RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2014-00660-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-00660-01

Fecha
16 de febrero de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-00660-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 28 de febrero de 2020, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por el señor Antonio Mario Sánchez Giraldo contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). 29 Radicación: 05001 23 33 000 2014 00660 01 (1676-2021) Demandante: Antonio Mario Sánchez Giraldo Segundo. Sin costas en esta instancia. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el programa SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2014-00660-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

16 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001 23 33 000 2014 00660 01 (1676-2021)
Demandante: Antonio Mario Sánchez Giraldo
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reliquidación pensión de jubilación exempleado de la
Aeronáutica Civil. Factores que integran el IBL. Cotizaciones
por concepto de hora cátedra.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes, contra la sentencia
proferida el 28 de febrero de 2020, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por
medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda
1.1.1. Pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y lo
Contencioso Administrativo, el señor Antonio Mario Sánchez Giraldo, por intermedio
de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las
Resoluciones números RDP 048483 del 17 de octubre de 2013, por medio de la
cual se reliquida la pensión de jubilación del demandante sin tener en cuenta todos
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 05001 23 33 000 2014 00660 01 (1676-2021)
Demandante: Antonio Mario Sánchez Giraldo

los factores salariales devengados en el último año de servicio y lo devengado en
el mismo tiempo de manera simultánea en el Instituto Educativo de carácter público
de la Gobernación de Antioquia, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid; RDP
053418 del 20 de noviembre de 2013 y RDP 053858 del 21 de noviembre del mismo
año, por las cuales se resolvieron los recursos de reposición y de apelación,
respectivamente, confirmando la decisión.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho pidió
condenar a la entidad demandada a: i) reconocer, liquidar y pagar la pensión de
vejez del régimen especial aplicable al sector técnico de la Aeronáutica Civil, en
cuantía equivalente al 75 % del promedio mensual de todos los factores devengados
durante el último año de servicio, es decir, del 1 de febrero de 2011 al 31 de enero
de 2012, y la asignación recibida como docente cátedra del instituto educativo Jaime
Isaza Cadavid; ii) pagar las diferencias que resulten de la nueva liquidación; iii)
reconocer y pagar los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100
de 1993; y iv) pagar las costas y agencias en derecho.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

i) El señor Antonio Mario Sánchez laboró al servicio de la Aeronáutica Civil por más
de 22 años, en el cargo de técnico aeronáutico IV grado 19, desde el 22 de mayo
de 1989 hasta el 30 de enero de 2012. Además, se desempeñó como docente hora
catedra en el instituto educativo, de carácter público, Politécnico Colombiano Jaime
Isaza Cadavid, desde el 1 de febrero de 1999 hasta el 30 de abril de 2012. Durante
el último año de servicios devengó los siguientes factores salariales: asignación
básica, bonificación por servicios prestados y primas de navidad, vacaciones,
servicios y de riesgo.

ii) La Caja Nacional de Previsión Social EICE, mediante Resolución UGM 021310
del 21 de diciembre de 2011, reconoció la pensión de vejez al demandante.

2

Radicación: 05001 23 33 000 2014 00660 01 (1676-2021)
Demandante: Antonio Mario Sánchez Giraldo

iii) La UGPP, por medio de la Resolución RDP 048483 del 17 de octubre de 2013,
reliquidó la mesada pensional a partir del 1 de febrero de 2012, sin incluir en el
cálculo todos los factores salariales devengados en el último año y lo devengado en
el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, por no haber sido tramitado
certificado en el formato especial para la expedición de los bonos pensionales
cuando en realidad los aportes para pensión se efectuaron en las mismas entidades
de seguridad social.

iv) Contra el citado acto administrativo se presentaron los respectivos recursos, los
cuales fueron decididos desfavorablemente para la parte actora.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 2, 13 y 58 de la Constitución Política, 8 de la
Ley 7 de 1961; 21 del Código Sustantivo de Trabajo; las Leyes 153 de 1887, 33 de
1985 y 4 de 1992; y los Decretos 1372 de 1966 y 1835 de 1994.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
siguientes argumentos:

i) El actor laboró al servicio de la Aeronáutica Civil en cargos contemplados en el
régimen especial de pensión previsto en la Ley 7 de 1961 y en el Decreto 1372 de
1966, por más de 20 años, siendo beneficiario del régimen de transición
contemplado en el Decreto 1835 de 1994. Adquirió su estatus pensional el 20 de
abril de 2001, en vigencia de la Ley 100 de 1993.

ii) La entidad accionada vulnera los derechos del demandante al reconocer, ordenar
el pago y reliquidar su pensión de vejez con fundamento en la Ley 100 de 1993 y
en el Decreto 1158 de 1994 y, en consecuencia, excluir del monto pensional las
primas de vacaciones, navidad, productividad, bonificación semestral, diferencia de
horario, bonificación especial de recreación, compensatorios por horas extras, por

3

Radicación: 05001 23 33 000 2014 00660 01 (1676-2021)
Demandante: Antonio Mario Sánchez Giraldo

no estar consagradas en dicha normatividad, siendo dicha aplicación más
desfavorable para aquel, por lo que se le debía aplicar en su integridad el Decreto
1835 de 1994.

iii) La pensión de jubilación especial consagrada en la Ley 7 de 1961 y en el Decreto
1372 de 1966 continúa vigente para todos los servidores públicos que cumplan con
las exigencias del inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y del artículo 7 del
Decreto 1835 de 1994, por lo que se deben incluir en la liquidación todos los factores
salariales devengados en su último año de servicio.

1.2. Contestación de la demanda

La UGPP, por medio de apoderada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones,
por las razones que se expresan a continuación:1

i) Los actos administrativos demandados conservan incólume su presunción de
legalidad, comoquiera que no contienen vicio alguno que conlleve su nulidad, ya
que fueron expedidos por autoridad competente, con observancia de la ritualidad
exigida para su creación y ejecutoria. La motivación contenida en estos es
consistente y congruente con las normas superiores en que se fundan.

ii) Conforme a los artículos 2, 6 y 7 del Decreto 1835 de 1994, se puede concluir
que el demandante se encuentra cobijado por el régimen de transición previsto en
la Ley 100 de 1993; a su vez, reúne los requisitos para ser beneficiario de una
pensión especial de los funcionarios de la Aeronáutica Civil. Sin embargo, la
liquidación se debe efectuar con el tiempo que le hiciere falta para cumplir el estatus
jurídico de pensionado o los diez últimos años y los factores base para calcularla
son los establecidos en el Decreto 1158 de 1994.

1 Folios 79 al 93

4

Radicación: 05001 23 33 000 2014 00660 01 (1676-2021)
Demandante: Antonio Mario Sánchez Giraldo

iii) En caso de que se considere que el demandante tiene derecho a la reliquidación
de su pensión, con inclusión de factores salariales diferentes a los tenidos en cuenta
en el acto de reconocimiento, la sentencia deberá pronunciarse sobre el derecho
que le asiste a la entidad para cobrarle al empleador el valor correspondiente a la
cotización que debió efectuar sobre estos y el derecho a descontarle a la parte
actora el valor correspondiente al porcentaje que sobre dichos factores debía
aportar.

