Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-00450-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-00450-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2014-00450-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
24 de marzo de 2022
1
Radicado: 05001-23-33-000-2014-00450-01 (1537-2017)
Demandante: Gustavo Adolfo Gil Botero
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2014-00450-01 (1537-2017)
Demandante: GUSTAVO ADOLFO GIL BOTERO
Demandada: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES1
Temas: Improcedencia de inepta demanda por falta de
reforma del libelo. Reliquidación pensión de
jubilación de empleado del Ministerio Público
beneficiario del régimen de transición. Aplicación
del Decreto 546 de 1971 y sentencia de
unificación del 11 de junio de 2020.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-054-2022
ASUNTO
Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2016 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia que declaró probada de oficio la
excepción de inepta demanda.
ANTECEDENTES
El señor Gustavo Adolfo Gil Botero en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del
20112, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones (Folios 6 a 7)
1. Que se declare la nulidad de los actos administrativos presuntos derivados
de la ocurrencia del silencio administrativo negativo, acaecido ante la falta
de respuesta de fondo a las peticiones formuladas por el señor Gil Botero
el 7 de junio de 2013, por medio de la cual solicitó la inclusión en nómina
1 En adelante Colpensiones.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
o CPACA.
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como pensionado, así como la radicada el 7 de octubre de 2013 con la que
instó la reliquidación de su pensión de jubilación.
2. Que a título de restablecimiento del derecho, se condene a la autoridad
demandada a reliquidar la pensión de jubilación del libelista reconocida en
virtud de la Resolución GNR 090003 del 8 de mayo de 2013, ello conforme
al artículo 6.° del Decreto 546 de 1971, esto es, calculada con base en la
asignación mensual más elevada devengada por aquel durante su último
año de servicio y que sea incluido en nómina para el pago de la respectiva
prestación.
3. Que se ordene a Colpensiones pagar a favor del demandante el retroactivo
pensional adeudado desde el 30 de julio de 2013 hasta el cumplimiento
efectivo de la sentencia, con fundamento en el monto de la reliquidación
solicitada como restablecimiento. Igualmente que se conmine a la referida
entidad al reconocimiento de los intereses moratorios de que trata el
artículo 141 de la Ley 100 de 1993, junto con la condena en costas prevista
en el canon 188 ibídem.
Supuestos fácticos relevantes (Folios 3 a 6)
1. El señor Gustavo Adolfo Gil Botero nació el 25 de marzo de 1957 y realizó
cotizaciones por el riesgo de vejez, entre otros, en el Régimen de Prima
Media con Prestación Definida, esto de acuerdo con los siguientes tiempos
de servicio:
«EMPLEADOR DESDE HASTA DÍAS
1 Juzgado 24 Penal Municipal de Medellín 14/07/1976 31/08/1977 407
2 Expendio de Carne el Dandy 16/09/1977 30/11/1979 806
3 Juzgado 14 Superior (sic) 13/09/1979 31/01/1987 2658
4 Procuraduría General de la Nación 03/02/1987 30/06/1992 1948
5 Fiscalía General de la Nación 01/07/1992 23/09/1992 83
6 Procuraduría General de la Nación 24/09/1992 20/07/2013 7506
13.408»
(Mayúscula y negrilla del texto original).
2. El demandante solicitó el 23 de abril de 2012 ante el extinto ISS (hoy
Colpensiones), el reconocimiento de una pensión de jubilación de
conformidad con las previsiones del Decreto 546 de 1971. Frente a dicha
solicitud, Colpensiones expidió la Resolución GNR 090003 del 8 de mayo
de 2013 con la cual accedió a lo reclamado en el sentido de conceder la
pensión de jubilación en cuantía de $11.053.125, condicionada al retiro
definitivo del servicio ocurrido el 30 de julio de 2013.
3. El libelista devengó la suma de $19.846.402 durante su último año laboral
(2013), en el que además realizó las respectivas cotizaciones a pensión
sobre dicho monto. Por esta razón, a través de petición radicada ante
Colpensiones el 7 de octubre de 2013, solicitó la reliquidación de la
prestación reconocida, a fin de que se tuviera en cuenta el nuevo IBL para
aumento de la cuantía a pagar, así como la sentencia C-258 de 2013
proferida por la Corte Constitucional sobre los topes pensionales. No
obstante, a la fecha de presentación de la demanda (24 de febrero de
2014), la mentada entidad no había dado respuesta de fondo a dicha
reclamación.
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4. El señor Gil Botero no había sido incluido en nómina de pensionados a la
fecha de su retiro definitivo del servicio, la cual tuvo lugar el 30 de julio de
2013 por aceptación de su renuncia, de conformidad con el Decreto 2065
del 27 de mayo de 2013 proferido por la Procuraduría General de la Nación.
Con motivo de lo anterior, radicó formulario ante la entidad demandada el
7 de junio de 2013, mediante el cual daba a conocer esta situación. Sin
embargo, al momento de presentación de la demanda (24 de febrero de
2014), tampoco se había definido lo propio.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»3, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los
sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo
y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 27 de enero de 2015.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
No hubo pronunciamiento al respecto, dado que estas no se propusieron en
atención a que Colpensiones no contestó la demanda, tal como se consignó
en el acta (Folio 108 vuelto y CD obrante a folio 114 del expediente).
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] La apoderada de la parte demandante manifiesta que aporta documento el cual
contiene los antecedentes administrativos del demandante, la cual contiene (sic) la
resolución por medio de la cual se incluye en nómina al demandante por lo que
entonces, desiste de la pretensión tercera contenida en la demanda. El Despacho
accede a la petición de la apoderada de la parte demandante y allega al proceso la
mencionada resolución, la cual contiene 4 folios.
Objeto del litigio
De acuerdo a los hechos de la demanda corresponde a la Sala determinar si en el
presente caso hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos
demandados y en consecuencia, si le corresponde a la entidad demandada reliquidar
el valor de la mesada pensional reconocida al demandante. […]» (Negrilla conforme
3 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).
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a la transcripción y subraya fuera del texto original. Folios 108 vuelto a 110 y
CD que reposa a folio 114 del plenario).
SENTENCIA APELADA
(Folios 171 a 179)
El a quo profirió sentencia escrita el 15 de diciembre de 2016, por medio de la
cual declaró probada de oficio la excepción de «inepta demanda», con
fundamento en las siguientes consideraciones:
En primer lugar, el Tribunal expuso que al momento de la presentación de la
demanda, Colpensiones no había dado respuesta a la petición de reliquidación
presentada por el libelista el día 7 de octubre de 2013, razón por la cual
deprecó la nulidad del acto presunto respectivo. No obstante lo anterior, resaltó
que en la audiencia inicial llevada a cabo el 27 de enero de 2015, la parte
activa aportó la Resolución GNR 77732 del 10 de marzo de 2014, notificada el
25 de marzo del mismo año, con la que la referida autoridad dio respuesta de
fondo a la reclamación administrativa en comento, para lo cual aquella tenía
competencia conforme al artículo 83 del CPACA.
Sobre el punto aclaró que la demanda fue presentada el 24 de febrero de 2014
y fue admitida a través del auto del 21 de marzo del mismo año. Recalcó
además que la apoderada de la parte demandante envió el traslado respectivo
a Colpensiones por correo certificado el 3 de abril de dicha anualidad y que la
providencia referida se notificó a la entidad precitada por correo electrónico el
21 de mayo de 2014.
Por lo expuesto, aseguró que la administradora de pensiones demandada
expidió y puso en conocimiento del señor Gil Botero el acto administrativo en
mención, ello con anterioridad a la notificación del auto admisorio de la
presente actuación. Bajo tal contexto, sostuvo que Colpensiones aún
ostentaba la competencia para dar respuesta a la petición presentada por el
demandante, tendiente a obtener el reajuste de su prestación, de manera que
aquel tuvo que haber reformado la demanda a fin de deprecar la nulidad de tal
decisión expresa.
Empero, señaló que el libelista no lo efectuó, sino que una vez vencido el
término de que trata el artículo 173 del CPACA, en medio de la audiencia inicial
solo desistió de la pretensión de inclusión en nómina, pero omitió
pronunciamiento alguno sobre los pedimentos de reliquidación pensional.
