Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2013-01801-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2013-01801-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2013-01801-02
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
11 de septiembre de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, once (11) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 05001-23-33-000-2013-01801-02 (69.844)
Actor: SOCIEDAD ECA SA
Demandado: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: INCUMPLMIENTO CONTRACTUAL
Síntesis del caso: entre el Departamento de Antioquia y la sociedad ECA SA se suscribieron
tres contratos para el diseño y construcción de sistemas de transporte mediante cable aéreo
(STCA) en diferentes municipios; la contratista pretende (i) que se declare que estos
contratos están coligados con el empréstito de los recursos para financiarlos, con el contrato
de sociedad de constitución de la empresa contratista ECA SA y con un supuesto convenio
entre la entidad territorial contratante y el IDEA para la representación del departamento en
la referida sociedad; (ii) que se declare el incumplimiento de la contratante de todos los
referidos contratos y, (iii) que se le indemnicen los perjuicios.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia de 7 de marzo de 2023 por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Decisión Oral resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD
respecto de la pretensión referente a la declaración de incumplimiento del
Contrato No. 2007-CC-8640 del 26 de diciembre de 2007, en
consecuencia, se abstiene de realizar pronunciamiento alguno al
respecto.
SEGUNDO: SE DENIEGAN LAS DEMÁS PRETENSIONES presentadas
por la sociedad Empresa de Cables Aéreos – ECA (liquidada) en contra
del Departamento de Antioquia de conformidad con lo indicado en la parte
motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: (sic) No hay lugar a condena en costas.” (fl. 99 sentencia de
primera instancia1 - mayúsculas fijas del original).
1 Las actuaciones digitales del expediente pueden consultarse en el siguiente enlace:
05001233300020130180100 - OneDrive (sharepoint.com).
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Expediente: 05001-23-33-000-2013-01801-02 (69.844)
Demandante: Coservicios SAS y otros
Controversias contractuales
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito presentado el 8 de noviembre de 2013 (fl. 1 cdno. 1), la sociedad
Empresa de Cables Aéreos ECA SA promovió una demanda en ejercicio de la
acción de controversias contractuales en contra del Departamento de Antioquia con
el fin de obtener las siguientes pretensiones:
“PRIMERA. Declárese la existencia de un solo negocio jurídico entre el
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y ECA constituido por los siguientes
contratos conexos o coligados: (i) contrato de préstamo No. 1825/OC-CO,
[ii] el contrato social celebrado para la constitución de ECA, (iii) el convenio
interadministrativo No. 20-72A 2007 celebrado entre la GOBERNACIÓN
DE ANTIOQUIA y el IDEA y (iv) (sic) los Convenios 2007-CO-20-8395,
2007-CO-20-8433 y 2009-CO-20-8460 celebrados entre el
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y ECA
SEGUNDA. Declárese que el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
incumplió la obligación de contratar con ECA el diseño, desarrollo y
construcción de ocho (8) STCA.
TERCERA. Declárese que el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
incumplió los contratos No. 2007-CO-20-8395, No. 2007-CO-20-8433 y No.
2007- CC-20-8460 celebrados con ECA.
CUARTA. Declárese que DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA es
responsable de los perjuicios sufridos por ECA como consecuencia de los
incumplimientos contractuales.
QUINTA. Que se condene al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA a pagar
a ECA, la suma de novecientos sesenta y ocho millones setecientos
veintiocho mil doscientos veintiséis pesos ($968.728.226.oo), por concepto
de los costos administrativos en que incurrió la demandante como
consecuencia de una mayor permanencia en las obras de Yarumal, Nariño
y San Andrés de Cuerquia.
SEXTA. Que se condene al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA a pagar a
ECA, la suma de trescientos treinta y seis millones quinientos setenta y
tres mil quinientos cincuenta y un pesos ($336.573.551) por concepto de
los costos en que incurrió la demandante durante el proceso contratación
y el diseño de los STCA de Támesis, Olaya, Urrao y Guatapé.
SÉPTIMA. Que se condene al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA a pagar
a ECA, la suma de setenta y nueve millones ochocientos setenta y cuatro
mil trescientos veintiocho pesos ($79.874.328.oo) por concepto de la
utilidad dejada de percibir como consecuencia de la no ejecución del
proyecto STCA de Támesis.
OCTAVA. Que se condene al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA a pagar
a ECA, la suma de ciento cincuenta y siete millones ciento sesenta y un mil
doscientos noventa y siete pesos ($157.161.297.oo) por concepto de
utilidad dejada de percibir como consecuencia de la no ejecución del
proyecto STCA de Olaya.
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Expediente: 05001-23-33-000-2013-01801-02 (69.844)
Demandante: Coservicios SAS y otros
Controversias contractuales
NOVENA. Que se condene al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA a pagar
a ECA, la suma de sesenta y tres millones trescientos sesenta mil
cuatrocientos ochenta y dos pesos ($63.360.482.oo) por concepto de la
utilidad dejada de percibir como consecuencia de la no ejecución del
proyecto de STCA de Urrao.
DÉCIMA. Que se condene al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA a pagar
a ECA, la suma de veintitrés millones veintinueve mil ciento sesenta pesos
($23.029.160.oo) por concepto de la utilidad dejada de percibir como
consecuencia de la no ejecución del proyecto de STCA de Guatapé.
UNDÉCIMA. Que se condene al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA a
pagar a ECA, la suma de setenta y nueve millones novecientos diecinueve
mil quinientos seis pesos ($79.919.506.oo) por concepto de la utilidad
dejada de percibir como consecuencia de la no ejecución de un octavo
proyecto de STCA.
DUODÉCIMA: Que se condene al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA a
pagar a ECA, la suma de mil doscientos cincuenta millones seiscientos
ochenta y tres mil ciento ochenta y un pesos ($1.250.683.181.oo), por
concepto de los costos indirectos que asumió la demandante y que
hubieran sido cubiertos en caso de que se hubieran ejecutado los STCA
de Támesis, Olaya, Urrao, Guatapé y el STCA adicional que no fue
contratado.
DÉCIMOTERCERA. Sobre el valor de la condena, en relación con el
incumplimiento de los contratos No. 2007-CO-20-8395, No. 2007-CO-20-
8433 y No. 2007-CC-20-8460 se ordene al DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA a reconocer y pagar intereses equivalentes al doble del
interés legal civil sobre el valor histórico actualizado, desde el momento del
incumplimiento contractual hasta la fecha en que se profiera sentencia.
PRIMERA SUBSIDIARIA DE LA DECIMOTERCERA. Sobre el valor de la
condena, se ordene a DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA a reconocer y
pagar intereses remuneratorios mercantiles a favor de ECA, liquidados
desde el momento en que se incumplieron los contratos No. 2007-CO-20-
8395, No. 2007-CO-20-8433 y No. 2007-CC-20-8460 hasta la fecha en que
se profiera sentencia
SEGUNDA SUBSIDIARIA DE LA DECIMOTERCERA. Si el Honorable
Tribunal considera que no es procedente el otorgamiento de los intereses
remuneratorios mercantiles, subsidiariamente solicito se condene al
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA al pago de intereses legales liquidados
desde el momento en que se incumplieron los contratos No. 2007-CO-20-
8395, No. 2007-CO-20-8433 y No. 2007-CC-20-8460, más las
correcciones monetarias hasta el momento en que se profiera sentencia.
DECIMOCUARTA. Que se condene al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
a reconocer y pagar intereses remuneratorios mercantiles a favor del ECA
liquidado sobre el valor de la utilidad dejada de percibir como consecuencia
de la no ejecución de un octavo proyecto de STCA desde el 29 de mayo
de 2012 fecha en que se notificó el incumplimiento definitivo de la
obligación, hasta el momento en que se profiera sentencia.
DÉCIMOQUINTA. En la sentencia que acoja las pretensiones, se ordena
dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 192 del Código
de Procedimiento Administrativo.
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Expediente: 05001-23-33-000-2013-01801-02 (69.844)
Demandante: Coservicios SAS y otros
Controversias contractuales
DÉCIMOSEXTA. Condénese al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA al
pago de costas y agencias en derecho que se causen en este proceso.”
(fls. 15 y ss cdno. 1 – mayúsculas fijas y negrillas del original).
2. Hechos
El sustento fáctico de la demanda es, en síntesis, el siguiente:
1) El 7 de marzo de 2007, el Departamento de Antioquia suscribió con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) el contrato de préstamo número 1825/OC-CO
en virtud del cual este último se obligó a financiar el programa denominado “vías
para la integración y la equidad” por un valor de hasta USD2 $60.0000.000, que
incluía un plan para garantizar la accesibilidad veredal mediante la construcción de
17 sistemas de transporte por cables aéreos (STCA) por la suma de USD
$10.880.000 que serían financiados de la siguiente manera:
Departamento de Antioquia: USD $3.645.000
BID: USD $3.645.000
Municipios beneficiarios: USD $3.590.000
2) En el referido contrato de empréstito se acordó que el Departamento de Antioquia
contrataría directamente a la Empresa Cables de Antioquia ECA SA que sería
constituida con ese único propósito.
3) El referido departamento contrató con la sociedad Promotora de Proyectos SA la
realización de un estudio para determinar el modelo de negocio financieramente
viable para realizar la construcción en forma sostenible, como resultado se
determinó que el aporte del ente territorial (equivalente al 15% del capital suscrito
inicial de ECA SA) sería realizado en especie consistente (i) en el conocimiento del
Departamento de Antioquia en el desarrollo de sistemas de cable aérea y, (ii) la
promesa de contratar con ECA al menos ocho (8) de los STCA por construir,
pactada en el contrato de constitución de la sociedad demandante.
4) La sociedad ECA SA se constituyó el 18 de mayo de 2007 con una participación
accionaria del 21,25% de cada una de las siguientes sociedades: (i) Codima SA, (ii)
2 Dólares de los Estados Unidos de América.
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Expediente: 05001-23-33-000-2013-01801-02 (69.844)
Demandante: Coservicios SAS y otros
Controversias contractuales
Coservicios SA, (iii) Eléctricas de Medellín Ltda (hoy Eléctricas de Medellín
Comercial SA, (iv) Systech Ltda (hoy Sytecsa SA); por su parte, (v) el Instituto para
el Desarrollo de Antioquia IDEA representó la participación del Departamento de
Antioquia en dicha sociedad en el equivalente al 15% del capital suscrito.
5) Mediante el convenio número 20-72A 2007 de 11 de abril de 2007, el
Departamento de Antioquia cedió en favor del IDEA los derechos sobre los estudios
elaborados por la Escuela de Ingeniería de Antioquia para la construcción y
operación del sistema de cable aéreo.
6) El Departamento de Antioquia suscribió con ECA los siguientes contratos:
a) Contrato 2007CO-20-8395 de 12 de octubre de 2007 para el diseño, construcción
y puesta en marcha de los STCA de los municipios de Támesis, Yarumal y Nariño,
por valor de $8.726.886.500.
b) Contrato 2007-CO-20-84-33 del 27 de noviembre de 2007, cuyo objeto fue el
diseño, construcción y puesta en marca de los STCA del municipio de San Andrés
de Cuerquia por valor de $2.543.542.500.
c) Contrato 2007-CC.20-8460 del 26 de diciembre de 2007 para diseñar los STCA
de los municipios de Olaya, Urrao y Guatapé.
7) El Departamento de Antioquia incumplió la obligación de contratar ocho (8) STCA
del programa “vías para la integración y la equidad”, pues, solamente contrató la
construcción de cuatro (4) de ellos y el diseño de tres (3) más y, a su vez, incumplió
los contratos efectivamente suscritos, por lo siguiente:
a) Contrato número 2007-CO 8395 (Támesis, Yarumal y Nariño):
ECA SA ejecutó los STCA de Yarumal y Nariño, pero, se presentó mayor
permanencia en obra, toda vez que el plazo de ejecución contractual inicialmente
contractual se prorrogó por diecinueve (19) meses por incumplimientos imputables
al departamento que hicieron necesaria la suscripción de varias adiciones y
suspensiones; estas últimas obedecieron a la necesidad del departamento de
analizar el porcentaje de avance de obra y por alteraciones del orden público
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Expediente: 05001-23-33-000-2013-01801-02 (69.844)
Demandante: Coservicios SAS y otros
Controversias contractuales
relacionadas con las elecciones presidenciales que tendrían lugar en el año 2010;
por su parte, las prórrogas del contrato tuvieron como causa los retrasos en el inicio
de la ejecución, la necesidad de adecuación de los diseños a la topografía del
terreno y el cambio de origen del material de construcción de obras civiles y obras
adicionales; el Departamento de Antioquia no reconoció ninguna suma por estos
conceptos.
En el proyecto STCA de Támesis, el Departamento de Antioquia se abstuvo de dar
orden de inicio de los trabajos por razón de una supuesta acción popular en la cual
no se había proferido sentencia y el contratista se vio privado de ejecutarlo.
El contrato fue liquidado bilateralmente el 4 de abril de 2013 con salvedades del
contratista frente a las específicas inconformidades referidas.
b) contrato número 2007-CO-8433 (San Andrés de Cuerquia):
En la ejecución de este contrato también se presentó mayor permanencia en obra
producto de la prórroga y suspensión del contrato por causas no imputables al
contratista con ocasión de las cuales el plazo contractual se amplió en diecisiete
(17) meses por los siguientes hechos: (i) el departamento no impartió
oportunamente la orden de inicio de los trabajos y transcurrieron más de dos (2)
meses entre la fecha de entrega de los diseños y la de autorización para comenzar
a construir, (ii) el contrato fue suspendido por la decisión del departamento de
analizar el porcentaje de ejecución, situaciones de orden público relacionadas con
las elecciones presidenciales del año 2010, la necesidad de adecuar los diseños a
la topografía del terreno, el cambio de la fuente de materiales y la adición de obras
no previstas; aunque ECA SA solicitó los ajustes de valor correspondientes, estos
no fueron reconocidos por la contratante.
Este contrato fue liquidado bilateralmente el 4 de abril de 2014 con salvedad de los
aspectos que ahora se reclaman.
c) Contrato número 2007-CO-8460 (Olaya, Urrao y Guatapé):
El departamento no pagó el anticipo al contratista ni dio orden de inicio y, finalmente,
se abstuvo de ejecutar el contrato.
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Expediente: 05001-23-33-000-2013-01801-02 (69.844)
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Controversias contractuales
3. Contestación de la demanda
En la oportunidad legal, el Departamento de Antioquia se opuso a las súplicas de la
demanda (fls. 101 - 113 cdno. 1) con sustento en las razones que se resumen a
continuación:
1) Los múltiples contratos referidos en la demanda no son coligados porque (i) ECA
no fue parte en el contrato de préstamo de recursos suscrito con el BID, (ii) el
Departamento de Antioquia no fue parte en el contrato de constitución de ECA SA
y, (iii) el convenio suscrito con IDEA no fue aportado como prueba.
2) No hay evidencia que acredite que el departamento se obligó a contratar ocho
(8) STCA con ECA y, en todo caso, la supuesta obligación sería a cargo de IDEA
quien compareció como socio y no en calidad de representante del ente territorial.
3) El departamento demandado cumplió los contratos según lo pactado y no ordenó
la realización de trabajos adicionales; en cuanto al contrato número 2007-CO-8460
operó la excepción de caducidad de la acción, toda vez que, el plazo contractual
expiró el 30 de mayo de 2008, la caducidad de la acción inició a contabilizarse desde
el vencimiento del plazo para liquidar el negocio (30 de noviembre de 2008) y el
término para demandar expiró el 28 de noviembre de 2010.
