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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2013-01844-01

Fecha
24 de enero de 2019
Consejero ponente
William Hernández Gómez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2013-01844-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 27 de junio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, que denegó las pretensiones de la demanda promovida en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por el señor Wilson Augusto Ciro Idárraga contra la Municipio de Rionegro, Antioquia. Segundo: Condenar en costas en la segunda instancia al señor Wilson Augusto Ciro Idárraga y a favor de la demandada, las cuales serán liquidadas por el a quo. Tercero: Reconocer personería jurídica al abogado Gustavo Adolfo Betancur identificado con cédula de ciudadanía 71.698.713 y portador de la tarjeta profesional 130.463 del CSJ, como representante judicial principal del municipio de Rionegro, Antioquia y al abogado Camilo Pérez Colorado identificado con cédula de ciudadanía 1.036.627.109 y portador de la tarjeta profesional 261.071 del CSJ, en calidad de substituto conforme al poder conferido visible a folio 205. Se advierte que según el artículo 75 del CGP los apoderados de una misma persona no podrán actuar simultáneamente. Cuarto: Efectuar las anotaciones correspondientes en el programa Justicia Siglo XXI y, ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2013-01844-01

Consejero ponente: William Hernández Gómez

24 de enero de 2019

DECLARATORIA DE INEXEQUIBILIDAD DE LA EXPRESIÓN «AGENTES DE TRÁNSITO» DEL DECRETO 785 DE 2005 – No generó derecho a percibir la asignación salarial del nivel técnico / HOMOLOGACIÓN DEL EMPLEO DE AGENTE DE TRANSITO NIVEL ASISTENCIAL CON EL NIVEL TÉCNICO –Requisitos y su cumplimiento

[L]a sentencia C-577 de 2006 no otorgó el derecho per se (…) a ser jerarquizado en el nivel técnico (…) simplemente le dejó la función al legislador para que acorde con sus competencias profiriera la normativa correspondiente a la jerarquización de los agentes de tránsito. […] [L]a Ley 1310 de 2009, al clasificar a los agentes de tránsito en el nivel técnico, exige que uno de los requisitos para desempeñar dicho empleo es: «Cursar y aprobar el programa de capacitación (…) debe también cumplir los requisitos exigidos en dicha ley para ejercer el cargo Se resalta, que la remuneración que el demandante percibe en el nivel técnico se le cancela a partir de lo señalado en el Decreto 531 del 23 de junio de 2011, proferido por el municipio de Rionegro, a través del cual se homologó el cargo por él desempeñado y demás prestaciones acorde con dicho nivel y no en el asistencial. De igual forma, se destaca que al momento de entrar en vigencia la Ley 1310 de 2009 (el actor) ni siquiera se encontraba vinculado a la administración municipal en ejercicio del cargo de agente de tránsito y, cuando ingresó, no puede argüir que con la experiencia que tenía se podría efectuar la equivalencia de esta por los estudios requeridos, pues la jurisprudencia se ha pronunciado en sentido de que esta homologación es aceptada pero respecto a títulos adicionales al mínimo exigido para el respectivo cargo. […] Se vislumbra por tanto la imposibilidad de emplear las equivalencias aducidas por el demandante; toda vez que las homologaciones de experiencia por título se aplican sobre los requisitos adicionales y no sobre los mínimos exigidos para un cargo. En consecuencia, el demandante no tiene derecho a percibir el salario y demás prestaciones previstas para el nivel jerárquico técnico antes de la homologación efectuada por parte del ente territorial demandado, a través del Decreto 531 de 2011.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 05001-23-33-000-2013-01844-01(3863-16)

Actor: WILSON AUGUSTO CIRO IDÁRRAGA

Demandado: MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, el 27 de junio de 2016, que denegó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor Wilson Augusto Ciro Idárraga en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó al municipio de Rionegro, Antioquia.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

En el marco de la parte oral del proceso bajo la Ley 1437 de 2011, la principal función de la audiencia inicial es la de precisar el objeto del proceso y de la prueba.

En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales decisiones que guiarán el juicio.

Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

Bien podría decirse que esta figura, insertada en la audiencia inicial, es también una faceta del despacho saneador o del saneamiento del proceso, en la medida que busca, con la colaboración de la parte demandada, que la verificación de los hechos constitutivos de excepciones previas, o advertidos por el juez, al momento de la admisión, se resuelvan en las etapas iniciales del proceso, con miras a la correcta y legal tramitación del proceso, a fin de aplazarlo, suspenderlo, mejorarlo o corregirlo.

En el presente caso de folio 82 vuelto y cd visible a folio 85 del cuaderno principal, en la etapa de excepciones previas se indicó lo siguiente:

«[…] No se propusieron excepciones previas.

La entidad accionada propuso las excepciones de fondo denominadas:

INEXISTENCIA DEL DERECHO A RECLAMAR Y LEGALIDAD DEL ACTO DEMANDADO.
APLICACIÓN DE LA LEY DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.
PRESCRIPCIÓN DE MESADAS.

No deben resolverse de fondo estas excepciones, porque se trata de argumentos encaminados a desvirtuar los fundamentos de derecho en los que la parte actora sustenta sus pretensiones, los cuales al no versar sobre hechos extintivos o impeditivos de la pretensión, deben ser resueltos con la sentencia. Así mismo frente a la excepción de prescripción no se observa de bulto que haya prescripción extintiva del derecho y se analizará en el fondo, en la sentencia si hay prescripción de las mesadas pensionales de terse (sic) derecho a ellos. […]» (Negrillas y mayúsculas del texto).

Se le concedió el uso de la palabra a las partes y no se interpusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación entre ella y la sentencia es la de “tuerca y tornillo”, porque es guía y ajuste de esta última.

En el sub lite de folio 82 vuelto a 83 y cd visible a folio 85 del cuaderno principal en la audiencia inicial se fijó el litigio respecto de los hechos y las pretensiones, así:

Hechos según la fijación del litigio

«[…] 1. Que el señor WILSON AUGUSTO CIRO IDARRAGA (sic), ingreso (sic) al Municipio de Rionegro para fungir como agente de tránsito de Rionegro adscrito a la secretaría (sic) de Tránsito de Rionegro y en la actualidad desempeña el cargo cumpliendo cabalmente con las funciones asignadas por la ley y el reglamento.

