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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2014-00904-01

Fecha
8 de abril de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2014-00904-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 27 de marzo de 2023. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante. TERCERO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las ordene, expídanse copias de la presente decisión. CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente a la Corporación de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2014-00904-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

8 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 8 de abril 2024

Radicado: 05001-23-33-000-2014-00904-01 (69878)
Demandante: Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
Demandado: Diego Alejandro Carmona y Otros
Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011
Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN – Carga de la prueba/Generalidades. RECURSO DE APELACIÓN – Competencia
del superior

Síntesis del caso: Dentro de un proceso de reparación directa se declaró la responsabilidad del estado por la
muerte de un ciudadano, quien recibió disparos de unos militares en un aparente combate. se repite el pago de
la indemnización a la que la parte actora fue condenada.

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la Sentencia de 27 de marzo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, en la cual se negaron las pretensiones
de la demanda1.

La Sala tiene competencia para proferir esta providencia conforme con lo
dispuesto en los artículos 150 y 152 numeral 11 de la Ley 1437 de 2011
(CPACA).

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada;
1.3. Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 22 de mayo de 2014, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional, en ejercicio de la acción de repetición, presentó demanda contra
José Contreras Manosalva, Diego Alejandro Carmona y Rico Luis Hernández
Gallego

2. Sus pretensiones fueron (se trascribe):

“PRIMERO Se DECLARE RESPONSABLE a los señores JOSÉ CONTRERAS MONSALVA
identificado con cédula de ciudadanía No. 88.031.336, DIEGO ALEJANDRO CARMONA
identificado con cédula de ciudadanía No. 8.465.808 Y RICO LUIS HERNÁNDEZ GALLEGO
identificado con cédula de ciudadanía No. 71.385.390; de los perjuicios ocasionados a
la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, como consecuencia del pago que la
entidad demandante efectuó al señor FRANCISCO LUIS OSPINA MUÑOZ Y OTROS.

1 La parte resolutiva de la decisión dispuso: “PRIMERO: NIÉGANSE las súplicas de la demanda. // SEGUNDO: NO SE

CONDENA EN COSTAS, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia…”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2014-00904-01 (69878)
Demandante: Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
Demandado: Diego Alejandro Carmona y Otros
Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011
Decisión: Confirma
____________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDO: Se CONDENE a los señores JOSÉ CONTRERAS MONSALVA (…) DIEGO
ALEJANDRO CARMONA (…) y RICO LUIS HERNÁNDEZ GALLEGO (…), a cancelar la suma
de (…) ($384,411,647.45), a favor de la NACION COLOMBIANA-MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL, suma que pago esta entidad por concepto de capital a favor del señor
FRANCISCO LUIS OSPINA MUÑOZ Y OTROS, mediante la Resolución N° 2961 de fecha 17
de Mayo de 2012, en cumplimiento de la sentencia de fecha 11 de Agosto de 2008,
proferida por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Medellín, decisión
confirmada en su integridad por el Tribunal Administrativo de Antioquía mediante
providencia de fecha 5 de Octubre de 2011.

3. Como fundamentos de hecho de esas pretensiones, la parte actora
afirmó:

4. 1) El 25 de diciembre de 2005 los demandados, en su condición de
militares, activaron sus armas contra Gabriel Denilson Ospina Valbuena,
reacción que “dio lugar a [su] fallecimiento”. La víctima, según lo aseveraron
los militares, no atendió el llamado de detener la moto en la que se
desplazaba, prosiguió su marcha y los atacó con el arma que portaba.

5. 2) El deceso no se produjo en combate, ya que el motociclista no
pertenecía a ningún grupo al margen de la ley, motivo por el cual el
comportamiento de los demandados fue doloso. Por esos hechos, la Nación
fue condenada al pago de una indemnización, decisión que confirmó el
Tribunal Administrativo de Antioquia en Sentencia de 17 de mayo de 2012.
Además, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos
Humanos, sancionó a los militares por incurrir en graves violaciones al
Derecho Internacional Humanitario. “[A] la fecha se tramita una
investigación penal”.

