
1.8. BARRIO O URBANIZACION: ALEJANDRO ECHAVARRIA
1.9. DIRECCION: Calle 50 #12ª 26/18/08
1.10. DESTINACION ACTUAL: VIVIENDA
1.11. FECHA DE VISITA: 21 de enero de 2012

[…]

INFORMACIÓN CATASTRAL:

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11

Radicado: 05001 2333 000 2013 01546 01
Demandante: Jesús María Montoya Herrera

Según la información incorporada en el certificado de tradición y libertad, y la
escritura pública No. 3845 del 18 de julio de 2011 de la Notaria 18 de Medellín,
el predio de la referencia posee los siguientes indicadores:
Dirección: CALLE 50 #12A - 26/18/08
Matricula Inmobiliaria: O1N - 16979
Escritura Pública: No. 3845 del 18 de julio de 2011 de la Notaria 18 de Medellín

[…]

7. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

7.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TERRENO

7.1.1. UBICACIÓN: se localiza en la calle 50 entre carrera 12ª y 12, zona
centro oriental de la ciudad.

7.1.2. ÁREAS: Según planos aprobados por curaduría, el área construida del
predio es la siguiente:

Calle 50 # 12ª - 26 área construida: 41.22m2
Calle 50 # 12ª - 18 área construida: 55.20m2
Carrera 13 No 50 - 08 área construida: 159.88m2

Área privada total: 256.30 m2 (se tuvo en cuenta la totalidad del área de uso
de la propiedad) Se adopta área de 262m2 por resolución de catastro

[…]

7.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONSTRUCCIÓN

7.2.1. NIVELES O NUMERO DE PISOS: La edificación consta de 3 pisos.

7.2.2. CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES

[…]

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACABADOS

[…]

8. MÉTODO DE AVALÚO
En la realización de este avalúo se tuvieron en cuenta las metodologías y
lineamientos estipulados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante
la Resolución 620 de septiembre 23 de 2008, y los métodos aplicados fueron
los siguientes:

MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE MERCADO: Es la técnica valuatoria que busca
establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o
transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al del objeto de
avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e
interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial.

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Radicado: 05001 2333 000 2013 01546 01
Demandante: Jesús María Montoya Herrera

En esta investigación se analizaron ofertas de predios cercanos ubicados en el
mismo sector, con normas de uso y áreas similares.

MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN: Es el que busca establecer el valor
comercial del bien objeto de avalúo a partir de estimar el costo total de la
construcción a precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y
restarle la depreciación acumulada. Al valor asi obtenido se le debe adicionar
el valor correspondiente al terreno. Para ello se utilizará la siguiente formula:
[…]

10. INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

10.1 INVESTIGACIÓN DE INDICADORES PARA PREDIOS: Se relaciona a
continuación los datos del estudio de mercado para el predio comparables con
el predio objeto de avalúo, se analizaron siete (7) ofertas las cuales permiten
determinar una tendencia en el valor unitario integral para terreno.

[…]

10.2. ANALISIS DE FACTORES PARA LA CONSTRUCCIÓN: se analiza el estado
de la construcción, la calidad de los materiales, el tiempo de uso o vetustez y
su conservación. […]”

De la revisión del anterior avalúo se advierte que para fijar el valor comercial
del bien se utilizaron los métodos de comparación y de mercado y el de
reposición, el primero, para hallar el valor del terreno y, el segundo, para
determinar el valor de la construcción.

Sobre el particular, es preciso señalar que el avalúo elaborado por Tecnocasa
Propiedad Raíz no cumple con todos los requisitos previstos en el Decreto
1420 de 1998, así como, en la Resolución No. 620 de 2008 proferida por el
IGAC, específicamente, con el método utilizado 2 y las consideraciones para

2
Decreto 1420 de 1998. Artículo 25.- “Para la elaboración de los avalúos que se requieran
con fundamento en las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, se deberá aplicar uno de los
siguientes métodos observando los parámetros y criterios mencionados anteriormente o,
si el caso lo amerita varios de ellos: el método de comparación o de mercado, el de
renta o capitalización por ingresos, el de costo de reposición o el residual. La determinación
de las normas metodológicas para la utilización de ellos, será materia de la resolución de
que trata el artículo 23 del presente Decreto. […]”

