Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2014-01023-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2014-01023-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2014-01023-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
11 de septiembre de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, once (11) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 05001-23-33-000-2014-01023-01 (69.042)
Demandante: FUNDACIÓN EDUCATIVA EL TALLER DE LOS NIÑOS
Demandado: MUNICIPIO DE BELLO
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – NULIDAD DEL
CONTRATO POR FALTA DE REGISTRO
PRESUPUESTAL
Síntesis del caso: la parte actora pide que se declare el incumplimiento del municipio de
Bello (Antioquia) en la asignación de cuatro mil cupos (4.000) estudiantiles a los que se
había comprometido o el reconocimiento en dinero de los mismos, pedimentos estos que
el Tribunal Administrativo de Antioquia validó y condenó en abstracto por los perjuicios
materiales en la modalidad de lucro cesante y daño emergente causados. Inconforme con
la decisión, la entidad demandada se opuso a la sentencia dado que, en su criterio, el
contrato de concesión objeto de análisis es nulo por el hecho de haber sido suscrito sin
registro presupuestal para ello; con los documentos aportados al proceso se acreditaba el
incumplimiento de la concesionaria en la decisión de suspensión de la ejecución del
contrato y la asignación de los cupos estudiantiles era del resorte de la contratista puesto
que se había comprometido a la ejecución del contrato por su cuenta y riesgo.
Temas: el cumplimiento de la obligación de remuneración de los contratos de concesión –
nulidad del contrato por falta de registro presupuestal – intereses moratorios de condenas
en abstracto – excepción de contrato no cumplido.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de
la sentencia de 30 de enero de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia - Sala Primera de Oralidad - que declaró al municipio de Bello (Antioquia)
responsable del incumplimiento del contrato de concesión educativo no. 768 de
2010, declaró terminado dicho negocio jurídico, condenó en abstracto al municipio
a pagar en favor de la contratista los perjuicios materiales en la modalidad de daño
emergente y lucro cesante mediante trámite incidental y denegó las demás súplicas
de la demanda (fls. 962 a 996 cdno. ppal.), en los siguientes términos:
“PRIMERO: No se declaran probadas las excepciones de contrato no
cumplido, caducidad, abuso de derecho, temeridad y mala fe y nulidad del
contrato propuestas por la parte actora.
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Expediente no. 05001-23-33-000-2014-01023-01 (69.042)
Actor: Fundación Educativa El Taller de los Niños
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
SEGUNDO: Se DECLARA el incumplimiento contractual por parte del
Municipio de Bello del contrato de concesión educativa no. 768 del 1° de
septiembre de 2010, suscrito entre el Municipio de Bello y la Fundación
Educativa Taller de los Niños.
TERCERO: Se Declara terminado el contrato de concesión educativa no.
768 de 2010 suscrito entre el Municipio de Bello y la Fundación Educativa
Taller de los Niños y se condena en abstracto al Municipio de Bello a pagar
las sumas que por perjuicios lucro cesante y daño emergente haya
padecido la demandante, que se determinen mediante trámite incidental
de acuerdo con los parámetros expuestos en la parte motiva de esta
sentencia.
CUARTO: se NIEGAN las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: Se condena en costas y agencias en derecho en primera
instancia al MUNICIPIO DE BELLO, conforme a los artículos 188 del
CPACA, 365 y 366 del CGP. Por Secretaría de este Tribunal, procédase
a su liquidación.
SEXTO: Conforme lo dispuesto en el artículo 162 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las
cantidades líquidas reconocidas en esta sentencia devengarán intereses
moratorios a partir de su ejecutoria.
SÉPTIMO: Una vez ejecutoriada esta providencia, archívese el
expediente.” (fls. 995 vlto. y 996 ibidem – negrillas y mayúsculas fijas del
texto original).
Posteriormente, mediante providencia de 31 de mayo de 2022 el Tribunal
Administrativo de Antioquia - Sala Primera de Oralidad - aclaró y complementó la
sentencia del 30 de enero de 2020 en los siguientes aspectos:
a) En relación con el cálculo del valor de cada cupo escolar deberá acudirse a los
valores que certifique el Ministerio de Educación Nacional o la autoridad competente
que haga sus veces, por cada nivel educativo, para el año 2011 y hasta el año de
la correspondiente liquidación.
b) Se aclara que el porcentaje aplicado para la reducción del monto de lucro cesante
a reconocerse será del 50%, valor que no puede sobrepasar el 5% del valor total
del contrato de concesión y, en caso de sobrepasar dicho porcentaje se tendrá en
cuenta como monto de la indemnización por lucro cesante causado y futuro el 5%
del valor total del contrato.
c) Se complementa la sentencia de 30 de enero de 2020 en el sentido de indicar
que, en los términos de lo previsto en la cláusula 66 del contrato de concesión no.
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Expediente no. 05001-23-33-000-2014-01023-01 (69.042)
Actor: Fundación Educativa El Taller de los Niños
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
768 de 2010, las partes convinieron el pago de intereses de mora por el
incumplimiento del pago oportuno de las obligaciones contractuales, por lo que es
procedente el reconocimiento de intereses de mora por los montos que al momento
de liquidarse la condena se hubiesen causado (fls. 1031 a 1035 cdno. ppal.).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito radicado el 16 de junio de 2014 en el Tribunal Administrativo de
Antioquia, la Fundación Educativa El Taller de los Niños, actuando por intermedio
de apoderado judicial interpuso demanda en ejercicio del medio de control
jurisdiccional de controversias contractuales (fls. 1 a 25 cdno. no. 3) con las
siguientes súplicas:
“DECLARATIVAS:
PRIMERA DECLARATIVA. Que se declare que EL MUNICIPIO DE
BELLO incumplió el CONTRATO DE CONCESIÓN no. 0768 del 2010 del
1° de septiembre de 2010 suscrito entre el MUNICIPIO DE BELLO y la
FUNDACIÓN EDUCATIVA EL TALLER DE LOS NIÑOS, por omitir la
obligación de adjudicar la suma de cuatro mil (4000) cupos escolares
durante cada uno de los años 2011, 2012, 2013 y 2014 a la FUNDACIÓN
EDUCATIVA EL TALLER DE LOS NIÑOS y por haber omitido cumplir con
la obligación sustitutiva de pagar el valor de estos cupos o su diferencia,
a los valores asignados por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL,
obligación que surgía en caso de no adjudicarse total o parcialmente los
cupos acordados. En caso de encontrarse probadas otras causales de
incumplimiento, le solicito declarar su ocurrencia.
SUBSIDIARIA A LA PRIMERA DECLARATIVA. En subsidio de la
pretensión anterior, se solicita se declare que el CONTRATO DE
CONCESIÓN no. 0768 del 2010 del 1° de septiembre de 2010 suscrito
entre el MUNICIPIO DE BELLO y la FUNDACIÓN EDUCATIVA EL
TALLER DE LOS NIÑOS, se ha desequilibrado en contra del
concesionario, al no haberse adjudicado por parte del MUNICIPIO DE
BELLO la suma de cuatro mil (4000) cupos escolares durante los años
2011, 2012, 2013 y 2014 a la FUNDACIÓN EDUCATIVA EL TALLER DE
LOS NIÑOS o en su defecto a pagar el valor de estos cupos a los valores
asignados por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.
SUBSIDIARIA A LA SUBSIDIARIA A LA PRIMERA DECLARATIVA. En
subsidio de la pretensión anterior, se solicita se declare que el MUNICIPIO
DE BELLO se enriqueció sin causa al no haberse adjudicado a la
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ELÍAS por parte de aquel, la suma de
cuatro mil (4000) cupos escolares durante los años 2011, 2012, 2013 y
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Expediente no. 05001-23-33-000-2014-01023-01 (69.042)
Actor: Fundación Educativa El Taller de los Niños
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
2014 o en su defecto a pagar el valor de estos cupos a los valores
asignados por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y pese a este
incumplimiento ser beneficiario de una cláusula de reversión, la cual solo
se encuentra sometida a un plazo contractual de veinte (20) años
contados a partir del inicio de la etapa de explotación.
SEGUNDA DECLARATIVA. Que se declare que el MUNICIPIO DE
BELLO se encuentra obligado a continuar ejecutando el CONTRATO DE
CONCESIÓN no. 0768 de 2010 del 1° se septiembre de 2010 suscrito
entre el MUNICIPIO DE BELLO y la FUNDACIÓN EDUCATIVA EL
TALLER DE LOS NIÑOS, por un plazo de veinte (20) años contados a
partir del día 27 de abril de 2011.
SUBSIDIARIA A LA SEGUNDA DECLARATIVA. Que solo en caso que
el Honorable Tribunal considere que el cumplimiento de las obligaciones
contractuales son (sic) de imposible cumplimiento, se solicita se declare
terminado el CONTRATO DE CONCESIÓN no. 0768 de 2010 del 1° de
septiembre de 2010 suscrito entre el MUNICIPIO DE BELLO y la
FUNDACIÓN EDUCATIVA EL TALLER DE LOS NIÑOS por causa
imputable al concedente, es decir, al MUNICIPIO DE BELLO.
TERCERA DECLARATIVA. Que en caso de que a la fecha de expedición
de la sentencia EL MUNICIPIO haya continuado incumpliendo el contrato
por los años 2015 y siguientes, se declare que por estos años EL
MUNICIPIO DE BELLO incumplió y ha seguido incumpliendo el
CONTRATO DE CONCESIÓN no. 0768 del 1° de septiembre de 2010
suscrito entre el MUNICIPIO DE BELLO y la FUNDACIÓN EDUCATIVA
EL TALLER DE LOS NIÑOS, por omitir la obligación de adjudicar la suma
de cuatro mil (4000) cupos escolares durante cada uno de los años 2011,
2012, 2013 y 2014 a la FUNDACIÓN EDUCATIVA EL TALLER DE LOS
NIÑOS y por haber omitido cumplir con la obligación sustitutiva de pagar
el valor de estos cupos o su diferencia, a los valores asignados por el
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, obligación que surgía en
caso de no adjudicarse total o parcialmente los cupos acordados. En caso
de encontrarse probadas otras casuales de incumplimiento, le solicito
declarar su ocurrencia.
SUBSIDIARIA A LA TERCER DECLARATIVA. En subsidio de la
pretensión anterior, se solicita se declare que el CONTRATO DE
CONCESIÓN no. 0768 del 2010 del 1° de septiembre de 2010 suscrito
entre el MUNICIPIO DE BELLO y la FUNDACIÓN EDUCATIVA EL
TALLER DE LOS NIÑOS, se ha desequilibrado en contra del
concesionario, al no haberse adjudicado por parte del MUNICIPIO DE
BELLO la suma de cuatro mil (4000) cupos escolares durante los años
2015 y posteriores, a la FUNDACIÓN EDUCATIVA EL TALLER DE LOS
NIÑOS o en su defecto a pagar el valor de estos cupos a los valores
asignados por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.
DE CONDENA
PRIMERA PRINCIPAL DE CONDENA. Con base en las declaraciones de
las pretensiones declarativas PRIMERA o sus subsidiarias SEGUNDA y/o
TERCERA o sus subsidiarias, se solicita se condene al MUNICIPIO DE
BELLO al pago a favor de la FUNDACIÓN EDUCATIVA EL TALLER DE
LOS NIÑOS, de las siguientes sumas de dinero, más las que resulten
probadas dentro del proceso.