2. Que el demandante realiza funciones de orden técnico desde la vigencia y aun antes de la sentencia C 577 de 2006, emanada de la Corte Constitucional, pero se le remuneró como funcionario de carácter asistencial hasta el 23 de junio de 2011, fecha en que efectivamente reclasificados (sic) en el nivel técnico y remunerado como corresponde a su nivel, mediante acto de homologación contenido en el decreto (sic) 531 de 23 de junio de 2011, proferido por el Alcalde Municipal de Rionegro.

3. Que fueron múltiples las peticiones elevadas por el demandante y sus compañeros para ser reclasificados en consonancia con los mandatos legales que lo hacían mandatario y de obligatorio cumplimiento. Finalmente fueron reclasificados en el nivel técnico mediante Decreto 531 de 23 de junio de 2011.

4. Que desde la expedición del Código Nacional de Tránsito y posteriormente con la expedición del Código de Procedimiento Penal, se estableció la naturaleza técnica de la función o funciones no obstante, desde esa época y hasta el día de la reclasificación se ha remunerado como funcionario asistencial, clasificación esta (sic) considerada inconstitucional por la Corte mediante sentencia C 577 de 2006.

5. Argumenta el demandante que la Alcaldía Municipal de Rionegro omitió cumplir lo preceptuado en el Decreto Ley 785 de 2005, no reclasificando en el nivel técnico al solicitante, impidiendo su ascenso al nivel técnico.

6. Que luego de las peticiones, se dio respuesta mediante las resoluciones (sic) 334 de marzo 27 de 2013 y 440 de abril 19 de 2013, emanadas de la Alcaldía del Municipio de Rionegro-Ant. […]» (Mayúsculas del texto).

Pretensiones según la fijación del litigio

« […] 1. Que se declare la nulidad de las resoluciones (sic) 334 de marzo 27 de 2013 y 440 de abril 19 de 2013, emanadas de la Alcaldía del Municipio de Rionegro-Ant.

2. Que a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se condene al Municipio de Rionegro a cancelar, a favor del demandante, las sumas de dinero correspondientes a salarios e incrementos en prestaciones sociales dejado (sic) de percibir desde la fecha de su ingreso al ente territorial municipal, a la fecha en que se realizó la reclasificación, junio 23 de 2011, fecha en que quedó en firme la misma.

3. Que se condene a la demandada a reconocer y pagar los salarios, primas, reajustes o aumentos de sueldos dejado (sic) de percibir, desde que se hizo obligatoria la reclasificación hasta que se produjo la reclasificación en 23 de junio de 2011 a su favor para la finalidad de restablecer el derecho.

4. Que se condene al Municipio de Rionegro al pago de esta cifra más el valor del daño o perjuicio material derivado de la omisión que resulte probada.

5. Que se condene al pago de costas. […]»

Se le concedió el uso de la palabra a las partes y manifestaron estar de acuerdo.

SENTENCIA APELADA

El a quo profirió sentencia el 27 de junio de 2016 de forma escrita, en la que denegó las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:

En primer lugar, señaló que el Decreto 785 de 2005, mediante el cual se instauró el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de las entidades territoriales regulados en la Ley 909 de 2004, clasificó a los agentes de tránsito como nivel asistencial, sin embargo, dicha normativa fue declarada inexequible por la Corte Constitucional a través de sentencia C-577 de 2006, al considerar que el tipo de funciones que ejercían dichos servidores, los requisitos exigidos eran precarios.

Conforme a lo anterior, indicó que no era cierto que ante tal declaratoria de inexequibilidad, los agentes de tránsito hubiesen quedado clasificados en el nivel técnico, pues la Corte Constitucional fue enfática en afirmar que, era el legislador con fundamento en su libertad de configuración, a quien le correspondía realizar una nueva clasificación por medio de la ley.

Bajo dicho entendido, argumentó que no estaban llamadas a prosperar las pretensiones de la demanda, toda vez que la sentencia proferida por la Corte Constitucional no protegió derecho laboral alguno ni creó situaciones particulares en favor de los agentes de tránsito, simplemente ordenó que se fuera más exigente en los requisitos de quienes fueran a desempeñarse en esos cargos, pero no generó incrementos salariales de manera automática.

De otro lado, destacó que no era de recibo la interpretación de la parte demandante en el sentido de que el Decreto 785 de 2005 que ordenó la reclasificación dentro del año siguiente, pues si bien es cierto, dicha normativa previó aquella, de igual manera, en el parágrafo segundo del artículo 21 dictaminó que en ningún caso la equivalencia de la nomenclatura podrá conllevar incrementos salariales.

Asimismo, afirmó que el artículo 15 de la Ley 1310 de 2009 reclasificó a los agentes de tránsito por vía general en el nivel técnico y se requería que cada ente territorial expidiera de acuerdo con sus capacidades y necesidades presupuestales los actos administrativos y, virtud a ello, el municipio de Rionegro profirió el Decreto 531 del 23 de junio de 2011, por lo que solo a partir de esta fecha, el señor Wilson Augusto Ciro Idárraga tuvo derecho a la respectiva remuneración salarial.

Finalmente condenó en costas al demandante.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante presentó recurso de apelación en el cual solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda, conforme a los argumentos que a continuación se exponen.

Manifestó que la sentencia C-577 de 2006 clarificó la diferencia entre el nivel asistencial y el técnico, además que sí ordenó la reclasificación dentro del año siguiente, aunado a ello, el salario deprecado a favor del señor Wilson Augusto Ciro Idárraga se encuentra sustentado en la categoría legal y diferencial, dado que el nivel técnico siempre ha tenido remuneración más alta que el del nivel asistencial.

Seguidamente, arguyó que en virtud a lo expresamente regulado en la Ley 1310 de 2009, no todas las entidades tendrían necesariamente la totalidad de los códigos, en ningún momento dicha normativa prohibió la adopción de los códigos correspondientes a los cargos en el nivel técnico y en gracia de discusión, dicha circunstancia no impide la reclasificación ordenada por la mencionada ley.