4. Trámite procesal
1) En la etapa de admisión de la demanda, mediante auto de 18 de junio de 2014
el tribunal de primera instancia rechazó por caducidad las pretensiones derivadas
del contrato número 2007-CO-20-8460, decisión que fue revocada por el Consejo
de Estado en providencia de 2 de marzo de 2017 (fl. 154 cdno. ppal. 5), por
considerar que esa determinación debía quedar reservada para el fondo del asunto
una vez se defina si los contratos conforman una unidad negocial inescindible como
lo pretende la parte demandante.
2) El 1 de septiembre de 2017 (fl. 211 cdno. 1), el tribunal de primera instancia se
pronunció acerca de los efectos de la liquidación de ECA SA y reconoció como
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Expediente: 05001-23-33-000-2013-01801-02 (69.844)
Demandante: Coservicios SAS y otros
Controversias contractuales
sucesores procesales a los siguientes adjudicatarios de los derechos litigiosos del
proceso durante la liquidación:
Coservicios SA 7,82%
Eléctricas Medellín – Comercial SA EDEMCO SA 68,38%
Systems y Technologies Syteca SAS 23,31%
Codima SA 0,49%
5. La sentencia apelada
El 7 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de
Decisión Oral (archivo sentencia de primera instancia, índice 2 SAMAI), declaró
probada la excepción de caducidad de la acción de las pretensiones derivadas del
contrato número 2007-CO-8460 y denegó las demás súplicas de la demanda, con
sustento en las razones que a continuación se resumen:
1) No es posible establecer si el convenio suscrito entre el Departamento de
Antioquia e IDEA está íntimamente ligado a los demás negocios materia de la
presente litis porque no se aportó el escrito correspondiente que demuestre la
existencia de aquel; de igual manera, los contratos para el diseño y/o construcción
de los STCA son independientes entre sí y tampoco dependen del contrato de
préstamo de los recursos para su ejecución; “el simple hecho que exista un contrato
de préstamo para realizar determinadas obras en el Departamento de Antioquia, no
quiere decir esto que se esté frente a contratos coligados como lo pretende la parte
actora. Se precisa que el contrato de préstamo No. 1825/OC-CO del 07 de mayo de
2007 tenía como objeto cooperar en la ejecución del “Programa Vías para la
Integración y la Equidad”, lo cual abarca un gran número de obras y no solamente
la construcción de cables aéreos” (fl. 64 sentencia de primera instancia).
2) Las pretensiones relacionadas con el contrato número 2007-CO-8460 de 26 de
diciembre de 2007 (diseño de STCA de Urrao, Olaya y Guatapé) caducaron porque
el plazo de ejecución fue de tres (3) meses que, precluyeron el 30 de abril de 2008
(se conoce que el contrato inició en el mes de enero de 2008, pero, no el día exacto,
por tanto, para efectos de la contabilización de la caducidad se tomó el último día
del mes) y el plazo para liquidar el contrato venció 2 de septiembre de 2010 sin que
fuera liquidado; por su parte, la solicitud de conciliación prejudicial fue promovida el
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Expediente: 05001-23-33-000-2013-01801-02 (69.844)
Demandante: Coservicios SAS y otros
Controversias contractuales
11 de noviembre de 2012, esto es, cuando habían vencido los dos (2) años
siguientes al término de liquidación.
3) El Departamento de Antioquia no fue parte en el contrato de constitución de la
sociedad ECA SA y, por lo tanto, no pudo incumplirlo; aunque la parte demandante
sostuvo a lo largo del proceso que entre el mencionado ente territorial y el IDEA se
firmó un convenio con el fin de que este último participara como socio de ECA SA,
no se aportó al proceso el escrito contentivo de dicho acuerdo, de modo que no es
posible declarar incumplido al departamento de unas obligaciones que no adquirió,
máxime si se tiene en cuenta que el IDEA goza de personería jurídica y patrimonio
propio.
4) En cuanto al STCA de Támesis, se reclama incumplimiento por parte del
Departamento de Antioquia porque que no dio la orden de inicio de la ejecución, sin
embargo, el contratista no probó su propio cumplimiento del contrato, presupuesto
indispensable para analizar la conducta de su contraparte, en especial, no se
acreditó la entrega oportuna de los diseños que permitiera avanzar con la ejecución
material de los trabajos en los plazos pactados; adicionalmente, está probado que
la no ejecución oportuna del contrato obedeció a decisiones proferidas por la
alcaldesa del municipio de Támesis quien se opuso al trazado propuesto en el
diseño final y solicitó la reubicación del sistema; por ende, no hay evidencia de una
causa imputable al departamento contratante como generadora de la extensión del
plazo contractual.
5) No hay prueba de la existencia y particularidades de la supuesta acción popular
que se alega paralizó la construcción del STCA de Támesis ni tampoco la demora
es atribuible a falta de planeación, pues, está probado que el departamento coordinó
lo necesario con el municipio de Támesis y los desacuerdos para la ejecución de la
obra se generaron producto del cambio de administración municipal.
6) En los contratos números 2007 – CO – 20 8395 y 2007 – CO – 20 – 8433 fue el
contratista quien solicitó las prórrogas contractuales y, entonces, estas no derivaron
de un hecho ajeno a la voluntad de las partes; aunque las solicitudes se sustentaron
en problemas para el ingreso de materiales en las vías, este hecho no era
imprevisible porque el contratista conocía el lugar de ejecución de las obras y realizó
varias visitas previas a la suscripción de los contratos, según el dicho del testigo
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Demandante: Coservicios SAS y otros
Controversias contractuales
René Álbisser Villegas (representante legal de una de las sociedades accionistas
de ECA SA); además, en los contratos de obra se pactó que el contratista tendría a
su cargo el transporte de los materiales y equipos a su propio riesgo y no se probó
que las lluvias en la época de ejecución hubieran sido imprevisibles o superiores a
su promedio histórico ni se acreditó que la ola invernal fuera la causante de los
retrasos.
7) De otro lado, las partes acordaron -al momento de suscribir los correspondientes
acuerdos- que las suspensiones de los contratos por motivos de orden público y con
el fin de determinar el estado de las obras no generaban erogación ni sobrecosto
para el departamento.
8) No se demostró que la parte contratante hubiera cambiado unilateralmente el
origen de los insumos; lo probado es que el contratista debía escoger las fuentes
de material y que durante la ejecución la interventoría advirtió la deficiencia de las
mezclas utilizadas razón que determinó su variación; al respecto se indicó:
“No le asiste razón a la sociedad demandante al indicar que la
Gobernación de Antioquia de manera unilateral cambió las
especificaciones de los materiales para mezclas y cementos, pues
contrario a ello, se advierte que lo realizado por la Interventoría de los
proyectos fue solicitar en múltiples oportunidad que los materiales a usar
en las obras fueran lo establecidos en los diseños presentados por la
sociedad contratista, requerimiento que como se observó no fue
caprichoso sino que obedeció a estudios de laboratorio en donde se logró
determinar que los materiales con los cuales se estaban ejecutando los
proyectos por parte de la sociedad Empresa de Cables Aéreos S.A. no
eran idóneos ni fue con los que se realizó el diseño.” (fl. 98 sentencia de
primera instancia).
9) No se impuso condena en costas porque la demanda no carecía de fundamento
legal.
6. El recurso de apelación
En el término legal, los demandantes (sucesores procesales de ECA SA) apelaron
la sentencia de primera instancia con el fin de que sea revocada y, en su lugar, se
concedan todas las súplicas de la demanda (archivo recurso de apelación índice 2
SAMAI) con fundamento en lo siguiente:
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Expediente: 05001-23-33-000-2013-01801-02 (69.844)
Demandante: Coservicios SAS y otros
Controversias contractuales
1) Los negocios jurídicos materia de la litis conforman entre sí una unidad
inescindible, toda vez que tenían por objeto una operación económica unitaria y
compleja para construir ocho (8) STCA y las prestaciones pactadas en cada uno de
ellos están interrelacionadas; (i) el empréstito obtenido por la entidad contratante
con el BID tuvo como finalidad financiar el proyecto y su desembolso se condicionó
a la contratación de la construcción con ECA SA; (ii) la participación del
departamento como accionista de ECA SA se garantizó mediante un convenio
suscrito con IDEA (establecimiento público departamental), que incluyó el
compromiso de contratar con ECA SA al menos ocho (8) sistemas de STCA, aunque
el documento que se aportó al expediente como prueba del contrato no está firmado,
este sí se ejecutó; además, (iii) en el contrato de constitución de la sociedad ECA
SA se hizo referencia expresa al convenio y se determinó la participación del
departamento en el negocio; argumentación a la cual agregó lo siguiente:
“Teniendo en cuenta lo anterior, las pruebas que obran en el proceso
demuestran que para efectos de lograr la ejecución del componente de
cables rurales del programa “Vías para la Integración y la Equidad”, así
como de los STCA en los distintos municipios del Departamento de
Antioquia, era necesario que se consolidaran múltiples relaciones
jurídicas y se celebraran cada uno de los contratos anteriormente
señalados. Cada uno de estos contratos o convenios constituyó una pieza
o eslabón necesario y fundamental para la consecución del fin último
perseguido; y es a través de todo este entramado contractual que se
buscó materializar uno de los componentes del programa departamental
‘Vías para la Integración y la Equidad’.
En esta medida, los diferentes instrumentos contractuales -
independientemente de que todos ellos fueran o no suscritos por las
mismas partes- configuraron un coligamiento contractual y estaban
encaminados al desarrollo y financiación de un programa de transporte
estructurado por el Departamento de Antioquia y, como consecuencia de
los compromisos adquiridos para materializar dicha financiación, en lo que
correspondía con ECA, hubo una finalidad común, asociada a su
constitución para que como consecuencia de ello, se adelantara la
ejecución de una operación económica unitaria y compleja consistente en
el diseño, desarrollo y construcción de ocho (8) STCA por parte de ECA y
a favor del Departamento de Antioquia (fl. 10 recurso de apelación, índice
2 SAMAI).
2) La imposibilidad de allegar la copia firmada del convenio interadministrativo
suscrito entre el Departamento de Antioquia y el IDEA no es imputable a la parte
demandante porque se pidió oportunamente la exhibición de dicho documento,
pero, esta última entidad, de manera malintencionada, informó que el documento
no existe, “lo cual da cuenta del desorden administrativo de la entidad y la
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Expediente: 05001-23-33-000-2013-01801-02 (69.844)
Demandante: Coservicios SAS y otros
Controversias contractuales
negligencia en la conservación documental” (fl. 12 recurso de apelación, índice 2
SAMAI).
3) En la escritura pública de constitución de ECA SA se mencionó el convenio en
comento y la obligación expresa de aportar en especie a la sociedad consistente en
el compromiso de contratar con esta firma al menos ocho (8) STCA, afirmación que
demuestra la existencia del negocio y su incumplimiento por parte del departamento.
4) Aunque el convenio (Departamento – IDEA) fue aportado al proceso sin firmas,
se allegó al proceso el acta número 003 de 2007 en la cual la Junta Directiva del
IDEA, la cual fue presidida por el gobernador del Departamento de Antioquia,
aprobó la participación de IDEA en la sociedad ECA SA; “el hecho de que
aparentemente falte uno de los eslabones en la cadena de coligación, por la
imposibilidad de aportar una copia firmada del convenio interadministrativo
celebrado entre el Departamento de Antioquia y el IDEA, no es razón suficiente para
desconocer que sí existió un acuerdo de voluntades entre ambos, en virtud del cual
la primera le cedió a la segunda los derechos de propiedad que poseía sobre los
estudios elaborador por la Escuela de Ingeniería de Antioquia – EIA, relativos a la
construcción y operación de los STCA, y el compromiso de contratar directamente
con la sociedad de economía mixta que se constituyera, la ejecución de por lo
menos ocho (8) de los diecisiete (17) STCA relacionados en el contrato de préstamo
No. 1825/OC-CO, para que fuera el IDEA quien en compañía de las compañías
proveedoras de los elementos esenciales para la construcción de los STCA,
constituyera la sociedad de economía mixta ya referida.” (fl. 14 recurso de
apelación, índice 2 SAMAI).
5) Como consecuencia de la coligación negocial que se pretende, el Departamento
de Antioquia adquirió obligaciones adicionales a las expresamente previstas en los
contratos de obra y diseño de los STCA, una de las cuales fue adjudicar al menos
ocho (8) STCA a ECA SA.
6) La falta de prueba del escrito firmado correspondiente al convenio entre el
departamento y el IDEA no permite desconocer que este negocio se celebró ni la
unidad negocial que trasciende cada acuerdo de voluntades individualmente
suscrito; de no existir dicho convenio era imposible la comparecencia de IDEA como
socio de ECA SA y tampoco se habrían suscrito los contratos de diseño y obra.
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Expediente: 05001-23-33-000-2013-01801-02 (69.844)
Demandante: Coservicios SAS y otros
Controversias contractuales
7) Las pretensiones relacionadas con el contrato número 2007-CC-20-8460 no
caducaron debido a que, por ser coligados todos los negocios, el plazo para
accionar no puede analizarse separadamente para cada uno de ellos sino de
manera general a partir de la terminación de todo el proyecto de cables aéreos
conformado por los diferentes contratos, sin que el antes mencionado sea una
controversia aislada e independiente, por ende, la demanda fue oportuna; además,
nunca hubo inicio formal de la ejecución del contrato y únicamente el 29 de mayo
de 2012 se le informó a ECA SA que el contrato no sería ejecutado; el término de
ejecución no inició a contabilizarse, contrario a lo que erróneamente entendió el
tribunal a quo. Como el Departamento de Antioquia decidió no ejecutar este contrato
a pesar de haber sido adjudicado y celebrado, se configuró el incumplimiento y las
súplicas deben prosperar.
8) Pese a que las suspensiones y prórrogas de los contratos números 2007-CO-
20-8395 y 2007-CO-20-8433 fueron suscritas por petición del contratista, se trata
de modificaciones que no impiden el reconocimiento de ninguno de los conceptos
reclamados con la demanda porque derivan de hechos ajenos al contratista;
circunstancias como retrasos en las órdenes inicio de los contratos, las situaciones
de orden público en las zonas por las elecciones, cierres de vías nacionales y
problemas en la negociación de predios por parte del departamento las debe asumir
la contratante:
“Por lo tanto, es claro que las situaciones que motivaron las prórrogas o
suspensiones de los contratos sí constituyen situaciones imprevisibles y
externas a ECA, lo que da lugar al reconocimiento de los sobrecostos que
se hubieran derivado de estas. No obstante, a pesar de que ECA advirtió
en múltiples oportunidades a la interventoría y al Departamento sobre los
sobrecostos incurridos durante la ejecución de los contratos, dejando
incluso la respectiva salvedad en las actas de liquidación, la cual obra en
el expediente, el Departamento no le reconoció los sobrecostos
administrativos en que incurrió durante la mayor permanencia en obra
ocasionada por las suspensiones y adición del plazo del contrato.” (fl. 20
recurso de apelación, índice 2 SAMAI).
9) La celebración de acuerdos de suspensión o prórroga del contrato, por sí misma,
no tiene la entidad suficiente para privar al contratista de la posibilidad de reclamar
los sobrecostos en la cuales incurrió; en contraposición, el tribunal debió tener en
cuenta los impactos generados por estas en la economía de los contratos, por
cuanto durante el tiempo de las suspensiones se mantuvo la estructura
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Expediente: 05001-23-33-000-2013-01801-02 (69.844)
Demandante: Coservicios SAS y otros
Controversias contractuales
administrativa y operativa de la empresa, según el dictamen pericial rendido por el
perito César Mauricio Ochoa y los testimonios de Alejandro Llerena y René Álbisser
Villegas quienes declararon respecto de la estructuración financiera del proyecto.
9) Se probó que el departamento no impartió la orden de inicio del STCA del
municipio de Támesis, no pagó el anticipo y la decisión de la alcaldesa municipal en
cuanto a la ubicación del proyecto no fue ajena al contrato ni puede ser trasladada
el contratista con sus consecuencias económicas.
