Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2014-00906-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2014-00906-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2014-00906-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
23 de agosto de 2024
Radicado: 05001-23-33-000-2014-00906-01 (62066)
Demandante: John Jairo Covaleda Úsuga y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 05001-23-33-000-2014-00906-01 (62066)
Demandante: John Jairo Covaleda Úsuga y otros
Demandados: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación
Medio de control: Reparación directa
Tema 1: Daños causados en el ejercicio de la administración de justicia. Subtema 1.1. Vinculación
a proceso penal. Subtema 1.2. Medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Subtema 1.3.
Falta de demostración del daño antijurídico.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia – Sala Segunda de Decisión Oral, el veinticuatro (24) de mayo de dos mil
dieciocho (2018), que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS
John Jairo Covaleda Úsuga fue vinculado a un proceso penal por la probable
comisión de los delitos de peculado por apropiación y de falsedad ideológica en
documento público. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Apartadó dictó fallo
absolutorio, proveído que fue confirmado por el Tribunal Superior de Antioquia. A
juicio de la parte actora, la vinculación del señor Covaleda Úsuga al proceso penal
les causó un daño antijurídico, ya que las entidades demandadas vulneraron su
derecho a la honra y al buen nombre y le impusieron medidas restrictivas, tales
como: prohibición de salir del país, limitación para enajenar sus bienes y deber de
informar algún cambio de domicilio.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
John Jairo Covaleda Úsuga y Libia Alexandra Mejía Velásquez, en nombre
propio y en representación de la menor María Camila Covaleda Mejía, presentaron
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa, el veintidós (22)
de mayo de dos mil catorce (2014)1, con la que pretenden que esta jurisdicción
profiera sentencia de condena a cargo de la Nación – Rama Judicial y de la Nación
– Fiscalía General de la Nación con ocasión de los perjuicios causados con la
vinculación del señor Covaleda Úsuga a la investigación penal adelantada por los
delitos de peculado por apropiación, de contrato sin cumplimiento de requisitos
legales y de falsedad ideológica en documento público.
1 Escrito de demanda, f. 111 a 154, c. 1
Radicado: 05001-23-33-000-2014-00906-01 (62066)
Demandante: John Jairo Covaleda Úsuga y otros
Como fundamento de sus súplicas, afirmaron que la Fiscalía General de la Nación
inició una investigación penal en contra de Claret Escalante, John Jairo Covaleda
Úsuga, José Alber Lemos Lozano y Jonan Alexis Cerquera, con motivo de la
denuncia instaurada por unos concejales del municipio de Carepa – Antioquia.
Aseguraron que, el veintiuno (21) de agosto de dos mil nueve (2009), fue llevada a
cabo la audiencia de que trata el artículo 286 de la Ley 906 de 2004, diligencia en
la que adquirieron la calidad de imputados y les impusieron la prohibición de salir
del país, de cambiar de domicilio sin previo aviso y de negociar sus bienes por el
término de seis (6) meses. Explicaron que, agotadas las etapas procesales
pertinentes, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Apartadó profirió fallo
absolutorio, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Antioquia – Sala
Penal.
En criterio de los demandantes, la injusta vinculación del señor Covaleda Úsuga a
la causa penal les ocasionó perjuicios materiales e inmateriales.
2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia
2.2.1. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
mediante auto del veinte (20) de junio de dos mil catorce (2014)2, que fue notificado
a las entidades accionadas3.
2.2.2. La Nación – Rama Judicial4, en su contestación a la demanda, manifestó
que las autoridades judiciales que conocieron el asunto objeto de análisis en este
contencioso actuaron con plena observancia de la ley, de las garantías
fundamentales del indiciado y de conformidad con las evidencias físicas y los
elementos materiales probatorios entregados por la Fiscalía General de la Nación.
2.2.3. La Nación – Fiscalía General de la Nación 5 se pronunció
extemporáneamente.
2.2.4. Una vez practicadas las pruebas decretadas y, en consideración a que el
despacho decidió prescindir de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de
acuerdo con lo establecido en el inciso primero del artículo 181 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el a quo declaró
cerrado el periodo probatorio y corrió6 traslado a las partes para que presentaran
por escrito sus alegatos y al Ministerio Público para que rindiera concepto.
En esta oportunidad presentaron alegatos la parte actora 7 y la Nación – Rama
Judicial 8, en los que reiteraron sus respectivas posturas frente a los hechos. El
Ministerio Público guardó silencio.
