Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2014-00328-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2014-00328-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-33-000-2014-00328-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
24 de octubre de 2024
Radicación: 05 001 23 33 000 2014 00328 01
Demandante: Álvaro Posada Maya
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05 001 23 33 000 2014 00328 01
Demandante: ÁLVARO POSADA MAYA
Demandado: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Tesis: Incurre en nulidad por falsa motivación el fallo que
declaró fiscalmente responsable al actor en calidad de
jefe del departamento de Historia Laboral y Nómina de
Pensionados del Instituto de Seguro Social, Seccional
Antioquia, con ocasión del doble pago de una pensión que
hizo el Seguro Social, ante la falta de individualización de
la conducta y del nexo causal entre la supuesta acción u
omisión endilgada y el detrimento patrimonial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Contraloría
General de la República contra la sentencia proferida el 16 de noviembre
de 2016 por la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia.
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Radicación: 05 001 23 33 000 2014 00328 01
Demandante: Álvaro Posada Maya
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Álvaro Posada Maya, actuando por conducto de apoderado
judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto por el artículo 138 del CPACA, presentó demanda en
contra de la Contraloría General de la República - Gerencia Departamental
de Antioquia, para lo cual formuló las siguientes pretensiones1:
“[…] PRIMERA. Que se declare la nulidad del Fallo con Responsabilidad
Fiscal 001 del 21 de enero de 2013, proferido por la Gerencia
Departamental Colegiada de Antioquia, mediante el cual se imputó
responsabilidad fiscal al señor Álvaro Posada Maya por cuantía de
$317.182.010.
SEGUNDA. Que se declare igualmente la nulidad del Auto No. 000652 del
24 de julio de 2013, proferido por la Directora de Juicios Fiscales de la
Contraloría Delegada para investigar Juicios Fiscales y Jurisdicción
Coactiva, por medio del cual se resolvió negativamente el recurso de
apelación interpuesto frente al fallo anterior.
TERCERA. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, y a
título de restablecimiento del derecho e indemnización de perjuicios
PATRIMONIALES a ÁLVARO POSADA MAYA, se declare que este no tiene
obligación de pagar suma alguna con base en los actos demandados.
CUARTA. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, y a
título de restablecimiento del derecho e indemnización de perjuicios
EXTRA PATRIMONIALES a ÁLVARO POSADA MAYA, se declare que este
como resultado de los actos administrativos demandados sufrió graves
perjuicios morales al ser sancionado por un órgano de control que trajo
como consecuencia el fin de su carrera profesional.
QUINTA. Que igualmente, como restablecimiento del derecho, se
condene a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA-GERENCIA
DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA- como consecuencia de la nulidad
de los actos administrativos demandados, a reintegrar a la parte actora la
totalidad de las sumas de dinero canceladas, junto con los intereses
moratorios correspondientes a que haya lugar desde la fecha en que se
realice el pago y hasta tanto se produzca el reembolso o se declare que el
demandante no está obligado a pagar suma alguna por dicho concepto.
Subsidiariamente se condene a reintegrar las sumas canceladas por el
demandante en virtud de los actos demandados debidamente indexadas.
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SEXTA. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, y a título
de restablecimiento del derecho e indemnización de perjuicios
EXTRAPATRIMONIALES a ÁLVARO POSADA MAYA, se condene a pagar
el monto que arbitrio iuris establezca el despacho como resultado de los
actos administrativos demandados, toda vez que sufrió graves perjuicios
morales al ser sancionado por un órgano de control que trajo como
consecuencia el fin de su carrera profesional.
SÉPTIMA. Que se condene a la demandada a pagar a favor de mi
mandante, cualquier perjuicio derivado de los actos administrativos cuya
nulidad se impetra y que sean probados dentro del proceso.
OCTAVO. Se condene en costas y agencias en derecho a la parte
demandada.
[…]” (mayúsculas y negrillas originales).
1.2. Normas invocadas como infringidas y concepto de violación
La parte actora afirmó que con la expedición de los actos acusados se
transgredieron los artículos 4 y 53 de la Ley 610 de 2000 y la sentencia
C- 619 del 8 de agosto de 2002.
Frente al concepto de violación indicó que los actos acusados incurrieron
en las siguientes causales de nulidad:
1.2.1. Falsa motivación
La parte actora consideró que los actos acusados incurrieron en falsa
motivación de hecho y de derecho.
En cuanto a la falsa motivación de hecho, porque no se individualizó la
conducta objeto de reproche y la entidad nunca pudo establecer donde
ocurrió el error que permitió que el pensionado percibiera
simultáneamente una pensión de vejez y de jubilación.
Afirmó que la Contraloría confundió el daño (pago doble de la pensión)
con la conducta que generó ese daño y no concretó la conducta ni en su
elemento objetivo ni subjetivo.
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Agregó que no es cierto que el departamento de Historia Laboral y Nómina
de Pensionados del ISS -Seccional Antioquia a la cabeza de Álvaro Posada
Maya no haya implementado los mecanismos de control para evitar el
pago simultáneo de las pensiones de vejez y de jubilación al señor Saúl
Duque Naranjo, ya que dicha dependencia nunca tuvo conocimiento de
estos hechos, ni tenía entre sus funciones implementar tales mecanismos.
Alegó que también se configuró una falsa motivación de derecho por la
falta de apreciación en su conjunto del Decreto 1403 de 1994, que adoptó
la estructura interna del Instituto de Seguro Social y asignó las tareas y
funciones que debía cumplir cada una de las dependencias, y que el
reproche de la Contraloría respecto del departamento que dirigía el hoy
demandante se centró en la falta de implementación de controles y
procedimientos para evitar el doble pago de la respectiva pensión, cuando
no tenía entre sus funciones hacerlo.
Aseveró que quien debió implementar los controles, de ser necesario, era
la Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nómina de Pensionados del ISS
y que la dependencia de la cual era responsable el señor Álvaro Posada
Maya solo podía ejecutar las normas o mecanismos de control que
estableciera el ISS a nivel nacional.
1.2.2. Violación de las normas en que debía fundarse
Señaló que la Corte Constitucional, en sentencia C-619 de 2002, declaró
la inexequibilidad parcial de los artículos 4 y 53 de la Ley 610 de 2000,
determinando que para que proceda una declaratoria de responsabilidad
fiscal debe tratarse de una conducta grave.
Expuso que, en este caso, la Contraloría no motivó de manera alguna la
categorización de la conducta del señor Álvaro Posada Maya; para ello
aseguró que la responsabilidad fiscal nunca se puede analizar en
conjunto, sino en relación con cada uno de los vinculados en forma
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separada, y previo a la declaración de la responsabilidad solidaria debe
establecerse que todos los implicados hayan tenido un comportamiento
gravemente culposo que tenga un nexo causal con el detrimento
patrimonial.
Añadió que, la Contraloría nunca argumentó por qué la supuesta conducta
del señor Posada Maya correspondía a la de un hombre descuidado con
los negocios de otro, que es la descripción que el legislador le otorga a la
culpa grave. Lo que “posiblemente se debe, a que el ente de control, no
sabe que conducta imputó o no al señor Posada Maya”, y claramente se
traduce en una infracción de las normas en que debía fundarse el acto
acusado.
1.2.3. Violación del principio indemnizatorio – Enriquecimiento sin Causa
del Estado
Recordó que el proceso fiscal es eminentemente de responsabilidad
patrimonial en el que incurre un funcionario público en detrimento del
Estado y, por tratarse de un proceso indemnizatorio, debe respetar los
principios que un proceso de tal naturaleza debe cumplir.
Agregó que, “por consiguiente, la Contraloría, al declarar una
responsabilidad fiscal en cabeza del señor Álvaro Posada Maya lo que hace
es obligar a indemnizar un perjuicio a quien no lo ha ocasionado, pues el
ISS tiene acción contra el señor Saúl Naranjo Duque, y si no lo ejerció es
una omisión administrativa que no es responsabilidad del demandante, y
frente a los cuales los entes de control le deben dar plena aplicabilidad al
deber de los servidores públicos de ejercer la acción de repetición cuando
se cumplan las causales como ocurre en el presente proceso respecto al
señor Saúl Naranjo Duque” .
Finalmente, pidió el reconocimiento de perjuicios como consecuencia de
la nulidad de los actos administrativos acusados, indicando que no ha
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realizado pago alguno a raíz de las sanciones impuestas, por lo que, en
este caso, el derecho no se restablece con la devolución de los dineros
sino con la no exigencia del pago del capital, ni de los intereses que se
hubieran causado en caso de aplicarse la sanción.
En este punto, también manifestó que la decisión proferida por la
Contraloría General de la República ocasionó la grave afectación moral del
demandante “al verse sancionado de forma injusta por parte de la
Contraloría, y que lo hizo ver ante la sociedad como un funcionario público
negligente ajeno al cumplimiento de sus funciones, y que a su vez le
impidió continuar en el cargo en el ISS, de igual forma, como
consecuencia de la sanción injustamente impuesta a colación, se le hizo
imposible ejercer su derecho fundamental al trabajo, toda vez que le fue
imposible la obtención de un cargo público o privado gracias a su historial
sancionatorio que aparece en la página de la Contraloría General de la
Nación (sic)”.
2. Contestación de la demanda
La Contraloría General de la República, actuando por conducto de
apoderado judicial, contestó la demanda en oportunidad y se opuso a las
pretensiones2.
En relación con los cargos invocados expuso lo siguiente:
2.1. Sobre la falsa motivación
Consideró que, contrario a lo señalado por la parte actora, los elementos
de la responsabilidad sí están acreditados, y que quedó demostrada la
responsabilidad del señor Álvaro Posada Maya en su condición de jefe de
departamento de Historia Laboral y Nómina de Pensionados del ISS
2
Ibídem.
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seccional Antioquia, así como de los responsables de otras secciones
intervinientes en el proceso de reconocimiento, liquidación y pago de
mesadas pensionales.
Agregó que, en el caso del demandante, por omitir el cumplimiento de la
implementación de los respectivos controles y la vigilancia sobre la labor
desempeñada en su área, junto a la deficiente comunicación existente
entre sus dependencias y otras como el departamento de atención al
pensionado y la sección de nómina, quienes permitieron de forma
mancomunada y gravemente culposa que se hiciera un doble pago de la
mesada pensional.
Sobre la consolidación del daño, transcribió apartes del fallo con
responsabilidad fiscal, para concluir que se demostró la existencia plena
del daño patrimonial y de los responsables de este, por lo que no era
cierto que estuviera acreditada la falsa motivación de los actos acusados.
Respecto de la facultad de implementar los controles necesarios para
evitar los hechos con los que se produjo el daño fiscal, resaltó que se trata
de una exigencia apenas lógica, atendiendo el cargo y las funciones que
debía ejecutar al área a cargo del hoy demandante, según lo establecido
por el Decreto 1403 de 1994.
2.2. En cuanto a la violación de las normas en que debía fundarse
Argumentó que, contrario a lo expuesto por la parte actora, la conducta
del responsable fiscal fue debidamente calificada y demostrada a lo largo
del proceso, y para ello se remitió a los apartes transcritos del fallo con
responsabilidad fiscal, para concluir que no se configuraba la causal de
nulidad invocada y era manifiestamente infundada.
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2.3. Frente a la violación al principio indemnizatorio (Enriquecimiento sin
causa)
Aseguró que, con lo expresado por la parte actora, se pretende trasladar
la responsabilidad fiscal al ciudadano de buena fe, quien está amparado
por la Constitución y elevó una petición a la administración para reclamar
un derecho, y que el funcionario público al servicio del Estado debe
cumplir los deberes que constitucional y legalmente le han sido asignados.
Recordó que, acorde con el artículo 6 Constitucional, los deberes de los
ciudadanos son distintos a los de los servidores públicos, por lo que
también consideró desvirtuado dicho cargo.
Por último, acerca de los perjuicios reclamados, reiteró que no estaba
desvirtuada la legalidad de los actos acusados y que las pretensiones
indemnizatorias carecían de medio de prueba y solo obedecían a una mera
manifestación sin respaldo alguno, por lo que solicitó fueran denegadas
las pretensiones.
III. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala de Tercera de oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia,
en sentencia del 16 de noviembre de 2016, dispuso lo siguiente3:
“[…] PRIMERA: DECLARAR la nulidad parcial del Fallo con
Responsabilidad Fiscal 001 de 21 de enero de 2013 proferido por la
Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia y el Auto No. 000652 del
24 de julio de 2013 proferido por la Directora de Juicios Fiscales de la
Contraloría Delegada, en cuanto que imponen condena por
responsabilidad fiscal al señor ÁLVARO POSADA MAYA.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, se
RESTABLECE EL DERECHO en el sentido de DECLARAR que el señor
ÁLVARO POSADA MAYA no está obligado al pago del valor determinado en
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el fallo con responsabilidad fiscal; asimismo, la cancelación de la
inscripción del nombre del demandante en el boletín de responsables
fiscales.