Acorde con los anteriores razonamientos, el tribunal de primera instancia
profirió sentencia mediante la cual, en atención al artículo 187 ibídem, declaró
probada de oficio la excepción de «inepta demanda».
RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 183 a 190)
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada. Argumentó que
cuando la demanda fue instaurada, esta satisfacía los requisitos formales
legalmente exigidos, pues por tal motivo se expidió el auto admisorio y en la
audiencia inicial no se adoptaron medidas tendientes a un saneamiento del
proceso.
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Acotó que la aptitud formal de la demanda se analiza desde el momento de su
radicación, sin que se pueda sostener que la ocurrencia de un hecho posterior,
afecta su eficacia formal y la posibilidad de que sean resueltas de fondo las
pretensiones. Recalcó que cuando fue presentado el medio de control
respectivo, se cuestionaba un acto presunto que ya se había configurado en
virtud del artículo 83 del CPACA, debido al transcurrir del término legalmente
contemplado para que la entidad demandada diera respuesta de fondo a su
petición.
Al respecto, planteó que si bien no se discute la competencia que tenía
Colpensiones para proferir el acto administrativo que resolvió la solicitud inicial
por haberse dictado antes de la notificación del auto admisorio de la demanda,
la norma en cita que regula un deber de las autoridades públicas, no impone
una carga al ciudadano que hubiese demandado una decisión presunta, pues
ello implicaría una desproporción injustificada.
Aseguró que si se aceptara la tesis del tribunal sobre la necesidad de reformar
la demanda, conllevaría que en su momento debió deprecarse la nulidad de
un acto administrativo que no se hallaba en firme, toda vez que contra aquel
todavía procedía el recurso de apelación, por ende se quebrantaría la
estructura y exigencias del artículo 162, numeral 2.° del CPACA.
Añadió que frente a la declaratoria de la excepción de inepta demanda, el a
quo se apartó de la sentencia del Consejo de Estado proferida el 21 de abril
de 2016 en el proceso 2013-00171, en la cual se señaló que aquel medio de
defensa debía abolirse para verificar en su lugar diferentes medios de
terminación del proceso o de su saneamiento.
Por último, en lo que respecta a su situación concreta frente a la pretensión
reliquidatoria, esgrimió que al ser beneficiario del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993 y haberse desempeñado al servicio de la Procuraduría
General de la Nación, se encontraba amparado en materia pensional por el
Decreto 546 de 1971, de suerte que su prestación debía determinarse con 55
años de edad, 20 años de servicio y el 75% de la asignación mensual más
elevada que hubiera devengado durante el último año de servicio.
De acuerdo con este análisis, sostuvo que la pensión de jubilación objeto de
litigio debió ser reconocida en cuantía de $14.884.401, valor que es superior
al concedido por Colpensiones en un monto de $11.053.125. Sin embargo,
como la suma inicial supera el límite de 25 salarios mínimos legales
mensuales, aseveró que esta debe ser fijada finalmente en $14.737.500
efectivos a partir del 1.° de agosto de 2013.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Parte demandada (Folios 222 a 225): solicitó que se confirme la decisión
impugnada. Al respecto señaló que Colpensiones expidió la Resolución GNR
77732 del 10 de marzo de 2014 con la que dio respuesta a la petición
presentada por el libelista, la cual notificó el 25 de marzo de 2014, esto es,
previo al auto admisorio de la demanda. Afirmó que tal hecho le confería la
competencia necesaria a la entidad para proferir el acto administrativo en
cuestión conforme al artículo 83 del CPACA y para el demandante surgía la
obligación de reformar la demanda al haber conocido tal hecho en la debida
oportunidad.
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La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta
etapa procesal según la constancia secretarial visible a folio 226 del plenario.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la
respectiva alzada, la cual en el presente caso fue presentada únicamente por
la parte demandante.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en
las siguientes preguntas:
1. ¿Se configuró la excepción de «inepta demanda» ante la falta de reforma
del libelo, en orden de solicitar la nulidad de la Resolución GNR 77732 del
10 de marzo de 2014 por medio de la cual Colpensiones dio respuesta de
fondo a la petición de reliquidación pensional formulada por el señor
Gustavo Adolfo Gil Botero, toda vez que esta fue puesta en conocimiento
de aquel, antes de que fuera notificado el auto admisorio de la demanda?
En caso negativo,
2. ¿El demandante al ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100
de 1993, tiene derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación con
base en los preceptos del Decreto 546 de 1971, esto es, en un 75% de la
asignación mensual más elevada que hubiese devengado durante el
último año de servicio?
Primer problema jurídico
¿Se configuró la excepción de «inepta demanda» ante la falta de reforma del
libelo, en orden de solicitar la nulidad de la Resolución GNR 77732 del 10 de
marzo de 2014 por medio de la cual Colpensiones dio respuesta de fondo a
la petición de reliquidación pensional formulada por el señor Gustavo Adolfo
Gil Botero, toda vez que esta fue puesta en conocimiento de aquel antes de
que fuera notificado el auto admisorio de la demanda?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: a pesar de que Colpensiones
profirió un acto administrativo que resolvió la petición inicial del libelista antes
de la notificación del auto admisorio de la demanda, este no tenía la obligación
de reformar la demanda para incluirlo en sus pretensiones anulatorias, por lo
que tampoco se configuró la excepción decretada de oficio por el a quo, tal
como se explica a continuación:
De la excepción denominada «inepta demanda» y su inaplicación
en casos como el particular
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En primer lugar, se precisa que la referida ineptitud sustantiva de la demanda
ha tenido una evolución interpretativa a lo largo de la actividad judicial en la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Lo anterior obedece al hecho
de que su declaratoria ha reñido en múltiples ocasiones con el acceso a la
administración de justicia que se materializa en el derecho fundamental a una
tutela judicial efectiva.
En principio, la referida excepción se ha concebido como la opción jurídica
válida para que el juez se abstenga de emitir un pronunciamiento de mérito
tendiente a resolver en concreto una situación jurídica en litigio, ello siempre
que se encuentren defectos de origen formal con la suficiente entidad para
afectar las garantías sustanciales propias del proceso, al punto de ser
indispensable inhibirse y de este modo protegerlas. Esto se traduce finalmente
en una falta de definición de la controversia, que por supuesto es indeseable
tanto para las partes como para el propio juez.
Debido a la consecuencia aludida que conlleva declarar este medio exceptivo
en comento, se ha planteado la necesidad de restringir su aplicación al
máximo posible, básicamente a casos totalmente excepcionales que no
encuentren mecanismos diferentes para la subsanación de los yerros
advertidos o para la terminación del proceso con una decisión de fondo sobre
el caso. Acerca de dicho punto, esta Subsección ha fijado una posición
recurrente que confirma el postulado anterior, con el propósito de mantener
indemne el aludido derecho constitucional.
En auto del 21 de abril de 20164 proferido por esta Subsección, recopilado y
traído a colación en sentencia de tutela dictada el 15 de enero de 20185, se
precisó lo siguiente:
«[…] 2.6.- La ineptitud sustantiva de la demanda como excepción de
mérito.
De igual forma, sobre la figura de «ineptitud sustantiva de la demanda» se han
hecho consideraciones puntuales respecto su aplicación y procedencia, las
cuales se citan a continuación:
«De tiempo atrás, en múltiples providencias judiciales al igual que en la que es
objeto de estudio, se ha hecho alusión a la figura de la “ineptitud sustantiva o
sustancial de la demanda” como una excepción previa y/o causal de rechazo
de demanda, incluso de fallos inhibitorios, lo cual -a criterio de esta Sala-
constituye actualmente una imprecisión que debe ser superada.
[…]
De lo anterior se advierte que la denominación “ineptitud sustancial o
sustantiva” ha tomado diferentes formas, sin embargo, técnicamente ha de
señalarse que en la actualidad sólo es viable declarar próspera la que
denomina la ley como “inepta demanda por falta de cualquiera de los requisitos
formales o por la indebida acumulación de pretensiones”, en las cuales
encuadran parte de los supuestos en que se basaba la denominada “ineptitud
sustancial o sustantiva”.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Auto del
21 de abril de 2016. Radicado: 47-001-23-33-000-2013-00171-01 (1416-2014).
