Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-00144-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-00144-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2014-00144-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
3 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., tres (3) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001 23 33 000 2014 00144 01 (4126-2019)
Demandante: Ruth Duque Vásquez
Demandado: Municipio de Medellín
Temas: Nivelación salarial por homologación de cargos al de profesional
especializado en la planta del municipio de Medellín, derecho a la
igualdad
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
_____________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia proferida el 22 de mayo de 2019, por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Oralidad, por medio de la cual se denegaron las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Ruth Duque Vásquez, mediante apoderado,
formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las siguientes
Resoluciones: i) 7507 del 6 de mayo de 2013, ii) 8425 del 13 de junio de 2013; y iii)
1124 del 21 de junio de 2013, mediante las cuales la entidad negó la nivelación de su
salario respecto de aquel percibido por la señora Martha Helena Santamaría Durán.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001 23 33 000 2014 00144 01 (4126-2019)
Demandante: Ruth Duque Vásquez
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
i) ordenar la nivelación salarial desde el 31 de agosto de 2006, así como el reajuste
de los demás factores salariales, prestaciones sociales legales; ii) indexar los valores
reconocidos; iii) condenar al pago de costas e intereses de mora; y iv) dar
cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:
i) La señora Ruth Duque Vásquez labora para el municipio de Medellín en el cargo de
coordinadora jurídica de la División Jurídica de la Secretaría General, desde el 26 de
noviembre de 2002, al ser trasladada de la Personería de Medellín. En este nuevo
empleo conservó los derechos de carrera administrativa adquiridos desde el año
1996.
ii) Mediante el Decreto 645 de 2006, el cargo de coordinador jurídico fue homologado
al de profesional especializado y la División Jurídica se denominó Subsecretaría
Jurídica.
iii) A través del Decreto 2061 del 31 de agosto de 2006, la señora Martha Helena
Santamaría Durán fue trasladada del cargo denominado líder del programa, de la
Subsecretaría Tesorería de Rentas de la Secretaría de Hacienda a la Subsecretaría
Jurídica de la Secretaría General, por lo que se homologó el cargo de líder del
programa con el de profesional especializado. Esta tomó posesión del empleo el 3 de
octubre de 2006.
iv) Desde su posesión, la señora Santamaría Durán ejerció el mismo empleo de la
señora Duque Vásquez, con idénticas funciones, dependencia e igual categoría, pero
con un salario superior. De conformidad con lo dispuesto el Decreto 1528 de 1994 y el
Acuerdo 89 de 1987, la asignación mensual de la actora, para el año 2013, fue de
$ 4.825.059, empero, el de la señora Santamaría Durán fue de $ 5.751.048.
2
Radicado: 05001 23 33 000 2014 00144 01 (4126-2019)
Demandante: Ruth Duque Vásquez
v) El municipio expidió el Decreto 1957 del 9 de noviembre de 2010, con el cual dejó
sin efectos la homologación del cargo de líder del programa por profesional
especializado de la señora Santamaría Durán; sin embargo, a ella solo le fueron
asignadas funciones como líder programa defensa y protección de lo público desde el
26 de agosto de 2011, en cumplimiento del Decreto 914 del 23 de mayo de 2011.
vi) El 17 de abril de 2013, la señora Duque Vásquez solicitó el reconocimiento de la
nivelación salarial desde el 31 de agosto de 2006, lo que fue negado a través de los
actos demandados.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 13, 25, 53, 122, 123 y 125 de la Constitución
Política.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
siguientes argumentos:1
i) Los cargos de carrera que comparten requisitos y funciones deben tener una
remuneración igual; sin embargo, la entidad adoptó una decisión con la cual
desconoció las disposiciones constitucionales y convencionales al fijar de manera
arbitraria los salarios de sus empleados, esto es, al homologar el empleo de líder de
programa con el de profesional especializado y remunerar con un salario superior a la
señora Santamaría Durán con relación a los demás profesionales especializados pese
a que conserva idéntico código, está en el mismo nivel, tiene igual estructura salarial,
funcional, requisitos y responsabilidades.
ii) El contenido de las resoluciones acusadas está afectado por falsa motivación
porque no corresponde a la realidad jurídica y es contraria al ordenamiento
constitucional y legal vigente. Además, los actos censurados fueron expedidos con
desviación de poder, toda vez que la competencia de las entidades territoriales está
siendo usada para desconocer los derechos de los servidores públicos.
1 Folios 1 a 8.
3
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Demandante: Ruth Duque Vásquez
1.2. Contestación de la demanda
El municipio de Medellín, por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de
las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:2
i) Mediante el Decreto 2061 del 31 de agosto de 2006, la administración trasladó unos
empleos a partir del 3 de octubre de 2006, entre los cuales se encontraba el de la
señora Santamaría Durán. En este acto se dispuso la homologación del empleo de
líder del programa por el de profesional especializado, lo que afectó los derechos de
aquella, a quien de alguna manera se le desmejoraron las condiciones laborales al
equiparar el empleo del cual era titular con uno de categoría y asignación salarial
inferior y con un manual de funciones distinto. Por ello ese acto tuvo una vigencia
efímera, pues fue derogado el 30 de octubre de 2006, a través del Decreto 2596.
ii) Aunque a los empleos los cobija la estructura salarial fijada por el Acuerdo 89 de
1987, las curvas salariales asignadas a cada uno desde su ingreso a la entidad han
sido distintas en razón al cargo ocupado por la demandante y el de la señora
Santamaría Durán, que es de un rango superior y que si bien sufrió modificaciones,
no podía ser desmejorado en su asignación salarial por ser un derecho adquirido.
