Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-00141-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-00141-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2014-00141-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2014-00141-01 (0121-2021)
Demandante: Julio César Cardona Ríos
Demandado: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Temas: Sanción disciplinaria. Atipicidad de la conducta.
Decisión: Revocar la sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la parte
demandante contra la sentencia del 28 de septiembre de 2020, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
2. Pretensiones1. Con la demanda se solicitó la nulidad de las siguientes
decisiones: i) Resolución nro. 2012-RES-1358 del 14 de marzo de 2012, mediante
la cual se sancionó al demandante con suspensión e inhabilidad por el término de
tres meses y, ii) Resolución 2012-RES-1669 del 5 de junio de 2012, que confirmó
la anterior decisión.
3. A título de restablecimiento del derecho se exigió:
i) se condene al pago de sueldos, primas, bonificaciones, vacaciones y demás
emolumentos dejados de percibir, desde la fecha de suspensión hasta cuando
fue reincorporado, sin solución de continuidad;
ii) Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 187 y
siguientes del CPACA.
iii) Si no se efectúa el pago de forma oportuno, la entidad deberá pagar los
intereses comerciales y moratorios.
4. Asimismo, se pidió la condena en costas de la entidad accionada.
5. Hechos. Se referenciaron como tales los siguientes:
1 Folios 3-17 del expediente.
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Demandante: Julio César Cardona Ríos
6. El demandante trabaja para la entidad accionada en el cargo de oficial conductor
de operaciones y mantenimiento de gas desde el 26 de febrero de 1990, inscrito en
el escalafón como trabajador oficial por Resolución 107086 del 16 de diciembre de
1999. Al momento de la sanción devengaba un salario básico de $1.499.275.
7. Mediante Resolución 2012-RES-1358 del 14 de mayo de 2012 se le declaró
responsable de la comisión de una falta grave dolosa y se le impuso sanción de
inhabilidad y suspensión por tres meses.
8. La demandada incurrió en desviación de sus atribuciones, pues no probó el dolo,
vulneró el derecho al debido proceso del actor, no se acreditó la existencia de un
tercero afectado que hubiere elevado alguna reclamación, por lo que no hubo ilicitud
sustancial.
9. Frente a la anterior decisión interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto
mediante la Resolución 2012-RES-1669 del 5 de junio de 2012, que confirmó la
aludida sanción.
10. En la investigación disciplinaria no se probó la supuesta negativa a atender a
un cliente el 5 de febrero de 2010, ya que no se identificó al usuario, ni se aportaron
sus datos, queja, grabación u otro elemento probatorio. Además, el propio testigo
Juan Carlos Arroyabe manifestó no contar con pruebas, desconocer la fecha exacta
de los hechos y no tener personal a su cargo, lo que cuestionaría su conocimiento
y legitimidad para atribuir la conducta investigada.
11. Afirmó que no fueron practicadas ni aportadas pruebas suficientes para
sustentar los cargos, pese a la solicitud de nulidad presentada el 22 de febrero de
2012. Por ello, alegó la vulneración de los principios de imparcialidad, igualdad,
actuación procesal, concentración y valoración de la prueba, así como del debido
proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y en los artículos
128, 129 y 142 del Código Disciplinario Único.
12. El 19 de junio de 2012 le fue notificado el acto demandado, cuya sanción se
hizo efectiva entre el 20 de junio y el 20 de septiembre de ese año. Que al castigo
impuesto se le adicionó un día más, ya que la misma debió culminar el 19 de
septiembre a las 12 de la noche, pese a ello se reintegró el 21 de septiembre.
13. Fundamentos de derecho. Para la parte actora, los actos enjuiciados
infringieron las siguientes disposiciones: artículos 2, 6, 25, 29 y 125 de la
Constitución Política; artículo 9 inciso 2°, 11,14, 28, 48,128,129,130,142, 147 y 156
del Código Único Disciplinario Ley 734 de 2002; 37 del Código Civil; 121 del Código
de Procedimiento Civil; 32 de la Convención Colectiva de Trabajo. En el concepto
de violación, el abogado de la parte actora expuso lo siguiente:
14. En primer lugar, sostuvo que los actos administrativos demandados vulneraron
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las normas constitucionales y legales que protegen el trabajo, el debido proceso y
los derechos de los servidores públicos, al haber sido expedidos sin observar las
reglas que regulaban la investigación y la imposición de sanciones.
15. Indicó que la administración estaba sometida a una competencia reglada y
debía respetar tanto la Ley 734 de 2002, como las normas convencionales vigentes
entre EPM y sus trabajadores, especialmente la cláusula 32. Sin embargo, se
impuso la suspensión sin agotar previamente el procedimiento establecido, pues no
se garantizó adecuadamente el derecho de defensa, los descargos, ni el
acompañamiento sindical y tampoco se expidió un acto debidamente motivado. Lo
anterior vulneró el artículo 29 de la Constitución, al desconocerse el debido proceso.
16. En segundo lugar, alegó el incumplimiento de los términos legales para
adelantar la investigación disciplinaria. Ello, en atención a que mientras las
pesquisas se iniciaron el 21 de mayo de 2010, la prórroga de la instrucción fue
decretada el 1.º de marzo de 2011, cuando ya habían transcurrido más de seis
meses y la decisión de primera instancia solo se produjo el 14 de marzo de 2012,
esto es, 22 meses después de iniciada la investigación.
17. También cuestionó que la autoridad disciplinaria omitiera resolver
oportunamente la solicitud de nulidad formulada durante el proceso, pese a que el
artículo 147 de la Ley 734 de 2002 establecía un término de cinco días para hacerlo.
18. En tercer lugar, alegó la falta de prueba suficiente para sancionar, pues no se
identificó al supuesto cliente que habría solicitado el servicio, no existía queja formal
ni elemento que demostrara la afectación a un tercero. Por ello, consideró que la
autoridad desconoció los artículos 9, 34, 128, 129 y 142 de la Ley 734 de 2002,
relativos a la presunción de inocencia, la necesidad y carga de la prueba, la
búsqueda imparcial de la verdad y la exigencia de certeza sobre la existencia de la
falta y la responsabilidad del investigado.
