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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2014-00977-01

Fecha
23 de agosto de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2014-00977-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia el diecinueve (19) de abril de dos mil dieciséis (2016), que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia. TERCERO: En firme esta decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2014-00977-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

23 de agosto de 2024

Radicado: 05001-23-33-000-2014-00977-01 (AG)
Demandante: Mercedes Tuberquia Graciano y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 05001-23-33-000-2014-00977-01
Actor: Mercedes Tuberquia Graciano y otros
Demandado: La Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional
Referencia: Acción de Grupo

Tema: Perjuicios causados al grupo por desaparición forzada y desplazamiento. Subtema 1:
Elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado. Daño por desplazamiento no
acreditado. Imputación por desaparición no acreditada. Subtema 2: Mecanismos administrativos
para la reparación de las víctimas de violaciones de DDHH e infracciones de DIH. Subtema 3:
Incumplimiento de la carga probatoria.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el
apoderado del grupo demandante contra la sentencia expedida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia el diecinueve (19) de abril de dos mil dieciséis 2016,
que declaró no probadas las excepciones y negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Mercedes Tuberquia Graciano, en representación del grupo conformado por la
esposa, madre, hijos, hermanos, nietos y sobrinos de Factor Emilio Tuberquia
Sánchez y Pablo Emilio Tuberquia Graciano, solicitó el pago de la indemnización
de los perjuicios causados por la desaparición forzada de los citados señores,
ocurrida en enero de 1999 y mayo de 2000 y los derivados del desplazamiento
forzado que sufrió la familia por causa de la violencia desatada por grupos al
margen de la ley, tolerada, a su juicio, por agentes del Estado.

II. ANTECEDENTES

2.1. Mercedes Tuberquia Graciano, en condición de hija y hermana de Factor Emilio
Tuberquia Sánchez y Pablo Emilio Tuberquia Graciano, presentó demanda en
ejercicio de la acción de grupo, en representación de veinte (20) familiares, para que
se declare la responsabilidad de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional,
por los perjuicios materiales e inmateriales causados al grupo con motivo de la
desaparición forzada de los señores Tuberquia y el desplazamiento forzado
padecido por los familiares de los desaparecidos. Como consecuencia, solicitó
condenar al órgano demandado a: (i) el pago de perjuicios morales en cuantía
equivalente a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes por la
desaparición forzada de la que fueron víctimas Factor Emilio Tuberquia Sánchez y
Pablo Emilio Tuberquia Graciano; (ii) el pago de perjuicios materiales a favor de la
cónyuge, de los hijos y de los nietos de Factor Emilio Tuberquia y madre, hemanos
y sobrinos de Pablo Emilio Tuberquia Graciano,, por la suma de nueve mil
doscientos veintisiete millones seiscientos ochenta mil pesos ($9.227.680.000) y,
(iii) el pago de perjuicios por la alteración de las condiciones de existencia para cada
una de las personas que integran el grupo, causados por la desaparición forzada y
el desplazamiento que padecieron los integrantes del grupo familiar1.

1 Folio 6 del c. 1.

Radicación número: 05001-23-33-000-2014-00977-01
Actor: Mercedes Tuberquia Graciano y otros

2.1.1. Como sustento fáctico de las pretensiones, el apoderado del grupo expuso,
en síntesis: (i) que los daños devenidos de la desaparición y desplazamiento
forzados sucedieron “debido a la violencia desatada desde hace tiempo en nuestro
país y al conflicto armado, sobre todo en la zona rural, en donde nuestros humildes
campesinos fueron blanco de estos grupos armados al margen de la ley, según
consta en los archivos, y por ello las diferentes sentencias que ha emanado el
Honorable Consejo de Estado, condenando a la Nación por la omisión y falla en el
servicio de nuestras Fuerzas Armadas”2; (ii) que los esposos Tuberquia Graciano
vivían con sus hijos y nietos en la vereda la Esperanza del municipio de Dabeiba,
Antioquia, donde tenían “una franja de tierra” con cultivos de café y pan coger,
cabezas de ganado y cerdos; ii) que las desapariciones ocurrieron en enero de
1999 y mayo de 2000, según consta en las denuncias presentadas por familiares
de Factor Emilio Tuberquia Sánchez y Pablo Emilio Tuberquia Graciano; (iii) que la
desaparición y el desplazamiento forzados constituyen delitos de lesa humanidad
por tratarse de actos generalizados y sistemáticos ocurridos durante el conflicto
armado interno que, a su juicio de la accionante, son atribuibles al Estado por acción
o por omisión, tesis que sustentó en cuatro sentencias dictadas por el Consejo de
Estado, transcritas en el concepto de violación3.

2.2. El tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda presentada el
veintiséis (26) de marzo de dos mil catorce (2014), mediante auto fechado el
diecinueve (19) de junio del mismo año, notificado en debida forma4.