iii) No toda desigualdad en materia salarial constituye vulneración, pues un trato
diferente solo es discriminatorio cuando no obedece a causas objetivas y razonables,
como el ejercicio de funciones diferentes
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia proferida el 22 de mayo
de 2019, denegó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en
estos términos:3
i) Está demostrado que entre el 3 y el 30 de octubre de 2006, esto es, durante la
vigencia del Decreto 2061 del 31 de agosto de 2006, la señora Martha Helena
2 Folios 101 a 134.
3 Folios 364 a 378.
4
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Demandante: Ruth Duque Vásquez
Santamaría Durán ocupó igual empleo que la demandante y percibió un salario
superior. Asimismo, los testimonios recaudados son coincidentes en señalar que
aquella ejerció las funciones asignadas al empleo desde su posesión y hasta la
expedición del Decreto 1957 del 9 de noviembre de 2010, aunque el traslado y la
homologación fueran derogados.
ii) Sin embargo, la diferencia salarial constatada no es caprichosa ni arbitraria, en
tanto que encuentra justificación objetiva en las condiciones iniciales de ingreso de
cada una de las empleadas a la planta de personal del municipio. En efecto, la
demandante se vinculó en el empleo de coordinador jurídico, en tanto que la señora
Santamaría Durán lo hizo en el de jefe de departamento que pasó a denominarse
líder de programa, los cuales poseen un grado de responsabilidad y funciones
disímiles, así como una curva salarial diferente, siendo el de esta, el de mayor
responsabilidad.
iii) Si bien durante un periodo ejercieron similares funciones, lo cierto es que la señora
Santamaría Durán ingresó a la carrera en un cargo que imponía unos requisitos más
exigentes que el de la demandante, diferencia que se reflejaba en la escala salarial.
«En definitiva, el error en que incurrió la municipalidad al homologar el cargo de Líder
de Programa con uno de categoría inferior, no puede convertirse en un respaldo para
crear derechos frente a terceros». En consecuencia, el tratamiento desigual no tiene
la connotación jurídica de vulnerar el principio de igualdad.
1.4. El recurso de apelación
La señora Ruth Duque Vásquez, por conducto de apoderado, interpuso recurso de
apelación4 y lo sustentó así:
i) El contenido de las resoluciones acusadas está afectado por falsa motivación
porque no corresponde a la realidad jurídica demostrada en el proceso. Además,
fueron expedidos con desviación de poder, toda vez que la competencia de la entidad
está siendo usada con fines distintos a los conferidos.
4 Folios 383 a 389.
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Demandante: Ruth Duque Vásquez
ii) En el proceso se demostró que pese a la existencia del acto administrativo que dejó
sin efectos el traslado y la homologación de la señora Santamaría Durán, ella siguió
ejerciendo iguales funciones y responsabilidades que la demandante, pero percibía
una asignación salarial mayor, lo que se evidencia, entre otros, con las actas del
Comité de Conciliaciones. En contraste, la entidad no demostró cuál fue el cargo
ocupado por aquella entre el 30 de octubre de 2006 y el 9 de noviembre de 2010. Por
lo tanto, el a quo efectuó una defectuosa valoración probatoria con la cual se daba
certeza de lo alegado en la demanda.
iii) Con el traslado, las funciones de la señora Santamaría Durán se vieron
disminuidas, toda vez que ya no tenía personal a cargo y las tareas como jefe de
ejecuciones fiscales fueron desempeñadas por otros servidores. Debe precisarse que
no se reclama la homologación del empleo sino la igualdad salarial durante el periodo
en que desempeñaron idénticas funciones.
iv) Contrario a lo afirmado por el a quo, «dicho error, tiene relevancia jurídica para
generar responsabilidad administrativa», porque afecta y desequilibra
ostensiblemente la asignación de la demandante. En tal sentido debe darse
prevalencia a la realidad sobre las formas.
v) La situación descrita cumplió con los requisitos exigidos jurisprudencialmente para
la nivelación salarial, esto es, los señalados por la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-519 de 1997, a saber: a. que ejecuten la misma labor; b. que tengan la
misma categoría; c. que cuenten con la misma preparación; d. que coincidan en el
horario; y e. cuando las responsabilidades sean iguales.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. La demandante
La señora Ruth Duque Vásquez, por conducto de apoderado, reafirmó lo sostenido en
el libelo introductorio y en el recurso de alzada.5
5 Índices 16 y 17, aplicativo Samai.
6
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Demandante: Ruth Duque Vásquez
1.5.2. La demandada
El municipio de Medellín, por intermedio de su apoderado, solicitó confirmar lo
decidido en primera instancia, con fundamento en lo expuesto en la contestación de la
demanda.6
1.6. El ministerio público
El agente delegado ante esta Sección no rindió concepto según se desprende de la
constancia secretarial del 16 de julio de 2021.7
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago
de igual compensación económica o salario que el devengado por la señora Martha
Helena Santamaría Durán por haber desempeñado idénticas funciones en la entidad
territorial demandada por el lapso comprendido entre el año 2006 y el año 2010.
2.2. Marco normativo
2.2.1. Sobre la nivelación salarial
En atención a los principios constitucionales de primacía del derecho sustancial sobre
el procesal, igualdad (a trabajo igual, salario igual) e irrenunciabilidad de los
beneficios mínimos laborales, así como aquellos derechos plasmados en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 16 de diciembre de
1966,8 los empleados deben recibir como retribución por su labor una remuneración
acorde con las tareas que desempeñan.9
6 Índice 18, aplicativo Samai
7 Folio 414.
8 «Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200
A (XXI), de 16 de diciembre de 1966», cuyo artículo 7 prevé: «Los Estados partes en el presente pacto
reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas».