6. 3) El Ministerio de Defensa, por Resolución 2961 de 17 de mayo de 2012,
ordenó pagó la condena en cuantía de $384’411.647,45. “De acuerdo a lo
certificado por la Tesorería Principal del Ministerio de Defensa la suma de (…)
(384,411,647,45), fue cancelada a través de la Dirección del Tesoro Nacional
mediante Transferencia electrónica a la cuenta No. 60908477637 del
Bancolombia el 26 de mayo de 2012”.

1.2. Posición de la parte demandada

7. Los demandados estuvieron representados por curador ad litem, quien
se atuvo a lo que resultara demostrado y no propuso excepciones2.

1.3. Sentencia de primera instancia

8. Negó las pretensiones por falta de prueba del pago de la condena
cuyo recobro se demandó. Al respecto, el Tribunal consideró que: 1) Como
no existe tarifa legal probatoria para acreditar el pago de la condena, los
documentos allegados por la parte demandante para dar cuenta de ese
acto jurídico podrían ser prueba admisible; 2) Sin embargo, en este caso
había disparidad entre la información contenida en la Resolución 2691 de

2 Folio 186-188 del cuaderno 1.

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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00904-01 (69878)
Demandante: Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
Demandado: Diego Alejandro Carmona y Otros
Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011
Decisión: Confirma
____________________________________________________________________________________________________________

17 de mayo de 2012 (que ordenó el pago) y la certificación de pago
allegada por el extremo actor, en los siguientes aspectos: nombre del
beneficiario, banco y número de cuenta para el depósito. 3) Consideró que
no había manera de establecer una relación entre las víctimas y el
beneficiario del pago a que se refería la certificación.

4) En general, concluyó que la credibilidad del certificado estaba
comprometida, sobre todo porque no se habían explicado las razones de
esas divergencias. El Tribunal indicó que la Resolución que ordenó el pago,
según se consignó en la certificación allegada, había sido modificada, pero
el acto administrativo que introdujo las variaciones no había sido allegado
al proceso.

1.4. Recurso de apelación y trámite relevante en esta instancia

9. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia. Alegó
que: 1) La Resolución 2961 era “prueba plena y suficiente del pago” y que
2) Era “aceptable la estructuración del pago de la condena con base en
los medios de convicción que allegó”; además, que 3) existía prueba del
elemento subjetivo.

10. En relación con el primer punto, aseveró que “…existe prueba de pago
de la condena impuesta al Ministerio de Defensa Nacional, tal como se
puede apreciar mediante la Resolución 2961 del 17 de mayo de 2012, dicho
documento, expedido por la Entidad, debe ser considerado prueba plena
y suficiente a ser tenida en cuenta”, ya que “…no existe tarifa legal que
impida decaer la consistencia probatoria de tal documento (Resolución
2961 de 2012) siendo evidente su utilidad, pertinencia y conducencia para
dejar por sentado el pago”, máxime cuando ese documento “emana[ba]
de un funcionario competente que corrobora el pago”.

11. Sobre el segundo punto, indicó que “…dentro del expediente
obra[ban] pruebas que acredita[ban] que efectivamente, la entidad
demandante canceló, la suma de dinero determinada en la sentencia y por
ende se cumplen todos los elementos que permiten desarrollar con éxito la
acción de repetición”.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Exposición del litigio y decisiones que se adoptarán; 2.2. Consideraciones generales sobre la
prueba del pago; 2.3. Estudio de los argumentos del recurso 2.4. Costas.

2.1. Exposición del litigio y decisiones que se adoptarán

12. La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto, porque están reunidos
los presupuestos procesales para dictar sentencia. La demanda se presentó
oportunamente3.