2.3. La sentencia recurrida
El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Decisión Oral, en
sentencia del veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018), negó las
pretensiones de la demanda.
2 Auto de admisión, f. 156, c. 1.
3 Constancias de notificación personal, f. 164 a 181, c. 4.
4 Escrito de contestación, Nación - Rama Judicial, f. 183 a 192, c. 1.
5 Escrito de contestación, Nación -Fiscalía General de la Nación, f. 208 a 222, c. 1.
6 Auto de traslado para alegar, f, 310, c. 1.
7 Alegatos de conclusión en primera instancia, parte demandante, f. 313 a 332, c. 1.
8 Alegatos de conclusión en primera instancia, Rama Judicial, f. 333 a 336, c. 1.
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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00906-01 (62066)
Demandante: John Jairo Covaleda Úsuga y otros
Consideró que la parte actora no logró demostrar que las actuaciones de la Fiscalía
General de la Nación, del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Apartadó o del
Tribunal Superior de Antioquia – Sala de Decisión Penal hubieran sido contrarias a
derecho o carentes de justificación. Por el contrario, encontró que, en el curso del
proceso penal seguido contra el aquí demandante, la conducta de aquellas estuvo
ajustada a lo que prescribe el ordenamiento jurídico.
Finalmente, destacó que, aun cuando la parte demandante aportó copias de
diferentes contratos de prestación de servicios celebrados entre el Municipio de
Carepa y el señor John Jairo Covaleda Úsuga, dichos documentos no eran prueba
del daño antijurídico.
2.4. El recurso de apelación
La parte actora interpuso recurso de apelación, en el que solicitó la revocación de
la sentencia de primera instancia9.
Sostuvo que probó en este contencioso que: (i) la Fiscalía General de la Nación no
realizó una investigación integral previa para corroborar la ejecución de las obras; y
(ii) la falta de antijuridicidad material de la conducta, declarada en el proceso penal
respecto de la configuración de los delitos, por el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Apartadó, confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de
Antioquia, demostró la falla en la prestación del servicio de la administración de
justicia por la falta de diligencia en el adelantamiento de la investigación penal en
contra de John Jairo Covaleda, sin tener pruebas que lo incriminaran.
Argumentó que la responsabilidad de las entidades demandadas se encuentra
plenamente demostrada, “pues ambas influyeron en los hechos que
desencadenaron el error judicial que llevó a imponer en contra del señor John Jairo
Covaleda Úsuga, medidas que afectaron su movilidad, como la prohibición de salir
del país, no cambiar de domicilio sin aviso y prohibición de enajenar bienes por 6
meses, medidas estas dentro del marco de la vinculación a un proceso penal que le
debió ser ajeno según la conclusión del mismo, pues sencillamente el hecho no
existió”.
2.5. Trámite relevante en segunda instancia
El despacho sustanciador, en auto del veintidós (22) de octubre de dos mil dieciocho
(2018)10, admitió el recurso de apelación formulado por la parte demandante. Más
adelante, en proveído del diecinueve (19) de febrero de dos mil diecinueve (2019)11,
corrió traslado para que las partes presentaran alegatos de conclusión y el
Ministerio Público rindiera su concepto.
La Nación – Fiscalía General de la Nación12 utilizó esta oportunidad para indicar que
no se encuentran los elementos necesarios para la configuración de una falla en el
servicio, pues la Fiscalía no incurrió en conducta omisiva alguna durante el ejercicio
de la etapa instructiva del proceso penal. La actora13 reiteró que se configuró una
falla en el servicio de administración de justicia, al vincular al señor Covaleda Úsuga
a una investigación penal sin tener pruebas en su contra.
9 Recurso de apelación, parte actora, f. 356 a 361, c. ppal.
10 Auto que admite recurso de apelación, f. 369, c. ppal.
11 Auto de traslado, f. 373, c. ppal.
12 Alegatos de conclusión, segunda instancia, Nación-Fiscalía General de la Nación, f. 375 a 379, c. ppal.
13 Alegatos de conclusión, segunda instancia, parte actora, f. 394 a 397, c. ppal.
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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00906-01 (62066)
Demandante: John Jairo Covaleda Úsuga y otros
III. PROBLEMA JURÍDICO
En atención a los argumentos de inconformidad expuestos en el recurso de
apelación, constitutivo del marco de juzgamiento de la segunda instancia, y siempre
y cuando se encuentren satisfechos los presupuestos procesales ineludibles para
poder descender al fondo del asunto, la Sala resolverá el siguiente problema
jurídico:
¿Está probado que la vinculación de John Jairo Covaleda Úsuga al proceso penal
adelantado por los delitos de peculado por apropiación y de falsedad ideológica en
documento público, causa que culminó con sentencia absolutoria, y la imposición
de medidas no privativas de la libertad ocasionaron a los actores un daño
susceptible de reparación?
Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, deberá establecer si la parte
demandante probó los perjuicios cuya reparación pretende. Y, si ello fuere así,
procederá a su tasación de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación.
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito
La Sala resolverá el problema atinente al fondo del litigio, habida consideración de
la competencia que le asiste para ello, por tratarse de un proceso con vocación de
segunda instancia14, y que supera la cuantía15 exigida en el artículo 15216 de la Ley
1437 de 2011; así como del oportuno ejercicio que del medio de control hizo la
parte demandante, ya que presentó la solicitud de conciliación prejudicial el
veintiuno (21) de marzo de dos mil catorce (2014), la cual fue declarada fallida el
trece (13) de mayo siguiente17, y la demanda fue presentada el veintidós (22) de
mayo de dos mil catorce (2014), esto es, dentro de los dos (2) años posteriores al
día siguiente al doce (12) de abril de dos mil doce (2012), fecha de la ejecutoria de
la providencia en la que el Tribunal Superior de Antioquia confirmó la sentencia
absolutoria del demandante.
La decisión tendrá alcance respecto de los demandantes John Jairo Covaleda
Úsuga, Libia Alexandra Mejía Velásquez y María Camila Covaleda Mejía, que están
legitimados en la causa por activa, en tanto está acreditado que el primero fue
vinculado a un proceso penal adelantado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito
de Apartadó, y las últimas demostraron su parentesco con el acusado18.
En lo que atañe al extremo pasivo de la litis, está legitimada en la causa la Nación,
en cuya representación acuden la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial,
por ser esos los organismos que intervinieron en la actuación que la parte actora
considera le generó un daño antijurídico.
14 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. “Artículo 150. El Consejo de
Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…)”.
15
En el presente asunto, la demanda se presentó en el año 2014, año en el que el salario mínimo fue fijado en
$616.000. Por lo tanto, los 500 salarios mínimos equivalían a $308.000.000, lo que es superado por el monto
solicitado en la demanda, fijado en $397.491.500.
16 “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […]
6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales,
cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
17 De acuerdo con la constancia suscrita por el Procurador 32 Judicial II para asuntos Administrativos (folio 108,
cuaderno 1).
18 Registro civil del matrimonio entre John Jairo Covaleda Úsuga y Libia Alexandra Mejía Velásquez, y registro
civil de nacimiento de María Camila Covaleda Mejía, f. 3 y 6, 1.
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Demandante: John Jairo Covaleda Úsuga y otros
4.2. Sobre el problema jurídico
El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u
omisión de las autoridades públicas. Así, para que se configure la responsabilidad
patrimonial del Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: (i) un daño antijurídico
y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas.
El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento, es decir, toda afectación que no está amparada por la ley o el
derecho19, que contraría el orden legal20 o que está desprovista de una causa que
la justifique 21 . Dicho daño debe ser cierto, real, determinado o determinable e
indemnizable, so pena de configurarse como eventual e hipotético22.
4.2.1. En el presente asunto, los demandantes aluden a la causación de diversos
daños, a saber: (i) menoscabo patrimonial; (ii) daño al buen nombre y a la honra;
(iii) restricción a la libertad derivada de la prohibición de salir del país, de cambiar
de domicilio sin aviso previo y de negociar sus bienes por el término de seis (6)
meses; y (iv) daño moral. Aquellos, a juicio de la parte actora, sobrevinieron con
ocasión de la vinculación al proceso penal adelantado en contra de John Jairo
Covaleda Úsuga, causa que culminó con sentencia absolutoria.
4.2.2. En lo que respecta a las restricciones para salir del país o cambiar de
domicilio, la Sala ha considerado que el daño antijurídico recae sobre la libertad de
locomoción que tienen las personas y no se configura con la simple prescripción de
la medida, sino que debe acreditarse la afectación efectiva frente a la víctima en
particular. Por ejemplo, en sentencia del veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete
(2017) , refirió que debe demostrarse que con dichas limitaciones “se hubiera
materializado una afectación efectiva de la libre locomoción”, entre otras,
acreditando que tenía la necesidad de salir del país o que su vida personal o
profesional le demandara viajar al exterior con alta frecuencia; carga que no
honraron los demandantes en este asunto para dar por cierto el daño reclamado.