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Expediente no. 05001-23-33-000-2014-01023-01 (69.042)
Actor: Fundación Educativa El Taller de los Niños
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
• Cuatro mil ochocientos cuarenta y nueve millones setecientos
cuarenta y siete mil pesos ($4.849.747.000.00) del año 2011,
correspondientes al valor de los cupos dejados de asignar por parte del
concedente durante el año 2011 más los intereses moratorios
convencionales pactados en el contrato.
• Tres mil ochocientos cuarenta y cuatro millones de pesos
($3.844.000.000.00) del año 2012, correspondientes al valor de los cupos
dejados de asignar por parte del concedente durante el año 2012 más los
intereses moratorios convencionales pactados en el contrato.
• De las anteriores sumas de dinero se debe descontar el valor de la
factura de venta 005 de febrero 7 de 2012 por valor de cuatro mil
ochocientos dos millones novecientos veinte mil pesos
($4.802.920.000.00) cuyo pago se persigue en proceso ejecutivo que se
sigue en este mismo Tribunal Administrativo de Antioquia.
• Cinco mil trescientos cuarenta y cuatro millones de pesos
($5.344.000.000.00) del año 2013 o la suma que resulte de multiplicar el
valor autorizado por el Ministerio de Educación Nacional para el año 2013
por cada alumno, multiplicado por los cuatro mil (4000) cupos que se
encontraba obligado a asignar el MUNICIPIO DE BELLO para el año
2013, más los intereses de mora pactados en el contrato.
• Cinco mil trescientos cuarenta y cuatro millones de pesos
($5.344.000.000.00) del año 2014 o la suma que resulte de multiplicar el
valor autorizado por el Ministerio de Educación Nacional para el año 2014
por cada alumno, multiplicado por los cuatro mil (4000) cupos que se
encontraba obligado a asignar el MUNICIPIO DE BELLO para el año
2013, más los intereses de mora pactados en el contrato.
• De las sumas de dinero que se sigan causando a partir de 2014 y
hasta la terminación del contrato de concesión, en ejecución de lo
acordado en el inciso segundo de la cláusula octava (8ª) del contrato de
concesión, es decir, el valor equivalente a los cupos acordados (cuatro mil
alumnos) en caso de que el incumplimiento sea total o la diferencia entre
los cupos sea parcial, liquidados y el cupo acordado (cuatro mil alumnos),
en caso de que la asignación de cupos sea parcial, liquidados al valor
autorizado por el Ministerio de Educación Nacional para el respectivo año,
por cada alumno.
• Ciento diecinueve millones trescientos ochenta y ocho mil
seiscientos sesenta y un pesos ($119.388.661.00) de 2012,
correspondientes a transacciones laborales con los empleados y
trabajadores de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TALLER D ELOS
NIÑOS, por un valor de (sic).
• Sanciones por no pago oportuno al Idea que se establece la
alteración del pago de intereses corrientes a intereses de mora.
SEGUNDA PRINCIPAL DE CONDENA. Que se condene al pago de
intereses por las sumas anteriores de acuerdo con la tasa de interés y
moratoria pactada en el contrato de concesión y a partir de la ejecutoria
de la sentencia a la tasa máxima de interés bancario.
PRIMERA CONSECUENCIAL DE LA SUBSIDIARIA A LA SEGUNDA
DECLARATIVA. Que en caso de que se dé por terminado el contrato, se
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Expediente no. 05001-23-33-000-2014-01023-01 (69.042)
Actor: Fundación Educativa El Taller de los Niños
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
condene al MUNICIPIO DE BELLO a pagar a la FUNDACIÓN EL TALLER
DE LOS NIÑOS los siguientes valores, de acuerdo con tasación realizada
por perito que para el efecto se nombre en condena en abstracto:
• El valor actualizado de la inversión realizada por el contratista
durante las etapas (i) previa, (ii) de construcción y (iii) de explotación,
incluyendo, pero sin limitarse a los costos de diseños, licencias,
adquisición de predio, construcción, dotación y mantenimiento del colegio,
costos de personal, atención de reclamaciones y gastos legales.
• El valor de la utilidad esperada por el contratista por cada uno de los
años de duración de la etapa de explotación del contrato de concesión,
debidamente actualizada.
• Que se condene al pago de intereses por las sumas anteriores de
acuerdo con la tasa de interés corriente y moratoria pactada en el contrato
de concesión y a partir de la ejecutoria de la sentencia a la tasa máxima
de interés bancario.” (fls. 17 a 19 ibidem – mayúsculas sostenidas y
negrillas del original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico la parte demandante expuso en el escrito contentivo de
la demanda, en síntesis, lo siguiente:
1) El 1° de septiembre de 2010, el municipio de Bello (Antioquia) y la fundación El
Taller de los Niños suscribieron el contrato de concesión no. 0768 con el objeto de
llevar a cabo la “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBERTURA EDUCATIVA, EN
EL COLEGIO QUE SE CONSTRUYA POR EL CONCESIONARIO EN LAS
COMUNAS SEIS (6) Y SIETE (7) Y CON REVERSIÓN AL MUNICIPIO DE BELLO”
(fl. 10 cdno. no. 1 – mayúsculas sostenidas del original), en un plazo de veinte (20)
años y con un valor indeterminado.
2) La construcción del colegio fue culminada el 9 de abril de 2011 a entera
satisfacción del municipio de Bello, según la suscripción del acta de recibo de obra
correspondiente, la etapa de explotación dio inicio el 26 de abril de 2011 con la
apertura de la institución educativa San Elías, fecha en la que dicho colegio se
encontraba completamente construido y dotado con los elementos físicos,
administrativos, logísticos y de personal para dar inicio a las actividades propias de
tal institución.
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Expediente no. 05001-23-33-000-2014-01023-01 (69.042)
Actor: Fundación Educativa El Taller de los Niños
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
3) La Fundación Educativa el Taller de los Niños cumplió a cabalidad con las etapas
previas y de construcción de la institución educativa para lo cual adquirió un
empréstito con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) por valor de siete
mil doscientos millones de pesos ($7.200´000.000), crédito que le fue oponible al
municipio de Bello (Antioquia) por cuanto el contrato de concesión no. 0768 de 2010
hizo parte de la garantía otorgada por IDEA, además, en dicho contrato se
estableció que los recursos obtenidos por concepto del contrato de concesión eran
fuente directa de pago de intereses y capital por un término de doce (12) años “bajo
la línea CAF, a una tasa del trece por ciento (13%) E.A.” (fl. 13 cdno. no. 3).
4) Según lo dispuesto en el contrato de concesión no. 0768 de 2010, el municipio
de Bello debía asignar cuatro mil (4.000) cupos educativos y pagar el valor de los
mismos con base en las tarifas aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional.
5) Para el año 2011 el municipio de Bello solo asignó cuatrocientos cinco (405)
cupos y no pagó el valor de la tarifa de los tres mil quinientos noventa y cinco (3.595)
cupos faltantes, puesto que del valor de la factura presentada en ese año por parte
de la fundación por la suma de cinco mil trescientos cuarenta y cuatro millones de
pesos ($5.344´000.000), el municipio tan solo canceló mil novecientos noventa y
cuatro millones de pesos ($1.994´000.000).
6) Para el año 2012, la institución educativa San Elías solo atendió trescientos
noventa y cinco (395) estudiantes, es decir, el municipio de Bello mantuvo su
incumplimiento en la asignación de los cupos estudiantiles ya que del valor
facturado para ese año de $5.345´000.000 millones, el municipio básicamente pagó
$1.994´000.000.
7) El 13 de marzo de 2012, el municipio de Bello profirió la Resolución no. 20120623
por medio de la cual reconoció el incumplimiento en la obligación de asignación de
cupos estudiantiles y el valor que correspondía en compensación de los mismos.
8) Tales incumplimientos por parte del municipio de Bello continuaron durante los
años 2013 y 2014, pese a los requerimientos realizados por parte de la fundación
contratista.
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Expediente no. 05001-23-33-000-2014-01023-01 (69.042)
Actor: Fundación Educativa El Taller de los Niños
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Apelación de sentencia
3. Posición de la parte demandada
A través de escrito radicado el 24 de noviembre de 2014, el municipio de Bello
contestó la demanda con oposición a las pretensiones, formuló excepciones y
solicitó que fueran negadas las súplicas (fls. 518 a 550 cdno. no. 3), con los
siguientes argumentos:
1) Contrario a lo sostenido por la parte actora, el municipio de Bello dio cumplimiento
a las obligaciones adquiridas a través del pago de mil millones novecientos noventa
y cuatro millones doscientos cincuenta y tres mil pesos ($1.994´253.000), en
atención a que para el año 2011 la fundación solo atendió a cuatrocientos cinco
(405) estudiantes y en el año 2012 a trescientos noventa y cinco (395).
2) De otra parte, no es posible el reconocimiento de las pretensiones formuladas
con la demanda y mucho menos de los intereses solicitados, pues no está
acreditado el debido y cabal cumplimiento de las obligaciones a cargo de la parte
actora.
3) Propuso como excepciones las que se relacionan a continuación:
a) “Nulidad del contrato no. 0768 de 2010”, toda vez que, el municipio de Bello no
obtuvo la aquiescencia del Ministerio de Educación requerida en forma previa para
adelantar el correspondiente proceso de selección, la fundación demandante no
cumplía con la experiencia requerida y, al momento de la suscripción de dicho
negocio jurídico la entidad contratante no contaba con registro presupuestal para
asumir las obligaciones allí estipuladas.
b) “Excepción de contrato no cumplido”, dado que la fundación Educativa el Taller
de los Niños no acreditó la titularidad del predio donde construyó la institución
educativa San Elías.
c) “Caducidad”, puesto que desde la fecha del último incumplimiento reportado por
la parte actora y hasta la fecha de presentación de la demanda transcurrieron más
de dos (2) años.
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Expediente no. 05001-23-33-000-2014-01023-01 (69.042)
Actor: Fundación Educativa El Taller de los Niños
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
d) “Abuso del Derecho, temeridad o mala fe”, por cuanto la fundación contratista
suspendió en forma unilateral la ejecución del contrato, sin tener en cuenta que
durante los años 2009 a junio de 2012 recibió como contraprestación del contrato
de concesión no. 0768 sumas que ascendieron a $9.194´253.000.000.
4. Vinculación del tercero en condición de coadyuvante de la parte actora
1) Por auto de 5 de septiembre de 2014, el magistrado conductor del proceso en
primera instancia admitió el medio de control jurisdiccional de controversias
contractuales, providencia en la que en relación con el Instituto para el Desarrollo
de Antioquia (IDEA) señaló lo siguiente:
“Procede la vinculación del IDEA en atención a la cláusula 60 del contrato
no. 768 de 2010, contenida en el capítulo XVI terminación anticipada y
liquidación, cuyo numeral 60.2 refiere que en caso de que el concesionario
se encuentra incurso en causal de incumplimiento con los financiadores,
estos últimos podrán tomar posesión de la concesión.
Obran también los contratos de empréstito no. 166, 147 y 26 celebrados
entre la Fundación Educativa El Taller de los Niños y el Idea, tendientes
a financiar la construcción y dotación de la sede educativa objeto del
contrato no. 768 de 2010, que da lugar a la controversia planteada,
concesión para la prestación del servicio de cobertura educativa en
colegio que se construya por parte del concesionario en las comunas seis
(6) y siete (7), con reversión en favor del municipio de Bello” (fl. 441 cdno.
no. 3).