3 Como en este caso no existe certeza sobre el pago de la condena, presupuesto que, como se expondrá en esta

sentencia, no quedó debidamente acreditado, a efectos del computo de la caducidad la Sala tomará como
punto de partida la fecha en que se vencía el plazo con el que la Nación contaba para el pago de la condena
impuesta dentro del proceso de reparación directa. La Sentencia allí proferida quedó en firme el 15 de noviembre

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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00904-01 (69878)
Demandante: Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
Demandado: Diego Alejandro Carmona y Otros
Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011
Decisión: Confirma
____________________________________________________________________________________________________________

13. En esta sentencia, la Sala: 1. hará algunas consideraciones generales
sobre la carga de la prueba del pago de la condena, presupuesto
concurrente de la acción de repetición, ya que el problema jurídico que
surge a partir de la sentencia de primera instancia y el recurso de apelación
está referido, precisamente, a su acreditación. 2. Como la competencia de
esta Subsección no es irrestricta, sino que está delimitada por las
inconformidades que plantea el recurrente, se confirmará la sentencia
apelada porque no existe prueba fehaciente del pago de la condena.

2.2. Consideraciones generales sobre la prueba del pago dentro de la
acción de repetición

14. En la acreditación del pago como presupuesto necesario -aunque no
suficiente- para la prosperidad de las pretensiones dentro de la acción de
repetición, siempre ha regido el principio de libertad de medios de prueba.

15. Aunque el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011 dispone que, para la
iniciación del proceso será prueba suficiente un certificado de pago
expedido por la entidad demandante4, tal previsión no puede entenderse
como una regla probatoria de conducencia5, esto es, que limite al
demandante las posibilidades de prueba del hecho jurídico (el pago) a un
medio de prueba específico que, por ende, excluya la posibilidad de
emplear -y al juez de apreciar-, con ese mismo fin, todos los demás.

16. En esas condiciones, en materia de carga de la prueba del pago como
presupuesto de la acción de repetición, la Sala considera pertinente sentar
las siguientes precisiones: 1. El certificado de pago exigido por el artículo 142
de la Ley 1437 de 2011, constituye un anexo que debe acompañarse con la
demanda de repetición, cuya inobservancia, a lo sumo, puede dar lugar a
su inadmisión, sin perjuicio, de que el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 haya
previsto el pago como requisito de procedibilidad; 2. El certificado que se
exige acompañar con la demanda es una prueba, preliminar, de manera
que está sujeta al ejercicio del derecho de contradicción6; 3. La

de 2011, de manera que el plazo para el pago (18 meses) vencía el 15 de mayo de 2013, y los 2 años para que
operara la caducidad se completaban el 16 de mayo de 2015; en esas condiciones, la demanda presentada el
22 de mayo de 2014 fue oportuna; ahora, si se tomara como punto de referencia la presunta fecha de pago
alegada en la demanda (26 de mayo de 2012), tendría que concluirse, asimismo, que la acción se promovió de
manera oportuna.
4 En lo pertinente, esa norma dispone: “Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del

pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago
será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del
daño.
5 La conducencia es la aptitud que la ley le confiere a determinado medio de prueba para la acreditación de un

hecho jurídico. Esta Corporación ha definido el concepto a partir de una comparación con el concepto, asimismo
probatorio, de la pertinencia: “Existe diferencia entre los conceptos de conducencia y pertinencia de la prueba.
La conducencia es la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho. Es una
comparación entre el medio probatorio y la ley, a fin de que, con la comparación que se haga se pueda saber si
el hecho se puede demostrar en el proceso, con el empleo de este medio probatorio. La pertinencia es la relación
de facto entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso” -se resalta-.Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del veintitrés (23) de julio de dos mil nueve
(2009), Radicado No. 25000-23-25-000-2007-00460-02 (0071-09), reiterado en Sentencia de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo de 25 de enero de 2024, 11001-03-26-000-2022-00033-00
(68018).
6 En Sentencia de 27 de agosto de 2021 (Rad. 85001-23-33-000-2013-00191-01
54750), la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, hizo mención a la naturaleza probatoria de
dicho certificado de pago. La prueba sumaria, a falta de definición legal, ha sido conceptualiza por esta
Corporación como aquella que “…independientemente de su valor probatorio, no ha sido sometida al principio