9 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de junio de
2020, radicado 05001 23 33 000 2014 00500 01(0747-16), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter; y ii) Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de octubre de 2018, radicado 73001 23
33 000 2014 00383 02 (2239-2016), M.P. William Hernández Gómez.
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Demandante: Ruth Duque Vásquez
En tal sentido, cuando un empleador reconoce a un trabajador una mejor
remuneración que a otro que se encuentra en idénticas condiciones, este puede
reclamar, por vía judicial, la compensación económica o nivelación salarial que esa
situación le pudo causar. Para efectos de lo anterior, el interesado debe demostrar
que uno y otro «i) ejecutan la misma labor, ii) tienen la misma categoría, iii) cuentan
con la misma preparación, iv) coinciden en el horario y, finalmente, (tienen) (v)
responsabilidades (…) iguales».10
En este orden de ideas, quien pretenda la nivelación salarial bajo la convicción de que
la labor que desarrolla resulta equiparable a la de otro servidor mejor retribuido, debe
acreditar que cumple idénticas funciones que este y cuenta con similar preparación,
además de colmar los requisitos que exige el empleo respecto del cual se pide la
compensación.
2.2.2. El régimen de empleos y esquema salarial del municipio de Medellín
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 286 de la Constitución Política, las
entidades territoriales gozan de autonomía administrativa, financiera, política y fiscal
dentro de los límites de la Constitución y la ley, de manera que su planta de personal
conformada por empleados públicos, debe estar sometida a los lineamientos
generales definidos por la normativa superior y articulada con la regulación interna.
Sobre el punto, se encuentra que, en efecto, el municipio de Medellín ha previsto un
«Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias laborales», mediante el
cual se han enlistado y relacionado los tipos y características de cargos que
conforman la administración municipal. Entre estos se distingue, para efectos de
análisis en el caso concreto, el empleo denominado profesional especializado de la
Subsecretaría Jurídica, bajo las especificaciones consignadas en el Decreto 645 del
14 de marzo de 2006.11 Para este cargo se exigían los siguientes requisitos: i) título
profesional en derecho; ii) título de especialización que guarde relación con las
funciones del cargo; y iii) 18 meses de experiencia profesional.
10 Ver sentencias T-27, SU-111 y T-272 de 1997, de la Corte Constitucional.
11 «Por medio del cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para
los empleos de la Planta de Personal del Municipio de Medellín». Folios 36 a 44.
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De otro lado, en lo atinente al esquema de remuneración para los cargos de la entidad
demandada, en el sub judice, deberá acudirse al Acuerdo 89 de 1987 proferido por el
Concejo Municipal de Medellín, en atención a que las fechas de vinculación con la
entidad territorial de las señoras Ruth Duque Vásquez12 y Martha Helena Santamaría
Durán,13 son anteriores al 20 de febrero de 2002, cuando entró en vigencia el Decreto
182 de 2002 (con el que se derogó el acuerdo aludido).
2.3. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se establece lo
siguiente:
El 28 de diciembre de 1987, el Concejo de Medellín expidió el Acuerdo 89 «Por medio
del cual se modifica la estructura salarial y se establece un nuevo sistema de
evaluación de oficios en el Municipio de Medellín».14
El 14 de enero de 1998, a través del Decreto 064, se nombró en periodo de prueba a
la señora Martha Helena Santamaría Durán, en el cargo de jefe departamento de
ejecuciones fiscales en el Departamento de Ejecuciones Fiscales, Tesorería de
Rentas Municipales.15 De este empleo tomó posesión, según consta en el Acta 32 del
27 de enero de 1998.16
El 1.º de octubre de 1998, la señora Martha Helena Santamaría Durán fue inscrita en
el Registro Público de Empleados de Carrera Administrativa en el cargo de jefe de
departamento de ejecuciones fiscales del municipio de Medellín, según certificado
expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública de la Comisión
Seccional del Servicio Civil del departamento de Antioquia.17
12 Según lo aduce, ingresó a la Personería de Medellín el 26 de noviembre de 1996, en el cargo de
abogada asesora. Folios 1 y 62.
13 Nombrada como jefe del departamento de ejecuciones fiscales del Municipio de Medellín desde el 20
de enero de 1998, conforme al informe de novedades de personal tipo A. Folios 164 y 165.
14 Folios 10 a 35.
15 Folio 164.
16 Folio 165.
17 Folio 48.
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Demandante: Ruth Duque Vásquez
El 17 de octubre de 2002, por virtud de lo dispuesto en el Decreto 1074, la
demandante se incorporó a la planta de personal del municipio de Medellín, en el
empleo de coordinador jurídico general de la Secretaría Jurídica de la Secretaría
General de la Alcaldía.18 El 26 de noviembre de 2002, a través del Acta 375, tomó
posesión del empleo.19
El 14 de marzo de 2006, el alcalde de Medellín expidió el Decreto 645 por medio del
cual homologó, entre otros, el empleo de coordinador jurídico por el de profesional
especializado, código 22204.20
El 31 de agosto de 2006, mediante el Decreto 2061, el alcalde de Medellín dispuso el
traslado de, entre otros, la señora Santamaría Durán, quien ocupaba el empleo de
líder de programa, código 20620, posición 2000657, de la Subsecretaría de Tesorería
de Rentas de la Secretaría de Hacienda a la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría
General.21 Además, homologó «el empleo Líder de Programa, código 20620, posición
2000657, por Profesional Especializado, código 22204».