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Radicado: 05001 2333 000 2013 01546 01
Demandante: Jesús María Montoya Herrera

llegar al valor comercial3, ya que, aunque en el acápite denominado “Método
de avalúo” menciona que se utiliza el comparativo o de mercado4, lo cierto,
es que no aplicó correctamente el citado método, ya que omitió señalar que
el bien estaba sometido a propiedad horizontal y, por el contrario, consideró
que no estaba sujeto a dicho régimen, ya que determinó de manera
independiente el valor del terreno y de la construcción, cuando la norma indica
expresamente que ello sólo se debe realizar cuando el bien no esta sometido
a propiedad horizontal.

Adicionalmente, si bien se señaló de manera general en la investigación
económica las transacciones que fueron analizadas por el avaluador para
llegar a la estimación del valor comercial, lo cierto es que, de la revisión del
cuadro que se anexa para soportar dicha investigación, no se observa la
dirección de ninguno de los bienes que fueron estudiados, además de que se
maneja de manera indistinta si los bienes están o no sometidos a propiedad
horizontal, circunstancias que impiden afirmar que estemos ante bienes en
similares condiciones que los bienes objeto de avalúo y que, por tanto, sean
comparables para considerar que estamos ante resultados confiables.

En este punto, se debe recordar que el método de valoración de
“Comparación o Mercado”5, es una técnica valuatoria que consiste en
“establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o
transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al del objeto
de avalúo” y, en el cual, dichas “[…] ofertas o transacciones deberán ser
clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor
comercial.”
3
Decreto 1420 de 1998. Artículo 20.- “El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad
que cumpla sus funciones y las personas naturales o jurídicas registradas y autorizadas por
las lonjas en sus informes de avalúo, especificarán el método utilizado y el valor comercial
definido independizando el valor del suelo, el de las edificaciones y las mejoras si fuere el
caso, y las consideraciones que llevaron a tal estimación.” “Subrayas fuera del texto
original)
4
Resolución 620 de 1998. Artículo 10. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Cuando para la realización del avalúo se acuda a información de ofertas y/o
transacciones, es necesario que en la presentación del avalúo se haga mención
explícita del medio del cual se obtuvo la información y la fecha de publicación,
además de otros factores que permitan su identificación posterior. || Para los
inmuebles no sujetos al régimen de propiedad horizontal, el valor del terreno y la
construcción deben ser analizados en forma independiente para cada uno de los
datos obtenidos con sus correspondientes áreas y valores unitarios. Para los
inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal se debe presentar el valor
por metro cuadrado de área privada de construcción || Se debe verificar que los
datos de áreas de terreno y construcción sean coherentes. || En los eventos en que sea
posible, se deben tomar fotografías de los predios en oferta o de los que se ha obtenido
datos de transacción para facilitar su posterior análisis.” (Negrita y subrayas fuera del texto
original)
5
Método definido por la Resolución 620 de 2008 proferida por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi en los siguientes términos: “MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial del bien, a partir
del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables
al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas
e interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial.

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Demandante: Jesús María Montoya Herrera

Así las cosas, las consideraciones anteriores permiten concluir que le asistió
razón al tribunal de instancia al declarar probadas las objeciones por error
grave, ya que el dictamen aportado con la demanda carece de argumentos
técnicos y de apoyo probatorio suficiente para determinar el justiprecio de los
inmuebles de propiedad del actor que fueron expropiados en su momento por
el Municipio de Medellín.