TERCERO: Sin condena en costas.
[…]”.
En sustento de dicha decisión, hizo alusión a la responsabilidad fiscal y
sus elementos, al procedimiento ordinario de responsabilidad fiscal
contenido en la Ley 610 de 2000 y al acervo probatorio obrante en el
caso, el cual se circunscribió a las piezas del proceso de responsabilidad
fiscal.
Analizó que del acervo probatorio podía concluirse que la responsabilidad
fiscal impuesta por la Contraloría General de la República al señor Álvaro
Posada Maya devino de un doble pago a un mismo pensionado, como ISS
empleador e ISS asegurador, el cual era improcedente, puesto que lo que
procedía, conforme a la normatividad aplicable, era la compartibilidad
pensional.
Advirtió que los actos acusados hicieron un análisis general de las
obligaciones de los directivos del ISS, sin hacer discriminaciones por razón
del cargo o funciones, y que en el texto de los mismos no se lee en ningún
aparte a la graduación de la conducta.
Expuso que, en el caso del señor Álvaro Posada, se fundamentó en el
incumplimiento del artículo 85 del Decreto 1403 de 1994, y que el actor
consideró que, al tratarse de una gerencia regional, no tenía la
competencia de establecer políticas o implementar procedimientos que no
fueran efectuados por la gerencia general.
En punto a la responsabilidad fiscal, sostuvo que ésta tiene una naturaleza
resarcitoria y no sancionatoria, lo que quiere decir que la conducta objeto
de reproche debe estar plenamente determinada y valorada.
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Aseveró que, en este caso, el órgano de control hizo un análisis general
de las obligaciones a cargo de la dependencia del señor Álvaro Posada
Maya previstas en el artículo 85 del Decreto 1403 de 1994, pero de las
obligaciones allí establecidas no se lograba determinar que fuese
responsabilidad de dicha gerencia el proceso de estudio de
reconocimiento de pensiones, ni la notificación entre las distintas
gerencias de los reconocimientos pensionales, sino la administración de
los datos tendientes a garantizar el manejo de novedades, de manera que
se hicieran efectivos los pagos.
Concluyó que, para imputarle responsabilidad al demandante, la entidad
debió efectuar un estudio detallado de sus funciones, identificando cuál
era la conducta en específico objeto de reproche desde el punto de vista
fiscal, y luego hacer una valoración a título de culpa grave y dolo,
atendiendo lo señalado por el artículo 63 del Código Civil.
Insistió en que los actos administrativos acusados partieron de pautas
generales respecto de sus obligaciones, incluso considerando que las
responsabilidades no eran individuales, sino que las responsabilidades de
los gerentes debían ser analizadas en conjunto, sin reprochar para el caso
del señor Álvaro Posada Maya una conducta en específico.
Expuso que, “aunque de manera general pueda afirmarse que le
correspondía implementar los mecanismos de control adecuados, ello no
puede analizarse in extenso, en tanto, cualquier situación relacionada con
la misión del ISS en materia pensional podría ser imputable al actor, el
estudio debía identificar puntualmente la responsabilidad del demandante
en cuanto a la compartibilidad pensional, ya sea porque a su cargo estaba
el reconocimiento pensional, las notificaciones de reconocimiento o la
verificación de dicha compartibilidad”.
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Anotó que los actos administrativos acusados, además de no analizar
puntualmente por qué la conducta es reprochable a título de culpa grave
o dolo, hizo consideraciones vagas, sin cimentar la responsabilidad sobre
un concepto de culpa grave, y que, para arribar a dicha conclusión, era
necesario hacer un juicio subjetivo sobre su conducta – positiva o
negativa- como fuente del daño antijurídico, que la Sala no observaba en
los actos acusados.
Por último, en cuanto al cargo relativo a que se vulneró el principio de
enriquecimiento sin causa porque debía perseguirse al pensionado para
la restitución de los valores pagados, expuso que carecía de pertinencia
en este caso, puesto que ello no sería óbice para la imputación de la
responsabilidad, siempre que estuviera demostrada una conducta
ineficiente desde el punto de vista fiscal que generara el daño.
Concluyó que, comoquiera que la responsabilidad fiscal presupone la
determinación de la conducta fiscal objeto de reproche y su valoración, y
que se haya producido a título de dolo o culpa grave, análisis que en este
caso no había efectuado la Contraloría General de la República, había
lugar a declarar la nulidad parcial del fallo con responsabilidad fiscal en
cuanto declaró fiscalmente al actor.
Adicionalmente, atendiendo lo solicitado por la parte actora, en
providencia del 22 de febrero de 2017 la Sala Tercera de oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia, adicionó la sentencia proferida el 16
de noviembre de 2016, en el siguiente sentido:
“[…] PRIMERO: ADICIONAR un numeral a la parte resolutiva de la
sentencia proferida el día dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016) el cual quedará así:
“NEGAR las demás pretensiones de la demanda”.
[…]”.
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Para el efecto, precisó que el actor solicitó se ordenara a la parte
demandada pagar los perjuicios extrapatrimoniales sufridos con ocasión
de los actos administrativos en virtud de los cuales se declaró su
responsabilidad fiscal, pero que “(…) no adelantó actividad probatoria
alguna tendiente a acreditar los perjuicios de orden extrapatrimonial
sufridos, prueba sin la cual no es posible ordenar su reconocimiento”.
IV. EL RECURSO DE APELACIÓN
Inconforme con lo decidido por el a quo, el apoderado de la Contraloría
General de la República interpuso recurso de apelación y solicitó revocar
la sentencia apelada, y en su lugar, denegar las pretensiones de la
demanda, lo que sustentó así4:
Frente a la falta de determinación de la conducta del actor
Manifestó que la descripción de la modalidad de la conducta que originó
el daño fue debidamente acreditada y descrita en el fallo con
responsabilidad fiscal y para ello transcribió en extenso lo que allí se dijo.
Señaló que en el acto acusado se abordó la valoración de la conducta y
se expresaron de manera clara, directa y concreta las razones por las
cuales se declaró la responsabilidad fiscal a título de culpa grave en
cabeza del actor, incluso fundado en la misma normativa, esto es, el
artículo 85 del Decreto 1403 de 1994, que el a quo consideró no se aplicó
debidamente en el acto acusado.
Advirtió que la decisión del fallo con responsabilidad fiscal fue acogida en
segunda instancia y confirmada en su totalidad, por lo que, no solo se le
dio la oportunidad de ejercer una adecuada defensa a la parte actora, sino
4
Ibidem.
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que, contrario a lo decidido por el tribunal de instancia, los elementos de
la responsabilidad fiscal resultaron demostrados en el caso.
En cuanto a los elementos normativos contenidos en el artículo 63 del
Código Civil que a juicio del a quo no estaban acreditados, alegó que “(…)
la normativa echa de menos por el Tribunal A quo en el fallo que por el
presente se apela, se encuentra debidamente aplicada en el texto del fallo
acusado (…)”; para el efecto, también citó algunos apartes de la decisión.
Argumentó que la descripción con que fue abordada la modalidad
gravemente culposa de la conducta del actor se trata de la falta de
diligencia y cuidado habituales que se le exige a una persona que es
negligente incluso en el manejo de sus propios negocios y que esa desidia
o falta de interés y cuidado fue el que inobservó el actor en calidad de
jefe de nómina del ISS regional Antioquia, “ya que fue tal su descuido,
que permitió de manera continua el pago de doble mesada pensional al
señor Saúl Naranjo Duque, sin hacer el respectivo ajuste que compensa
los pagos que el ISS patrono realizaba en aquel entonces, con los aportes
que realizaba el mismo ISS pero ya como asegurador en pensiones, para
el mismo ciudadano”.
Aseguró que tal diligencia y cuidado le era exigible teniendo en cuenta el
cargo que ocupaba al interior de la entidad, lo que implicaba, como se lee
en el artículo 85 del Decreto 1403 de 1994 y la Resolución 2800 de 1994,
el deber de “preparar, proponer e implantar los procedimientos e
instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a
cargo de la dependencia a la cual pertenece”, de lo que se deduce que
omitió el cumplimiento de su principal función en el desempeño del cargo.
Consideró que el a quo concluyó erradamente que no se observaba un
incumplimiento en el departamento a cargo del actor en lo que tiene que
ver con las funciones de estudio del reconocimiento de pensiones, ni de
la notificación entre las respectivas gerencias, y que ciertamente el actor
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no incumplió esos deberes, pues ellos no fueron abordados en el acto
administrativo acusado, y lo que se le endilgó no fue el incumplimiento
de esas funciones, sino que el manejo documental al que aludió la
sentencia de primera instancia recaía precisamente sobre la historia
laboral de los empleados y jubilados del ISS, por lo que, “al tener a cargo
la manipulación de las aludidas Historias Laborales debió percatarse de la
duplicidad de asignación de la mesada pensional para el señor Saúl
Naranjo Duque”, y no podía predicarse la existencia de un error de hecho
o de derecho y menos una falsa motivación.
Anotó que los restantes elementos de la responsabilidad fiscal fueron
debidamente probados en el proceso, así como la culpa y la normatividad
que incumplió el actor en el ejercicio del cargo en el cual realizó gestión
fiscal.
Añadió que, “(…) según el a quo las funciones del cargo que desempeñaba
el actor era de simple manejo documental, sin embargo el a quo omite
analizar el tipo de documentos eran (sic) los que estaban a cargo del
actor, pues se trataba de la nómina e hisotira (sic) laboral de los
pensionados del ISS, insumo a partir del cual se analizan las solicitudes
de pensión de jubilación, y en el cual se consignan las novedades que
surjan, novedades como la pensión de jubilación o de vejes (sic) que en
forma paralela e irresponsable se le pagó al ciudadano Saúl Naranjo
Duque por la ineficiencia y culpa grave en el desempeño de las funciones
a cargo del señor Álvaro Posada Maya como se observa en el acto
administrativo acusado (…)”.
Alegó que el actor tenía personal capacitado y suficiente con el cual
desplegar las funciones propias del cargo, pero, al no ejercer las medidas
de control de que trata el artículo 85 del Decreto 1403 de 1994, incurrió
en culpa grave, pues precisamente esta es la razón de ser de su presencia
en la entidad como funcionario de nivel superior, dotado de poder
jerárquico para solicitar informes y demás allí exigidos.
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Demandante: Álvaro Posada Maya
Por último, afirmó que, “(…) en lo relativo a la culpa el A quo considera
que no existen elementos para declarar su existencia en la conducta del
actor, sin embargo, hace alusión a las funciones que debía cumplir, las
cuales están designadas en el decreto 1403 de 1994, las cuales fueron
descritas en el fallo, por ende, no es dable, afirmar que se haya
incumplido con la carga procesal por parte de mi representada en lo
referente a demostrar la culpa grave del actor en la conducta analizada
en el fallo de responsabilidad fiscal acusado; PUES TÉNGASE EN CUENTA
que en el fallo acusado claramente la CAUSALIDAD DE LA
RESPONSABILIDAD FISCAL deriva del pago de la doble mesada, NO DE
LA ESGTIÓN (sic) QUE EL ACTOR PODÍA HACER O NO EN EL PROCESO DE
RECONOCIMIENTO DE LA MESADA PENSIONAL, por ende, no resultan
coherentes las inferencias relacionadas por parte del A- Quo en la
sentencia apelada (…)”. (mayúsculas originales en el escrito).
El recurso fue concedido por auto del 13 de julio de 20175.
V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
5.1. El recurso de apelación fue asignado mediante acta individual de
reparto del 3 de octubre de 20176 y admitido en proveído del 6 de marzo
de 2018, en el que también se tuvo por bien presentada la renuncia del
apoderado de la parte demandada y se reconoció personería a la
apoderada designada7.
5.2. Por auto del 30 de abril de 2018 y por considerarse innecesaria la
audiencia de alegaciones y juzgamiento se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto8.
5
Ibidem.
6
Ibidem
7
Ibidem.
8
Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 23 33 000 2014 00328 01. Expediente digitalizado.