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
del 15 de enero de 2018. Radicado: 11001-03-15-000-2017-03032-00(AC).
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b.- Actual regulación procesal sobre la materia
Como se verá a continuación, en la actualidad existen diversos mecanismos
procesales a efectos de afrontar las diferentes falencias de orden procesal o
sustancial que pueden presentarse en la demanda, a saber.
i- Supuestos que configuran excepciones previas.
En efecto, el ordenamiento jurídico colombiano consagra de manera expresa
la excepción previa denominada “Ineptitud de la demanda”, encaminada
fundamentalmente a que se adecúe la misma a los requisitos de forma que
permitan su análisis en sede judicial, so pena de la terminación anticipada del
proceso. Esta se configura por dos razones:
a) Por falta de los requisitos formales. En este caso prospera la excepción
cuando no se reúnen los requisitos relacionados con el contenido y anexos de
la demanda regulados en los artículos 162, 163, 166 y 167 del CPACA., en
cuanto indican qué debe contener el texto de la misma, cómo se individualizan
las pretensiones y los anexos que se deben allegar con ella (salvo los previstos
en los ordinales 3. y 4. del artículo 166 ib. que tienen una excepción propia
prevista en el ordinal 6. del artículo 100 del CGP).
Pese a ello, hay que advertir que estos requisitos pueden ser subsanados al
momento de la reforma de la demanda (Art. 173 del CPACA en concordancia
con el ordinal 3.del artículo 101 del CGP), o dentro del término de traslado de
la excepción respectiva, al tenor de lo previsto en el parágrafo segundo del
artículo 175 del CPACA y 101 ordinal 1 del CGP.
b) Por indebida acumulación de pretensiones. Esta modalidad surge por la
inobservancia de los presupuestos normativos contenidos en los artículos 138
y 165 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.»6
En resumen, de conformidad con los parámetros normativos de la Ley 1564 de
2012 (CGP) y el CPACA, la excepción de «ineptitud sustantiva de la demanda»
se configura solamente por (i) la falta de requisitos formales de la demanda o
(ii) la indebida acumulación de pretensiones; en consecuencia, aquellas
falencias procesales diferentes de las antes enunciadas encontraran solución
en otros mecanismos jurídicos (sean estos: otros medios exceptivos o
saneamientos en otras etapas procesales). […]». (Negrilla y subrayado del
texto original).
Como se aprecia, la procedencia, o mejor, la estructuración de la excepción
referida, se centra en una denominación más acorde con su naturaleza
jurídica que es la de la «inepta demanda por falta de cualquiera de los
requisitos formales o por la indebida acumulación de pretensiones». Tal
precepto implica que la viabilidad para declarar lo propio, se sustenta en
condiciones específicas irregulares de la demanda o del proceso como tal,
que si bien son de orden formal, únicamente pueden surtir consecuencias
inhibitorias cuando no hayan sido enmendadas a lo largo de la actuación en
sus respectivas oportunidades, y siempre que su exigencia no constituya un
exceso ritual manifiesto que afecte el derecho de las partes a la tutela judicial
efectiva.
6 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Auto del 21 de abril de 2016. Radicado.
47001233300020130017101 (1416-2016).
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Demandante: Gustavo Adolfo Gil Botero
Pues bien, en el sub examine, el fundamento del tribunal de primera instancia
para declarar la excepción de inepta demanda, fue estimar que ante la
advertencia de la Resolución GNR 77732 del 10 de marzo de 2014 (folios 105
a 107), con la que Colpensiones resolvió la solicitud de reliquidación pensional
del libelista, se había cambiado el objeto de las pretensiones del libelo inicial,
que al momento de ser radicado, buscaba la nulidad de un acto administrativo
negativo presunto.
Lo anterior se aseguró al evidenciar que dicha decisión expresa se profirió
cuando la entidad demandada aún ostentaba la competencia para hacerlo,
debido a que en tal fecha todavía no le había sido notificado el auto admisorio
de la demanda.
Bajo aquel contexto, el a quo consideró que el conocimiento por parte del
libelista de la mentada situación, lo obligaba a reformar la demanda para que
instara la nulidad de la resolución aludida en lugar de la manifestación
presunta. No obstante, al verificar que lo propio no había ocurrido, aseguró
que se configuraba ex officio la mentada excepción de inepta demanda que lo
imposibilitaba para emitir un pronunciamiento de mérito respecto del caso
particular.
Ahora, al confrontar el sentido restringido sobre la aplicación de la figura bajo
estudio con las condiciones concretas del presente caso, la Sala encuentra
que el hecho de haberla declarado con base en la abstención de la parte activa
para efectuar la reforma de la demanda, no se ajusta a los criterios esbozados
sobre los requisitos para su procedencia. Como se expuso previamente, las
situaciones específicas que consolidan el referido medio exceptivo son: i) la
ausencia de acreditación de una o varias de las exigencias de forma del libelo,
y ii) la indebida acumulación de pretensiones.
Una vez descartado de entrada el segundo presupuesto por no corresponder
al asunto de marras, debe examinarse si el hecho de no modificar una
demanda previamente instaurada, con el fin de incluir un acto administrativo
del cual se tuvo conocimiento con posterioridad a su radicación, incluso antes
de la admisión del medio de control, constituye en sí misma una falencia en el
cumplimiento de los requisitos consagrados en los artículos 161 a 163 del
CPACA, que no pueda ser subsanada y que sea suficiente para inhabilitar al
juez en lo que respecta a la toma de una decisión de fondo sobre el litigio.
En torno a este análisis puntual, resulta imperioso asegurar que, en realidad,
el fundamento jurídico de la sentencia de primera instancia para inhibirse, no
se centró en la verificación de los presupuestos de la demanda en forma, tal
como fue interpuesta, sino en el presunto incumplimiento de una carga
procesal impuesta al demandante con base en el artículo 173 ibidem relativo
a la reforma del libelo, norma a partir de la cual, como lo esgrime la parte
apelante en su recurso, tal mandato no se deriva.
En primer lugar, debe recalcarse que la reforma de la demanda no es una
obligación de la parte activa ni una etapa condicional necesaria para la
continuación del proceso, sino que es una opción que aquella tiene para
adecuar el libelo con el ánimo de enmendar los yerros advertidos por esta
misma, por el juez o por la parte demandada en su contestación, así como
para adicionar los aspectos que considere necesarios bajo su propio criterio,
no por orden judicial.
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Lo antedicho se interpreta sin hesitación a partir del propio enunciado del
artículo precitado, el cual en su inciso primero reza lo siguiente: «[…] El
demandante podrá adicionar, aclarar o modificar la demanda, por una sola vez […]»
(Negrilla y subrayado intencional). La literalidad del verbo podrá en el texto de
la norma ejusdem, claramente implica que la reforma en cuestión es solo una
posibilidad para el demandante que se deja a su arbitrio y no un requisito
formal de la demanda.
Según esta intelección, lo aseverado conlleva por sí solo la improcedencia de
declarar probada la excepción de inepta demanda como lo hizo el tribunal de
primera instancia. No obstante, debe destacarse que incluso al analizar
específicamente las exigencias formales del libelo, se avizora que este tal y
como fue radicado el 24 de febrero de 2014, es decir, dirigido en contra del
acto presunto derivado de la ausencia de respuesta a la petición formulada
por el señor Gil Botero el 7 de octubre de 2013, satisfacía los requisitos
esenciales para su trámite y decisión, especialmente en punto a la
individualización de la pretensión anulatoria conforme al artículo 163 del
CPACA, toda vez que efectivamente el medio de control se encausó con
claridad y precisión respecto de un acto administrativo determinado, al margen
de que aquel sea presunto por la configuración del silencio administrativo
negativo.