5.2.1.2 Cuestionamientos sobre el avalúo oficial

En el presente proceso obran los siguientes avalúos comerciales elaborados
el 1 de junio de 2012 por la Lonja Colombiana de Propiedad Raíz, los cuales
fueron acogidos por los actos demandados para determinar el valor del
precio de indemnización:

• Avalúo Comercial MZ 15-0002-03 del inmueble ubicado en la Carrera 13
#50-08 en la ciudad de Medellín con matrícula inmobiliaria 01N-5339635,
en el que se señaló como resultado:

• Avalúo Comercial MZ 15-0002-02 del inmueble ubicado en la Calle 50
#12A-26 en la ciudad de Medellín con matrícula inmobiliaria 01N-
5339634, en el cual se señaló lo siguiente:

• Avalúo Comercial MZ 15-0002-01 del inmueble ubicado en la Calle
50#12A-18 en la ciudad de Medellín con matrícula inmobiliaria 01N-
5339633, en el que se indicó como resultado:

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Demandante: Jesús María Montoya Herrera

Los avalúos anteriores indican en su acápite de observaciones que los
predios se encuentran sometidos al régimen de propiedad horizontal
mediante escritura pública No. 781 de 2012 de la Notaria 18 de Medellín.

Así mismo, se observa que para su elaboración se tuvieron en cuenta las
condiciones particulares de cada uno de los predios al momento de su
valoración. Específicamente, en los citados avalúos se lee: i) los datos
generales del avalúo; ii) la identificación y ubicación del inmueble; iii)
características del sector y actividades predominantes; iv) características
del predio, tanto del terreno como de la construcción; v) vías de acceso; vi)
norma urbanística vigente al momento del avalúo; vii) destinación del bien,
y viii) metodología aplicada para la valoración del bien.

En este último punto, se señaló que la técnica valuatoria para determinar el
valor comercial de los bienes es el método comparativo o de mercado y se
anexó en cada avalúo la investigación económica realizada, en la que
respecto de los bienes consultados se discriminó: la ubicación del bien,
indicando expresamente la dirección, el valor del predio, el valor negociado,
el área privada, el valor del metro cuadrado para propiedad horizontal, la
fecha y la fuente de la cual se recaudó dicha información.

Se debe señalar que, si bien la parte actora cuestiona las fuentes de las cuales
se recaudó la información para realizar la investigación de mercado, lo cierto
es que dichos avalúos fueron impugnados ante el IGAC quien para resolver
los recursos realizó un nuevo estudio de mercado que permitió concluir que
los avalúos comerciales practicados por la Lonja colombiana de Propiedad Raíz
son consistentes y acordes con el mercado inmobiliario. Específicamente, el
IGAC mediante Resolución 1083 de 2012 confirmó los avalúos comerciales
bajo las siguientes consideraciones:

“Que a través de los memorandos 8002012IE8391, 8002012IE9113 y
8002012IE9464, del 3 21 y 27 de agosto de 2012, respectivamente, la
Subdirección de Catastro del IGAC designó al Ingeniero PEDRO ENRIQUE
PALACIOS ROBERTO, Profesional del GIT de Avalúos, para que adelantara un
estudio preliminar tendiente a determinar si los argumentos de las
impugnaciones se referían al criterio de selección del método con el cual se
elaboraron los avalúos comerciales ó a la aplicación del método empleado. Si

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Radicado: 05001 2333 000 2013 01546 01
Demandante: Jesús María Montoya Herrera

era lo primero debía deducir el método aplicable y recomendar, si a ello había
lugar, la práctica de un nuevo ejercicio valuatorio; si era lo segundo, debía
revelar las inconsistencias encontradas y disponer una aplicación y desarrollo
del método.

Que con los memorandos […], el ingeniero PALACIOS ROBERTO presentó los
análisis previos, concluyendo que los avalúos comerciales de los inmuebles
relacionados en el primer considerando se encontraban metodológicamente
bien realizados; sin embargo, en razón de los argumentos esbozados en los
escritos de impugnación, recomendó realizar nuevo estudio de mercado en el
sector donde se ubican.

Que los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2012 el Ingeniero PEDRO ENRIQUE
PALACIOS ROBERTO realizó estudio de mercado en el sector donde se
localizan los predios cuyos avalúos comerciales fueron impugnados. El
resultado del citado estudio de mercado obra en los memorandos
8002012IE0011 y 8002012IE10809 del 19 de septiembre de 2012.

