Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-00481-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-00481-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2014-00481-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
22 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001233300020140048101 (0852-2022)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Beatriz Elena Díaz López
Temas: Sustitución de la pensión gracia
Decisión: Revocar sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia del 23 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que negó las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones y hechos de la demanda:
2. La UGPP, actuando por intermedio de apoderada judicial, a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó declarar la nulidad de la
Resolución UGM 010960 del 29 de septiembre del 2011, expedida por Cajanal1
EICE en liquidación, que reconoció una pensión de sobrevivientes a la señora
Beatriz Elena Díaz López.
3. A título de restablecimiento del derecho, la UGPP solicitó lo siguiente; i) declarar
que a la accionada no le asiste el derecho al referido reconocimiento pensional; ii)
condenar a la demandada a reintegrar a la UGPP todas las sumas de dinero
percibidas por dicho concepto.
4. Como fundamentos fácticos, se expuso:
1 Caja Nacional de Previsión Social.
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Demandante: UGPP
i) Por Resolución 6103 del 19 de julio de 2006, Cajanal EICE le reconoció al
señor Juan de Jesús Gaviria Urrego una pensión gracia de jubilación.
ii) El mencionado docente falleció el 29 de enero de 2007.
iii) Mediante el acto demandado se sustituyó la aludida prestación a la señora
Beatriz Elena Díaz López, en condición de compañera permanente del causante.
iv) Según Informe Investigativo 1254 de 2012, se encontraron inconsistencias
en el expediente administrativo respecto del tiempo de convivencia entre los
mencionados ciudadanos.
v) La UGPP presentó una denuncia penal por los presuntos delitos de estafa,
falso testimonio y fraude procesal.
vi) La accionada no expresó su consentimiento para revocar la prestación.
1.2. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
5. La UGPP sostuvo que las resoluciones demandadas infringieron los artículos 1,
2, 6, 121, 128 y 209 de la Constitución; 13 y 19 de la Ley 797 de 2003.
6. Al desarrollar el concepto de violación, la apoderada de la demandante expuso:
i) La resolución demandada quebrantó el ordenamiento superior, puesto que
existen inconsistencias en los documentos aportados por la beneficiaria de la
pensión debatida.
ii) El acto acusado se originó en actos fraudulentos y quebrantó el interés
general y la estabilidad financiera del sistema pensional.
1.3. Contestación de la demanda
7. La curadora ad litem de la señora Beatriz Elena Díaz López expresó que «no
me opongo a que prosperen las pretensiones de la demanda, siempre y cuando se
prueben suficientemente los hechos que la fundamentan».
1.4. Sentencia de primera instancia
8. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 23 de septiembre
de 2021, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes
razonamientos:
i) En informe investigativo aportado al plenario no contiene ninguna prueba que
lo avale o permita corroborar lo allí planteado. En especial, se echan de menos
los registros civiles de nacimiento de los menores que se afirma son hijos de la
señora Beatriz Elena Díaz López, por lo que no es posible verificar el parentesco
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ni la fecha de nacimiento.
ii) La llamada telefónica del investigador no es un medio de prueba y tampoco
garantizó el debido proceso de la accionada.
iii) Debe mantenerse la presunción de legalidad del acto acusado, pues se fundó
en declaraciones extraprocesales que demostraron la convivencia requerida por
la Ley 100 de 1993.
iv) Para elaborar el informe investigativo no se contactó directa o
telefónicamente a terceras personas que dieran cuenta de la convivencia, ya que
las personas consultadas no identificaron a la pareja y tampoco se localizaron a
las declarantes cuyo dicho fundó el acto enjuiciado, y tampoco se escuchó
directamente a la accionada. Por lo tanto, «las declaraciones ante Notario que
obran en el trámite administrativo no fueron controvertidas en esta instancia
judicial».