2.3. El apoderado del Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, en el escrito de
contestación de la demanda, propuso las excepciones de caducidad de la acción,
hecho de un tercero, falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de
los presupuestos de responsabilidad del Estado e inexistencia de la obligación. En
lo concerniente a la oportunidad de la acción, adujo que el conteo del término
previsto en la ley para el ejercicio del mecanismo de control inicia desde el momento
de las desapariciones, esto es, desde enero de 1999 y mayo de 2000, hechos
dañosos que, además, dieron lugar al desplazamiento forzado de los familiares de
las víctimas, según lo expuesto por la representante del grupo. En este sentido,
afirmó que la acción de grupo ejercida en marzo de 2014 se encuentra caducada.
Afirmó, asimismo, que la representante del grupo no probó los fundamentos fácticos
de sus pretensiones, específicamente las circunstancias relativas a la imputación
del daño, pues no demostró la inobservancia de la carga obligacional del Ejército
Nacional en los hechos dañosos, por tanto, es resulta imposible establecer el nexo
causal entre el daño y el comportamiento de los agentes del Estado,
“desprendiéndose de allí la eximente de responsabilidad deprecada del hecho de
un tercero, y por ende igualmente se desprende la falta de legitimación por pasiva” 5.

2.4. En la etapa probatoria, el tribunal incorporó las pruebas aportadas por la
representante del grupo y ordenó expedir oficios a la Registraduría del municipio de
Dabeiba, Antioquia, para que informara si ha realizado inscripción por muerte en el
registro civil de los señores Factor Emilio Tuberquia y Pablo Emilio Tuberquia, y al
DANE, para que certificara el estado del registro correspondiente a las personas
citadas6. El tribunal corrió traslado a las partes de los documentos allegados por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, en los que consta que las identificaciones
de las personas desaparecidas se encuentran vigentes, sin inscripción de novedad7.

2.5. En la etapa de alegaciones, el órgano accionado reiteró las excepciones
propuestas e insistió en el incumplimiento de la carga probatoria concerniente a la
acreditación del nexo causal entre el hecho dañoso y el comportamiento de agentes
del Ejército Nacional, indispensable para el juicio de imputación. La representante
del grupo precisó que, en los eventos en que el hecho dañoso proviene de un

2 Folio 4 del c. 1.
3 Folio 8 y ss. del c. 1.
4 Folio 67 del c. 1.
5 Folio 132 del c. 1.
6 Folio 160 del c. 1.
7 Folios 168 y 167 del c. 1.

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Actor: Mercedes Tuberquia Graciano y otros

tercero, la imputación se sustenta en el comportamiento del organismo estatal que
“permitió o propició” el hecho dañoso con desconocimiento de la posición de garante
que le exigía intervenir para evitar el daño, tesis que sustentó con apartes de una
sentencia de esta Sección sobre desaparición forzada8.

2.6. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia dictada el
diecinueve (19) de abril de dos mil dieciséis (2016), declaró no probadas las
excepciones y negó las pretensiones de la demanda. Frente a la oportunidad de la
acción consideró que al no existir certeza sobre el paradero de los desaparecidos
“existe una permanencia en el tiempo de la conducta vulnerante que da lugar al
daño”, circunstancia que habilita el ejercicio de la acción al no haber cesado la
afectación (art. 47 de la Ley 472 de 1998). En lo atinente a la conformación del
grupo, la sentencia precisó que se encuentra debidamente integrado por la
demandante y por las diecinueve (19) personas que identificó y presentó como
familiares de los desaparecidos y víctimas de desplazamiento forzado. Sobre la
prueba del daño consideró que no obra en el expediente acreditación sobre la
condición de desplazamiento alegada por la representante del grupo, motivo por el
cual las pretensiones sustentadas en dicha afectación resultan improcedentes. El
daño derivado de la desaparición forzada lo encontró acreditado con la copia de las
denuncias presentadas por los familiares de las víctimas, pero no encontró
elementos de prueba para atribuir la responsabilidad del hecho al organismo
demandado, ni fáctica ni jurídicamente, “toda vez que no se encuentra
suficientemente demostrado que el origen de las desapariciones forzadas (…)
fueran ocasionadas por la entidad demandada bajo el régimen de responsabilidad
de falla en el servicio por omisión”9.