1.3 . La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia Cundinamarca, mediante sentencia
proferida el 28 de febrero de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda y no
condenó en costas. Sustentó su decisión en las siguientes consideraciones:2

i) En el proceso se encuentra demostrado que el demandante es beneficiario del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que
nació el 23 de mayo de 1952 y para el 1 de abril de 1994 había cumplido con los 20
años que exige la ley; posteriormente, acreditó los 20 años de servicio requeridos
por el régimen especial consagrado en la Ley 7 de 1961, desempeñando el cargo
de técnico aeronáutico IV grado 19.

ii) En principio, los actos administrativos demandados gozan de plena legalidad,
toda vez que, tal como lo indicó el Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación
del 28 de agosto de 2018, el régimen de transición comprende la edad, el tiempo y
monto, regulados en las normas anteriores al sistema general de pensiones, sin
embargo, en lo que respecta al IBL, se debe aplicar el inciso 3 de la Ley 100 de
1993 y sus decretos reglamentarios, incluyendo únicamente los factores salariales
sobre los cuales se hayan efectuado aportes o cotizaciones al Sistema General de
Pensiones, señalados en el Decreto 1158 de 1994.

2 Folios 140 al 152

5

Radicación: 05001 23 33 000 2014 00660 01 (1676-2021)
Demandante: Antonio Mario Sánchez Giraldo

iii) El demandante reclama la inclusión, dentro del IBL de su pensión, además de la
asignación básica, las horas extras, la diferencia de horario, los dominicales y
festivos, la bonificación por servicios, la bonificación semestral, las primas de
vacaciones, navidad y productividad y el tiempo compensatorio por horas extras no
disfrutado; sin embargo, ya se le reconoció la asignación básica, la remuneración
por trabajo dominical o festivo, las horas extras y la bonificación por servicios
prestados, tal como se observa en la Resolución RDP 048483 del 17 de octubre de
2013, que reliquidó la pensión.

Así las cosas, no es procedente reconocer los conceptos de bonificación semestral,
prima de vacaciones, prima de productividad y diferencia de horario, por no
encontrarse dichos conceptos consagrados en el artículo 1 del Decreto 1158 de
1994.

iv) En el expediente obra certificado expedido por el Politécnico Colombiano Jaime
Isaza Cadavid, en el que se indica que el señor Antonio Mario Sánchez Giraldo
prestó sus servicios a dicha Institución como docente de cátedra y se señala que
dicha entidad realizó los aportes al sistema de seguridad social desde 1999 hasta
2012, realizando cotizaciones a Cajanal, desde febrero de 1999 hasta junio de 2009,
y al ISS, desde el agosto de 2009 hasta abril de 2012.

Así las cosas, los últimos diez años que se deben tener en cuenta para la liquidación
de pensión del actor van desde el 1 de octubre del 2000 hasta el 30 de septiembre
de 2010, encontrando que la mayoría de ese tiempo, hasta junio de 2009, las
cotizaciones fueron efectuadas a Cajanal. Por lo tanto, de conformidad con el
parágrafo 1 del artículo 18 de la Ley 100 de 1993, la UGPP, como administradora
del Fondo de Pensiones, debe tener en cuenta las cotizaciones que se hayan
efectuado al sistema de manera proporcional y acumulada, teniendo en cuenta que
el actor, para la fecha de su jubilación, se encontraba laborando con dos
empleadores de carácter estatal y que la mayoría de las cotizaciones fueron
efectuadas a la misma demandada.

6

Radicación: 05001 23 33 000 2014 00660 01 (1676-2021)
Demandante: Antonio Mario Sánchez Giraldo

No comparte la Sala el argumento de la entidad cuando señala que recae en el actor
la obligación de demostrar esos pagos, llenando unos formatos especiales, de
conformidad con la Circular Conjunta 13 de 2007, suscrita por los Ministerios de
Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social, toda vez que lo allí contenido
se adopta para la emisión de bonos pensionales y/o reconocimiento de pensión,
obligatorio únicamente para las entidades públicas que deban certificar este tipo de
prestación, por lo que es una exigencia que solo debería realizar la entidad
demandada en este caso a Colpensiones, por el poco tiempo que efectuó las
cotizaciones a ese fondo pensional, toda vez que la mayoría de esos dineros se
encuentran en la misma entidad demandada. Por ende, la carga de la prueba recae
en la UGPP, por tener una situación más favorable para aportar las evidencias, de
conformidad con el artículo 167 del CGP y, adicionalmente, se puede realizar un
trámite interadministrativo con la otra entidad a la que se le efectuaron aportes, sin
tener esto alguna incidencia en los derechos pensionales del actor.

Con fundamento en lo expuesto, el a quo decidió i) declarar la nulidad parcial de las
resoluciones acusadas, en cuanto negaron al demandante la reliquidación de su
pensión con inclusión de las cotizaciones realizadas cuando laboraba
concurrentemente en el Instituto Jaime Isaza Cadavid como docente; ii) condenar a
la UGPP a reliquidar la pensión de vejez de aquel, computando la asignación básica
que devengó en la citada institución educativa, sin que se supere el tope legal; y a
indexar las sumas que resulten de la condena; y iii) denegar las demás pretensiones
de la demanda.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. La UGPP interpuso recurso de apelación contra la sentencia y solicitó que se
revoque. Expuso los siguientes argumentos:3

i) Los actos administrativos declarados nulos fueron expedidos por la autoridad

3 Folios 155 al 161

7

Radicación: 05001 23 33 000 2014 00660 01 (1676-2021)
Demandante: Antonio Mario Sánchez Giraldo

competente, observando la ritualidad exigida para su creación y ejecutoria, tanto los
motivos en los que se erigen como la motivación que en ellos se lee son
consistentes y congruentes con las normas superiores en las que se funda.

ii) El demandante se encuentra cubierto por el régimen de transición de la Ley 100
de 1993, toda vez que al momento de entrar en vigencia el nuevo sistema contaba
con más de 15 años de servicio y más de 40 años de edad. Por ende, se debe
pensionar con el 75% del promedio de lo devengado en los diez últimos años y los
factores salariales que se deben tener en cuenta en la liquidación son los indicados
en la Ley 100 de 1993 y su Decreto Reglamentario 1158 de 1994.

1.4.2. El demandante pidió revocar parcialmente la sentencia y, en su lugar, acceder
adicionalmente a las pretensiones que le fueron desfavorables. Expuso las
siguientes razones de inconformidad:4

i) El Decreto 1372 de 1966 dispone con claridad el porcentaje y las asignaciones
que la Ley 7 de 1961 no contempla y que el despacho inobserva al abstenerse de
ordenar la inclusión de lo devengado durante el último año de servicios; por ende,
se vulneran los principios de inescindibilidad de la norma y favorabilidad.

ii) El régimen de transición que beneficia al demandante no es el establecido en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sino el regulado en el artículo 7 del Decreto 1835
de 1994, por lo tanto, para el caso en concreto no aplica el precedente
jurisprudencial citado por el a quo.