2) Mediante escrito radicado el 18 de diciembre de 2014, el Instituto para el
Desarrollo de Antioquia (IDEA) intervino en el proceso y manifestó que el negocio
jurídico que lo vincula con la parte actora fue anterior al inicio del proceso de
selección que culminó con la suscripción del contrato de concesión no. 0768 de
2010, sin embargo, el dinero girado a la fundación como desembolso del contrato
de empréstito sí fue usado para la ejecución y cumplimiento del contrato de
concesión no. 0768 de 2010, al punto que la garantía hipotecaria del mismo afectó
el inmueble en el que fue construida la institución educativa San Elías (fls. 551 a
580 ibidem).
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Controversias contractuales
Apelación de sentencia
5. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Primera de Oralidad - en providencia
de 30 de enero de 2020 (fls. 962 a 996 cdno. ppal.) 1 declaró no probadas las
excepciones formuladas, declaró el incumplimiento del referido contrato de
concesión no. 0768 de 2010 por parte del municipio de Bello (Antioquia), declaró
terminado dicho negocio jurídico, condenó en abstracto al municipio a pagar las
sumas que por perjuicios de lucro cesante y daño emergente haya padecido la
demandante y, denegó las súplicas restantes de la demanda, con base en la
siguiente sustentación:
1) En relación con la excepción de nulidad del contrato propuesta por parte del
municipio de Bello, se concluye que los requisitos frente a los aspectos
presupuestales no constituyen elementos de validez del contrato estatal, sino de
ejecución y, además, en este caso concreto, de acuerdo con lo acreditado en el
expediente, aquellas se cumplieron, por lo cual no puede sustentarse una
declaración de nulidad absoluta del contrato por dicho aspecto.
2) De otra parte, en cuanto a la supuesta violación del principio de planeación
argumentada por la entidad demandada, en el presente asunto no es procedente
tal declaración, pues, sí existía la necesidad de prestación del servicio tal como se
acreditó con una certificación emitida por la propia entidad territorial demandada.
3) De la revisión de las pruebas que conforman el expediente, está acreditado que
la parte actora cumplió con la construcción y puesta en funcionamiento de la
institución educativa a partir del 26 de abril de 2011, en el lugar y con los parámetros
previamente aprobados por parte del municipio de Bello.
1 Por auto de 31 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Primera de Oralidad
resolvió sobre la solicitud de aclaración y complementación presentada por la parte actora, en el
sentido de indicar que (i) para el cálculo de condena se tendrán en cuenta los extremos temporales
contenidos en el acta de inicio de la etapa de explotación; (ii) la reducción sobre el reconocimiento
del lucro cesante será del 50% sobre el monto de indemnización por cuenta de la inejecución del
contrato y disminución del riesgo o alea de pérdida o ganancia, y (iv) es procedente el reconocimiento
de los intereses moratorios de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 66 del contrato de concesión
no. 0768 de 2010, el cual se imputará cada 31 de diciembre a partir de 2011 (fls. 1031 a 1035 cdno.
ppal.).
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Expediente no. 05001-23-33-000-2014-01023-01 (69.042)
Actor: Fundación Educativa El Taller de los Niños
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
4) Con las comunicaciones cruzadas entre las partes y el contenido del contrato de
concesión no. 0768 de 2010 se tiene claridad respecto de incumplimiento del
municipio de Bello desde el año 2011, por la falta de entrega o asignación de los
cuatro mil (4.000) cupos estudiantiles durante los veinte (20) años de ejecución o
su correspondiente remuneración.
5) Al expediente fue aportado un dictamen pericial financiero con el que se acreditó
el monto de los perjuicios materiales causados a título de daño emergente y lucro
cesante, no obstante, en la propuesta de la parte actora se estipuló como tasa de
retorno de la inversión un 14,9%, propuesta que fue aceptada por el municipio y que
difiere sustancialmente del valor que arrojó el dictamen pericial, adicionalmente, se
encuentra que el perito estimó dentro de los perjuicios, todas las cuentas por pagar
por parte de la contratista, sin que se haya acreditado que las mismas debiesen ser
asumidas por el municipio ni que su causación haya sido consecuencia directa del
incumplimiento contractual que se endilga a la entidad territorial, por cuanto,
precisamente corresponden a gastos operativos que el contratista se comprometió
a asumir durante la ejecución del contrato y que fueron cubiertos con lo entregado
por el municipio a título de gastos y costos operacionales, por lo que sus
conclusiones no se pueden tener en cuenta.
6) En ese sentido, se emite una sentencia condenatoria en abstracto, para lo cual
en el incidente de liquidación de la condena deberá solicitar la parte demandante lo
siguiente: el valor de cada cupo de conformidad con el nivel escolar, distribución
proporcional de los cupos de los diferentes niveles, cálculo de ingreso bruto,
deducción de los montos pagados por el municipio durante el tiempo de ejecución
del contrato, deducción del monto de la factura de cobro, utilidad líquida sin
compensaciones, actualización del monto adeudado, deducción del valor del
inmueble objeto de reversión, reducción del 50% del monto de indemnización por
inejecución del contrato y disminución del riesgo, alea de pérdida o ganancia.
6. El recurso de apelación
La entidad demandada interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de
primera instancia (fls. 1012 a 1016 vlto. cdno. ppal.) el cual fue concedido por el a
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quo mediante auto de 2 de septiembre de 2022 (fls. 1038 y vlto. ibidem),
impugnación que fue sustentada en los términos que se reseñan a continuación:
1) El municipio insiste en la declaración de nulidad absoluta del contrato objeto de
análisis, pues, el contrato de concesión fue suscrito sin contar previamente con el
correspondiente registro presupuestal, circunstancia que acredita la configuración
de la violación del principio de planeación ya que, se omitieron las formalidades
necesarias para su perfeccionamiento acuerdo con lo dispuesto en los artículos 44
(numerales 2 y 3) y 45 de la Ley 80 de 1993.
2) En los términos de la cláusula décima del contrato, la contraprestación en favor
del concesionario “es la continua y eficiente prestación del servicio en la institución
educativa por cuenta y riesgo del concesionario durante la duración del contrato” (fl.
1014 vlto. cdno. ppal), no obstante, el contratista mediante comunicación del 1° de
agosto de 2012 informó sobre la suspensión de la ejecución del contrato, documento
en el que manifestó una causa extraña que le impedía cumplir con el objeto
contratado.
3) La decisión de primera instancia pasó por alto la asignación de riesgos estipulada
en la cláusula 12 del contrato, en virtud de la cual el concesionario asumía tanto los
efectos favorables como los desfavorables que los eventos de fuerza mayor y caso
fortuito tuviesen sobre la ejecución del negocio jurídico.
4) Si bien el municipio se obligó a otorgar cuatro mil (4.000) cupos o su respectiva
remuneración, la Fundación Educativa El Taller de Los Niños debía procurar que
tales cupos fueran eficaces lo cual implicaba el deber de información a la
comunidad, pero, ello no fue así, ya que la concesionaria decidió, abruptamente,
suspender el contrato, de manera tal que incumplió el deber de colaboración e
infringió la buena fe objetiva.
5) De otra parte, en el presente asunto el municipio dejó de cumplir sus obligaciones
en el momento en que la contratista decidió interrumpir la ejecución del mismo,
razón por la cual, se insiste en la excepción de contrato no cumplido, según la cual,
la entidad contratante estaba legitimada para no ejecutar sus obligaciones siempre
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Apelación de sentencia
y cuando, en este caso, la concesionaria diera cabal cumplimiento a sus
obligaciones propias.
6) Por último, se opuso expresamente al reconocimiento de los intereses moratorios
determinado en el ordinal sexto de la parte resolutiva de la decisión objeto de
apelación, pues no resulta coherente que su causación surja a partir de la ejecutoria
de la sentencia y no de la providencia que liquide la condena en abstracto.
7. Actuación surtida en segunda instancia
1) Por auto de 7 de julio de 2023 se admitió el recurso de apelación (índice no. 13
SAMAI).
2) Posteriormente, el 21 de 13 de octubre de 2023 se notificó al Ministerio Público
del auto admisorio (índice no. 16 SAMAI) y, en los términos del numeral 5 del artículo
247 del CPACA se le informó que no había solicitud ni decreto de pruebas en
segunda instancia y se corrió traslado para emitir el respectivo concepto (índice no.
19 SAMAI).
3) En dicho término las partes y el Ministerio Público guardaron silencio (índice no.
21 SAMAI).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero 2: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la impugnación, 3) conclusiones y, 4) condena en costas
y agencias en derecho.
2 La demanda fue formulada dentro de la oportunidad que tenía para ello ya que, el contrato no. 0768
de 2010 fue suscrito el 1° de septiembre de 2010 con un plazo de veinte (20) años, sin que en modo
alguno las partes de mutuo acuerdo hubieran convenido una terminación anticipada o la entidad
contratante en forma unilateral lo hubiera declarado, la demanda fue presentada el 16 de junio de
2014, es decir, dentro del término que tenía para ello.
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1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
El objeto de la controversia planteada se centra en la discusión acerca del supuesto
incumplimiento del municipio de Bello (Antioquia) de la obligación de pago del
contrato de concesión no. 0768 de 2010 celebrado con la Fundación Educativa El
Taller de Los Niños por el hecho de no haber asignado los cuatro mil (4.000) cupos
estudiantiles a los que se había comprometido, así como también, por no sufragar
el valor equivalente de los mismos, circunstancia que conllevó al desequilibrio
económico del contrato en cabeza del contratista.
El Tribunal Administrativo de Antioquia concedió parcialmente las súplicas de la
demanda en el sentido de declarar el incumplimiento del municipio de Bello en la
ejecución del contrato de concesión no. 0768 de 2010, la terminación de dicho
negocio jurídico y condenó en abstracto al municipio de Bello a pagar las sumas
que por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y daño emergente
resultaran del trámite incidental que se propusiera por la parte actora.
En el presente caso, la entidad demandada se opuso a la sentencia de primera
instancia e insistió en la declaración de nulidad absoluta del contrato de concesión
no. 768 de 2010 por el hecho de que fue suscrito sin contar previamente con el
correspondiente registro presupuestal, circunstancia que acredita la configuración
de la violación del principio de planeación.
Solicitó un análisis expreso de la cláusula décima del contrato de concesión objeto
de análisis, puesto que la contraprestación en favor del concesionario “es la
continua y eficiente prestación del servicio en la institución educativa por cuenta y
riesgo del concesionario durante la duración del contrato” (fl. 1014 vlto. cdno. ppal.)
y, en el presente asunto, el concesionario suspendió la ejecución del contrato por
cuenta de una causa extraña que le impedía cumplir con el objeto contratado, razón
por la cual insiste en la excepción de contrato no cumplido.
Por último, se opuso expresamente al reconocimiento de los intereses moratorios
desde la ejecutoria de la sentencia objeto de apelación y no a partir la providencia
que liquide la condena en abstracto impuesta.
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Apelación de sentencia
La Sala modificará el ordinal sexto de la parte resolutiva de la sentencia apelada,
en el sentido de establecer que las cantidades líquidas reconocidas devengarán
intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la providencia que así las liquide y
confirmará en lo demás la decisión.