El 3 de octubre de 2006, la señora Martha Helena Santamaría Durán tomó posesión
del empleo de profesional especializado - traslado, tal y como consta en el Acta 988.22
Según constancia expedida el 5 de mayo de 2013, la aludida servidora percibía un
salario básico de $ 5.751.048.23
El 30 de octubre de 2006, el alcalde de Medellín emitió el Decreto 2596 por medio del
cual derogó la decisión contenida en el Decreto 2061 del 31 de agosto de 2006, esto
es, el traslado del cargo de líder de programa, código 20620, posición 2000657 y la
homologación de ese empleo por el de profesional especializado, código 22204, que
ocupaba la señora Santamaría Durán.24 Sin embargo, como se advierte de los
18 Folio 170.
19 Folio 171.
20 Folios 36 a 44.
21 Folios 45 y 46, 139 a 141 y 166.
22 Folios 47 y 167.
23 Folios 52 y 53.
24 Folios 54 y 142.
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Demandante: Ruth Duque Vásquez
testimonios rendidos en el proceso, la aludida servidora permaneció en el ejercicio de
las funciones de este último cargo en la Secretaría General.25
El 9 de noviembre de 2010, a través del Decreto 1957 se restableció el empleo de
líder de programa, código 20620, posición 2000657, cuya titular es la señora
Santamaría Durán, quien ostenta derecho de carrera administrativa.26
El 23 de mayo de 2011, el alcalde de Medellín emitió el Decreto 914 por medio del
cual conformó unos equipos de trabajo y asignó a la señora Martha Helena
Santamaría Durán, como líder de programa, a la Unidad Defensa y Protección de lo
Público.27
El 17 de abril de 2013, la actora solicitó a la Alcaldía de Medellín el reajuste de
salarios desde el 31 de agosto de 2006 por desempeñar idénticas funciones y empleo
con la señora Martha Helena Santamaría Durán.28
El 6 de mayo de 2013, mediante la Resolución 7507, la Unidad de Administración de
Talento Humano de la Subsecretaría de Talento Humano de la Secretaría de
Servicios Administrativos del municipio de Medellín negó la petición anterior.29 Como
fundamento de su decisión, señaló que si bien a las dos servidoras las cobija la
estructura salarial fijada por el Acuerdo 89 de 1987, las curvas salariales asignadas a
cada una desde su ingreso a la entidad territorial, han sido distintas en razón al cargo
ocupado, pues aquella se encuentra en una categoría superior.
El 22 de mayo de 2013, la señora Duque Vásquez presentó recursos de reposición y
en subsidio apelación en contra de la anterior decisión.30 Sin embargo, fueron
resueltos en forma desfavorable mediante las Resoluciones 8425 del 13 de junio de
201331 y 1124 del 21 de junio de 2013.32
25 Este hecho quedó demostrado a partir de los testimonios referidos, en especial el de la señora
Santamaría Durán, rendidos en la audiencia de pruebas celebrada en este proceso, y en la realizada
en el proceso con radicado 05001 23 33 000 2014 00353 00, allegado a este proceso como prueba
trasladada.
26 Folios 55 y 168.
27 Folios 57 a 61.
28 Folios 62 a 65; 159 a 162 y 172 a 175.
29 Folios 66 a 68 y 156 a 158.
30 Folios 69 a 71 y 153 a 155.
31 Folios 72 a 75 y 149 a 152.
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Radicado: 05001 23 33 000 2014 00144 01 (4126-2019)
Demandante: Ruth Duque Vásquez
El 23 de abril de 2015, se celebró la audiencia de pruebas en la cual se recibieron las
declaraciones de los señores Diana Patricia Durán Zuluaga, Ángela María Garzón
Ruíz e Irving Alexander Halaby Palomeque.33 Así mismo se decretó como prueba
trasladada, los testimonios de los señores Julio César Hoyos Marín, Alejandro
Rodríguez Jaramillo, Martha Helena Santamaría Durán y Hernando Bula Forero.34
2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario señalar
que la demandante reclama la nivelación salarial respecto de otra servidora por el
período comprendido entre los años 2006 a 2010, en el que, afirma, desempeñó
idéntico cargo de profesional especializado, igual denominación, nivel, funciones y
responsabilidades, pero con una remuneración menor como único factor diferencial.
Bajo tal panorama, el análisis que a continuación abordará la Sala no se detendrá a
verificar la equivalencia de condiciones de nomenclatura, clasificación y marco
funcional entre los dos casos relacionados, sino en determinar la existencia de una
causa legal y justificada que amerite un tratamiento diferencial desde el punto de vista
salarial para uno de los empleos, o bien la configuración de una situación de hecho
sin soporte normativo o irregular que haya permitido esa diferencia.
En tal sentido, la Sala encuentra lo siguiente
Ruth Duque Vásquez Martha Helena Santamaría Durán
Cargo desempeñado de Cargo desempeñado de 2006 a 2010:
2006 a 2010:35
i) Entre el 3 de octubre de 200637 y el 30 de octubre de 2006, en el
Profesional empleo de profesional especializado, código 22204, categoría 3P,
especializado,36 código nivel profesional. De carrera administrativa, asignado a la Subsecretaría
22204, categoría 3P, Jurídica – Secretaría General de la Alcaldía de Medellín
nivel profesional. De
carrera administrativa, ii) Desde el 30 de octubre de 2006, en el empleo de líder de programa,
32 Folios 76 a 80 y 144 a 148.
33 Folios 222 a 227
34 Folios 230 y 231.
35 Según fue afirmado por la actora y reconocido por la entidad en la contestación de la demanda.
36 Bajo la nomenclatura y clasificación especificada en el Decreto 645 de 2006 por medio del cual se
modificó el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la
planta de personal del Municipio de Medellín.