1.5. Alegatos de conclusión

Las partes, demandada y demandante, insistieron en los argumentos expuestos en
las distintas etapas procesales.5

4 Índice 2, aplicativo SAMAI. Documento denominado «6_ED_ACTUACIONE_520140660(.docx) NroActua 2».

(Apelación adhesiva concedida por el a quo en la audiencia celebrada el 11 de febrero de 2021).
5 Memoriales allegados por correo electrónico, adjuntados a SAMAI, índices 35 y 36, respectivamente.

8

Radicación: 05001 23 33 000 2014 00660 01 (1676-2021)
Demandante: Antonio Mario Sánchez Giraldo

1.6. El ministerio público

El Agente del ministerio público guardó silencio, según advierte el informe
secretarial que da paso al despacho.6

1.7. Intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

La ANDJE presentó escrito de intervención en el que solicitó denegar las
pretensiones de la demanda. Expuso, en esencia, que el IBL es un aspecto que se
excluye del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, como se desprende de la norma y del criterio jurisprudencial de las altas
Cortes, en especial de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 del
Consejo de Estado, en el sentido de que los factores salariales que se deben incluir
en el IBL son aquellos sobre los cuales se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al sistema de pensiones.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

De acuerdo con la sentencia y las razones de inconformidad expuestas por las
partes, la sala debe establecer: i) si el señor Antonio Mario Sánchez Giraldo, por ser
beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, tiene derecho
a que su pensión de jubilación se reliquide con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicios o, para tal efecto, debe aplicarse
el inciso 3.° del artículo 36 de esta normatividad; y ii) si en el ingreso base de
liquidación deben incluirse o no los conceptos devengados durante su vinculación
como docente de hora cátedra en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,
desde 1999 hasta 2012.

6 Folio 415

9

Radicación: 05001 23 33 000 2014 00660 01 (1676-2021)
Demandante: Antonio Mario Sánchez Giraldo

2.2. Marco normativo

2.2.1. Régimen especial del personal técnico de la Aeronáutica Civil

Por medio de la Ley 7 del 10 de marzo de 1961 el Congreso dictó normas sobre
pensiones de jubilación de los radio-operadores, técnicos de radio y electricidad
oficiales de meteorología al servicio de la Empresa Colombiana de Aeródromos.7
Dicha norma previó que «Los Radiooperadores del Servicio Móvil Aeronáutico
Categoría "R" y del Servicio Fijo, de acuerdo con las definiciones dadas en el
Decreto 3418 de 1954 y su reglamentario 2427 de 1956; los Técnicos de Radio y
Electricidad y los Oficiales de Meteorología» tendrían derecho a la pensión de
jubilación al cumplir 20 años de servicio, sin importar su edad.

La anterior norma fue reglamentada por el Decreto 1372 del 26 de mayo de 1966.
Este definió a los radioperadores,8 a los oficiales de meteorología,9 así como a los
técnicos de radio y de electricidad.10 Para dichos servidores dispuso que podrían
pensionarse así:

Artículo 6° De acuerdo con los artículos 2° de la Ley 7ª de 1961 y 21 del Decreto
1237 de 1946.11 el personal de que trata el presente Decreto tendrá derecho a la
pensión vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75) del
promedio mensual de las asignaciones que hubiere devengado durante el último
año de servicios.

7 Creada por el Decreto 3269 de 1954.
8 «Artículo 1° Son Radioperadores del Servicio Móvil Aeronáutico Categoría "R" y del Servicio Fijo, definidos

en el Decreto 3418 de 1954, los funcionarios que operan los circuitos de radio que integran tales servicios, sea
cual fuere la naturaleza de estos circuitos y la denominación de planta de los cargos o nomenclatura dentro de
la organización del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil. De la Empresa Colombiana de
Aeródromos o del Departamento Administrativo del Servicio Civil. »
9 «Artículo 2° Son oficiales de meteorología los funcionarios calificados por el Departamento Administrativo de

Aeronáutica Civil como idóneos para atender los requerimientos meteorológicos aeronáuticos, sea cual fuere la
denominación de planta de los cargos o nomenclatura dentro de la organización del organismo meteorológico
aeronáutico al cual pertenece o del Departamento Administrativo del Servicio Civil.»
10 «Artículo 3° Son técnicos de radio y de electricidad, los funcionarios que desarrollen las actividades propias

de su profesión con fines exclusivamente aeronáuticos, sea cual fuere la denominación de planta de los cargos
o nomenclatura dentro de la organización del organismo aeronáutico al cual pertenecen o del Departamento
Administrativo del Servicio Civil.»
11 Modificado por el artículo 10 del Decreto 1080 de 1947.

10

Radicación: 05001 23 33 000 2014 00660 01 (1676-2021)
Demandante: Antonio Mario Sánchez Giraldo

Conforme a las citadas normas, los requisitos para acceder a una pensión liquidada
sobre el 75% del promedio mensual de lo que hubiera devengado durante el último
año de servicio, en aplicación del citado régimen especial, se reducen a: i)
desarrollar funciones de radioperador, oficial de meteorología, técnico de radio y de
electricidad en la Aeronáutica Civil; y, ii) 20 años de servicio, sin importar la edad.

2.2.2. Régimen de transición en el Sistema de Seguridad Social y actividades
alto riesgo

El Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993 ha sido aplicado
a todos los habitantes del territorio nacional, conservando todos los derechos,
garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos «conforme a
disposiciones normativas anteriores, pactos, acuerdos o convenciones colectivas
de trabajo para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los
requisitos para acceder a una Pensión o se encuentren pensionados por jubilación,
vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial,
semioficial en todos los órdenes del régimen de Prima Media y del sector privado
en general».12

Con el objeto de preservar las expectativas legítimas de aquellas personas que se
encontraban próximas a pensionarse, el artículo 36 ibidem, dispuso un régimen de
transición en los siguientes términos:

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de
edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince
(15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al
cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones
contenidas en la presente ley.

A su turno, en su artículo 279 estableció que el sistema Integral de Seguridad Social
contenido en la presente Ley no se aplica «a los miembros de las Fuerzas Militares

12 Artículo 11 de la Ley 100 de 1993

11

Radicación: 05001 23 33 000 2014 00660 01 (1676-2021)
Demandante: Antonio Mario Sánchez Giraldo

y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto 1214 de 1990, con
excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a
los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas».

De acuerdo a lo expuesto, se derogaron los regímenes pensionales existentes para
ese momento y se unificaron e integraron en uno solo de carácter general, pero
preservó algunas de estas disposiciones vigentes transitoriamente para aquellas
personas que se hallaran cobijadas por lo regulado en el artículo 36 ejusdem, y en
los regímenes especiales expresamente indicados en el artículo 279.13

La citada disposición también reguló en su artículo 140 que el gobierno nacional
expediría, de acuerdo con la Ley 4.ª de 1992, el régimen de los servidores públicos
que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de
jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se
consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el trabajador
aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Nacional Penitenciaria.