De igual forma, sostuvo que se había demostrado dentro del plenario que el demandante prestaba sus servicios de carácter técnico y, al momento de expedirse la Ley 1310 de 2009, se concretó una situación particular en su favor que no tenía vocación de desmejora o desconocimiento de las prerrogativas laborales acorde con la categoría que desempeñaba, pues no es justo que se le cancelara una remuneración de orden asistencial en detrimento del 54% comparado al salario del servidor en categoría de técnico.

Resaltó que la afirmación efectuada por el tribunal de primera instancia en cuanto a que con la expedición del Decreto 531 de 2011, el municipio de Rionegro reclasificó a los agentes de tránsito, en su sentir, se enmarca tácitamente en la tolerancia a un enriquecimiento indebido a favor del ente territorial, toda vez que el demandante ya ocupaba un empleo de carácter técnico, incluso antes de la expedición de la Ley 1310 de 2009, por tal motivo, se debió al menos conceder las pretensiones subsidiarias.

Por último, señaló que presentó ante los Juzgados Administrativos de Medellín 18 demandas, las cuales versaron sobre iguales hechos, pretensiones y sustento legal, que en su gran mayoría han sido falladas y confirmadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en las que se han acogido las pretensiones de la demanda, sin que exista sustento para que este caso, se haya proferido sentencia de forma tan disímil a los demás, circunstancia que genera inseguridad jurídica.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Parte demandada: Señaló que ni la sentencia C-577 de 2006, ni la Ley 1310 de 2009 instituyeron la reclasificación automática o el incremento salarial en favor de los agentes de tránsito, toda vez que el derecho a devengar una mayor remuneración surgió a partir del Acuerdo 531 de 2011, el cual homologó la planta de cargos en el municipio de Rionegro.

La parte demandante y el ministerio público guardaron silencio en esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

Aunado a ello, al artículo 320 del Código General del Proceso, a la Subsección A, en el presente asunto, le corresponde pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante.

Problemas jurídicos

Los problemas jurídicos que se deben resolver en esta instancia, se resume en la siguiente pregunta:

¿La declaratoria de inexequibilidad de la expresión «agentes de tránsito» de los artículos 20 y 21 del Decreto 785 de 2005 generó a favor del señor Wilson Augusto Ciro Idárraga, el derecho a percibir la asignación salarial del nivel técnico en la Secretaría de Gobierno de Rionegro?

¿El demandante en calidad de agente de tránsito código 403, grado 08, nivel asistencial, tiene derecho a percibir el salario y demás prestaciones previstas para el nivel jerárquico técnico antes de la homologación efectuada por parte del ente territorial demandado, a través del Decreto 531 de 2011?

Primer problema jurídico

¿La declaratoria de inexequibilidad de la expresión «agentes de tránsito» de los artículos 20 y 21 del Decreto 785 de 2005 generó a favor del señor Wilson Augusto Ciro Idárraga, el derecho a percibir la asignación salarial del nivel técnico en la Secretaría de Gobierno de Rionegro?

Al respecto la Subsección sostendrá la siguiente tesis: no es procedente que a partir de la declaratoria de inexequibilidad de la expresión «agentes de tránsito» de los artículos 20 y 21 del Decreto 785 de 2005, en la sentencia C-577 de 2006, se creó el derecho a favor del demandante de percibir remuneración como si estuviera en el nivel jerárquico técnico, a pesar de que fue posesionado en el nivel asistencial.

Inexequibilidad de la expresión «agentes de tránsito» de los artículos 20 y 21 del Decreto 785 de 2005

Los artículos 20 y 21 del Decreto 785 de 2005, disponían que:

«[…] ARTÍCULO 20. Nivel Asistencial. El Nivel Asistencial está integrado por la siguiente nomenclatura y clasificación específica de empleos:

Cód.
Denominación del empleo
403
Agente de Tránsito
457
Teniente de Prisiones

[…]

ARTÍCULO 21. De las equivalencias de empleos. Para efectos de lo aquí ordenado, fíjanse las siguientes equivalencias de los empleos de que trata el Decreto 1569 de 1998, así:

Cod Situación anterior Cod Situación nueva
Nivel Administrativo, Auxiliar y Operativo
Nivel Asistencial
505
Agente de Tránsito
403
Agente de Tránsito
550
Auxiliar Administrativo
407
Auxiliar Administrativo
555
Auxiliar de Enfermería
412
Auxiliar Area Salud
533
Auxiliar en Salud Familiar y Comunitaria
412
Auxiliar Area Salud
509
Auxiliar de Información en Salud
412
Auxiliar Area Salud
516
Auxiliar de Droguería
412
Auxiliar Area Salud
518
Auxiliar de Consultorio Odontológico
412
Auxiliar Area Salud
523
Auxiliar de Higiene Oral
412
Auxiliar Area Salud
527
Auxiliar de Laboratorio Clínico
412
Auxiliar Area Salud
537
Auxiliar en Trabajo Social
407
Auxiliar Administrativo
505
Agente de Tránsito
403
Agente de Tránsito

[…]».

La citada normativa fue objeto de demanda de inconstitucionalidad y en efecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-577 de 2006, declaró inexequible la expresión «agentes de tránsito» contenida en los artículos 20 y 21 del Decreto 785 de 2005, bajo los siguientes argumentos:

«[…] Falta de proporcionalidad entre los requisitos exigidos para ser agente de tránsito dependiente de los organismos de tránsito de las entidades territoriales y las funciones asignadas a quienes ocupan este cargo.