37 Conforme el informe de novedades de personal tipo A, expedido por la Subsecretaría de Talento
Humano de la Alcaldía de Medellín. Folio 51.
12
Radicado: 05001 23 33 000 2014 00144 01 (4126-2019)
Demandante: Ruth Duque Vásquez
asignado a la código 20620, posición 2000657, por virtud de la derogatoria del
Subsecretaría Jurídica – Decreto 2061 del 31 de agosto de 2006, a través del Decreto 2596.
Secretaría General de la
Alcaldía de Medellín
Funciones ejercidas: Funciones ejercidas: La señora Santamaría Durán ejerció38 las
En atención a que el funciones previstas para el cargo de profesional especializado por el
empleo ocupado es un Decreto 645 de 2006 que modificó el Manual Específico de Funciones
cargo reglamentado y de los empleos del Municipio de Medellín, al igual que las cumplidas
sometido a un régimen por la demandante. Estas se transcriben a continuación:
de funciones taxativo y
expreso por ser de «Función General:
carrera administrativa, se
evidencia que las Ejecutar y aplicar los conocimientos propios de cualquier carrera profesional,
obligaciones y y que según su complejidad y competencias exigidas le pueda corresponder
funciones de coordinación, supervisión y control de áreas internas
responsabilidades que encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales.
ésta cumplía como
profesional Funciones específicas:
especializado,
correspondían a las 1. Aplicar los conocimientos especializados en el diseño, análisis y ejecución
definidas y enlistadas en de los estudios e investigaciones que se adelanten en el equipo de trabajo.
el Decreto 645 de 2006
que modificó el Manual 2. Prestar asistencia jurídica en los asuntos que le sean encomendados por
Específico de Funciones el líder, teniendo en cuenta todas las disposiciones y normas legales
vigentes, para cumplir con los objetivos de la dependencia.
de los empleos del
Municipio de Medellín. 3. Representar, asistir y revisar los juicios que promueva el Municipios que se
promuevan en contra de él en los Tribunales y Juzgados de cualquier
jurisdicción y obtener los medios probatorios necesarios para la defensa de
sus intereses.
4. Absolver las consultas de tipo legal y administrativo que formulen el señor
Alcalde y los secretarios de Despacho sobre las materias de su competencia
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y las políticas
institucionales formuladas por la Administración Municipal.
5. Coordinar las actividades jurídicas que realizan otras dependencias de la
Administración Municipal, de acuerdo con las instrucciones dadas por el líder
con el fin de unificar criterios y procedimientos jurídicos en el Municipio de
Medellín.
6. Gestionar y tramitar los asuntos relacionados con inscripción de
extranjeros como ciudadanos colombianos, solicitudes de declaratoria de
utilidad pública, convocatoria a la asamblea de usuarios de servicios públicos
domiciliarios y demás aspectos de competencia de la dependencia, con el fin
de dar cumplimiento a los objetivos de la dependencia.
7. Mantener el control permanente sobre el estado de los contratos, juicios y
demandas que se adelantan en contra o a favor del Municipio de Medellín,
con el fin de tomar las medidas respectivas en estos casos.
8. Revisar las minutas, proyectos de acuerdo, títulos, hipotecas y demás
documentos de competencia de la dependencia, con el fin de emitir los
conceptos correspondientes.
38 Este hecho quedó demostrado a partir de los testimonios referidos, en especial el de la señora
Santamaría Durán, rendidos en la audiencia de pruebas celebrada en este proceso, y en la realizada
en el proceso con radicado 05001 23 33 000 2014 00353 00, allegado a este proceso como prueba
trasladada. Los testigos fueron consistentes en señalar que por virtud de la homologación del cargo
que aquella desempeñaba como líder de programa al de profesional especializado, sus
responsabilidades y funciones cambiaron y se acoplaron a las de este último empleo desde el 2006, e
incluso después de que el municipio revocó dicha decisión en esa misma anualidad hasta el 2010
cuando fue restablecida la denominación de su empleo al que inicialmente detentaba.
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Radicado: 05001 23 33 000 2014 00144 01 (4126-2019)
Demandante: Ruth Duque Vásquez
9. Analizar, proyectar y recomendar los sistemas y procedimientos que deben
adoptarse para el logro de los objetivos de la dependencia.
10. Asistir a las sesiones del Concejo, Comisión Asesora del Servicio Civil,
Comisión de Personal, Comités internos y los demás que le asigne el líder.
11. Desempeñar las demás funciones asignadas por el líder, de acuerdo con
el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo».
Requisitos para el Requisitos para el cargo de profesional especializado, código
cargo: 22204:39
• Título profesional en - Título profesional en derecho.
derecho. - Título de especialización que guarde relación con las funciones del
• Título de cargo.
especialización que - Dieciocho (18) meses de experiencia profesional.
guarde relación con las
funciones del cargo. Requisitos del empleo de líder de programa, código 20620: 40
• Dieciocho (18) meses
de experiencia - Título profesional en derecho.
profesional. - Título de especialización que guarde relación con las funciones del
cargo.
• Doce (12) meses de experiencia profesional y veinticuatro (24) meses
de experiencia relacionada.