10) Como consecuencia de los incumplimientos del Departamento de Antioquia, el
contratista sufrió los siguientes daños, tal como fueron reclamados en la demanda:
“El daño emergente de ECA como consecuencia de los incumplimientos
contractuales del Departamento de Antioquia está constituido por los
siguientes conceptos: (i) los costos administrativos en que incurrió ECA
como consecuencia de una mayor permanencia en las obras de Yarumal,
Nariño y San Andrés de Cuerquia; (ii) los costos en que incurrió como
consecuencia del proceso de contratación y el diseño de los STCA de
Támesis, Olaya, Urrao y Guatapé; (iii) costos indirectos que asumió la
demandante durante su operación y que hubieran sido cubiertos en caso
de que se hubieran ejecutado los STCA de Támesis, Olaya, Urrao,
Guatapé y el STCA adicional que no fue contratado. El lucro cesante de
ECA como consecuencia de los incumplimiento contractuales del
Departamento de Antioquia está constituido por los siguientes conceptos:
(i) utilidad dejada de percibir como consecuencia de la no ejecución del
proyecto de STCA de Támesis; (ii) utilidad dejada de percibir como
consecuencia de la no ejecución del proyecto de STCA de Olaya; (iii)
utilidad dejada de percibir como consecuencia de la no ejecución del
proyecto de STCA de Urrao; (iv) utilidad dejada de percibir como
consecuencia de la no ejecución del proyecto de STCA de Guatapé; (v)
utilidad dejada de percibir como consecuencia de la no ejecución de un
octavo proyecto de STCA.” (fl. 25 recurso de apelación, índice 2 SAMAI).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Surtido el trámite procesal, sin que se advierta nulidad que lo invalide, corresponde
a la Sala resolver de fondo la controversia, para lo cual se seguirá el siguiente
derrotero: (i) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, (ii) vinculación
negocial, (iii) oportunidad del medio de control, (iv) falta de legitimación en la causa
por pasiva del Departamento de Antioquia en relación con las pretensiones
derivadas del contrato de constitución de la sociedad ECA SA, (v) régimen jurídico
de los contratos objeto de la controversia, (vi) decisión de las reclamaciones
económicas del contratista, (vii) indemnización de perjuicios y, (viii) costas.
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Expediente: 05001-23-33-000-2013-01801-02 (69.844)
Demandante: Coservicios SAS y otros
Controversias contractuales
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
1) La demanda se dirigió a que se declare la coligación negocial entre los siguientes
contratos: el empréstito suscrito entre el Departamento de Antioquia y el BID, el
convenio del Departamento de Antioquia con IDEA para la participación
departamental en la sociedad ECA SA, el contrato de constitución de ECA SA y, los
contratos para la construcción o diseño de siete (7) STCA (números 2007CO-20-
8395 de 12 de octubre de 2007, 2007-CO-20-84-33 del 27 de noviembre de 2007 y
2007-CC-20-8460 del 26 de diciembre de 2007); como consecuencia de lo anterior,
que se declare el incumplimiento del departamento por lo siguiente: (i) no
adjudicación a ECA SA el diseño y construcción de ocho (8) STCA, (ii) no ejecución
del contrato 2007-CC.20-8460 del 26 de diciembre de 2007 y, (iii) por la mayor
permanencia en obra en la ejecución de los contratos 2007CO-20-8395 y 2007-CO-
20-84-33 por causas no imputables al contratista.
2) El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Decisión Oral (i) negó
las pretensiones relacionadas con la coligación negocial por ausencia de prueba del
convenio suscrito entre el Departamento de Antioquia e IDEA, documento que no
fue aportado al proceso y los demás contratos son independientes entre sí; (ii)
declaró la caducidad de las pretensiones relacionadas con el contrato de diseño del
STCA de Olaya, Urrao y Guatapé porque transcurrieron más de dos años desde el
vencimiento del plazo para liquidarlo contado desde la expiración del plazo
contractual pactado por un término de tres (3) meses; (iii) el contrato de constitución
de ECA SA no fue suscrito por el Departamento de Antioquia ni puede responder
por la obligación de adjudicarle a dicha empresa como mínimo ocho (8) STCA,
supuestamente adquirida por IDEA al momento de constituir la sociedad; (iv) el
contratista no probó su propio cumplimiento en la ejecución del STCA de Támesis,
no demostró la entrega oportuna de los diseños y el cambio del trazado del sistema
no fue imputable al departamento sino al referido municipio; (v) la mayor
permanencia en obra durante la ejecución de los contratos 2007 – CO – 20 8395 y
2007 – CO – 20 – 8433 derivó del hecho de haber sido solicitada por la contratista
por circunstancias que debió prever y no se acreditó que la ola invernal determinó
los retrasos en el cronograma de ejecución; (vi) las partes pactaron que las
suspensiones por motivos de orden público no impactarían el costo del contrato ni
generaban un sobre precio para el departamento y, (vii) no se probó que el
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Expediente: 05001-23-33-000-2013-01801-02 (69.844)
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Controversias contractuales
departamento hubiera variado unilateralmente las condiciones contractuales
inicialmente pactadas para la ejecución de los STCA materia de análisis.
3) En el recurso de apelación, la parte demandante, conformada por los sucesores
procesales de ECA SA, insiste en lo siguiente: (i) los negocios jurídicos materia de
la controversia son coligados, la caducidad solo opera desde la terminación de la
ejecución del negocio entendido como un todo y no respecto de cada contrato; (ii)
la ausencia del convenio suscrito entre el Departamento de Antioquia e IDEA no
impide declarar la coligación contractual porque hay evidencia que demuestra su
suscripción y hace parte de un negocio global, (iii) la no aportación del texto
contentivo del convenio firmado por las partes no es imputable al contratista porque
lo pidió oportunamente como prueba y fue decretado, (iv) el departamento incumplió
la obligación de adjudicar un mínimo de ocho (8) STCA a ECA SA, (v) las
suspensiones de los contratos de diseño y obra de STCA no son imputables al
contratista aunque este hubiera solicitado la suspensión y, (vi) las consecuencias
de las dificultades con el trazado del STCA de Támesis no pueden ser trasladadas
al contratista.
4) La Sala (i) confirmará la decisión adversa a las súplicas de la demanda
relacionadas con la coligación contractual y la declaración de caducidad de las
pretensiones derivadas del contrato número 2007-CC-20-8460 del 26 de diciembre
de 2007, toda vez que no se probó la interdependencia entre los negocios jurídicos
materia de la litis y la demanda se presentó por fuera del término legal; (ii) modificará
el fallo apelado en el sentido de declarar probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva del Departamento de Antioquia en lo referente
a las pretensiones derivadas del contrato de constitución de la sociedad ECA SA
del cual no fue parte; (iii) declarará el incumplimiento del Departamento de Antioquia
por no ejecutar la construcción del STCA del municipio de Támesis y dispondrá la
indemnización de perjuicios correspondiente; (iv) declarará el incumplimiento del
ente territorial por la demora en impartir la orden de inicio de los STCA de Yarumal
y Nariño, pero, no dispondrá indemnización por este concepto debido a que no se
probó que esa tardanza específica hubiera generado costos no remunerados al
contratista, (iv) mantendrá la decisión adversa a las demás súplicas de la demanda
porque los demás incumplimientos que se pretendían imputar al Departamento de
Antioquia no fueron probados.
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Expediente: 05001-23-33-000-2013-01801-02 (69.844)
Demandante: Coservicios SAS y otros
Controversias contractuales
2. Vinculación negocial
1) Tal como lo determinó el tribunal a quo, cada uno de los contratos suscritos entre
el Departamento de Antioquia y ECA SA para el diseño y/o construcción de STCA
(números 2007-CO-20-8395 de 12 de octubre de 2007, 2007-CO-20-8433 del 27 de
noviembre de 2007 y 2007-CC-20-8460 del 26 de diciembre de 2007) son
independientes -a pesar de haberse suscrito por las mismas partes-, porque no
guardan entre sí relación de dependencia ni estructuran un objeto global
inescindible que imponga analizar en forma conjunta las incidencias de cada uno de
ellos; por el contrario, es perfectamente posible determinar las responsabilidades
surgidas de cada uno de ellos en forma separada y juzgar, en la misma manera, la
responsabilidad de los extremos de la litis.
2) En los referidos contratos se pactaron prestaciones a cargo de ECA SA y en favor
del Departamento de Antioquia, en los siguientes términos:
a) Contrato 2007-CO-20-8433:
El objeto de este contrato fue el diseño, construcción y puesta en marcha del
sistema de transporte por cable aéreo en el municipio de San Andrés de Cuerquia
(fl. 762 cdno. 2), que, si bien se rige por las condiciones de contratación del BID por
expreso pacto, no quedó condicionado de manera alguna al cumplimiento del
contrato de empréstito; por el contrario, su objeto está plenamente delimitado, se
sujetó a un plazo y el departamento asumió la remuneración del contratista en los
siguientes términos:
“43. Pagos. 43.1 El contratante cancelará a ECA el valor de este contrato
mediante el pago de actas mensuales de obra, recibidos a satisfacción de
la interventoría, liquidadas por el sistema de suma global, previa la
presentación de las cuentas de cobro, acompañadas de las actas de obra
respectivas debidamente aprobadas por la interventoría y elaboradas de
acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, y a las sumas
globales pactadas para la ejecución del contrato, dentro de los 10 días
siguientes a la recepción de la factura en la Secretaría de Hacienda
Departamental. La amortización del anticipo se hará mediante
deducciones del valor de las actas de pago mensuales por la obra
ejecutada, en una suma del 30% del valor total de ellas hasta la
cancelación total.” (fl. 772 cdno. 2).
b) Contrato 2007-CO-20-8395:
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Expediente: 05001-23-33-000-2013-01801-02 (69.844)
Demandante: Coservicios SAS y otros
Controversias contractuales
El objeto de este contrato fue el diseño, construcción y puesta en marcha de los
sistemas de transporte por cable aéreo de los municipios de Yarumal, Támesis y
Nariño, que no quedó sujeto al cumplimiento de otros contratos; de igual manera,
se fijó un plazo autónomo para su ejecución y el pago del precio no quedó
supeditado al desembolso del préstamo del BID (fl. 1359 cdno. 2).
c) Contrato 2007-CC-20-8460:
Tuvo como finalidad el diseño de los sistemas de transporte por cable aéreo en los
municipios de Olaya, Urrao y Guatapé (fl. 1404 cdno. 2), con plazo y precio
independientes de los demás negocios jurídicos; particularmente, la remuneración
se pactó de la siguiente manera:
“6.4 Plazos y pagos. Los pagos se emitirán a la cuenta del consultor y de
acuerdo con el programa de pagos establecido en las CEC. El primer pago
se hará contra la presentación del consultor de una garantía bancaria por
anticipo satisfactoria para el contratante, por la misma cantidad, a menos
que se indique de otra manera en las CEC, y esta deberá ser validada por
el período establecido en las CEC. Dicha garantía deberá ser presentada
en la forma indicada en el apéndice G adjunto, o en otra forma que el
contratante haya aprobado por escrito.” (fl. 1413 cdno. 2).
3) Es cierto que los tres (3) contratos antes referidos para la construcción y/o diseño
de STCA están financiados parcialmente con recursos aportados por el BID con
ocasión de empréstito pactado con el Departamento de Antioquia, por lo cual están
vinculados en tanto se refieren a la ejecución de un proyecto que excede cada uno
de ellos individualmente considerados; sin embargo, la controversia que se decide
no tiene dependencia alguna con las relaciones jurídicas emanadas del contrato de
préstamo; el hecho consistente en que el contrato de empréstito hubiera habilitado
la contratación directa con ECA SA de los STCA rurales no constituye razón
suficiente que permita arribar a tal conclusión y, en todo caso, esa vinculación no
permite derivar las consecuencias que pretende la demandante en el sentido de que
no pueda contabilizarse la caducidad de la acción separadamente respecto de cada
uno de los contratos de obra y/o diseño materia de la litis.
4) La parte accionante sustentó la interdependencia entre los contratos en que la
obligación de adjudicar un determinado número de STCA a ECA SA surgió de un
supuesto convenio suscrito entre el departamento de Antioquia y el IDEA, cuya
prueba no fue aportada al proceso, circunstancia que impide determinar su eventual
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Expediente: 05001-23-33-000-2013-01801-02 (69.844)
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Controversias contractuales
conexión con los demás negocios y, por consiguiente, analizar si está ligado a estos
en la forma pretendida en la demanda, como se explica a continuación:
a) El 7 de marzo de 2007, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Departamento
de Antioquia suscribieron el “contrato de préstamo” número 1825/OC-CO cuyo
objeto fue “cooperar en la ejecución del programa Vías para la Integración y la
Equidad” (fls. 1 y ss cdno 1 pruebas) para financiar USD $60.000.000 a la entidad
territorial quien, en calidad de prestataria, asumió la obligación de financiar el
programa por valor de USD $120.000.000 adicionales, ejecutarlo y utilizar los
recursos como organismo ejecutor; también se estipuló, en los siguientes términos,
que el desarrollo de los cables rurales3 se podría contratar directamente con la
Empresa de Cables de Antioquia ECA:
“CLÁUSULA 4.01. Condiciones sobre precios y adquisiciones. La
adquisición de obras y bienes se llevará a cabo de conformidad con las
disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-7 (Políticas para la
adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo"), de julio de 2006, en adelante denominado las "Políticas de
Adquisiciones", que el Prestatario, a través del Organismo Ejecutor,
declara conocer, y por las siguientes disposiciones:
(a) Licitación pública internacional: Salvo que el inciso (b) de esta
Cláusula establezca lo contrario, las obras y los bienes deberán ser
adquiridos de conformidad con las disposiciones de la Sección 11
de las Políticas de Adquisiciones. Las disposiciones de los párrafos
2.55 y 2.56, y del Apéndice 2 de dichas Políticas, sobre margen de
preferencia doméstica en la comparación de ofertas, se aplicarán a los
bienes fabricados en el territorio del Prestatario.
(b) Otros procedimientos de adquisiciones: Los siguientes métodos
de adquisición podrán ser utilizados para la adquisición de las obras
y los bienes que el Banco acuerde reúnen los requisitos establecidos
en las disposiciones de la Sección III de las Políticas de
Adquisiciones:
(i) Licitación Pública Nacional, para obras cuyo costo estimado por
contrato sea menor al equivalente de cinco millones de dólares
(US$5.000.000) y mayor al equivalente de trescientos cincuenta mil
dólares (US$350.000): y bienes cuyo costo estimado por contrato sea
igual o menor al equivalente de doscientos cincuenta mil dólares
(US$250.000) y mayor al equivalente de cincuenta mil dólares
(US$50.000) por contrato, de conformidad coii lo previsto en los párrafos
3.3 y 3.4 de dichas Políticas. Queda excluida para la contratación de obras
y bienes a ser financiados con recursos del Financiamiento la aplicación
3 “2.04 Componente 3: Accesibilidad veredal: Incluye el financiamiento de: (1) Rutas de Vida, con
una meta física de mejoramiento y rehabilitación de 320 km de vías semiurbanas de bajo tránsito;
(ji) la construcción y rehabilitación de 300 pequeños puentes en zonas rurales; (iii) el desarrollo,
construcción y operación de 17 cables rurales; (iv) la rehabilitación y mantenimiento de 1.200 km
de red vial terciaria; y (y) la rehabilitación y mantenimiento de 120 km de caminos de herradura.” (fl.
44 contrato de préstamo, CD fl. 249 cdno. 5 pruebas – se resalta).