1.5. Recurso de apelación
9. A través de apoderado, la UGPP interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, por las siguientes razones:
i) El informe investigativo allegado al proceso evidencia las inconsistencias en
torno a la convivencia de la accionada con el causante.
ii) Las declaraciones extraprocesales no dan cuenta del motivo de su
conocimiento de los hechos; por el contrario, se trata de un formato en el que las
declarantes registran idéntica información, la cual es incongruente con la
investigación adelantada por la UGPP. Además, la entidad no tuvo oportunidad
de participar en su práctica, por lo que se le vulneró el debido proceso.
iii) El informe investigativo no fue tachado por la parte accionada, por lo que
debía ser valorado integralmente. Al respecto, se destaca: a) la pensionada
manifestó «tener tres hijos, de 10, 11 y 15 años, ninguno del causante, y […]
todos cuadran en el periodo de convivencia con el causante que se ella misma
dice haber sido entre 1993 y 2011, es decir, ¿convivía con el causante y, aun así,
en dicho periodo tuvo tres hijos que no fueron de él? ¿No resulta suficiente
entonces, la propia confesión de la demandada?»; b) ninguna de las personas
consultadas por el investigador conocía a la pareja y «quienes rindieron las
declaraciones extrajuicio no pudieron ser contactadas».
iv) El a quo debió decretar de oficio las pruebas que estimara pertinentes,
teniendo en cuenta que en este caso se encuentra en juego el patrimonio público.
Incluso, «no afloran más que dudas y contradicciones en lo que tiene que ver con
la supuesta convivencia, pues se echa de menos, la falta o ausencia de
elementos materiales probatorios que dieran fe de la mentada convivencia, es
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decir, que queda al descubierto serías inconsistencias en torno al hecho de la
convivencia, el lugar dónde esta se desarrolló, su duración, continuidad y el
carácter de estabilidad».
1.6. Trámite correspondiente a la segunda instancia
10. Por auto del 4 de abril de 2022, se admitió el recurso de apelación.
11. Las partes se abstuvieron de presentar alegatos de conclusión y el agente del
Ministerio Público tampoco rindió concepto.
12. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
13. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo2, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso3, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto en el recurso de alzada.
2.2. Del problema jurídico
14. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Beatriz Elena
Díaz López reúne los requisitos legales para mantener el derecho a la pensión de
sobrevivientes que le fue reconocida por la resolución demandada.
2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
15. Sobre el particular, la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la
Sentencia de Unificación 029-CE-S2-2022 de 11 de agosto de 20224, reiteró el
carácter especial de la pensión gracia, cuya finalidad es el reconocimiento a los
docentes territoriales por su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al
servicio de la actividad educativa; y así compensar las diferencias salariales de
aquellos frente a los docentes vinculados a la Nación.
16. Seguidamente se explicó que aunque la sustitución de dicha prestación no era
2 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
3 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.»
4 Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 23001-23-33-000-2014-00444-01 (1655-2017)
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Demandante: UGPP
un aspecto debatido en el marco de la unificación, era necesario precisar que por
tratarse de una prestación especial, la sustitución de la misma se regía por las
normas generales, destacando que dicha figura no estaba contemplada para los
educadores en 1913 cuando se originó la pensión gracia, y por vía jurisprudencia el
Consejo de Estado se fue desarrollando la postura enfocada en proteger el núcleo
familiar de los docentes.
17. Así, se estableció como regla de unificación que la norma que regula la
sustitución de la pensión gracia es la vigente para el momento del fallecimiento del
causante, en los siguientes términos:
La norma aplicable sobre el requisito de convivencia para el cónyuge supérstite o el
compañero permanente en materia de sustitución de pensión gracia es la vigente para
la fecha del deceso del causante, en armonía con lo dispuesto en el Acto Legislativo 01
de 2005, que remite a las leyes del Sistema General de Pensiones, sin perjuicio de los
derechos adquiridos bajo normas anteriores. En el caso de estar vigente el artículo 47
de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, se exige al
cónyuge o al compañero acreditar no menos de 5 años de convivencia con el docente o
el pensionado.
18. Para arribar a la anterior conclusión, la corporación realizó un recuento sobre
la dádiva en cita y rememoró que la Sección Segunda en punto a la sustitución de
la pensión gracia ha partido de dos criterios: i) consistente en «que se aplican las
normas generales anteriores a la Ley 100 de 1993, bajo el entendido que para los
excluidos de la referida Ley, en los términos del artículo 279, continúa vigente la Ley
71 de 1988 y el Decreto Reglamentario 1160 de 1989. Ello, como quiera que el
artículo 279 excluye a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio de la aplicación del sistema integral de seguridad social en
pensiones».
19. Y ii) que para el análisis de dicha sustitución se tienen en cuenta la disposición
de la Ley 100 de 1993 siempre que esté vigente al momento del deceso; ello, por
cuanto dicha pensión estaba a cargo de la Caja Nacional de Previsión Social y del
Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, y el artículo 279 ibidem solo
exceptuó de su ámbito de aplicación a las prestaciones a cargo del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio. Así pues, se ha considerado que como las
normas que regulan la pensión gracia no prevén la sustitución pensional, esta se
rige por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.