2. Análisis de la impugnación
2.1 Aspectos preliminares
En primer lugar, procede la Sala a resolver sobre la insistencia en la petición de
nulidad absoluta del contrato, circunstancia que de ser comprobada haría inane el
pronunciamiento de los demás aspectos puestas en consideración con el recurso
de apelación objeto de análisis 3.
La entidad demandada solicita la declaración de nulidad absoluta del contrato de
concesión no. 768 de 2010 por el hecho de haber sido suscrito sin contar con el
registro presupuestal en contravía con el principio de planeación, punto sobre el
cual sebe precisarse lo siguiente:
a) El mencionado contrato de concesión no. 768 de 2010 en la cláusula 7, contentiva
del valor del contrato, establece que este es indeterminado 4.
b) En la cláusula 8 del mismo negocio jurídico las partes estipularon que “[e]l
concedente se compromete a asignar cuatro mil (4.000) cupos de cobertura
educativa por 20 años o su correspondiente remuneración, con sujeción al tope
máximo de los valores asignados por el Ministerio de Educación Nacional para que
sean atendidos en la Institución Educativa por parte del concesionario, por cada año
escolar, valores que serán cancelados con recursos del Sistema General de
Participación (SGP) o con recursos propios (…)” (fl. 38 cdno. no. 3).
3 Al respecto, puede consultarse el artículo 187 del CPACA, norma cuyo texto es del siguiente tenor:
“ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La sentencia tiene que ser motivada. (…).
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las
excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la non reformatio in pejus (…).” (mayúsculas
fijas y negrillas del original).
4 La cláusula 7 del contrato de concesión no. 768 de 2010, es del siguiente tenor: “CLÁUSULA 7 –
VALOR DEL CONTRATO: El presente contrato es de valor indeterminado.” (fl. 38 cdno. no. 3 –
mayúsculas sostenidas y negrillas del original).
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c) A su turno, la cláusula 10 del referido contrato determinó que “la contraprestación
a favor del concedente la constituye la continua y eficiente prestación del servicio
en la Institución Educativa por cuenta y riesgo del concesionario durante todo el
término de duración del contrato de concesión, a cambio de los derechos que
adquiere por virtud de este contrato” (fl. 38 ibidem).
d) En los términos en que las partes acordaron la remuneración del mencionado
contrato de concesión no. 768 de 2010, es claro que el registro presupuestal y
monto de este dependía del número de cupos que se debieran asignar con sujeción
de los valores asignados por el Ministerio de Educación por cada año escolar, sin
que en modo alguno se señalara o se estableciera en el texto de dicho negocio
jurídico un trámite administrativo que hubiera adelantado la entidad contratante o
debiera hacerlo para efectos de solicitar tales valores por parte de la Nación.
e) Sin perjuicio de lo anterior, advierte la Sala que la ausencia o falta de registro
presupuestal es una carga de exclusivo resorte de la entidad contratante, en este
caso, del municipio de Bello (Antioquia) y, constituye el respaldo de la existencia de
los recursos necesarios para la ejecución del objeto contratado, de manera que tales
dineros no puedan ser destinados para otras actividades, bienes, servicios u
obligaciones de la administración, sin que ello en modo alguno constituya un
elemento que afecte ni la existencia ni tampoco la validez o perfeccionamiento del
contrato ya que, se trata de un deber y responsabilidad de los funcionarios que
puede conducir al desconocimiento de las normas presupuestales y a la infracción
de los postulados disciplinarios, por tanto las consecuencias del incumplimiento o
inobservancia del deber legal afectan las conductas del servidor público concernido
con el asunto pero no la validez del respectivo negocio jurídico.
Lo anterior, por cuanto, según las disposiciones del Estatuto Orgánico de
Presupuesto (Decreto 111 de 1996), el registro presupuestal es tan solo una
operación administrativa, consistente en anotar o consignar en el correspondiente
libro anual de ejecución presupuestal una novedad atinente a la afectación de una
determinada partida o rubro presupuestal por razón de una obligación previamente
constituida, por consiguiente en modo alguno se trata de una actuación que
determine ni la existencia ni mucho menos la validez de la obligación previamente
contraída, como por ejemplo de carácter contractual.
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f) En efecto, de acuerdo con lo dispuesto expresa y puntualmente en el artículo 41
de la Ley 80 de 1993 5, para la Sala es claro que los contratos estatales se
perfeccionan cuando en ellos converjan los elementos esenciales que determinan
su existencia, el acuerdo de voluntades se limita al objeto y la contraprestación, y
siempre que conste por escrito el negocio jurídico existe, razón por la cual el
contrato es ejecutable cuando se obtenga la aprobación de las garantías y el registro
presupuestal.
Esta Corporación en un caso similar al presente 6, aplicó la tesis reiterada en torno
a la imposibilidad de configurar la nulidad de los negocios jurídicos por motivo de la
ausencia del registro presupuestal7.
g) De acuerdo con lo anterior, es claro entonces que la ausencia de registro
presupuestal no conlleva a la nulidad del contrato estatal, puede conducir a la
acreditación de un incumplimiento en la obligación de pago e incluso a una posible
infracción disciplinaria, pero, no a la nulidad del respectivo negocio jurídico, como
equivocadamente lo pretende la entidad demandada.
h) En el presente asunto, la entidad demandada pasa por alto que en el texto del
negocio jurídico objeto de demanda se estableció claramente que el monto del valor
del mismo era indeterminado, así como también que los compromisos de pago
estaban sujetos y dependían directamente “del tope máximo de los valores
asignados por el Ministerio de Educación” (fl. 38 cdno. no. 3), aspectos estos que
5 El texto de la norma en comento es como sigue: “ARTÍCULO 41- Del Perfeccionamiento del
Contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la
contraprestación y este se eleve a escrito.
Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las
disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos
de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El
proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF
y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. (…).” (negrillas y mayúsculas sostenidas
del original).
6 Sentencia del Consejo de Estado - Sección Tercera – Subsección A del 6 de julio de 2022,
expediente 47001-23-31-000-2011-00037-01 (54.711), MP José Roberto Sáchica Méndez.
7 Al respecto pueden consultarse, entre otras las siguientes sentencias del Consejo de Estado:
Sección Tercera: i) del 28 de septiembre de 2006, expediente 15307, MP Ramiro Saavedra Becerra;
ii) del 30 de julio de 2008, expediente 23.003, MP Mauricio Fajardo Gómez; iii) del 28 de febrero de
2013, expediente 22.892, MP Carlos Alberto Zambrano Barrera; iv) del 12 de agosto de 2014,
expediente 28565, MP Enrique Gil Botero; v) del 9 de octubre de 2014, expediente 31382, MP Stella
Conto Díaz del Castillo; vi) del 12 de noviembre de 2014, expediente 73001233100020030066701
(34.324), MP Hernán Andrade Rincón (E); vii) 29 de enero de 2014, expediente 88001-23-31-000-
2002-00125-01 (27.263), MP Carlos Alberto Zambrano Barrera, y viii) del 27 de mayo de 2015,
expediente 50001-23-31-000-2008-00031- 01 (38600), MP Hernán Andrade Rincón (E).
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nada tienen que ver con el registro presupuestal indispensable para suscripción del
negocio jurídico, como erradamente lo propone aquella con el recurso de apelación.
i) En ese sentido, ante la falta de prosperidad de la petición de nulidad absoluta del
contrato de concesión no. 768 de 2010 por el hecho de no contar con registro
presupuestal ya que, se insiste, se trata de un requisito para la ejecución del negocio
jurídico, más no de validez ni de perfeccionamiento, se desestima tal planteamiento
y solicitud por ausencia de mérito.
2.2 Hechos probados
Examinadas las pruebas allegadas al proceso, se encuentran probados los
siguientes hechos relevantes para la adopción de la decisión:
1) El 12 de febrero de 2009, el secretario de educación para la cultura del municipio
de Bello (Antioquia) certificó que debido a la insuficiencia de cupos escolares en el
sector oficial las comunas que requerían mayor cobertura y cantidad de cupos
escolares a atender eran las números 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y zona rural (fl. 584 cdno.
no. 3).
2) El 5 de abril de 2010, mediante la Resolución no. 787 el municipio de Bello
adjudicó la licitación pública no. 01 de 2010 con el objeto de otorgar un contrato de
concesión para la prestación del servicio de cobertura educativa en el colegio que
se construya por particulares en las comunas números 6 y 7, con reversión al
municipio (fls. 106 y 107 ibidem).
3) El 1° de septiembre de 2010, el municipio de Bello y la Fundación El Taller de
Los Niños suscribieron el contrato de concesión no. 768 cuyo objeto consistía en
“otorgar por parte del concedente y a favor del concesionario la concesión para la
prestación del servicio de cobertura educativa en colegio que se construya por
particulares en las comunas número seis (6) y siete (7), con reversión a favor del
municipio de Bello, actividades que el concesionario deberá desarrollar por su
cuenta y riesgo en el inmueble que para el efecto construya, previa individualización
e identificación que de este se haga” (fls. 36 y 37 cdno. no. 3), con valor
indeterminado y en un plazo de veinte (20) años.
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4) El 6 de septiembre de 2010, el director operativo de cartera y secretario del
Comité de Crédito del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) certificó que
“el contrato de concesión número 768 de 2010, cuyo objeto es la concesión para la
prestación del servicio de cobertura educativa, por un término de 20 años, suscrito
entre el MUNICIPIO DE BELLO Y LA FUNDACIÓN EDUCATIVA EL TALLER DE
LOS NIÑOS, hace parte de la garantía de los créditos aprobados y desembolsados
por el IDEA a la FUNDACIÓN EDUCATIVA EL TALLER DE LOS NIÑOS” (fl. 110
ibidem – mayúsculas del original).
5) El 28 de septiembre de 2010, el municipio de Bello a través de la secretaría de
educación, junto con la interventoría del contrato, aprobaron los diseños de la
institución educativa El Taller de Los Niños (fls. 111 y 112 cdno. no. 3).
6) El 1° de octubre de 2010, las partes suscribieron el acta de terminación de la
etapa previa (fls. 113 y 114 ibidem).
7) El 4 de octubre de 2010, las partes suscribieron el acta de inicio de la etapa de
construcción (fl. 115 cdno. no. 3).
8) El 14 de octubre de 2010, la Fundación El Taller de Los Niños y el IDEA
suscribieron el contrato de empréstito no. 0147 con el objeto de destinar la suma de
dos mil quinientos millones de pesos ($2.500´000.000) en la construcción y dotación
de la sede educativa, y como garantía para el pago del mismo la Fundación El Taller
de Los Niños pignoró los derechos económicos del contrato de concesión no. 768
de 2010 (fls. 116 a 123 ibidem).
9) El 14 de marzo de 2011, con presencia del personal de la secretaria de educación
del municipio de Bello se llevó a cabo una visita técnica en la Institución Educativa
San Elías construida por el Fundación El Taller de Los Niños en cumplimiento del
citado contrato de concesión no. 768 de 2010, documento en el que se consignó a
modo de conclusiones lo siguiente:
“La institución cumple con los índices de ocupación y construcción sin
ningún problema, y dado que estos todavía se encuentran en un nivel y el
índice de construcción es bajo, puede plantearse la dotación nuevos
espacios, como zona de parqueos de vehículos, placa deportiva, etc.
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La institución cumple con el área mínima por estudiante.
La institución puede albergar aún más estudiantes pues tiene capacidad
para 1600 alumnos por jornada.
La institución cumple con el número de 1 unidad sanitaria por 25
estudiantes” (fls. 138 a 140 cdno. no. 3).