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Expediente: 05001-23-33-000-2013-01801-02 (69.844)
Demandante: Coservicios SAS y otros
Controversias contractuales
de las disposiciones establecidas en el Artículo 29 de la Ley 80 y en el
Articulo II del Decreto No. 2170 de 2002 en relación con los sistemas de
"balotes" y "franjas";
(ii) Comparación de Precios, para obras cuyo Costo estimado por contrato
sea igual o menor al equivalente de trescientos cincuenta mil dólares
(US$350.000) y para bienes cuyo costo estimado por contrato sea igual o
menor al equivalente de cincuenta mil dólares (US$50.000). de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3.5 de dichas Políticas: y
(…).
(iii) Contratación Directa de: (a) la Empresa de Cables de Antioquia
(ECA") para la realización de las actividades relacionadas con los
cables rurales de que trata el párrafo 2.04 (iii) del Anexo Único de
este Contrato” (fls. 8 – 9 contrato de préstamo, CD fl. 249 cdno. 5 pruebas
– se resalta).
b) En la estipulación 3.03 del contrato de préstamo se previó que, además de las
condiciones generales y especiales previstas para los desembolsos, era necesario
“que el Organismo Ejecutor haya presentado al Banco, evidencia de que se ha
constituido legalmente la Empresa de Cables de Antioquia ("ECA"). (fl. 10 contrato
de préstamo, CD fl. 249 cdno. 5 pruebas).
c) La sociedad Empresa de Cables Aéreos ECA SA fue constituida mediante la
escritura pública número 694 de 18 de mayo de 2007, suscrita por el Gerente del
IDEA en nombre y representación de dicha entidad (fl. 1 y ss cdno. 1 pruebas), con
la siguiente participación accionaria:
Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA: 15%
Coservicios SA: 21,25%
Systech Ltda: 21,25%
Codima SA: 21,25%
Eléctricas de Medellín Ltda: 21,25%
d) En el mencionado contrato de sociedad se estipuló (i) que el IDEA entregaría a
título de aporte en especie los estudios producto de la consultoría contratada por el
Departamento de Antioquia con la Escuela de Ingeniería de Proyectos de Antioquia
(EIA) con el fin realizar estudios para la construcción y operación de sistemas de
cable aéreo, (ii) que entre la entidad territorial y el IDEA se suscribió el convenio
número 20-72A 2007 de 11 de abril de 2007 para la cesión de los derechos de
propiedad sobre dichos estudios con el fin de que estos sean entregados como
aporte en la constitución de ECA SA y, (iii) que el Departamento de Antioquia
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Expediente: 05001-23-33-000-2013-01801-02 (69.844)
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Controversias contractuales
contrataría con ECA SA la construcción de ocho (8) STCA; sin embargo, la escritura
pública en mención no está firmada por el representante legal del Departamento de
Antioquia; el tenor literal del contrato de sociedad en este específico punto es el
siguiente:
“6. La Gobernación de Antioquia, mediante Convenio Interadministrativo
No. 20-72A-2007 del 11 de abril de 2007, cede al Instituto para el
Desarrollo de Antioquia IDEA, los derechos de propiedad que posee en
los estudios elaborados para el Departamento de Antioquia IDEA, los
derechos de propiedad que posee en los estudios elaborados para el
Departamento de Antioquia por la Escuela de Ingenieros de Antioquia
(EIA), sobre la construcción y operación de sistemas de transporte por
cable aéreo y en el componente de contratar directamente con la sociedad
de economía mixta que se constituya, la ejecución de los primeros ocho
(8) sistemas de transporte por cable aéreo, en cumplimiento de los
compromisos de EL DEPARTAMENTO con el Banco Interamericano de
Desarrollo BID en el marco del contrato de préstamo No. 1825/OC-CO,
celebrado con dicha entidad, para que el IDEA, participe en la sociedad
de economía mixta denominada Empresa de Cable Aéreo ECA SA, con
un porcentaje accionario del quince (15%) de la misma, que como aportes
en especie entregará a la sociedad de economía mixta Empresa de
Cables Aéreos ECA SA, con el fin de que como entidad de derecho
público forme parte de la sociedad.
(…).
“El Departamento contraerá en favor de esta sociedad de economía mixta
la obligación de celebrar con ella el contrato o contratos destinados al
desarrollo e instalación de ocho (8) de los diecisiete (17) cables referidos
mediante la contratación directa; obligación que constituirá un aporte en
especie que hará el Departamento de Antioquia a la compañía, aporte que
los socios valoran en CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
($135.000.000), así: la cantidad de QUINCE MILLONES DE PESOS
($15.000.000) se llevará a la cuenta de capital suscrito y pagado de la
sociedad y quedará representada en quince mil (15.000) acciones de
valor nominal de ($1.000) cada una que suscribirá el Departamento al
momento de hacer su aporte; y la cantidad de CIENTO VEINTE
MILLONES DE PESOS ($120.000.000) se llevará a la cuenta de prima en
colocación de acciones, no susceptible de ser distribuida entre los socios
a título de dividendo.”.(fls. 3 – 4 cdno 1 pruebas – mayúsculas fijas del
original).
e) La copia del referido convenio fue solicitada como prueba por la parte
demandante y el tribunal le ordenó al IDEA exhibirlo, pero, este no se encontró en
las carpetas que fueron presentadas por la entidad; la magistrada ponente del
tribunal de primera instancia fijó nueva fecha para continuar la diligencia (fl. 461 y
ss cdno. 7) en la cual tampoco fue posible incorporar el documento por no haber
sido encontrado por la entidad; mediante oficio de 20 de septiembre de 2017 el
director de asuntos legales de la Secretaría de Infraestructura Física del
Departamento de Antioquia informó lo siguiente:
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Expediente: 05001-23-33-000-2013-01801-02 (69.844)
Demandante: Coservicios SAS y otros
Controversias contractuales
“Una vez consultado los sistemas (sic) de información de archivo de
contratación que se lleva en la Secretaría de Infraestructura Física, el
convenio interadministrativo No. 20-72A-2007, celebrado entre la
Gobernación de Antioquia y el IDEA no fue encontrado; de igual manera
el contrato social para la Constitución de ECA” (fl. 248 cdno. 5).
Por su parte, la directora de gestión documental del Departamento de Antioquia
certificó lo siguiente:
“Que una vez verificados los archivos que se custodian y conservan en
la Dirección de Gestión Documental, no se encontró el convenio No.
20-72ª-2007 del 11 de abril de 2007, suscrito entre el IDEA y el
Departamento de Antioquia” (fl. 125 cdno. 5).
De otro lado, la directora administrativa del IDEA hizo igualmente constar lo
siguiente:
“Que una vez revisados los archivos e inventarios documentales del
Instituto para el Desarrollo de Antioquia, no reposa el convenio en
original No. 20-72A-2007 del 11 de abril de 2007, suscrito entre el
Departamento de Antioquia y el IDEA.
Sin embargo, en el expediente ‘Inversiones en Renta Variable Empresa
de Cables Aéreos SA” reposa el borrador del citado convenio el cual
se anexa.” (fl. 120 cdno. 5).
Efectivamente, se aportó el texto del borrador de un convenio con el número antes
indicado, con espacios sin diligenciar y sin firmas (fls. 121 – 123 cdno. 5), esto es,
apócrifo y sin fuerza jurídica vinculante.
f) El acta número 3 de la sesión ordinaria de la junta directiva del IDEA no
demuestra, en modo alguno, la suscripción del mencionado convenio con el
Departamento de Antioquia, los supuestos términos de esa relación jurídica ni el
hecho consistente en que se pactó una expresa obligación de otorgar ocho (8)
contratos de STCA en favor de ECA SA. En el aparte pertinente del documento se
lee lo siguiente:
“5. Proposiciones y varios
ECA. Empresa de Cables Antioquia (sic)
Naturaleza jurídica de “ECA S.A.”: ‘sociedad anónima de economía mixta,
de nacionalidad colombiana y naturaleza comercial.
Objeto social inicial: llevar a cabo la fabricación, montaje, puesta en
funcionamiento y operación de por lo menos ocho (8) de los diecisiete (17)
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sistemas de transporte por cable aéreo que serán instalados en zonas
rurales de difícil acceso del Departamento de Antioquia.
(…).
Aportes iniciales: el estudio elaborado para el Departamento de Antioquia
por la Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA) sobre la construcción y
operación de sistemas de transporte por cable aéreo valorado en
$15.000.000 el cual fue cedido al IDEA.
(…).
Propuesta.
Se solicita a la H. Junta Directiva autorizar al Gerente para que, previo
estudio de viabilidad por parte del instituto, se participe en esta empresa.
La doctora Ana María Giraldo Mira, manifiesta que es importante tener
claro cuál es la participación de nuestro presupuesto y la disponibilidad
con que se cuenta para este tipo de inversiones.
La Junta Directiva de manera unánime aprueba la participación del
Instituto para el Desarrollo de Antioquia ‘IDEA’ en la creación de la
Empresa de Cables de Antioquia ‘ECA’ con el 15% de las acciones que
corresponden a $15.000.000 representados en el estudio que fue cedido
por el DPTO al IDEA por considerar que es un proyecto que se ajusta al
objeto social. (fl. 13 cdno. 7).
5) El análisis de las referidas pruebas permite concluir lo siguiente: (i) que el contrato
de préstamo suscrito entre el BID y el Departamento de Antioquia habilitó la
posibilidad de contratar directamente con ECA SA la construcción de los STCA
rurales, pero, en modo alguno, impuso la obligación de entregar un número exacto
y prestablecido de contratos en favor de dicha sociedad; (ii) aunque el mencionado
contrato financió parcialmente los contratos de construcción y/o diseño de los STCA
contratados con ECA SA, estos últimos no están inescindiblemente ligados a dicho
negocio jurídico y, por el contrario, son autónomos y el cumplimiento de sus
obligaciones no quedó sujeto al del contrato de empréstito y, (iii) tal como lo
determinó el tribunal, no se acreditó la suscripción del convenio entre IDEA y el
Departamento de Antioquia ni sus particulares estipulaciones, términos y
condiciones de manera que pueda declararse que está ligado a los demás contratos
materia de la litis.
6) En cuanto al supuesto convenio entre IDEA y el Departamento de Antioquia se
advierte que el acta de la junta directiva del IDEA no da cuenta de los precisos
términos de un convenio entre ambas entidades y se limita a señalar que se aprueba
la participación del instituto como socio de ECA SA y que el instituto aporta en
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especie unos estudios que le fueron cedidos por la entidad territorial, pero, no
documenta la existencia y precisas condiciones del referido negocio jurídico para
efectos de determinar si guarda una relación inescindible con los demás contratos
materia de la controversia que permita afirmar que están coligados; si bien las dos
entidades públicas hicieron constar que no cuentan con el documento escrito,
contrario a lo argüido por la parte recurrente, ello no es prueba de que sí existió y
fue extraviado por negligencia de estas; por el contrario, lo demostrado es que hubo
tan solo un borrador de convenio con espacios sin diligenciar y sin firmas,
documento que no permite afirmar que el negocio efectivamente se celebró.
5) Al respecto, la Sala no pasa por alto que en la escritura pública de constitución
de ECA SA se hizo referencia al convenio número 20-72A-2007 del 11 de abril de
2007; no obstante, esta solo acredita lo manifestado por los otorgantes ante el
notario público, pero, en modo alguno constituye prueba de efectiva suscripción del
pretendido negocio jurídico y de sus específicos términos y clausulado, máxime si
se tiene en cuenta que aquella no fue otorgada por el gobernador de Antioquia ni
se demostró que el IDEA hubiera obrado como su mandatario o representante en la
constitución de la sociedad.
6) En ese contexto, se impone confirmar la sentencia apelada en cuanto negó la
pretensión relacionada con la coligación negocial entre el contrato de empréstito, el
convenio cuya suscripción y términos no se acreditaron y los contratos para la
construcción y/o diseño de los STCA que, según está probado, son independientes
y ejecutables separadamente, sin interdependencia entre sí, tal como efectivamente
ocurrió y, por ende, la caducidad de cada uno de ellos se debe contabilizar en forma
separada y los reclamos económicos resueltos individualmente, tal como se hará a
continuación.
3. Oportunidad del medio de control
1) En el recurso de apelación se discutió la decisión del tribunal de primera instancia
de declarar la caducidad del medio de control de controversias contractuales en
relación con las pretensiones relacionadas con el contrato número 2007-CC-20-
8460 de 26 de diciembre de 2007 cuyo objeto fue el diseño de los STCA de los
municipios de Urrao, Olaya y Guatapé, sobre la base de considerar (i) que siendo
coligados los contratos no podía expirar el plazo de caducidad hasta la culminación
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total de todo el proyecto de STCA y, (ii) que el contratista tan solo se enteró de que
este particular proyecto no se ejecutaría el 29 de mayo de 2012, cuando el
Departamento de Antioquia le negó la petición de pago del anticipo.
2) Frente al primer argumento relacionado con la coligación contractual, la Sala
reitera que el contrato número 2007-CC-20-8460 no tenía una relación de
interdependencia inescindible con los otros negocios jurídicos materia de la
controversia; por el contrario, su finalidad específica fue la ejecución de unos
diseños puntuales de tres (3) STCA en unos determinados municipios que no
dependían parcial ni totalmente del desarrollo de los demás sistemas de cable, con
un plazo específico e inequívoco de tres (3) meses, sin que las prestaciones a cargo
de las partes hubieran quedado sujetas al devenir de los otros negocios suscritos
entre ellas ni sujetas a condición relacionada con su ejecución; por el contrario, los
contratos tuvieron objetos disímiles y perfectamente identificables, estaban
llamados a ejecutarse en diferentes municipios y no hay prueba de alguna
circunstancia que permite interrelacionarlos sobre la base de un determinado y
específico vínculo jurídico.
3) En esas condiciones, por no haber prosperado las pretensiones relacionadas con
la coligación contractual, tampoco hay lugar a estimar que la contabilización del
plazo extintivo para accionar dependía de la ejecución de otros acuerdos de
voluntades.
4) En cuanto a la extinción del plazo contractual, a pesar de que no fue aportada un
acta o constancia específica en la cual conste la fecha de inicio de la ejecución las
partes estipularon de manera inequívoca la forma de contabilizarlo; en la cláusula
número 2 correspondiente al inicio, cumplimiento, modificación y rescisión del
contrato acordaron lo siguiente:
“2. Inicio, cumplimiento, modificación y rescisión del contrato
2.1 Entrada en vigor del contrato
Este contrato entrará en vigor y tendrá efecto desde la fecha en que
fue firmado por ambas partes u otra fecha posterior que esté
indicada en las CEC. La fecha en que el contrato entra en vigor se
define como la fecha de entrada en vigor.
2.2 Comienzo de la prestación de los servicios
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El consultor comenzará a prestar los servicios no más tarde del
número de días después de la fecha de entrada en efectividad,
indicado en las CEC.
2.3 Expiración del contrato
A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la
subcláusula 2.6 de estas CGC, este contrato expirará al final del plazo
especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de entrada en vigor.
2.4 Modificaciones o cambios
Solo podrán modificarse los términos y condiciones de este contrato,
incluyendo cualquier modificación o cambio al alcance de los servicios,
mediante acuerdo por escrito entre las partes. No obstante, cada una de
las partes deberá dar la debida consideración a cualquier modificación o
cambio propuesto por la otra parte (fl. 67 archivo contrato 8460, cd. Fl.
249 cdno. 5).
4) En el documento denominado “condiciones especiales del contrato” (CEC) se
previó: “2.1 entrada en vigor. 26 de diciembre de 2007. 2.2 La fecha para el inicio
de la prestación de los servicios es: enero de 2008” (fl. 76 archivo contrato 8460,
cd. Fl. 249 cdno. 5).