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15
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Demandante: Álvaro Posada Maya
5.2.1. El apoderado de la parte actora, al descorrer el traslado, solicitó se
confirme la decisión de primera instancia9. Para el efecto, insistió en que
los errores de hecho que fueron endilgados en la demanda están referidos
a que los actos acusados no individualizaron la conducta objeto de
reproche, ni identificaron la dependencia a cargo de la obligación de
notificar el reconocimiento de las pensiones, y que el demandante no
estaba obligado a implementar mecanismos de control para evitar el pago
doble pensional. Anotó que el error jurídico consistió en que no se calificó
la conducta, lo que conducía innegablemente a la declaración de nulidad
de los actos acusados, como bien lo resolvió el a quo.
Reiteró que, al tratarse de una gerencia regional, el señor Álvaro Posada
Maya no tenía la competencia de establecer políticas e implementar
procedimientos que no fueran efectuados por la gerencia nacional, de
conformidad con la estructura señalada en el Decreto 1403 de 1994.
5.2.2. La apoderada de la Contraloría General de la República reiteró la
solicitud de que sea revocada la sentencia proferida por el a quo y
manifestó que se remitía a lo señalado en el recurso de apelación10.
Insistió en que el elemento de la responsabilidad fiscal relacionado con la
conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión
fiscal se abordó de manera directa al valorarse la conducta del actor a
título de culpa grave, y que el fallo hizo un análisis profundo de los
elementos de la responsabilidad fiscal.
Anotó que “el a quo valoró apresuradamente las funciones del cargo que
desempeñaba el actor, cuando indica que eran de simple manejo
documental, pues con este juicio omitió analizar el tipo de documentos,
PUES SE TRATABA DE LA NOMINA E HISTORIA LABORAL DE LOS
PENSIONADOS DEL ISS, insumo a partir del cual se analizan las
Ibidem.
9
10
Ibidem.
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16
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Demandante: Álvaro Posada Maya
solicitudes de pensión o jubilación, y se consignan las novedades
administrativas, COMO LA PENSION DE JUBILACIÓN O DE VEJEZ que, en
el caso que nos atañe, de forma paralela se le pagó al ciudadano SAUL
NARANJO DUQUE, configurándose la culpa grave en el desempeño de las
funciones del cargo del señor ALVARO POSADA MAYA ocasionando con
ello un detrimento al patrimonio del Estado”. (mayúsculas originales).
5.2.3. El señor Agente del Ministerio Público no rindió concepto.
5.3. El expediente ingresó para fallo el 12 de junio de 201811.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
Atendiendo lo previsto por los artículos 150 del CPACA y 13 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201912 expedido por la Sala Plena de la
Corporación, esta Sección es competente para conocer del presente
asunto en segunda instancia.
6.2. Los actos acusados
Corresponden a los siguientes:
6.2.1. El fallo con responsabilidad fiscal nro. 001 del 21 de enero de 2013,
proferido por los directivos de la gerencia departamental colegiada de
Antioquia de la Contraloría General de la República, que dispuso13:
11
Ibidem.
12
Que compiló y actualizó el Reglamento del Consejo de Estado.
13
Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 23 33 000 2014 00328 01. Expediente digitalizado.
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Demandante: Álvaro Posada Maya
“[…] ARTICULO PRIMERO. Negar la declaratoria de nulidad de la
actuación procesal solicitada por el Doctor GONZALO ADOLFO GARCIA
CHIGUA apoderado de confianza del señor ALVARO POSADA MAYA
presunto responsable dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal 068-
09, de conformidad con los considerandos del presente proveído.
ARTICULO SEGUNDO. Fallar con Responsabilidad Fiscal, en el proceso
068-09, de conformidad con el Artículo 53 de la Ley 610 de 2000, en
cuantía de TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y
DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/L($317.182.810.00), a cargo de
OLGA STELLA CARDONA MELGUISO identificada (…) en calidad de Jefe
del Departamento de Atención al Pensionado, MARTHA LUCRECIA
PERALTA TORRES identificada (…) como Coordinadora de Nómina,
ALVARO POSADA MAYA identificado (…) quien se desempeñó como Jefe
del Departamento de Historia Laboral y Nómina del INSITITUTO (sic) DE
LOS SEGUROS SOCIALES para la fecha de los hechos materia de
investigación de conformidad a los considerandos del presente proveído.
ARTICULO TERCERO. Incorporar al presente Fallo con Responsabilidad
Focal, las siguientes pólizas (…).
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
6.2.2. El Auto nro. 000652 del 24 de julio de 2013, proferido por la
directora de juicios fiscales de la Contraloría Delegada para
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría
General de la República, “por medio del cual se surte un grado de consulta
y se resuelven los recursos de apelación dentro del proceso de
responsabilidad fiscal no. 068 – 09”, que decidió, entre otros, el recurso
de apelación interpuesto por el apoderado del señor Álvaro Posada Maya
contra el precitado fallo, y dispuso14:
“[…] ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR el fallo con Responsabilidad
Fiscal No. 001 del 21 de enero de 2013 y el Auto No. 150 del 28 de mayo
de 2013, proferido en contra de los señores OLGA STELLA CARDONA
MELGUISO identificada (…) en calidad de Jefe del Departamento de
Atención al Pensionado, MARTHA LUCRECIA PERALTA TORRES
identificada (…) como Coordinadora de Nómina, ALVARO POSADA MAYA
identificado (…) quien se desempeñó como Jefe del Departamento de
Historia Laboral y Nómina del INSITITUTO (sic) DE LOS SEGUROS
SOCIALES para la fecha de los hechos materia de investigación, de
conformidad a los considerandos del presente proveído, en cuantía de
TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/L($317.182.810.00), de acuerdo a lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
14
Ibidem.
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18
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6.3. Lo probado en el proceso
6.3.1. Según consta en el fallo con responsabilidad fiscal nro. 001 del 21
de enero de 2013, proferido por los directivos de la gerencia
departamental colegiada de Antioquia de la Contraloría General de la
República, los hechos que dieron lugar al proceso de responsabilidad fiscal
fueron los siguientes15:
“[…] La Contraloría General de la República adelantó Auditoria
Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Abreviada con el fin de
ejercer vigilancia y control fiscal a la vigencia de 2005, al Instituto de
Seguro Social, Seccional Antioquia, evidenciando:
“… la Auditoria encontró como irregular el hecho consistente en doble
pago de pensión, que generó desde el momento en que mediante
Resolución 002054 del 19 de febrero de 1998, el ISS Asegurador otorgó
pensión de vejez al señor SAUL NARANJO DUQUE identificado con c.c.
(…) jubilado por el ISS Empleador mediante Resolución 002025 de julio
176 de 1998 y que no obstante tratarse de una pensión compartida. El
ISS pago al beneficiario la totalidad de las dos pensiones...”.
Hecho que dio lugar al trámite de la Indagación Preliminar No. 012-2008,
la cual efectuado el trámite legal establecido en la Ley 610 de 2000 fue
proferido auto de cierre en fecha 11 de mayo de 2009 con el cual se
concluye:
“… mediante Resolución 002054 del 19 de febrero de 1998, la Jefe del
Departamento de Atención al Pensionado, doctora Olga Stella Cardona
Melguizo, concede pensión por vejez al señor SAUL NARANJO DUQUE en
una cuantía de $ 1.040,686, en este acto no se hizo alusión alguna a la
compartibilidad con el ISS empleador. El señor Naranjo Duque presenta
recurso de Reposición y solicita se le reconozca las mesadas
correspondientes a los meses de enero y febrero de 1998 pues su retiro
fue a partir del 13 de enero de ese año. Mediante Resolución 08376 del
18 de agosto de 1998, la Jefe del Departamento de Atención al
Pensionado, repone la Resolución 002054 que le concedió la pensión por
vejez y se le reconoce el retroactivo correspondiente a un (1) mes... la
Resolución 002025 del 16 de julio de 1998 mediante la cual el ISS
Empleador, reconoce al señor SAUL NARANJO DUQUE ... pensión de
jubilación estipulando que: "La pensión se pagará de la forma establecida
en esa resolución hasta cuando el ISS Asegurador reconozca al doctor
Saúl Duque Naranjo (Sic) la pensión de vejez. A partir de ese
reconocimiento el ISS patrono sola pagará la diferencia que resulte de
restar de la pensión de jubilación, la pensión de vejez, ajuste que se
producirá en forma automática en la nómina de pensionados del ISS
patrono…”. No obstante, que en la Resolución 002025 mediante la cual
se concedió pensión de jubilación se estableció que era una pensión
compartida, no se hizo la correspondiente subrogación y en consecuencia
se pagó mayor valor, generando así un detrimento patrimonial al Estado,
15
Visto en el índice 38 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 68001 23 33 000 2012 00318 01.
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irregularidad que fue reconocida por el ISS en oficio del 23 de febrero de
2009, en el cual manifiesta que a Saúl Naranjo Duque se le pago de más
hasta el año 2005 la suma de $47,896.094, valor que indexado al año
2009 asciende a $59.707.692... y la conducta reprochable sería la
omisión de las medidas efectivas para evitar que se configurara el mayor
valor pagado en la pensión del señor Saúl Naranjo Duque por parte de
los funcionarios implicados como presuntos responsables Olga Stella
Cardona Melguizo cc (…), Martha Lucrecia Peralta Torres cc (…) y Álvaro
Posada Maya cc (…)”.
Mediante oficio 80052-4084 del 21 de mayo de 2009, fue trasladado al
Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva
Indagación Preliminar No. 012-08.
De la documentación obrante en el plenario se establece que el
INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES - ISS efectuó pagos
irregularmente de la pensión de jubilación y de vejez al señor SAUL
NARANJO DUQUE, al determinar que el Seguro Social en calidad de
Empleador efectuó pagos por mayor valor al que debía de conformidad
con la Resolución 002054 del 19 de febrero de 1998 y 002025 del 16 de
julio de 1998, por la cual se reconoce la pensión de vejez por el ISS en
calidad de Asegurador y pensión de jubilación respectivamente sin que
se hayan compartido las mismas, lo que constituyó un detrimento al
erario en cuantía de $124.284.850 a octubre de 2006.
[…]”.
6.3.2. En el mismo fallo nro. 001 del 21 de enero de 2013, se endilgó lo
siguiente frente a cada uno de los presuntos responsables fiscales16:
“[…] Presuntos responsables fiscales
OLGA ESTELLA CARDONA MELGUIZO (…), quien para la fecha de los
hechos se desempeñó como Jefe del Departamento de Atención al
Pensionado del ISS - Seccional Antioquia, por no comunicar al ISS -
Patrono el reconocimiento de la pensión de vejez otorgada al señor SAUL
NARANJO DUQUE y proceder al pago de la misma sin que se haya dado
aplicación a la subrogación con la pensión de Jubilación reconocida y
cancelada por el ISS, generando una gestión fiscal ineficiente,
antieconómica frente a la los fondos del Estado.
MARTHA LUCRECIA PERALTA TORRES, (…), quien para la fecha de
las hechos se desempeñó como Jefe de Sección de Nómina Salarios y
Registro de Personal del ISS - Seccional Antioquia, por no comunicar al
ISS -Asegurador el reconocimiento de la pensión de jubilación otorgada
al señor SAUL NARANJO DUQUE y proceder al pago de la misma sin que
se haya dado aplicación a la subrogación con la pensión de vejez
reconocida y cancelada por el ISS, generando una gestión fiscal
ineficiente, antieconómica frente a la los fondos del Estado.
ALVARO POSADA MAYA identificado (…), quien para la fecha de los
hechos se desempeñó como Jefe del Departamento Seccional de Historia
Laboral y Nómina de Pensionado del ISS - Antioquia, por no implementar
16
Ibidem.
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20
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mecanismos de control y vigilancia de los afiliados con requisitos
cumplidos para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación y
no dar aplicación a la subrogación sobre las pensiones de jubilación y
vejez reconocidas al señor SAUL NARANJO DUQUE, generando una
gestión fiscal ineficiente, antieconómica a los fondos del Estado.
[…]” (mayúsculas y negrillas originales, subrayas ajenas).
En cuanto al daño patrimonial en el citado fallo se sustentó así:
“[…] EL DAÑO PATRIMONIAL
Reiterando lo manifestado en el Auto de Imputación 018 del 21 de
diciembre 2012, se tiene probado que el INSTITUO (sic) DE SEGUROS
SOCIALES - Seccional Antioquia por intermedio del Jefe del
Departamento de Atención al Pensionado señora OLGA STELLA
CARDONA MELGUIZO y mediante Resolución 002054 del 19 de febrero
de 1998 (Fl12), reconoció pensión de vejez al señor SAUL NARANJO
DUQUE, identificado con cédula de ciudadanía (…) al haber cumplido con
los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de
1990 (…).