20. En todo caso, se aclara que la aplicación de la Ley 100 de 1993, en las
situaciones en que sea la norma vigente para efectos de la sustitución de la pensión
gracia, no habilita en modo alguno a reconocer la pensión de sobrevivientes con
fundamento en el numeral 2 del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por
el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que exige tan solo la cotización de 50 semanas
dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento; ello, en
tanto la especialidad de la prestación mencionada permite que se reconozca aun
cuando el docente no está afiliado al ente de previsión que la concede, ni efectuó
aportes; y especialmente porque «a la luz de los principios de razonabilidad y
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proporcionalidad no puede conllevar a que también proceda el reconocimiento de la
pensión gracia de sobrevivientes con 50 semanas de cotización, porque la vocación
de sustituibilidad de una pensión creada como especial y transitoria no puede llevar
a perpetuar una regulación de un tiempo pretérito (1913), creada para compensar
salarialmente a los maestros de primaria de las regiones apartadas».
21. Así entonces, resulta claro que el derecho a la sustitución pensional debe
analizarse a la luz de las disposiciones que se encuentren vigentes al momento del
fallecimiento del causante; criterio que se tendrá en cuenta para resolver la presente
controversia.
22. De manera que, como el deceso del señor Juan de Jesús Gaviria Urrego
ocurrió el 29 de enero de 2007, el asunto debe atender a los requisitos
contemplados en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13
de la Ley 797 de 2003, cuyo tenor es el siguiente:
Artículo 47. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga
30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por
muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente
supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su
muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con
anterioridad a su muerte;
2.4. Actuación administrativa
23. Por Resolución UGM 010960 del 29 de septiembre del 2011, Cajanal EICE en
liquidación reconoció una pensión de sobrevivientes a la señora Beatriz Elena Díaz
López con ocasión del fallecimiento del señor Juan de Jesús Gaviria Urrego.
2.5. Caso concreto
24. En atención al contexto antes descrito, procede la Sala a resolver el problema
jurídico planteado, teniendo en cuenta que el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes debe analizarse conforme al artículo 47 de la Ley 100 de 1993,
modificado por la Ley 797 de 2003.
25. De acuerdo con la referida disposición, para que la cónyuge o compañera
permanente acceda a la pensión de sobrevivientes, en forma vitalicia, debe acreditar
que cuenta con más de 30 años de edad y estuvo haciendo vida marital con el
causante hasta su muerte y haber convivido con el fallecido no menos de 5 años
continuos con anterioridad a su deceso.
26. Ahora bien, la demandada no cumplía con los presupuestos para acceder a la
pensión de sobrevivientes en los términos en que le fue reconocida, ya que no
acreditó la convivencia a que alude la norma, tal como se analizará en esta
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providencia.
27. Al respecto, la UGPP apoyó su defensa en el Informe Investigativo 1254-2012
del 8 de febrero de 2012, suscrito por el Técnico Investigador de la empresa CYZA,
en el cual se lee:
4. ACTIVIDADES REALIZADAS
• Para dar respuesta al interrogante planteado dentro del presente caso, se procedió
a efectuar labor de vecindario en inmediaciones a la Calle 96 No. 53-64 Barrio
Aranjuez de Medellín lugares registrados por el causante, obteniendo los siguientes
resultados.
Se contacto a LUIS MORALES, quien afirmó ser inquilino y NO conocía, ni había
escuchado nombrar al señor JUAN DE JESUS GAVIRIA URREGO, (causante) y
tampoco a la señora BEATRIZ ELENA DIAZ LOPEZ (solicitante).
Por tal motivo y como quiera que en la zona donde reside la solicitante se encuentra
distante del Municipio de Urrao, zona esta de difícil acceso por orden público, se
contactó vía telefónica al abonado 3103872952, quien sobre su convivencia con el
causante manifestó entre otros aspectos lo siguiente:
“TRABAJE CON JUAN DE JESUS GAVIRIA URREGO, COMO EMPLEADA DEL
SERVICIO DOMESTICO, DESDE EL AÑO 1988 HASTA 1993, EN EL MUNICIPIO
DE URRAO ANTIOQUIA...”