Al respecto, se destaca que aun en el entendido de que la entidad demandada
profirió la Resolución GNR 77732 del 10 de marzo de 2014, cuando
conservaba su competencia para hacerlo por haberla notificado al libelista el
25 de marzo de 2014 (folio 86), esto es, antes de la notificación del auto
admisorio de la demanda ocurrida el 21 de mayo del mismo año, lo cierto es
que la petición que la originó, presentada el 7 de octubre de 2013 (folios 61 a
63), evidentemente no había sido resuelta al 24 de febrero de 2014 cuando
fue interpuesta la demanda, es decir, habían transcurrido más de 3 meses
contados desde la radicación de la solicitud, por lo que en efecto se configuró
el fenómeno del silencio administrativo negativo sustancial previsto en el
artículo 83 del CPACA que consagra lo siguiente:
«ARTÍCULO 83. SILENCIO NEGATIVO. Transcurridos tres (3) meses contados
a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión
que la resuelva, se entenderá que esta es negativa.
En los casos en que la ley señale un plazo superior a los tres (3) meses para
resolver la petición sin que esta se hubiere decidido, el silencio administrativo
se producirá al cabo de un (1) mes contado a partir de la fecha en que debió
adoptarse la decisión.
La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad
a las autoridades. Tampoco las excusará del deber de decidir sobre la petición
inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos contra el acto
presunto, o que habiendo acudido ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo se haya notificado auto admisorio de la demanda.»
De conformidad con la norma trascrita, el hecho de entender que la decisión
de la autoridad frente a la cual, el administrado reclama determinado derecho,
es negativa por el vencimiento del término de 3 meses desde la radicación de
la petición sin obtener una respuesta de fondo, conlleva necesariamente la
existencia de lo que se denomina un acto administrativo presunto, el cual en
esencia es precisamente lo que por antonomasia corresponde, es decir, una
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manifestación unilateral de voluntad de un agente estatal, tendiente a crear,
modificar o extinguir una situación jurídica, cobijada por un presupuesto de
legalidad que la hace válida hasta tanto no sea declarada nula en sede judicial.
Como se observa, un acto administrativo presunto como el que fue
demandado en esta oportunidad, por tratarse de una figura que se consolida
ipso iure por mandato legal, necesariamente reúne los elementos de
existencia, supuesto de validez y eficacia que lo convierten en una decisión
material que surte efectos y que hace tránsito en el ordenamiento jurídico por
sí misma. Ahora, en la medida en que bajo la figura de una presunción, aquel
resuelve de fondo una petición que había dado origen a una actuación
administrativa, debe entenderse que también acredita las condiciones propias
de un acto definitivo al tenor del artículo 43 del CPACA.
Por ello, este se vuelve pasible de control judicial directo (o en otras palabras,
demandable), sin estar sujeto o condicionado a una eventual manifestación
expresa de la entidad que tramita la reclamación, tal como se desprende del
artículo 161, numeral 2.°, inciso 1.° ibídem cuando sobre el particular prevé
que: «[…] El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá
demandar directamente el acto presunto. […]» (Líneas de la Sala).
Al verificar la normativa precitada, se encuentra que aquella corresponde al
canon que contempla los requisitos previos para demandar, los cuales junto
con los preceptos de los artículos 162 y 163 de la Ley 1437 de 2011,
constituyen las exigencias formales de contenido sustancial que
efectivamente deben ser analizadas para determinar la procedencia o no de
declarar probada la excepción de inepta demanda, siempre que alguna de
estas no se cumpla y que su falencia tampoco haya podido ser subsanada.
Ahora, contrario a la estimación del a quo, lo que se vislumbra es que el hecho
de haber deprecado la nulidad del acto presunto derivado de la falta de
respuesta frente a la petición radicada por el demandante ante Colpensiones
el 7 de octubre de 2013, satisface los mentados postulados legales de una
demanda en forma, en tanto perfectamente puede resolverse de fondo un
medio de control dirigido en contra de una decisión como la aludida, toda vez
que aquella existe, surte efectos y está irradiada por un presupuesto de
legalidad que puede ser enervado en vía judicial, así se haya proferido con
competencia una resolución posterior que resolvió expresamente lo
reclamado por el administrado en su momento, y que al mismo tiempo resulta
ser opuesta a la manifestación previamente cuestionada a través del
respectivo libelo.
Lo anterior se asegura en la medida en que, en realidad, la situación descrita
anteriormente versa sobre la coexistencia de dos actos administrativos
independientes, a pesar de que compartan el mismo origen en una sola
petición, pues ambos individualmente considerados son decisiones opuestas
de la misma autoridad, cuya legalidad o validez les es inherente hasta tanto
se controvierta y se desvirtúe en el marco de un proceso como el presente y
no por la sola presencia de los dos de manera concomitante en el
ordenamiento jurídico, pues la nulidad de las referidas manifestaciones no
opera de pleno derecho ni por estimación de la propia autoridad que las
profirió, sino por orden judicial ejecutoriada dictada en cada caso. Ello, sin
perjuicio de que el acto posterior al inicialmente demandado, pueda ser tenido
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en cuenta como un hecho sobreviviente con consecuencias diferentes a las
de la anulación, tal como se explica a continuación.
Sobre el principio de congruencia y los hechos sobrevinientes en
el curso del proceso
Conforme a lo esbozado hasta este punto, resulta sustentada la razón por la
cual no era obligación de la parte activa reformar la demanda para incluir en la
pretensión de nulidad el acto administrativo expreso que resolvió la petición de
reliquidación formulada el 7 de octubre de 2013 ante la entidad demandada,
con posterioridad a la configuración del acto presunto derivado de la
ocurrencia del fenómeno del silencio administrativo negativo.
No obstante, tal planteamiento no significa que el juez deba soslayar por
completo una realidad demostrada y advertida por las mismas partes, pues si
bien la esencia de la justicia rogada que caracteriza la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, implica el respeto por el principio de la
congruencia entre lo deprecado y lo decidido con la sentencia, existen
circunstancias de hecho y de derecho que no pueden ser inobservadas en
desarrollo de la actuación, sin que ello se entienda como una habilitación para
adicionar el litigio de oficio o a solicitud de parte, con actos administrativos no
demandados o con situaciones jurídicas que requieren su propio estudio
provocado por el directo interesado.
Al respecto, se resalta inicialmente que al verificar el acápite de pretensiones
de la demanda interpuesta el 24 de febrero de 2014 (folio 15), la parte activa
deprecó en esencia la declaratoria de nulidad de un acto administrativo
presunto, derivado de la configuración del fenómeno del silencio administrativo
negativo sustancial, respecto de la petición formulada por aquella ante la
entidad demandada el 7 de octubre de 2013, con la cual instaba el ajuste de
su pensión de jubilación en aplicación efectiva de las previsiones del Decreto
546 de 1971 en cuanto a la estimación de la asignación mensual más elevada
por el señor Gil Botero durante su último año de servicio (ver folios 61 a 63).
Ahora bien, lo cierto es que en el transcurso de la presente causa judicial,
Colpensiones expidió la Resolución GNR 77732 del 10 de marzo de 2014
(folios 105 a 107), a través de la cual resolvió la solicitud referida
anteriormente. Empero, al dar lectura de este acto, se observa que la entidad
demandada concedió la prestación calculada con la aplicación del tope de 25
salarios mínimos legales mensuales sobre el IBL aplicable al libelista, por lo
que fijó dicho monto en $14.737.500 al cual le aplicó una tasa de reemplazo
del 75% que arrojó un total como valor de la pensión a pagar de $11.053.125.
Esta estimación difiere de las condiciones y características pretendidas con la
demanda de la referencia que se fundamenta en la determinación del IBL
como la asignación mensual más elevada percibida por el señor Gil Botero
durante su último año de servicio y que en su sentir generaría una cuantía final
de la pensión de $14.737.500 por estar, en su criterio, limitada al mentado
tope.
Por esta razón, en desarrollo de la audiencia inicial al momento de fijar el litigio
(folios 108 a 112), la parte activa no desistió de sus pretensiones y por el
contrario insistió en que la controversia debe versar sobre el derecho al ajuste
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de la pensión de jubilación con base en los preceptos del Decreto 546 de 1971,
tal como se había deprecado con el libelo.