10) El 4 de abril de 2011, la Fundación El Taller de los Niños comunicó al alcalde
del municipio de Bello que para el año 2010 la operación de la Institución Educativa
San Elías arrojó un déficit de doscientos millones de pesos ($200´000.000), tanto
por el pago de los intereses del contrato de empréstito suscrito con el IDEA para el
financiamiento de la ejecución del contrato de concesión no. 768 de 2010, como por
los gastos del inicio del programa de inteligencia emocional para la atención de los
estudiantes y formación docente, recursos que eran indispensables para la
continuación de la ejecución de la cobertura educativa en el municipio.
Adicionalmente, le solicitó al alcalde del municipio de Bello que, en el momento en
que no se pueda cumplir con los cupos educativos, procediera con la compensación
en dinero y/o tiempo de ejecución adicional para no desestabilizar económicamente
el contrato (fls. 141 a 147 ibidem).
11) El 8 de abril de 2011, el curador urbano primero del municipio de Bello mediante
la Resolución no. C1L-376-2011 otorgó licencia de construcción en la modalidad de
obra nueva para la construcción de la Institución Educativa San Elías a la Fundación
El Taller de Los Niños (fls. 151 a 153 cdno. no. 3).
12) El 12 de abril de 2011, la Fundación El Taller de Los Niños a través del oficio
con radicación no. 7772 solicitó el alcalde del municipio de Bello el cumplimiento de
lo pactado con el contrato de concesión no. 768 de 2010, en el sentido de asignar
los cupos de cobertura educativa o trasladar los asignados por el Ministerio de
Educación para que fueran atenidos en la institución educativa por parte del
concesionario (fls. 160 a 165 ibidem).
13) El 25 de abril de 2011, las partes suscribieron al acta de terminación de la etapa
de construcción, documento en el que se constató y registró lo siguiente:
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“El concesionario presentó licencia de construcción (…).
El municipio realizó revisión periódica de la ejecución del proyecto y el
cumplimiento del plan de inversión propuesto por el concesionario.
Se verifica que el concesionario ha dotado la totalidad de las aulas de
clase propuestas en el proyecto.
El concesionario ha cumplido con los cronogramas y obras que se
incluyen en el plan de inversión.
Las obras se han desarrollado con suficiente personal, equipo y seguridad
industrial necesarios para las actividades desarrolladas en la
construcción.
El concesionario entregó al municipio los ensayos de los materiales
utilizados en obra previa revisión de la interventoría interna del proyecto
de construcción.
La interventoría de la construcción presentó informe bimensual detallado
de las actividades realizadas en obra, con el respectivo registro fotográfico
y evidencias de ejecución del mismo.
El concesionario conoce su obligación de mantener en buen estado la
construcción y el municipio verificará periódicamente que se cumpla con
el mantenimiento de las mismas” (fls. 351 y 352 cdno. no. 3).
14) El 26 de abril de 2011, las partes suscribieron el acta de inicio de la etapa de
explotación (fl. 353 ibidem).
15) El 27 de abril de 2011, el municipio de Bello por conducto del secretario de
educación mediante el oficio con radicación no. SAC 19667, en respuesta de la
petición presentada por la concesionaria, determinó que era imposible conceder el
traslado de estudiantes por existir expresa prohibición (fls. 349 y 350 cdno. no. 3).
16) El 20 de septiembre de 2011, el IDEA a través de la dirección operativa de
cartera requirió a la secretaria de educación del municipio de Bello para que
remitiera el programa de pagos de los cuatro mil cupos (4.000) estudiantiles
correspondientes al año 2012 del contrato de concesión no. 768 de 2010, debido a
que el referido negocio jurídico era la fuente de pago directa para cubrir la deuda
adquirida con el IDEA (fl. 369 ibidem).
17) El 27 de septiembre de 2011, las Secretarías de Educación y Hacienda del
Municipio de Bello (Antioquia) en respuesta al requerimiento realizado por el IDEA
informaron que a partir del año 2012 se daría cumplimiento al contrato de concesión
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no. 768 de 2010, así como también al pago de la cobertura educativa a partir del
mes de marzo de 2012 en un 30% del valor total y “el restante será pagado en
cuotas mensuales hasta el cumplimiento del valor del contrato” (fl. 370 cdno. no. 3).
18) El 3 de octubre de 2011, mediante la Resolución no. 1291 la Secretaría de
Educación del Municipio de Bello autorizó a la Institución Educativa San Elías
realizar el cobro de las tarifas anuales de matrícula y pensión dentro del régimen
“Libertad Regulada” (fls. 371 a 372 vlto. ibidem).
19) El 23 de noviembre de 2011, la interventoría del contrato de concesión no. 768
de 2010 evidenció el cumplimiento del 100% de las obligaciones adquiridas por el
concesionario (fls. 374 a 378 cdno. no. 3).
20) El 8 de febrero de 2012, la Fundación El Taller de Los Niños requirió al municipio
de Bello el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la suscripción del
contrato de concesión no. 768 de 2010 e informó que sin el pago de las cuentas
radicadas en diciembre de 2011 y febrero de 2012 se vería obligada a solicitar al
Ministerio de Educación autorización para la suspensión de las labores académicas
(fls. 395 a 403 ibidem).
21) El 13 de marzo de 2012, a través de la Resolución no. 20120623 el secretario
de educación del municipio de Bello reconoció y ordenó el pago de mil quinientos
millones de pesos ($1.500´000.000) a la Fundación El Taller de Los Niños en
atención a que con la suscripción del contrato de concesión no. 768 de 2010 el
municipio se había comprometido a la asignación de cuatro mil (4.000) cupos de
cobertura educativa por veinte (20) años o su correspondiente remuneración (fls.
404 a 406 cdno. no. 3).
22) En los meses de abril y mayo del año 2012, la interventoría del contrato de
concesión no. 768 de 2010 evidenció el cumplimiento del 100% de las obligaciones
adquiridas por el concesionario (fls. 4074 a 410 y 411 a 414 ibidem).
23) El 6 de junio de 2012, la Fundación El Taller de Los Niños presentó al municipio
de Bello una solicitud de arreglo directo por medio de que no había podido obtener
el pago de la remuneración del periodo correspondiente al año 2011, así como
23
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tampoco el pago oportuno de las cuentas presentadas en el año 2012, documento
en el que se presentó como fórmula para un arreglo directo lo siguiente:
“a) Acordar la cancelación de los dineros adeudados correspondientes a
la vigencia del contrato por el año 2011 no cancelados y que suma
CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES ($4.820.000.000).
b) Acordar los pagos pendientes y los pagos por venir correspondientes a
la vigencia del año 2012, que a la fecha están pendientes por pago una
suma cercana a TRES MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS
($3.800.000.000).
c) Negociar a favor del municipio las instalaciones locativas del COLEGIO
SAN ELÍAS, más su correspondiente inmobiliario y bienes accesorios,
para lo cual se acordará un valor entre las partes o forma de evaluarlo.
d) Ceder el contrato de concesión a favor del municipio para lo cual se
requiere llegar a una fórmula de terminación del contrato con su
correspondiente indemnización.
e) Acordar la cesión de la deuda al IDEA”. (fls. 418 a 419 cdno. no. 3 –
mayúsculas sostenidas y negrillas del original).
24) El 3 de agosto de 2012, con radicación no. 0201217732, la Fundación El Taller
de Los Niños pidió al municipio de Bello la suspensión unilateral del contrato de
concesión no. 768 de 2010 con apoyo en lo dispuesto en la cláusula 50 del referido
negocio jurídico, “por cuanto mientras no sean provistos los recursos por parte del
municipio, se impide total y absolutamente la operación de LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SAN ELÍAS, además del cumplimiento de las obligaciones que se
tienen contraídas con EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA
“IDEA”” (fls. 420 a 421 ibidem – mayúsculas sostenidas del original).
En ese contexto, según lo acreditado en el expediente, procede la Sala a resolver
el problema jurídico consistente en determinar si la obligación del municipio de Bello
(Antioquia) de otorgar cuatro mil (4.000) cupos estudiantiles o su respectiva
remuneración, hacía parte de los riesgos asumidos por el concesionario por el
hecho de comprometerse a ejecutar el objeto contratado por su cuenta y riesgo.
Adicionalmente, se determinará si con las pruebas que conforman el expediente
está acreditado el incumplimiento de las obligaciones a las que se comprometió el
concesionario por el hecho de suspender la ejecución del contrato de concesión no.
768 de 2010 y, si resulta o no procedente y fundado el reconocimiento de intereses
24
Expediente no. 05001-23-33-000-2014-01023-01 (69.042)
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moratorios y, consecuencialmente, si es o no coherente establecer que los intereses
se comienzan a causar desde la ejecutoria de la sentencia de primera instancia
porque la condena fue en abstracto o, si aquellos se causan a partir de la ejecutoria
de la decisión del respectivo incidente de liquidación.
2.3 Análisis específico de la impugnación
2.3.1 La obligación de remuneración
Para proceder con la determinación del cumplimiento o no del contrato no. 768 de
2010 es preciso partir del examen de los elementos que conforman el contenido y
alcance del objeto, las obligaciones y la forma de pago del contrato como se explica
a continuación:
1) El pliego de condiciones para la licitación pública no. 01 de 2010, en los acápites
correspondientes al presupuesto y a la retribución del proyecto expresamente
estipuló lo siguiente:
“1.3 PRESUPUESTO
Por tratarse de una licitación por el sistema de concesión, en donde el
concesionario se obliga por su cuenta y riesgo a aportar la infraestructura
requerida y desarrollar a todo costo las labores necesarias para tal
operación, la Administración Municipal, Secretaría de Educación para la
Cultura, garantizará al concesionario la prestación del servicio de
cobertura educativa durante el tiempo que dure la concesión en la
institución educativa que se construya en las comunas 6 y 7, con reversión
al Municipio de Bello, hasta un cupo mínimo de 4000 alumnos, para lo
cual reconocerá, como asignación la que defina el Gobierno Nacional, en
la correspondiente tipología por alumno atendido y por calidad educativa,
financiados total o parcialmente con los recursos recibidos por
transferencias con destinación específica del sistema general de
participaciones, con recursos propios u otros que puedan concurrir o en
su defecto cualquiera otra modalidad de contraprestación que se acuerde
diferente, en consideración a los alumnos que sean atendidos por el
concesionario, acorde a lo señalado en el artículo 32 numeral 4 de la Ley
80 de 1993, en armonía con lo dispuesto en el Decreto Nacional no. 2355
de 24 de junio de 2009.
(…).
4.1. RETRIBUCIÓN
El proponente indicará el porcentaje único que recibirá como retribución
por los servicios prestados expresado como un porcentaje fijo del total de
los Alumnos atendidos durante la ejecución del contrato de concesión.
25
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Apelación de sentencia
(…).
El municipio de Bello Secretaría de Educación garantizará como
mínimo 4000 alumnos, de no llegar a este tope, deberá garantizarse
con otros servicios de acuerdo a las necesidades de la Secretaría de
Educación.
En la preparación de la oferta, el proponente deberá tener en cuenta todos
los impuestos, derechos y otros cargos que se le causaren por concepto
de la ejecución del contrato, los cuales se entenderán incluidos en el valor
total de la oferta (…)” (fls. 221 y 236 cdno. no. 3 – mayúsculas sostenidas
y negrillas adicionales).