(…) se ha probado que según planilla procesada el 15 de junio de 2005
el ISS Vicepresidencia de Pensiones – Gerencia Nómina de Pensionados
liquidó pensión de vejez al señor SAUL NARANJO DUQUE identificado con
cédula (…).
Está evidenciado que mediante Resolución 002025 del 16 de julio de
1998, ALBERTO FIGUEROA JARAMILLON Gerente Seccional
Administrativo y JORGE URIEL URREGO HERRERA Jefe del Departamento
de Recursos Humanos del ISS reconocieron al señor SAUL DUQUE
NARANJO identificado con (…) pensión de jubilación mensual vitalicia por
valor de $1.245.715 a partir del 10 de febrero de 1998. En citado acto
igualmente se enuncia:
“ARTICULO SEGUNDO: Advertir al beneficiario de esta pensión que su
cobro es incompatible con otra asignación que provenga del Tesoro
Público, cualquiera sea su denominación que se adopte para el pago de
la contraprestación del servicio conforme a los dispuesto por la
Constitución Política, artículo 128, Ley 151 de 1959 artículo cuarto,
Decreto Reglamentario 1848 de 1969 artículo 77, salvo la excepción
contemplada en la Constitución y la Ley. ARTÍCULO TERCERO: La
pensión se pagará en la forma establecida en esta resolución hasta
cuando el ISS Asegurador le reconozca al doctor SAUL NARANJO DUQUE
la pensión de vejez. A partir de ese reconocimiento el ISS patrono solo
pagará la diferencia que resulte de restar de la pensión de jubilación, la
pensión de vejez, ajuste que se producirá en forma automática en la
nómina de pensionados del ISS patrono (…)”.
(…)
En estudios realizado por FEDERICO VASQUEZ GONZALEZ Jefe
Departamento de Atención al Pensionado y DUVIS ELENA DIOSA
HERRERA Jefe Departamento de Recursos Humanos Coordinadora
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encargada Nómina empleados públicos del ISS de fecha 20 de junio de
2005 en referencia al caso del señor SAUL NARANJO DUQUE
manifestaron ( F152 a 68): “…2-…El desfase de los jubilados que se
presenta doble pago ya fue corregido ingresando les últimas
modificaciones posibles en la nómina de junio de 2005 y solo
continuando el pago de ambas pensiones en los casos en que se explicó,
se espera concepto de Bogotá, los cuales son los casos de Saúl Naranjo
Duque..." (resaltado fuera de testo), lo que permite afirmar que el ISS
reconoció la existencia de doble pago sobre las pensiones aprobadas al
señor NARANJO DUQUE, así como la existencia de un mayor valor
cancelado por parte del 155 el cual debe ser sujeto de reintegro al Tesoro
Nacional.
El citado estudio también determinó: que (F183) “… SAUL NARANJO
DUQUE... fue jubilado por vejez por el ISS mediante resolución 2025 de
16 de julio de 1998 a partir del 1º de febrero de 1998 en cuantía de
$1.245.715... recibe pensión de vejez por el ISS asegurador concedida
mediante la Resolución 2054 del 19 de febrero de 1998 en cuantía
mensual de $1.040.686 en las resoluciones anteriores no se dijo que se
trataba de un jubilado del Seguro Social ni se aplicaron las normas acerca
de la subrogación pensional...” (Resaltado fuera de texto) manifestación
que contiene error toda vez que con la Resolución 2025 del 16 de julio
de 1998 fue concedida la pensión de jubilación mas no de vejez como se
advierte; situación que nos lleva a concluir que el ISS en primera
instancia reconoció pensión de vejez y con posterioridad la pensión de
jubilación, también que la pensión de jubilación era de un mayor valor a
la de vejez en $205 209, valor este que en aplicación al principio de
subrogación tenía que ser asumido por el ISS empleador (…).
(…)
Las citadas deficiencias de control son también advertidas por el señor
ALVARO POSADA MAYA en su escrito de fecha 22 de julio de 2009 al
enunciar que:
“La Seccional del ISS en Antioquia estaba dividida en 4 áreas cada una
con su respectivo gerente y totalmente independientes cada una de
ellas; de estas gerencias participaron en los hechos objeto de examen la
gerencia administrativa (ISS - Patrón) y la gerencia de pensiones (ISS -
Asegurador) ... El ISS patrón en forma autónoma y superando las
normas legales, concedía unas pensiones de jubilación que excedían las
pensiones de ley, tanto en la convención colectiva como en las
resoluciones individuales se anotaba que el ISS - patrón se subrogaría
cuando el ISS- pensiones concediera la pensión de vejez y solo
continuaría pagando el mayor valor que tuviera la pensión de
jubilación... como se desprende de lo expuesto aquí, la responsabilidad
del ISS pensiones era otorgar, notificar y administrar la nómina de
pensiones por vejez y la del ISS patrón, como la de todas las otras
empresas públicas y privadas era la de reconocer pensiones de jubilación
convenidas y administrar la nómina de jubilados que se genera en esta
forma...” (F/258).
(…)
Lo expuesto plenamente evidencia que el ISS y concretamente los
señores OLGA CARDONA MELGUIZO como Jefe de Departamento II
ubicado en el Departamento Seccional de Atención al Pensionado
MARTHA LUCRECIA PERALTA TORRES Coordinadora Seccional de Nómina
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y ALVARO POSADA MAYA Jefe del Departamento Seccional de Historia
Laboral y Nómina de Pensionados Gerencia Seccional de Pensiones del
ISS Seccional Antioquia dentro del ejercicio de sus cargos conocían
plenamente lo normado por el Decreto 758 de 1990, respecto a que
estarán sujetos al seguro social obligatorio contra los riesgos de
invalidez, vejez y muerte de origen no profesional, en forma forzosa u
obligatoria los funcionarios de seguridad social del Instituto de Seguros
Sociales y los pensionados por jubilación cuyas pensiones vayan a ser
compartidas con las pensiones de vejez a cargo del Instituto de Seguros
Sociales o asumidas totalmente por él como era el caso del señor SAUL
NARANJO DUQUE, tan es así que se producen los actos de
reconocimiento y pago de pensión de vejez y jubilación en virtud de las
Resoluciones 02054 del 19 de febrero de 1998 y 02025 del 16 de julio
de 1998, respectivamente.
Asimismo, pese a ese conocimiento no dieron aplicación a la norma
citada lo que originó un detrimento del erario público al cancelar al señor
SAUL NARANJO DUQUE un valor pensional superior al legalmente
autorizado por no aplicación de la subrogación entre las pensiones de
jubilación y vejez, tal como se desprende del estudio realizado por
FEDERICO AUGUSTO VASQUEZ GONZALEZ Jefe de Atención al
Pensionado del ISS en fecha 28 de abril de 2006 (Fl. 83 a 84).
De igual manera, el despacho considera que fue ineficaz y antieconómica
la gestión realizada por los señores, quienes como Jefes del
Departamento de Atención OLGA CARDONA MELGUIZO como Jefe de
Departamento II ubicado en el Departamento Seccional de Atención al
Pensionado; MARTHA LUCRECIA PERALTA TORRES Coordinadora
Seccional de Nómina y ALVARO POSADA MAYA Jede del Departamento
Seccional de Historia Laboral y Nómina de Pensionados Gerencia
Seccional de Pensiones del ISS Seccional Antioquia al permitir el
incumplimiento de las disposiciones legales en cuanto al pago de las
pensiones de jubilación y vejez cuando éstas son compartidas, situación
que contribuyó a la consumación del daño fiscal al proceder a la
cancelación de una obligación superior a la que legalmente le
correspondía al señor NARANJO DUQUE.
(…)
Realizado el análisis del valor cancelado con las deducciones realizadas
por salud podemos afirmar que el valor pagado en exceso para el periodo
1998 a 2005 es por la suma de $124.284,850, valor sobre el cual se
endilga el daño fiscal.
Queda establecido que los señores OLGA STELLA CARDONA MELGUIZO
Jefe del Departamento de tención como Jefe de Departamento II ubicado
en el Departamento Sección de Atención al Pensionado; MARTHA
LUCRECIA PERALTA TORRES Coordinadora Seccional de Nómina y
ALVARO POSADA MAYA Jede del Departamento Seccional de Historia
Laboral y Nómina de Pensionados Gerencia Seccional de Pensiones del
ISS Seccional Antioquia en el ejercicio de sus funciones tenía la
disposición material y jurídica de los recursos de la entidad y por ende
la obligación de aplicar la subrogación entre las pensiones reconocidas
por el ISS y ordenar se realice el pago conforme a la normatividad legal
vigente en materia de pensiones.
(…)
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Por lo anterior, para el despacho con las pruebas recaudadas en el
proceso queda evidenciado que las funciones asignadas a los cargos de
Jefe del Departamento de Atención al Pensionado, Coordinadora de
Nómina y Jefe de Historia Laboral y Nómina de Pensionados le imponían
la vigilancia, control y salvaguarda de los bienes del Estado, y su
inaplicabilidad generó menoscabo de los dineros de este,
estableciéndose un daño patrimonial al erario público en CIENTO
VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($124.284.850), valor que se
endilga solidariamente a OLGA STELLA CARDONA MELGUIZO como Jefe
de Departamento II ubicado en el Departamento Seccional de Atención
al Pensionado; MARTHA LUCRECIA PERALTA TORRES Coordinadora
Seccional de Nómina y ALVARO POSADA MAYA Jede del Departamento
Seccional de Historia Laboral y Nómina de Pensionados Gerencia
Seccional de Pensiones del ISS Seccional Antioquia para la época de los
hechos.
[…]”. Mayúsculas, negrillas y subrayas originales)
En cuanto a la conducta de los implicados en el fallo se indicó lo siguiente:
“[…] DE LA CONDUCTA
Es de recordar que la Corte Constitucional en Sentencia C-631 de 1996
Magistrado Ponente, Doctor Antonio Barrera Carbonell: enunció:
La función pública, implica el conjunto de tareas y de actividades que
deben cumplir los diferentes órganos del Estado, con el fin de desarrollar
sus funciones y cumplir sus diferentes cometidos y, de este modo,
asegurar la realización de sus fines. Se dirige a la atención y satisfacción
de los intereses generales de la comunidad, en sus diferentes dones y,
por consiguiente, se exige de ella que se desarrolle con arreglo a los
principios mínimos que garanticen la igualdad, la moralidad, la eficacia,
la economía, la celeridad, la imparcialidad y la publicidad, que permitan
asegurar su correcto y eficiente funcionamiento y generar la legitimidad
y buena imagen de sus actuaciones ante la comunidad".
Y en Sentencia C-563/98, expuso:
En sentido amplio la noción de función pública atañe al conjunto de las
actividades que realiza el Estado, a través de los órganos de las ramas
del poder público, de los órganos autónomos e independientes, (ar 713)
y de las demás entidades o agencias públicas, en orden a alcanzar sus
diferentes fines. En un sentido restringido se habla de función pública,
referida al conjunto de principios y reglas que se aplican a quienes tienen
vínculo laboral subordinado con los distintos organismos del Estado Por
lo mismo, empleado funcionario o trabajador es el servidor público que
está investida regularmente de una función que desarrolla dentro del
radio de competencia que le asigna la Constitución, la ley o el
reglamento. Como puede observarse, la "Función Pública" es vista desde
el punto de vista orgánico, en el sentido de que comprende todo el
conjunto de funciones, tareas, trabajos y demás acciones realizadas por
las entidades y órganos del Estado para el logro de sus objetivos de esta
manera, “Función Pública es la actividad estatal puesta en marcha, en
ejercicio de sus funciones para el logro de su misión. Es decir que el
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servicio de cualquier entidad del Estado, entre ellas las descentralizadas,
es "Función Pública".
Así las cosas, las funciones concretas o específicas que le corresponde
cumplir a cada uno de esos empleados en el ente gubernamental al que
pertenezca el cargo, son fijadas por el jefe del organismo respectivo en
el llamado Manual Específico de Funciones siendo responsable no solo
por infringir la Constitución y la ley sino también por la omisión y
extralimitación en el ejercicio de sus tareas que se le han asignado como
lo ordena el artículo 6 del Estatuto Supremo.
Cuando el artículo 122 de la Constitución Política exige fijar las funciones
de los empleos públicos, entre otros actos por medio de reglamentos, no
se está refiriendo exclusivamente a la ley que determina la estructura
orgánica de la entidad pública, ni al manual general de funciones que
expide el Presidente de la República, sino también al manual especifico
de funciones de cada entidad como una manera de garantizar los
principios de eficacia, economía y celeridad que orientan la función
administrativa, de lo contrario sería ir en contra de toda lógica que los
superiores jerárquicos no pudieran asignarle otras funciones inherentes
a su cargo a los empleados de su dependencia, por no estar
expresamente contenidas en una ley o decreto, lo que en últimas
entrabaría la administración y, por ende, la eficaz prestación del servicio
público, pero siempre bajo los criterios jurídicos establecidos para dicha
asignación de funciones.