Este nuevo supuesto de hecho implicaría en principio una distorsión frente a
los pedimentos iniciales, pues se ceñirían a un estudio reliquidatorio sobre una
decisión expresa que cambiaría el marco de acción judicial, el cual, para este
proceso específico, estaba delimitado al examen de legalidad del acto
administrativo presunto que negó lo propio. Bajo tal planteamiento, podría
pensarse preliminarmente que el objeto de análisis del asunto sub iudice, varió
hacia el cuestionamiento de una manifestación no demandada como sería la
mentada Resolución GNR 77732 del 10 de marzo de 2014.
Si en gracia de discusión se asumiera ello, se inferiría inicialmente que se
presenta un desconocimiento del principio procesal de la congruencia entre lo
deprecado con la demanda y lo resuelto con la sentencia, pues la decisión de
mérito en este asunto se tornaría hacia el estudio de legalidad de un acto
expreso que resolvió la petición inicial de reliquidación pensional formulada por
el libelista, pero bajo otros criterios diferentes a los invocados por este, y no
en la verificación de ilegalidad de un acto presunto que por el contrario negó
aquella solicitud como desde el libelo se planteó.
No obstante, lo cierto es que en el caso de marras no se configura aquella
transgresión, toda vez que el propio artículo 281 del CGP que versa sobre el
mentado precepto, contempla la posibilidad de tener en cuenta hechos
sobrevinientes probados que modifiquen la situación jurídica debatida, tal
como se aprecia de la norma referida, así:
«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en
las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá
solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o
extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido
después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca
probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en
su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de
oficio. […]». (Negrilla fuera del texto).
Pues bien, el hecho de que Colpensiones hubiese resuelto la petición
reliquidatoria del libelista en oposición a la manifestación administrativa
presunta que había negado el derecho y que fue cuestionada en esta
oportunidad, ello acaecido antes de haberse notificado el auto admisorio de la
demanda cuando aún conservaba competencia para decidir la
reclamación, constituye necesariamente una circunstancia sobreviniente,
posterior e inesperada frente al libelo como se había radicado, lo que
factualmente cambia o tiene efectos en la determinación jurídica de la
prerrogativa en litigio.
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Debe tenerse en cuenta que al ponerse en conocimiento de las partes dicho
acontecimiento al momento de fijar el litigio y en atención a que la misma parte
demandante fue la que aportó y advirtió la existencia y efectividad de aquel
acto administrativo expreso que resolvió su solicitud de reliquidación pensional
con posterioridad al efectivamente cuestionado (ver folio 110 vuelto), la Sala
estima que se configuran los supuestos de la norma ejusdem para la
procedencia de estudiar situaciones modificatorias del objeto de controversia
como la anterior, en tanto esta se encuentra debidamente probada y ha sido
materia de aprehensión y pronunciamiento por las partes.
Lo anterior se afirma en la medida en que la realidad jurídica
actual, comprobada y concitada de una situación debatida en sede judicial, no
puede ser desconocida por el juez cuando se advierte que no habría
vulneración del principio de congruencia como acontece en el sub examine.
Ahora, se destaca que, en todo caso, el postulado precedente no implica que
se haya habilitado la verificación de legalidad de la Resolución GNR 77732 del
10 de marzo de 2014 que resolvió la petición de reliquidación pensional
presentada por el señor Gustavo Adolfo Gil Botero, habida cuenta de que dicho
acto debe conservar la presunción de sujeción a derecho que lo cobija, al no
ser objeto material de demanda en esta oportunidad.
Según la conclusión anunciada, lo que se pretende es analizar el acto
administrativo presunto de negación del ajuste pretendido por el libelista, el
cual sí fue cuestionado en la demanda, pero ahora bajo el entendido de que el
señor Gil Botero en la actualidad tiene configurada la situación jurídica de
reliquidación prestacional que había reclamado ante Colpensiones, aunque
con ciertas variaciones respecto de los postulados que asegura le son
aplicables para efectuar el cálculo tendiente a determinar el monto de su
pensión.
Esta divergencia entre la decisión expresa de la entidad demandada y el
fundamento de las pretensiones del demandante contra la manifestación
presunta efectivamente reprochada, hace notoria la necesidad de que el
examen de legalidad recaiga sobre esta última, en orden de evidenciar si aquel
tiene o no derecho a la reliquidación deprecada y bajo cuáles preceptos
normativos.
Lo expuesto conlleva que ante una eventual decisión anulatoria del acto
administrativo presunto objeto de demanda, la parte pasiva del litigio deberá
tener en cuenta los efectos que en virtud de esta recaigan sobre la eficacia y
ejecutoria del acto expreso decisorio de la petición inicial del demandante, esto
es, de la Resolución GNR 77732 del 10 de marzo de 2014, ello con el fin de
materializar la orden judicial, pero en todo caso, sin que por esta razón se
enerve o se ponga en discusión su validez y existencia.
Puesto que como se adujo anteriormente, aquella manifestación de la
autoridad demandada no es objeto de litigio, sino un hecho sobreviniente
relacionado directamente con la controversia planteada en esta oportunidad,
el cual, por tratarse de un acto administrativo vigente en el tránsito jurídico,
solo podría tener consecuencias conexas como un eventual decaimiento de
sus efectos pero no una nulidad, cuyo fin y causa son diferentes al del primero.
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En conclusión: no se configuró la excepción de «inepta demanda» en el
presente caso ante la falta de reforma del libelo, en orden de solicitar la nulidad
de la Resolución GNR 77732 del 10 de marzo de 2014 por medio de la cual
Colpensiones dio respuesta de fondo a la petición de reliquidación pensional
formulada por el señor Gustavo Adolfo Gil Botero, a pesar de que esta fue
puesta en conocimiento de aquel antes de que se hubiese notificado el auto
admisorio de la demanda.
Lo anterior, por cuanto tal supuesto no constituye un requisito esencial del
libelo que se haya inobservado, sino una carga que no encuentra fundamento
legal para su exigencia, al punto de que el haber deprecado la nulidad de un
acto administrativo presunto que también había definido previamente la
situación jurídica debatida, resulta totalmente procedente y permite al juez
emitir un pronunciamiento de fondo sobre el particular como garantía del
derecho fundamental de las partes a la tutela judicial efectiva.
En todo caso, la existencia posterior del acto expreso en comento, puede ser
tenido en cuenta como un hecho sobreviniente en el análisis del caso concreto
sin que ello implique su nulidad, pero bajo el entendido de que su eficacia sí
podría verse afectada ante una eventual decisión anulatoria de la
manifestación administrativa demandada.
Segundo problema jurídico
¿El demandante al ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de
1993, tiene derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación con base en
los preceptos del Decreto 546 de 1971, esto es, en un 75% de la asignación
mensual más elevada que hubiese devengado durante el último año de
servicio?
Debido a que se resolvió de manera negativa el primer cuestionamiento
jurídico, resulta necesario abordar el segundo problema anunciado sobre el
cual la Subsección sostendrá que, de conformidad con la postura
recientemente unificada por la Sección Segunda del Consejo de Estado en
sentencia del 11 de junio de 2020, el demandante no tiene derecho a la
reliquidación deprecada, porque al ser beneficiario del régimen de transición,
su pensión de jubilación se debe ceñir en cuanto a los parámetros de
liquidación, a los previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 referentes
a la determinación del IBL aplicable. Al respecto se precisa:
Sobre la sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de
junio de 2020 proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado
En razón a que el objeto de litigio en el sub examine se centra en determinar
la viabilidad de la reliquidación pensional deprecada por el libelista conforme
a los preceptos del Decreto 546 de 1971, resulta imperioso poner de presente
que la Sección Segunda de esta corporación expidió sentencia de unificación
el 11 de junio de 20207, por medio de la cual fijó las reglas y subreglas
respecto del Ingreso Base de Liquidación para computar la pensión de
jubilación de quienes gozan del régimen de transición de la Ley 100 de 1993
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación
CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de 2020. Radicado: 15001 23 33 000 2016 00630 01 (4083-2017).