El presidente de la República, en uso de sus facultades constitucionales y legales,
en especial de las conferidas en el artículo 189, numeral 11 de la Constitución
Política, en concordancia con la Ley 100 de 1993, expidió el Decreto 691 de 1994,
«por el cual se incorporan los servidores públicos al sistema general de pensiones
y se dictan otras disposiciones», en cuyo artículo 5 decretó lo siguiente:

Actividades de alto riesgo. Los servidores públicos que laboren en actividades de
alto riesgo para su salud, se entienden incorporados al sistema general de
pensiones, pero les aplicarán las condiciones especiales que para cada caso se
determinen.

Con base en las normas reseñadas, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1835
de 1994 «por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores
públicos», el cual definió en su artículo 1.º su campo de aplicación en los siguientes
términos:

13 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 23 de mayo de 2013. Radicación
11001032500020100029100 (2390-10)

12

Radicación: 05001 23 33 000 2014 00660 01 (1676-2021)
Demandante: Antonio Mario Sánchez Giraldo

Artículo 1. Campo de aplicación. El Sistema General de Pensiones contenido en
la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios se aplica a los servidores públicos
de todos los niveles, de conformidad con el Decreto 691 de 1994. Igualmente les
son aplicables las normas consagradas en los Decretos 1281 de 1994 y 1295 de
1994.

Sin perjuicio de lo anterior, y en desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993, el
presente Decreto contiene las normas especiales sobre actividades de alto riesgo
de todos los servidores públicos, salvo aquellos de la Registraduría Nacional del
Estado Civil y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, quienes
serán objeto de decisión especial.

En virtud del Decreto 691 de 1994, a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y
sin perjuicio de los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición
consagrado en el artículo 36 de la misma, no se reconocerán pensiones especiales
diferentes a las previstas en el presente Decreto y en el Régimen General de
Actividades de Alto Riesgo.

Parágrafo. El régimen de pensiones especiales sólo le será aplicable a los
servidores públicos a los que se refiere este Decreto, siempre que permanezcan
afiliados al Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida.

Cuando estos servidores se afilien voluntariamente al régimen de ahorro individual
con solidaridad se regirán por las normas propias de éste, salvo en lo que respecta
al monto de las cotizaciones que se regirán por lo dispuesto en el presente
Decreto.».

A su turno, el artículo 2 ejusdem definió cuáles eran las actividades de alto riesgo,
entre las que se encuentran las siguientes relacionadas con la Aeronáutica Civil:

Artículo 2. Actividades de alto riesgo. En desarrollo del artículo 140 de la Ley 100
de 1993, sólo se consideran actividades de alto riesgo las siguientes:
[…]
4. En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Técnicos aeronáuticos
con funciones de controladores de tránsito aéreo, con licencia expedida o
reconocida por la oficina de registro de la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil, de conformidad con la reglamentación contenida en la Resolución
No. 03220 de junio 2 de 1994 por medio de la cual se modifica el manual de
reglamentos aeronáuticos; y demás normas que la modifiquen, adicionen o aclaren.

Técnicos aeronáuticos con funciones de radio operadores, con licencia expedida o
reconocida por la Oficina de Registro de la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil, con base en la reglamentación contenida en la Resolución
No.2450 de diciembre 19 de 1974 por medio de la cual se adopta el manual de
reglamentos aeronáuticos, y demás normas que la modifiquen, adicionen o aclaren.
[…]. (Se resalta).

13

Radicación: 05001 23 33 000 2014 00660 01 (1676-2021)
Demandante: Antonio Mario Sánchez Giraldo

En virtud de lo anterior, las actividades de alto riesgo desarrolladas en la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil se limitaron a las de técnico
aeronáutico con funciones de: i) controladores de tránsito aéreo; o ii) radio
operadores.

Para los servidores públicos que desarrollaran alguna de las dos funciones
mencionadas, el artículo 6 del decreto en cita previó que estos podrían obtener una
pensión especial de vejez así:

i) a los 45 años de edad, siempre que hubiesen cotizado 1000 semanas continuas
o discontinuas, es decir, que hubiesen desarrollado esas actividades
exclusivamente por la densidad exigida;

ii) a los 55 años, aquellos técnicos aeronáuticos que tuvieran 1000 semanas de
cotización, de las cuales, al menos 500 semanas, se hubiesen cotizado en ejercicio
de actividades de alto riesgo.

En este último caso, la edad para el reconocimiento podía descender un año por
cada 60 semanas adicionales de cotización a las primeras 1000, hasta los 50 años
de edad.

Adicionalmente, el artículo 7 del Decreto 1835 de 1994 reglamentó un régimen de
transición especial para los servidores públicos de la Aeronáutica Civil que
reunieran determinados requisitos, de la siguiente forma:

Artículo 7. Régimen de transición. El régimen general de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 se aplica a los servidores públicos de la Unidad
Administrativa de Aeronáutica Civil.

No obstante, se establece el siguiente régimen de transición para los funcionarios
de dicha unidad administrativa que tuviesen 35 o más años de edad si son mujeres,
o 40 o más años de edad si son hombres, ó 10 ó más años de servicios prestados
o cotizados, así:

1. Para los servidores descritos en el artículo 6º de este Decreto.

2. Para los servidores que a 31 de diciembre de 1993 se encontraban incorporados
a la planta de personal del Sector Técnico Aeronáutico.

Los requisitos de edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de
servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de dicha pensión, de los

14

Radicación: 05001 23 33 000 2014 00660 01 (1676-2021)
Demandante: Antonio Mario Sánchez Giraldo

funcionarios descritos en los numerales 1º y 2º de este artículo, serán los
establecidos en el régimen anterior que les era aplicable.

Para los demás servidores, las condiciones y requisitos para acceder a la pensión
de vejez o jubilación, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de
1993 y sus reglamentos, particularmente en lo relacionado al monto de las
cotizaciones a cargo del respectivo empleador.

En ese orden, se advierte que a los funcionarios de la Unidad Administrativa
Especial de la Aeronáutica Civil descritos en el artículo 6 del Decreto 1835 de 1994,
que a su vez remite al artículo 2 numeral 4 ejusdem, y a aquellos técnicos
aeronáuticos vinculados a la planta de personal de la entidad al 31 de diciembre de
1993, y que a la fecha de entrada en vigencia de la norma en cita tuviesen 35 o
más años de edad en el caso de las mujeres, 40 o más años de edad en el caso de
los hombres, o 10 o más años de servicio prestado o cotizado, les aplicaría el
régimen de transición allí regulado.

Por consiguiente, su derecho a la pensión se regiría en lo relacionado con los
requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas y el monto, previstos
en las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, esto es, conforme a la Ley 7.ª de
1961 y su Decreto Reglamentario 1372 de 1966.