La función del servidor público está enmarcada en dos postulados, el que
regula la conducta personal y la de las normas que orientan la función
pública. En relación a la conducta personal, está referida a los deberes y
prohibiciones de los empleados públicos, que es el régimen ético del
empleado público. En referencia a la actividad de la administración, la
Constitución Política de Colombia en su artículo 209 ha definido la función
administrativa como la que está al servicio de los intereses generales y
se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad postulados
concordantes con el artículo 3° del Código Contencioso Administrativo;
principios de obligatoria observancia en las actuaciones administrativas.
Tras estas premisas entraremos a analizar inicialmente la nulidad
propuesta por el Doctor GONZALO ADOLFO GARCÍA GARICA (sic)
apoderado de confianza del señor ALVARO POSADA MAYA y con
posterioridad los escritos de descargos presentados por los presuntos
responsables frente al Auto de Imputación 018 proferido por este
despacho en fecha 21 de diciembre de 2011 respecto al comportamiento
adoptado por el agente investigado en la configuración del hecho
irregular el cual debe rayar los linderos del dolo o la culpa grave.
[…]”.
En el mismo fallo se hizo alusión a la nulidad propuesta por el hoy
demandante Álvaro Posada Maya, de lo allí analizado se destaca:
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“[…] ALVARO POSADA MAYA
El citado por intermedio de su apoderado Doctor GONZALO ADOLFO
GARCIA GARCÍA, propone nulidad contra el Auto de Apertura 016 del 7
de julio de 2009 aduciendo que el acto producido por este despacho
adolece de una motivación que le permita a la parte actora conocer los
fundamentos fácticos en que se apoya el ente de control para endilgar
responsabilidad al señor ALVARO POSADA MAYA referente al doble pago
de la pensión que fue objeto el señor SAUL NARANJO DUQUE.
Al respecto el despacho recuerda que el Proceso de Responsabilidad
Fiscal lo constituye la actividad de la Contraloría General de la República
y demás entes fiscalizadores territoriales, con el objeto de establecer la
responsabilidad que corresponda a los servidores públicos, contratistas
y particulares cuando en ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de
esta causen, por acción u omisión y en forma dolosa o culposa, un daño
al patrimonio del Estado.
Proceso que se adelanta de conformidad con lo establecido en la Ley 610
del 2000 y Ley 1474 de 2011, normas que fijan el Procedimiento Fiscal
que no es otra cosa que el conjunto de actuaciones, formalidades y
trámites administrativos que se deben observar en el desarrollo del
proceso y que constituyen el aspecto formal del mismo.
(…)
(…) el auto del cual se propone nulidad cumple con la motivación exigida
por la normatividad, esto es, la Ley 610 de 2000 como inicio del proceso,
en el citado auto no se exige la identificación plena de los presuntos
responsables y terceros civilmente responsables, una indicación y
valoración de las pruebas practicadas, la acreditación de los elementos
constitutivos de la responsabilidad fiscal y determinación de la cuantía
del daño patrimonial, aspectos que son exigidos en otra instancia
procesal que no es la apertura del proceso.
(…)
Así las cosas no es correcta la afirmación de la defensa al expresar que
dado la supuesta falta de motivación del auto de apertura se haya
vulnerado el derecho de defensa, toda vez que como fue demostrado, el
despacho profirió Auto de Apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal
068-09 siguiendo cada uno de los tópicos enunciados en la norma,
aspecto que claramente permitieron el conocimiento del asunto
investigado y los hechos endilgados a los presuntos responsables,
téngase presente que en el asunto no solo el señor POSADA MAYA figura
como presunto responsable lo que permite afirmar que de carecer de
motivación el auto de apertura los demás presuntos responsables no
hubieran podido ejercer su derecho de defensa frente a las imputaciones
realizadas por este despacho.
(…)
Para el caso del señor POSADA MAYA se tiene plenamente probado que
conocía el asunto por el cual se tramitaba el Proceso de Responsabilidad
Fiscal 068-09, tan es así que surtida la notificación personal del Auto de
Apertura 016 (…) el presunto responsable dirige escrito del 22 de julio
de 2009 (F. 258 a 260) que evidencia claramente que fue comprendidos
(sic) los hechos por los cuales se lo estaba investigando y con el mismo
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ejerció su derecho de defensa al hacer una exposición explicativa de los
trámites y conductas asumidas frente al pago por el mayor valor de la
pensión por inaplicabilidad de la subrogación.
(…)
Por lo expuesto, podemos concluir que el despacho siempre ha sido
garantista del derecho de defensa el cual ha sido ejercido activamente
por el presunto responsable, no encontrando asidero legal para declarar
la nulidad solicitada por la defensa.
[…]”. (mayúsculas originales)
Por último, frente a lo indicado en el escrito de descargos por el señor
Álvaro Posada Maya, el fallo de primera instancia analizó17:
“[…] 1.- Del daño
La defensa ha identificado correctamente el daño y el hecho generador
de este, pero no es correcto afirmar que el mismo se produjera
únicamente por la falta de vigilancia y control de la Coordinación de
Nómina toda vez, el ISS inicialmente reconoció y pago Pensión de Vejez
al señor SAUL NARANJO DUQUE en fecha 19 de febrero de 1998 en virtud
de la Resolución 002054, acto de competencia del Departamento de
Atención al Pensionado y Departamento de Historia Laboral y Nómina de
Pensionados, quienes como tantas veces se ha sostenido tenían la
obligación de informar la situación de señor SAUL NARANJO DUQUE a la
Coordinación de Nómina para que procediera a la subrogación, pese a
que con posterioridad a la fecha de reconocimiento de la pensión de vejez
se diera la de Jubilación en fecha 16 de julio del mismo año (1998)
mediante Resolución 002025, situación que originó que la Coordinación
de Nómina no procediera a la aplicación de la subrogación y que está
igualmente por falta de vigilancia y control procediera al pago sabiendo
que el señor había cumplido la edad para pensión de vejez.
2.- Cumplimiento de las funciones del Departamento de Historia
Laboral y Nómina de Pensionados. 2.1 Controles de Historia
Laboral, 2.2 Trámite pensión y 2.3 Interacciones:
Se asevera por el presunto responsable que la dependencia a su cargo
cumplió con las obligaciones establecidas en el Decreto 1403 de 1994 en
su artículo 85 y la Resolución 2800 de 1994 que le obligaban a: (…).
Afirmación que no es correcta por cuanto de haberse dado aplicación a
las funciones asignadas se hubiera puesto en conocimiento del
Departamento de Nómina la situación pensional del señor SAUL
NARANJO DUQUE, si bien es cierto no existía en la entidad manual de
procedimientos que determine el flujograma de los procesos
administrativos, la Ley 87 de 1993 obliga a todos los organismos y
entidades de las Ramas del Poder Público entre los que se encuentra los
establecimientos públicos, en las empresas industriales y comerciales del
Estado, implementar y aplicar el control interno como un sistema
integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes,
métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de
17
Ibidem.
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verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de
procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como
la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo
con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas
trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos
(...).
Si bien como lo manifiesta el presunto responsable no tenía la
competencia para implementar manuales de procedimientos
institucionales, si le correspondía mecanismos de control de las funciones
asignadas a la dependencia a su cargo, que le permitiera llevar un control
del estado de las pensiones solicitadas y la administración de la
información con otras dependencias como era el Departamento de
Nomina, más aún cuando se trata de la misma entidad el INSTITUTO DE
SEGUROS SOCIALES.
Se atribuye la responsabilidad al Departamento de Atención al
Pensionado, Centro de Atención al Pensionado y Coordinación de Nómina
de la Subgerencia Administrativa, desconociendo que el Departamento
de Historia Laboral y Nómina de Pensionados, hacer parte del engranaje
previsto por la entidad ISS para el reconocimiento y pago de las
pensiones de sus afiliados, así las cosas las acciones u omisiones de cada
una de las dependencias que intervienen en el proceso repercuten en el
proceso de las demás, así las cosas la falta de control del reconocimiento
de la pensión de vejez al señora NARANJO DUQUE y la falta de
comunicación de dicho reconocimiento a la Coordinación de Nómina
influyo en el reconocimiento y pago de las pensiones de vejez y jubilación
sin aplicación de la subrogación, originando un detrimento al erario
público al cancelar mayor valor de lo que legalmente le correspondía.
Se dice por el presunto que la entidad tenía implementado un sistema
de identificación de sus afiliados (activos - Jubilados) aspectos que
corroboran lo manifestado por el despacho que la dependencia a cargo
del señor POSADA MAYA, poseía mecanismos que le permitían detectar
la calidad del filiado y por ende hacer seguimiento y control de las
prestaciones reconocidas y no fueron aplicadas originando el daño
materia de investigación.
3.- Análisis de los errores, 3.1 Errores en el Departamento de
Atención al Pensionado. 3.2 Falla en el Centro de Atención
Pensiones, 3.3. Fallas en la Coordinación de Nómina, 3.4
Notificación
El presunto responsable comparte la posición del despacho de existencia
y certeza del daño y la responsabilidad frente a la inaplicabilidad de la
subrogación de las pensiones de jubilación y vejez reconocidas al señor
SAUL NARANJO DUQUE, no solo por la dependencia a su cargo sino por
el Centro de Atención al Pensionado y Coordinación de Nómina,
reconociendo igualmente el engranaje entre estas dependencias y su
corresponsabilidad en el trámite pensional.
Excusa la falta de comunicación ante la falta de presupuesto de gastos
de correo, aseveración no aceptada teniendo en cuenta que se trata de
dos dependencias de la misma entidad, donde sus funcionarios son
compañeros de trabajo y no requiere de un procedimiento de envío por
correo para el trámite de sus actuaciones, como bien lo considera el
señor POSADA MAYA, al firmar:" por ser enviadas por correo interno...".
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4.- Redacción Resoluciones
Se dice que respecto a las Resoluciones 2054 de febrero de 1998 t 8376
de agosto de 1998 con las que se reconoce pensión de vejez al señor
SAUL NARANJO DUQUE, no fueron elaboradas por el departamento a su
cargo, pero no hay que olvidar que dentro de las funciones de su
dependencia si se encontraba: "Coordinar y controlar la aplicación de las
políticas y normas sobre el manejo de nómina de pensionados, proceso
de novedades y trámite de recursos. b) Garantizar el cumplimiento de
los procedimientos que aseguren el pago ágil, oportuno y confiable de
las prestaciones reconocidas. c) Velar por la eficiencia y eficacia del
proceso y control de las funciones de su competencia. d) Garantizar la
calidad y confiabilidad en los registros y pagos de nóminas de
pensionados y auxilios funerarios. e) Mantener actualizada la
información sobre historias laborales de los clientes de la regional. f)
Velar por el adecuado archivo de información y documentos relativos al
área...” obligándolo de esta manera a realizar un control efectivo sobre
las prestaciones, no siendo aceptable la afirmación que el departamento
a su cargo no tenía asignada la tarea específica de revisión de las
resoluciones, dado que dicha actividad está inmersa en el criterio de
control interno y autocontrol obligación de todo funcionario público.
5.- No hubo dolo ni mala fe
El despacho no ha cuestionado la calidad de la persona del señor ALVARO
POSADA MAYA, pero sí la falta de cuidado en el ejercicio de sus funciones
y del control de la dependencia a su cargo frente a los hechos
investigados en el presente proceso, que de ninguna manera puede
equipararse al pronunciamiento realizado dentro del proceso 038, dado
que se trata de hechos diferentes, aunque conservan la misma entidad
afectada y la temática de reconocimiento de pensiones. Los hechos
fácticos descritos en el presente investigativo confirman al despacho que
la actividad de control y seguimiento desplegada por el señor POSADA
MAYA como Coordinador del Departamento de Historia Laboral y Nómina
de Pensionados, fue ineficiente e ineficaz contribuyendo a la pérdida de
recursos públicos.
6.- Responsabilidad del funcionario
Analizada la solicitud de considerar el error bajo el criterio de
universalidad, es de aclarar que el funcionario público al tomar posesión
del cargo se compromete a cumplir la constitución, la ley y las funciones
asignadas, no realizando ninguna diferenciación frente a la universalidad
de los trámites asignados a cada funcionario, situación por la cual no es
procedente revisar la culpabilidad frente al porcentaje de error, máxime
cuando se encuentran comprometidos recursos públicos que cumplen un
fin social, donde la generalidad prima sobre lo particular y lo social tiene
protección constitucional.