5) El plazo inicial de tres (3) meses del contrato no fue modificado ni suspendido y
se contabilizan a partir del último día del mes de enero, como acertadamente lo
estimó el tribunal de primera instancia, toda vez que no se indicó un día preciso de
ese mes en las CGC; por ende, el término para accionar era de dos años contados
a partir del vencimiento del plazo para liquidar el contrato en los términos del artículo
164 numeral 2 literal j) – iv) del CPACA; el plazo contractual expiró el 1 de febrero
de 2010 y el término para liquidar el contrato el 3 de agosto de 2010 4, en
consecuencia, se confirma la sentencia apelada en el sentido de declarar la
caducidad del medio de control respecto de las súplicas relacionadas con el contrato
número 2007-CC-20-8460, toda vez que ECA SA presentó la solicitud de
conciliación prejudicial el 11 de noviembre de 2012 (fl. 195 cdno. 1) y la demanda el
8 de noviembre de 2013 (fl. 1 cdno. 1), en forma abiertamente extemporánea.
6) Por el contrario, las pretensiones derivadas del contrato número 2007-CO-20-
8433 del 27 de noviembre de 2007 fueron promovidas en tiempo, por cuanto, el
4 Aunque en el contrato no se pactó la liquidación bilateral ni unilateral, las disposiciones pertinentes
de la Ley 80 de 1993 son aplicables, aunque los contratos se financiaron con recursos del BID, por
no haber sido expresamente excluidas producto de la voluntad de las partes, según se explicará
supra.
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contrato se liquidó bilateralmente el 4 de abril de 2013 (fl. 194 cdno. 1); idéntica
situación ocurre con las pretensiones relacionadas con el contrato número 2007-
CO-20-8395 de 12 de octubre de 2007, liquidado el 4 de abril de 2013 (fl. 184 cdno.
1)5.
4. Falta de legitimación en la causa por pasiva del Departamento de Antioquia
en relación con las pretensiones derivadas del contrato de constitución de
la sociedad ECA SA
1) La parte demandante pretende que se declare que tenía derecho a suscribir con
el Departamento de Antioquia por lo menos ocho (8) contratos para el diseño y
construcción de STCA, obligación que a su juicio emana del contrato de constitución
dicha sociedad y del convenio número 20-72A 2007 de 11 de abril de 2007
supuestamente suscrito entre este y el IDEA.
2) Sin embargo, como se anticipó, el contrato de sociedad de constitución de ECA
SA no fue suscrito por el Departamento de Antioquia según se verifica en la escritura
pública correspondiente por medio de la cual fue otorgado (fls. 1 y ss cdno. 1), por
5 Se precisa que ambas actas de liquidación bilateral contienen salvedades del contratista en relación
con las expresas reclamaciones que se formularon en el presente proceso judicial y que ya habían
sido objeto de agotamiento del trámite conciliatorio prejudicial (fls. 183 y ss cdno. 1): “ECA deja
expresa constancia que en el acta de liquidación bilateral no se hace referencia alguna a la
conciliación extrajudicial administrativa cuyo trámite cursa en la Procuraduría (…) la cual fue
convocada con miras a que le sean reconocidas por el Departamento de Antioquia las sumas
adeudadas por incumplimiento parcial y desequilibrio de la ecuación financiera de los contratos No.
2007-CO-20-8395 y 2007-CO-20-8433, incumplimiento total del contrato 2007-CC-20-8460 e
incumplimiento general de las obligaciones adquiridas por el Departamento de Antioquia.
(…).
ECA deja expresa constancia y por lo tanto salvedad, que pese a haberse reclamado al
Departamento de Antioquia, no se reconoció la indemnización de los perjuicios de orden patrimonial
(lucro cesante y daño emergente) que el fueron ocasionados a esta por el incumplimiento por parte
del Departamento de Antioquia de las obligaciones establecidas en el contrato 2007-CO-20-8395.
Esta circunstancia impidió la construcción y puesta en marcha del STCA del municipio de Támesis.
Con fundamento en la presente salvedad ECA se reserva el derecho de formular las reclamaciones
económicas que sean del caso.
ECA deja expresa constancia y por tanto salvedad, que pese a haberse reclamado el Departamento
de Antioquia no se reconocieron los siguientes conceptos para el caso del contrato 2007-CO-20-
8395, específicamente los proyectos STCA de los municipios de Yarumal y Nariño: (i) sobrecostos
relacionados con una mayor permanencia en obra, (ii) ausencia de reconocimiento de intereses
moratorios por incumplimiento en los pagos que debía realizar el Departamento de Antioquia, (iii)
sobrecostos por problemas de accesibilidad en las obras por condiciones hidrológicas
extraordinarias y fenómenos geológicos imprevisibles; (iv) sobrecostos por definición unilateral del
origen de materiales de mezclas y concretos. Con fundamento en la presente salvedad ECA se
reserva el derecho de formular las acciones judiciales que sean del caso.”. (en similares términos se
planteó la salvedad a la liquidación del contrato número 2007-CO-20-8433, fl. 193 cdno. 1).
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ende, no está legitimado para ser demandado por las consecuencias de ese
específico negocio jurídico.
3) Adicionalmente, no se demostró la existencia y supuestos términos del
mencionado convenio número 20-72A 2007 que, según reclama la parte
demandante, fue suscrito entre el IDEA y el departamento, de modo que no es
posible establecer que el primero actuó como mandatario del segundo en la
constitución de ECA SA; por el contrario, el representante del IDEA dijo obrar en
nombre propio al momento de otorgar dicha escritura y esta no fue acompañada de
mandato para la representación del departamento en ese específico negocio ni se
pudo determinar que el Departamento de Antioquia se obligó a aportar en especie
la adjudicación de ocho (8) contratos a ECA SA, en tal virtud, no está legitimado
para responder por esa específica pretensión.
5. Régimen jurídico de los contratos objeto de la controversia
1) El contrato de préstamo entre el Departamento de Antioquia y el Banco
Interamericano de Desarrollo celebrado para el financiamiento de las obras fue
suscrito el 7 de marzo de 2007, esto es, antes de la expedición de la Ley 1150 de
2007; en consecuencia, estaba vigente el inciso cuarto original del artículo 13 del
Estatuto General de Contratación Pública que establecía lo siguiente:
“ARTÍCULO 13. DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS
CONTRATOS ESTATALES. Los contratos que celebren las entidades a
que se refiere el artículo 2° del presente estatuto se regirán por las
disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias
particularmente reguladas en esta ley.
Los contratos celebrados en el exterior se podrán regir en su ejecución por
las reglas del país en donde se hayan suscrito, a menos que deban
cumplirse en Colombia.
Los contratos que se celebren en Colombia y deban ejecutarse o cumplirse
en el extranjero, podrán someterse a la ley extranjera.
Los contratos financiados con fondos de los organismos
multilaterales de crédito o celebrados con personas extranjeras de
derecho público u organismos de cooperación, asistencia o ayuda
internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales
entidades en todo lo relacionado con procedimientos de formación y
adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento,
pago y ajustes”. (resalta y subraya la Sala).
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2) El inciso cuarto de la norma transcrita -a la postre derogado en forma expresa
por la Ley 1150 de 2007” y sustituido integralmente por el artículo 20 de esa norma-
que permitía al Estado colombiano someterse a los reglamentos del organismo
multilateral para efectos de (i) la formación y adjudicación del contrato y (ii) su
ejecución, cumplimiento, pago y ajustes, fue declarado exequible en forma
condicionada por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-249 de 2004, en
el entendido que la decisión de someterse a los referidos ordenamientos “solo
puede ejercerse válidamente, en relación con los contratos relativos a recursos
percibidos de entes u organismos internacionales, esto es, en relación con
contratos de empréstito, donación, asistencia técnica o cooperación celebrados por
las respectivas entidades estatales con entes u organismos internacionales.”.
3) Como lo ha entendido la jurisprudencia de esta Sección6, el mencionado inciso
cuarto del artículo 13 de la Ley 80 de 1993 no puede interpretarse como una
cláusula de exclusión general del derecho interno colombiano en los contratos
financiados con recursos de organismos multilaterales y su alcance es el de permitir
el sometimiento del Estado colombiano a los referidos reglamentos con ocasión de
su propia decisión sobre ese particular aspecto.
4) En ese contexto normativo, debe observarse que en el contrato de préstamo que
interesa a la presente controversia, las partes contratantes determinaron las reglas
que estarían llamadas a regirlo, en los siguientes términos:
“ELEMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO Y REFERENCIA A
LAS NORMAS GENERALES
(a) Este Contrato está integrado por estas Estipulaciones Especiales,
las Normas Generales y el Anexo Único, que se agregan. Si alguna
disposición de las Estipulaciones Especiales o del Anexo Único no
guardare consonancia o estuviere en contradicción con las Normas
Generales, prevalecerá lo previsto en las Estipulaciones Especiales o
en el Anexo Único como sea del caso. Cuando existiere falta de
consonancia o contradicción entre disposiciones de las Estipulaciones
Especiales o del Anexo Único, prevalecerá el principio de que la
disposición específica prima sobre la general.
(b) En las Normas Generales, se establecen en detalle las disposiciones
de procedimiento relativas a la aplicación de las cláusulas sobre
amortización, intereses, comisión de crédito, inspección y vigilancia,
desembolsos, así como otras disposiciones relacionadas con la
ejecución del Programa. Las Normas Generales incluyen también
definiciones de carácter penal. (fl. 18 archivo
6 Cfr. Consejo de Estado, sentencia de 12 de junio de 2014, exp. 28.279, MP Enrique Gil Botero.
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Controversias contractuales
expedientefísicoescaneado/C001(003).pdf, índice 2 SAMAI –
mayúsculas fijas del original).
5) En cuanto a las condiciones sobre precios y adquisiciones de los STCA, en el
contrato de préstamo se previó la sujeción del prestatario a las “políticas de
adquisiciones de julio de 2006” (fl. 4 archivo
expedientefísicoescaneado/C001(004).pdf, índice 2 SAMAI) y a las reglas
específicas sobre la posibilidad de contratar directamente a ECA SA según lo
transcrito infra.
6) Las normas generales de la contratación del empréstito regulan lo relativo a los
desembolsos y utilización de los recursos, pero, no imponen determinada
normatividad aplicable a la ejecución de los contratos (fl. 12 y ss archivo
expedientefísicoescaneado/C001(004).pdf, índice 2 SAMAI)
7) Por su parte, el anexo único del contrato precisa que el programa de cables
aéreos tampoco determina un régimen jurídico especial aplicable a la ejecución de
los contratos para el diseño y construcción de los STCA, sin embargo, la
construcción de esta infraestructura hace parte del componente 3 del programa
Vías para la Integración y la Equidad que incluye lo siguiente:
“Componente 3: Accesibilidad veredal: Incluye el financiamiento de: (i)
Rutas de Vida, con una meta física de mejoramiento y rehabilitación de
320 km de vías semiurbanas de bajo tránsito; (ii) la construcción y
rehabilitación de 300 pequeños puentes rurales; (iii) el desarrollo,
construcción y operación de 17 cables rurales; (iv) la rehabilitación
y mantenimiento de 1.200 km de red vial terciaria; y (v)la rehabilitación
y mantenimiento de 120 km de caminos de herradura.” (fl. 1 archivo
expedientefísicoescaneado/C001(006).pdf, índice 2 SAMAI – se
resalta).
8) En las referidas condiciones, se verifica que el contrato de préstamo con el BID
que se comenta no excluyó la aplicación del ordenamiento interno colombiano y,
por ende, no se rigieron integralmente por los reglamentos del BID; por su parte, en
los contratos específicos para la construcción y/o diseño de los STCA se pactó lo
siguiente:
“3. Idioma y ley aplicables
3.1 El idioma del contrato es el ESPAÑOL y ECA deberá cumplir con todas las
instrucciones impartidas por el contratante que se ajusten las leyes de la
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República de Colombia” (fl. 19 archivo expedientefísicoescaneado/C001(006).pdf,
índice 2 SAMAI).
9) De conformidad con lo expuesto, a pesar del hecho de estar financiado el
proyecto con recursos provenientes del empréstito contratado con un organismo
multilateral (BID), solo se pactó una expresa exclusión del Estatuto General de
Contratación Pública para el procedimiento de selección de contratistas, aspecto
específica y puntualmente regulado, de este modo, las previsiones relacionadas con
los derechos del contratista y su remuneración contenidas en la normatividad interna
aplicable a los contratos estatales no está excluida del negocio; por el contrario, es
aplicable en los términos de los artículos 17, 28 y 139 de la Ley 80 de 1993, por ser
la entidad contratante una entidad territorial.
6. Decisión de las reclamaciones económicas del contratista
La parte demandante pretende que se declare el incumplimiento del Departamento
de Antioquia de la obligación de contratar con ECA SA un mínimo de ocho (8) STCA,
súplica que no tiene vocación de prosperar porque, como explicó en precedencia,
no se acreditó el legítimo interés del ente territorial en relación con las obligaciones
surgidas con el contrato de constitución de la mencionada sociedad contratista ni el
supuesto convenio que serviría de sustento a la súplica segunda de la demanda;
empero, sí hay lugar a analizar los puntuales reclamos de incumplimiento
contractual de los contratos de construcción y/o diseño donde el departamento
fungió como extremo contratante.
7 Ley 80 de 1993, “ARTÍCULO 1.- Del objeto. La presente Ley tiene por objeto disponer las reglas y
principios que rigen los contratos de las entidades estatales.”.
8 Ibidem, “ARTÍCULO 2.- De la Definición de Entidades, Servidores y Servicios Públicos. Para
los solos efectos de esta Ley:
1o. Se denominan entidades estatales:
a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el Distrito Capital y los distritos
especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los
municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las
sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por
ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en
las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas
adopten, en todos los órdenes y niveles.” (se resalta).
9 Íbidem, “Artículo 13. Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 del
presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las
materias particularmente reguladas en esta Ley.”.
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En cuanto a este específico negocio, la parte demandante reclama el
reconocimiento de los costos asociados a una mayor permanencia en obra en la
ejecución de los STCA de Yarumal y Nariño por el término de diecinueve (19) meses
que excedió el inicialmente pactado de diez (10) meses y, de otro lado, la no
ejecución del STCA de Támesis porque la contratante se abstuvo de impartir la
orden de inicio de los trabajos, aspectos que fueron objeto de expresa salvedad en
el acta de liquidación bilateral del contrato.
Sobre este específico aspecto la Sala precisa, como lo hizo en reciente providencia
de unificación la Sección Tercera de la Corporación, que la circunstancia de haber
solicitado y suscrito los acuerdos modificatorios y suspensiones en forma voluntaria
y bilateral no constituye, por sí mismo, una renuncia del contratista a reclamar por
tal concepto ni impide resolver de fondo tales súplicas10; en ese ámbito de
comprensión, corresponde analizar el verdadero alcance de fondo los reclamos del
contratista en atención al alcance otorgado por las partes a cada uno de dichos
acuerdos y verificar la imputabilidad de los eventuales sobrecostos asociados a
estos, frente a cada uno de los contratos materia de la litis.
6.1 Contrato número 2007-CO 8395 (Támesis, Yarumal y Nariño)
Analizado el material probatorio allegado se verifica lo siguiente respecto del
contrato número 2007-CO 8395:
1) No ejecución de la construcción y puesta en marcha del STCA del municipio de
Támesis. En cuanto tiene que ver con este punto se encuentra debidamente
acreditado lo siguiente:
a) En relación con el STCA de Támesis está probado que el contratista solo ejecutó
los diseños, pero, el Departamento de Antioquia reconoce que no impartió la orden
de inicio de los trabajos, según consta en el acta de liquidación del contrato en la
cual se dejó constancia de lo siguiente:
“6. Que en atención a la acción popular instaura (sic) en el Juzgado Sexto
de Medellín radicada el día 11 de noviembre de 2009, en contra de la
10 Cfr. Consejo de Estado – Sección Tercera, sentencia de 27 de julio de 2023, exp. 3912, MP
Guillermo Sánchez Luque.