19. Finalmente, adujo que los actos acusados adolecen de expedición irregular y
falsa o insuficiente motivación, dado que la administración no explicó de manera
concreta las razones de hecho y de derecho que justificaban la sanción ni las
circunstancias que permitían apartarse de los términos y procedimientos legalmente
establecidos. Al tratarse de una actuación reglada, la autoridad no podía ejercer sus
atribuciones de manera arbitraria o discrecional, sino únicamente dentro de los
límites fijados por la ley y la convención.
20. Contestación de la demanda. Oportunamente, la entidad demandada contestó
la demanda en los siguientes términos2:
2 Folios 300-315, ibidem.
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21. Señaló que los jueces constitucionales tuvieron la oportunidad de pronunciarse
sobre la observancia del debido proceso respecto del proceso disciplinario
referenciado, y en las sentencias de primera y segunda instancia se concluyó que
no hubo infracción a ese derecho fundamental.
22. En esa línea, manifestó que no se infringió el artículo 48 del Código Disciplinario
Único, ya que la falta que se imputó al demandante fue por infracción de los deberes
de cumplir y hacer cumplir sus obligaciones legales y contractuales, de cumplir sus
funciones y órdenes superiores, y el de cumplir con el deber de dedicación
contenido en los numerales 1,7, 11 y 15 del artículo 34 de la Ley 734 de 2012, y la
de incurrir en prohibición de incumplir con dichos deberes y de omitir el despacho
de los asuntos a su cargo de que tratan los numerales 1 y 7 de la Ley 734 de 2002.
Ello, en armonía con los criterios de los artículos 43 y 50 de la mentada norma.
23. Por otro lado, advirtió que no se vulneraron principios y reglas probatorias, lo
anterior, por cuanto se apreció adecuadamente la prueba para establecer la
existencia de la responsabilidad disciplinaria y se demostró el núcleo básico de la
imputación fáctica elevada al disciplinado: la existencia de un evento que atender,
la orden dada al investigado de atenderla y la negativa de este a cumplir la orden,
hechos que fueron expresamente aceptados por el demandante.
24. Indicó que se tuvieron en cuenta pruebas que, analizadas en conjunto,
evidenciaron la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, sin que se
hubiera logrado demostrar alguna hipótesis que hiciera dudar de la infracción.
25. Refirió que no es cierto que la sanción disciplinaria se haya prorrogado por un
día más. Tampoco es procedente la aplicación de la Convención Colectiva, pues el
procedimiento disciplinario se rige por normas de orden público. Tampoco acreditó
causal alguna de exclusión de responsabilidad. Finalmente, propuso las
excepciones de legalidad de los fallos disciplinarios, inexistencia de la obligación y
la genérica.
26. Sentencia de primera instancia3. Es la dictada el 20 de septiembre de 2020,
a través de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de
la demanda. Con tales propósitos, concluyó lo siguiente:
27. El 5 de febrero de 2010, al demandante se le asignó la atención de un evento
de posible fuga de gas. Que decidió no atenderlo porque estaba próximo a terminar
su jornada laboral y, además, porque el cumplirlo le generaría dificultades
económicas y de transporte. Para el a quo, esta circunstancia quedó demostrada
mediante los testimonios de los funcionarios involucrados, la documentación interna
de la empresa y, especialmente, por la propia versión libre del actor, quien reconoció
que recibió la solicitud y manifestó las razones por las cuales pidió que el servicio
3 Folios 790-809, Ib.
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fuera atendido por la cuadrilla siguiente.
28. En la sentencia se destacó que dentro de las funciones propias del cargo
desempeñado por el demandante se encontraba la atención de requerimientos
relacionados con las redes de gas y con situaciones que pudieran afectar a los
usuarios, la comunidad o el ambiente. Por ello, concluyó que el trabajador no tenía
competencia para decidir si un requerimiento debía ser aplazado o atendido
posteriormente, pues dicha valoración correspondía a los responsables de
coordinar y priorizar los servicios.
29. Frente a la alegación según la cual la investigación se sustentó en una queja
anónima y en testimonios de oídas, indicó que la actuación disciplinaria no se inició
por una denuncia anónima, sino por un informe presentado por funcionarios de la
empresa en cumplimiento de sus funciones. Además, señaló que la existencia del
requerimiento y la negativa a atenderlo no dependían exclusivamente de
declaraciones indirectas, ya que estaban respaldadas por documentos internos,
registros de la entidad y por las manifestaciones del propio disciplinado. En
consecuencia, consideró que existían pruebas suficientes y legalmente obtenidas
para establecer tanto la ocurrencia de los hechos como la responsabilidad
disciplinaria del actor.
30. Respecto de la presunta vulneración del debido proceso por indebida valoración
de las pruebas, concluyó que la autoridad disciplinaria realizó un análisis conjunto y
razonado del material probatorio, alcanzando el grado de certeza exigido por la ley
para imponer una sanción. Por esta razón, estimó que no era procedente aplicar el
principio de favorabilidad ni el principio de in dubio pro disciplinado, ya que la
responsabilidad del investigado se encontraba plenamente demostrada.
31. En cuanto al argumento relacionado con el incumplimiento de los términos
legales de la investigación disciplinaria, reconoció que la actuación se prolongó más
allá de los seis meses inicialmente previstos por la ley. Sin embargo, precisó que el
simple vencimiento de los términos no produce automáticamente la nulidad del
procedimiento, pues para ello es necesario demostrar una afectación concreta al
derecho de defensa o al debido proceso. Como en el expediente no se evidenció
ningún perjuicio real para el investigado derivado de dicha circunstancia, consideró
que la irregularidad alegada no tenía entidad suficiente para invalidar la actuación.