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y por lo tanto les resulta aplicable el decreto en mención, previsto para los
servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público.
Ahora, en cuanto a la aplicación y observancia de los postulados
jurisprudenciales desarrollados en la providencia aludida, se destaca que esta
fue clara en precisar que sus efectos serían retrospectivos, esto es, de
obligatoria verificación en casos pendientes de resolución judicial, tal como se
indicó en el ordinal segundo de la respectiva sentencia que en su tenor literal
previó lo siguiente: «[…] Advertir a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con el tema que se unifica jurisprudencia,
tienen aplicación retrospectiva, y que la regla jurisprudencial fijada es vinculante en
los siguientes casos: (i) respecto de los asuntos similares que actualmente se están
tramitando en el seno de la administración; (ii) respecto de los procesos similares que
se están adelantando en juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado.
En consecuencia, no tiene efectos respecto de aquellos asuntos en los que ya existe
sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos judiciales ya resueltos están
amparados por la cosa juzgada y en consecuencia resultan inmodificables.
[…]». (Negrilla del texto original y subrayado de la Subsección).
Por lo expuesto, en el asunto de marras se hace indispensable atender con
estricta sujeción las reglas contempladas en el proveído de unificación
precitado, dado que aquellas son parámetros de interpretación obligatorios en
casos como el presente, que por tener similitudes fácticas y jurídicas a las
analizadas en el caso objeto de litigio en dicha sentencia, se tornan en bases
de decisión equivalentes como garantía del principio de la seguridad
jurídica.
Puntualmente, en lo atinente a las exigencias normativas para considerar que
a un funcionario o empleado de la Rama Judicial o del Ministerio Público le
asiste el derecho a una pensión de jubilación, la sentencia de unificación en
comento señaló que:
«[…] El servidor o ex servidor de la Rama Judicial o del Ministerio Público
beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 adquiere el derecho a la pensión, siempre que:
i) Para el 1.º de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el
ámbito nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el
ámbito territorial, tenga: a) 40 años de edad si hombre, 35 años de edad si es
mujer o; b) 15 años o más de servicios efectivamente cotizados.
ii) Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial
y del Ministerio Público estipulados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971
para consolidar el estatus pensional que son: a) el cumplimiento la edad de 50
años si es mujer o 55 años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de servicios,
continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto,
que tuvo lugar el 16 de julio de 1971; c) de esos 20 años de servicio, por lo
menos 10 años lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al
Ministerio Público, o a ambas actividades. […]». (Negrilla conforme a la
transcripción).
Al respecto, la Subsección resalta que frente al reconocimiento de la pensión
de jubilación del demandante por ser beneficiario del régimen de transición,
no existió controversia en punto de litigio, y tampoco se formularon
argumentos de impugnación, debido a que en el presente caso las
pretensiones parten del reconocimiento previo de la referida prestación, toda
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vez que lo que se busca en el sub lite es un nuevo cálculo en su forma de
liquidación en orden de aumentar el monto a pagar. Por lo expuesto, no será
necesario verificar las reglas precitadas, sino las concernientes al cálculo del
derecho en cuestión.
Aplicación de los preceptos de unificación en materia de
liquidación pensional
Sobre el punto, la providencia bajo estudio estipuló como reglas de necesario
análisis, las que se describen a continuación, cuya verificación en el caso
particular se aprecia de la siguiente manera:
REQUISITOS PENSIÓN DE JUBILACIÓN CONFORME AL DECRETO 546 DE 1971
Regla jurisprudencial: «[…] el Edad: el demandante cumplió 55 Conclusión: Al
reconocimiento de su pensión se efectuará años el 25 de marzo de 2012. Se demandante le es
de la siguiente manera: resalta que nació el 25 de marzo de aplicable el régimen de
1957.8 la pensión previsto en
iii) Con los elementos del régimen anterior Tiempo de servicios el Decreto 546 de 1971
consagrados en el artículo 6.º del Decreto públicos: laboró en el sector público en materia de
546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años por más de 30 años, distribuidos de la requisitos, por cuanto
si es mujer o de 55 años si es hombre; b) el siguiente manera: i) del 14 de julio de acreditó 55 años de
tiempo de servicios de 20 años, continuos 1976 al 30 de agosto de 1977, del 13 edad, más de 20 años
o discontinuos anteriores o posteriores a la de septiembre de 1979 al 30 de enero de servicio público
vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 de 1987, y del 1.° de mayo de 1987 al oficial y
años de servicio, por lo menos 10 años lo 31 de mayo de 1987, estos períodos específicamente más
hayan sido exclusivamente a la Rama al servicio de la Rama Judicial; ii) del de 10 años con
Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a 1.° de julio al 23 de septiembre de vinculaciones en la
ambas actividades […]» (Negrilla del texto 1992 en la Fiscalía General de la Rama Judicial y el
original) Nación, y iii) del 3 de febrero de 1987 Ministerio Público.
al 30 de junio de 1992, y del 24 de
septiembre de 1992 al 31 de julio de
2013 en la Procuraduría General de la
Nación.9
Del total de tiempo de servicio, se
advierte que acumuló más de 10 años
de labor tanto en la Rama judicial
como en el Ministerio Público.
LIQUIDACIÓN PENSIONAL CON BASE EN SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
Regla jurisprudencial: «[…] d) la tasa de Consolidación del estatus Conclusión: La
reemplazo del 75%; e) el ingreso básico pensional: el 25 de marzo de 2012, pensión de jubilación
de liquidación de que tratan los artículos 21 cuando cumplió los 55 años de edad, del demandante se
y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según previstos como requisito legal, dado debe liquidar con el
el caso; es decir, si le faltare más de 10 que los 20 años de servicio público promedio de los
años, será el promedio de los salarios o oficial los acreditó desde 1995. factores salariales
rentas sobre los cuales ha cotizado el Tiempo que faltaba para objeto de cotización
afiliado durante los 10 años anteriores al consolidarlo a la entrada en (salario básico, gastos
reconocimiento de la pensión actualizados vigencia de la Ley 100 de 1993: más de representación,
anualmente con base en la IPC certificado de 10 años (del 1.° de abril de 1994 al bonificación judicial,
por el DANE, y si le faltare menos de 10 25 de marzo de 2012) prima especial, prima
años para adquirir el derecho a la pensión, Tasa de reemplazo: 75% del IBL de antigüedad y la
8 Fecha extraída de la copia de la cédula de ciudadanía visible a folio 19 del plenario.
9 Conforme a las certificaciones de información laboral que obran de folios 25 a 34 del expediente.
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Demandante: Gustavo Adolfo Gil Botero
el ingreso base de liquidación será: (i) el Factores devengados10 y doceava parte de la
11
promedio de lo devengado en el tiempo que cotizados : sueldo básico, gastos bonificación por
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado de representación, bonificación servicios prestados),
durante todo el tiempo, el que fuere superior, judicial, prima especial, prima de devengados durante
actualizado anualmente con base en IPC servicios, prima de vacaciones, prima los 10 años anteriores
certificado por el DANE; y f) con los de navidad, prima de antigüedad (de al reconocimiento de la
factores de liquidación contemplados por 2003 a 2004) y bonificación por pensión, actualizados
el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al servicios. anualmente con base
igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª. Tasa de reemplazo aplicable: 75% en la IPC certificado
de 1992 con la modificación de la Ley 332 de del salario base de liquidación. por el DANE. Al monto
1996; 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del definitivo por concepto
Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de IBL se debe aplicar
de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° finalmente una tasa de
del Decreto 383 de 2013, según se trate de reemplazo del 75%.
magistrados o empleados de la Rama para determinar el
Judicial o del Ministerio Público. […]» valor de la prestación.
(Negrilla de acuerdo con la transcripción).
En suma, la pensión de jubilación del señor Gustavo Adolfo Gil Botero en
calidad de beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y
exservidor de la Procuraduría General de la Nación, debía ceñirse en cuanto
a los requisitos para el reconocimiento pensional, conforme a los preceptos
del Decreto 546 de 1971.