Fundamento y Fundamento y antecedentes para el ejercicio de este cargo:
antecedentes para el
ejercicio de este cargo: - La señora Martha Helena Santamaría Durán había sido nombrada
como jefe del departamento de ejecuciones fiscales (cobro coactivo) de
• La señora Ruth Duque la Alcaldía de Medellín desde el 20 de enero de 1998 de conformidad
Vásquez fue nombrada el con el Decreto 064 del 14 de enero de 1998.
26 de noviembre de
1996, en el cargo de - Mediante el Decreto 645 del 14 de marzo de 2006, el municipio de
abogada asesora, con Medellín homologó el cargo de jefe de departamento que ejercía la
derechos de carrera en la señora Santamaría Durán al de líder de programa con código 20620 en
Personería de Medellín; la Secretaría de Hacienda de la entidad territorial.
sin embargo, fue
trasladada a la - A través del Decreto 2061 del 31 de agosto de 2006, el municipio de
Subsecretaría Jurídica de Medellín ordenó el traslado de varios cargos a diferentes secretarías de
la Secretaría General de la entidad, entre estos el de líder de programa que detentaba la señora
la Alcaldía de Medellín Santamaría Durán, para que pasara a ejercer funciones en la
según Resolución 1074 Subsecretaría Jurídica; sin embargo, al mismo tiempo se homologó
del 17 de octubre de dicho empleo al de profesional especializado, código 22204 con
2002 para desempeñar el efectividad a partir del 3 de octubre de 2006.
empleo de coordinador
jurídico. - Por medio del Decreto 2596 del 30 de octubre de 2006, la entidad
demandada derogó los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 2061 precitado,
• A través del Decreto específicamente en lo que se refería al traslado y homologación
645 del 14 de marzo de efectuada respecto de la situación de la señora Santamaría Durán.
2006, el municipio de
Medellín homologó el - Con la expedición del Decreto 1957 del 9 de noviembre de 2010, el
cargo de coordinador municipio de Medellín restableció la denominación como líder de
jurídico ocupado por la programa, código 20620, posición 2000657, respecto del cargo que
demandante al de desempeñaba la señora Santamaría Durán como profesional
profesional especializada, código 22204 desde 2006, debido a que por solicitud de
especializado, código ésta última, se revisó el caso y se encontró que en efecto la
39 Folios 43 y 44.
40 Folio 61.
14
Radicado: 05001 23 33 000 2014 00144 01 (4126-2019)
Demandante: Ruth Duque Vásquez
22204, de la homologación efectuada en el Decreto 2061 de 2006 no estaba acorde
Subsecretaría Jurídica de con los criterios técnicos y jurídicos consagrados en el Decreto 786 de
la Alcaldía. 2005, ni se acompasaba con los conceptos del Departamento
Administrativo de la Función Pública y de la Comisión Nacional del
Servicio Civil sobre los procesos de homologación en virtud de esta
normativa general.
Salario devengado: Salario devengado:
Para el año 2006 Para el año 2006 se determinó según el Acuerdo 89 de 1987, con la
correspondía a la de la aplicación de la curva 17D, que para esa fecha correspondía al del
curva 20A equivalente a empleo de líder de programa en un monto igual a $ 3.917.710.42
$ 3.231.393.41
Una vez realizado el contraste fáctico y jurídico de las servidoras objeto de
equiparación, bajo un análisis de los requisitos jurisprudenciales descritos con
antelación, relativos a la demostración del cumplimiento de idénticas funciones por
parte de aquellas, que las dos contaran con igual preparación y acreditación de las
exigencias propias del cargo de profesional especializado, código 22204, de la
Subsecretaría Jurídica de la Alcaldía de Medellín, es posible considerar, en principio,
que la demandante tendría derecho a la equivalencia de la remuneración frente a la
de la señora Santamaría Durán, pues en efecto cada una desempeñó sus funciones
bajo exactas características en la plaza en cuestión durante el lapso comprendido
entre los años 2006 y 2010.
Al respecto, la señora Ruth Duque Vásquez esgrimió que el hecho de reclamar una
nivelación salarial obedecía a que la decisión de la administración vulneró su derecho
fundamental a la igualdad y al principio superior de prevalencia de la realidad sobre
las formas consagrado en el artículo 53 constitucional, en razón a que bajo ese
supuesto la administración benefició a la segunda empleada en detrimento de sus
condiciones particulares.
Sin embargo, la Sala debe precisar que aunque existe tal diferencia salarial43 como lo
aduce la apelante, lo cierto es que se configuró una situación fáctica y jurídica
diferenciadora entre ambos casos que impide considerar a las dos servidoras como
41 Como se extrae de lo expuesto por la demandante y lo afirmado por la entidad en una de las
resoluciones cuestionadas.
42 Esto se desprende de la propia manifestación de la entidad demandada en uno de sus actos
demandados y en su contestación de la demanda.
43 Este hecho fue corroborado, además, a través de los testimonios rendidos por los señores Irving
Alexander Halaby Palomeque, Julio César Hoyos Marín y Martha Helena Santamaría Durán, quienes
fueron coincidentes al señalar que la asignación salarial de esta última era superior a la de la
demandante.
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Radicado: 05001 23 33 000 2014 00144 01 (4126-2019)
Demandante: Ruth Duque Vásquez
iguales y que justifica el tratamiento desigual objeto de la demanda.