[…]

Que el 2 de noviembre de 2012 se realizó Comité de Avalúos, en el cual se
estableció que el estudio de mercado realizado por el ingeniero PALACIOS
ROBERTO cumplía con la normatividad y era aplicable para tramitar y resolver
la impugnación de los avalúos comerciales de los bienes inmuebles ya
relacionados […].

Que de acuerdo con el rango de valor antes visto se deduce que los valores
de los avalúos comerciales practicados por Lonja Colombiana de Propiedad
Raíz, respecto de los inmuebles listados en el considerando primero, son
consistentes y acordes con el mercado inmobiliario. [….]”

En ese sentido, a pesar de las declaraciones extrajuicio y comunicaciones que
aporta el demandante para desvirtuar las fuentes que soportaron los estudios
de mercado en los que se fundamentaron los avalúos oficiales, lo cierto es que
los valores arrojados en dichos estudios fueron corroborados por la nueva
investigación de mercado elaborada por el IGAC para resolver las
impugnaciones, resultados que no son desvirtuados con las pruebas obrantes
en el proceso y que, en consecuencia, gozan de credibilidad.

Adicionalmente, de la revisión del certificado de registro mercantil expedido
por la Cámara de Comercio de Medellín se observa que la Lonja Colombiana
de Propiedad Raíz cuenta con un establecimiento de comercio en la ciudad de
Medellín6, por lo que no observa un incumplimiento del artículo 12 del Decreto
1420 de 20087 como lo alega el demandante.

6
Cuaderno principal, folio 305 y 306.
7
Artículo 12.- “La entidad o persona solicitante podrá solicitar la elaboración del avalúo
a una de las siguientes entidades: || Las lonjas o lonja de propiedad raíz con domicilio en
el municipio o distrito donde se encuentren ubicados el o los inmuebles objeto de avalúo.
La cual designará para el efecto uno de los peritos privados o avaluadores que se
encuentren registrados y autorizados por ella. […]”

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Radicado: 05001 2333 000 2013 01546 01
Demandante: Jesús María Montoya Herrera

En este punto, es preciso recordar que, sobre el avalúo comercial acogido en
los actos acusados, la jurisprudencia de esta Corporación8 ha sostenido que
está amparado por la presunción de legalidad al ser incorporado al acto
administrativo que ordena la expropiación, por lo tanto, la parte demandante
tiene la carga de probar cuál es el error o la incorrección del avalúo oficial.
Específicamente, se ha señalado:

“[…] al haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se encuentra amparado por la
misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones de
la administración, lo cual admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el proceso que el avalúo
oficial es equivocado, demostrando precisamente su incorrección.”9

Por lo anterior, la Sala reitera que para concluir que hay incorrección del
avalúo oficial no basta con realizar una comparación del valor del precio
indemnizatorio entre el avalúo oficial y los allegados o solicitados por la parte
actora10, sino que se requiere demostrar de manera clara y precisa el error en
que incurrió el avalúo oficial, teniendo en cuenta que para fijar dicho valor se
analizan diferentes criterios y parámetros técnicos, situación que en el caso
particular no se acreditó.

En consecuencia, estos argumentos de la impugnación tampoco están
llamados a prosperar.

5.2.2. Lucro cesante

El recurrente alega que se debía aplicar la Ley 1450 de 2011 y, en
consecuencia, reconocer los perjuicios causados, específicamente, los
derivados del lucro cesante por la pérdida de las rentas por concepto de
arrendamientos.