32. De igual manera, el tribunal desestimó el argumento relacionado con la falta de
pronunciamiento oportuno sobre una solicitud de nulidad. Señaló que la defensa no
formuló una petición de nulidad en los términos exigidos por la ley, sino que se limitó
a exponer cuestionamientos sobre la valoración de las pruebas. Además, observó
que, tanto en primera como en segunda instancia, la autoridad disciplinaria examinó
la existencia de posibles irregularidades procesales y concluyó que no se
configuraba ninguna causal de nulidad.
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33. También rechazó el planteamiento según el cual el recurso de apelación fue
resuelto por la misma autoridad que impuso la sanción. Verificó que el fallo de
primera instancia fue emitido por la Unidad de Control Disciplinario de EPM,
mientras que la segunda instancia fue decidida por el Gerente General de la entidad,
quien ostentaba la calidad de superior administrativo competente para resolver el
recurso, razón por la cual no se vulneró el principio del juez natural.
34. En relación con la sanción, el actor sostuvo que había permanecido suspendido
un día más del tiempo impuesto. No obstante, el tribunal concluyó que el cómputo
realizado por EPM se ajustó a las reglas legales sobre conteo de términos, toda vez
que la suspensión fue ejecutada desde el 20 de junio hasta el 20 de septiembre de
2012, completando exactamente los tres meses establecidos en la sanción.
35. Finalmente, frente al cuestionamiento sobre la falta de motivación de los actos
administrativos, la Sala encontró que tanto el pliego de cargos como los fallos
disciplinarios expusieron claramente los hechos investigados, las normas
presuntamente vulneradas, las pruebas recaudadas y las razones jurídicas que
sustentaban la responsabilidad del actor. Por ello concluyó que los actos estuvieron
suficientemente motivados y que la decisión disciplinaria no fue arbitraria.
36. Con fundamento en todo lo anterior, en la sentencia de primera instancia se
determinó que la investigación disciplinaria se adelantó con observancia de las
garantías legales y constitucionales, que la falta atribuida al demandante fue
debidamente acreditada y que la sanción impuesta por EPM se encontraba ajustada
a derecho. En consecuencia, negó las pretensiones de la demanda, mantuvo la
validez de los actos administrativos sancionatorios y condenó en costas a la parte
demandante.
37. Recurso de apelación4. Oportunamente, el apoderado de la parte demandante
interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, en los siguientes
términos:
38. Reiteró los argumentos expuestos en la demanda y centró su inconformidad en
la vulneración del debido proceso y del derecho de defensa, la falsa motivación de
los actos administrativos sancionatorios y la ausencia de pruebas suficientes para
imponer la sanción disciplinaria.
39. El recurrente sostuvo que la actuación disciplinaria desconoció las garantías
constitucionales del debido proceso consagradas en el artículo 29 de la Constitución
Política, las cuales son aplicables a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas. Ello, porque la administración estaba obligada a respetar
plenamente el derecho de audiencia, contradicción y defensa y permitir al
investigado conocer oportunamente los cargos, presentar descargos, solicitar
4 Folios 814-815, Ib.
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pruebas y controvertir las allegadas al proceso, garantías que deben estar presentes
desde el inicio de la actuación y no únicamente mediante la posibilidad de interponer
recursos contra la decisión sancionatoria, pues ello implicaría una defensa limitada
e insuficiente.
40. Asimismo, afirmó que el tribunal desestimó erróneamente los cuestionamientos
relacionados con el incumplimiento de los procedimientos previstos tanto en la ley
como en la Convención Colectiva vigente entre EPM y sus trabajadores. En su
criterio, cualquier transgresión de las normas que protegen los derechos procesales
del investigado debe generar la nulidad de la actuación administrativa y de la
decisión que de ella se derive.
41. En relación con la falsa motivación de los actos acusados, manifestó que la
administración atribuyó a su representado una conducta que nunca fue demostrada.
Señaló que las resoluciones sancionatorias concluyeron que existió una falta
disciplinaria grave cometida con dolo, basada en la supuesta negativa a cumplir un
requerimiento de servicio, pese a que nunca se acreditó plenamente la existencia
de la orden presuntamente desatendida, ni se aportó al expediente la prueba
principal que permitiría corroborar los hechos, esto es, el requerimiento nro. 20351
del 5 de febrero de 2010.
42. Durante la investigación disciplinaria varios funcionarios solicitaron formalmente
la incorporación de dicho requerimiento al expediente, sin que este fuera aportado.
A pesar de ello, la investigación continuó y se practicaron pruebas testimoniales sin
contar con el documento que constituía el soporte esencial de la imputación. Por lo
que la ausencia de esa prueba desvirtúa la legalidad de la actuación y evidencia
una deficiencia probatoria insuperable.
43. También cuestionó el valor otorgado a los testimonios recaudados. Afirmó que
algunos de los declarantes manifestaron no tener conocimiento directo de los
hechos, mientras que otros no pudieron precisar aspectos básicos como la fecha
exacta o las circunstancias concretas de lo ocurrido. En consecuencia, las
conclusiones disciplinarias se edificaron sobre versiones indirectas o insuficientes,
sin respaldo probatorio serio y objetivo.
44. Insistió en que la carga de la prueba correspondía a la administración y que era
esta quien debía demostrar plenamente los hechos constitutivos de la falta
disciplinaria. Pero contrario a ello, la entidad sancionó al investigado sin contar con
pruebas directas, suficientes y legalmente recaudadas, vulnerando los principios de
presunción de inocencia, legalidad y responsabilidad.
45. Trámite correspondiente a la segunda instancia.
46. La admisión del recurso. Mediante auto del 18 de febrero de 2021 se admitió
el recurso de apelación. Posteriormente, en auto del 28 de mayo de 2021 se corrió
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traslado a las partes para que presentaran alegatos. Dentro de la oportunidad de
ley, la parte demandada reiteró lo expresado en la contestación de la demanda y en
los alegatos de conclusión de primera instancia y, por tanto, solicitó confirmar la
sentencia recurrida.