2) A su turno, en la respectiva propuesta económica presentada por la Fundación
El Taller de Los Niños al municipio de Bello se consolidó así:
“Los resultados sobre la viabilidad económica y financiera del
proyecto en cuanto a las cifras arrojadas en la TASA INTERNA DE
RETORNO y del VALOR PRESENTE NETO se presentaran a
continuación, siempre y cuando los ingresos por cobertura
Educativa se den por 20 años, para un número de estudiantes
mínimo de 4.000 y que las variables macroeconómicas, expectativas
de crecimiento en costos y gastos de operación se den de acuerdo
a lo contemplado en la evaluación, de pronto bajo otras
consideraciones que generen cambios significativos no será posible
la recuperación de la totalidad de la inversión prevista.
(…).
EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO INICIAL
FLUJO DE CAJA LIBRE DEL INVERSIÓN INICIAL
PROYECTO
Periodos considerados (semestres) 40
Inversión de la propuesta en pliegos $7.588.612*
Valor presente neto del proyecto (VPN) $2.113*
Tasa interna del proyecto (TIR) semestral 7.2%
Tasa interna del proyecto (TIR) anual 14.9%
EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO PROPUESTO
FLUJO DE CAJA LIBRE DEL INVERSIÓN INICIAL
PROYECTO
Periodos considerados (semestres) 40
Inversión de la propuesta en pliegos $8.605.037 8
Valor presente neto del proyecto (VPN) $1.553 9
Tasa interna del proyecto (TIR) semestral 7.1%
Tasa interna del proyecto (TIR) anual 14.7%
(…).
8
Los valores de la tabla trascrita están expresados en miles de millones de pesos.
9
Ibidem.
26
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Apelación de sentencia
Como puede apreciarse los resultados arrojados en la Evaluación
Económica y Financiera del Proyecto de Inversión, el proyecto llega
exactamente a su punto de equilibrio en un horizonte de 20 años, es
cuando la inversión en su proceso de las condiciones de reversión del
activo logra recuperarse vía gene4ración de caja libre y es por lo tanto
que la factibilidad para los inversionistas se asegura siempre y cuando se
garantice unos ingresos mediante la celebración de un contrato por
cobertura educativa bajo ese lapso de tiempo.
La tasa interna del proyecto del 14,9% se hace igual al costo de capital o
tasa de descuento siempre y cuando se garantice un horizonte de veinte
años, un contrato de cobertura educativa que garantice los ingresos
futuros y unas condiciones de gestión gerencial adecuadas 10.
RESUMEN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
En resumen nuestra propuesta mejora sustancialmente la propuesta del
municipio, ya que el área construida ajustándola a los requerimientos
exigidos por el Ministerio de Educación nacional para ambientes
escolares ya que pasamos de 4306 m2 construidos a 5557 m2, la
inversión del proyecto del municipio la mejoramos en su construcción
inicial ya que pasamos de $3.600.000.000 propuestos a $4.706.000.000
en el proyecto de la fundación, la inversión final durante todo el proyecto
la mejoramos ya que pasamos de una inversión propuesta de
$7.588.612.000 a $8.605.037.000 y mantenemos la TIR del proyecto ya
que el propuesto era de 14,7% y lo mantenemos en el 14,9%” (fl. 286
cdno. no. 3 – negrillas y mayúsculas sostenidas del original).
3) El contrato de concesión no. 768 de 2010 suscrito entre el municipio de Bello y la
Fundación El Taller de Los Niños se compone de tres (3) etapas, una previa de
duración máxima de seis (6) meses11; una de construcción, de extensión máxima
...
10 Adicionalmente, en el acápite de la conclusión a la propuesta presentada por la Fundación El Taller
de Los Niños, esta indicó que “[c]omo la administración municipal no tendrá que invertir ningún
recurso, el éxito para el desarrollo del proyecto es la garantía de poder contar con los 4000 cupos
fijos durante la ejecución del mismo, o sea 20 años y revertir el inmueble al municipio con sus
dotaciones” (fl. 263 cdno. no. 3).
11 De acuerdo con lo dispuesto en las cláusulas 22 y 24 del referido contrato de concesión, la etapa
previa “[e]s la etapa no operativa de ejecución contractual en la que el concesionario debe ejecutar
todos los actos preparatorios para iniciar la ejecución de las obligaciones previstas en la Etapa de
Construcción. Sin perjuicio de lo anterior, durante la Etapa Previa las partes deben cumplir con todas
las obligaciones que, sin encontrarse contenidas en el presente capítulo, resulten aplicable de
acuerdo con los términos establecidos en el presente contrato” y, se compone de la siguientes
actividades: “24.1 CONSECUCIÓN DEL PREDIO: El concesionario garantizará que cuenta con un
inmueble adecuado para la ejecución de las labores correspondientes a la Etapa Previa y para la
Construcción de la Institución Educativa (…) 24.2 SOLICITUD DE LA LICENCIA O LICENCIAS DE
CONSTRUCCIÓN (…) 24.3 APROBACIÓN DEL DISEÑO POR PARTE DEL CONCEDENTE (…)”
(fls. 44 y 45 cdno. no. 3 – mayúsculas sostenidas del original).
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de seis (6) meses12 y la de explotación cuyo plazo es de veinte (20) años; las
primeras dos (2) etapas no se contabilizan dentro del plazo de la concesión y son
denominadas no operativas 13.
4) Complementariamente, en los términos de la cláusula 31 del contrato objeto de
análisis, una vez se suscribiera el acta de verificación del cumplimiento de las
actividades correspondientes de la etapa de construcción, requisito para la
suscripción del acta de finalización de la etapa de construcción, era posible la
formalización del acta de inicio de la etapa de explotación.
5) Según las pruebas del proceso, el 9 de abril de 2011 entre el interventor y el
contratista se suscribió el acta de verificación de cumplimiento de la etapa de
construcción, documento en el que se dejó constancia de la ejecución de todas las
actividades del plan de inversión de dicha fase (fls. 155 y 156 cdno. no. 3),
circunstancia por la cual el 26 de abril de 2011 se suscribió el acta de inicio de la
etapa de explotación (fl. 353 ibidem).
Las actividades adelantadas en la etapa preoperativa y de construcción, de acuerdo
con la información inicial del proyecto, consistieron en la adquisición del terreno, la
construcción del colegio, la dotación de las instalaciones de la institución y los
costos de capital de trabajo, labores que sin contar las inversiones durante la
ejecución del proyecto pueden estar cerca de la suma de $6.629.000.000 14, pues
existe una diferencia entre el valor del proyecto y el valor de la oferta seleccionada
12 La cláusula 25 del contrato de concesión no. 768 de 2010 dispone expresamente lo siguiente:
“CLÁUSULA 25.- ALCANCE DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: Es la etapa no operativa de
ejecución contractual, es decir, cuya duración no se encuentra incluida dentro del plazo de la
concesión, en la que el Concesionario debe ejecutar las actividades del Plan de Inversión y que
corresponden a la ejecución de las obras, incluyendo, sin limitación, la adecuación del terreno previa
a la construcción, suministros, montajes y preinstalaciones que se describen de manera expresa en
los pliegos de condiciones y en la oferta del presente contrato de concesión” (fl. 45 cdno. no. 3 -
mayúsculas sostenidas y negrillas del original).
13 De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 21 del contrato de concesión no. 768 de 2010:
“CLÁUSULA 21.- ETAPAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Para efectos de la ejecución o,
su desarrollo se encuentra dividido en tres (3) etapas diferentes así: (i) Etapa Previa; (ii) Etapa de
Construcción; y (iii) Etapa de Explotación. De las tres etapas, las dos primeras, es decir, la Eta Previa
y la Etapa de Construcción, se consideran como Etapas no operativas, es decir, no incluidas dentro
del plazo de la concesión” (fl. 44 cdno. no. 3 - mayúsculas sostenidas y negrillas del original).
14 El valor al que se hacer referencia se extrae de la información presentada en la oferta de la
Fundación El Taller de Los Niños, concretamente, con el detalle del acápite correspondiente al valor
del proyecto “[e]l costo total del proyecto es de $7.897.000.000, donde la construcción del colegio
cuesta $3.600.000.000, el terreno cuesta $1.200.000.000, las dotaciones, muebles y enseres,
software, maquinaria y equipo $1.356.000.000, los preoperativos cuestan $113.500.000, las
inversiones durante la ejecución del proyecto cuestan $1.268.000.000 y el capital de trabajo es de
$360.800.000.” (fl. 259 cdno. no. 3).
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de $708´037.000 15 (el valor del proyecto era de $7.897.000.000 16 mientras que el
de la oferta fue de $8.605´037.000 17).
6) Suscrita como fue el acta de inicio de la etapa de explotación, surgió la obligación
del municipio de realizar la asignación de los cuatro mil (4.000) cupos estudiantiles
o el pago del valor que a ello correspondiera, pues, para ese momento, se insiste
en que el concesionario ya había ejecutado todas las actividades del plan de
inversión 18 y solo le restaba el cumplimiento de la operación de la institución
educativa San Elías, denominada etapa de explotación por un periodo de veinte (20)
años para luego adelantar la reversión de la infraestructura afectada al servicio de
educación en favor del municipio de Bello 19.
En este preciso punto de análisis es indispensable señalar que, de acuerdo con el
contrato de concesión no. 768 de 2010 la inversión completa a cargo de la
Fundación El Taller de Los Niños se efectuaba con el avance de las etapas
preoperativa y de construcción, antes de que se diera paso a la ejecución del
contrato que correspondía al inicio de la etapa de explotación, luego, los veinte (20)
años de plazo del referido contrato correspondían al periodo de tiempo en el que el
concesionario retribuía la totalidad de la inversión realizada y se lucraba de tales
actividades a una tasa interna de retorno del 14,9%.
15 Valor extraído de la información visible en el folio 259 del cuaderno no. 3.
16 Ibidem.
17 Valor extraído de la información visible en el folio 259 del cuaderno no. 3.
18 La cláusula 31 señala lo siguiente: “CLÁUSULA 31.- SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE
LA ETAPA DE EXPLOTACIÓN: Tan pronto se suscriba el Acta de Verificación correspondiente a
todas las actividades del Plan de Inversión de la etapa de construcción, se cuente con el personal
necesario para la operación y mantenimiento de la Institución Educativa y se encuentre copada en
un cien (100%) la asignación de cuatro mil (4.000) cupos, el concesionario, el Concedente y el
Interventor deberán suscribir el Acta de Inicio de la Etapa de Explotación y, para todos los efectos
de este Contrato, se dará el cambio de Etapa. Si las actividades del Plan de Inversión culminan antes
de cumplirse el plazo estimado para la Etapa de Construcción, se procederá a suscribir el Acta de
Inicio de la Etapa de Explotación y a cambiar la Etapa sin que este hecho implique una disminución
del plazo de la concesión, el cual no podrá contarse antes del primer día del inicio del calendario
académico en que comience a prestar servicios la institución.” (fl. 48 y 49 ibidem – mayúsculas y
negrillas sostenidas).
19 En los términos de la cláusula 51 del contrato de concesión no. 768 de 2010 “[u]na vez finalizado
el término de ejecución de la concesión de acuerdo con lo dispuesto en el presente contrato, nace
para el concesionario la obligación de proceder con la reversión y re4stitución de la institución
educativa, así como de los bienes que la conformaban al momento de la entrega por parte del
concedente y de todas las obras y todos aquellos bienes muebles e inmuebles incorporados a la
concesión por el concesionario y que el concesionario tenga afectos a su operación, mantenimiento
y explotación” (fl. 57 cdno. no. 3).