Frente al detrimento patrimonial y a los daños morales y a la honra, no puede
pasarse por alto que la orfandad probatoria impide tenerlos por acreditados. El
simple aserto incluido en la demanda no es suficiente, sino que requiere ser
corroborado con las pruebas debidamente decretadas y aportadas en el curso del
medio de control. Los únicos elementos que podrían servir de sustento para
comprobar la existencia de los mentados daños son los testimonios rendidos en la
etapa correspondiente y los contratos suscritos entre el señor Covaleda Úsuga y el
Municipio de Carepa, sin embargo, aquellas, por sí solas, no son idóneas.
19 Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia del dos
(2) de marzo de dos mil (2000), radicación número 11945
20 Cfr. De Cupis, Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez Sarrión. 2ª ed.
Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A. 1975. Pág. 90.
21 Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencias del
once (11) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) y del veintisiete (27) de enero de dos mil
(2000), radicación números 11499 y 10867, respectivamente.
22 Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A,
sentencia del catorce (14) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), radicación número 20001-23-31-000-
2010-00355-01; Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección
B, sentencia del siete (7) de septiembre de dos mil veinte (2020), radicación número 13001-23-31-000-2010-
00080-01; y Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C,
sentencia del veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017), radicación número 73001-23-31-000-2008-
00655-01.
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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00906-01 (62066)
Demandante: John Jairo Covaleda Úsuga y otros
Por un lado, si bien los testimonios narran que el señor Covaleda Úsuga tuvo
problemas personales, económicos y familiares con ocasión del proceso penal
adelantado en su contra, dichas manifestaciones, además de que fueron planteadas
de manera general, sin exponer los pormenores de la ciencia de su dicho, no
encuentran respaldo en otro medio probatorio que obre en el expediente, falencia
que impide que sus versiones puedan ser contrastadas para determinar su
veracidad; y, por otro, los contratos dan cuenta de los honorarios percibidos por el
señor Covaleda Úsuga en los años dos mil ocho (2008) y dos mil nueve (2009), pero
nada revelan sobre la época posterior a la vinculación al trámite judicial. Los
negocios jurídicos celebrados no constatan que su actividad económica se vio
afectada por las actuaciones de los organismos demandados ni la afirmación
consistente en que “no pudo volver a ejercer al servicio del citado municipio [Carepa]
ni de otros, pues quién o qué ente público iba a querer contratar una obra pública
con alguien acusado de peculado por apropiación y falsedad ideológica en
documento público, lo que lo privó de sus ingresos profesionales mínimos para su
sostenimiento y el de su familia”.
4.2.3. Como quedo visto, los actores no probaron la existencia de daño y menos
aun su antijuridicidad, por las razones que se pasan a exponer:
La jurisprudencia23 ha dejado sentado que corresponde a la Fiscalía General de la
Nación la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal, cuando las
circunstancias fácticas indiquen la comisión de un delito, conforme a los artículos
25024 de la Constitución y 2325 de la Ley 270 de 1996. A su vez, la Ley 906 de 2004,
vigente para el momento de los hechos, atribuye a la Fiscalía General de la Nación
la función de "investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido
un delito"26.
Como correlato a las obligaciones constitucionales y legales de la Fiscalía General
de la Nación, que debe acatar con arreglo a los artículos 427 y 628 de la Constitución,
y atendiendo al deber de los sujetos procesales de colaborar con la administración
de justicia29, esta Corporación30 ha dicho que el proceso penal es una carga pública
23 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencias del cuatro (4) de
diciembre de dos mil seis (2006), del veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017) y del once (11) de
marzo, del veintinueve (29) de abril y del treinta (30) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), expedientes
13168,41326, 55518, 47496 y 43938, respectivamente; y Corte Constitucional, Sentencia T-342 de 2022,
fundamento jurídico 121.
24 “Artículo 250. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella,
investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. (…)”.
25 “Artículo 23. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio, mediante denuncia o querella, por
petición del Procurador General de la Nación, del Defensor del Pueblo o por informe de funcionario público,
investigar los delitos, declarar precluidas las investigaciones realizadas, calificar mediante acusación o
preclusión y sustentar la acusación de los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes,
excepto los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo
servicio”.