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Gobernación de Antioquia, el Municipio de Támesis y la Empresa
constructora ECA S.A., cuya pretensión entre otras es la siguiente: ‘Que
se ordene a los accionados que se abstengan de la construcción del cable
aéreo en el Municipio de Támesis’, circunstancia ajena a la voluntad de
las partes, por lo cual de acuerdo a la información del expediente del
contrato solo se realizó el pago por concepto de diseños” (fl. 1059 CD pág.
249 cdno. 5, archivo 2007-CO-20-8395_EXPEDIENTE.pdf).
b) De conformidad con lo expuesto está demostrado que la no ejecución de la
construcción del proyecto fue imputable al Departamento de Antioquia quien decidió
no construirlo; no hay prueba de que exista una decisión judicial que hubiera
impedido ejecutar el contrato y, por consiguiente, no hay razón para analizar el
impacto en el negocio de la supuesta acción popular a la cual se hizo alusión en el
acta de liquidación sobre la cual no hay ninguna evidencia en el expediente; lo
probado es que el contratista entregó los diseños y estuvo dispuesto a ejecutar, la
inejecución de esa parte del proyecto derivó de la decisión unilateral de la
administración en tal sentido y, como corolario de ello, tiene derecho al pago de la
utilidad que legítimamente esperaba percibir con ocasión de estos trabajos, cuyo
valor se tasará en el acápite correspondiente de la sentencia.
2) Mayor permanencia en obra en los STCA de los municipios de Yarumal y Nariño
por retrasos derivados de la ausencia de orden de inicio de la fase constructiva. En
relación con este aspecto de la controversia se tiene lo siguiente:
a) En cuanto a la ejecución de estos dos proyectos, el reclamo de la parte
demandante deriva del hecho de haberse prolongado su permanencia en obra por
causas externas y ajenas a este y/o por razones atribuibles a la parte contratante,
por tanto, se analizan a continuación las modificaciones en el plazo contractual para
efecto de establecer si dan lugar al contratista a los reconocimientos reclamados y,
en caso afirmativo, a qué título.
b) La prórroga del contrato identificada con el número 1 fue solicitada por el
contratista ECA SA el día 22 de julio de 2008 con sustento en que (i) el inicio del
contrato se retrasó entre el 26 de diciembre de 2007 (fecha de entrega de los
diseños) y el 21 de abril de 2008, cuando fueron aprobados los diseños definitivos
y se impartió la orden de inicio de los trabajos en los municipios de Yarumal y Nariño:
(ii) el diseño inicial del STCA del municipio de Támesis se “congeló” por petición de
la alcaldesa municipal con sustento en la cual debió reubicarse y se realizaron
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estudios en la nueva ubicación en la cual no pudo desarrollarse el proyecto por los
costos extras que generaría, finalmente, (iii) la dificultad de acceso a Yarumal por
cierre de la vía impidió disponer de materiales indispensables como el cemento y
generó sobrecostos por la necesidad de trasladar materiales desde Medellín (fl. 132
cdno. 1).
c) La interventoría del contrato conceptuó lo siguiente:
“2. Análisis y concepto del interventor
Está claro que se presentó una demora de 4 meses
aproximadamente por parte de la Gobernación en impartir la orden
de inicio de las obras cuyas causas no se mencionan pero que
difícilmente se pueden atribuir al contratista. Desconociendo por el
interventor lo ocurrido en ese período por no estar en funciones
consideramos que es discrecional de la Gobernación la definición y
calificación de estas causas.
2. En el caso del STCA del municipio de Támesis se considera que
hubo un procedimiento irregular por parte del contratista porque
pese al aviso de la alcaldesa no se formalizó tal circunstancia ante la
Gobernación y procedió según lo informa el mismo a realizar unos
trabajos no autorizados para un nuevo diseño no terminado aún sin
previo acuerdo con el contratante. Por tal circunstancia los costos y
tiempo de los trabajos que menciona deben ser de la absoluta
responsabilidad del contratista. En buena hora la Gobernación
impartió las instrucciones del caso al contratista para enmendar las
falencias y errores de procedimiento e las cuales se hubiese podido
incurrir y para fijar el procedimiento adecuado a seguir. Como se
desconoce el factor tiempo, la circunstancia presentada para el
STCA Támesis no se puede considerar para justificar una prórroga
del plazo en las actuales circunstancias.
3. Evidentemente la interventoría ha reportado malas condiciones y
cierres de la vía Medellín – San Andrés de Cuerquia los cuales han
dificultado la entrada normal de materiales y equipos. Sin embargo,
aún con mayores costos como lo anuncia el contratista, en esas
condiciones adversas se ha logrado el acopio de cantidad significativa de
agregados pétreos para concreto y la entrada de algunos equipos y otros
materiales.
4. Según informaciones de los residentes de interventoría es cierto
que se han presentado cierres temporales y pasos restringidos en la
vía Medellín – San Andrés de Cuerquia y en el carreteable Yarumal –
El llano que han dificultado el acopio de materiales y equipos en los
sitios de obra. Por otro lado el transbordo de personal y materiales
es una operación riesgosa que requiere tiempo y no tiene alternativa.
Visto lo anterior, interventoría considera que es viable y aceptable otorgar
la prórroga de seis meses en el plazo contractual que solicita el contratista
y en consecuencia recomienda su aceptación por la Gobernación.” (fl. 134
cdno. 1 – se resalta)
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d) En el referido contexto se otorgó la prórroga contenida en la adición de contrato
número 01 (fls. 142 cdno. 1) por seis (6) meses sustentada en dos circunstancias:
(i) demora en el acta de inició y (ii) dificultad en el acceso de los materiales al sitio
de los trabajos; la Sala encuentra que el retraso en el inicio de la ejecución es
imputable al incumplimiento de la entidad contratante.
e) Téngase en cuenta que el objeto del contrato 2007-CO 8395 incluía el diseño,
construcción y puesta en marcha de los STCA de los municipios de Támesis,
Yarumal y Nariño según lo expresamente consignado en las condiciones especiales
del contrato:
“El proyecto comprende la realización de los siguientes trabajos y
actividades:
Desarrollar estudios definitivos de ingeniería, que incluyan los planos,
cálculos, especificaciones técnicas, presupuestos, recomendaciones que
se presentarán en un informe final detallado posteriormente y demás
documentos de contratación que permitan llevar a cabo la ejecución, en
el ámbito del programa de Vías para la Integración y Equidad (PVIE), de
los proyectos de cables aéreos de los municipios de: Támesis, Nariño y
Yarumal.
Construir, instalar y poner en marcha los sistemas de Transporte por
Cable Aéreo en los municipios de Támesis, Nariño y Yarumal, de acuerdo
a los resultados obtenidos en los estudios previamente realizados.” (fl. 61
cdno 1).
f) En las condiciones especiales del contrato (CEC) se pactó que “la fecha prevista
para la terminación de la totalidad de las obras es 08-2008”11 (fl. 61 cdno. 1), que el
contrato tendría una fase inicial de diseño y otra de construcción, y que la segunda
iniciaría luego de aprobados los diseños e impartida la orden de inicio
correspondiente (fl. 59 cdno. 1).
g) El 22 de octubre de 2007 se suscribió el “acta de inicio”, el mismo día en que
fueron aprobadas las garantías contractuales (fl. 115 CD pág. 249 cdno. 5, archivo
2007-CO-20-8395_EXPEDIENTE.pdf).
h) El 28 de abril de 2008 se suscribió el acta de inicio de construcción del sistema
fl. 132 CD pág. 249 cdno. 5, archivo 2007-CO-20-8395_EXPEDIENTE.pdf), con la
11 El contrato contiene la siguiente definición: “La fecha prevista de terminación de las obras es la
fecha en que se prevé que ECA deba terminar los diseños, construcción y puesta en marcha de los
sistemas y que se especifica en las CEC” (fl. 72 cdno. 1).
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constancia de que “el Departamento de Antioquia recibió a satisfacción los diseños
del Sistema de Transporte por Cable Aéreo” de los municipios de Yarumal y Nariño.
(fl. 131 CD pág. 249 cdno. 5, archivo 2007-CO-20-8395_EXPEDIENTE.pdf).
i) Las pruebas allegadas al proceso no dan cuenta de lo ocurrido entre el 22 de
octubre de 2007 y el 21 de abril de 2008; sin embargo, en el documento denominado
“justificación ampliación del plazo para el contrato 2007-CO-20-8395” suscrito por
el secretario de infraestructura física del Departamento de Antioquia se reconoció,
en forma expresa e inequívoca, que el contratista entregó los diseños el 26 de
diciembre de 2007 y que la causa de la tardanza en impartir la orden de inicio
obedeció a la demora en la contratación de la interventoría del contrato, en el
documento se lee lo siguiente :
“Los diseños fueron entregados por el contratista el 26 de diciembre
de 2007, a su vez la Secretaría de Infraestructura Física no dio la
orden de inicio de las obras debido a que se encontraba en proceso
de perfeccionamiento el contrato No. 2007-CO (ilegible) el cual tiene
por objeto interventoría técnica y administrativa para la construcción
y puesta en marcha de los sistemas de transporte por cable aéreo en
los municipios de Támesis, Yarumal, Nariño y San Andrés de
Cuerquia, y sin este no es posible comenzar la construcción de los
sistemas. Consecuente con el proceso la orden de inicio de las obras se
dio a partir del 21 de abril de 2008.” (fl. 199 CD pág. 249 cdno. 5, archivo
2007-CO-20-8395_EXPEDIENTE.pdf – se destaca)
j) Aunque no está acreditado cuál fue el trámite que se surtió para la aprobación de
los diseños y los tiempos de este, el ente territorial reconoció en el referido
documento que la demora en iniciar la construcción fue atribuible a la ausencia de
interventoría, la cual debía ser dispuesta por la entidad12 y a cuyo concepto estaba
sujeta la aprobación de los diseños y el inicio de la construcción13.
k) En los términos de la cláusula 44) del contrato, los eventos relacionados con las
demoras de la interventoría son imputables al departamento (fl. 123 (fl. 135 CD pág.
249 cdno. 5, archivo 2007-CO-20-8395_EXPEDIENTE.pdf), si bien la estipulación
12 En las condiciones especiales del contrato CEC se lee: “el contratante, notificará por escrito a ECA
la designación del interventor y del coordinador” (fl. 135 CD pág. 249 cdno. 5, archivo 2007-CO-20-
8395_EXPEDIENTE.pdf).
13 Ibidem: “17.1 ECA podrá iniciar la construcción luego de aprobados los diseños por el contratante
e impartida la orden de inicio de trabajos para cada uno de los proyectos y deberá ejecutarlas de
acuerdo con el programa que hubiera presentado (…)”. (fl. 136 CD pág. 249 cdno. 5, archivo 2007-
CO-20-8395_EXPEDIENTE.pdf).
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no se refiere expresamente a la falta de designación del interventor o a su
designación tardía, no hay duda de que la obligación de contratarlo e informar tal
actuación al contratista era de la entidad contratante y debe responder, a título de
incumplimiento, por los perjuicios causados por la falta de designación oportuna que
en este caso particular fueron reclamados a título de mayor permanencia en obra
por el contratista.
l) Es relevante precisar que en el expediente correspondiente al contrato objeto de
análisis no se encuentra evidencia de objeciones o reparos a los diseños entregados
por el contratista formulados por la entidad contratante antes de la orden de inicio y
que esta fue impartida finalmente sin hacer mención a falencias o correcciones que
el contratista estuviera obligado a asumir, lo que permite descartar el incumplimiento
del contratista de esa precisa obligación.
m) En ese ámbito de comprensión, se advierte que el retraso en el inicio de la
ejecución de la construcción de los proyectos ocurrida entre el 26 de diciembre de
2007 y el 21 de abril de 2008 (3 meses y 25 días), fecha esta última en la cual se
impartió la orden de inicio de los trabajos para los STCA de Yarumal (fl. 129 cdno.
1) y Nariño (fl. 131 cdno. 1), es imputable al Departamento de Antioquia a título de
incumplimiento contractual y, por ende, está llamada a resarcir los perjuicios que
guarden relación causal con este y que aparezcan planamente probado en el
proceso.
3) Mayor permanencia por obras adicionales:
El contratista reclama que la ejecución de diseños adicionales y variación de los
diseños del STCA del municipio de Támesis le generó mayores costos; sobre el
particular, el contratista no probó que la entidad contratante hubiera ordenado
diseños adicionales o cambio de estos; tal como se desprende del concepto de
interventoría citado, el departamento no autorizó ni ordenó dichos ajustes de los
diseños y, finalmente, el STCA no se ejecutó por lo cual no se encuentra razón para
atribuir una mayor permanencia en obra (según lo específicamente reclamado en la
demanda) derivada de diseños o trabajos adicionales.
4) Dificultades de acceso a los frentes de obra:
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a) Además de la demora en el inicio de los trabajos, la prórroga número 1 del
contrato número 2007-CO 8395 se sustentó en dificultades de acceso a los frentes
de obra; téngase en cuenta que en la demanda solo se reclamó por la mayor
permanencia en obra por la necesidad de prorrogar el contrato por esta causa,
situación que fue informada por ECA SA al departamento el 22 de julio de 2008
(oficio antecedente de la prórroga número 1) en los siguientes términos (fl. 704 cdno.
1):
“En el caso del proyecto Yarumal, el estado de la vía Yarumal – Vereda
‘El Plan’ – ‘El Filo’ es lamentable pero por lo menos hay acceso
restringido, y restringido en la medida que los transportadores, no pueden
colocarle los vehículos la carga completa, porque con el estado de la vía,
el deterioro de los vehículos y la probabilidad de daños es muy alta y como
consecuencia, cobran un flete por viaje, que en realidad presenta un
sobrecostos de casi el 100% (las volquetas solo llevan aproximadamente
la mitad de la carga).
Como alternativa, proponemos, utilizar como vía de acceso sustituta a los
proyectos la vía por San José – Toledo, que aunque también está en mal
estado, por lo menos está abierta, la implicación de utilizar esta vía, está
en el costo del flete, dado que el tiempo de viaje, es 5 horas de más,
respecto al tiempo por la vía normal de SAC.
En este sentido, proponemos que se apruebe como un sobrecosto por
viaje debidamente aprobado y registrado un valor de $56.000/tonelada,
cuando se haga por la vía de Toledo y de $50.000/ton adicionales para
los viajes que utilicen la vía de acceso por la cabecera de Yarumal. En
este momento, estamos utilizando vehículos de 12 toneladas con
capacidad de 7.3 m3.” (fl. 705 cdno. 1).
b) Como se aprecia a simple vista, el reclamo del contratista no estuvo relacionado
con una mayor permanencia en obra por el mal estado de la vía sino en el
incremento del valor del transporte de los materiales, aspecto que impide la
prosperidad del reclamo relacionado con la prórroga contractual número 1.
c) En cualquier caso, no hay prueba de que las condiciones del carreteable hubieran
variado durante la ejecución, esto es, que fuesen imprevistas o desconocidas para
el contratista; por el contrario, consta que en los “términos de referencia”14 de la
contratación se asignó al contratista el costo de toda la actividad de transporte de
materiales valores que debió prever en el valor del ofrecimiento según el conocido
estado del carreteable:
14 Según lo pactaron expresamente las partes “Los términos de referencia hacen parte del contrato”
(fl. 11 CD pág. 249 cdno. 5, archivo 2007-CO-20-8395_EXPEDIENTE.pdf).
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Controversias contractuales
“8.1.7. Transporte
Será obligación y responsabilidad de EL CONTRATISTA ejecutar el
transporte y las actividades asociadas a este, de todos lo materiales,
equipos, herramientas, repuestos, etc, que sean necesarios para la
ejecución del proyecto, desde el sitio de origen y hasta el lugar de las
obras o instalación, realizando el manejo, en puerto y obra, de cargue,
transporte, descargue y bodegaje. Así mismo, si las cargas a transportar
requieren que se adecuen vías, puentes, puertos, esto se hará a costo,
riesgo y responsabilidad de ELCONTRATISTA, previo trámite de los
permisos correspondientes. Para ello contratará todas las pólizas y
garantías que aseguren los bienes objeto del contrato” (fl. 32 CD pág.