39.- Para la Corte Constitucional resulta claro que la figura de autoridad que representan los agentes de tránsito, está sustentada en el carácter esencial de las labores que el legislador le ha encomendado. Todas estas, encaminadas a garantizar valores constitucionales fundantes, como la seguridad de los ciudadanos y el debido proceso, tanto en la actividad administrativa sancionadora, como en los procesos penales judiciales, según se ha explicado. De otro lado, en lo que respecta a estas autoridades de tránsito cuando son dependientes de organismos de tránsito de las entidades territoriales, el legislador ha estipulado que basta ostentar mínimo cinco (5) (sic) de educación básica primaria en departamentos, distritos o municipios de categorías especial, primera, segunda y tercera; y, mínimo tres (3) años de educación básica primaria en distritos o municipios de categorías cuarta, quinta y sexta. La Sala considera, que por la naturaleza de las funciones que desempeñan y su especial incidencia en principios primordiales de la Carta de 1991 y en los derechos fundamentales de los ciudadanos, la exigencia de idoneidad resulta precaria y en consecuencia inconstitucional.

En efecto, para este Tribunal Constitucional, la mencionada inconstitucionalidad es verificable a la luz de: (i) los requisitos que se exigen para el cargo de agente de tránsito en la Policía Nacional, pues, en tanto los agentes de tránsito de las entidades territoriales y los de la Policía Nacional tengan los mismos deberes y cumplan con las mismas funciones, resulta entonces necesario utilizar como factor de ponderación para evaluar dichos requisitos, la regulación anterior vigente, referida justamente a las exigencias para desempeñar las mencionadas funciones. Y, (ii) el hecho que los agentes de tránsito como autoridades, tengan a su cargo la aplicación de normas sancionadoras, implica tener competencias básicas de las que no puede carecer, por ejemplo un funcionario judicial. Aunque, si bien no se requiere ser abogado para comprender adecuadamente enunciados jurídicos, las exigencias para un funcionario que se va a desempeñar como autoridad, deben dar cuenta de la comprensión de las actividades propias del tránsito y del manejo del lenguaje para interpretar y aplicar normas; y, es discutible, según los parámetros que el legislador ha establecido en la Ley General de Educación (L.115/94), que estas competencias se puedan adquirir en cinco (5) o tres (3) años de educación básica primaria.

[…]

47.- Exigir a un servidor público un requisito precario respecto de las funciones que se le encarga desarrollar, trae como consecuencia la vulneración de uno de (sic) principios esenciales sobre los que se soporta la carrera administrativa (art 125 C.N), la cual como se explicó, es la herramienta principal con la que cuenta la administración para la implementación de la función pública y de la función administrativa (art 209 C.N), con miras a hacer efectivo el cumplimiento de los fines esenciales del Estado (art 2° C.N). Este principio constitucional dispone que todo ciudadano que aspire a desempeñar cargos en la administración debe cumplir con “los méritos y calidades” (art. 125 C.N) correspondientes a las “funciones detalladas” de su empleo (art. 122 C.N), con miras a desarrollar la función administrativa “al servicio de los intereses generales” (art. 209 C.N). No de otra manera puede exigirse responsabilidad en su ejercicio, y menos pretender que los fines que mediante su desempeño se quieren satisfacer, se desarrollen a cabalidad.

48.- Por todo lo expuesto, la Corte Constitucional encuentra que la inclusión, en artículo 20 del Decreto-Ley 785 de 2005, de los agentes de tránsito dependientes de los organismos de tránsito de las entidades territoriales, en el nivel asistencial del sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales, es inconstitucional. Pues, los requisitos exigidos para ostentar el cargo de agente de tránsito, estipulados en el artículo 13 del mismo decreto y consistentes en acreditar mínimo cinco (5) de educación básica primaria en departamentos, distritos o municipios de categorías especial, primera, segunda y tercera; y, mínimo tres (3) años de educación básica primaria en distritos o municipios de categorías cuarta, quinta y sexta, resultan desproporcionados, en el sentido en que son precarios e insuficientes, en atención a las funciones que el legislador ha encargado a estos agentes y a los requerimientos que la Policía Nacional exige para los agentes de tránsito pertenecientes a esta Institución.

Inexequibilidad parcial del artículo 21 del decreto 785 de 2005

49.- Como consecuencia de lo anterior, resulta igualmente contrario a la Constitución la equivalencia de empleos, establecida entre la reclasificación de los mismos que hace el decreto 785 de 2005 demandado, y la anterior clasificación establecida en el Decreto 1569 de 1998, en lo que se refiere a la ubicación de los agentes de tránsito en el nivel asistencial.

50.- Ahora bien, tal como se ha explicado ampliamente a lo largo de esta sentencia, el hecho que los agentes de tránsito pertenezcan al nivel asistencial, implica la acreditación de requisitos determinados en el artículo 13 Decreto 785 de 2005, que no están acordes con las funciones que desarrollan los agentes de tránsito en nuestro ordenamiento jurídico. Por ello se concluyó que la ubicación de estos agentes de tránsito en el nivel asistencial es inconstitucional. Luego, se puede concluir también que la equivalencia contemplada en el artículo 21, en el mismo sentido de ubicarlos en el nivel asistencial, es también inconstitucional. […]»

Por lo tanto, al estudiar la Corte Constitucional los cargos endilgados en contra de los artículos 20 y 21 del Decreto 785 de 2005, determinó que si bien no se advertía una contravención del artículo 150 Superior, sí iba en contra de la Constitución que la norma analizada, situara el cargo de agente de tránsito en el nivel asistencial, lo cual implicaba que los requisitos para acceder a su desempeño, fueran menos rígidos a los necesarios, toda vez que solo exigía, dependiendo de la categoría del municipio, un mínimo de educación básica primaria o tres años, circunstancia que desconocía las funciones ejercidas y encomendadas a estos empleados, por tanto, ameritaban conocimientos más específicos.

Nótese, como el Tribunal Constitucional en su providencia en ningún momento indicó que el cargo de agente de tránsito debía ser catalogado en el nivel técnico, simplemente señaló que a la luz de la Carta Política era desacertado prever que los requisitos para desempeñar dicho empleo, fueran demasiado precarios para el carácter esencial de la función que el legislador les había otorgado, especialmente en las Leyes 105 de 1993 y 769 de 2002, por tal motivo, se conminó a que expidiera una normativa que atendiera los parámetros allí señalados.