26 “Artículo 114. Atribuciones. La Fiscalía General de la Nación, para el cumplimiento de sus funciones
constitucionales y legales, tiene las siguientes atribuciones: 1. Investigar y acusar a los presuntos responsables
de haber cometido un delito”.
27 “Artículo 4. (…) Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes,
y respetar y obedecer a las autoridades”.
28 “Artículo 6. Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes.
Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus
funciones”.
29 Constitución Política de Colombia. “Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de
la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y
libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la
Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: (…) 7. Colaborar para el buen
funcionamiento de la administración de la justicia. (…)”.
30 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencias del cuatro (4) de
diciembre de dos mil seis (2006), del veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017) y del once (11) de
marzo, del veintinueve (29) de abril y del treinta (30) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), expedientes
13168,41326, 55518, 47496 y 43938
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Demandante: John Jairo Covaleda Úsuga y otros
que todo ciudadano tiene el deber de asumir, “salvo en aquellos casos en que de
este hecho se deriven daños significativos que ameriten una indemnización por
parte del Estado y no configuren meras molestias bagatelares”31.
Específicamente, por ser relevante para la solución de la controversia, es menester
indicar que: (i) al tenor del literal B, numeral 5, del artículo 307 de la Ley 906 de
2004, la prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito territorial
que fije el juez comporta una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, y
esta puede ser impuesta, a petición del fiscal, cuando el juez de control de garantías
estime suficientes los elementos para soportar la medida y su urgencia; (ii) de
conformidad con el numeral 5 del artículo 140 ibidem, comunicar cualquier cambio
de domicilio, residencia, lugar o dirección electrónica informada para recibir las
notificaciones o comunicaciones es un deber para todas las partes e intervinientes
en el proceso penal; y (iii) para garantizar la indemnización de perjuicios a favor de
las posibles víctimas, el artículo 9732 preceptúa que el imputado no podrá enajenar
bienes sujetos a registro durante los seis (6) meses siguientes a la formulación de
imputación.
Luego, en principio, en modo alguno podría afirmarse que los daños cuyo
resarcimiento procuran los demandantes tienen carácter antijurídico, en tanto el
ejercicio de la acción penal tiene sustento constitucional y legal, así como la
imposición de distintas medidas no privativas de la libertad. No obstante, la estricta
coherencia que debe ser observada con la comprensión que se ha hecho del daño
antijurídico como aquel quebranto que el titular del patrimonio lesionado no está
obligado a soportar, lleva a entender que, en algunas ocasiones, el daño causado
con pleno acatamiento de la ley y de la principialistica rectora de la actuación del
órgano demandado puede, sin embargo, resultar intrínsecamente injusto. Por ello,
el juicio relativo a la juridicidad del daño no se agota con la verificación de la
observancia del actuar acorde a derecho positivo de la autoridad que causó el daño,
comprobación que siempre viene necesaria para preservar el sentido correctivo
propedéutico que cumple el juicio de responsabilidad estatal aquiliana, sino que
debe extenderse al análisis de su conformidad con la justicia. Así lo reclama un
correcto entendimiento del artículo 90 de la Constitución Política.
Esa injusticia, tratándose de un litigio que tiene como génesis la vinculación de una
persona a un proceso penal y su posterior absolución, no puede determinarse
linealmente a partir del resultado absolutorio o equivalente del juicio penal. La Corte
Constitucional33 y esta Corporación34, al estudiar asuntos atinentes a privación de la
libertad, han expuesto que el juez contencioso administrativo debe definir si la
decisión que privó de la libertad a un ciudadano se apartó de los criterios que
gobiernan la imposición de medidas preventivas, dado que la sola sentencia
absolutoria o la resolución de preclusión no resultan suficientes para declarar la
responsabilidad patrimonial del Estado. Lo anterior, no implica la exigencia
ineludible de valorar, en todos los casos, el dolo o la culpa del funcionario que dictó
la providencia. Particularmente, el alto tribunal constitucional estableció que:
31 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C, sentencia del
veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017), radicación número 73001-23-31-000-2008-00655-01.
32
Ibidem.
33 Entre otras: Corte Constitucional, Sentencias SU-072 de 2018, T-045 de 2021, SU-363 de 2021, T-342 de
2022 y T-171 de 2023.