"CONVIVI CON JUAN DE JESUS GAVIRIA URREGO DESDE EL AÑO 1993, HASTA
LA FECHA DE SU FALLECIMIENTO…” SIC
“TENGO TRES HIJOS MENORES DE EDAD, LLAMADOS LEON DARIO DE 15
AÑOS, LEONEL DE JESUS DE 11 AÑOS Y LEIDER GAVIRIA DIAZ DIAZ DE 10
AÑOS... PERO NO SON HIJOS DE MI COMPAÑERO JUAN DE JESUS GAVIRIA
URREGO … EL PADRE DE LOS HIJOS ME ABANDONO Y DESCONOZCO SU
PARADERO...
5. RESULTADOS Y OBSERVACIONES
[…]
Acorde a las apreciaciones expuestas por el investigador ELIECER CORONEL,
relacionado con las indagaciones a la convivencia entre el causante y la solicitante
BEATRIZ ELENA DIAZ LOPEZ es viable tener en cuenta que la señora BEATRIZ
ELENA expone al funcionario, mediante comunicación telefónica, que es madre de
tres hijos de 15, 11 y 10 años cuyo padre es diferente al señor JUAN DE JESUS
GAVIRIA URREGO (q.e.p.d.) y manifiesta que la convivencia con el causante desde
el año 1993 hasta el 29 de enero de 2011, y que con anterioridad a este año era
empleada doméstica del causante.
Teniendo en cuenta lo anterior se aprecia que no hubo convivencia continua entre ello
[sic] pues si a la fecha los hijos de la petente tienen 15, 11 y 10 años, no es coincidente
tal hecho ya que los tiempos que expone la señora BEATRIZ ELENA (desde el año
1993 a 2011) totalizan DIECIOCHO AÑOS y los nacimientos de los hijos encajan
dentro de este lapso de tiempo. Por otra parte dadas las condiciones de habita de la
peticionaria (lugar de residencia en una vereda del Municipio de Urrao) no fue factible
el desplazamiento a esa localidad por ser zona de influencia guerrillera (ROJA) como
tampoco la verificación y existencia de los declarantes que aportó la señora BEATRIZ
ELENA que les constara la convivencia. CON INFORME DEVOLUCIÓN
EXPEDIENTE realizado por ELIECER CORONEL (Dic. 22-2012 [sic]).
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Los elementos de juicio con los que cuenta al momento de la elaboración del presente
informe, y en especial los documentos obrantes en el expediente permiten indicar que
NO EXISTIÓ CONVIVENCIA como Compañeros Permanentes, entre JUAN DE
JESUS GAVIRIA URREGO (causante) y BEATRIZ ELENA DIAZ LOPEZ (solicitante),
por lo menos durante los últimos 5 años antes del fallecimiento del causante.
28. Es pertinente anotar que el anterior informe por sí solo no constituye plena
prueba de la ausencia de convivencia entre los señores Beatriz Elena Díaz López y
Juan de Jesús Gaviria Urrego, pues no se allegaron los elementos soportes de las
afirmaciones allí consignadas.
29. Sin embargo, el referido documento evidencia las gestiones adelantadas por la
UGPP en aras de verificar la convivencia, lo cual denota la falta de diligencia de la
entidad al momento de efectuar el reconocimiento pensional, pues la resolución
demandada data del 29 de septiembre de 2011 y el informe se suscribió el 8 de
febrero de 2012, es decir, que pocos meses después de haberse reconocido la
prestación, se buscó corregir la actuación.
30. En efecto, las declaraciones extraprocesales que fundaron el reconocimiento
pensional evidencian que el acto acusado decretó una prestación en favor de la
demandada sin haber demostrado en forma clara, cierta e inequívoca la convivencia
con el causante.
31. Dichas declaraciones fueron rendidas los días 1 de marzo y 14 de abril de 2011,
ante la Notaría 27 de Medellín y provienen de las señoras Beatriz Elena Díaz López,
Claudia Marleny González Sierra y Luz Margarita González Areiza. A continuación,
se cita su contenido:
➢ Declaraciones del 1 de marzo de 2011
Declarante Contenido de la declaración
Beatriz Elena Díaz Fui la compañera permanente por más de cinco (5) años
López consecutivos del señor JUAN DE JESÚS GAVIRIA URREGO
fallecido el 29 de enero de 2007, de estado civil soltero, no
procreamos hijo alguno; el ahora occiso dejó
extramatrimonialmente una hija de nombre JOHANA ANDREA
GAVIRIA URREGO, quien es mayor de edad, el ahora occiso no
dejó más hijos extramatrimoniales, reconocidos ni por reconocer,
ni adoptivos, yo dependía económicamente de mi compañero
permanente.