47. El demandante sostuvo que la sanción disciplinaria fue impuesta sin pruebas
suficientes, pues EPM no aportó al expediente el requerimiento nro. 20351 del 5 de
febrero de 2010, documento que consideró fundamental para demostrar los hechos
investigados. También afirmó que no se practicaron pruebas adicionales para
verificar la supuesta afectación del servicio, ni se identificó a la persona
presuntamente perjudicada. Por ello, insistió en que se vulneró el debido proceso y
que la entidad incumplió su carga de probar la falta y la responsabilidad del
investigado, por lo que solicitó revocar la sentencia de primera instancia.
48. Por su parte, el Agente del Ministerio Público Delegado ante esta corporación
emitió concepto en el que indicó que la actuación disciplinaria se adelantó
debidamente, por lo que solicitó confirmar la sentencia impugnada.
49. Control de legalidad5. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverán las apelaciones, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
50. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta Sala de
Subsección es competente para resolver el recurso de apelación de la referencia.
51. Problema jurídico. Atendiendo los argumentos planteados en el recurso de
apelación, la Sala resolverá si ¿la entidad demandada demostró que el demandante
se negó injustificadamente a atender el requerimiento de servicio que motivó la
investigación disciplinaria o, por el contrario, es evidente la ausencia del
requerimiento nro. 20351 y de otras pruebas esenciales y, por ende, se configura
una vulneración del debido proceso que conduce a anular la sanción impuesta?
52. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.
53. La tipicidad como elemento de la responsabilidad disciplinaria.
54. Conforme al artículo 16 de la Ley 734 de 2002, el derecho disciplinario cumple
una doble función: preventiva y correctiva. En esa medida, no solo busca evitar
comportamientos contrarios al orden jurídico, sino también corregir aquellos que
5 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
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afectan la buena marcha de la administración y comprometen la efectividad de los
fines estatales y de los principios que orientan la función pública6.
55. Para alcanzar esos fines, el artículo 23 ibidem concibió la falta disciplinaria como
la incursión en cualquiera de las conductas previstas en ese código que conlleve el
incumplimiento de los deberes, la extralimitación en el ejercicio de los derechos o
las funciones, el desconocimiento del régimen de prohibiciones o la vulneración del
sistema de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y/o de los conflictos de
intereses, siempre que no medie una causal de exclusión de responsabilidad.
56. A esta exigencia previa, derivada del debido proceso y del principio de legalidad,
se le denomina «tipicidad»7, la cual demanda que el legislador describa de manera
completa, clara e inequívoca los comportamientos sancionables, de modo que se
les permita a sus destinatarios conocer con anterioridad las acciones y omisiones
prohibidas y, además, las sanciones que amerita su realización. En sentencia C-
030 de 20128, la Corte Constitucional expresó:
«[…] En relación con este principio, la jurisprudencia constitucional ha precisado que
hace parte esencial del principio ‘nullum crimen, nulla poena sine lege’, de manera
que se exige que “la abstracta descripción que tipifica el legislador con su
correspondiente sanción, debe ser de tal claridad que permita que su destinatario
conozca exactamente la conducta punitiva; en principio se debe evitar pues la
indeterminación para no caer en una decisión subjetiva y arbitraria”. Así mismo, ha
expresado que con base en este principio “el legislador no solo está obligado a
describir las conductas que califica como hechos punibles o infracciones
disciplinarias, sino además a hacerlo de forma completa, clara e inequívoca, de
manera que permita a sus destinatarios tener certidumbre o certeza sobre los
comportamientos ilícitos, es decir, de saber con exactitud hasta dónde llega la
protección jurídica de sus propios actos o actuaciones […]».
57. En consecuencia, este elemento, además de exigir del legislador su
determinación completa, clara y concreta, también requiere del operador
disciplinario un juicio lógico – jurídico riguroso, en orden a precisar si la conducta
investigada se subsume íntegramente en la descripción legal concebida como falta.
58. Ahora bien, a diferencia de lo que sucede en el derecho penal, en el que las
conductas delictivas están taxativamente fijadas por el legislador, en el derecho
disciplinario ha sido imposible catalogar todos los comportamientos constitutivos de
falta. Por tanto, se ha autorizado y validado el uso de tipos abiertos y/o en blanco,
6 En sentencia C-030 de 2012, la Corte Constitucional expresó «En cuanto al objetivo del derecho disciplinario,
la jurisprudencia constitucional ha destacado que es el de controlar y vigilar el buen desempeño de los
servidores públicos en el ejercicio de la función pública, a través de la regulación de su comportamiento en lo
referente al ejercicio de su cargo o función, “…fijando los deberes y obligaciones de quienes lo integran,
limitando el alcance de sus derechos y funciones, consagrando prohibiciones y previendo un estricto
régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, que al ser
desconocidos, involucran, si es del caso, la existencia de una falta disciplinaria, de sus correspondientes
sanciones y de los procedimientos constituidos para aplicarlas”» (Resalta la Sala)
7 En el artículo 4 del CDU se establece «[e]l servidor público y el particular en los casos previstos en este código
sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta
en la ley vigente al momento de su realización.»
8 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
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en orden a garantizar la precisión típica frente al proceder del servidor público,
mediante la remisión a un conjunto sistemático de normas que regulan la función
pública y, además, establecen los deberes y prohibiciones que deben ser
respetados durante su ejercicio, so pena de las sanciones dimanadas de su
incumplimiento.
59. Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la providencia que se viene
citando, expresó:
«[…] 5.5 En relación con la primera de las diferencias mencionadas, esta
Corporación ha admitido la validez, desde el punto de vista constitucional, de que
las normas que fijen deberes o faltas disciplinarias constituyan “tipos abiertos” o
“conceptos jurídicos indeterminados”.
(i) El concepto jurídico de “tipos abiertos” hace referencia a “aquellas infracciones
disciplinarias que ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado
detallado de comportamientos que se subsumen en las mismas, remiten a un
complemento normativo, integrado por todas las disposiciones en las que se
consagren deberes, mandatos y prohibiciones que resulten aplicables a los
servidores públicos. Así, la tipicidad en las infracciones disciplinarias se determina
por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la orden o la
prohibición y aquella otra que de manera genérica prescribe que el incumplimiento
de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción disciplinaria”9».