Sobre el punto debe tenerse en cuenta que la demandante inició su vinculación con el
municipio de Medellín como coordinadora jurídica, pero –en virtud de lo dispuesto en
el Decreto 785 de 2005–44 esta autoridad expidió el Decreto 645 del 14 de marzo de
2006 a través del cual homologó su empleo al de profesional especializado, código
22204, de la Subsecretaría Jurídica, situación que se materializó y que tenía sustento
y soporte normativo ajustado a derecho, tanto así que en efecto aquella se ha
desempeñado como tal sin modificaciones sobre el particular.
Empero, en el caso de la señora Martha Helena Santamaría Durán se advierte que
ésta había sido nombrada por el municipio de Medellín como jefe del departamento de
ejecuciones fiscales o cobro coactivo en la Secretaría de Hacienda y que en razón del
marco normativo descrito ut supra, fue homologada al cargo de líder de programa,
código 20620, cuya escala de remuneración y manual de funciones en efecto era
diferente al de profesional especializado, código 22204. Posteriormente, ante un
traslado entre secretarías, la entidad territorial profirió el Decreto 2061 del 31 de
agosto de 2006, con el cual volvió a homologar el empleo que ostentaba esta
servidora al de profesional especializado, todo sin motivación o sustento legal
adecuado y cuyas características y requisitos de ingreso eran diferentes al que
ostentaba en carrera administrativa.45
La situación descrita impulsó a la entidad a emitir el Decreto 2596 del 30 de octubre
de 2006, con el que subsanó esa situación jurídica irregular, creada a la señora
Santamaría Durán, en tanto derogó el acto de homologación en comento. Esta
decisión fue materializada posteriormente con la expedición del Decreto 1957 de
2010, con el cual se restableció la denominación, nomenclatura y naturaleza del cargo
que le correspondía. Esto dispuso la entidad:
44 «por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos
generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la
Ley 909 de 2004.»
45 Lo expuesto, también encuentra respaldo en las declaraciones de los señores Hernando Bula Forero
y Diana Patricia Durán Zuluaga quienes manifestaron que los empleos de coordinador jurídico y líder
de programa eran diferentes, puesto que poseían un grado de responsabilidad, funciones y asignación
salarial disímiles.
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Radicado: 05001 23 33 000 2014 00144 01 (4126-2019)
Demandante: Ruth Duque Vásquez
2. En el artículo 3° del citado Decreto se homologó el empleo de Líder de Programa,
código 20620, posición 2000657, por Profesional Especializado, código 22204.
[…] 4. En igual sentido se pronunció la Comisión Nacional del Servicio Civil en concepto
radicado Nro 2-2-1568-2008, dentro del cual estableció que para efectuar la homologación
se debe considerar que los empleos sean iguales o equivalentes y es claro que el Decreto
1746 de 2006 señala que los empleos son equivalentes cuando tienen funciones iguales o
similares.
5. Dicha homologación no está acorde con los criterios técnicos y jurídicos que trae la
normatividad sobre empleo público en relación con las reformas de las plantas de personal
de las entidades del orden territorial.
6. En correo electrónico de mayo 4 de 2010, dirigido a la Subsecretaría de Despacho de la
Subsecretaría de Talento Humano, Secretaría de Servicios Administrativos, la servidora
Martha Helena Santamaría Durán solicitó estudiar el caso planteado en los considerandos
anteriores, con el fin de solucionar la situación administrativa descrita.
7. Por lo anterior, la Administración Municipal tiene la obligación de corregir la
homologación decretada, restableciendo la denominación del empleo como Líder de
Programa, código 20620.
DECRETA:
ARTÍCULO 1°: Restablecer la denominación como Líder de Programa, código 20620,
posición 2000657, al empleo Profesional Especializado, código 22204, posición 2000657,
cuya titular que ostenta derechos de carrera administrativa es la servidora MARTHA HELENA
SANTAMARÍA DURÁN, identificada con la cédula de ciudadanía 21.394.494, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva.
La anterior transcripción permite evidenciar que la señora Martha Helena siempre
estuvo vinculada con la entidad como líder de programa, código 20620 y nunca como
profesional especializado, código 22204, en virtud de la derogatoria de la
homologación, que estuvo vigente por solo 2 meses. Al respecto, valga precisar que
el acto de homologación se expidió el 31 de agosto de 2006, aquella se posesionó en
el empleo de profesional especializado el 3 de octubre de ese año y la homologación
se derogó el 30 de octubre siguiente, entonces, entre el acto de homologación y su
derogatoria transcurrieron 2 meses, aunque en el ejercicio del cargo hubiese estado
tan solo 27 días.
En consecuencia, a pesar de que está demostrado que esta servidora ejerció
funciones bajo la segunda denominación, por un período de 4 años, percibió el salario
definido para el empleo que le correspondía dada su inscripción en carrera
administrativa. Esta situación no resulta equiparable o asimilable a la de la
demandante a fin de considerarlas como iguales, pues en esencia las dos tenían
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Radicado: 05001 23 33 000 2014 00144 01 (4126-2019)
Demandante: Ruth Duque Vásquez
condiciones laborales diferentes desde la expedición del Decreto 645 del 14 de marzo
de 2006, que recobró vigencia respecto del cargo ocupado por aquella por virtud de la
derogatoria de la homologación.
En tal sentido, las premisas de prevalencia de la realidad sobre las formas y de «a
trabajo igual salario igual», no se encuentran vulneradas en el sub judice por cuanto la
equivocada homologación ordenada por el municipio que a la postre fue enmendada
por la administración no genera derecho alguno a la demandante.