2.7. La representante del grupo interpuso recurso de apelación al considerar que la
sentencia apelada desconoció la prueba de la condición de desplazamiento
“acreditado con el código número 873224, referido en los alegatos de conclusión”,
demostración que habilitaba el análisis de la imputación conforme a la jurisprudencia
del Consejo de Estado. En cuanto al daño derivado de la desaparición forzada,
afirmó que falta claridad sobre el análisis del hecho de un tercero en la comisión de
la conducta que, en todo caso, “esta revaluada y no es excusa” para negar las
pretensiones, pues según la jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción de
lo contencioso administrativo la responsabilidad del Estado procede cuando la
acción o la omisión de agentes del Estado “permitió o propició el hecho dañoso (…)
al no haber protegido sus vidas e integridad personal, lo cual le era exigible (…) Así
las cosas, la posición de garante halla su fundamento en el deber objetivo de
cuidado que la misma ley -en sentido material- atribuye, en específico y concretos
supuestos, a ciertas personas para que tras la configuración material de un daño,
estas tengan que asumir las derivaciones de dicha conducta, siempre y cuando se
compruebe fáctica y jurídicamente que la obligación de diligencia, cuidado y
protección fue desconocida”10. Al concluir la cita de la sentencia en la que sustentó
los reparos, el apoderado de la representante del grupo solicitó revocar la decisión
y conceder las pretensiones11.

2.8. El recurso de apelación interpuesto por la representante del grupo fue
concedido por el tribunal y admitido por esta Corporación mediante auto de tres (3)
de agosto dos mil dieciséis (2016)12. En auto posterior, el despacho corrió traslado
a las partes para que presentaran alegaciones finales y al Ministerio Público para
que emitiera concepto13. Esta oportunidad fue aprovechada por el apoderado del
Ministerio de Defensa, quien insistió en la ausencia de prueba sobre los elementos
de la responsabilidad del Estado al no encontrar acreditadas las acciones u
omisiones supuestamente generadoras de los daños derivados del desplazamiento
y desaparición forzadas. El apoderado de la representante del grupo solicitó
8 Folios 172 y 189 del c. 1.
9 Folio 208 del c. ppal.
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de noviembre de 2013, exp. 29764.
11 Folio 224 del c. ppal.
12 Folios 244 y 251 del c. ppal.
13 Folio 255 del c. ppal.

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Radicación número: 05001-23-33-000-2014-00977-01
Actor: Mercedes Tuberquia Graciano y otros

considerar los argumentos expuestos en el concepto de violación, las alegaciones
de primera instancia y el recurso de apelación. El procurador quinto delegado ante
el Consejo de Estado solicitó confirmar la sentencia apelada al considerar que la
parte actora no atendió la carga probatoria que le incumbía en cuanto a la
demostración de los hechos en los que sustentó las pretensiones, en específico, la
concerniente a la causa de los daños endilgados al órgano demandado14.

III. CONSIDERACIONES

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la accionante,
habida consideración de la competencia que le asiste para ello de conformidad con
los artículos 51 de la Ley 472 de 1998 y 152.1615 del CPACA, pues se trata de un
proceso iniciado en ejercicio de la acción de grupo, contra una autoridad del orden
nacional, que conoce la Sección Tercera en aplicación del “criterio de especialidad”
previsto en el Reglamento Interno del Consejo de Estado16.

3.1. Problema jurídico

De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado por el apoderado del grupo en el
recurso de apelación, relacionado con la demostración de los daños derivados de
la desaparición y desplazamiento forzados y su imputación al órgano demandado,
la Sala procede a resolver el siguiente interrogante:

3.2.1. ¿Los daños derivados de la desaparición y el desplazamiento forzados que
padecieron los integrantes del grupo en condición de familiares de los
desaparecidos Factor Emilio Tuberquia Sánchez y Pablo Emilio Tuberquia
Graciano, causados por grupos al margen de la ley, son jurídicamente imputables
a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, por acción o por omisión de
sus obligaciones vinculantes?

3.2. Medios de prueba incorporados al expediente

3.2.1. Al expediente fueron incorporados los registros civiles aportados por la
accionante en los que consta el parentesco de las personas identificadas como
integrantes del grupo con sus familiares desaparecidos, Factor Emilio Tuberquia
Sánchez (padre) y Pablo Emilio Tuberquia Graciano (hijo), así17:

Ana de Jesús Graciano Sánchez, esposa y madre
Mercedes Tuberquia Graciano, hija y hermana
Edgar Antonio Tuberquia Graciano, hijo y hermano
Pedro Antonio Tuberquia Graciano, hijo y hermano
Alfredo Tuberquia Graciano, hijo y hermano
Oscar Tuberquia Graciano, hijo y hermano
Uberlina de Jesús Tuberquia Graciano, hija y hermana
Blanca Nubia Tuberquia Graciano, hija y hermana
Martha Cecilia Tuberquia Graciano, hija y hermana
Jhon Kenedy Tuberquia Graciano, hijo y hermano
Alexander de Jesús Tuberquia Graciano, hijo y hermano
Lenis Katerin Tuberquia Sánchez, nieta y sobrina
Badelly Amparo Tuberquia Sánchez, nieta y sobrina
Andrés Tuberquia Graciano, nieto y sobrino
Shirley Tatiana Graciano Tuberquia, nieta y sobrina
Jerlinson Yesid David Tuberquia, nieto y sobrino

14 Folios 257, 277 y 278 del c. ppal.
15 CPACA, artículo 152. “Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales

Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 16. De los relativos a la
protección de derechos e intereses colectivos, reparación de daños causados a un grupo y de cumplimiento,
contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen
funciones administrativas”.
16 Acuerdo 080 de 2019, artículo 13.
17 Folios 43 a 63 del c. 1.