29
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7) En concordancia con lo anterior, en el inciso segundo de la cláusula 8 del contrato
de concesión no. 768 de 2010 las partes pactaron expresamente que “[e]l
concedente se compromete a asignar cuatro mil (4.000) cupos de cobertura
educativa por 20 años o su correspondiente remuneración, con sujeción al tope
máximo de los valores asignados por el Ministerio de Educación Nacional para que
sean atendidos en la institución educativa por parte del concesionario, por cada año
escolar, valores que serán cancelados con recursos del Sistema General de
Participación (SGP) o con recursos propios” (fl. 38 ibidem).
8) Complementariamente, en el inciso tercero de la cláusula 8 del referido negocio
jurídico se estipuló que “[e]l concesionario entiende y acepta incondicionalmente
que el monto de su remuneración remunera y retribuye íntegramente las
obligaciones y los riesgos por él asumidos con ocasión del presente contrato de
concesión y que la concesión no contempla o requiere de aportes, pagos o
compensaciones adicionales por parte del concedente y a favor del concesionario”
(ibidem).
9) En consonancia con lo antes expresado, en la cláusula 10 del contrato de
concesión no. 768 de 2010 prevé que la contraprestación en favor del concesionario
“la constituye la continua y eficiente prestación del servicio en la institución
educativa por cuenta y riesgo del concesionario durante todo el término de
educación del contrato” (fl. 38 ibidem).
10) En ese contexto, la cláusula 12 del contrato de concesión no. 768 de 2010
relaciona, expresa y puntualmente, los efectos favorables o desfavorables de los
riesgos que asume el concesionario con ocasión de la suscripción del negocio
jurídico objeto de análisis, así:
a) Financiación con la que deberá contar el concesionario para el cumplimiento de
sus obligaciones.
b) Alteración de las condiciones de financiación como consecuencia de los cambios
en las variables del mercado.
c) Cambios en la normatividad aplicable al caso.
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d) Alteración de los precios de los insumos, equipos, materiales, mano de obra, etc.
e) Cambio en el cronograma de obra.
f) Mantenimiento de las obras, en cuanto a que los costos de la operación y el
mantenimiento resulten mayores a los proyectados por el concesionario al momento
de presentar la propuesta.
g) Cambios regulatorios, administrativos, legales o constitucionales.
h) Obtención de permisos y licencias requeridos.
i) Eventos asegurables de fuerza mayor y caso fortuito sobre la ejecución del
contrato.
j) Daños, perjuicios o pérdidas de los bienes de su propiedad causados por terceros.
11) Del análisis de los apartes del contrato de concesión no. 768 de 2010 a los que
se ha hecho referencia, se advierte que una cosa es la remuneración del
concesionario y, otra, muy distinta, el valor del negocio jurídico.
Desde el pliego de condiciones, el municipio de Bello fue claro en establecer como
obligación propia la asignación y reconocimiento de mínimo cuatro mil (4.000) cupos
estudiantiles o su equivalencia en dinero para la ejecución del contrato de
concesión, sin que en modo alguno se determinara una obligación en cabeza del
concesionario tendiente a condicionar y supeditar dicho cumplimiento con
resultados de otra índole, como por ejemplo la captación de mayor número de
alumnos que llegasen a matricularse como resultado de la información entregada a
la comunidad, pues, se insiste, para el momento en que surgía la obligación del
municipio, esto es, con la suscripción del acta de inicio de la etapa de explotación,
la contratista ya había efectuado el cumplimiento del total del plan de inversiones,
restando tan solo las actividades correspondientes a la ejecución de la concesión
que se efectuarían dentro del plazo de los veinte (20) años del referido contrato.
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12) Por lo tanto, de la propuesta económica presentada por la parte actora se
desprende que los números del proyecto financiero se mantenían siempre y cuando
se contara con mínimo 4.000 estudiantes durante el término de ejecución del
contrato de concesión o su valor correspondiente, es decir, que sin perjuicio de que
la comunidad no concurriera con el número mínimo de estudiantes matriculados, el
funcionamiento de la institución se sustentaba con el cumplimiento de la obligación
remunerativa asumida por el municipio de Bello.
13) La Sala advierte igualmente que, de la relación de los riesgos asumidos en
cabeza del concesionario no hay ningún evento que releve al municipio de su
compromiso de asignar, por cada año escolar, cuatro mil (4.000) cupos estudiantiles
durante el plazo de ejecución el contrato de concesión no. 768 de 2010 y, el hecho
de que el concesionario asumiera la ejecución del objeto contratado por su cuenta
y riesgo no implicaba que el municipio no debiera concurrir al cumplimiento de sus
compromisos, pues, para que resultara materialmente posible la operación de la
institución educativa construida con ocasión del contrato de concesión no. 768 de
2010 era necesario que el municipio garantizara el mínimo de cupos estudiantiles.
2.3.2 El cumplimiento de contrato de concesión por parte del concesionario
En los términos del recurso de apelación formulado por parte del municipio de Bello
(Antioquia), el concesionario incumplió con las obligaciones adquiridas con la
suscripción del contrato de concesión no. 768 de 2010 por el hecho de haber
suspendido la ejecución del contrato de concesión en forma unilateral.
Para resolver la cuestión puesta a consideración, es preciso hacer las siguientes
consideraciones:
1) El municipio de Bello en el recurso de alzada insiste en la excepción de contrato
no cumplido, por cuanto, la suspensión de la ejecución del contrato de concesión
fue adelantada en forma unilateral por parte de la contratista.
2) La excepción de contrato no cumplido prevista en el artículo 1609 del Código
Civil, aplicable al presente asunto por remisión del artículo 13 de la Ley 80 de
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1993 20, dispone que “[e]n los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está
en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte,
o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos”.
3) La mencionada figura jurídica, si bien es propia de los contratos con régimen de
derecho privado, esta Corporación ha determinado en decisiones reiteradas que
dicha excepción es aplicable a los casos de ejecución de contratos estatales,
siempre y cuando se cumpla con los siguientes supuestos: i) que se trate de un
contrato bilateral o sinalagmático; ii) que se esté en presencia de incumplimiento de
las obligaciones a cargo de una de las partes; iii) que el incumplimiento de la entidad
estatal sea grave, de tal magnitud, que el contratista esté en imposibilidad de
concurrir al cumplimiento de las obligaciones que le son propias; iv) dicho
incumplimiento sea la fuente o causa del incumplimiento del contratista y, v) que
quien invoque la excepción demuestre el cumplimiento de tales obligaciones o por
lo menos, se allane a cumplirlas21.
En atención a las condiciones que la jurisprudencia de esta Corporación ha
establecido como requerimiento para que pueda predicarse la posibilidad de la
configuración de la excepción de contrato no cumplido, para la Sala es claro que en
el presente asunto está acreditado el hecho de que se trata de una discusión en
relación con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el municipio de Bello
con la suscripción del contrato de concesión no. 768 de 2010, esto es, en relación
con la ejecución de un contrato bilateral.
20 El artículo 13 de la Ley 80 de 1993, prevé lo siguiente: “ARTÍCULO 13. DE LA NORMATIVIDAD
APLICABLE A LOS CONTRATOS ESTATALES. Los contratos que celebren las entidades a que
se refiere el artículo 2o. del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles
pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley.
Los contratos celebrados en el exterior se podrán regir en su ejecución por las reglas del país en
donde se hayan suscrito, a menos que deban cumplirse en Colombia.” (mayúsculas sostenidas y
negrillas del original).
21 Al respecto, pueden consultarse, entre otras las sentencias de la Sección Tercera del Consejo de
Estado las de i) 11 de octubre de 2021, expediente no. 62.052, MP Alberto Montaña Plata; ii) 20 de
septiembre de 2021, expediente no. 64.940, MP Nicolás Yepes Corrales; iii) 30 de enero de 2013,
expediente no. 24.217, MP Danilo Rojas Betancoruth (E); iv) 11 de abril de 2012, expediente no.
17.511, MP Hernán Andrade Rincón; v) 19 de septiembre de 2002, expediente no. 12.726, MP
Germán Rodríguez Villamizar; vi) 15 de marzo de 2001, expediente no. 13.415, MP Ricardo Hoyos
Duque; vii) 14 de septiembre de 2000, expediente no. 13.530, MP Ricardo Hoyos Duque; viii) 17 de
octubre de 1995, expediente no. 8790, MP Stella Conto Díaz del Castillo; ix) 21 de febrero de 1992,
expediente no. 5857, MP Carlos Betancur Jaramillo y, x) 13 de abril de 1999, expediente no. 10.131,
MP Ricardo Hoyos Duque.
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4) De otra parte, la Fundación El Taller de los Niños, en condición de parte actora,
pretende la declaración de incumplimiento del municipio de Bello en la asignación
de los cuatro mil (4.000) cupos estudiantiles, como consecuencia de la imposibilidad
de llegar a un acuerdo con dicha entidad territorial.
5) Al respecto, es necesario reiterara que el contrato de concesión no. 768 de 2010
se compone de tres (3) etapas, una previa de duración máxima de seis (6) meses,
una segunda de construcción de extensión máxima de seis (6) meses y, la de
explotación cuyo plazo es de veinte (20) años, las primeras dos (2) etapas no se
contabilizan dentro del plazo de la concesión y son denominadas no operativas.
6) Ahora bien, en ese contexto fáctico y probatorio se advierte que en los términos
de la cláusula 31 del referido contrato, una vez suscrita el acta de verificación de
cumplimiento de las actividades correspondientes de la etapa de construcción, esto
es, a la ejecución de las obligaciones a cargo de la Fundación El Taller de Los Niños
correspondientes a la etapa preoperativa y de construcción, se procedía al inicio de
la etapa de explotación, momento a partir del cual comenzaba el término de
operación de veinte (20) del contrato de concesión y el municipio correlativamente
debía concurrir a la asignación de los cuatro mil (4.000) cupos estudiantiles o el
pago del valor económico correspondiente de reemplazo.
7) En este punto de análisis, es preciso anotar que las actividades del plan de
inversión, de acuerdo con la información inicial del proyecto, consistieron en la
adquisición del terreno, la construcción del colegio, la dotación de las instalaciones
de la institución y los costos de capital de trabajo, labores que sin contar las
inversiones durante la ejecución del proyecto pueden estar cerca de la suma de
$6.629.000.000 22, pues, existe una diferencia entre el valor del proyecto y el valor
de la oferta seleccionada de $708´037.000 (el valor del proyecto era de
$7.897.000.000 mientras que el de la oferta fue de $8.605´037.000), inversión que
ocupa aproximadamente un 87% del total de la oferta presentada por la contratista,
22 El valor al que se hacer referencia se extrae de la información presentada en la oferta de la
Fundación El Taller de Los Niños, concretamente, con el detalle del acápite correspondiente al valor
del proyecto “[e]l costo total del proyecto es de $7.897.000.000, donde la construcción del colegio
cuesta $3.600.000.000, el terreno cuesta $1.200.000.000, las dotaciones, muebles y enseres,
software, maquinaria y equipo $1.356.000.000, los preoperativos cuestan $113.500.000, las
inversiones durante la ejecución del proyecto cuestan $1.268.000.000 y el capital de trabajo es de
$360.800.000.” (fl. 259 cdno. no. 3).