Ahora bien, se ha calificado su responsabilidad como culpa grave y mas
no como dolo teniendo en cuenta que su actuación si bien no conllevó
una actuación dolosa si fue negligente al no imprimir el cuidado necesario
a sus actividades como si lo hubiera hecho de tratarse de recursos del
orden particular.
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7.- Ejercicio del cargo
Nótese que el reconocimiento de la Pensión de Vejez del señora (sic)
SAUL NARANJO DUQUE, se produce mediante Resolución 002054 del 19
de febrero de 1998 y solo hasta el 16 de julio de 1998 mediante
Resolución 002025 se le reconoce pensión de jubilación, fechas para la
cuales el señor POSADA MAYA se encontraba en ejercicio de su cargo
como bien lo afirma que se vinculó al ISS el 30 de mayo de 1980. No
siendo acertada la justificación que en ejercicio del cargo se encontraba
otro funcionario.
Así las cosas, las explicaciones presentadas por el presunto responsable
SAUL NARANJO DUQUE (sic), no desvirtúan los cargos formulados por el
despacho por tanto se mantiene las imputaciones realizadas.
[…]”.
6.3.3. En el Auto nro. 000652 del 24 de julio de 2013, proferido por la
directora de juicios fiscales de la Contraloría Delegada para
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría
General de la República, “por medio del cual se surte un grado de consulta
y se resuelven los recursos de apelación dentro del proceso de
responsabilidad fiscal no. 068 – 09”, que decidió, entre otros, el recurso
de apelación interpuesto por el apoderado del señor Álvaro Posada Maya
contra el precitado fallo, en lo que concierne a este implicado, se
destaca18:
“[…] La Historia Laboral registra únicamente registra únicamente (sic)
los aportes y periodos de cada afiliado y allí se van ingresando todas las
novedades como son ingresos, retiros, adición de personas a cargo,
retenciones para cooperativas y otras novedades, agregó el implicado y
señaló que lo normal en estos casos era que la persona que venía
disfrutando de pensión de jubilación por el ISS patrono, tramitara ante
el ISS pensiones su pensión de vejez, concedida esta pensión, la
Coordinación de Nómina procedía a retirar al jubilado de la nómina si la
sustitución era del 100% de la pensión de jubilación y en este caso de
quedar un remanente, se hacían los ajustes por parte de esta
coordinación para que el jubilado solo siguiera recibiendo el mayor valor
de la pensión de jubilación si se daba este caso, desconozco porque no
fue hecho este trámite. (folio377).
Confirma la defensa, los problemas existentes al interior del Instituto de
los Seguros Sociales, cuando manifiesta en este sentido en el escrito
contentivo de su recurso de Apelación que el implicado fue invitado
después de su retiro incluso a una reunión en el ISS, para aportar
soluciones a los problemas que se continuaban presentando en las
afiliaciones de los pensionados y donde se expusieron las posibles
soluciones a esta problemática que aún después de su retiro, continuaba
18
Ibidem.
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presentándose, lo que evidencia que las fallas presentadas en las áreas
involucradas en el reconocimiento y pago de las prestaciones de
pensiones del 1S8, aún después de su retiro de la entidad, seguían
siendo parte de su problemática. (folio 377).
De lo expuesto por este funcionario en su versión de los hechos, puede
señalarse que para ese entonces las jefaturas de las distintas áreas del
ISS encargadas de los trámites pensionales, tenían personas a cargo que
cumplían labores tendientes al cumplimiento de las tareas relacionadas
con el fin misional del ISS pensiones, sobre los cuales debieron
implementarse por cada jefatura diferentes sistemas de control tanto de
la información recibida, como de la confiabilidad de la misma, como parte
de sus obligaciones, teniendo en cuenta la trascendencia de los
resultados que comprometían al Instituto y que no aparece probado
dentro del proceso se hizo en este caso, al hacerse evidente dentro de
lo que se estudia, que cada una de las áreas involucradas en los hechos,
trabajaba de manera aislada e independiente, sin responsabilizarse de
sus actuaciones al reconocer y pagar las pensiones de los solicitantes del
ISS; también queda evidenciado que no había un control sobre la gestión
a los subalternos encargados de hacer cumplir las tareas de cada
dependencia; así como también se observa a carencia absoluta de
actividades de autocontrol en cada área con relación a la información
suministrada y recibida de otras dependencias como insumo de sus
tareas.
En ese orden de ideas, debe señalarse que resulta claro de conformidad
con las consecuencias fiscales presentadas en este caso, y con las
mismas aseveraciones de la defensa del señor ALVARO POSADA MAYA,
que este funcionario, tuvo la posibilidad de verificar de oficio el trámite
del reconocimiento de pensión del señor SAUL NARANJO DUQUE de
haberlo hecho o en su defecto, de haber estado pendiente del trámite
impulsado por la dependencia a su cargo, se hubiese podido enterar a
tiempo del momento en que se ordenó la compartibilidad y hacerla
efectiva de inmediato evitando dar inicio a los hechos que ocasionaron
el detrimento patrimonial que se investiga.
Para entrar a verificar qué dependencia del ISS era la responsable de la
obligación del trámite de la pensión de jubilación debe recurrirse a las
funciones descritas en el Decreto N° 1403 de 1 de julio de 1994 por el
cual se aprueba el acuerdo N° 62 de 29 de junio de 1994 del Consejo
Directivo del instituto de Seguros Sociales que adopta la Estructura
Interna y establece las funciones de sus dependencias, en cuyo artículo
86 señala: (…).
Lo anterior, permite apreciar que ésta área de Historia Laboral y Nómina
de Pensionados, era la dependencia encargada de garantizar el
cumplimiento de los procedimientos que aseguraban el pago de las
prestaciones sociales a cargo del ISS, tendientes a lograr la efectividad
del contenido de tales decisiones, dicho deber se concretaba en
mantener actualizada la información sobre historias laborales de las
clientes de la regional, es decir el Departamento de Historia Laboral,
debía remitir copia de la Resolución al ISS Empleador, de la modificación
a la compartibilidad de las prestaciones.
(…)
No cabe duda de lo obrante que la falta de coordinación y comunicación
entre las distintas áreas encargadas de efectuar los trámites de
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reconocimiento y pago de cada solicitud pensional reconocida por el ISS,
fue la constante en este caso, resulta claro que el área de Historia Laboral
y Nomina atendida para la época de los hechos por el señor ALVARO
POSADA MAYA, debía atender el cumplimiento de unos procedimientos
que obligaban a la consulta de otras áreas a fin de ejercer un control
adecuado a cada registro y pago que pudiera hacerse de cada prestación
solicitada al ISS, como bien lo reconoce la defensa en su escrito de
recurso donde se observa que no pueden ocultarse las inconsistencias
que se presentaron para el reconocimiento y pago de las prestaciones
que se cancelaron al señor SAUL NARANJO DUQUE.
(…)
La responsabilidad fiscal determinada en este caso respecto a las
obligaciones que tenía el ISS a su cargo no deben revisarse de manera
aislada respecto a las obligaciones de cada área, vistas de manera
individual, pues estas componen el todo de una entidad, que como ha
señalado la Primera Instancia en la providencia impugnada, no
funcionaba de manera separada y aislada, donde una vez reconocida la
pensión de vejez, como aquí ocurrió, debió establecerse la
compartibilidad e informarse a la Coordinación de Nómina para que esta
pudiera dar aplicación a la figura de la subrogación pensional.
(…)
Ahora bien, atendiendo otra de las razones expuestas por la defensa de
éste funcionario, frente al nexo causal y la culpa determinada en este
caso, coincide la Segunda instancia con lo señalado por el A-quo en el
Auto No. 150 del 28 de mayo de 2013, por medio del cual se resolvió el
recurso de reposición contra el Fallo 001del 21 de enero de 2013, cuando
señaló que era imperioso incrementar las medidas de vigilancia y control
para minimizar los riesgos que se corrieron en este caso, lo que hizo que
precisamente y en razón de lo ocurrido, la conducta de su defendido
fuera negligente al conocer de los riesgos que se corría en estas áreas
del ISS y no adoptar ninguna medida tendiente a evitarlo; conducta que
resulta negligente respecto a sus propias responsabilidades de adoptar
medidas de vigilancia, control y apoyo a los procesos asignados a la
dependencia a su cargo, responsable finalmente de reconocer y pagar
esta prestación pensional y que atentó contra los intereses patrimoniales
del Estado ante el incumplimiento de los principios de eficiencia y eficacia
en la gestión a cargo del mismo, lo que prueba el nexo causal entre su
conducta y el resultado antieconómico presentado.
(…)
La carencia de personal en el área de Historia Laboral y Nómina de
pensionados, no puede ser un argumento llamado a prosperar en este
caso, pues independientemente de ello, los deberes inherentes al
cuidado que se debe predicar en el cumplimiento de unas tareas, así
como el deber de informar cualquier irregularidad que se presente en el
cumplimiento de las mismas, no puede estar supeditada a que se cuente
o no con el personal suficiente para el cumplimiento de las obligaciones,
precisamente y en razón de ello, debe señalarse que allí priman las
calidades profesionales del implicado señor POSADA MAYA, quien como
director del área no fue diligente en el adecuado control sobre las
actividades propias del área a su cargo, teniendo en cuenta que tenía
como función Velar por la eficiencia y eficacia del proceso y control de
las funciones de su competencia y Garantizar la calidad y confiabilidad
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en los registros y pagos de nóminas de pensionados y auxilios funerarios.
De acuerdo con lo dispuesto en Decreto N° 1403 de 1 de julio de 1994.
Vemos que obra dentro del proceso, un escrito denominado Incidente de
Nulidad (folios 1138- 1141); donde el doctor GONZALO ADOLFO
GARCIA, alega una falta de motivación del Auto de Apertura No. 06 del
6 de julio de 2009, al no enterar a su defendido de los hechos concretos
del proceso ni de la acusación que se le hace.
Respecto a esta solicitud, debe señalarse en atención a lo que compete
a este Despacho resolver que no encuentra a estos argumentos un
fundamento probatorio que permita atender esta solicitud
favorablemente pues se observa dentro del proceso que el señor
POSADA MAYA, por el contrario de lo expuesto, si tuvo pleno
conocimiento del asunto por el cual se adelanta la presente actuación
procesal, pues se encuentra probado dentro del plenario que surtida la
notificación personal del Auto de Apertura 016 del 7 de julio de 2009, el
13 de julio de 2009 (folio 264), el presunto responsable, dirigió un escrito
(22 de julio de 2009), que evidencia su comprensión sobre los hechos
materia del proceso, donde referencia incluso, la composición de las
áreas de que estaba compuesta la Seccional del ISS (Antioquía) y las
responsabilidades a cargo del ISS-Asegurador y Patrono, haciendo una
exposición sobre la tarea asignada al Departamento de Historia Laboral
al administrar para ese momento, alrededor de 80.000 beneficiarios y
una base de datos de aproximadamente un millón y medio de afiliados y
donde incluso, solicitó tener como pruebas las declaraciones obrantes en
otro proceso fiscal en donde se analizó el trabajo del área de Historia
Laboral y Nómina de Pensionados. (F1258 a 260).
(…)
Así las cosas y en conclusión respecto a las alegaciones presentadas en
Apelación ante este Despacho y de conformidad con lo expuesto a lo
largo de esta providencia, deberán confirmarse en su totalidad las
determinaciones adoptadas tanto en el Fallo con Responsabilidad No.
001 del 21 de enero de 2013, como el Auto No. 0150 del 28 de mayo de
2013, por medio del cual se confirmó la decisión, por cuanto los allí
encontrados responsables fiscales señores OLGA CARDONA MELGUIZO,
Jefe de Departamento II ubicado en el Departamento Seccional de
Atención al Pensionado, MARTHA LUCRECIA PERALTA TORRES
Coordinadora Seccional de Nómina y ALVARO POSADA MAYA Jefe del
Departamento Seccional de Historia Laboral y Nómina de Pensionados
Gerencia Seccional de Pensiones del ISS Seccional Antioquia, pues
dentro del ejercicio de sus cargos resulta probado dentro del proceso que
conocían plenamente el contenido de lo normado por el Decreto 758 de
1990, respecto a que estarían sujetos al seguro social obligatorio contra
los riesgos de invalidez, vejez y muerte de origen no profesional, en
forma forzosa u obligatoria, los funcionarios de seguridad social del
Instituto de Seguros Sociales y los pensionados por jubilación cuyas
pensiones vayan a ser compartidas con las pensiones de vejez a cargo
del Instituto de Seguros Sociales o asumidas totalmente por éste, al
resolver lo pertinente al señor SAUL NARANJO DUQUE, tan es así, que
en las áreas a si cargo se reconocieron y pagaron las mesadas
pensionales cuestionadas dentro de la presente actuación y que
generaron un detrimento patrimonial al Estado en cuantía indexada de $
317.182.810. (Resoluciones 02054 del 19 de febrero de 1998 y 02025
del 16 de julio de 1998).