Conforme a ello, la sentencia de exequibilidad reseñada, no confirió derecho alguno al demandante respecto del nivel jerárquico de su cargo, pues dicha facultad corresponde al Congreso de la República en atención a su libertad de configuración y al deber que tiene de conciliar los requisitos y funciones que se exigen para un empleo. En efecto, la Corte Constitucional en la sentencia citada señaló:

«[…] los agentes de tránsito pertenecientes a la Policía Nacional, acreditan preparación específica como tales y son bachilleres, pero no necesariamente son técnicos o tecnólogos. Y, siendo esta preparación, uno de los puntos de comparación para determinar que lo exigido a los agentes de tránsito de las entidades territoriales, resulta precaria; mal haría la Corte en ubicar a los últimos en el nivel técnico, cuando los primeros, que tienen –se insiste – preparación específica para ejercer como autoridad, no lo están necesariamente. La determinación de ello corresponde al legislador, tal como lo hizo mediante el decreto 1791 de 2001, en el caso de los requisitos para ser agente de tránsito perteneciente a los cuerpos especializados de tránsito de la Policía Nacional.

Por esto, la Corte declarará exequible el artículo 19 del Decreto-Ley, por el cargo referido a la exclusión del empleo de agente de tránsito del nivel técnico en las entidades territoriales. […]» (Subrayas fuera de texto).

No es de recibo entonces el argumento expuesto por la parte demandante en el sentido de que a partir de la expedición de esta sentencia se le debe homologar y cancelar el salario y demás prestaciones conforme al nivel técnico y no asistencial, pues es claro que ello no fue ordenado en la sentencia, solo, se reitera, se consideró que los requisitos exigidos en el Decreto 785 de 2005, respecto del empleo de agente de tránsito, eran mínimos dado que su labor no correspondía con en el nivel asistencial.

En conclusión: la sentencia C-577 de 2006 no otorgó el derecho per se al señor Wilson Augusto Ciro Idárraga a ser jerarquizado en el nivel técnico, en su condición de agente de tránsito de Rionegro, Antioquia, simplemente le dejó la función al legislador para que acorde con sus competencias profiriera la normativa correspondiente a la jerarquización de los agentes de tránsito, acorde con argumentos esbozados por el Tribunal Constitucional en la mencionada sentencia.

Segundo problema jurídico

¿El demandante en calidad de agente de tránsito código 403, grado 08, nivel asistencial, tiene derecho a percibir el salario y demás prestaciones previstas para el nivel jerárquico técnico, antes de la homologación efectuada por parte del ente territorial demandado, a través del Decreto 531 de 2011?

Al respecto la Subsección sostendrá la siguiente tesis: el demandante no tiene derecho al pago de sus salarios y demás prestaciones en el nivel técnico a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1310 de 2009, toda vez que no demostró los requisitos exigidos por la citada normativa.

Estructura orgánica de las entidades territoriales en el empleo público

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, «[…] en el Estado social de derecho la carrera administrativa constituye un principio constitucional y como tal una norma jurídica superior de aplicación inmediata, que contiene una base axiológica-jurídica de interpretación, cuyo desconocimiento vulnera la totalidad del ordenamiento constitucional. […]»

En efecto, conforme a lo previsto en el artículo 125 Superior los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Así, la carrera administrativa ha sido definida como la regla general en materia de la función pública, dado que busca asegurar el principio de mérito.

En desarrollo de este mandato constitucional, el legislador expidió inicialmente la Ley 27 de 1992, a través de la cual reguló lo atinente a la conformación de la Comisión Nacional del Servicio Civil, se reglamentó el sistema de carrera para las entidades tanto del nivel nacional como territorial, se clasificaron los empleos, se asignó a las entidades la competencia de desarrollar los procesos de selección, se desarrolló el derecho a la reincorporación e indemnización y se consagró un sistema de ingreso extraordinario para los empleados del nivel territorial, entre otros temas.

Posteriormente, se profirió la Ley 443 de 1998 con la cual se formularon reformas a la Comisión Nacional del Servicio Civil, se crearon comisiones departamentales y distritales, también se le asignaron competencias sancionatorias, se precisó la unificación de la nomenclatura para los empleos de los diferentes niveles territoriales, etc, sin embargo, fue sometida al control de constitucionalidad y la mayoría de sus disposiciones fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional al considerar que el legislador erraba en la interpretación de precisos mandatos constitucionales sobre la carrera administrativa, el servicio civil y la función pública en general.

Bajo ese entendido, el Congreso de la República profirió la Ley 909 de 2004, que reprodujo materias como las aludidas anteriormente respecto a la carrera administrativa la clasificación de los empleos públicos, la Comisión Nacional del Servicio Civil, el régimen, las funciones de dicha entidad, definió la estructura del empleo público, el ingreso y acceso a este, funciones de los sistemas específicos de carrera, regulaciones específicas para el desarrollo y aplicación de la carrera administrativa en materia de ingreso, capacitación, permanencia, ascenso y retiro del personal y se encuentran consagradas en leyes diferentes a las que regulan la función pública.

Posteriormente, se profirió el Decreto 785 de 2005 mediante el cual se señalaron los niveles jerárquicos de los empleos de las entidades territoriales -directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial-, las funciones generales correspondientes a cada nivel, los factores y estudios que se tendrán en cuenta para la determinación de los requisitos de cada empleo, así como la nomenclatura y clasificación de los empleos.

Dicha normativa en el artículo 33 preceptuó que las autoridades territoriales competentes, en un término no superior a doce (12) meses contados a partir de la vigencia del decreto-ley, procedieran a modificar las plantas de personal para adecuar los empleos a la nueva nomenclatura y clasificación y, señaló que vencido este plazo, no podrán existir en las respectivas plantas de personal cargos con denominaciones del nivel ejecutivo.

De la función de los Concejos Municipales y de los alcaldes para determinar la estructura de la Administración Municipal

Ahora bien, dado que como dilucidó el Decreto 785 de 2005, fijó entre otros, los niveles jerárquicos de los empleos de las entidades territoriales, se procederá a analizar la competencia de los Concejos Municipales para fijar la estructura de la administración de cada ente territorial y las funciones de los empleos.