8
Sobre este asunto se puede consultar entre otras providencias: Consejo de Estado.
Sección Primera. Sentencia del 20 de febrero de 2020. Rad. 25000-23-24-000-2011-
00115-01. C.P: Oswaldo Giraldo López; Sentencia de 28 de abril de 2022, Rad. 05-001-
2331-000-2010-0195901, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
9
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 14 de mayo de 2009. Rad. 05001-23-
31-000-2005-03509-01. Magistrado Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
10
Sobre la carga de la parte actora para controvertir el avalúo oficial en sentencia del 20
de febrero de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, Rad. 25000-23-24-000-2011-00115-01
se indicó: “[…] Para precisar el alcance de la carga que recae sobre el demandante,
atendiendo las presunciones de que gozan los actos de la administración, no es del caso
que el escrito de demanda anexe otros avalúos, si se pretende con ellos desvirtuar el
realizado por la entidad pública; para atacar la presunción de legalidad y veracidad de que
goza el avalúo oficial, es indispensable que el actor, con base en las normas que regulan la
materia, indique el defecto en que se ha incurrido y su impacto en el precio oficialmente
establecido, pues de lo que se trata es precisamente de llevar al convencimiento del juez
de que se ha incurrido en error al establecer el monto de la indemnización, y no
simplemente de identificar otras alternativas probables. […]” (Subraya del texto
original)

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Demandante: Jesús María Montoya Herrera

Para decidir lo pertinente, es preciso señalar que, de conformidad con el
numeral 6º del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, “[p]ara los efectos del
avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los inmuebles que se
encuentren destinados a actividades productivas y se presente una
afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación
de ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse
independientemente del avalúo del inmueble, la compensación por las
rentas que se dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis (6)
meses.”

En concordancia con lo anterior, el numeral 4º del artículo 21 de la
Resolución 620 de 2008 preceptúa que, “[p]ara estimar el monto de la
compensación de las rentas o ingresos que se dejan de percibir por una
limitación temporal o definitiva […] se deberán tener en cuenta: Las
declaraciones para efectos tributarios. El balance contable que se presente
para la Cámara de Comercio.”

Esta misma disposición establece que, si la empresa no esté obligada a
presentar las declaraciones tributarias o el balance ante la Cámara de
Comercio, "[…] deberá probar la utilidad neta del negocio de por lo menos
los seis meses anteriores, mediante un estado de pérdidas y ganancias
mensual firmado por un contador público titulado, con matrícula profesional
vigente. […]”.

Como puede apreciarse de las normas citadas, previa determinación de que
el inmueble se encuentra destinado a una actividad productiva y presente
una afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la
generación de los ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, los
documentos que se deberán tener en cuenta para determinar el monto de
la compensación por rentas e ingresos que se dejan de percibir con ocasión
de la afectación a causa de una obra pública, son i) las declaraciones para
efectos tributarios; ii) el balance contable que se presente a la Cámara de
Comercio; y iii) un estado de pérdidas y ganancias mensuales para acreditar
la utilidad neta del negocio, este último en el evento en que el afectado no
esté obligado a presentar los dos primeros.

Las anteriores disposiciones, son aplicables para calcular el valor de la
compensación por la afectación a causa de una obra pública; sin embargo,
se debe recordar que el titular del bien expropiado tiene derecho a recibir
una indemnización de carácter reparatorio, que comprenda, además del
valor del bien expropiado, los demás perjuicios que se le hubieren causado
con ocasión de la expropiación, incluido el daño emergente y lucro cesante.

Por lo anterior, esta Sección11, en varias oportunidades, ha señalado que en
la medida en que no existe norma expresa sobre la forma de indemnizar de

11
Consejo de Estado, Sección Primera, i) sentencia de 23 de mayo de 2024, rad. 25000-
23-24-000-2010-00623-01, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes; ii) sentencia de 23 de
noviembre de 2023, rad.05-001-23-31-000-2011-00268-01, C.P. Germán Eduardo Osorio

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Radicado: 05001 2333 000 2013 01546 01
Demandante: Jesús María Montoya Herrera

manera justa y plena los detrimentos patrimoniales accesorios causados a
los propietarios de una expropiación por vía administrativa, en aplicación
del artículo 8° de la Ley 153 de 188712, se debe acudir a la regla establecida
en el numeral 6 del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el propietario del inmueble expropiado
tiene derecho a recibir una indemnización justa que reconozca el valor
comercial del bien expropiado, así como los perjuicios que se le han
generado con ocasión de la expropiación, ante el vacío normativo en la
forma de indemnizar dichos perjuicios, es posible acudir a disposiciones que
regulen asuntos semejantes para llenarlo, como es el caso de la aplicación
del numeral 6º del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, en concordancia
con el numeral 4º del artículo 21 de la Resolución 620 de 2008, para
determinar en este caso el lucro cesante.