Para el efecto, se advierte que el artículo 2 de la Ley 7.ª de 1961 previó que la
pensión de jubilación se adquiría al cumplir 20 años de servicio, sin importar la
edad,14 mientras que el artículo 6 del Decreto 1372 de 1966 reguló lo relacionado
con el monto, para lo cual definió que este sería el equivalente al 75% del promedio
mensual de las asignaciones percibidas en el último año de servicio.15

14 «Artículo 2º Para los efectos indicados se aplicará a los mencionados trabajadores lo dispuesto por el artículo

21 del decreto 1237 de 1946 y tendrán derecho a la pensión de jubilación al cumplir veinte (20) años de servicio,
cualquiera que fuere su edad.
Parágrafo. Es bien entendido que para poder gozar de la pensión de jubilación en los términos anteriores los
trabajadores señalados deberán reintegrar o compensar a la Caja Nacional de Previsión Social las sumas que
por concepto de auxilio de cesantía hubieren recibido de Aerovías Nacionales de Colombia, S.A. (Avianca).»
15 «Artículo 6° De acuerdo con los artículos 2° de la Ley 7ª de 1961 y 21 del Decreto 1237 de 1946. el personal

de que trata el presente Decreto tendrá derecho a la pensión vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco
por ciento (75) del promedio mensual de las asignaciones que hubiere devengado durante el último año de
servicios.»

15

Radicación: 05001 23 33 000 2014 00660 01 (1676-2021)
Demandante: Antonio Mario Sánchez Giraldo

De igual forma, para aquellos servidores de la Aeronáutica Civil que no colmaron
las condiciones para ser beneficiarios del régimen de transición contemplado en el
precitado artículo 7 del Decreto 1835 de 1994 o del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, el monto de la pensión, de acuerdo con lo contemplado en los artículos 140
de la Ley 100 de 1993 y 5 del Decreto 691 de 1994, se regirá por las previsiones
contenidas en el artículo 34 de la primera norma,16 puesto que el régimen especial
de actividades de alto riesgo abarca únicamente los requerimientos para acceder a
esa prestación.

Con posterioridad, el presidente de la República, en uso de sus facultades
extraordinarias conferidas por el artículo 17 numeral 2 de la Ley 797 de 2003,
expidió el Decreto 2090 de 2003, «por el cual se definen las actividades de alto
riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones,
requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran
en dichas actividades», que a su vez derogó el citado Decreto 1835 de 1994 y en
lo pertinente prevé:

Artículo 2. Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Se consideran
actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes:
[…]

16 «Artículo 34. Monto de la pensión de vejez. El monto mensual de la pensión de vejez, correspondiente a

las primeras 1.000 semanas de cotización, será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación. Por cada
50 semanas adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 semanas, este porcentaje se incrementará en un 2%,
llegando a este tiempo de cotización al 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales
a las 1.200 hasta las 1.400, este porcentaje se incrementará en 3% en lugar del 2%, hasta completar un monto
máximo del 85% del ingreso base de liquidación.
El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión
mínima de que trata el artículo siguiente.
A partir del 1o. de enero del año 2004 se aplicarán las siguientes reglas:
El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización requeridas, será
del equivalente al 65%, del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo
con la fórmula siguiente:
r = 65.50 - 0.50 s, donde:
r = porcentaje del ingreso de liquidación.
s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes.
A partir del 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje que oscilará entre el 65 y el 55%
del ingreso base de liquidación de los afiliados, en forma decreciente en función de su nivel de ingresos
calculado con base en la fórmula señalada. El 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará
en 50 semanas. Adicionalmente, el 1o. de enero de 2006 se incrementarán en 25 semanas cada año hasta
llegar a 1.300 semanas en el año 2015.
A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se
incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80
y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con
base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al
ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima».

16

Radicación: 05001 23 33 000 2014 00660 01 (1676-2021)
Demandante: Antonio Mario Sánchez Giraldo

5. En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o la entidad que haga
sus veces, la actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores
de tránsito aéreo, con licencia expedida o reconocida por la Oficina de Registro de
la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, de conformidad con las
normas vigentes.

En los artículos 3 y 4 ibidem se señalaron los requisitos para obtener el beneficio
pensional en los siguientes términos:

Artículo 3. Pensiones especiales de vejez. Los afiliados al Régimen de Prima
Media con prestación definida del Sistema General de Pensiones, que se dediquen
en forma permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior,
durante el número de semanas que corresponda y efectúen la cotización especial
durante por lo menos 700 semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán
derecho a la pensión especial de vejez, cuando reúnan los requisitos establecidos
en el artículo siguiente.

Artículo 4. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión especial
de vejez. La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes requisitos:

1. Haber cumplido 55 años de edad.

2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003.

La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1) año por
cada (60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en
el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta
(50) años.

Artículo 5. Monto de la cotización especial. El monto de la cotización especial
para las actividades de alto riesgo es el previsto en la Ley 100 de 1993, más diez
(10) puntos adicionales a cargo del empleador.

Y en su artículo 6 estableció un régimen de transición en los siguientes términos:

Artículo 6. Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en vigencia del
presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización
especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas
exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida
en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las
actividades de alto riesgo.17

17 En sentencia C-663 de 29 de agosto de 2007, la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Manuel

José Cepeda Espinosa, declaró este artículo exequible condicionalmente «[…] en el entendido que para el
cómputo de las 500 semanas, también se podrán acreditar semanas de cotización efectuadas en cualquier
actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo».

17

Radicación: 05001 23 33 000 2014 00660 01 (1676-2021)
Demandante: Antonio Mario Sánchez Giraldo

Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente
decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición,
deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos
por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797
de 2003.

De la revisión del parágrafo del citado artículo 6 se tiene que exige, además de los
requisitos contemplados en dicha norma, el cumplimiento de las condiciones
reguladas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para acceder al régimen pensional
de alto riesgo. Al respecto, esta Corporación ha sostenido:

[…] En criterio de la Sala, entender a partir de la literalidad de la norma que el
régimen especial de transición en pensiones de alto riesgo señalado en el artículo 6
del Decreto 2090 de 2003, además del requisito de las 500 semanas de cotización
especial, exige para el caso del demandante el cumplimiento adicional de los
requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, resulta
desproporcionado y más gravoso, pues el señor […] cumple con el requisito especial
de las 500 semanas, y aspira a un reconocimiento pensional bajo las condiciones
establecidas en el artículo 6º del Decreto 1835 de 1994.

Acogiendo en esta oportunidad el criterio interpretativo ya expresado en asuntos
similares al presente, debe señalar la Sala que las exigencias adicionales a las que
se refiere el parágrafo del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 colocan en una
situación desventajosa, en virtud del tránsito legislativo, al demandante que se
encontraba próximo a cumplir los requisitos para obtener la pensión de vejez en las
condiciones previstas en el artículo 6 del Decreto 1835 de 1994.