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(…)
Resulta evidente entonces la falta de vigilancia y control que debió
advertirse en este caso en virtud de lo reglado en el Decreto 1403 de
1994 en su artículos 84 literales a, b, c; articulo 109 literales a, b, c, d;
articulo 85 literales a, b, c, d, e, f y la Resolución 2800 de 1994 artículos
2, 3, 4, 5, 6, 12, medidas que no fueron ejercidas en desarrollo de los
cargos de Jefe del Departamento de Atención al Pensionado,
Coordinadora de Nomina y Jefe del Departamento Seccional de Historia
Laboral y Nómina de Pensionados.
(…)
De las probanzas obrantes e incluso de lo expuesto por los implicados en
sus versiones libres y espontáneas, también puede apreciarse que las
encargadas de la evaluación de requisitos, reconocimiento y pago de las
prestaciones pensionales del ISS, eran precisamente EL DEPARTAMENTO
REGIONAL DE ATENCION AL PENSIONADO, DEPARTAMENTO REGIONAL
DE HISTORIA LABORAL Y NOMINA DE PENSIONADOS y DEPARTAMENTO
DE NOMINA quienes tenían a su cargo el personal especializado en las
funciones a ellas asignadas, quienes tenían como se ha expuesto, revisar
y ejercer los controles propios de la información que maneja la entidad
como insumo para la producción de un resultado que en este caso debió
ser distinto al aplicarse la subrogación pensional que correspondía. […]“.
6.4. Análisis de la Sala
En el asunto bajo examen, el a quo declaró la nulidad del acto acusado
en cuanto imputó responsabilidad fiscal al demandante. A su turno, la
Contraloría General de la República en el recurso de apelación considera
que debe revocarse lo resuelto por el tribunal de instancia, porque sí está
determinada la conducta del actor.
La Sala, para resolver, se centrará en lo que es motivo de reproche, y
para el efecto, se detendrá en lo siguiente: (i) el cargo de falsa
motivación; (ii) los elementos de la responsabilidad fiscal; (iii) el nexo
causal como elemento determinante de la responsabilidad fiscal, y (iv) el
caso concreto.
6.4.1. La causal de falsa motivación
Esta Sección ha explicado que la falsa motivación como vicio de nulidad
debe entenderse desde tres enfoques distintos, a saber: la falsa
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motivación de hecho, la falsa motivación en derecho y la indebida
motivación, los cuales hay lugar a analizar desde el contenido mismo del
acto censurado, es decir, atendiendo el alcance interno, lo que impone
que el examen haga referencia a lo que expone el acto administrativo en
la parte motiva y en la parte resolutiva19.
El primero supone un juicio de certeza, es decir, el cuestionamiento acerca
de si son ciertos los hechos que se esgrimen como fundamento para
expedir la decisión que se cuestiona. Así, de advertir que son falsos, el
juez no tiene opción diferente que acoger la pretensión de nulidad que se
funda en la mencionada argumentación, si ellos son determinantes para
la decisión que el acto toma.
Por su parte, un cargo de falsa de motivación en derecho está orientado
a atacar los supuestos jurídicos esgrimidos en la parte motiva y que
sustentan la expedición del acto, de modo que, si llega a acreditarse que
la normativa que invoca la administración no tiene el alcance para definir
la situación jurídica en el acto, la suerte que corre en un juicio de nulidad
será la de desaparecer del orden jurídico por ilegal.
Finalmente, la indebida motivación emerge del análisis del acto a partir
de la congruencia que debe existir entre la motivación y la resolución, de
tal manera que aquella debe ser el fundamento lógico y consecuencial de
ésta.
6.4.2. Los elementos que deben concurrir para que se configure la
responsabilidad fiscal
El artículo 1 de la Ley 610 de 2000 define el proceso de responsabilidad
fiscal como “[e]l conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
19
del 28 de abril de 2022. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 47 001
23 31 000 2012 00414 01.
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las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad
de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de
la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en
forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado […]”20.
A su vez, el artículo 267 de la Constitución Política, modificado por el
artículo 1 del Acto Legislativo nro. 04 del 18 de septiembre de 201921,
ilustra acerca del propósito que se persigue con el control fiscal 22:
“[…] ARTÍCULO 10. El artículo 267 de la Constitución Política de Colombia
quedará así: Artículo 267. La vigilancia y el control fiscal son una función
pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila
la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que
manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y
respecto de todo tipo de recursos públicos. La ley reglamentará el ejercicio
de las competencias entre contralorías, en observancia de los principios
de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. El control ejercido por la
Contraloría General de la República será preferente en los términos que
defina la ley.
[…]” (se destaca)
Por su parte, el artículo 3 de la Ley 610 previó que la gestión fiscal es el
conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas que realizan
los servidores públicos y las personas de derecho privado “[q]ue manejen
o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y
correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia,
explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y
disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e
inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado,
con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia,
20
Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-840 del 9 de agosto de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería, “bajo el entendido de que
los actos que la materialicen comporten una relación de conexidad próxima y necesaria
para con el desarrollo de la gestión fiscal”.
21
“por medio del cual se reforma el régimen de control fiscal”,
22
Aunque para la fecha de los hechos no estaba vigente la modificación introducida en
el Acto Legislativo 04 de 2019, mantuvo incólume el propósito del control fiscal y es que
se trata de una función pública ejercida por la Contraloría General de la República para
vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen
fondos o bienes públicos.
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equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración
de los costos ambientales. […]”.
Mientras que el artículo 5 de la Ley 610 de 2000 señala que los elementos
que deben estar reunidos para acreditar la existencia de la
responsabilidad fiscal son: -) una conducta dolosa o culposa atribuible a
una persona que realiza gestión fiscal; -) un daño patrimonial causado al
Estado, y -) el nexo causal entre los dos elementos anteriores.
Al respecto, esta Sección ha dicho que23:“[…] De lo anterior se coligen
tres elementos de la responsabilidad fiscal: i) elemento objetivo,
consistente en que exista prueba que acredite con certeza, por un lado,
la existencia del daño al patrimonio público, y, por el otro, su
cuantificación; ii) elemento subjetivo, que evalúa la actuación del
gestor fiscal y que implica que aquél haya actuado al menos con culpa y
iii) elemento de relación de causalidad, según el cual debe acreditarse
que el daño al patrimonio sea consecuencia del actuar del gestor fiscal.
[…]” (Negrillas de la providencia).
En cuanto al daño patrimonial, el artículo 6 de la misma Ley 610 precisó
que debe tratarse de una lesión al patrimonio público que se representa
en el menoscabo, disminución, pérdida o deterioro de los bienes o
recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado,
producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e
inoportuna; este puede provenir de la acción u omisión de los servidores
públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en
forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al
detrimento al patrimonio público.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 12 de septiembre de 2019. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente radicado
nro. 17001-23-31-000-2010-00313-01.
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En tal sentido, no solo son sujetos de responsabilidad fiscal los servidores
públicos y los particulares que de manera directa administren o manejen
recursos o fondos públicos, sino también quienes, encontrándose bajo esa
misma circunstancia por su acción u omisión, hayan incidido de manera
determinante en causar un daño patrimonial; consideración que se
reafirma en la sentencia C-840 de 2001, en donde la Corte Constitucional,
al estudiar la exequibilidad de la expresión “contribuyan”, precisó:
“[…] En efecto, el talante descriptivo de la norma censurada no provoca
duda alguna en cuanto al fin primordial de su contenido: definir el daño
patrimonial al Estado. Aclarando que dicho daño puede ser ocasionado por
los servidores públicos o los particulares que causen una lesión a los
bienes o recursos públicos en forma directa, o contribuyendo a su
realización. Se trata entonces de una simple definición del daño, que es
complementada por la forma como éste puede producirse. Donde además,
no se hace referencia alguna a las autoridades competentes para conocer
y decidir sobre las responsabilidades que puedan dimanar de unas tales
conductas.
(…)
Y la Sala reitera: la responsabilidad fiscal únicamente se puede pregonar
respecto de los servidores públicos y particulares que estén jurídicamente
habilitados para ejercer gestión fiscal, es decir, que tengan poder decisorio
sobre fondos o bienes del Estado puestos a su disposición. Advirtiendo
que esa especial responsabilidad está referida exclusivamente a los
fondos o bienes públicos que, hallándose bajo el radio de acción del titular
de la gestión fiscal, sufran detrimento en la forma y condiciones prescritos
por la ley. (…), la gestión fiscal está ligada siempre a unos bienes o fondos
estatales inequívocamente estipulados bajo la titularidad administrativa o
dispositiva de un servidor público o de un particular, concretamente
identificados. […]”.
6.4.3. El nexo causal como elemento determinante de la
responsabilidad fiscal y la causalidad adecuada
El fundamento de la responsabilidad, en cuanto a la obligación de reparar
el daño causado por los delitos o la culpa, está previsto en el artículo 2341
del Código Civil, que preceptúa24:
24
En el título XXXI denominado de la “responsabilidad común por los delitos y las culpas”.
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“ARTICULO 2341. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. El que ha
cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la
indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la
culpa o el delito cometido”. (Se destaca)
De la precitada disposición se colige que sólo será responsable del daño
quien lo haya cometido; bajo ese contexto, para atribuirle la
responsabilidad a una persona, es necesario que, entre la conducta y el
daño, exista una relación de causalidad o nexo causal; dicho elemento ha
sido definido “(…) como la relación necesaria y eficiente entre la conducta
imputada y probada o presumida, según el caso, con el daño demostrado
o presumido. La jurisprudencia y la doctrina indican que para poder
atribuir un resultado a una persona como producto de su acción o de su
omisión, es indispensable definir si aquel aparece ligado a ésta por una
relación de causa a efecto, no simplemente desde el punto de vista fáctico
sino del jurídico (…)”25.
Dicho de otra manera, la relación entre el perjuicio “y un hecho por el cual
debe responder (...) un vínculo de causa a efecto de modo tal que ese
hecho sea el real generador del daño26”.
Para analizar la existencia del nexo causal, la doctrina y la jurisprudencia
han propuesto diferentes teorías, entre las cuales se encuentran la de
equivalencia de condiciones y la de causalidad adecuada, ésta última
acogida por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado para
resolver los asuntos relativos a la responsabilidad extracontractual civil y
del Estado, respectivamente27.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia
del 11 de diciembre de 2002, M.P.: María Elena Giraldo Gómez, expediente nro. 05001-
23-24-000-1993-00288-01 (13818).
26
Paillet, Michel. La Responsabilidad Administrativa. Universidad Externado de Colombia.
Traductor Jesús María Carrillo Ballesteros. Pág. 85.
27
Para el efecto, puede consultarse entre otras. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 11 de diciembre de 2002,
M.P. María Elena Giraldo Gómez. Expediente radicación nro. 05001-23-24-000-1993-
00288-01 (13818).
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Atendiendo la teoría de la causalidad adecuada, será el hecho eficiente y
determinante para la producción del daño el que permitirá imputar
responsabilidad, esto es, el que resulte idóneo para su configuración28.
En conclusión, como la causalidad implica una función de corrección, solo
es posible atribuir un resultado dañoso a quien ha desplegado una
conducta inequívoca, esto es, a quien ha ejecutado una acción u
omisión que se erige como la causa idónea y eficiente para la producción
del daño.
En materia de responsabilidad fiscal se debe acudir a los fundamentos
que se han ocupado del estudio de la causalidad, pues es uno de los
elementos constitutivos el nexo causal, que se entiende como la relación
entre el daño al patrimonio público y la conducta activa u omisiva, dolosa
o gravemente culposa, de un agente que realiza gestión fiscal 29. Lo
anterior dada la naturaleza de este proceso, que es de carácter
administrativo, subjetivo, patrimonial y resarcitorio, exigencia que tiene
que ver con la titularidad jurídica para manejar los fondos o bienes
materia del detrimento en grado de intervención directa o a guisa de
contribución30.