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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00904-01 (69878)
Demandante: Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
Demandado: Diego Alejandro Carmona y Otros
Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011
Decisión: Confirma
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acreditación del pago de la condena, no puede entenderse condicionada,
o limitada, exclusivamente, al contenido del certificado que allegue la
entidad demandante (conducencia); 4. Del mismo modo en que la
acreditación del pago en la acción de repetición no está limitada a un
medio de prueba específico, la Sala pone de presente que la ley tampoco
calificó el grado de persuasión que el juez deba asignarle a determinado o
determinados elementos de juicio cuando de la prueba del pago se trata.
En otras palabras: sobre la materia tampoco existe una regla de tarifa legal
probatoria y, por el contrario, rige el sistema probatorio de la sana crítica7.
5. El hecho de que la parte demandada no cuestione la aptitud
demostrativa de los elementos de juicio allegados para acreditar el pago,
no es una circunstancia que, sin más, les confiera plena eficacia probatoria.
En tal supuesto, no puede haber lugar a entender que el juez queda,
entonces, relevado de la posibilidad de hacer juicios de valorar sobre dichos
elementos de juicio.

17. La Sala, entonces, reafirma la libertad de medios probatorios que existe
sobre el acto jurídico del pago como presupuesto de la acción de
repetición, independientemente de que el régimen jurídico aplicable a la
controversia (Decreto 1 de 1984 o Ley 1437 de 2011). El juez, al momento de
proferir sentencia, concluirá si el pago alegado se acreditó, o no, de manera
incontrastable, para lo cual deberá analizar el material probatorio en su
conjunto, contrastándolo con los argumentos y pruebas que,
eventualmente, hubiese expuesto la parte demandada, y con apoyo en las
herramientas que caracterizan el sistema probatorio (reglas de la lógica, de
la experiencia, etc.).

2.3. Estudio de los argumentos de la apelación

de contradicción y, por ende, no ha sido objeto de conocimiento y confrontación por la parte en contra de quien
se aduce. El ordenamiento jurídico, en precisas ocasiones, se vale del concepto de prueba sumaria con miras a
facilitar el acceso a la administración de justicia, en los términos del artículo 228 de la Carta Política, en cuanto,
en ciertas y precisas situaciones se torna necesario facilitar o suavizar la exigencia probatoria, a efectos de
garantizar, como ya se señaló, el referido postulado constitucional. (…) Es importante señalar que, por regla
general, si bien la prueba sumaria parte del reconocimiento de unos efectos en contra de quien se aduce, sin que
se haya tenido la posibilidad de controvertir los supuestos fácticos que de la misma se desprenden, lo cierto es que
dicha circunstancia no es óbice para que en instancias posteriores del proceso la parte correspondiente pueda,
a través de otros medios idóneos de prueba, controvertir la certeza que, en principio, se desprende del instrumento
probatorio de naturaleza sumaria” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Sentencia de 25 de julio de 2007, Radicación número: 76001-23-31-000-1999-01387-01[33705]).
7 “De acuerdo con la doctrina jurídica procesal, en materia de apreciación de las pruebas, es decir, de la