La finalidad de un régimen de transición consiste en que el legislador establezca un
sistema de protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo no
afecten a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión por no haber
cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese
derecho.

“Los regímenes de transición, en consecuencia, (i) recaen sobre expectativas
legítimas de los asociados y no sobre derechos adquiridos; (ii) su fundamento es el
de salvaguardar las aspiraciones de quienes están cerca de acceder a un derecho
específico de conformidad con el régimen anterior y (iii) su propósito es el de evitar
que la subrogación, derogación o modificación del régimen anterior, impacte
excesivamente las aspiraciones válidas de los asociados, especialmente si existe la
posibilidad de minimizar esa incidencia y de armonizar las expectativas ciudadanas
y los cambios legislativos a través de un régimen de transición”.18

La norma en mención exige a los beneficiarios del régimen de transición en ella
establecido cumplir, además de los requisitos especiales, los previstos por el artículo
36 de la Ley 100 de 1993. Al respecto, como quiera que la disposición jurídica
establece requisitos para la transición de un régimen pensional especial y a su vez

18 Sentencia C-663 de 2007. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa

18

Radicación: 05001 23 33 000 2014 00660 01 (1676-2021)
Demandante: Antonio Mario Sánchez Giraldo

requisitos para ser beneficiario del régimen de transición general, la interpretación
que más favorece al demandante es la que permite, ante dos normas concurrentes,
la aplicación preferente de la regla de transición que le posibilite el reconocimiento
de su pensión especial de vejez.
[…]

De otra parte, y respecto del requisito previsto en el mencionado inciso primero del
artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 sobre la cotización especial cuando menos de
500 semanas, la Corte Constitucional en sentencia C-663 de 2007 declaró la
exequibilidad condicionada de dicho artículo, acogiendo la interpretación más
favorable a los trabajadores “que es aquella que les permite acreditar el número de
semanas de cotización para mantenerse en el régimen de transición, con las
semanas cotizadas en los diferentes regímenes previos donde tales cotizaciones
hayan sido jurídicamente calificadas como de alto riesgo, así tales cotizaciones no
tuvieren el carácter de “especiales” al momento de entrar a regir el Decreto 2090 de
2003”. Y, frente a la coexistencia del régimen de transición previsto en el Decreto
2090 de 2003 y el que establece la Ley 100 de 1993 señaló que “El régimen de
transición previsto en el Decreto 2090 de 2003..resulta ser un régimen de transición
distinto al de la Ley 100 de 1993, lo cual plantea cuestiones atinentes a la aplicación
del régimen más favorable al trabajador…En ese orden de ideas, en el hipotético
caso en que en una situación concreta un trabajador se vea amparado por ambos
regímenes de transición, el de la Ley 100 y el del Decreto 2090 de 2003-, lo cierto
es que al existir dos normas vigentes y aplicables para una misma situación, debe
prevalecer a la luz de la Constitución aquel régimen que resulte más favorable y
benéfico para el trabajador involucrado, por tratarse de disposiciones pensionales”.

Luego entonces, por ser más favorable frente a las expectativas pensionales del
demandante quien estaba próximo a cumplir con los requisitos para acceder al
derecho en las condiciones descritas en el Decreto 1835 de 1994, y en virtud del
principio de inescindibilidad de la norma frente a una disposición en la que se fijan
requisitos de un régimen de transición de naturaleza especial y a la vez los previstos
en el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993, para la Sala la fuente
que debe aplicarse en el caso particular es el inciso primero del artículo 6 del Decreto
2090 de 2003, y entender que el actor es beneficiario del régimen especial de
transición por haber acreditado 500 semanas de cotización en actividades de alto
riesgo al 28 de julio de 2003, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003
[…].19

19 Véanse entre otras, sentencia de 12 de junio de 2014 proferida dentro del proceso
05001233100020120010001 (número interno: 3287-2013), demandante: Jaime Villamil Castro, demandado:
Cajanal; y sentencia de 22 de abril de 2015 proferida dentro del proceso 25000232500020110080701 (número
interno: 2555-13), demandante: Fernando Sandoval Cabrera, demandado: Cajanal.

19

Radicación: 05001 23 33 000 2014 00660 01 (1676-2021)
Demandante: Antonio Mario Sánchez Giraldo

2.2.3. Postura unificada frente a la reliquidación de pensión ordinaria de los
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado profirió
sentencia de unificación el 28 de agosto de 201820 en la que fijó las reglas y
subreglas respecto al Ingreso Base de Liquidación para computar la pensión de
jubilación de quienes gozan del régimen de transición, y precisó que se aplicaría
con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en
vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los
casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables».

La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición
fijada en la referida sentencia de unificación:

El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del
régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.

Como fundamento para establecer dicha regla, la Sala expuso, entre
consideraciones, la siguiente:

91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen de transición puedan
adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de
cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el
mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla
establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el
régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento de la pensión
en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a los
mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones,
indudablemente, le son más favorables. (Negritas fuera de texto).

20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018.

Expediente 2012-00143-01. Demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro.

20

Radicación: 05001 23 33 000 2014 00660 01 (1676-2021)
Demandante: Antonio Mario Sánchez Giraldo

Adicionalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
definió las siguientes subreglas:

La primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores
públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985
(edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10)
años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base
en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida
el DANE.

La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones.» Esta subregla se justifica, así:

99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de
1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden
incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el
artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad,
el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones.

De acuerdo con las anteriores pautas fijadas por la Sala que, se repite, constituyen
precedente obligatorio, el IBL para las personas que se en encuentran en el régimen
de transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el artículo 21 de
la Ley 100 de 1993, según corresponda.

21

Radicación: 05001 23 33 000 2014 00660 01 (1676-2021)
Demandante: Antonio Mario Sánchez Giraldo

2.2.4. De los valores devengados y cotizados por concepto de hora cátedra
para efectos de la liquidación pensional.

La Constitución Política de 1991 en el artículo 128 consagró la prohibición de recibir
más de una asignación proveniente del tesoro público, la cual existía desde el
artículo 64 de la Constitución de 1886 y se desarrolló en los artículos 1 del Decreto
1713 de 1960 y 32 del Decreto 1042 de 1978.

En el artículo superior, hoy vigente, se agregó la prohibición de que cualquier
persona desempeñe más de un cargo público, de tal suerte que bajo el actual
régimen constitucional está prohibido, salvo excepciones legales, la concurrencia
de dos o más cargos públicos en una misma persona, así como la recepción de más
de una asignación que provenga del erario.

En desarrollo de lo anterior, el Legislador expidió la Ley 4.ª de 1992 que, en el
artículo 19, determinó las excepciones a tal prohibición constitucional y que
actualmente son aplicables en el sector nacional, descentralizado y territorial, así:

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más
de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones
en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las siguientes
asignaciones:
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores
de la rama legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial
de la fuerza pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las juntas directivas, en razón de
su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente ley beneficien a los servidores
oficiales docentes pensionados;
Parágrafo. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de
ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades. (Resaltado de la Sala).