En efecto, el hecho de que la señora Santamaría Duque se hubiera desempeñado
como profesional especializado por una situación irregular que fue rectificada por la
administración en virtud del principio de autotutela, es una circunstancia que no puede
primar y mutarse en legal solo en razón de que se haya creado un tratamiento
desigual con otra persona, pues la diferencia salarial tuvo origen en la protección de
las garantías de aquella, quien ostentaba un empleo diferente con asignación más
alta que no podía desconocerse por virtud de la homologación. Lo anterior, aunado a
que la situación de la demandante sí estaba ajustada a derecho y su proceso de
modificación de la denominación del empleo sí seguía vigente, es decir, se
desempeñaba en el cargo que le correspondía y con la remuneración que estaba
prevista para él.
Por lo anterior no es posible estimar que ambas tenían un trabajo igual que ameritara
un salario igual, porque sus empleos desde la concepción jurídica sí eran diferentes,
una como profesional especializada y otra como líder de programa con
nomenclatura, funciones y requisitos diferentes que no pueden ser equiparados por
un error de la administración, de suerte que sí existía una justificación para la
diferencia salarial reprochada por la señora Duque Vásquez.
De conformidad con este planteamiento, resulta coherente precisar que el error de la
administración no implica una transgresión al derecho sustancial de la demandante,
de manera que asumir lo contrario y darle prevalencia a este acontecimiento para
generar derechos a favor de una servidora con una vinculación diferente,
desconocería las disposiciones constitucionales relativas al empleo público.
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Radicado: 05001 23 33 000 2014 00144 01 (4126-2019)
Demandante: Ruth Duque Vásquez
Por todo lo anterior, no procede un test de igualdad46 porque los supuestos de hecho
no son susceptibles de ser comparados, es decir, no se cumple aquel relativo a que
las situaciones a comparar tengan condiciones y características similares o
equiparables con fines de evidenciar un tratamiento desigual injustificado para alguno
de los casos; ello por cuanto como se reseñó anteriormente, la vinculación y
homologación de la señora Santamaría Durán tenía respaldo legal y constitucional
como líder de programa y no como profesional especializado como sí ocurría para la
demandante.
Esta Subsección, en un asunto de contornos fácticos y jurídicos similares al que es
objeto de estudio, señaló que «lo que definitivamente no es posible desde ningún
punto de vista, es solicitar que se equiparen los efectos de una situación que está por
fuera del marco normativo o que no se ajusta a derecho, en búsqueda de mejorar
intereses particulares, más cuando no ha habido una afectación directa a quien así lo
depreca».47
En conclusión, a la demandante no se le desmejoró su salario o sus derechos de
carrera, sino que se generó una desigualdad aparente que únicamente menguaba los
intereses de la señora Santamaría Durán e incluso los de la propia entidad territorial;
no obstante, esta última dispuso corregirlo para evitar la continuidad de las diferencias
presentadas entre una y otra servidora.
46 En este punto la Subsección se refiere al denominado test de igualdad conceptuado por la Corte
Constitucional en variada jurisprudencia sobre el particular, específicamente en la sentencia C-127 de
2018, en que se precisó lo siguiente: «La Corte Constitucional colombiana, en concordancia con la
jurisprudencia comparada, desarrolló un conjunto de herramientas denominado juicio o test de
igualdad, cuyo objeto es verificar la existencia de una violación al respectivo principio. El modelo
colombiano hace uso de una mixtura entre los modelos europeos y norte americano, a fin de
garantizar, de la mejor forma posible el respeto por la igualdad. En primer lugar, el
carácter relacional del derecho a la igualdad supone una comparación entre sujetos, situaciones y
medidas. Por ello, el uso del juicio o test implica la identificación de tres presupuestos principalmente, a
saber: (i) los sujetos a comparar; (ii) el bien, beneficio o ventaja respecto del cual se da el tratamiento
desigual; y (iii) el criterio relevante que da lugar al trato diferenciado. Ha sido sostenido por la
jurisprudencia constitucional, que el juicio integrado de igualdad tiene tres etapas de análisis,
distribuidas de la siguiente manera: (i) establecer el criterio de comparación: patrón de igualdad
o tertium comparationis, esto es, precisar si los supuestos de hecho son susceptibles de
compararse y si se comparan sujetos de la misma naturaleza; (ii) definir si en el plano fáctico y en
el plano jurídico existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales; y (iii) averiguar si la
diferencia de trato está constitucionalmente justificada, es decir, si las situaciones objeto de la
comparación ameritan un trato diferente desde la Constitución» [Resalta la Sala].
47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de mayo de 2020, radicado
05001 23 33 000 2014 00353 01 (0238-17), M.P. William Hernández Gómez.
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Radicado: 05001 23 33 000 2014 00144 01 (4126-2019)
Demandante: Ruth Duque Vásquez
2.5. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,48 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El
primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en
costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código General
del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se
causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso), sin
que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea la
parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad de la
participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se
tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho)
la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en costas tanto
en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8.° del
artículo 365 del Código General del Proceso,49 la Sala condenará en costas a la
demandante, teniendo en cuenta que el recurso de apelación que interpuso fue
resuelto en forma desfavorable y que la entidad demandada presentó alegatos de
conclusión en esta instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
49 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
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Radicado: 05001 23 33 000 2014 00144 01 (4126-2019)
Demandante: Ruth Duque Vásquez
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos
fáctica y jurídicamente al asunto que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que las pretensiones de la demanda deben despacharse
desfavorablemente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 22 de mayo de 2019, por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, que denegó las pretensiones
de la demanda, en el proceso promovido por la señora Ruth Duque Vásquez, contra
el municipio de Medellín, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante, las
cuales se deben liquidar por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
(SLVA)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.
21
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