actividad intelectual del juzgador para determinar su valor de convicción sobre la certeza, o ausencia de ésta, de
las afirmaciones de las partes en el proceso, existen tres (3) sistemas, que son:
i) El sistema de íntima convicción o de conciencia o de libre convicción, en el cual se exige únicamente una
certeza moral en el juzgador y no se requiere una motivación de su decisión, es decir, no se requiere la expresión
de las razones de ésta. Es el sistema que se aplica en la institución de los llamados jurados de conciencia o jueces
de hecho en los procesos penales en algunos ordenamientos jurídicos.
ii) El sistema de la tarifa legal o prueba tasada, en el cual la ley establece específicamente el valor de las pruebas
y el juzgador simplemente aplica lo dispuesto en ella, en ejercicio de una función que puede considerarse
mecánica, de suerte que aquel casi no necesita razonar para ese efecto porque el legislador ya lo ha hecho por
él.
Este sistema requiere una motivación, que lógicamente consiste en la demostración de que el valor asignado por
el juzgador a las pruebas guarda total conformidad con la voluntad del legislador.
iii) El sistema de la sana crítica o persuasión racional, en el cual el juzgador debe establecer por sí mismo el valor
de las pruebas con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia.
Este sistema requiere igualmente una motivación, consistente en la expresión de las razones que el juzgador ha
tenido para determinar el valor de las pruebas, con fundamento en las citadas reglas.
5. El último de los sistemas mencionados es el consagrado en los códigos modernos de procedimiento, en las varias
ramas del Derecho…”. Corte Constitucional, Sentencia C-202/05.

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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00904-01 (69878)
Demandante: Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
Demandado: Diego Alejandro Carmona y Otros
Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011
Decisión: Confirma
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18. La Sala advierte que, 1) Contrario a lo que afirma la parte actora, la
Resolución en la que la entidad demandante ordenó el pago de la
condena, no es “prueba plena y suficiente” de que este último tuvo lugar.
2) Como la parte actora no refutó el ejercicio argumentativo del Tribunal en
relación con la falta de aptitud demostrartiva de la certificación de pago
allegada al proceso (carga en la cual es insustituible), y no existen otros
elementos de juicio que arrojen convicción sobre el pago de la condena,
era inviable acceder a las pretensiones.

19. Sobre la aptitud demostrativa que en materia del pago de la
indemnización tiene el acto administrativo que lo ordena.

20. Esta Corporación tiene establecido que, dentro de la acción de
repetición, la resolución que dispone el pago de la condena impuesta en
una sentencia, conciliación o cualquier medio alternativo de solución de
controversias, por sí sola, no es prueba concluyente de que el pago ya tuvo
lugar8. Si bien es cierto, como lo sostiene el recurrente, en esta materia no
existe tarifa legal, también lo es que el acto que ordena el pago de una
indemnización no puede entenderse como el pago efectivo de la misma,
pues este último corresponde a un hecho jurídico futuro y, por ende, distinto.

21. Acerca del incumplimiento de la carga argumentativa que incumbe al
recurrente.

22. La Sala pone de presente que la parte actora no controvirtió la tesis del
fallo de primera instancia sobre la falta de eficacia demostrativa del
certificado de pago allegado al proceso. A juicio del Tribunal, ese
documento no llevaba a la convicción de que dicho pago efectivamente
se realizó, porque existía una discrepancia entre la información en él
contenida y la que se consignó en la resolución que había ordenado el
pago, concretamente en el nombre del beneficiario, el banco y número de
cuenta para el depósito. Como argumento de refuerzo, el Tribunal indicó
que no se allegó el acto administrativo que, al parecer, había modificado
la Resolución de pago inicial.

23. En la medida en que tal razonamiento era desfavorable a los intereses
de la parte actora, en el recurso de apelación esta tenía la carga de
exponer los motivos (de hecho y/o de derecho) por los cuales la conclusión
a la que llegó el Tribunal en la valoración de ese particular elemento de
juicio eran inadmisibles, carga que no satisfizo en absoluto.

24. Esa omisión no puede ser solventada por esta Subsección, cuya
competencia como juez de apelaciones, lejos de ser es irrestricta, se

8 “…la resolución que ordena el pago acredita uno de los pasos que debe realizar la Administración en orden a

cumplir con la indemnización impuesta en una condena judicial, no es prueba per se de la realización del pago
efectivo de la totalidad de la suma de dinero adeudada al beneficiario del acto”. Consejo de Estado, Sala de lo
Contentioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 28 de febrero de 2011, Radicación número: 11001-03-
26-000-2007-00074-00 (34816) -se resalta-.