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Radicación número: 05001-23-33-000-2014-00977-01
Actor: Mercedes Tuberquia Graciano y otros

Jeidy Vanesa David Tuberquia, nieta y sobrina
Cristina Tuberquia Tuberquia, nieta y sobrina
Santiago Herazo Tuberquia, nieto y sobrino
Jhoan Alexis David Tuberquia, nieto y sobrino

3.2.2. También fue incorporada al expediente la certificación de 10 de septiembre
de 2010, expedida por el fiscal 50 de la unidad Seccional de Fiscalías de Dabeiba,
Antioquia, en la que consta que esa unidad adelantó la investigación por el delito
de desaparición forzosa de Factor Emilio Tuberquia, ocurrida “en el año 2000,
según denuncia formulada por la señora Ana de Jesús Guisao (sic) Sánchez en la
fecha 13 de mayo de 2008. El 30 de julio de 2008 se profirió resolución
inhibitoria.”18.

3.2.3. Igualmente, obra en el expediente la “constancia de denuncia” de 28 de mayo
de 2011, expedida por la Policía Nacional, Unidad Básica de Investigación Criminal
de Dabeiba, Antioquia, en la que consta que, ese día, Ana de Jesús Graciano
Sánchez presentó denuncia por el delito de desaparición de su hijo Pablo Emilio
Tuberquia Graciano, ocurrida “el pasado mes de enero de 1999”19.

3.2.4. En la etapa probatoria también fue incorporado el oficio expedido por la
Coordinación del Grupo de Novedades de la Registraduría Nacional del Estado Civil
el 6 de agosto de 2015, en el que consta que las cédulas de ciudadanía de Emilio
Tuberquia Sánchez y Pablo Emilio Tuberquia Graciano aparecen en el Archivo
Nacional de Identificación (ANI) “vigentes, sin novedad” 20.

3.3. Consideraciones sobre los elementos de la responsabilidad del Estado

De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia 21, en
concordancia con los artículos 1757 del Código Civil (CC)22 y 177 del Código de
Procedimiento Civil (CPC)23, quien pretenda la indemnización de los perjuicios por
la responsabilidad patrimonial del Estado deberá demostrar: (i) la existencia de un
daño antijurídico y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de las
autoridades públicas.

La jurisprudencia de la Sala ha sido pacifica al considerar que el daño, entendido
como una afectación, aminoración o alteración de un bien jurídico tutelado, a
efectos de que sea resarcible, requiere que se acrediten los siguientes aspectos24:
i) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente25, esto
es que suponga una lesión a un derecho, bien o interés legítimo que se encuentre
protegido por el ordenamiento jurídico con consecuencias ciertas en el patrimonio
económico o moral de la víctima, ii) que sea personal o padecido por quien lo
reclama, iii) que sea antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico
de soportarlo26 y, iv) que la lesión no haya sido causada ni sea jurídicamente

18 Folio 64 del c. 1.
19 Folio 65 del c. 1.
20 Folio 167 del c. 1.
21 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables,
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. […]”.
22 “Artículo 1757. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”.
23 “Artículo 177. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto

jurídico que ellas persiguen”.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 5 de diciembre de 2005, expediente 12158 y del 28 de

abril de 2010, expediente 18478.
25
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de marzo de 2014, expediente 28741. “Como se
aprecia, el daño antijurídico es el principal elemento sobre el cual se estructura la responsabilidad patrimonial
de la administración pública, a la luz del artículo 90 de la Carta Política, entidad jurídica que requiere para su
configuración de dos ingredientes: i) uno material o sustancial, que representa el núcleo interior y que consiste
en el hecho o fenómeno físico o material (v.gr. la desaparición de una persona, la muerte, la lesión, etc.) y ii)
otro formal que proviene de la norma jurídica (…)”.
26
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de julio de 1993, expediente 8163. “Del daño antijurídico
ha dicho la Sala en varias providencias cuyo apoyo se ha buscado en la doctrina y en la jurisprudencia españolas,
que equivale a la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en la
obligación de soportar; de esta manera, se ha desplazado la antijuricidad de la causa del daño al daño mismo,
constituyendo un elemento estructural del daño indemnizable y objetivamente comprobable. Quizás sea esta

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Actor: Mercedes Tuberquia Graciano y otros

atribuible a la propia víctima.