Claudia Marleny Conocimos de vista, trato y comunicación por más de 15 y 20 años
González Sierra y respectivamente al señor JUAN DE JESÚS GAVIRIA URREGO
Luz Margarita fallecido el 29 de enero de 2007, sabemos y nos consta que el
González Areiza ahora occiso era de estado civil soltero, vivía en unión libre de
manera permanente e ininterrumpida desde hacía cinco años con
la señora BEATRIZ ELENA DIAZ LÓPEZ, de estado civil soltera,
identificada con C.C. Nro. 43.345.630, con quien no procreó hijos;
el ahora occiso dejó extramatrimonialmente una hija de nombre
JOHANA ANDREA GAVIRIA URREGO, quien es mayor de edad,
el ahora occiso no dejó más hijos extramatrimoniales, reconocidos
ni por reconocer, ni adoptivos, sabemos y nos consta que la señora
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BEATRIZ ELENA DIAZ LÓPEZ dependía económicamente del
señor JUAN DE JESÚS GAVIRIA URREGO.
➢ Declaraciones del 14 de abril de 2011
Declarante Contenido de la declaración
Beatriz Elena Díaz Fui la compañera del señor JUAN DE JESÚS GAVIRIA URREGO,
López desde el 18 del mes de diciembre de 2001 hasta el 29 de enero de
2007, fecha en que falleciera como consecuencia de un accidente
de tránsito, mi compañero permanente era de estado civil soltero,
durante la unión marital no procreamos hijos, yo dependía
económicamente de él, extramatrimonialmente, dejó una hija de
nombre JOHANA ANDREA GAVIRIA URREGO, quien en la
actualidad es mayor de edad, mi compañero permanente no dejó
más hijos extramatrimoniales, reconocidos ni por reconocer, ni
adoptivos, ni dejó otra compañera permanente que acredite un
igual o mejor derecho que el que aquí me asiste.
Claudia Marleny Conocimos de vista, trato y comunicación por más de 15 y 20 años
González Sierra y respectivamente al señor JUAN DE JESÚS GAVIRIA URREGO
Luz Margarita fallecido el 29 de enero de 2007, sabemos y nos consta que hacía
González Areiza vida marital de hecho desde el mes de diciembre del año 2001 con
la señora BEATRIZ ELENA DIAZ López, hasta el día 29 de enero
de 2007, fecha en que falleciera como consecuencia de un
accidente de tránsito, el ahora occiso era de estado civil soltero y
durante la unión marital de hecho con la señora BEATRIZ ELENA
DIAZ, no procrearon hijos, esta dependía económicamente del
causante, también sabemos y nos consta, que el señor JUAN DE
JESÚS GAVIRIA URREGO, extramatrimonialmente, dejó una hija
de nombre JOHANA ANDREA GAVIRIA URREGO, quien en la
actualidad es mayor de edad, el causante no dejó más hijos
extramatrimoniales, reconocidos ni por reconocer, ni adoptivos, ni
dejó otra compañera que acredite un igual o mejor derecho que el
que aquí le asiste a la señora BEATRIZ ELENA DIAZ.
32. En relación con las anteriores declaraciones es pertinente anotar que las
declarantes coincidieron en afirmar que los señores Beatriz Elena Díaz López y
Juan de Jesús Gaviria Urrego convivieron durante 5 años hasta la fecha del
fallecimiento del segundo; sin embargo, un análisis detenido de tales documentos
evidencia que se solo exponen apreciaciones genéricas, que impiden concluir con
certeza sobre la verosimilitud de su dicho y no dan cuenta de las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que se suscitó la presunta convivencia.
33. En efecto, las declarantes no indicaron de dónde provenía el conocimiento de
los hechos, no fueron detalladas en la forma en que la pareja convivió, ni tampoco
existe claridad del lugar de habitación o el municipio donde ello tuvo lugar.
34. A modo de ejemplo, se observa que el causante prestó sus servicios en el
municipio de Urrao y allí falleció; sin embargo, las peticiones que elevó a Cajanal,
antes de su deceso, con miras a que se le reconociera la pensión gracia, indicó
como su «nueva dirección» estaba en la ciudad de Medellín y posteriormente aludió
a otra, pero en la misma ciudad. No obstante, cuando el investigador de la UGPP
fue a la primera ubicación registrada, los vecinos no lo conocían a él ni a la
demandada.