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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00904-01 (69878)
Demandante: Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
Demandado: Diego Alejandro Carmona y Otros
Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011
Decisión: Confirma
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encuentra delimitada por los precisos argumentos del recurrente, y se solo
se extiende a los asuntos que, por atañer al orden público, la ley le permite
hacer pronunciamientos oficiosamente. La prueba del cumplimiento de las
obligaciones no es uno de ellos.

25. Para finalizar, aunque el recurrente alegó que la Resolución que ordenó
el pago y “los [demás] medios de convicción que allegó” daban cuenta del
pago, no es cierto, como ya se indicó, que esa resolución comportara esos
alcances; y a propósito de que los demás elementos de juicio daban cuenta
del pago, la Sala pone de presente que: el certificado de pago fue
desestimado como prueba y ello no fue discutido, situación que, por lo tanto
es intangible en esta instancia. Como no existen otras pruebas que permitan
tener por acreditado el pago de la indemnización, elementos de juicio que
el recurrente tampoco identificó, ni señaló los alcances que estaban
llamadas a tener en la acreditación del pago, las pretensiones de la parte
actora no podían ser acogidas.

26. Es del caso precisar que, las omisiones demostrativas que presenta el
caso no hacen procedente el decreto de pruebas de oficio, ya que, en este
asunto, no se trata de esclarecer la verdad, sino de suplir la carga de la parte
demandante y probar lo que, de manera mínima, le correspondía acreditar:
el pago. Así, se advierte que la parte demandante se limitó a allegar la
resolución que ordenó el pago y una certificación que presentaba
incongruencias que le restaban su valor probatorio. Luego decretar una
prueba de oficio, en este caso, es sustituir la asignación de cargas que el
legislador le hizo a las partes e incluso desequilibrar el juicio en favor de un
extremo de la litis9.

27. Al respecto, esta Corporación tuvo la oportunidad de precisar lo relativo
a las cargas probatorias en un asunto análogo, “…esta potestad no lleva
implícita la obligación de suplir las cargas probatorias que le corresponden
a los extremos de la litis. (…) No se advierte un estado de duda que amerite
prueba oficiosa, en cuanto lo que se observa es que la parte actora no
asumió la carga de probar los hechos que invocó en la demanda, máxime
cuando se trataba de acciones que ella adelantó y, por ende, las pruebas
que se echan de menos estaban en su poder”10.

28. Como no está demostrado uno de los presupuestos objetivos de la
acción de repetición, la Sala queda relevada del estudio del argumento de
la apelación, relativo a la prueba del elemento subjetivo.

9 Al respecto, se resalta una decisión de la Corte Constitucional, Sentencia 615 de 2019, en la que se indicó:
“Entonces, en caso de incumplimiento de la carga probatoria por alguna de las partes, se traduce en la
imposibilidad de reconocer los derechos alegados en las pretensiones o las excepciones, salvo, que el juez con el
fin de establecer la verdad de lo sucedido decrete las pruebas de oficio. Sin embargo, en respeto de los principios
de igualdad real entre las partes, lealtad procesal y el principio de la carga dinámica de la prueba, el decreto la
práctica oficiosa de los medios de convicción deber ser justificada para que la contraparte pueda pronunciarse
sobre las mismas. Además, no debe suplir la inactividad de las partes, pues generaría una ruptura los mandatos
mencionados.”
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 4 de junio de 2021,

Rad. 11001-03-26-000-2018-00051-00 (61.320)

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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00904-01 (69878)
Demandante: Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
Demandado: Diego Alejandro Carmona y Otros
Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011
Decisión: Confirma
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2.4. Condena en costas

29. La Sala se abstendrá de imponer condena en costas en esta instancia,
en la medida en que los demandados estuvieron representados por curador
ad litem.
3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia el 27 de marzo de 2023.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante.

TERCERO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las
ordene, expídanse copias de la presente decisión.

CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente a la
Corporación de origen para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
con salvamento de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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