34 Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia del seis
(6) de agosto de dos mil veinte (2020), radicación número 66001-23-31-000-2011-00235-01; y Consejo de
Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C, sentencias del primero (1)
de noviembre de dos mil veintitrés (2023) y del trece (13) de marzo y del veinticuatro (24) de abril de dos mil
veinticuatro (2024), radicación números 25000-23-36-000-2013-01519-01, 50001-23-31-000-2010-00577-01 y
25000-23-36-000-2015-01195-01,respectivamente;
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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00906-01 (62066)
Demandante: John Jairo Covaleda Úsuga y otros
“Determinar, como fórmula rigurosa e inmutable, que cuando sobrevenga la
absolución por no haberse desvirtuado la presunción de inocencia –aplicación
del principio in dubio pro reo-, o incluso en otros eventos, por ejemplo, cuando no
se acreditó el dolo, es decir, operó una atipicidad subjetiva, el Estado debe ser
condenado de manera automática, esto es, a partir de un título de imputación
objetivo, sin que medie un análisis previo que determine si la decisión a través
de la cual se restringió preventivamente la libertad fue inapropiada,
irrazonable, desproporcionada o arbitraria, transgrede un precedente
constitucional con efecto erga omnes, concretamente la sentencia C-037 de
1996. Ahora bien, a pesar del criterio aplicado por el juez penal, el juez
administrativo deberá establecer si está frente a un caso de duda acerca del
valor demostrativo de la prueba recaudada o de su absoluta inexistencia y, en
tal caso, elegir, si a ello hubiere lugar, un título de atribución objetiva. (…)”35
(negrillas fuera del texto).
Aunque en este caso no está en discusión la responsabilidad del Estado por una
medida de aseguramiento privativa de la libertad física, sino por la apertura de una
investigación penal y la imposición de unas medidas de aseguramiento no privativas
de la libertad, la Subsección considera que es igualmente aplicable el precedente
según el cual es necesario el examen de los criterios que rodearon el decreto de las
limitaciones, es decir, la razonabilidad, la proporcionalidad y la legalidad. No puede
ser otra la interpretación de la jurisprudencia, en la medida en que, si esta ha sido
enfática al indicar que la sola existencia de una decisión absolutoria dentro del
proceso penal no se traduce, de inmediato, en la obligación del Estado de responder
por una detención preventiva, menos podría serlo por restricciones menos lesivas
de derechos fundamentales.
4.2.3.1. Revisado el expediente, los medios probatorios únicamente dan cuenta de
que: (i) la vinculación del demandante al trámite judicial tuvo como origen una
denuncia instaurada por varios concejales del municipio de Carepa, quienes
aseguraron que el señor Covaleda Úsuga cometió los delitos de peculado por
apropiación y de falsedad ideológica en documento público debido a la falta de
ejecución de un contrato de obra pública suscrito con el ente territorial; (ii) el
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Apartadó con Funciones de Conocimiento,
en providencia del dieciocho (18) de mayo de dos mil diez (2010), absolvió a John
Jairo Covaleda de los cargos por los que había sido acusado; y (iii) el Tribunal
Superior de Antioquia – Sala Penal, en sentencia del veintinueve (29) de marzo de
dos mil doce (2012), confirmó en su integridad el fallo recurrido.
Estos medios probatorios resultan, sin embargo, insuficientes para juzgar la
razonabilidad de las medidas; ni las sentencias dictadas en el curso del proceso
penal, ni el disco de registro digital sin información, ni las copias del contrato sobre
cuya ejecución gravitaba la investigación penal, permiten establecer si las medidas,