60. En consecuencia, el concepto jurídico de tipos abiertos en materia disciplinaria
hace referencia a una regulación genérica con una textura normativa abierta que,
por tanto, amerita un complemento legal para su interpretación y aplicación y, en
consecuencia, remite para su determinación en concreto a aquellas disposiciones
que consagran los deberes, las obligaciones, los mandatos y/o las prohibiciones
para los diferentes servidores públicos.
61. Por su parte, frente a los llamados «tipos en blanco», ha considerado la Corte
que se ajustan al principio de tipicidad y son admisibles constitucionalmente, en los
casos en que el correspondiente reenvío normativo permita al operador jurídico
establecer y determinar inequívocamente el alcance de la conducta reprochable y
de la sanción correspondiente. Así, en principio, es válido el establecimiento de tipos
disciplinarios que ostentan un grado de determinación menor que los tipos penales,
sin que ello signifique que la imprecisión en la descripción de la conducta
sancionable conduzca a la violación del principio de tipicidad10.
62. Así mismo, ha sostenido la jurisprudencia de esa Corte que las razones
constitucionales que justifican la validez de los tipos en blanco o abiertos en el
derecho disciplinario, se encuentran en la necesidad de salvaguardar el principio de
eficiencia de la función pública, consagrado en el artículo 209 Superior. En este
sentido, esa corporación ha reconocido que:
9 Sentencias C-404 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y; C-818 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
10 Ver sentencia C-796 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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«[…] se justifica este menor requerimiento de precisión en la definición del tipo
disciplinario por el hecho que de asumir una posición estricta frente a la aplicación
del principio de tipicidad en este campo llevaría simplemente a transcribir, dentro de
la descripción del tipo disciplinario, las normas que consagran los deberes,
mandatos y prohibiciones aplicables a los servidores públicos”,20 y que “exigir una
descripción detallada en la ley disciplinaria de todos los comportamientos
susceptibles de sanción, conduciría en la práctica a tener que transcribir todo el
catálogo de deberes, mandatos y prohibiciones que se imponen a los servidores
públicos en las distintas normas jurídicas, traduciéndose dicha exigencia en un
obstáculo para la realización coherente, ordenada y sistemática de la función
disciplinaria y de las finalidades que mediante ella se pretenden, cuales son, “la
prevención y buena marcha de la gestión pública, así como la garantía del
cumplimiento de los fines y funciones del Estado” […]11».
63. Todo lo anterior exige por parte del operador disciplinario el despliegue de un
juicio de adecuación típica enmarcado dentro del principio de razonabilidad, en el
que se empleen criterios lógico-jurídicos que le permitan determinar con claridad y
certeza y a partir de las remisiones normativas pertinentes, la existencia de la falta
censurada.
64. El derecho constitucional al debido proceso.
65. El artículo 29 superior establece que «[e]l debido proceso se aplicará a toda
clase de actuaciones judiciales y administrativas»; dentro de estas últimas se
encuentran las actuaciones sancionatorias, en tanto es expresión de esa naturaleza.
66. Así entonces, el aludido principio constitucional demanda la preexistencia de un
conjunto de etapas y garantías para la protección de los derechos y la aplicación
concreta y correcta de la justicia, en todas aquellas en las que se adjudiquen
derechos y/o se impongan obligaciones y sanciones, de modo tal que el ciudadano
no se vea sorprendido por la autoridad que dirige ese procedimiento y/o por los
demás intervinientes en el mismo. Sobre el particular, esta Subsección, en
sentencia del 11 de junio de 202012, concluyó:
«4.1.1.1 Debido proceso disciplinario - aplicación de la garantía fundamental a
la presunción de inocencia
El debido proceso es un derecho de rango superior que busca la protección de las
garantías que instituye el ordenamiento jurídico a favor de quienes se ven llamados
a hacer parte de una actuación judicial o administrativa. En efecto, el proceso
disciplinario es un trámite de naturaleza administrativa, por lo que las partes que en
él intervienen se encuentran provistas de tales amparos a lo largo de todas sus
etapas.
Al respecto, es pertinente señalar que el derecho al debido proceso goza de una
naturaleza dual, la cual se manifiesta en una perspectiva formal y otra, material. La
primera se refiere a las ritualidades legalmente establecidas, como son las etapas
que deben surtirse, los términos que han de cumplirse, las oportunidades de
11 Sentencia C-948 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis y sentencia C-818 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil,
reiterado en la sentencia C-762 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
12 Expediente nro. 2838-2019, C.P. William Hernández Gómez.
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actuación procesal, entre otras. Por otro lado, su dimensión material alude a las
garantías sustanciales en las que se proyectan esas formalidades, entre las cuales
pueden destacarse el principio de publicidad, la doble instancia, la presunción de
inocencia, la imparcialidad, el non bis in idem y el derecho a contradecir las pruebas,
entre muchas otras».
67. Bajo este contexto normativo y jurisprudencial, corresponde analizar los
argumentos planteados en el recurso de apelación.
68. El caso concreto – la resolución del interrogante único ¿la entidad
demandada demostró que el demandante se negó injustificadamente a atender el
requerimiento de servicio que motivó la investigación disciplinaria o, por el contrario,
es evidente la ausencia del requerimiento nro. 20351 y de otras pruebas esenciales
y, por ende, se configura una vulneración del debido proceso que conduce a anular
la sanción impuesta?
69. El apelante argumentó que EPM no demostró adecuadamente la ocurrencia de
la falta atribuida, pues nunca aportó al expediente el requerimiento nro. 20351 del 5
de febrero de 2010, documento que consideró esencial para acreditar los hechos
investigados. Asimismo, señaló que los testimonios recaudados no ofrecían
conocimiento directo y suficiente sobre tales supuestos, por lo que la entidad
incumplió con la carga de probar la falta y la responsabilidad del investigado. En
consecuencia, afirmó que la sanción carecía de soporte probatorio suficiente.
70. Para resolver los reparos planteados, la Sala analizará el acervo probatorio
obrante en el expediente.