249 cdno. 5, archivo 2007-CO-20-8395_EXPEDIENTE.pdf).
d) En el curso del proceso se recaudó el testimonio del señor René Álbisser Villegas,
representante legal de la sociedad Sytecsa SA (socia de ECA SA y que participó en
la ejecución el contrato), reconoció que realizaron visitas a los lugares de obra y se
revisaron las vías de acceso “durante el proceso de preparación del proyecto” (min.
31, audiencia de pruebas, (cd fl. 429 cdno. ppal. 2), que permitieron conocer que
existían lugares de difícil accesibilidad que imponían transportar materiales a lomo
de mula, circunstancias que, según reconoció, se tuvo en cuenta para determinar
los costos finales del ofrecimiento.
e) Por lo expuesto, como no se acreditó que el mal estado del corredor vial Yarumal
– Vereda ‘El Plan’ – ‘El Filo’ fue imprevisible para el contratista y, por el contrario,
este asumió los costos y riesgos derivados del transporte de todos los elementos
que debían llevarse a los frentes de obra con previo y pleno conocimiento del estado
de las vías, en consecuencia, la pretensión de mayor permanencia derivada de este
concepto no prospera.
5) Suspensión del contrato por análisis del avance de obra:
a) En forma previa a la finalización de la primera prórroga contractual de seis (6)
meses (16 de enero de 2009), el contratista solicitó una ampliación del plazo por
otro término igual, para efectos de la concesión o no de ese plazo la entidad
contratante consideró:
“Que una vez analizada las razones (sic) que aduce el contratista para la
solicitud de ampliación del plazo, la Gobernación de Antioquia, estima
conveniente antes de adicionar el plazo del contrato analizar en qué
porcentaje han avanzado las obras y si las circunstancias que justifica el
contratista para adicionar el contrato se encuentran suficientemente
fundadas.
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Controversias contractuales
(…).
Que el contratista podrá disponer libremente de los recursos de
personal y de equipo asignados al contrato, durante el tiempo que
dure esta suspensión.
ACUERDAN:
Suspender el plazo del contrato a partir de la fecha de suscripción de la
presente acta, hasta que se efectúe el análisis a que se refiere el párrafo
nueve de la parte considerativa de la presente acta.
El contratista manifiesta que esta suspensión no generará
sobrecostos Enel contrato para el Departamento de Antioquia, por lo
tanto no hará reclamaciones posteriores relacionadas con el mismo”
(fl. 156 cdno. 1 – negrillas adicionales).
b) La suspensión operó entre el 22 de febrero de 2009 y el 22 de julio de 2009, fecha
en la cual las partes acordaron reanudar el contrato nuevamente con la constancia
de que “la reanudación del contrato no generará sobrecostos para el Departamento
de Antioquia” (fl. 162 cdno. 1).
c) En la demanda no se cuestionó la validez del referido acuerdo ni se acreditó algún
vicio que permita invalidarlo oficiosamente, por tanto, en aplicación de lo acordado
por las partes, al momento del pacto el contratista no encontró razones para
reclamar y en virtud de este quedó liberado de disponer equipos y personal para la
obra, en ese contexto, no hay razón para reconocerle los supuestos costos por
permanencia durante ese lapso.
6) Adecuación de los diseños a la topografía del terreno y cambio en el origen de
materiales y calidad de los trabajos:
a) El 22 de julio de 2009 (fls. 170 y ss cdno. 1), las partes adicionaron el plazo
contractual en ocho (8) meses, con sustento en lo discutido por las partes en acta
de compromisos de 13 de julio de 2009 en la cual el contratista justificó la necesidad
de plazo adicional en (i) la necesaria adecuación de los diseños inicialmente
aprobados a la topografía de los terrenos y (ii) el cambio del origen de los materiales
(fl .343 CD pág. 249 cdno. 5, archivo 2007-CO-20-8395_EXPEDIENTE.pdf).
b) Los términos de referencia de la contratación precisan que el alcance del diseño
a cargo de ECA SA incluía los estudios topográficos in situ, estudios de suelos y
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trazados del sistema, luego, la adecuación de los diseños a los terrenos de obra
hacía parte de las obligaciones propias del contratista y no se alegó ni probó que se
hubieran presentado cambios de predios imputables a la parte contratante ocurridos
con posterioridad a la ejecución de los diseños o condiciones más desfavorables de
las razonablemente podían inferirse y conocerse por el diseñador; lo expuesto se
estipuló así:
“4.1 PATUAS PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA EL
DISEÑO
Los estudios de soporte técnico son fundamentales para el diseño de los
sistemas a implementar, en este sentido es relevante conocer las
características topográficas. EL CONTRATISTA deberá presentar
todos los estudios topográficos necesarios para la elaboración de
los diseños, objeto de estos términos de referencia. Se deben
realizar visitas de reconocimiento del terreno, estudio de corredores
y una vez definidos éstos, referenciación por medio de GPS (Sistema
de Posicionamiento Global) de puntos y altimetría, levantamiento
topográfico del trazado, perfil del terreno que se recorre y principales
obstáculos que se observan a lo largo de la línea del futuro cable. La
topografía se debe enlazar a la Red Geodésica Nacional a través de GPS.
Se ubicarán B.M. sobre mojones en concreto, en los puntos inicial y final
del trazado.
(…).
Seguridad del Sistema de Transporte por Cable Aéreo
EL CONTRATISTA deberá registrar y analizar las características
físicas del posible trazado para identificar los factores que
representan riesgo de accidentes y se constituyen en puntos críticos
para los cuales EL CONTRATISTA deberá recomendar medidas
preventivas yio correctivas. EL CONTRATISTA deberá recomendar las
medidas de seguridad necesarias para disminuir los riesgos de accidentes
de trabajo durante la ejecución de las obras.
4.2 ESTUDIOS DE SUELOS El enfoque del estudio se deberá orientar
de acuerdo con los problemas específicos que se identifiquen. Con
estos estudios se deben determinar los parámetros de diseño para
construir las cimentaciones, tanto en estaciones como en los sitios
de apoyos intermedios, silos hubiere.
(…).
5.2 También se debe realizar una clasificación y calificación de los
suelos, determinar la capacidad portante, empujes de tierra,
parámetros de diseño, entre otros.
En los casos de construcción de muros de contención se deberán
adjuntar los cálculos respectivos.” (fls. 29 – 30 CD pág. 249 cdno. 5,
archivo 2007-CO-20-8395_EXPEDIENTE.pdf – mayúsculas fijas del
original y negrillas adicionales).
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Controversias contractuales
c) De otro lado, en los términos de referencia también se asignó al contratista la
determinación de las fuentes de materiales y no se probó que el cambio hubiera
sido generado por alguna actuación de la contratante o por un hecho ajeno al
contratista:
“Fuentes de Materiales En caso de explotación de materiales por parte de
EL CONTRATISTA, este deberá identificar las posibles fuentes de los
mismos, priorizando las que estén en explotación comercial, que cuenten
con la autorización minera vigente y la licencia ambiental requerida. EL
CONTRATISTA deberá presentar un plano detallado de las fuentes de
materiales seleccionadas para las obras con clara indicación de las
distancias de transporte hasta la zona del proyecto que se va a construir.
Las características geotécnicas de los materiales y las especificaciones
particulares o generales para utilizarlos.” (fl. 30 CD pág. 249 cdno. 5,
archivo 2007-CO-20-8395_EXPEDIENTE.pdf – negrillas adicionales).
d) El testigo René Álbisser Villegas, representante legal de la sociedad Sytecsa
SA15, declaró que el cambio en la fuente de materiales fue propuesto por el director
de proyecto (min. 36, audiencia de pruebas, (cd fl. 429 cdno. ppal. 2) con el fin de
superar las dificultades de acceso al sitio de obras, aspecto conocido y asumido por
el contratista.
e) Si bien el testigo Jesús Mario Restrepo Arango (1’24’’ audiencia de pruebas cd fl.
429 cdno. ppal. 2) manifestó que el departamento era el encargado de entregar los
diseños y los entregó incompletos, los contratos dan cuenta de que la obligación de
diseñar era de ECA SA, por consiguiente, no hay prueba de que la necesidad de
ajustar diseños sea imputable a la demandada.
7) Modificación del alcance de los trabajos:
a) La prórroga número 3 del contrato se pactó el 23 de abril de 2010, por un plazo
de cuarenta y cinco (45) días (fl. 188 cdno. 1) porque se evidenció falla en un
carretillo que transporta la cabina de pasajeros del STCA construido en San Andrés
de Cuerquia (al cual se referirá la Sala al momento de resolver las pretensiones
15 Las declaraciones de los literales d) y e) se valoran respecto de estos específicos dichos que son
desfavorables a la demanda, teniendo en cuenta la circunstancia de ser los declarantes los
representantes legales de las sociedades accionistas de la demandante y, por ende, en evidente
situación de sospecha por su interés en los resultados del proceso por ser sucesoras procesales de
ECA SA. También declararon los señores (cd. fl. 250 cdno. ppal. 2). similar situación ocurre con las
declaraciones de (i) Fernando Villa Galvis, gerente de ECA SA durante la fase final de ejecución de
los contratos de diseño y construcción de STCA y (ii) Diego Alejandro Yerena Tamayo, ingeniero
civil, coordinador de proyectos de ECA SA a partir de 24 de octubre de 2007 con ocasión de la
suscripción de los contratos objeto de la controversia.
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concretas relacionadas con dicho contrato) y, por tener idénticas características al
que sería usado en los STCA de Yarumal y Nariño era necesario solucionar la
incidencia técnica antes de continuar la ejecución, por ende en la justificación de la
modificación contractual la entidad pública contratante dejó constancia de lo
siguiente:
“En las pruebas electromecánicas iniciales en el STCA de San Andrés de
Cuerquia se vienen presentando inconvenientes técnicos con el paso del
carretillo que transporta la cabina por los apoyos intermedios (Torres),
generando anomalías con la rigidez del carretillo, que pueden llegar a
presentar riesgo en el funcionamiento del STCA. Es importante anotar que
este tipo de carretillo es el que se tiene planteado para el funcionamiento
del STCA de Yarumal y Nariño, lo cual genera también retrasos en dichos
proyectos. El contratista como único y exclusivo responsable por los
diseños y la construcción de los STCA ya se encuentra con los
profesionales del tema realizando ajustes a los diseños del sistema que
da movilidad a la cabina.” (fl. 182 cdno. 1).
b) Lo anteriormente expuesto revela que la causa de la prórroga número 3 no fue
imputable a la demandada ni a un hecho externo, pues, correspondía al contratista
el suministro y montaje de todos los equipos electromecánicos para la operación del
STCA según la siguiente estipulación contenida en los respectivos términos de
referencia:
“8. CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS
8.1 ALCANCE
El alcance de la propuesta abarcará las siguientes actividades:
(…).
8.1.2 SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS. El
suministro de los equipos electromecánicos comprende el ajuste a
su tecnología y/o la complementación de los diseños individuales y
de conjunto entregados por La GdA, la elaboración de los diseños
electromecánicos necesarios, el suministro y transporte hasta el sitio
de las obras de todos y cada uno de los elementos mecánicos,
eléctricos, electrónicos y de seguridad que se requieran para el
funcionamiento de los subsistemas que se enumeran a
continuación, al igual que otros que requiera el sistema como un
todo para su normal operación:
• Estación motriz
• Estación de retorno
• Estaciones intermedias dado el caso.
• Cable
• Cabinas
• Equipos auxiliares de estaciones
• Sistemas de control
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• Supervisión del montaje del sistema
• Herramientas de fabricación especiales
Además, se incluye dentro de los suministros electromecánicos, los
elementos consumibles del sistema de cable para un periodo de
operación de un año. Se entiende como consumibles elementos como:
• Recubrimientos de poleas
• Grasas
• Aceites
• Empaques” (fls. 30 – 31 CD pág. 249 cdno. 5, archivo 2007-CO-20-
8395_EXPEDIENTE.pdf – resalta la Sala).
c) Así las cosas, las eventuales demoras generadas por la falla del carretillo y la
necesidad de revisar los de los STCA de los municipios de Yarumal y Nariño no
puede cargarse a la contratante, pues, no se probó que hubiera incidido en el
cumplimiento defectuoso de esa obligación.
8) Suspensión y prórroga del contrato con ocasión de alteración del orden público
por realización de elecciones presidenciales, lluvias y cierres viales:
Estas específicas reclamaciones se sustentan en hechos ajenos a la voluntad y
conducta de los extremos de la relación negocial y, por lo tanto, la pretensión de
declarar el incumplimiento del ente territorial contratante por razón de su ocurrencia
no prospera, sin perjuicio del siguiente análisis relativo a las particularidades del
discurrir contractual que estas generaron:
a) El 25 de mayo de 2010, las partes de común acuerdo suspendieron la ejecución
del contrato por 15 días, hasta el 9 de junio del mismo año (fls. 206 – 207 cdno CD
pág. 249 cdno. 5, archivo 2007-CO-20-8395_EXPEDIENTE.pdf), con la siguiente
motivación:
“• Que el contrato No 2007-CO-20-8395, es objeto de suspensión debido
a: la solicitud realizada por el contratista el 25 de mayo de 2010 en la cual
argumenta lo siguiente: Teniendo en cuenta la proximidad de las
elecciones presidenciales del próximo 30 de mayo, unido a las
complejas condiciones de orden público presentes en la zona de los
trabajos objeto de los contratos de la referencia, consideramos
prudente suspender por un tiempo prudencial las actividades
constructivas mientras se lleva a cabo este evento electoral".
• Que la Secretaría de Infraestructura Física conocedora de la
situación de orden público que en los últimos días se ha vivido en la
zona, y en aras a la protección de la integridad física y a la
conservación de la libertad de los contratistas que se encuentran en
la zona, considera prudente conceder el plazo solicitado hasta que
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Controversias contractuales
se lleve a cabo el evento electoral que ocupa la atención de nuestro
país.” (fl. 206 cdno CD pág. 249 cdno. 5, archivo 2007-CO-20-
8395_EXPEDIENTE.pdf – negrillas adicionales).
b) El 3 de junio de 2010, el contratista solicitó una nueva ampliación del plazo del
contrato (prórroga número 4) en la cual informó haber superado los problemas con
los carretillos, pero, que las situaciones de orden público afectaban la ejecución
del STCA de Yarumal (y también de San Andrés de Cuerquia):
“Usando como proyecto piloto el proyecto de San Andrés de Cuerquia, y
después de varias pruebas, finalmente se logró obtener los resultados de
seguridad deseados mediante el rediseño y la fabricación de un nuevo
carretillo de soporte de la cabina, rediseño que debió ser replicado y que
conllevó también a la fabricación de nuevos carretillos para los otros
sistemas, la cual solo se pudo llevar a cabo una vez concluidas con éxito
las pruebas en el citado proyecto.
Sin embargo, como es de su conocimiento, esta tarea se vio
permanentemente afectada por problemas de orden público,
originados por acciones de grupos ilegales tendientes a afectar las
elecciones presidenciales, especialmente en los proyectos de San
Andrés de Cuerquia y Yarumal; a tal punto que durante varios días fue
necesario suspender las actividades de pruebas por falta de suministro de
energía eléctrica debido a voladura de torres y también para conservar la
integridad del personal del proyecto debido a la siembra de bombas anti-
persona en los caminos de la región por parte de los mencionados grupos
que actúan en la zona y los permanentes combates librados contra ellos
por las fuerza pública.