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35. Así las cosas, surgen varias dudas en la forma en que la pareja convivió y, en
general, lo vínculos de solidaridad, apoyo, afecto y socorro mutuo que los unieron,
por lo que la UGPP no contaba con suficientes elementos para haber efectuado el
reconocimiento pensional ahora debatido.
36. De manera que las declaraciones extraprocesales antes descritas no eran
contundentes para demostrar el requisito de convivencia exigido por el legislador
para reconocer la pensión de sobrevivientes en favor de la accionada.
37. En similar sentido, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que «la
acreditación del requisito de convivencia no se obtiene a través del cumplimiento de
una mera formalidad, como una declaración extraprocesal rendida en una notaría o
plasmada en un documento, sino que sólo se puede dar por establecida en la
realidad misma, es decir, debe ser el reflejo de una auténtica comunidad de vida
estable, permanente y firme, de mutua comprensión, apoyo espiritual y físico y
camino hacia un destino común, esto es, en los términos del artículo 42
Constitucional, que consulte el verdadero deseo libre de la pareja, de conformar
una familia, con lo cual se obtendría la garantía de protección del Estado y de la
sociedad allí ofrecida».5
38. También llama la atención que en el expediente administrativo no obraran otros
elementos demostrativos del dicho de la demandada, esto es, que dependía
económicamente del causante, pues no aportó prueba que dieran cuenta de esa
dependencia, como por ejemplo que estuviera afiliada al sistema de salud como su
beneficiaria, entre otros insumos que permitieran corroborar sus afirmaciones.
39. En consecuencia, se revocará la decisión apelada y en su lugar, se anularán los
actos enjuiciados que reconocieron la pensión de sobrevivientes a la señora Beatriz
Elena Díaz López.
40. Sin embargo, no se ordenará la devolución de las mesadas pensionales
percibidas por la mencionada ciudadana, ya que el artículo 164 del CPACA prevé
que «no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena
fe».
41. Conforme al artículo 83 de la Constitución Política, se presume la buena fe en
todas las gestiones que particulares adelanten ante las autoridades públicas.
42. Por su parte, la UGPP no logró desvirtuar dicha presunción, ya que no allegó
pruebas tendientes a demostrar que la demandada actuó de forma fraudulenta y ni
siquiera acreditó sumariamente que la ciudadana se valió de maniobras
deshonestas para adquirir el derecho pensional, como tampoco que aportó
información falsa para ello.
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia SL132-2024 del 24 de enero de
2024, Radicación n.° 93633.
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 05001233300020140048101 (0852-2022)
Demandante: UGPP
2.6. Condena en costas
43. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
44. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
45. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que la petición del recurso de apelación está siendo concedido de manera
parcial, por lo cual no puede afirmarse que alguna de las partes haya sido vencida
en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta
instancia.
46. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Revocar la sentencia del 23 de septiembre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda. En
su lugar, se dispone:
Segundo. Decretar la nulidad de la Resolución UGM 010960 del 29 de septiembre
del 2011, expedida por la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal EICE en
liquidación, que reconoció una pensión de sobrevivientes a la señora Beatriz Elena
Díaz López, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. Negar las demás pretensiones de la demanda.
Cuarto. Sin condena en costas, conforme a lo expuesto en la parte considerativa
de esta sentencia.
Quinto. Reconocer a la abogada Vanessa Fernanda Garreta Jaramillo, quien se
identifica con cédula de ciudadanía 10858978216 y Tarjeta Profesional 212712, y al
abogado Kevin Daniel Amado Sanabria, quien se identifica con cédula de
ciudadanía 10136673127 y Tarjeta Profesional 384281, ambos adscritos a Sociedad
6 Certificado de Vigencia 1468997.
7 Certificado de Vigencia 1469024.
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Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 05001233300020140048101 (0852-2022)
Demandante: UGPP
Distira Empresarial S.A.S, como apoderados de la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP. Asimismo, se acepta la revocatoria del mandato que con posterioridad
efectuó dicha entidad.
Sexto. Reconocer al abogado Cristian Camilo Herrán Rangel, quien se identifica
con cédula de ciudadanía 176913728 y Tarjeta Profesional 165549, y al abogado
Oscar Joaquín Zúñiga Cuevas, quien se identifica con cédula de ciudadanía
802317529 y Tarjeta Profesional 218796, ambos adscritos a Sociedad Cher Legal
Force S.A.S., como apoderados de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
Séptimo. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – SAMAI, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/
8 Certificado de Vigencia 1469044.
9 Certificado de Vigencia 1469053.
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 12
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
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