Aclarado lo anterior, se deberá establecer si, en el caso concreto, se
encuentra acreditado el perjuicio en la modalidad de lucro cesante, en razón
a que, alega el demandante que para la época de la expropiación dos de los
inmuebles estaban arrendados, renta que asegura dejó de percibir como
consecuencia de la expropiación.

Para resolver, es preciso citar las pruebas que obran en el expediente, a
saber:

• Copia simple del contrato de arrendamiento13 celebrado el 26 de julio
de 2010 entre el actor como arrendador y las señoras Berta Inés
Quintero Alzate y Jacinta de los Dolores Quintero de Berrio como
arrendatarias, cuyo objeto es el goce del inmueble urbano ubicado en
la calle 50# 12A-26 en la ciudad de Medellín, con un canon de
arrendamiento de $300.000. La vigencia del contrato se pactó en 6
meses, contados desde el 28 de julio de 2010, prorrogable por el
término inicial.
• Copia simple del contrato de arrendamiento14 celebrado el 5 de mayo
de 2011 entre el actor como arrendador y Juan Arbey Gómez Zapata y
Paola Andrea Arcila Giraldo como arrendatarios, cuyo objeto es el goce
del inmueble ubicado en la calle 50 # 12A-18 en la ciudad de Medellín,
con un canon de arrendamiento de $400.000. La vigencia del contrato
se pactó de 6 meses, contados desde el 5 de mayo de 2011, prorrogable
por el término inicial.

Cifuentes; iii) sentencia de 19 de abril de 2021, rad. 25000-23-24-000-2011-00240-01,
C.P. Oswaldo Giraldo López; iv) sentencia de 26 de julio de 2012, rad. 05001-23-31-000-
2003-00977-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno (E)
12
Artículo 8. “Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán
las leyes que regulen casos ó materias semejantes, y en su defecto, la doctrina
constitucional y las reglas generales de derecho.”
13
Cuaderno principal, folios 189 y 193.
14
Cuaderno principal, folio 190 y 194.

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20

Radicado: 05001 2333 000 2013 01546 01
Demandante: Jesús María Montoya Herrera

• Ficha socioeconómica15 del Metro de Medellín y el Municipio de Medellín
del 19 de junio de 2012 en la que se indica que el predio ubicado en la
Calle 50 Nro. 12ª – 18 estaba arrendado con un canon de
arrendamiento de $400.000.
• Ficha socioeconómica16 del Metro de Medellín y el Municipio de Medellín
del 19 de junio de 2012 en la que se indica que el predio ubicado en la
Calle 50 Nro. 12ª – 26 estaba arrendado con un canon de
arrendamiento de $300.000.

De la revisión de las anteriores pruebas, la Sala advierte que dichos
documentos no dan certeza de que para el momento de la expropiación, mes
de marzo de 2013, los inmuebles efectivamente estuvieran arrendados, ya
que, si bien se aportan copia de unos contratos de arrendamiento celebrados
en los años 2010 y 2012 y las fichas socioeconómicas de las visitas que se
realizaron dentro del proceso de gestión y sensibilización social del proyecto
con la comunidad en el año 2012, no existen medios de pruebas adicionales
que permitan corroborar que los citados contratos se prorrogaron y que se
encontraban vigentes para la fecha en que se expidieron los actos de
expropiación.

Sobre este asunto, se debe recordar que esta Sección ha señalado que “[…]
no son suficientes los contratos de arrendamiento allegados para demostrar
lo dejado de percibir, ya que como bien se sabe, se requieren por lo menos
los recibos de pago o consignaciones efectuados por sus arrendatarios durante
la vigencia de dichos contratos, cuestión que no fue aportada al proceso.
[…]”17

Así las cosas, del análisis de las pruebas allegadas al plenario no es posible
concluir que los cánones fueron pagados y recibidos en los meses previos a la
expropiación, pues no obra en el expediente un solo recibo de pago o
consignación que acredite la cancelación de los cánones de arrendamiento
durante el tiempo en que estuvieron vigentes los contratos, además de que
no se solicitaron otras pruebas documentales o testimoniales que
corroboraran que, para la época de la expropiación, efectivamente estaban
vigentes y que se estaban percibiendo los cánones fijados en los mismos,
razón por la cual no hay certeza de la existencia del perjuicio alegado, esto
es, de la pérdida de utilidad económica percibida por el demandante por el
arrendamiento de los inmuebles expropiados, perjuicio que, para ser
indemnizado, debe ser cierto.