En efecto, los Concejos Municipales, tienen entre otras funciones, de conformidad con el numeral 6 del artículo 313 de la Constitución Política:

«[…] 6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. […]» (Subrayas fuera de texto).

Se resalta que de conformidad con el numeral 3 del artículo 313 Superior los alcaldes previa autorización pueden ejercer funciones pro tempore precisas que le correspondan al Concejo, asimismo, al tenor del numeral 7 del artículo 315 de la normativa en cita, a dichos funcionarios, les corresponde, entre otras funciones:

«[…] ARTICULO 315. Son atribuciones del alcalde:
[…]
7. Crear, Suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado. […]».

De conformidad con la anterior disposición normativa, la facultad para determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias, se encuentra asignada constitucionalmente a los Concejos Municipales, potestad que puede ser otorgada a los burgomaestres locales de forma temporal, de igual forma, los alcaldes están facultados para crear, suprimir y fusionar empleos así como señalar sus funciones especiales.

De otra parte, los artículos 122 y 123 Superior, señalan que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento; que los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad y ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento, y, el artículo 128 Constitucional, indica que nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación del tesoro público.

Concordante con las normas constitucionales antes mencionadas, el Decreto Ley 1333 de 1986 (Código de Régimen Municipal), prevé que corresponde a los Concejos Municipales a iniciativa del alcalde, adoptar la nomenclatura y clasificación de los empleos de la alcaldía, de las Secretarías, de sus oficinas o dependencias, de las Contralorías y Personerías; y fijar las escalas de remuneración de las distintas categorías de empleos, también, puede otorgar facultades extraordinarias al alcalde para legislar sobre esta materia y, con base en ellas expedir el sistema de remuneración para los empleos municipales.

Así las cosas, se observa que el sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración de los empleos, está constitucionalmente asignada en primer término al Congreso de la República, el Gobierno determina los factores salariales y el límite máximo salarial de los empleados y, a su turno, los Concejos Municipales y las Asambleas Departamentales prevén la nomenclatura, remuneración y asignación de funciones, conforme a lo previsto por el Gobierno.

De los principios unitario y autonomía territorial

El artículo 1.° de nuestra Constitución prevé que Colombia es un Estado organizado en forma unitaria, sin embargo, también se garantiza, un ámbito de autonomía para sus entidades territoriales. En atención a dicho esquema previsto desde la Carta Superior, existe una distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales que han sido otorgadas al legislador, de acuerdo a una serie de reglas orientadas a asegurar una debida articulación entre los principios unitario y de autonomía territorial.

En efecto, respecto al principio unitario, la Corte Constitucional ha señalado que contempla una forma de organización política central «[…] la soberanía se ejerce directa y continuamente sobre todo el conglomerado social asentado sobre un mismo territorio. De esta suerte, la totalidad de los atributos y funciones del poder político emanan de un titular único, que es la persona jurídica de derecho público suprema, el Estado. […]»

Por su parte, el principio de autonomía de las entidades territoriales, tal y como lo señaló el Consejo de Estado «[…] parte de la potestad de autogobierno y gestión de sus propios asuntos. Para ello, el artículo 287 de la Carta señaló los componentes básicos de la autonomía como garantía institucional de las entidades territoriales, a saber: (i) capacidad de gobernarse por autoridades propias; (ii) potestad de ejercer las competencias que les correspondan; (iii) facultad de administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y (iv) derecho a participar en las rentas nacionales. […]»

Bajo dicho entendido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha señalado que debe existir un equilibrio entre ambos principios, el cual se construye a partir de unas definiciones constitucionales que instituyen unos límites entre uno y otro. De este modo, se ha precisado que «[…] por un lado, el principio de autonomía debe desarrollarse dentro de los límites de la Constitución y la ley, con lo cual se reconoce la posición de superioridad del Estado unitario, y por el otro, el principio unitario debe respetar un espacio esencial de autonomía cuyo límite lo constituye el ámbito en que se desarrolla esta última […].»

Ahora bien, en materia de tránsito terrestre se observa una clara tensión entre estos dos principios, pues de conformidad con el artículo 3 de la Ley 769 de 2002, el cual fue modificado por el artículo 2 de la Ley 1383 de 2010, son autoridades de tránsito: i) el ministro de Transporte, ii) los gobernadores y los alcaldes, iii) los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o distrital, iv) la policía nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, los inspectores de policía, v) los inspectores de tránsito, corregidores o quien haga sus veces en cada ente territorial, vi) la Superintendencia General de Puertos y Transporte, vii) las fuerzas militares a fin de ejecutar la labor de regulación del tránsito, en aquellas áreas donde no haya presencia de autoridad de tránsito y, viii) los agentes de tránsito y transporte.

En esta materia la Corte Constitucional ha señalado que el legislador puede adoptar medidas conducentes a armonizar el principio unitario con el de la autonomía de los entes territoriales, «[…] facultad que se justifica para articular los niveles nacional y territorial, con el fin de evitar una situación de anarquía institucional. […]».

Es por ello, que en atención al artículo 288 de la Constitución «[…] las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley. […]»

En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional al señalar:

«[…] Además, la Corporación ha precisado que “en aplicación del principio de subsidiariedad, la organización y dirección de lo relacionado con el tránsito y transporte es, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, una competencia primaria de las entidades territoriales, las cuales, con sujeción a la ley y en ejercicio de su autonomía, podrán crear las dependencias administrativas que estimen necesarias para ese efecto”

Precisamente, en atención a las funciones que se les han encomendado, las entidades territoriales tienen la posibilidad de crear organismos de tránsito, como una manifestación de la autonomía que, según fue expuesto, al tenor de los artículos 287, 300-7 y 313-6 de la Carta, les autoriza para actuar a través de órganos propios en los asuntos de orden local y regional, así como para determinar la estructura de sus administraciones, lo que le atañe a las asambleas departamentales y a los concejos distritales o municipales. […]». (Subrayas fuera de texto).