En este orden, se puede concluir que a los empleados públicos les es permitido
desempeñar simultáneamente el cargo docente, siempre y cuando la prestación del

22

Radicación: 05001 23 33 000 2014 00660 01 (1676-2021)
Demandante: Antonio Mario Sánchez Giraldo

servicio educacional se dé mediante la modalidad de «hora-cátedra», la cual se
explicó en el artículo 73 de la Ley 30 de 1992 así:

Los profesores de cátedra no son empleados públicos ni trabajadores oficiales; son
contratistas y su vinculación a la entidad se hará mediante contrato de
prestación de servicios el cual se celebrará por periodos académicos.

Los contratos a que se refiere este artículo no estarán sujetos a formalidades
distintas a las que se acostumbran entre particulares. El régimen de
estipulaciones será el determinado por la naturaleza del servicio y el contrato
podrá darse por terminado sin indemnización alguna en los casos de
incumplimiento de los deberes previstos en la ley o en el contrato.

Estos contratos requieren, para su perfeccionamiento, el registro
presupuestal correspondiente.

Con ocasión de la expedición de la sentencia de la Corte Constitucional C-006 de
1996, que declaró inexequibles los apartes en negrita del precepto citado en
precedencia, surgieron dudas respecto de la excepción establecida en el literal d),
artículo 19, de la referida Ley 4.ª, pues para el Tribunal Constitucional la relación
que se predica entre los docentes catedráticos y las Universidades Oficiales es un
ejemplo característico de una relación laboral docente; de ahí que a partir de ese
pronunciamiento se les deben pagar las prestaciones sociales respectivas por el
trabajo que desempeñan.

Considera la Sala que la prohibición contenida en el literal d), del artículo 19, de la
Ley 4ª. de 1992 se debe interpretar de manera integral con la sentencia C-006 de
1996, de tal suerte que la remuneración y las prestaciones sociales que se les paga
a los docentes catedráticos en proporción al servicio prestado deben entenderse
excluidas de la prohibición constitucional, pues ciertamente la voluntad del
Legislador fue la de que los emolumentos pagados por hora cátedra quedaran
exceptuados de la aplicación de la norma superior, cuando efectuó la regulación a
través de la ley marco.21

21 Lo anterior, en concordancia con el criterio expuesto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección

A, en la sentencia del 29 de junio de 2011, radicado 25000-23-25000- 2007-01039-01 (1751-09), consejero
ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
En el mismo sentido se pronunció esta Subsección en la sentencia del 2 de julio de 2020, radicado 25000-23-
42-000-2013-05277-01 (2398-15), consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.

23

Radicación: 05001 23 33 000 2014 00660 01 (1676-2021)
Demandante: Antonio Mario Sánchez Giraldo

2.3. Hechos probados

i) El señor Antonio Mario Sánchez Giraldo nació el día 23 de mayo de 1952.22 Prestó
sus servicios a la Aeronáutica Civil desde el 22 de mayo de 1989 hasta el 30 de
enero de 2012 en el cargo de técnico aeronáutico IV grado 19, para un total de 21
años, 4 meses y 27 días.23

ii) El 21 de diciembre de 2011, por medio de la Resolución UGM 021310, la Caja
Nacional de Previsión Social reconoció la pensión de vejez al señor Antonio Mario
Sánchez Giraldo, efectiva a partir del 1 de octubre de 2010, en cuantía equivalente
al 75 % del salario promedio de diez años, de conformidad con el artículo 21 de la
Ley 100 de 1993. Se incluyeron como factores de liquidación la asignación básica,
las horas extras y la bonificación por servicios prestados.24

iii) El 17 de octubre de 2013, a través de la Resolución RDP 048483, la UGPP
reliquidó la pensión del señor Sánchez Giraldo, a partir del 1 de febrero de 2012,
previa demostración de retiro del servicio, en cuantía del 75 % del promedio de los
salarios sobre los cuales se efectuaron cotizaciones entre el 1 de febrero de 2002 y
el 30 de enero de 2012. Se incluyeron en la base de liquidación la asignación básica,
las horas extras, la jornada nocturna, los dominicales y festivos y la bonificación por
servicios prestados. 25

iv) El 18 de noviembre de 2013, el demandante radicó recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación, con la pretensión de que se realizara la liquidación tomando
como IBL el promedio de los ingresos del último año, teniendo en cuenta, además
de los factores ya incluidos, las primas de vacaciones, semestral, de navidad y de
productividad y, adicionalmente, los aportes a pensión realizados a través de la

22 Cuaderno de antecedentes administrativos (Cd obrante a folio 78)
23 Según se extracta de la Resolución UGM 021310 del 21 de diciembre de 2011, por medio del cual se le

reconoció la pensión de vejez (folios 2 a 6).
24 Folios 2 al 6
25 Folios 7 al 10

24

Radicación: 05001 23 33 000 2014 00660 01 (1676-2021)
Demandante: Antonio Mario Sánchez Giraldo

institución universitaria de carácter público Politécnico Jaime Isaza Cadavid, del
departamento de Antioquia.26

v) El 20 de noviembre de 2013, por medio de la Resolución RDP 053418, la UGPP
resolvió el recurso de reposición27 y el 21 de noviembre del mismo año, a través de
la Resolución RDP 053585, resolvió el recurso de apelación, confirmando la
decisión inicial.28 Argumentó que los factores salariales que se deben tener en
cuenta son únicamente los indicados de manera taxativa en el Decreto 1158 de
1994. Respecto de las cotizaciones efectuadas como docente del Politécnico Jaime
Isaza Cadavid, manifestó que la certificación allegada no estaba contenida en los
formatos establecidos en la Circular Conjunta número 13 de abril de 2007, expedida
por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social.

vi) De conformidad con los certificados allegados al expediente, el señor Sánchez
Giraldo percibió, entre enero de 2011 y diciembre de 2012, los siguientes factores
salariales:29

✓ Sueldo básico
✓ Prima de vacaciones
✓ Bonificación semestral
✓ Recargo nocturno dominical
✓ Horas extras
✓ Jornadas dominicales y festivos
✓ Prima de navidad
✓ Bonificación especial de recreación
✓ Prima de productividad
✓ Indemnización de vacaciones
✓ Bonificación por servicios prestados

vii) La Directora de Gestión Humana del Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid, certificó que el demandante «ha prestado sus servicios a la Institución
como docente cátedra, autorizado mediante contratos a término fijo por semestre

26 Folios 11 al 14
27 Folios 15 al 17
28 Folios 20 al 25
29 Folios 26 al 33

25

Radicación: 05001 23 33 000 2014 00660 01 (1676-2021)
Demandante: Antonio Mario Sánchez Giraldo

académico». Manifestó, además, que se realizaron los aportes al sistema de
seguridad social y enlistó los ingresos base de cotización (IBC) que fueron
reportados desde 1999 hasta 2012.30

viii) En respuesta al exhorto 5581, librado por el Tribunal, la Aeronáutica Civil
certificó los haberes devengados durante el último año de servicio por el señor
Antonio Mario Sánchez Giraldo, y manifestó que la liquidación del IBC para la
seguridad social se hizo de conformidad con el Decreto 1158 de 1994.31

2.4. Análisis de la Sala

De acuerdo con el marco normativo y jurisprudencial expuesto y del análisis del
acervo probatorio, se considera procedente en esta instancia dar aplicación a la
regla jurisprudencial establecida en la sentencia de unificación de 28 de agosto de
2018,32 la cual se constituye en precedente obligatorio para los casos que guardan
identidad fáctica y que se encuentran pendientes de solución tanto en vía
administrativa como judicial, como sucede en el sub judice.