71. A través de memorando 41335 del 9 de febrero de 201013, la Subgerencia
Operación Redes Gas puso en conocimiento de la Unidad de Control Disciplinario
de la demandada la siguiente situación, con el fin de que se determinara si las
acciones descritas constituían una falta y si debía iniciarse proceso disciplinario a
los trabajadores, en el mentado memorando se describió:
«De acuerdo con las versiones del coordinador del Equipo Operación de esta
Subgerencia ingeniero Jorge Mario Villegas Echeverri y del Técnico Operación Gas
Juan Carlos Arroyave Restrepo, responsable de la distribución de los requerimientos
de los clientes en la noche del 5 de febrero los funcionarios Julio Cesar Cardona
Ríos y Gustavo Adolfo González Cardona se negaron a atender un requerimiento
de un cliente aduciendo que estaban próximos a salir de su turno de trabajo.
Los hechos son los siguientes:
El viernes 05 de febrero de 2010 a las 20:14 horas, el funcionario Juan Carlos
Arrollave Restrepo le asignó a la cuadrilla conformada por los funcionarios Julio
Cesar Cardona Ríos y Gustavo Adolfo González Cardona la atención de un
requerimiento en la CR 48 No. 17B Sur -62 int. 906, del municipio de Medellín, los
13 Folios 71-73 del expediente.
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funcionarios mencionados se hicieron presentes en el sitio a las 20:38 horas y
culminaron la atención del requerimiento a las 21:10 horas.
Una vez informaron la finalización de la atención, a las 21:12 horas, el señor
Arroyave Restrepo les asignó un nuevo reporte -requerimiento 20351- por “olor a
gas en red interna” en la Carrera 47 No. 1-113, dirección que queda en la ruta de
regreso hacia el COM gas, sede de trabajo de los funcionarios. Los funcionarios,
aduciendo su salida a las 22 horas, se negaron a atender el requerimiento.
Los funcionarios Cardona y González tenían asignado el horario de 14 a 22 horas y
a la hora de los hechos era la única cuadrilla disponible para atender el
requerimiento del cliente […]».
72. Con el documento citado, la demandada decidió ordenar apertura de
investigación disciplinaria contra el demandante en auto del 21 de mayo de 2010, el
cual culminó con el acto administrativo sancionatorio cuya validez hoy se demanda.
73. Dentro del trámite disciplinario se surtieron varias actuaciones, una de ellas fue
la solicitud de prueba documental que se realizó desde la unidad de control
disciplinario, dirigida a la subgerencia de operaciones GAS, Juan Carlos Gómez
Calle y Jorge Mario Villegas Echeverri, mediante correo electrónico del 6 de julio de
201014, en la que se solicitó: «[…] Remitir copia del requerimiento nro. 20351,
asignado a los funcionarios JULIO CESAR CARDONA RIOS y GUSTAVO ADOLFO
GONZALEZ CARDONA, el día 05 de febrero de 2010 […]».
74. Requerimiento que fue reiterado mediante correo electrónico del 15 de julio de
201015.
75. También se recibió la declaración juramentada del señor JUAN CARLOS
GOMEZ CALLE, quien manifestó16: «[…] PREGUNTADO: Manifieste al Despacho
si se ratifica en la queja por usted interpuesta ante este Despacho, en escrito del
día nueve (09) de febrero de la presente anualidad, en el que informa posibles
irregularidades de parte de los citados funcionarios, por los hechos que acaba de
mencionar son motivo de investigación? Diga además en que fundamenta su queja?
CONTESTO: Si me ratifico y la fundamento en la información que aportaron Juan
Carlos Arroyave, técnico operación gas que para esa fecha y hora tenia a cargo la
distribución de los requerimientos; y Jorge Mario Villegas Echeverri que es el
coordinador del equipo operación de la Subgerencia Operación Gas. Ellos fueron
quienes me informaron los hechos. PREGUNTADO: Diga al Despacho cual es el
procedimiento establecido para asignar la atención de requerimientos, una vez son
solicitados por los usuarios? CONTESTO: Entran al sistema de EPM a través de la
línea 444115, se ingresan al sistema y los captura un auxiliar GO y el los distribuye
de acuerdo a las cuadrillas de atención, según el tipo de evento y de la situación
que se esté presentando. […] PREGUNTADO: Indique al Despacho porque medio
14
Folio 90, ibidem.
15
Folio 92, Ib.
16
Folio 99-105, Ib.
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recibieron los funcionarios la orden que presuntamente no acataron? CONTESTO:
Diría que por radio porque es el protocolo de comunicación que se usa, pero no
estoy completamente seguro, simplemente el reporte del auxiliar GO es que se lo
reportaron y manifestaron que de pronto se pasaban de las 22:00 que era la hora
de finalización teóricamente del turno […]». (Subrayas de la Sala).
76. También declaró JORGE MARIO VILLEGAS ECHEVERRI17, quien indicó:
PREGUNTADO: Sírvase informar al despacho si tiene conocimiento del por qué fue
citado a esta diligencia? CONTESTO: Si. por un proceso que se le está haciendo a
Julio y a Gustavo por una solicitud de atención de un requerimiento de una
instalación, parece ser que no la acataron. El funcionario que está al frente de la
entrega de esos requerimientos manifestó la no posibilidad de que ellos atendieran
ese requerimiento, aducían el tiempo de salida de turno, creo que eso fue el 05 de
febrero de este año. Al presentarse esta situación se tuvo que asignar a otra
cuadrilla. […] PREGUNTADO: Cuéntele al Despacho porque conoció de la situación
que acaba de mencionar? CONTESTO: Me informó el funcionario Juan Carlos
Arroyave, que es el GO y yo soy el coordinador del equipo. […] PREGUNTADO:
Indique al Despacho, según sea de su conocimiento, a que distancia se encontraban
la dirección del último requerimiento atendido por los citados, funcionarios y la nueva
dirección asignada? CONTESTO: Aproximadamente uno o dos kilómetros. La
última atención fue por Aguacatala y esta era por Patio Bonito. […]». (Subrayas de
la Sala).