que autorizaba el ordenamiento , estuvieron fundamentadas, en el caso concreto,
en pruebas debida y razonablemente analizadas36. Esta Judicatura echa de menos
35 Corte Constitucional, Sentencia SU-072 de 2018.
36 La parte demandante aportó las siguientes pruebas: (i) copia de registro civil de matrimonio de los señores
John Jairo Covaleda Úsuga y Libia Alexandra Mejía Velásquez; (ii) copia de registro civil de nacimiento de María
Camila Covaleda Mejía; (iii) copia de unos contratos suscritos entre el señor Covaleda Úsuga y el Municipio de
Carepa, así como algunos documentos relacionados; (iv) copia de la orden de asistencia técnica de construcción
del dieciocho (18) de julio de dos mil ocho (2008); (v) copia de los fallos de primera y segunda instancia del
proceso penal adelantado en contra de John Jairo Covaleda Úsuga y otros; (vi) copia de la tarjeta profesional
de ingeniero de John Jairo Covaleda Úsuga; (vii) copia del acta de grado como ingeniero civil de John Jairo
Covaleda Úsuga; (viii) recibo de pago de honorarios profesionales con ocasión del referido proceso penal; (ix)
constancia expedida por la Procuraduría Treinta y Dos para Asuntos Administrativos de Medellín; y (x) audios
de las audiencias llevadas a cabo en la causa penal (CD que no tiene contenido). Por otro lado, solicitó las
siguientes: (i) testimonios de Jimmy Alexander Loaiza Osorio, Alirio García Durán y John Jairo Correa; (ii) oficiar
al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Apartadó para que certificara si William Buitrago Diez actuó como
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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00906-01 (62066)
Demandante: John Jairo Covaleda Úsuga y otros
el aporte íntegro del expediente penal, insumo que hubiera permitido tener un
panorama completo y adecuado sobre dicho trámite, pues no basta, para ese
propósito, con la remisión a las consideraciones del proveído dictado en un proceso
jurisdiccional, ya que las providencias prueban la decisión judicial y las
circunstancias procesales, mas no sirven para acreditar los hechos en los que fue
fundada37. En este caso no puede inferir la Sala, de las copias traídas al proceso,
la suficiencia o insuficiencia de la labor investigativa adelantada por la fiscalía, ni
prestan mérito esas pruebas para tener por demostrado el aserto de la parte
recurrente, según el cual, la absolución del procesado haya tenido por causa la
prueba de la falta de antijuridicidad material de la conducta. De hecho, la sentencia
del Tribunal Superior de Antioquia, motivó esa decisión en la duda, así:
“(…) desde una perspectiva netamente probatoria, le asistió razón a la primera
instancia, al adoptar una sentencia absolutoria, toda vez que si bien es cierto
surgen algunos indicios en torno a que el objeto del contrato 102 no se
ejecutó, porque pudo suceder que el "otro sí” modificando el objeto no existía, para
realizarlo en el “hueco del mocho”, ó que no se hizo por parte del contratista, al que
se le pagó sino del propio alcalde, en compañía de otros empleados del municipio,
por lo que es factible que la recepción del cheque por parte de Jonnan Alexis
Cerquera, obedeciera a ello; sin embargo, no existe prueba concreta, válidamente
producida en el juicio (…) que posibilite la convicción más allá de toda duda de la
existencia de los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica, pues,
como se ha evidenciado son muchas las dudas que emergen en la actuación
(…). Insístase, no se está significando que los acusados sean inocentes de
los cargos formulados por la Fiscalía Queda latente la probabilidad que,
efectivamente, hayan concurrido a la realización de los delitos por los que se
les convocó a juicio, pero lo único palpable es que dentro de la presente
actuación no se logró demostrar, fehacientemente, los presupuestos para que
se declare su responsabilidad penal; es decir, se les absolverá es por el
margen de duda que los favorece, puesto que se alcanzó a enervar la
presunción de inocencia (…)” (negrillas y subraya fuera del texto).
Recuérdese que, en el procedimiento penal, el nivel de certidumbre sobre la
responsabilidad del imputado debe incrementarse a medida que avanza el trámite,
pasando de la inferencia razonable, al formular la imputación38, a la probabilidad de
verdad de la existencia de la conducta delictiva y la autoría o participación del
imputado, cuando se acuse39, y, por último, al convencimiento que supere la duda
defensor del señor Covaleda Úsuga dentro del proceso penal adelantado en su contra; (iii) oficiar al Observatorio
Laboral y Ocupacional Colombiano del Servicio Nacional de Aprendizaje para que certificara cuál es el lapso de
tiempo que, según las estadísticas, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo luego de haber
sido absuelto en un proceso penal; y (iv) la indexación y el calculo del lucro cesante consolidado por parte del
contador de la Corporación. El a quo decretó: (i) la documentación aportada con la demanda, es decir, aquellos
elementos mencionados con anterioridad; (ii) los testimonios de los señores Loaiza Osorio, García Duran y
Correa; y (iii) el oficios dirigido al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Apartadó; además, comoquiera que
el CD allegado por los actores estaba vacío, requirió a la autoridad judicial antes referida para que aportara los
audios.
37 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C, sentencias
del trece (13) de marzo y del diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024), radicación números 73001-
23-33-000-2019-00165-01 y 25000-23-36-000-2013-00577-01, respectivamente.
38 Ley 906 de 2004. “Artículo 287.El fiscal hará la imputación fáctica cuando de los elementos materiales
probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el
imputado es autor o partícipe del delito que se investiga. De ser procedente, en los términos de este código, el
fiscal podrá solicitar ante el juez de control de garantías la imposición de la medida de aseguramiento que
corresponda”.