Conforme a lo trasuntado, cuando entran en conflicto los principios unitario y de autonomía administrativa, según el artículo 287 de la Constitución, les confiere a las entidades territoriales la posibilidad de gestionar sus propios intereses, para lo cual pueden, entre otros aspectos, actuar mediante órganos propios, toda vez que los artículos 300-7 y 313-6 superiores les otorgan facultad para determinar la estructura de sus respectivas administraciones y crear las dependencias que estimen necesarias para el cumplimiento de sus funciones, pero deben someterse a ciertas pautas dictadas por la legislador en una norma general.

Ahora bien, se observa que al declararse la inexequibilidad de los artículos 20 y 21 del Decreto 785 de 2005 por parte del Tribunal Constitucional, se expidió la Ley 1310 de 2009, que en su artículo 6 previó:

«[…] Artículo 6°. Jerarquía. Es la organización interna del grupo de control vial que determina el mando en forma ascendente o descendente. La jerarquía al interior de estos cuerpos para efectos de su organización, nivel jerárquico del empleo en carrera administrativa, denominación del empleo, lo mismo que para todas las obligaciones y derechos consagrados en esta ley, será lo determinado en el presente artículo.
La profesión de agente de tránsito por realizar funciones que exigen el desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología como policía judicial, pertenecerá en carrera administrativa al nivel técnico y comprenderá los siguientes grados en escala descendente:

CODIGO (sic)
DENOMINACION (sic)
NIVEL
290
Comandante de Tránsito
Profesional
338
Subcomandante de Tránsito
Técnico
339
Técnico Operativo de Tránsito
Técnico
340
Agentes de Tránsito
Técnico

Parágrafo. No todas las Entidades Territoriales tendrán necesariamente la totalidad de los Códigos y denominaciones estos serán determinados por las necesidades del servicio. […]»

Y respecto de los requisitos para el ingreso como agente de tránsito señaló:

«[…] Artículo 7°. Requisitos de creación e ingreso. Para ingresar a los cuerpos de agentes de tránsito y transporte de las entidades territoriales se requiere, además:
1. Ser colombiano con situación militar definida.
2. Poseer licencia de conducción de segunda (2ª) y cuarta (4ª) categoría como mínimo.
3. No haber sido condenado en cualquier época por sentencia judicial, pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos culposos.
4. Ser mayor de edad.
5. Cursar y aprobar el programa de capacitación (cátedra de formación e intensidad mínima establecida por la autoridad competente).
6. Poseer diploma de bachiller, certificado o constancia de su trámite.

Parágrafo. Para la creación de los cargos de agentes de tránsito y transporte de las entidades territoriales deberá evaluarse la conveniencia y oportunidad según el número de habitantes y la cantidad de vehículos que transitan en el municipio. […]»

Máximo: Al fijar el requisito específico podrá optar por el título de formación técnica profesional o tecnológica y experiencia o terminación y aprobación del pénsum académico de educación superior en formación profesional y experiencia.

13.2.4.2. Para los empleos pertenecientes a los Distritos y Municipios de categorías: Cuarta quinta y sexta:

Mínimo: Terminación y aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y curso específico, mínimo de sesenta (60) horas relacionado con las funciones del cargo.

Máximo: Al fijar el requisito específico podrá optar por título de formación tecnológica y experiencia o terminación y aprobación del pénsum académico de educación superior en formación profesional y experiencia. […]» (Subrayas fuera de texto).

De esta forma, es claro que en virtud al principio de coordinación, la entidad territorial debía adoptar las previsiones dictadas en la Ley 1310 de 2009, acorde con su facultad constitucional de reformar la estructura y como autoridad de tránsito en su municipio, en concordancia con las partidas presupuestales fijadas para el año y acorde con el plan de desarrollo, por tanto, se dio aplicación a la mencionada Ley a través del Decreto 531 del 23 de junio de 2011, expedido por el ente territorial, fecha desde la cual el demandante fue jerarquizado en el nivel técnico.

Aunado a ello, se observa que los artículos 6 y 7 de la Ley 1310 de 2009, al clasificar a los agentes de tránsito en el nivel técnico, exige que uno de los requisitos para desempeñar dicho empleo es: «Cursar y aprobar el programa de capacitación (cátedra de formación e intensidad mínima establecida por la autoridad competente)», sin embargo con el escaso material probatorio aportado por la parte demandante (pues solo aportó el formato de hoja de vida de persona natural, la certificación del cargo desempeñado y los manuales de funciones de los cargos agente de tránsito, código 403, grado 8 y agente de tránsito, código 340, grado 01), se observa que se plasmó en su hoja de vida, que el señor Wilson Augusto Ciro Idárraga, aprobó dicho curso de tránsito y transporte en diciembre de 2012, por tanto, al solicitar se le dé aplicación a la Ley 1310 de 2009, debe también cumplir los requisitos exigidos en dicha ley para ejercer el cargo y, al verificarse que el curso solo lo terminó en el mes de junio de 2012, no tiene derecho a la remuneración deprecada, consistente en el pago de las sumas de dinero correspondientes a salarios e incrementos en prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha de su ingreso al ente territorial hasta la fecha en que se realizó la respectiva reclasificación, esto es, junio 23 de 2011.

Se resalta, que la remuneración que el demandante percibe en el nivel técnico se le cancela a partir de lo señalado en el Decreto 531 del 23 de junio de 2011, proferido por el municipio de Rionegro, a través del cual se homologó el cargo por él desempeñado y demás prestaciones acorde con dicho nivel y no en el asistencial.

De igual forma, se destaca que al momento de entrar en vigencia la Ley 1310 de 2009, el señor Wilson Augusto Ciro Idárraga ni siquiera se encontraba vinculado a la administración municipal en ejercicio del cargo de agente de tránsito y, cuando ingresó (3 de agosto de 2010, folio 92 vuelto), no puede argüir que con la experiencia que tenía se podría efectuar la equivalencia de esta por los estudios requeridos, pues la jurisprudencia se ha pronunciado en sentido de que esta homologación es aceptada pero respecto a títulos adicionales al mínimo exigido para el respectivo cargo.