3.3.1. En lo atinente al daño derivado del desplazamiento forzado, concerniente al
desplazamiento, viene oportuno precisar, conforme a lo previsto en la Ley 387 de
199727, que el desplazado es “toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro
del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades
económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad
personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con
ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno,
disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los
Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras
circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren
drásticamente el orden público.”. El Gobierno Nacional, mediante el decreto 2569
de 2000, creó el Registro Único de Población Desplazada con el propósito de
identificar y caracterizar a la población en esta condición y realizar seguimiento a la
ayuda humanitaria, sin que la inscripción en el mismo determine la condición de
desplazamiento, “pues esta es una situación de facto que se configura por el
cumplimiento de las circunstancias previstas en la ley”28.

El breve derrotero normativo citado denota que en este caso no es posible tener
por acreditada la condición de desplazamiento expuesta por la representante
del grupo, porque no obra en el expediente medio de prueba alguno que constate
este hecho, ni siquiera existe un relato de las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en las que supuestamente ocurrió el hecho dañoso, que permita realizar un análisis
de contexto con miras a establecer la certeza del daño y su antijuridicidad, a partir
del estudio de las causas de la migración.

Vale decir, además, que el documento allegado por el apoderado de la actora en la
etapa de alegaciones de primera instancia, tampoco da cuenta de la condición de
desplazamiento, pues se trata de la copia de un carné casi ilegible, en el que
aparece un escudo, al parecer del municipio de Dabeiba, el nombre manuscrito de
la accionante, y el código y la fecha de la “declaración” con la palabra “incluido”29
sin explicación alguna de su contenido. Así, se trata de un documento que carece
de eficacia probatoria para acreditar la condición de desplazamiento aducida por la
accionante, ya que no reúne los elementos circunstanciales necesarios para
establecer la ocurrencia de la migración, porque no se menciona con precisión el
lugar de residencia ni la fecha en que ocurrió el hecho, y tampoco la causa que lo
originó, pues no existe una narración sobre amenazas en contra de la vida o
integridad física de los integrantes del grupo por conflicto armado o disturbios o
tensiones en la localidad que habitaban.

3.3.2. En lo concerniente al daño derivado de la desaparición forzada, la Sala
observa que este se encuentra acreditado con las denuncias presentadas por los
familiares de Factor Emilio Tuberquia Sánchez y Pablo Emilio Tuberquia Graciano
en 2008 y 2011, ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, en las
que consta que el hecho delictivo denunciado sucedió en enero de 1999 y “en el
año 2000”, máxime porque a la fecha no existe certeza sobre la ubicación o
paradero de las víctimas y no se tiene conocimiento de un fallo definitivo dictado en
proceso penal. En este orden, el carácter antijurídico del daño derivado de la
desaparición forzada surge palmario al constituir una lesión de bienes jurídicos
tutelados por normas convencionales y constitucionales, como son los derechos a

característica la que ha inclinado a pensar que ha ocurrido un tránsito, por imperio constitucional de una
responsabilidad de tipo subjetivo a otro objetivo. Esa conclusión no corresponde a la realidad. La ilicitud o
antijuricidad del daño están ínsitos en el daño mismo sin referencia alguna a la licitud o Ilicitud de su causa; en
otros términos el daño antijurídico puede ser el efecto de una causa Ilícita, pero también de una causa lícita.” En
igual sentido, ver sentencias de 29 de febrero de 2012, expediente 19544, de 25 de abril de 2012, expediente
21861 y de 21 de noviembre de 2018, expediente 40639. Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996.
27 “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección,

consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República
de Colombia”.
28 Corte Constitucional, sentencias T-468 de 9 de junio 2006 y T-211 de 23 de marzo de 2010.
29 Folio 206 del c. 1.

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la libertad, a la seguridad personal y a la vida, con consecuencias
extrapatrimoniales para los familiares de las víctimas que padecen en forma
personal el perjuicio moral que se presume por los lazos de parentesco y afecto
que los unía, además de los perjuicios patrimoniales causados por la ausencia del
ser querido.

3.3.3. Frente a la imputación del daño, es del caso precisar que este elemento de
la responsabilidad hace referencia a la atribución del daño antijurídico tanto en el
plano fáctico como jurídico, por acción o por omisión, conforme a los títulos de
imputación desarrollados jurisprudencialmente denominados falla del servicio,
riesgo excepcional y daño especial, este último sustentado en los principios de
solidaridad y de equilibrio de las cargas públicas.

Ahora, en los eventos en que el daño es causado por el hecho de terceros la
Sección ha considerado que el análisis de la imputación en el plano fáctico se
realiza a partir de un análisis jurídico-normativo de las cargas obligacionales de las
autoridades públicas que al ser ejecutadas u omitidas pueden contribuir con la
concreción del daño30. Es por ello que, con frecuencia, el derecho debe servirse de
otros criterios de imputación, ya para corregir o complementar los resultados del
juicio de causalidad, ya para sustituir el criterio, por ejemplo, por aplicación de la
figura de la posición de garante sustentada en el deber objetivo de cuidado que el
ordenamiento jurídico impone a favor de un determinado sujeto (conscriptos,
reclusos, estudiantes de establecimientos públicos, etc.)31.