77. Declaración de JUAN CARLOS ARROYAVE RESTREPO18, quien mencionó:
PREGUNTADO: Sírvase informar al despacho si tiene conocimiento del por qué fue
citado a esta diligencia? CONTESTO: Si, el 05 de febrero o de enero de este año,
no tengo exacta la fecha, le hice un reporte de un evento 1500 a la cuadrilla que
tenía el turno de las catorce a las veintidós, ellos habían terminado un reporte de
las mismas características en el sector de Frontera o Aguacatala, no tengo la
dirección exacta, ese reporte cuando se los dicté, eran las veintiuno y diez más o
menos, el reporte que les dicté cuando habían terminado el de la Aguacatala era en
la uno como con la 48, sector el Poblado por la clínica las vegas, es relativamente
cerca teniendo en cuenta que es el mismo sector y siendo las nueve el transporte
ya ha mermado mucho y estaban en vía al COM. Una vez les dicté el requerimiento,
el compañero Julio me manifestó que no asistían al sitio porque ya era casi la hora
de salida, de acuerdo a las instrucciones dadas por el coordinador, todo tipo de
estos casos debemos manifestárselos a él vía correo y así se hizo. El reporte quedó
en base para hacerlo la cuadrilla siguiente, después de las diez de la noche yo
entrego el turno. […] PREGUNTADO: Manifieste al Despacho en que grado de
prioridad se encontraba el requerimiento que supuestamente se negaron a atender
los citados funcionarios y bajo qué criterios se gradúa el mismo? CONTESTO: La
prioridad de un 1500 según las instrucciones, se debe atender dentro de las dos
horas siguientes, sin embargo mediante llamadas al cliente o la información pasada
17
Folio 106-111, Ib.
18
Folios 112-115, ib.
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por el 115, yo o el que este de GO debe priorizar la atención de cualquiera de los
reportes que se tenga en base, que puede ser zonificación, o situaciones muy
técnicas del reporte. Inicialmente si es un espacio confinado debemos darle
prioridad para evitar concentración de gas y minimizar riesgos del mismo y si en la
base miramos que tenemos tipos de reportes más o menos parecidos o sea que
tengan características muy similares, se prioriza por la zona o ruta que tenga la
cuadrilla. PREGUNTADO: Cuéntele al Despacho si estando el requerimiento en
dicho grado, era necesario atenderlo de inmediato? CONTESTO: El requerimiento
era en un espacio confinado, podía haber concentración de gas por estar dentro del
edificio y eso fue lo que motivó reportarlo y fuera de eso que estaba en la zona
donde se encontraba la cuadrilla. […] PREGUNTADO: Indique al despacho si
conoce que tiempo tardó en emitirse nuevamente el requerimiento a otra cuadrilla y
que tiempo tardó esta en atenderlo? CONTESTO: No sé porque mientras yo estuve
ahí no se atendió, esa era la única cuadrilla que tenía en el momento, no he mirado
si se atendió esa noche o al otro día, no he mirado esas circunstancias. […]
PREGUNTADO: Tiene usted algún medio de prueba para demostrar la supuesta
negativa? CONTESTO: Si se trata de grabación no, porque por el radio
técnicamente no se puede grabar, lo único fue que el reporte no se hizo al menos
en el turno mío. […]» (Subrayas de la Sala).
78. Conforme a las pruebas aportadas y a lo dicho hasta ahora, se tiene que el
hecho que generó la apertura de la investigación al demandante y posterior sanción
fue no haber atendido un requerimiento de un servicio que además fue asignado a
su cuadrilla por la persona encargada de distribuir dichas labores, esto es, el señor
JUAN CARLOS ARROYAVE RESTREPO. Este requerimiento fue reportado en el
sistema como -requerimiento 20351- del 5 de febrero de 2010.
79. El demandante siempre alegó que entidad no logró probar la existencia de dicho
servicio y que dio apertura a la investigación únicamente con el reporte que realizó
el señor JUAN CARLOS ARROYAVE RESTREPO, sin que se haya aportado el
requerimiento 20351, pese a que fue solicitado dentro del proceso disciplinario; aun
así, no se incorporó y la investigación continuó su curso y finalizó sin dicha prueba.
80. Frente a ello, el a quo se pronunció en la sentencia de primera instancia de la
siguiente manera: «[…] Adicionalmente, señaló la parte actora que no se allegó al
proceso disciplinario el requerimiento No. 20351. Al respecto, observa la Sala que
con los antecedentes administrativos se acompañó el Cd obrante a folio 407, cuyo
archivo contiene los eventos atendidos durante el año 2010, en el que se señala
que el requerimiento No. 20351, por el evento 1500 (olor a gas), fue atendido el día
06 febrero de 2010. Todo lo anterior, permite establecer a la Sala, que la decisión
se fundó en las pruebas válidamente allegadas al proceso y una vez valoradas en
su conjunto, permiten concluir en grado de certeza, como lo exige la norma
disciplinaria, la ocurrencia de los hechos y la responsabilidad del actor, que dieron
lugar a la sanción disciplinaria, cargo imputado de violación al debido proceso por
indebida valoración de la prueba, no se encuentra llamado a prosperar. […]».
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81. Verificado lo anterior, a folio 406 se aportó CD que contiene las solicitudes del
año 2010 desde el 31 de enero de esa anualidad, en dicho cuadro se relacionan
datos como: solicitud, orden de trabajo, fecha de creación, fecha de asignación,
fecha llegada, fecha control, fecha terminación, tiempo de llegada, tiempo de
control, tiempo de reparación, mes, día, día de la semana, hora, municipio,
descripción código ingreso, usuario que ingresa reporte, GO, entre otros.
82. Analizado el contenido del CD se coteja la siguiente información:
• Sí existe una solicitud 20351, la misma se encuentra en el archivo dentro del
CD correspondiente a una tabla de Excel, reporte que está en la fila 1124.
• Fecha de creación 6/02/2010. Fecha de asignación 6/02/2010. Fecha de
llegada 6/02/2010. Fecha de control 6/02/2010. Fecha de terminación
6/02/2010.