6.4.3. El caso concreto
La Sala estima que debe confirmar la decisión del a quo, que declaró la
nulidad parcial del Fallo con Responsabilidad Fiscal nro. 001 de 21 de
enero de 2013 proferido por la Gerencia Departamental Colegiada de
Antioquia, y del Auto nro. 000652 del 24 de julio de 2013 expedido por la
Directora de Juicios Fiscales de la Contraloría Delegada, en cuanto declaró
fiscalmente responsable al señor Álvaro Posada Maya, y como
consecuencia de lo anterior, dispuso que no estaba obligado al pago del
28
Así lo dijo esta Sección en la sentencia del 21 de mayo de 2020. C.P. Oswaldo Giraldo
López. Proceso con radicación nro. 25000 23 41 000 2013 02566 01.
29
Ibidem.
30
Ibidem.
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valor fijado en el fallo como detrimento patrimonial, así como la
cancelación de la inscripción de su nombre en el boletín de responsables
fiscales. Ello teniendo en cuenta lo siguiente:
(i) La parte actora afirmó en la demanda que la falsa motivación de hecho
se configuró porque no se individualizó la conducta que se le reprochó; a
su vez, el a quo consideró que los actos acusados hicieron un análisis
general de las obligaciones de los directivos del ISS sin hacer distinciones
por razón del cargo o funciones, y en ningún aparte se graduó la conducta.
La parte recurrente, esto es, la Contraloría General de la República,
manifiesta que, contrario a lo señalado por el a quo, la conducta que
originó el daño fue debidamente acreditada y descrita en el fallo con
responsabilidad fiscal, que se valoró de manera directa y se expresaron
las razones por las cuales se declaró su responsabilidad fiscal a título de
culpa grave.
La Sala considera que le asiste razón al a quo, en tanto que el fallo con
responsabilidad fiscal incurrió en falsa motivación de hecho, en la medida
en que la conducta que se le reprochó al señor Álvaro Posada Maya fue
que, en calidad de jefe del departamento de Historia Laboral y Nómina de
Pensionados del Seguro Social, Seccional Antioquia, no implementó “(…)
los mecanismos de control y vigilancia de los afiliados con requisitos
cumplidos para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación y no
dar aplicación a la subrogación sobre las pensiones de jubilación y vejez
reconocidas al señor SAUL NARANJO DUQUE”, sin individualizar de
manera específica su conducta, ni explicar por qué los hechos endilgados
fueron los generadores del daño.
Al efecto, lo que se constata en los apartes transcritos del fallo con
responsabilidad fiscal de primera instancia, confirmado en segunda
instancia, es que, al referirse a la conducta del implicado, se limitó a
indicar que ”(…) ésta área de Historia Laboral y Nómina de Pensionados,
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era la dependencia encargada de garantizar el cumplimiento de los
procedimientos que aseguraban el pago de las prestaciones sociales a
cargo del ISS, tendientes a lograr la efectividad del contenido de tales
decisiones, dicho deber se concretaba en mantener actualizada la
información sobre historias laborales de las clientes de la regional, es decir
el Departamento de Historia Laboral, debía remitir copia de la Resolución
al ISS Empleador, de la modificación a la compartibilidad de las
prestaciones (…)”, sin concretar las razones por las cuales, en el caso del
señor Posada Maya, el ejercicio del cargo de jefe del departamento de
Historia Laboral y Nómina de Pensionados del Seguro Social, Seccional
Antioquia, dio lugar al pago de la doble mesada pensional, o cuáles
mecanismos de control no puso en marcha para evitar la producción del
daño.
(ii) La parte actora también alegó en la demanda que se configuró la falsa
motivación de derecho porque no se apreció en su conjunto el Decreto
1403 de 1994 y que el reproche de la Contraloría frente al hoy
demandante se centró en la falta de implementación de controles y
procedimientos para evitar el doble pago de la respectiva pensión, cuando
no tenía entre sus funciones hacerlo.
El a quo sostuvo que el órgano de control solo hizo un análisis general de
las obligaciones a cargo de la dependencia a cargo del señor Álvaro
Posada Maya, las cuales estaban previstas en el artículo 85 del Decreto
1403 de 1994, pero de ellas no se lograba determinar que tuviera la
responsabilidad de estudiar el reconocimiento de pensiones, ni la
notificación entre las distintas gerencias de los reconocimientos
pensionales, sino la administración de los datos tendientes a garantizar el
manejo de novedades, de manera que se hicieran efectivos los pagos.
Concluyó que, para imputarle responsabilidad al demandante, debió
efectuarse un estudio detallado de sus funciones, identificando cuál era la
conducta en específico objeto de reproche desde el punto de vista fiscal y
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luego hacer una valoración a título de culpa grave, atendiendo lo señalado
por el artículo 63 del Código Civil.
La parte recurrente cuestiona lo analizado por el tribunal de instancia y
afirma que, atendiendo el cargo que el actor ocupaba al interior de la
entidad, le correspondía cumplir lo previsto por el artículo 85 del Decreto
1403 de 1994 y la Resolución 2800 de 1994, en cuanto tenía el deber de
“preparar, proponer e implantar los procedimientos e instrumentos
requeridos para mejorar la prestación de los servicios a cargo de la
dependencia a la cual pertenece”, de lo que dedujo, omitió la principal
función a cargo.
En relación con este punto, y contrario a lo afirmado por el recurrente, la
Sala prohíja las consideraciones del a quo, puesto que la responsabilidad
fiscal del actor se cimentó en la falta de cumplimiento de los deberes del
cargo previstos en las disposiciones señaladas; no obstante, de las
mismas no puede deducirse que la causa eficiente del doble pago de la
prestación sea atribuible a que el actor no implementó “los
procedimientos e instrumentos necesarios para mejorar la prestación del
servicio”.
Al efecto, cabe agregar que el artículo 85 del Decreto 1403 de 199431
dispuso32:
“[…] Artículo 85.- El Departamento Regional de Historia Laboral y Nómina
de Pensionados cumplirá las siguientes funciones:
a) Coordinar y controlar la aplicación de las políticas y normas sobre el
manejo de nómina de pensionados, proceso de novedades y trámite de
recursos.
b) Garantizar el cumplimiento de los procedimientos que aseguren el pago
ágil, oportuno y confiable de las prestaciones reconocidas.
31
“Por el cual se aprueba el Acuerdo No. 62 del 29 de junio de 1994 del Consejo Directivo
del Instituto de Seguros Sociales que adopta la estructura interna y establece las
funciones de sus dependencias”.
32
Ibidem.
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c) Velar por la eficiencia y eficacia del proceso y control de las funciones
de su competencia.
d) Garantizar la calidad y confiabilidad en los registros y pagos de nóminas
de pensionados y auxilios funerarios.
e) Mantener actualizada la información sobre historias laborales de los
clientes de la regional.
f) Velar por el adecuado archivo de información y documentos relativos al
área.
g) Las demás que se le asignen.
[…]”.
Por lo tanto, se reitera, de tales funciones no es posible inferir que la
causa eficiente del daño está sustentada en que el actor no implementó
los mecanismos para impedir el pago doble de la pensión, o para que
operara la subrogación pensional, es decir, que fuera el departamento de
Historia Laboral y Nómina de Pensionados en cabeza del hoy demandante
a quien le correspondía advertir que debía aplicarse la compartibilidad
pensional.
En cuanto a la responsabilidad endilgada al actor a título de culpa grave,
que se fincó en que “fue negligente al no imprimir el cuidado necesario a
sus actividades como si lo hubiera hecho de tratarse de recursos del orden
particular”, advierte la Sala que, en los términos del artículo 63 del Código
Civil, la culpa grave está ligada a la diligencia debida para el desarrollo de
determinada actividad, por lo que debía demostrarse que el actor no
implementó, pudiendo hacerlo, “(…) mecanismos de control y vigilancia de
los afiliados con requisitos cumplidos para el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación y no dar aplicación a la subrogación sobre las
pensiones de jubilación y vejez reconocidas al señor SAUL NARANJO
DUQUE (…)”.
(iii) Por último, en lo que tiene que ver con el daño, la parte actora
manifestó que la Contraloría confundió el daño (pago doble de la pensión)
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con la conducta que generó ese daño y no concretó la conducta ni en su
elemento objetivo ni subjetivo y, a su vez, el recurrente insiste en que se
demostraron la totalidad de los elementos de la responsabilidad fiscal.
La Sala considera que, como lo manifestó la parte actora, en el caso se
demostró el daño, esto es, que, ante la falta de aplicación de la figura de
la compartibilidad pensional entre el ISS asegurador y el ISS patrono, se
efectuó el pago doble de una pensión al señor Saúl Naranjo Duque, lo que
se tradujo en un detrimento “al erario público en CIENTO VEINTICUATRO
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA PESOS M/L ($124.284.850)”, como elemento objetivo; pero
que no se acreditó el elemento subjetivo, esto es, que la acción u omisión
generadora del daño sea atribuible al señor Posada Maya a título de culpa
grave, y que esté directamente relacionada con la función que tenía a
cargo, de forma que, entre su conducta y el daño haya existido una
relación de causalidad, o que su conducta haya sido determinante para la
producción del daño.
En este caso, el fallo con responsabilidad fiscal de primera instancia,
confirmado en segunda instancia, lo que dijo fue que existía plena “(…)
evidencia que el ISS y concretamente los señores OLGA CARDONA
MELGUIZO como Jefe de Departamento II ubicado en el Departamento
Seccional de Atención al Pensionado MARTHA LUCRECIA PERALTA TORRES
Coordinadora Seccional de Nómina y ALVARO POSADA MAYA Jefe del
Departamento Seccional de Historia Laboral y Nómina de Pensionados
Gerencia Seccional de Pensiones del ISS Seccional Antioquia dentro del
ejercicio de sus cargos conocían plenamente lo normado por el Decreto
758 de 1990, respecto a que estarán sujetos al seguro social obligatorio
contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte de origen no profesional,
en forma forzosa u obligatoria los funcionarios de seguridad social del
Instituto de Seguros Sociales y los pensionados por jubilación cuyas
pensiones vayan a ser compartidas con las pensiones de vejez a cargo del
Instituto de Seguros Sociales o asumidas totalmente por él como era el
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caso del señor SAUL NARANJO DUQUE”, lo que es insuficiente para
endilgarle responsabilidad fiscal al hoy demandante.
En consecuencia, no es cierto que se hayan demostrado a cabalidad los
elementos de la responsabilidad fiscal, pues no se determinó que el daño
al patrimonio público, que se materializó en el pago doble de una pensión,
fuera consecuencia de la acción u omisión del señor Álvaro Posada Maya
en su carácter de jefe del departamento de Historia Laboral y Nómina de
Pensionados del ISS Seccional Antioquia.
Por las razones anotadas, la Sala confirmará la decisión de primera
instancia que accedió a las pretensiones de la demanda, por estar
desvirtuada la legalidad de los actos acusados en cuanto atribuyeron
responsabilidad fiscal a la parte actora.
6.5. Costas procesales en segunda instancia
El artículo 188 del CPACA prevé que, salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas y para su liquidación se tendrán en cuenta las normas del Código
General del Proceso.
A su turno el artículo 365 del Código General del Proceso previó que se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso, las cuales proceden cuando
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
En el caso concreto, se condenará en costas en esta instancia, por
concepto de agencias en derecho, comoquiera que la parte actora actuó
por conducto de apoderado debidamente constituido, y para ello se dará
aplicación a lo previsto por el Acuerdo nro. 1887 del 27 de agosto de
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2003, “por el cual se establecen las agencias en derecho”33, expedido por
el Consejo Superior de la Judicatura, que estableció las tarifas de las
agencias en derecho para los procesos Contencioso Administrativos en el
capítulo tercero del artículo sexto, y se impondrá a su favor y a cargo de
la Contraloría General de la República el pago de la suma equivalente a
un salario mínimo legal mensual vigente34. En lo demás no se condenará
en costas, teniendo en cuenta que no está acreditada su causación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de noviembre de
2016 por la Sala Tercera de oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia, que accedió a las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Contraloría General de la República a pagar
por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a un salario
mínimo legal mensual vigente a favor de la parte actora.
TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada la presente providencia.
33
Gaceta de la judicatura. Consultado en actosadministrativos.ramajudicial.gov.co.
34
Atendiendo a que la disposición establece que en los procesos de segunda instancia con
cuantía se impondrá hasta el cinco por ciento del valor de las pretensiones reconocidas o
negadas en la sentencia.
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47
Radicación: 05 001 23 33 000 2014 00328 01
Demandante: Álvaro Posada Maya
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en
sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
Aclara voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclara voto Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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