En ese orden de ideas, a pesar de que la indemnización que se reconoce a
quienes se ven afectados con la expropiación debe ser justa y, por tanto, con
carácter reparatorio, lo que comprende el precio comercial del bien y los
demás perjuicios que pudieron causarse con ocasión de la expropiación, no es

15
Cuaderno principal, folios 31 a 36.
16
Cuaderno principal, folios 43 a 48.
17
Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 10 de marzo de 2011, rad. 05001-23-
31-000-2004-03941-01, C.P. Marco Antonio velilla Moreno

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Radicado: 05001 2333 000 2013 01546 01
Demandante: Jesús María Montoya Herrera

menos cierto que es obligación del demandante, propietario del bien
expropiado, probar la existencia de los perjuicios, su monto y su nexo de
causalidad con la expropiación, circunstancia que no ocurrió en el presente
caso.

En conclusión, teniendo en cuenta que en el expediente no existe certeza
sobre la ocurrencia del prejuicio en la modalidad de lucro cesante con ocasión
de la expropiación, tampoco es procedente su reconocimiento.

5.2.3. Perjuicios morales

Por último, el recurrente insistió en que en el caso concreto procede la
indemnización por perjuicios morales, toda vez que su estilo de vida se vio
afectado abruptamente con la expropiación.

Sobre el particular, se debe recordar que la Corte Constitucional18 ha
señalado que la indemnización que se debe reconocer en los casos de
expropiación es distinta a la prevista en el artículo 90 de la Constitución, ya
que no se refiere a un daño antijurídico y la misma Constitución establece
que el particular debe soportar la carga de ser expropiado, por lo que la
existencia de tal deber justifica que la indemnización en caso de
expropiación no tenga siempre que ser integral, como sí lo exige el artículo
90 Superior. En ese sentido, indica que la indemnización en caso de
expropiación no comprende el daño moral al no ser integral.

La anterior posición ha sido acogida por esta Corporación al estimar que el
interés general prevalece sobre el interés particular, por lo que la
indemnización en materia de expropiación sólo tiene carácter reparatorio,
de manera que no procede el reconocimiento de perjuicios morales19.

En el anterior contexto, la Sala considera que los reparos expuestos por el
apelante en su recurso de alzada no desvirtúan los argumentos y
conclusiones expuestos por el juez de primera instancia, toda vez que en el
plenario no se encuentran elementos probatorios que logren demostrar la
ilegalidad de los actos acusados como consecuencia de la incorrección de
los avalúos oficiales que sirvieron de sustento para la fijación del precio
indemnizatorio reconocido a la parte actora con ocasión de la expropiación
administrativa.

En consecuencia, los argumentos expuestos en el recurso de apelación no
tienen vocación de prosperar y, por tanto, la Sala confirmará la sentencia
apelada.

18
Sentencia C-1074 de 2002
19
Consejo de Estado, Sección Primera, i) Sentencia de 7 de marzo de 2024, rad. 15001-
2331-000-2006-01433-02, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes; ii) Sentencia de 29 de
febrero de 2024, rad. 73001-2331-000-2012-00171-01, C.P. Germán Eduardo Osorio
Cifuentes y iii) Sentencia de 14 de agosto de 2014, rad. 63001-23-31-000-2007-00032-
01, CP. Marco Antonio Velilla Moreno.

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Demandante: Jesús María Montoya Herrera

5.3. Costas

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y el numeral
1 del artículo 365 del CGP, se advierte que la parte demandante resultó
vencida porque se le resolvió desfavorablemente su recurso de apelación;
por lo tanto, asumirá las costas procesales de la segunda instancia.