• Hora 8. Municipio La Ceja. Ingreso de código 1500.
83. Con la anterior información, se concluye que, el requerimiento 20351 que
aparece en el sistema no corresponde al evento investigado, y posteriormente
sancionado, ya que este se creó el 6 de febrero de 2010, y no el día de los hechos
que se le imputaron al actor, esto es, el 5 de febrero de esa anualidad; a su vez,
tanto en el memorando de reporte como en las declaraciones de quienes generaron
el mismo, se indicó que dicho reporte se había dado en el municipio de Medellín,
sector del Poblado, cerca de donde el demandante se encontraba atendiendo otro
servicio, información que tampoco es coincidente, porque el reporte real se generó
en el municipio de La Ceja. Además, analizado dicho cuadro, no se registraron
reportes de eventos 1500 en el municipio de Medellín entre las 20 horas y las 20:14
horas.
84. Por lo dicho, es preciso resaltar que el soporte probatorio de la conducta
investigada resultó es inexistente. Lo anterior, por cuanto de las declaraciones
recepcionadas al interior del proceso disciplinario solo Juan Carlos Arroyave
Restrepo tuvo conocimiento directo de la negativa del demandante a atender el
requerimiento asignado. Los demás declarantes basaron sus dichos en la
información brindada por dicho servidor. Entonces, la actuación disciplinaria se
fundó en una única versión de los hechos, sin que existiera prueba documental o de
otra índole que permitiera corroborar las circunstancias de tiempo, modo y lugar
descritas en el memorando que dio origen a la actuación, ya que no encontró
corroboración en el sistema institucional, pese a tratarse de un evento que debía
quedar registrado.
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85. También es importante advertir que la unidad de control disciplinario consideró
importante la incorporación del requerimiento nro. 20351, tanto así, que los solicitó
en dos oportunidades, lo que revela que este era importante para corroborar los
hechos que se imputaban al actor. Sin embargo, la actuación continuó y culminó
con la imposición de la sanción, sin que se verificara la correspondencia entre el
requerimiento y el hecho investigado.
86. Ahora, como ya se indicó en párrafos anteriores, si bien existe un registro con
nro. 20351, sus características no coinciden con las descritas en la queja que dio
origen al proceso disciplinario, pues presentó datos que resultan incompatibles con
la narrativa fáctica que sustentó la acusación, entre ellos: la fecha, hora, municipio,
lo que evidencia que corresponde a otro evento.
87. Por lo expuesto, la Sala concluye que el hecho que sirvió de fundamento para
la expedición de los actos sancionatorios no encuentra respaldo suficiente en el
material probatorio allegado al proceso. Si bien está acreditado que el señor
Cardona recibió la llamada que dio origen a los hechos investigados —pues así lo
afirmó en la versión libre—, no se demostró la existencia de la contingencia cuya
atención se le reprochó haber rechazado. En efecto, de la revisión de los registros
correspondientes al 5 de febrero, dentro de la franja horaria pertinente, no se
advierte la ocurrencia de ningún evento compatible con el investigado. Pese a ello,
la entidad demandada, lejos de despejar las inconsistencias existentes, avaló una
contradicción respecto de las circunstancias del suceso y edificó su decisión sobre
una reconstrucción fáctica que no logró acreditar con el grado de certeza exigible
para el ejercicio de la potestad sancionatoria. En consecuencia, subsiste una duda
insuperable sobre la materialidad de los hechos atribuidos al demandante, lo que
impide tener por demostrada la conducta que sirvió de sustento a la sanción
impuesta.
88. Bajo esas condiciones se configuró el vicio de la falsa motivación y
correlativamente la vulneración al debido proceso y a la presunción de inocencia del
demandante, lo que conduce a declarar la nulidad de los actos administrativos
demandados.
89. Por las razones expuestas, se revocará la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, se declarará la nulidad de los actos administrativos demandados y se
condenará a la entidad accionada pagar al actor los salarios y prestaciones sociales
causados durante el tiempo que se ejecutó la sanción de suspensión que le fue
impuesta, debidamente actualizadas conforme a la variación del Índice de Precios
al Consumidor (IPC).
90. Para efectos de la actualización monetaria se aplicará la fórmula:
R = Rh. índice final
índice inicial
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91. Donde R corresponde al valor actualizado; Rh, al valor histórico de los salarios
y demás prestaciones; el índice final corresponde al IPC certificado por el DANE
vigente para el mes en que quedé ejecutoriada la presente providencia; y el índice
inicial, al IPC vigente para el momento en que cada suma se hizo exigible.
92. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA., efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
93. La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos en los que no se ventila un interés público, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA., se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia deberá imponer
costas sobre la parte vencida en el proceso, y su liquidación y ejecución se regirá
por las normas del CGP.19
94. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP. teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
95. En consecuencia, se condenará en costas en ambas instancias a la parte
demandada, por cuanto fue quien resultó vencida dentro del proceso. Para el efecto,
de conformidad con el artículo 366 del CGP., las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 28 de septiembre de 2020, mediante la cual
el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución nro. 2012-RES-1358 del
14 de marzo de 2012, mediante el cual se sancionó al demandante con suspensión
e inhabilidad por el término de tres meses; y la Resolución 2012-RES-1669 del 5 de
19 La redacción original de la norma se refiere al Código de Procedimiento Civil, sin embargo, en la actualidad
corresponde al Código General del Proceso.
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junio de 2012, que confirmó la anterior decisión, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO. A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la entidad
accionada pagar al señor Julio César Cardona Ríos los salarios y prestaciones
sociales causados durante el tiempo en que se ejecutó la sanción impuesta en los
anteriores actos administrativos.
CUARTO. ORDENAR a la demandada que, dentro de los términos legales previstos
para el cumplimiento de la presente sentencia, liquide y pague a favor del
demandante las sumas a que haya lugar, actualizadas conforme a la variación del
Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE y de acuerdo con la fórmula
señalada en la parte motiva.
QUINTO. DAR cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en los
artículos 192 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
SEXTO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandada. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.
SEPTIMO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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