En los casos en los que la participación directa o indirecta de agentes del Estado no
es constatable en forma material y se descarta el incumplimiento de cargas
obligacionales como causa eficiente del daño ocasionado por el hecho de terceros
(falla del servicio), la jurisprudencia aceptó, inicialmente, la subsunción del juicio de
imputación en la acreditación de la ruptura del equilibrio de las cargas públicas en
aplicación de la teoría del daño especial, que si bien “exige un factor de atribución
de responsabilidad al Estado, es decir, que el hecho causante del daño por el que
se reclame pueda imputársele jurídicamente dentro del marco de una ‘actuación
legítima’, esta ‘actuación’ no debe reducirse a la simple verificación de una actividad
en estricto sentido físico, sino que comprende también aquellos eventos en los que
la imputación es principalmente de índole jurídica y tiene como fuente la obligación
del Estado de brindar protección y cuidado a quienes resultan injustamente
afectados. En conclusión, la Sección considera que en este caso resulta aplicable
la teoría del daño especial, habida cuenta que el daño, pese que se causó por un
tercero, lo cierto es que ocurrió dentro de la ya larga confrontación que el Estado ha
venido sosteniendo con grupos subversivos, óptica bajo la cual, no resulta
constitucionalmente aceptable que el Estado deje abandonadas a las víctimas
(…)”32.

La tesis referida fue modificada por la Sección Tercera de esta Corporación al
considerar que “siempre será necesario que exista una razón de atribución para
imputarle responsabilidad al Estado por los daños padecidos por la víctima, y en el
caso del título de imputación del daño especial, debe estar estructurado tanto un
vínculo causal como un rompimiento del principio de igualdad, lo que determina su
carácter especial y grave, y fundamenta per se la imputación; caso contrario, el juez
estaría no solo desconociendo sus límites competenciales sino creando una nueva

31 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2010, expediente 18274. “Por
consiguiente, si bien la imputación fáctica tiene un sustrato material o causal, lo cierto es que no se agota allí,
ya que dada su vinculación con ingredientes normativos es posible que en sede de su configuración se
establezca que un daño en el plano material sea producto de una acción u omisión de un tercero, pero resulte
imputable al demandado siempre que se constate la ocurrencia de cualquiera de los siguientes aspectos: i) con
fundamento en el ordenamiento jurídico se tenía el deber de impedir la materialización del daño (posición de
garante); ii) con su actividad se incrementó el riesgo permitido (creación de un riesgo jurídicamente
desaprobado); o iii) se estaba dentro del ámbito de protección de una norma de cuidado.”.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del

19 de abril 2012, expediente 21515, reiterada en sentencia de 23 de agosto de 2012, expediente 24392.

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Actor: Mercedes Tuberquia Graciano y otros

fuente de responsabilidad del Estado con base exclusivamente en el principio de
solidaridad sin un juicio claro de imputación (…)”33.

En este escenario, la jurisprudencia de la Sección Tercera ha determinado que no
se puede establecer un único título de imputación a aplicar en eventos fácticamente
semejantes, por las siguientes razones:
≪En lo que se refiere al derecho de daños (…) se observa que el modelo de
responsabilidad estatal establecido en la constitución de 1991 no privilegió ningún
régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a
cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulta razones, tanto
fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello,
la jurisdicción ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como
una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su
consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique
que pueda entenderse que exista un mandato que imponga al juez la obligación de
utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título
de imputación (….) el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en
consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento
(…)34≫.

Conforme a la tesis unificada referida, la sentencia mencionada por la accionante
en el recurso de apelación, dictada por esta Subsección, precisó, claramente, que
“la responsabilidad del Estado por hechos de terceros, en eventos en los que, si
bien, los agentes estatales no participan de forma directa en la causación del daño,
en tanto no han sido autores, ni figuran como partícipes,” es viable siempre que se
encuentre acreditado que “con su omisión propiciaron o permitieron que personas
ajenas a la administración lo causaran”, por ejemplo, “cuando una persona se
encuentra amenazada y da el aviso de rigor ante las autoridades; no obstante, éstas
no la protegen, o adoptan unas medidas de protección precarias e insuficientes35; o
cuando, si bien, la persona no comunicó la situación de riesgo a la autoridad, la
notoriedad y el público conocimiento del peligro que afrontaba hacían imperativa la
intervención estatal para protegerla, como ocurrió en este caso, en la medida en
que el contexto marcó la génesis del deber a una protección reforzada por parte de
las fuerzas militares a la población vecina de ese sector del departamento de
Antioquia.”.