No obstante, el cálculo del IBL de la prestación en lo atinente al período de
liquidación tendría que regirse por lo previsto en el inciso 3.° del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, y en lo relacionado con los factores salariales
computables, debe tenerse en cuenta el artículo 1.° del Decreto 1158 de
1994, al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación
de la Ley 332 de 1996; 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de
2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del
Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama
Judicial o del Ministerio Público.12
En efecto, Colpensiones en el acto administrativo de reconocimiento
pensional a favor del demandante, esto es, en la Resolución GNR 090003 del
8 de mayo de 2013 (folios 55 a 57), señaló que: «[…] Que conforme a la Circular
054 de 2010 expedida por el Procurador General de la Nación y la Circular Interna
01 de 2012, suscrita por la Vicepresidencia Jurídica y Doctrinal y la Vicepresidencia
de Prestaciones y Beneficios, la forma de liquidación de la presente prestación, se
efectúa teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971,
incluyendo como ingreso base de cotización los factores salariales establecidos en
el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978. […]
Para el análisis de la pensión reconocida, se tomó en cuenta que el (la) peticionario
(a) cumple los requisitos para los siguientes tipos de pensión, siendo aplicada por
favorabilidad el indicado en la columna “Aceptada Sistema”:
10 De acuerdo con la constancia suscrita por el jefe de la División de Gestión Humana de la Procuraduría
General de la Nación que reposa a folio 60 y la certificación de información laboral emitida por dicha
autoridad, la cual obra de folios 25 a 28.
11 Según los documentos referidos en el pie de página 9 y el reporte de semanas cotizadas a
Colpensiones visible a folio 20 del expediente.
12 Esta postura jurídica frente a casos como el particular, ha sido desarrollada por la presente Subsección
en sentencias del 27 de agosto de 2020 (19001-23-33-000-2013-00519-01(0424-16)) y del 26 de
noviembre de 2020 (23001-23-33-000-2015-00154-01(4282-16)).
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Demandante: Gustavo Adolfo Gil Botero
Nombre Fecha VALOR IBL 1 VALOR Mejor %IBL Valor Pensión Acept
Status IBL 2 IBL Mensual ada
Pensión de 25 de 14,737,500.00 0.00 1 75.00 11,053,125.00 SI
jubilación marzo
Funcionarios y de
empleados de la 2012
Rama Judicial y
Ministerio Público.
Liquidación
20 a?os (sic) de 25 de 14,124,375 0.00 1 75.00 10,593,281.00 NO
servicio al Estado y marzo
55 a?os (sic) de de
edad (Transición 2012
frente a Ley 33)-
Liquidación Cajanal
El disfrute de la presente pensión quedará condicionado a que el interesado acredite
el retiro definitivo del servicio. […]».
Como se desprende del aparte transcrito, la entidad demandada tuvo en
cuenta el artículo 6.° del Decreto 546 de 1971 en materia de parámetros de
liquidación y el canon 45 del Decreto 1045 de 1978 sobre factores salariales
computables, esto en orden de determinar el valor de la prestación en litigio,
razón por la cual fijó el monto a pagar a favor del demandante en $11.053.125,
efectivo desde el momento en que aquel demostrara el retiro definitivo del
servicio.
Pues bien, el hecho referido ocurrió el 30 de julio de 2013 según el Decreto
2065 del 27 de mayo de 2013 (folio 64), por medio del cual el procurador
general de la Nación aceptó la renuncia presentada por el señor Gil Botero.
Frente a esta situación, el libelista presentó petición ante Colpensiones el 7
de octubre de 2013 (folios 61 a 63), con el fin de que su derecho pensional
fuera reliquidado, pues aseguró que la mentada entidad no tuvo en cuenta el
hecho de que su asignación mensual más elevada durante el último año de
servicio, esto es, del 30 de julio de 2012 al 30 de julio de 2013, equivalía a
$19.846.402, monto que correspondía en su sentir al IBL propio de su caso,
por lo que al aplicar el 75% de tasa de reemplazo, arrojaba una cuantía de
$14.884.801 por concepto de la aludida prestación.
Adicionalmente, sostuvo que conforme a la sentencia C-258 de 2013 proferida
por la Corte Constitucional, ninguna pensión con cargo a recursos de
naturaleza pública podría superar los 25 salarios mínimos legales mensuales,
por lo que solicitó que tal tope se aplicara a su situación, para que finalmente
se reconociera su prerrogativa en un total de $14.737.500.
Ahora, tal como se precisó en el desarrollo del primer problema jurídico, la
entidad demandada no había resuelto la mentada solicitud luego de más de 3
meses de haberla radicado, por lo que efectivamente se configuró un acto
administrativo presunto que, en esencia, negó lo instado.
Al respecto, la Sala estima que en el presente caso, tanto Colpensiones como
el señor Gil Botero plantean una postura jurídica sobre la liquidación de la
pensión objeto de litigio, que se aparta de los criterios y reglas
jurisprudenciales fijadas por esta Sección en la sentencia de unificación del
11 de junio de 2020 anteriormente expuesta, toda vez que al margen de la
procedencia del Decreto 546 de 1971 como régimen aplicable en materia de
requisitos para la consolidación del derecho prestacional, la determinación del
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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00450-01 (1537-2017)
Demandante: Gustavo Adolfo Gil Botero
IBL y del monto definitivo de la pensión de jubilación, está gobernado por los
preceptos del artículo 36, inciso 3.° de la Ley 100 de 1993.
Con el ánimo de verificar las condiciones y el resultado en términos de cuantía
del derecho en litigio, calculado bajo las reglas de la providencia de unificación
precitada, la Subsección efectuó un ejercicio que evidencia lo propio, ello a
partir de la verificación del reporte de semanas cotizadas a Colpensiones (folio
20), contrastado y equiparado con la certificación de salarios mensual emitido
por la Procuraduría General de la Nación (folios 27 a 28), documentos desde
los cuales se evidencian y extraen los montos por concepto de ingreso base
de cotización sobre los que efectivamente se realizaron aportes a la entidad
demandada y donde se evidencian individualmente los factores salariales
tenidos en cuenta para tal efecto y procedentes para su cómputo según las
reglas precitadas. Al respecto, se expone lo siguiente:
F.Inicial 30/07/2003 IPC final 78,05
F.Final 30/07/2013 Monto 75%
Año IPC inicial Fecha inicial Fecha final Días IBC Salario actualizado IBC promedio
2003 49,83 30/07/2003 31/12/2003 150 $1.933.372,00 $3.027.957,96 $ 126.164,91
53,07 01/01/2004 31/01/2004 30 $2.121.877,00 $3.120.636,27 $ 26.005,30
53,07 01/02/2004 30/04/2004 90 $2.037.969,00 $2.997.233,10 $ 74.930,83
2004
53,07 01/05/2004 31/05/2004 30 $3.744.242,00 $5.506.642,18 $ 45.888,68
53,07 01/06/2004 31/12/2004 210 $3.866.119,00 $5.685.886,22 $ 331.676,70
55,99 01/01/2005 31/01/2005 30 $4.162.031,00 $5.802.111,33 $ 48.350,93
2005
55,99 01/02/2005 31/12/2005 330 $4.078.756,00 $5.686.021,18 $ 521.218,61
58,70 01/01/2006 31/01/2006 30 $4.370.132,00 $5.810.139,44 $ 48.417,83
2006
58,70 01/02/2006 31/12/2006 330 $4.282.694,00 $5.693.889,64 $ 521.939,88
61,33 01/01/2007 31/01/2007 30 $4.566.789,00 $5.811.369,18 $ 48.428,08
2007
61,33 01/02/2007 31/12/2007 330 $4.475.416,00 $5.695.094,43 $ 522.050,32
64,82 01/01/2008 31/01/2008 30 $4.826.640,00 $5.811.146,28 $ 48.426,22
2008 64,82 01/02/2008 31/03/2008 60 $4.730.068,00 $5.694.876,16 $ 94.914,60
64,82 01/04/2008 31/12/2008 270 $14.248.705,00 $17.155.062,12 $ 1.286.629,66
69,80 01/01/2009 31/01/2009 30 $15.509.335,00 $17.341.879,93 $ 144.515,67
2009
69,80 01/02/2009 31/12/2009 330 $15.341.582,00 $17.154.305,64 $ 1.572.478,02
71,20 01/01/2010 31/01/2010 30 $15.819.520,00 $17.341.570,48 $ 144.513,09
2010
71,20 01/02/2010 31/12/2010 330 $15.648.412,00 $17.153.999,59 $ 1.572.449,96
73,45 01/01/2011 31/01/2011 30 $16.320.999,00 $17.341.365,01 $ 144.511,38
73,45 01/02/2011 30/04/2011 90 $16.144.467,00 $17.153.796,47 $ 428.844,91
2011 73,45 01/05/2011 31/07/2011 90 $15.885.000,00 $16.878.107,96 $ 421.952,70
73,45 01/08/2011 31/08/2011 30 $17.958.000,00 $19.080.709,02 $ 159.005,91