Al respecto, el artículo 361 del CGP establece que las costas se integran por
la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias
en derecho, y solo habrá lugar a su imposición, de acuerdo con el numeral
8 del artículo 365 ibidem, “cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación”.

En este asunto, pese a que el recurso será resuelto de manera desfavorable
a quien lo propuso, comoquiera que no está acreditada la causación de
gastos procesales, la Sala no condenará en costas por dicho concepto. Por
otra parte, en cuanto a las agencias en derecho, revisado el expediente, se
advierte que las intervenciones del Municipio de Medellín20 y del Metro de
Medellín Ltda.21 se encuentran probadas en esta instancia con la radicación
de los memoriales de alegatos de conclusión por parte de sus apoderados.

Así las cosas, y en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4° del artículo
366 del CGP22, se condenará en costas a la parte demandante, por concepto
de agencias en derecho a favor del Municipio de Medellín y del Metro de
Medellín Ltda., al pago de la suma equivalente a un salario mínimo legal
mensual vigente para cada uno. Lo anterior en aplicación de lo previsto en
el capítulo III, artículo sexto, del Acuerdo núm. 1887 de 27 de agosto de
2003, sobre las tarifas de las agencias en derecho para los procesos
Contencioso Administrativos23.

5.4. Otros pronunciamientos

En consideración al memorial que obra en la anotación núm. 21 del historial
de actuaciones del proceso disponible en SAMAI, se tendrá por debidamente

20
Índice nro. 30 de SAMAI.
21
Índice nro. 25 de SAMAI
22
“Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado
el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…] || 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca
el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este
y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la
gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del
proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas
tarifas.”
23
“ARTICULO SEXTO. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: […] III
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. […] 3.1.3. Segunda instancia. […] Con cuantía:
Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia.”

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23

Radicado: 05001 2333 000 2013 01546 01
Demandante: Jesús María Montoya Herrera

presentada la renuncia presentada por el abogado Richard Yhon Ospina
Ramírez al poder que le fue conferido para representar al Municipio de
Medellín en el presente trámite, teniendo en cuenta que cumple con el
requisito del inciso 4º del artículo 76 del CGP.

Se reconocerá personería al abogado Alejandro Morales Vélez para que
represente los intereses de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de
Aburrá Ltda., conforme el poder a él conferido24, de conformidad con lo
previsto en el artículo 74 del CGP. En consecuencia, se tendrá por terminado
el poder conferido a la abogada Ana Carolina Cadavid Gaviria.

Por último, se reconocerá personería al abogado Francisco Javier Isaza
David para que represente los intereses de la entidad demandada, Municipio
de Medellín, conforme el poder conferido25 de conformidad con el artículo
74 del CGP.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: CONFIRMAR la sentencia de 28 de junio de 2017 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la
demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

Segundo: CONDENAR a la parte demandante a pagar a favor del Municipio
de Medellín y del Metro de Medellín Ltda., por concepto de agencias en
derecho, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente,
para cada uno.

Tercero: TENER por debidamente presentada la renuncia de poder
presentada por el abogado Richard Yhon Ospina Ramírez como apoderado
del Municipio de Medellín.

Cuarto: RECONOCER personería al abogado Alejandro Morales Vélez para
que represente los intereses de la Empresa de Transporte Masivo del Valle
de Aburrá Ltda., conforme el poder a él conferido. En consecuencia, se
tendrá por terminado el poder conferido a la abogada Ana Carolina Cadavid
Gaviria.

24
Índice número 25 de SAMAI.
25
Índice número 30 de SAMAI.

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24

Radicado: 05001 2333 000 2013 01546 01
Demandante: Jesús María Montoya Herrera

Quinto: RECONOCER personería al abogado Francisco Javier Isaza David
para que represente los intereses de la entidad demandada, Municipio de
Medellín, conforme el poder a él conferido.

Sexto: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de
origen.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado
Presidenta

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO
Consejero de Estado CIFUENTES
Consejero de Estado
Con aclaración de voto

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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