En el caso bajo estudio no aparece elemento probatorio alguno que permita atribuir
responsabilidad al órgano demandado a partir del análisis del contexto en que
acaeció el hecho dañoso, ni siquiera existe un relato de las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que supuestamente ocurrieron las desapariciones. Ni en la
demanda ni en el recurso de apelación se menciona con precisión el lugar de
residencia de las víctimas, no se menciona su ocupación o actividad ni se describen
situaciones de riesgo o amenaza en contra de la vida o integridad física de los
desaparecidos que denoten la supuesta omisión del deber de garante aducido por
la accionante en el recurso de apelación.

La inobservancia de la carga probatoria sobre el contexto en el que acaeció el hecho
dañoso impide, por consiguiente, establecer la previsibilidad del daño o el grado de
riesgo de las víctimas, ya por el ejercicio de sus ocupaciones, ya por la alteración
del orden público en su lugar de residencia, omisión que, consecuentemente,
descarta la aplicación del criterio de flexibilidad en la apreciación y valoración de los
medios probatorios frente a graves violaciones de Derechos Humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario, pues ni siquiera obran en el

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del

20 de junio de 2017, expediente 18860.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del

19 de abril 2012, expediente 21515.
35 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de junio de 1997. Exp No 11875, C.P. Daniel Suárez

Hernández.

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Actor: Mercedes Tuberquia Graciano y otros

expediente pruebas indirectas que permitan formular inferencias para reconstruir la
verdad histórica de los hechos36.

La orfandad probatoria sobre la imputación jurídica del daño hace necesario reiterar
la jurisprudencia pacífica de esta Sección, según la cual “al Estado se le deben exigir
los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y
de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se
ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible,
pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto está a su
alcance.”37. Así, “tanto la imputación fáctica del daño como la falla del servicio no
pueden ser analizadas desde una perspectiva ideal, crítica o abstracta del
funcionamiento del servicio, sino que requieren ser estudiadas desde un ámbito real
que consulte las circunstancias de tiempo, modo, lugar y capacidad administrativa
de la administración pública al momento de producción del daño. Por lo tanto, en el
caso concreto se hace imperativa la negativa de las pretensiones en razón a que no
se acreditó los supuestos de hecho en los cuales se fundamentó la demanda38.

En este escenario, la Sala considera oportuno mencionar que el Estado ha
adoptado disposiciones legislativas y administrativas para proporcionar a las
víctimas la reparación integral de los daños generados por graves violaciones a los
derechos humanos e infracciones a las normas del derecho internacional
humanitario (DIH) causados por terceros, sin la acreditación de la participación de
agentes del Estado por acción o por omisión, y garantizar los derechos a la verdad
y a la justicia para respetar y asegurar que se respeten las normas internacionales
de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Como ejemplo de estos mecanismos, las Leyes 387 de 199739 y 1448 de 201140
han adoptado medidas para la atención, protección, consolidación y estabilización
socioeconómica de los desplazados internos por la violencia, entre las que prevén:
i) la atención humanitaria de emergencia para socorrer, asistir y proteger a este
población y, ii) la consolidación y estabilización socioeconómica por medio de
programas de fomento a la microempresa, proyectos productivos, atención social
en educación, salud y vivienda, y planes de empleo, entre otros.

Por otra parte, la Ley 975 de 2005, concebida con la finalidad de desmantelar a los
grupos armados al margen de la ley, con un acuerdo sostenible, seguro para sus
beneficiarios y justo para las víctimas, prevé medidas de reparación integral de
restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición
a favor de las víctimas de violaciones de DDHH y de violaciones graves del DIH,
que llevan consigo los derechos a la verdad y a la justicia41. En cuanto al deber
general de reparar, la citada norma prescribe que los integrantes de los grupos
armados beneficiados con las disposiciones sobre justicia transicional y
alternatividad penal tienen el deber de reparar a las víctimas de las conductas

36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –en pleno-, sentencia del 28 de
agosto de 2014, rad. 32988. Reiterada por la Subsección C, en sentencia de 22 de febrero de 2019, exp. 40256
// Corte Interamericana de Derechos Humanos, Almonacid Arellano y otros vs. Chile, sentencia del 26 de
septiembre de 2006, párr. 69.
37
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de febrero de 1996, exp. 9940.
38
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 13 de junio de 2013, exp. 28097. En igual
sentido, sentencias de 25 de febrero de 2016, exp. 33898, de 12 de octubre de 2017, exp. 51061 y de 7 de
mayo de 2021, exp. 62558.
39 “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección,

consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República
de Colombia”.
40 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado

interno y se dictan otras disposiciones.”
41
Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. ARTÍCULO 1°. “OBJETO. La presente ley tiene
por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y
colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley,
dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad,
la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y
se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales.”. En relación con los derechos a
la verdad, justicia y reparación, ver sentencias C-715-12, C-017-18 y C-007-18.