Sobre el tema, esta Corporación en sentencia del 24 de febrero de 2014, en la cual el tutelante pretendía que se le equiparara la experiencia con el estudio, toda vez que no aportó las certificaciones requeridas en el momento para ello, señaló:

«[…] Se tiene entonces que siempre que se certifique un título profesional adicional y/o estudio de posgrado en las modalidades de especialización, maestría y doctorado, según sea el caso, adicional a los exigidos para acceder al cargo en concurso, es posible hacer uso de las equivalencias, correspondiente a dos, tres o cuatro años de experiencia, […]».

Se vislumbra por tanto la imposibilidad de emplear las equivalencias aducidas por el demandante; toda vez que las homologaciones de experiencia por título se aplican sobre los requisitos adicionales y no sobre los mínimos exigidos para un cargo.

En consecuencia, el demandante no tiene derecho a percibir el salario y demás prestaciones previstas para el nivel jerárquico técnico antes de la homologación efectuada por parte del ente territorial demandado, a través del Decreto 531 de 2011.

En conclusión: El señor Wilson Augusto Ciro Idárraga, no tiene derecho a que le sean cancelados los salarios y prestaciones correspondientes al nivel técnico del empleo de agente de tránsito antes de la expedición del Decreto 531 de 2011 mediante el cual se niveló al demandante en el mencionado nivel.

En cuanto al argumento esbozado por el demandante en el sentido de que son múltiples los fallos del Tribunal Administrativo de Antioquia (Salas de Descongestión) y por los Juzgados Administrativos de Circuito de Medellín, se observa que dichos pronunciamientos no son vinculantes para esta Corporación como órgano de cierre, pues conforme lo ha sostenido la Corte Constitucional: «[…] la jurisprudencia de control abstracto y la de unificación en temas estrictamente constitucionales es la única vinculante para el Consejo de Estado […]».

Decisión de segunda instancia

Por las razones que anteceden la Subsección confirmará la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda, toda vez que no prosperan los argumentos del recurso de apelación.

De la condena en costas en segunda instancia

Esta Subsección en providencia con ponencia del Magistrado William Hernández Gómez sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se señaló como conclusión, lo siguiente:

El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.

Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.

La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.

La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.

Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

Por tanto, y en ese hilo argumentativo, es procedente la condena en costas a la parte demandante al resultar vencida en esta instancia, toda vez que no prosperaron los argumentos del recurso de alzada y la entidad demandada intervino en sede de apelación. Las costas tendrán que ser liquidadas por el a quo conforme lo previsto en el artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 27 de junio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, que denegó las pretensiones de la demanda promovida en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por el señor Wilson Augusto Ciro Idárraga contra la Municipio de Rionegro, Antioquia.

Segundo: Condenar en costas en la segunda instancia al señor Wilson Augusto Ciro Idárraga y a favor de la demandada, las cuales serán liquidadas por el a quo.

Tercero: Reconocer personería jurídica al abogado Gustavo Adolfo Betancur identificado con cédula de ciudadanía 71.698.713 y portador de la tarjeta profesional 130.463 del CSJ, como representante judicial principal del municipio de Rionegro, Antioquia y al abogado Camilo Pérez Colorado identificado con cédula de ciudadanía 1.036.627.109 y portador de la tarjeta profesional 261.071 del CSJ, en calidad de substituto conforme al poder conferido visible a folio 205. Se advierte que según el artículo 75 del CGP los apoderados de una misma persona no podrán actuar simultáneamente.

Cuarto: Efectuar las anotaciones correspondientes en el programa Justicia Siglo XXI y, ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Folios 82 a 84.
Hernández Gómez William, consejero de Estado, Sección Segunda. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. (2015) EJRLB.

Ramírez Jorge Octavio, consejero de Estado, Sección Cuarta. Módulo El juicio por audiencias en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. EJRLB. Hernández Gómez William, consejero de Estado, Sección Segunda. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas (2015). EJRLB.)
Folios 127 a 132 vuelto. Folios 136 a 143. Folios 207 y 208. Según la constancia secretarial visible a folio 209. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
«por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley HYPERLINK "http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861" \l "0" 909 de 2004.»
Sentencia del 25 de julio de 2006. Referencia: expediente D-6105. Magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. Sentencia C-563/00 del 17 de abril de 2000. Magistrado ponente: Fabio Morón Díaz. Referencia: expediente D-2639. Derogada por la Ley 443 de 1998, «por la cual se desarrolla el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr004.html" \l "125" 125 de la Constitución Política, se expiden normas sobre administración de personal al servicio del Estado, se otorgan unas facultades y se dictan otras disposiciones.»
«por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones.»
«Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.»
Corte Constitucional, Sentencia C-216 de 1994. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. Referencia: Expediente No. D-435. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 6 de junio de 2018. Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López. Radicación: 11001031500020080125500. Sentencia C-535/96 del 16 de octubre de 1996. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. Referencia: Expediente D-1239.
«Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones».
«Por la cual se reforma la Ley HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0769_2002.html" \l "1" 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones.». Sentencia C-837 de 2001. Magistrado ponente: Jaime Araujo Rentería. Sentencia C-931/06. Referencia: expediente D-6265. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
«ARTICULO 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 1. Gobernarse por autoridades propias. 2. Ejercer las competencias que les correspondan. 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 4.

Participar en las rentas nacionales. […]»
«Mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones.»
A pesar de que no fue allegado el mencionado acto administrativo, es un hecho aceptado tanto por el demandante (folios 1 a 4) y por la entidad demandada (folios 50 a 72), aunado a que las pretensiones en el sub iudice se encuentran encaminadas al pago de las sumas de dinero correspondientes a salarios e incrementos en prestaciones sociales dejados de percibir por el demandante, desde la fecha de su ingreso al ente territorial municipal hasta la fecha en que se realizó la reclasificación, esto es, junio 23 de 2011 (folios 4 y 5). Folios 92 a 104. Folio 92. Publicada en el Diario Oficial 47392 de junio 26 de 2009. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Consejero ponente: Luis Rafael Vergara Quintero radicación: 08001-23-33-000-2013-00350-01. Sentencia SU 068 del 21 de junio de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. Referencia: Expediente No: T- 6.334.219. Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»

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