En el presente asunto no se debate que el demandado es beneficiario del régimen
de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues para su entrada en vigor,
el 1.° de abril de 1994, tenía una edad superior a los 40 años.33 Tampoco se discute
que el régimen anterior aplicable es el contenido en la Ley 7 de 1961.

Así las cosas, la controversia se centra en determinar si es procedente la
conformación del IBL con la totalidad de los factores devengados en el último año
de servicios, toda vez que la entidad aplicó para tal efecto el inciso 3 del artículo 36
de la Ley 100 de 1993.

30 Certificación expedida el 5 de diciembre de 2013, obrante a folios 34 al 37.
31 Folios 114 al 120
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018.

Consejero ponente: César Palomino Cortés. Expediente 2012-00143-01. Demandante: Gladis del Carmen
Guerrero de Montenegro.
33 Nació el 23 de mayo de 1952

26

Radicación: 05001 23 33 000 2014 00660 01 (1676-2021)
Demandante: Antonio Mario Sánchez Giraldo

Para el reconocimiento de la pensión, la entidad demandada tuvo en cuenta que el
señor Antonio Mario Sánchez Giraldo nació el 23 de mayo de 1952 y adquirió el
estatus jurídico el 16 de enero de 2008.34 Así las cosas, comoquiera que el
demandante consolidó el derecho en vigencia de la Ley 100 de 1993, le resulta
aplicable para efectos de la liquidación de su pensión de jubilación la primera de las
subreglas fijadas en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, según la
cual «si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los
diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión».

La accionada, por medio de la Resolución RDP 048483 del 17 de octubre de 2013,
efectuó la liquidación de la mesada pensional con el 75% del promedio de lo
devengado en los últimos 10 años, comprendidos entre el 1 de febrero de 2002 y el
30 de enero de 2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, teniendo en cuenta los factores señalados en el Decreto 1158 de 1994,
a saber: asignación básica, bonificación por servicios prestados, dominicales y
festivos, horas extras, jornada nocturna.

Posteriormente, al desatar los recursos de apelación interpuestos contra la anterior
decisión, negó la inclusión de los demás factores devengados durante el
mencionado periodo (primas de vacaciones, semestral, de navidad y de
productividad) por no encontrarse enlistados en el citado decreto.

En este sentido, la Sala encuentra que le asiste razón a la entidad, en la medida en
que no es procedente la reliquidación de su pensión con el promedio de todo lo
devengado en el último año de servicio, por cuanto la aplicación del régimen
especial solo comprende los requisitos de edad, tiempo de servicio cotizado y monto
para determinar la prestación. Sin embargo, el ingreso base de liquidación debe
calcularse conforme a las previsiones del inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, de acuerdo con la regla establecida en la sentencia de unificación del 28 de

34 Resolución UGM 021310 del 21 de diciembre de 2011

27

Radicación: 05001 23 33 000 2014 00660 01 (1676-2021)
Demandante: Antonio Mario Sánchez Giraldo

agosto de 2018 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado.

En este orden, es claro que no es procedente la reliquidación de la pensión como lo
solicita la demanda, con el promedio de lo devengado en el último año de servicios,
pues, al ser el demandante beneficiario del régimen de transición, la pensión de
vejez debía determinarse con base en el 75 % del promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales realizó aportes durante los 10 años anteriores al retiro definitivo del
servicio, entre los cuales no se encuentran las primas cuya inclusión pretende.

Es necesario precisar que al expediente no se anexó el certificado donde se
relacionen los factores devengados por el demandante durante los últimos 10 años,
pero sí se aportó la certificación de haberes expedida por la Aeronáutica Civil, en la
que se informa lo devengado durante el último año de servicio, de la cual se advierte
que la entidad incluyó aquellos que tienen vocación de integrar el ingreso base de
liquidación, señalados en el Decreto 1158 de 1994.35

Por otro lado, como está demostrado que el demandante estuvo vinculado con la
institución universitaria de carácter público Jaime Isaza Cadavid, como docente de
hora cátedra, «autorizado mediante contratos a término fijo», desde 1999 hasta
2012, y que sobre los valores devengados por tal concepto se hicieron los
respectivos aportes al sistema se seguridad social, tales cotizaciones deben ser
incluidas en el cálculo pensional, como lo dispuso el a quo, determinación que, valga
la pena resaltar, no fue objeto de reproche en el recurso de apelación presentado
por la accionada.36 Por ende, se confirmará la decisión en tal sentido.

2.5. Conclusión

Con los anteriores argumentos se concluye que no es procedente acceder a la
pretensión de reliquidación pensional con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicio, como lo pidió el demandante,

35 Folios 26 al 33 y 114 al 120
36 Folios 34 al 37

28

Radicación: 05001 23 33 000 2014 00660 01 (1676-2021)
Demandante: Antonio Mario Sánchez Giraldo

porque según la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado
del 28 de agosto de 2018, el IBL aplicable se computa con el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales se cotizó durante los diez (10) años anteriores al
disfrute efectivo de la pensión y con base en los factores previstos en el Decreto
1158 de 1994. Sin embargo, sí tiene derecho a que en el IBL de su pensión se
incluyan, además de los factores ya reconocidos, los salarios percibidos por
concepto de hora cátedra en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. En
consecuencia, se impone confirmar la sentencia apelada, que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.

2.6. De la condena en costas

De conformidad con la interpretación del artículo 188 del CPACA, que advierte para
la fijación de las costas un criterio objetivo valorativo, en atención a lo dispuesto en
los numerales 1 y 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala se
abstendrá de condenar en costas de segunda instancia, al no observarse su
causación, en tanto los argumentos expuestos por las partes en el recurso de
apelación no prosperaron y la sentencia será confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 28 de febrero de 2020, por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por el señor Antonio Mario
Sánchez Giraldo contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

29

Radicación: 05001 23 33 000 2014 00660 01 (1676-2021)
Demandante: Antonio Mario Sánchez Giraldo

Segundo. Sin costas en esta instancia.

Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el programa
SAMAI.

Notifíquese y Cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

30

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.