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Radicación número: 05001-23-33-000-2014-00977-01
Actor: Mercedes Tuberquia Graciano y otros

punibles por las que fueren condenados y prevé que en los casos en que no se
logre individualizar al autor, pero se compruebe el daño y el nexo causal con las
actividades delictivas del grupo, “el Tribunal directamente o por remisión de la
Unidad de Fiscalía, ordenará la reparación a cargo del Fondo de Reparación” (art.
42) compuesto por los bienes de los victimarios, donaciones y recursos de la Nación
(art. 54)42.

Disposiciones como las referidas, cimentadas en el principio de solidaridad previsto
en el artículo 1° de la Constitución Política, garantizan el respeto de las normas
internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario y
otorgan a las víctimas de daños causados por combatientes no estatales
herramientas para materializar el derecho a la reparación integral con cargo a
fondos compuestos con recursos del Presupuesto General de la Nación, entre
otros.

Conforme a lo expuesto, la Sala concluye que la representante del grupo, a quien
incumbía probar el supuesto de hecho en que cimentó las pretensiones43, no aportó
elementos de juicio para acreditar los elementos constitutivos de la responsabilidad
del Estado, dado que no acreditó la condición de desplazamiento ni demostró la
omisión de las cargas obligacionales ni connivencia de agentes del Ejército
Nacional que contribuyera a la consumación de la desaparición de los señores
Factor Emilio Tuberquia Sánchez y Pablo Emilio Tuberquia Graciano. Tampoco
demostró que las víctimas directas del daño ostentaran una condición especial que
vislumbrara un grave peligro ni relató que hubiera puesto en conocimiento de las
autoridades amenazas en contra de la vida de sus familiares para motivar la
posición de garante atribuida al organismo demandado de manera abstracta.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia apelada que negó las
pretensiones de la demanda.

4. Costas

De conformidad con los artículos 65 de la Ley 472 de 199844 y 188 del CPACA45 que
remiten a las disposiciones del CGP, la condena en costas procede en contra de la
parte vencida o contra quien se resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, siempre que “en el expediente aparezca que se causaron y en la medida
de su comprobación” 46, verificación que corresponde al juez de primera instancia

42 Ley 975 de 2005, artículo 54. “Créase el Fondo para la Reparación de las Víctimas, como una cuenta especial

sin personería jurídica, cuyo ordenador del gasto será el Director de la Red de Solidaridad Social. Los recursos
del Fondo se ejecutarán conforme a las reglas del derecho privado. El Fondo estará integrado por todos los
bienes o recursos que a cualquier título se entreguen por las personas o grupos armados organizados ilegales
a que se refiere la presente ley, por recursos provenientes del presupuesto nacional y donaciones en dinero o
en especie, nacionales o extranjeras.”. (Inciso 2o. declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la
Corte Constitucional mediante Sentencia C-370-06 de 18 de mayo de 2006, 'en el entendido que todos y cada
uno de los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, responden con su propio patrimonio
para indemnizar a cada una de las víctimas de los actos violatorios de la ley penal por los que fueren
condenados; y también responderán solidariamente por los daños ocasionados a las víctimas por otros
miembros del grupo armado al cual pertenecieron.).
43 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 30 de septiembre de 2019, expediente.

46239. “(…) según lo establecido en el artículo 177 del CPC es al actor a quien le corresponde demostrar el
hecho que pretende notar a su favor. No basta, entonces, para sustentar un cargo, hacer uso de referencias,
sino acompañar las afirmaciones con la certeza derivada de los hechos probados, pues son estos los que
permiten resolver en uno u otro sentido el fondo del asunto.”.
44 “Contenido de la Sentencia. La sentencia que ponga fin al proceso se sujetará a las disposiciones generales

del Código de Procedimiento Civil y además, cuando acoja las pretensiones incoadas; dispondrá: (…) 5. La
liquidación de las costas a cargo de la parte vencida, teniendo en cuanta las expensas necesarias para la
publicación del extracto de la sentencia.”.
45 “CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá

sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.”.
46 CGP, artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que

haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que
dio lugar a aquella. (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en
la medida de su comprobación.

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Radicación número: 05001-23-33-000-2014-00977-01
Actor: Mercedes Tuberquia Graciano y otros

encargado de la liquidación de manera concentrada. En lo atinente a las agencias
en derecho, entendidas como “la porción de las costas imputables a los gastos de
defensa judicial de la parte victoriosa”, la Sala observa que en este caso no procede
su imposición porque no aparece demostrado en el expediente que la demandada
hubiera incurrido en gastos por este concepto durante la segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia el diecinueve (19) de abril de dos mil dieciséis (2016), que negó las
pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia.

TERCERO: En firme esta decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase,

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Firmado electrónicamente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

VF

CGP, artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en
el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con
sujeción a las siguientes reglas: (…)

11

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