73,45 01/09/2011 31/12/2011 120 $16.144.000,00 $17.153.300,28 $ 571.776,68
76,19 01/01/2012 31/01/2012 30 $18.263.000,00 $18.707.766,82 $ 155.898,06
76,19 01/02/2012 30/04/2012 90 $16.144.000,00 $16.537.161,88 $ 413.429,05
76,19 01/05/2012 31/05/2012 30 $12.510.000,00 $12.814.661,50 $ 106.788,85
2012
76,19 01/06/2012 30/06/2012 30 $19.022.000,00 $19.485.251,08 $ 162.377,09
76,19 01/07/2012 31/07/2012 30 $22.737.000,00 $23.290.724,09 $ 194.089,37
76,19 01/08/2012 31/12/2012 150 $19.568.000,00 $20.044.548,05 $ 835.189,50
78,05 01/01/2013 31/01/2013 30 $20.038.136,00 $20.038.136,00 $ 166.984,47
2013 78,05 01/02/2013 30/06/2013 150 $19.846.000,00 $19.846.000,00 $ 826.916,67
78,05 01/07/2013 30/07/2013 30 $19.185.000,00 $19.185.000,00 $ 159.875,00
3600 IBL $ 11.926.638,90
Valor Pensión según sentencia de
unificación del Consejo de Estado $8.944.979,18
del 11 de junio de 2020
Valor Pensión reconocida por la
entidad demandada $11.053.125,00
Tal como se observa del análisis aritmético ut supra, el hecho de atender
estrictamente los postulados de la sentencia en comento, implicaría un
detrimento sustancial en la cuantía de la pensión de jubilación reconocida
actualmente al libelista.
Al respecto, basta con verificar la Resolución GNR 77732 del 10 de marzo de
2014 (folios 105 a 107), por medio de la cual Colpensiones dio respuesta
expresa a la petición de reliquidación presentada por el demandante el 7 de
octubre de 2013, en la que técnicamente reconoció nuevamente la referida
prestación en el mismo valor concedido inicialmente, es decir, $11.053.125,
efectiva desde el 1.° de agosto de 2013.
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Demandante: Gustavo Adolfo Gil Botero
Tal monto comparado con el que arroja como resultado el ejercicio efectuado
por esta corporación ($8.944.979,18), genera una diferencia de $2.108.145,82
que claramente, de ser aceptado en esta instancia, causaría un perjuicio
injustificado bajo el presente escenario judicial.
Pues bien, por lo expuesto anteriormente, se advierte que en el asunto de
marras, la negativa por parte de Colpensiones a través del acto presunto
demandado frente a la solicitud de reliquidación formulada por el demandante,
resulta ser más beneficiosa para la indemnidad de sus intereses que una
eventual declaratoria de nulidad, puesto que lo propio conllevaría un ajuste en
la prestación que disminuiría el valor que aquel actualmente devenga, lo cual
contrastaría con las pretensiones de la demanda que buscaban incrementar
ese monto.
Con base en dicho planteamiento y en atención a que en esta clase de
actuaciones se encuentra proscrita la posibilidad de proferir decisiones minus
petita, más aun cuando el demandante es apelante único y por lo tanto se
impide afectar o hacer más gravosa la situación creada en primera instancia
para el recurrente como garantía del presupuesto procesal de la non
reformatio in pejus, deberán negarse las pretensiones de la demanda, pues
adicionalmente, por garantía del principio de favorabilidad, resulta imperioso
respetar la situación jurídica más beneficiosa para el libelista, pues no se
advierten ni se han esgrimido causas ilegales o actuaciones de mala fe para
la consolidación del derecho en litigio que den lugar al cambio de las
condiciones legalmente constituidas.
En conclusión: El demandante a pesar de ser beneficiario del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, no tiene derecho a la reliquidación de su
pensión de jubilación con base en los preceptos del Decreto 546 de 1971,
calculada en un 75% de la asignación mensual más elevada que hubiese
devengado durante el último año de servicio, toda vez que conforme a la
sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado
proferida el 11 de junio de 2020, aplicable para casos con similitud fáctica y
jurídica al sub examine, dicha norma solo regula los requisitos para acceder
al derecho en cuestión, mientras que el cálculo del IBL de la referida
prestación en cuanto al período de liquidación, debe regirse por lo previsto en
el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Y en lo relacionado con los factores salariales computables, resulta
indispensable tener en cuenta el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994, al igual
que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley
332 de 1996; 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.°
del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto
383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama Judicial
o del Ministerio Público.
Empero, al efectuar el cálculo respectivo de acuerdo con estos presupuestos,
lo cierto es que la pensión actualmente reconocida a favor del señor Gil Botero
resulta ser más beneficiosa que la que se obtendría en virtud de una
reliquidación, por lo que tal situación debe permanecer incólume como
garantía del principio de favorabilidad.
Decisión de segunda instancia
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Demandante: Gustavo Adolfo Gil Botero
Según lo expuesto, se impone revocar la sentencia apelada proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia el 15 de diciembre de 2016, la cual había
declarado probada de oficio la excepción de inepta demanda, ello a fin de
resolver de fondo el presente litigio en el sentido de denegar las pretensiones
de la parte activa. Lo anterior, habida cuenta de que prosperan parcialmente
los argumentos del recurso de apelación formulado por el libelista.
De la condena en costas
Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201613, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para
la imposición de condena en costas, bajo los siguientes fundamentos:
a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP14, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público15.
Ahora, al margen de este hilo argumentativo, en el presente caso no se
condenará en costas al demandante, en la medida que si bien se negarán sus
13 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
14 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
15 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»
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Demandante: Gustavo Adolfo Gil Botero
pretensiones, su recurso de apelación prospera parcialmente en punto a la
revocatoria de la decisión de declarar probada de oficio la excepción de inepta
demanda, por lo que no podría entenderse propiamente vencido en segunda
instancia, al punto de que su situación no se ajustaría al precepto del numeral
1.° del artículo 365 del CGP para imponer esta carga.
En todo caso, se resalta que la demanda tal como fue interpuesta, tenía como
fundamento una línea jurisprudencial vigente para la época de su radicación
que ha variado en el curso del proceso con motivo de la expedición de la
sentencia de unificación del 11 de junio de 2020, por lo que tampoco es viable
imponer costas, debido al cambio interpretativo de esta Corporación sobre la
situación jurídica en litigio.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2016 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia que declaró probada de oficio la
excepción de inepta demanda en el proceso que en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor Gustavo
Adolfo Gil Botero contra la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones).
En su lugar,
Segundo: Negar las pretensiones de la demanda por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
Tercero: Reconocer personería adjetiva como apoderado de Colpensiones, al
abogado José Octavio Zuluaga Rodríguez, identificado con cédula de
ciudadanía 79.266.852 y portador de la tarjeta profesional 98.660 del Consejo
Superior de la Judicatura, ello en los términos y condiciones previstas en el
poder que obra a folio 217 del expediente.
Cuarto: Sin condena en costas de segunda instancia.
Quinto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Ausente con permiso
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Radicado: 05001-23-33-000-2014-00450-01 (1537-2017)
Demandante: Gustavo Adolfo Gil Botero
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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