39 Ley 906 de 2004. “Artículo 336. El fiscal presentará el escrito de acusación ante el juez competente para
adelantar el juicio cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente
obtenida, se pueda afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que el imputado es
su autor o partícipe”.
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Demandante: John Jairo Covaleda Úsuga y otros
razonable 40 , condición para dictar sentencia condenatoria que sobrepase la
presunción de inocencia41.
De suerte que, por regla general, el hecho de ser vinculado a un proceso penal y
posteriormente absuelto no comporta necesariamente un daño antijurídico, pues la
esencia de un proceso penal es “establecer, más allá de toda duda razonable, si
una persona es o no responsable de la comisión de un delito. Es el proceso penal
“un instrumento racional encaminado a determinar la posible responsabilidad penal
de un individuo, cuya conducta habría injustamente vulnerado uno o varios
derechos fundamentales (…) o bienes jurídicos constitucionalmente relevantes
(…)”. (…)” 42 ; y, como fue dicho en precedencia, asumir el proceso penal se
encuentra dentro de las cargas públicas que pesan sobre los asociados como
contrapartida razonable de su participación en los beneficios derivados de la
satisfacción del interés general.
Así las cosas, de conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso,
que dispone que “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, como en esta contencioso la
parte accionante no cumplió con el deber que le asistía de demostrar el daño
antijurídico, la Subsección confirmará la decisión de primera instancia en la que el
Tribunal Administrativo de Antioquia negó las súplicas de la demanda.
V. COSTAS
El artículo 361 del Código General del Proceso dispone que “las costas están
integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso y por las agencias en derecho”. A su vez, los artículos 365.1 43 y 36644
ibidem, aplicables por remisión expresa del artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, prescriben que se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación. Su liquidación se realiza, de manera
concentrada, por la secretaría del juzgador que haya conocido el proceso en primera
instancia, sin embargo, en este escenario corresponde la fijación de las agencias
en derecho, de acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la
Judicatura.
40 Ley 906 de 2004. “Artículo 372. Las pruebas tienen por fin llevar al conocimiento del juez, más allá de duda
razonable, los hechos y circunstancias materia del juicio y los de la responsabilidad penal del acusado, como
autor o partícipe”.
41 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C, sentencia del
primero (1) de octubre de dos mil dieciocho (2018), radicación número 44001-23-31-000-2011-00099-01.
42 Corte Constitucional, Sentencia C-387 de 2014.
43 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
Además, se condenará en costas a quien se le resuelve de manera desfavorable un incidente, la formulación
de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en
relación con la temeridad o mala fe. (…)”.
44 “Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con
sujeción a las siguientes reglas: (…) 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la
justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan
comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho
que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. (…) 6. Cuando la condena se
imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y revisión o se haga a favor o en contra de un
tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva providencia o la notificación del
auto de obedecimiento al superior, según el caso”.
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Demandante: John Jairo Covaleda Úsuga y otros
Bajo tales supuestos, la Sala condenará en costas a la parte actora dado que sus
pretensiones fueron despachadas en forma desfavorable. El Tribunal Administrativo
de Antioquia deberá efectuar la correspondiente liquidación y tasación, debiendo
considerar que en esta instancia se fijarán agencias en derecho por el 0.1% del
valor total de las pretensiones 45 negadas a favor de la parte demandada, de
conformidad con las tarifas establecidas en el numeral 3.1.3. del artículo sexto46 del
Acuerdo 1887 de 200347, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, el veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018), por las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: CONDÉNASE en costas de esta instancia a la demandante, que serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal Administrativo de Antioquia de
acuerdo con el artículo 366 del Código General del Proceso, teniéndose en cuenta
la fijación de agencias en derecho a favor de la parte demandada por la suma de
0.1% de las pretensiones.
TERCERO: Ejecutoriado este proveído, ENVÍESE el expediente al tribunal de
origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.
Cópiese, notifíquese y cúmplase
NICOLAS YEPES CORRALES
Magistrado
Firmado electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
JCDB
45 La demanda estimó la cuantía en $397.491.500.
46 “Artículo sexto. Tarifas. Fijas las siguientes tarifas de agencias en derecho: (…) III. Contencioso
Administrativo. 3.1.3. Segunda instancia. (…) Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las
pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.
47 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
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