Adicionalmente, el rendimiento en los trabajos también se ha visto
afectado por la fuerte ola invernal por la que atraviesa el departamento,
al punto que solamente se están trabajando 5 horas en promedio
diariamente por proyecto como lo puede constatar en las bitácoras de
obra del proyecto. (fl. 210 cdno. 1 – se resalta).
c) En atención a esta solicitud y causas, el contrato fue prorrogado por un plazo
de cuarenta y cinco (45) días.
d) Por su parte, la prórroga número 5 (fl. 233 cdno. 1) se pactó por un término de
dos (2) meses y estuvo precedida de una petición del contratista en la cual se
expusieron los siguientes motivos:
“1. Se han presentado problemas de orden público, a tal punto que
sean tenido que suspender las actividades para conservar la integridad
del personal del proyecto en los diferentes frentes de obra.
2. El rendimiento de los trabajos de automatización se han visto
fuertemente afectados por la fuerte ola invernal por la que atraviesa el
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departamento, al punto de trabajar entre 3 y 5 horas en promedio
diariamente por proyecto.
3. En los STCA de San Andrés de Cuerquia y Yarumal, es reiterativo
el taponamiento de la vía que comunica al proyecto, con períodos de
cierre hasta dos y tres días.” (fl. 229 cdno. 1 – negrillas de la Sala).
e) Reitera la Sala que las referidas circunstancias no son constitutivas de
incumplimiento del contrato, precisamente porque no obedecieron a la conducta de
alguno de los extremos de la relación negocial y, por el contrario, son ajenas a esta
y obedecen a hechos imprevistos (clima, orden público y cierres viales), razón por
la cual, con independencia de las particularidades con las cuales se hubieren
presentado, no es posible declarar incumplido al departamento por dicha causa ni
disponer una indemnización de perjuicios a su cargo; en este específico punto, se
reitera que las pretensiones de la demanda no están dirigidas a obtener el
restablecimiento del equilibrio económico del contrato sino a la declaración de
incumplimiento por parte del ente público contratante, el cual no puede declararse
por hechos ajenos a su control o ajenos a su conducta.
6.2 Contrato número 2007-CO-8433 (San Andrés de Cuerquia)
1) El contratista adujo que se prolongó indebidamente su permanencia en obra
porque la entidad contratante retrasó la orden de inicio de los trabajos; se aportó la
comunicación de 29 de agosto de 2008 en la cual ECA SA solicitó la primera
ampliación del plazo del contrato con sustento en dos circunstancias (i) transcurrió
un periodo comprendido entre la entrega de los diseños definitivos el día 5 de
febrero de 2008 y el 21 de abril de 2008, cuando el departamento ordenó iniciar los
trabajos y (ii) se presentaron dificultades en el acceso al sitio de obras por cierres
viales en “la vía de acceso al municipio de San Andrés de Cuerquia, la cual lleva
aproximadamente tres meses cerrada y/o con paso restringido” (fl. 118 cdno. 2).
En este específico caso no hay prueba de la fecha exacta en la cual fueron
entregados los diseños a satisfacción del Departamento de Antioquia; en oficio de
8 de septiembre de 2008 “la interventoría valida que el plazo solicitado tiene
justificación en lo referente al acta de inicio que serían tres (3) meses” (fl. 121 cdno.
2), y 15 días adicionales por demoras en el acceso porque los cierres solo fueron
transitorios y el contratista pudo ingresar los materiales, por tanto, se adicionó el
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contrato en 3.5 meses (fl. 126 cdno. 2), hecho que no prueba la fecha de recepción
a satisfacción de los diseños ni la causa de la demora en el inicio del contrato.
2) Por su parte, la suspensión número 1 del contrato que tuvo como finalidad
analizar el porcentaje de avance y la posibilidad de prorrogar el contrato
nuevamente, se suscribió con la siguiente renuncia expresa del contratista: “el
contratista manifiesta que esta suspensión no generará sobrecostos en el contrato
para el Departamento de Antioquia, por lo tanto no hará reclamaciones posteriores
relacionadas con el mismo” (fl. 134 cdno. 2), pacto que no fue demandado ni se
acreditó algún vicio que imponga anularlo en forma oficiosa.
3) La adición número 2 al contrato se pactó por un término de ocho (8) meses (fl.
149 cdno. 2) por la necesidad de adecuar los diseños a la topografía del terreno, el
cambio de la fuente de materiales y los ajustes a los diseños; estos aspectos no son
imputables a la demandada pues, correspondía al contratista diseñar el proyecto,
conocía el terreno, no hay prueba de cambios en el trazado ni de obras adicionales
ordenadas por la entidad, tal como se analizó frente al contrato número 2007-CO
8395 regido por idénticas estipulaciones a las ya estudiadas.
4) Por otra parte, como se anticipó al resolver los reclamos derivados de hechos
imprevistos y externos a las partes propios del contrato número 2007-CO-8395
(orden público, periodo invernal, mal estado de la vía y dificultades de acceso al sitio
de las obras, adición número 3, 5 y 6 y suspensiones números 2 y 3), estos no
pueden servir de fundamento a la pretendida declaración de incumplimiento
contractual ni a las reparaciones que consecuencialmente se reclamaron en la
demanda.
5) De igual manera, la adición número 4, determinada por las fallas en el sistema
rodante de la cabina, no son imputables a la parte contratante sino a ECA SA quien
solicitó la prórroga con apoyo en lo siguiente:
“Durante el desarrollo de las pruebas hasta ahora realizadas se ha
detectado la necesidad de redefinir algunos elementos del sistema
rodante de la cabina con el propósito de perfeccionar el paso de ese
elemento por los apoyos intermedios y sobre todo para con ello mejorar
aspectos relacionados con la seguridad del sistema. Esta tarea incluyó
entre otros el ajuste y modificaciones del sistema ‘carretillo’ que sirve de
enlace con la cabina de pasajeros, incluyendo entre otros elementos
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adicionales rigidizantes y la modificación de las poleas de rodamiento
sobre los cables.
Teniendo en cuenta que lo antes expuesto conlleva tiempos adicionales
no previstos para la terminación de los trabajos, solicitamos a ustedes
respetuosamente autorizar la ampliación del plazo del contrato por un
término de 45 días adicionales, con el fin realizar (sic) las modificaciones
señaladas, adelantar la fabricación y cambio de las partes involucradas y
realizar el plan de prueba acorde a las exigencias del proyecto” (fl. 44
cdno. 2 – negrillas adicionales).
Se destaca que la cláusula 8.1.2 del contrato objeto de este análisis es idéntica a la
pactada en el contrato número 8395 en el sentido de asignar al contratista la
responsabilidad en el diseño, suministro y puesta en funcionamiento de los
componentes electromecánicos del proyecto, lo que impide la prosperidad de la
pretensión de mayor permanencia en obra derivada de las fallas del carretillo.
6) No se probó que el contrato se hubiera prorrogado o suspendido por la necesidad
de adelantar trabajos no previsto o que la contratante hubiera dispuesto cambios en
los materiales necesarios para la ejecución del proyecto; por el contrario, el
contratista asumió la obligación de suministrarlos con pleno conocimiento sobre las
condiciones de accesibilidad de los sitios de obra, precisamente determinados por
el hecho de tratarse de proyectos de transporte para conectar zonas de difícil
acceso, según el anexo único del contrato de préstamo redactado en los siguientes
términos:
“Cables rurales. El transporte por cable es una solución,
principalmente, para comunidades muy aisladas y para las cuales
los sistemas viales tradicionales son demasiado costosos en
términos económicos, ambientales y de sostenibilidad (fl. 19 archivo
expedientefisicoescaneado/C001/005 – índice 2 SAMAI – negrillas
adicionales).
7) Por lo expuesto, no hay prueba de que el Departamento de Antioquia hubiera
incumplido el contrato para la construcción y diseño del STCA de San Andrés de
Cuerquia.
6.3 Contrato número 2007-CO-8460 (Olaya, Urrao y Guatapé)
Operó la caducidad del medio de control, circunstancia que impide analizar las
reclamaciones derivadas de este específico negocio.
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6.4 Conclusión
De conformidad con lo expuesto, el Departamento de Antioquia incumplió el contrato
número 2007-CO 8395 (Támesis, Yarumal y Nariño) porque (i) desistió de la
ejecución del proyecto STCA Támesis y privó al contratista de ejecutarlo pese al
derecho que le asistía para el efecto, razón por la cual será condenado a indemnizar
los perjuicios causalmente ligados a dicho incumplimiento y retardó el inicio de los
trabajos en los STCA de Yarumal y Nariño por no designar oportunamente el
interventor, no hay prueba de que esta específica demora en el inicio de la ejecución
contractual causó daños a la contratante; (ii) los demás incumplimientos que se
pretendían imputar al Departamento de Antioquia no fueron probados y, (iii) operó
la caducidad del medio de control en punto a las pretensiones relativas al diseño de
los STCA en los municipios de Olaya, Urrao y Guatapé.
7. Indemnización de perjuicios
Establecidos los incumplimientos imputables al Departamento de Antioquia hay
lugar a determinar si se acreditaron perjuicios derivados de estos, según el análisis
siguiente:
7.1 No ejecución del proyecto STCA Támesis
1) La sociedad demandante aportó un dictamen pericial (cdno. 3) encaminado a
demostrar, entre otros aspectos, el valor de la utilidad dejada de percibir por ECA
SA por la no ejecución de la construcción del STCA del municipio de Támesis, la
cual se calculó en el 3% del valor del contrato $2.662.477.608, equivalente a
$79.874.328 antes de IVA (fl. 14 cdno. 3), porcentaje que atendió a lo manifestado
por la sociedad contratista al momento de presentar la oferta.
2) Para la Sala, ECA SA tenía derecho a ejecutar el proyecto STCA Támesis por
virtud de lo expresamente pactado en el contrato número 2007CO-20-8395 de 12
de octubre de 2007 y se privó de ello por decisión de la contratante, por tanto, se
dispondrá en su favor una indemnización por la referida suma, que corresponde a
la utilidad que esperaba obtener con la construcción correspondiente demanda.
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3) Dicho valor se actualizará con el IPC con el fin de compensar la pérdida de poder
adquisitivo del dinero, desde la época de suscripción del contrato número 2007-CO-
8395 (octubre de 2007) y la del presente fallo, con la siguiente fórmula:
VA = VH * índice final (agosto de 2024)
índice inicial (octubre de 2007)
VA = $79.874.328 * 143,67
64,20
VA = $178.746.802
4) En cuanto a la pretensión duodécima de la demanda, en virtud de la cual se
pretende el reconocimiento de los costos indirectos que asumió la parte
demandante para la ejecución de este proyecto, no se reconocerá suma alguna toda
vez que se indemniza la utilidad esperada como si se hubiera ejecutado el proyecto,
para ello, en caso de haberse ejecutado en su totalidad el proyecto era necesario
realizar las inversiones requeridas para tal efecto.
7.2 Retraso en el inicio de la ejecución de los STCA de Yarumal y Nariño
1) Aunque se demostró que el inicio de la ejecución del contrato se retrasó por causa
imputable al departamento, no se acreditó cuál fue el mayor valor que el contratista
debió asumir por tal concepto; esto es, no probó que tuyo una mayor permanencia
en obra por tal circunstancia.
2) Para obtener el reconocimiento pretendido, ECA SA debió probar que tuvo
permanencia en obra de equipos, materiales, personal, entre otros factores
destinados a la construcción del proyecto, desde la entrega y recibo a satisfacción
de los diseños, esto es, que la demora en iniciar a ejecutar le causó perjuicios ciertos
y no meramente hipotéticos o eventuales.
3) El dictamen pericial de parte aportado con la finalidad de probar los perjuicios
hizo referencia en forma global a los costos anuales y globales de ECA SA durante
la ejecución, pero, no demuestra que se realizaron específicas erogaciones por
razón de la demora en el inicio de ejecución, puntualmente entre el 26 de diciembre
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de 2007 y el 21 de abril de 2008 (3 meses y 25 días), esto es, que el contratista
dispuso personal, maquinaria, equipos y demás durante ese tiempo y
permanecieron en “stand by” por el incumplimiento de la parte contratante.
4) La prueba pericial16 revela el siguiente panorama financiero de costos del
contratista ECA SA en los proyectos Yarumal y Nariño, cifras que, individualmente
consideradas, no permiten establecer los supuestos costos en que incurrió el
contratista durante el lapso de retraso en el inicio de la ejecución y únicamente, los
costos de todo el año 2008, sin que sea posible establecer que fueron erogados
durante el lapso de tardanza imputable a la demandada.
a) Yarumal (fl. 8 cdno. 3):
2007 $130.691.426
2008 $530.810.758
2009 $1.106.997.368
b) Nariño (fl. 8 cdno. 3):
2007 $87.770.284
2008 $495.740.204
2009 $840.465.691
5) Seguidamente, el perito determinó que los costos por mayor permanencia
generados por todas las adiciones y suspensiones del contrato ascendieron a
$968.728.226 (fl. 19 cdno. 3), suma global que tampoco permite establecer que ECA
SA debió soportar costos administrativos derivados de esa circunstancia.
6) En el referido contexto, no se reconocerá ninguna suma en favor del contratista
con ocasión del retraso en el inicio de la ejecución porque si bien se probó el
incumplimiento del departamento no se acreditó el daño irrogado por esta al
contratista.
16 Cuya contradicción se surtió en audiencia de 23 de enero de 2018 (fl. 431 cdno. ppal. 2), en la cual
el experto explicó que utilizó el método de auditoría sobre los estados financieros, libros de
contabilidad y documentos contables de ECA SA.
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7) No hay lugar a reconocer intereses moratorios, remuneratorios o legales sobre
las sumas reconocidas como indemnización, por cuanto, la obligación de pagarlas
surge a partir de la ejecutoria de la presente sentencia; téngase en cuenta que el
STCA de Támesis no fue ejecutado y, por ende, no hubo lugar a pagar a remunerar
su construcción durante la ejecución del contrato, por ende, las sumas que se
reconocen son a título de indemnización de los daños causados por el
incumplimiento contractual y no como pagos contractuales en mora.
8. Costas
La decisión del a quo de no imponer condena en costas de primera instancia no fue
apelada por lo cual se mantendrá; no se condena en costas de segunda instancia
al apelante porque su recurso prosperó parcialmente, lo anterior en los términos del
artículo 366 numeral 5 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1°) Modifícase la sentencia de 7 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Decisión Oral, la cual queda así:
PRIMERO. Declárase probada la excepción de caducidad del medio
de control en relación con las pretensiones derivadas del Contrato
No. 2007-CC-8640 del 26 de diciembre de 2007.
SEGUNDO. Declárase que el Departamento de Antioquia incumplió
el contrato número 2007-CO 8395 por el hecho de no ejecutar el
proyecto STCA Támesis y por no designar oportunamente la
interventoría del contrato omisión que retrasó el inicio de la ejecución.
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Demandante: Coservicios SAS y otros
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TERCERO. Condénase al Departamento de Antioquia a pagar en
favor de las sociedades Coservicios SA, Eléctricas Medellín
Comercial Edemco SA, System & Technologies Syteca SAS y
Codima SA, en proporción a su participación en los derechos
litigiosos según lo reconocido en el curso del proceso, la suma de
CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS
($178.746.802).
CUARTO. Declárase que el Departamento de Antioquia incumplió el
contrato número 2007-CO 8395 por el hecho de retardar el inicio de
ejecución de la construcción de los STCA de Yarumal y Nariño.
QUINTO. Niéganse las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO. Cúmplase la presente sentencia y cáusanse intereses
sobre la condena en los términos del artículo 192 del CPACA
SÉPTIMO. Sin costas.
2°) Abstiénese de imponer condena en costas de segunda instancia.
3°) En firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas
las constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
Aclara el voto
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Ponente Magistrado
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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