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circunstancia por la cual era indispensable el cumplimiento de la asignación de los
cuatro mil (4.000) cupos estudiantiles o el pago del valor de los mismos, pues, para
ese momento, el concesionario ya había ejecutado todas las actividades del plan de
inversión y solo quedaba pendiente el cumplimiento de la operación de la institución
educativa San Elías, denominada etapa de explotación, por un periodo de veinte
(20) años, para luego adelantar la reversión de la infraestructura afectada al servicio
de educación en favor del municipio de Bello 23.
8) En relación con la posibilidad de suspensión de la ejecución del negocio jurídico,
la cláusula 50 del contrato de concesión no. 768 de 2010 consagra expresamente
lo siguiente:
“CLÁUSULA 50.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: Cualquiera de las
partes podrá solicitar a la otra la suspensión de la ejecución del contrato
cuando quiera que concurran causas de fuerza mayor comprobada que
impidan total y absolutamente la ejecución del contrato. Una vez solicitada
la suspensión del contrato por cualquiera de las partes, la otra deberá dar
respuesta dentro de los cinco (5) días siguientes, dando o no su
consentimiento expreso, sin que dicho consentimiento pueda ser
irrazonablemente negado. En caso de no haber acuerdo entre las partes,
el asunto será dirimido por quien corresponda según las normas que para
la solución de conflictos prevé el presente contrato” (fl. 57 cdno. no. 3 –
mayúsculas sostenidas y negrillas del original).
9) En ese marco de obligaciones, la Fundación El Taller de Los Niños, desde el 4
de abril de 2011 (fls. 141 a 147 cdno. no. 3) solicitó al municipio de Bello la
asignación de los cuatro mil (4.000) cupos estudiantiles para el debido
funcionamiento de la institución educativa San Elías, en cuya comunicación la
concesionaria recordó a la entidad territorial que tenía pendiente el pago de las
cuotas del contrato de empréstito suscrito con el IDEA para la financiación de la
construcción y dotación del colegio, actividad que ya había sido culminada y recibida
a plena satisfacción por el municipio.
23 En los términos de la cláusula 51 del contrato de concesión no. 768 de 2010 “[u]na vez finalizado
el término de ejecución de la concesión de acuerdo con lo dispuesto en el presente contrato, nace
para el concesionario la obligación de proceder con la reversión y re4stitución de la institución
educativa, así como de los bienes que la conformaban al momento de la entrega por parte del
concedente y de todas las obras y todos aquellos bienes muebles e inmuebles incorporados a la
concesión por el concesionario y que el concesionario tenga afectos a su operación, mantenimiento
y explotación” (fl. 57 cdno. no. 3).
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10) En efecto, el 14 de octubre de 2010 y el 1° de marzo de 2011 la Fundación El
Taller de Los Niños suscribió dos (2) contratos de empréstito números 147 y 0026
con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), por un valor total de
$7.200´000.000, desembolso que debía ser invertido para la construcción y dotación
de la sede educativa en un plazo de once (11) años cada uno (fls. 116 a 123 y 119
a 136 con. no. 3).
Las garantías de los mencionados contratos de empréstito se conformaban con el
beneficio de los derechos fiduciarios de los cuales es titular la Fundación El Taller
de Los Niños, en el fideicomiso “las Araucarias, en la parte que corresponde al
inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 001N-5209604
(sobre el cual se va a construir el colegio) lote denominado reserva no. 6 (…)” y “la
pignoración de los derechos económicos del contrato de cobertura educativa no.
0768 firmado con el municipio de Bello” (fls. 118 y 119 cdno. no. 3).
11) El 12 de abril de 2011, la concesionaria, a través de un derecho de petición
dirigido al alcalde del municipio de Bello puso en consideración la solicitud de
arreglo directo en relación con el incumplimiento en la asignación de los cupos de
cobertura educativa o su correspondiente remuneración (fls. 160 a 165 ibidem).
12) Tales requerimientos fueron reiterados mediante comunicaciones de 12 de
diciembre de 2011, 8 de febrero de 2012, 6 de junio de 2012, 1° de agosto de 2012
y 14 de agosto de 2012 (fls. 384 a 387, 395 a 403, 418 a 419, 420 a 421 y 422 a
467 cdno. no. 3), sin que en modo alguno el municipio de Bello concurriera a la
solución directa de la controversia suscitada y que impedía la normal ejecución del
contrato de concesión.
13) En efecto, la ejecución del contrato se suspendió “de facto” (fl. 16 cdno. no. 3),
tal como lo señaló la parte actora en el escrito de la demanda, pero, siguiendo los
pasos descritos en la cláusula 47 del contrato en relación con el arreglo directo de
. .
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discrepancias en la ejecución del mismo 24.
Adicionalmente, el inciso tercero de la cláusula 47 del contrato de concesión no. 768
de 2010 prevé que en caso de que no se llegue a un acuerdo entre las partes, “se
procederá a resolver la controversia a través de un tribunal de arbitramento en los
términos de la siguiente cláusula” (fl. 56 ibidem), esto es, la cláusula 48.
14) La Fundación El Taller de Los Niños, ante la negativa del municipio de proceder
con un arreglo directo, concurrió al tribunal arbitral en los términos de la cláusula 48
del contrato de concesión no. 768 de 2010 25, trámite que culminó el 19 de julio de
2013 por falta del pago de los honorarios y gastos del proceso a cargo de las partes
(fl. 438 cdno. no. 3), circunstancia por la cual presentó la demanda de la referencia
ante la jurisdicción contencioso administrativa en ejercicio del medio de control
jurisdiccional de controversias contractuales para dirimir la controversia en torno al
incumplimiento de parte de la entidad contratante.
15) En ese sentido, el periodo de tiempo que trascurrió entre la fecha de inicio del
contrato y el inicio de la etapa de explotación, esto es, del 1° de septiembre de 2010
al 26 de abril de 2011, fue el tiempo que se tomó la Fundación El Taller de Los Niños
para ejecutar las actividades de aprobación de los diseños, aprobación de la
licencias de funcionamiento y de construcción, adquisición del predio, construcción
de la institución educativa, dotación de la misma y disponibilidad del personal para
su funcionamiento, razón por la cual, el hecho de que para el mes de agosto de
2012 el municipio de Bello no concurriera al cumplimiento de la obligación
consistente en la asignación de los cuatro mil (4.000) cupos estudiantiles o su
24 El texto de la cláusula 47 del contrato de concesión no. 768 de 2010 es como sigue: “[e]l
concedente y el concesionario adelantarán las acciones necesarias para solucionar las controversias
en forma directa, para lo cual realizarán una reunión de arreglo directo que se llevará a cabo dentro
de los quince (15) días siguientes al día en que cualquiera de los dos manifieste por escrito al otro
su desacuerdo sobre la aplicación del correspondiente aspecto técnico y/o financiero. (…) Si como
resultado de la reunión se llega a un acuerdo se suscribirá un acta que ponga fin a la controversia
suscitada, la cual será de obligatorio cumplimiento para el concedente y el concesionario. Si por el
contrario, no se llegare a un acuerdo, se procederá a resolver la controversia a través de un tribunal
de arbitramento en los términos de la siguiente cláusula” (fl. 56 cdno. no. 3).
25 La cláusula 48 del contrato de concesión no. 768 de 20910 es del siguiente tenor: “CLÁUSULA
48.- ARBITRAMENTO: Sin perjuicio de la aplicación de las cláusulas excepcionales consagradas
en la Ley 80 de 1993, toda diferencia que no sea posible solucionar amigablemente y que no
corresponda a un asunto expresamente asignado a la decisión de los amigables componedores,
será dirimida por un tribunal de arbitramento de conformidad con las reglas que adelante se
establecen. (…)”. (fl. 56 cdno. no. 3 – mayúsculas sostenidas y negrillas del original).
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reconocimiento en valor económico, constituyó como la causa de la suspensión de
la ejecución contractual efectuada por la contratista.
16) En ese contexto, para la Sala es claro que la ejecución del contrato de concesión
entró en déficit desde el inicio de la etapa de explotación, específicamente, por
cuenta de la falta de cumplimiento de la obligación de remuneración que le asistía
al municipio de Bello (Antioquia) y, aun cuando la concesionaria en forma insistente
solicitó a la entidad contratante su cumplimiento ello no fue posible, razón por la
cual la suspensión de la ejecución del objeto negocial tramitada en el marco del
procedimiento de arreglo directo no puede ser entendida como un incumplimiento
del contrato de concesión no. 768 de 2010, pues, precisamente ante la evidente
imposibilidad de solución de un aspecto financiero que impedía la normal ejecución
del contrato era menester acudir a las formas de arreglo dispuestas para ello.
17) Es importante, además, señalar que el municipio de Bello en modo alguno
concurrió a este escenario judicial con la acreditación del cumplimiento de sus
obligaciones, así como tampoco se comprometió o allanó a su cumplimiento,
circunstancias por las cuales en el presente asunto no tiene vocación de
prosperidad la excepción de contrato no cumplido pretendida por el municipio de
Bello.
18) Asimismo, es preciso tener en cuenta que al expediente fueron aportados los
informes de las visitas realizados en los años 2010 y 2011, los informes técnicos de
avance de actividades suscritos por la interventoría correspondientes a noviembre
de 2011, abril de 2012 y mayo de 2012, así como también las actas de inicio y
terminación de la etapa previa, terminación de la etapa de construcción e inicio de
la etapa de explotación, documentos que dan cuenta del cumplimiento del 100% de
las obligaciones asumidas por la Fundación El Taller de Los Niños.
Del cruce de las comunicaciones que hacen parte del acervo probatorio no hay
alguna que refiera el incumplimiento de parte del concesionario, por el contrario, lo
que denotan es el incumplimiento del municipio de Bello en la asignación o
compensación de los cuatro mil (4.000) cupos estudiantiles.
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19) Advierte la Sala igualmente la existencia de la Resolución no. 20120623 de 13
de marzo de 2012 mediante la cual el municipio de Bello, a través de la Secretaría
de Educación y Cultura, reconoció el incumplimiento de la obligación de la
asignación de los cuatro mil (4.000) cupos estudiantiles indispensables para el
funcionamiento de la institución educativa San Elías (construida por el
concesionario en cumplimiento del contrato de concesión no. 768 de 2010) en
cuanto a los años 2011 y 2012 y, ordenó el pago de mil quinientos millones de pesos
($1.500´000.000), acto administrativo que goza de presunción de legalidad y no ha
sido objeto de cuestionamiento y menos aún de reproche de ilegalidad.
20) En ese escenario, muy al contrario de lo afirmado por el municipio de Bello, la
Fundación El Taller de Los Niños dio cabal cumplimiento a las obligaciones
asumidas con la suscripción del contrato de concesión no. 768 de 2010 y, el hecho
de que anunciara la decisión de suspensión del contrato por la imposibilidad
financiera de su continuación no implica la configuración de un evento de
incumplimiento, máxime si se tiene en cuenta que, la parte que cumplió fue
precisamente el concesionario e incluso el trámite de suspensión del objeto negocial
fue adelantado en los precisos términos en los que las partes lo pactaron en las
cláusulas 47, 48 y 50 del referido contrato.
21) De igual manera debe tenerse en cuenta que en relación con el inmueble en el
que funcionó la institución educativa San Elías construida en cumplimiento del
contrato de concesión no. 768 de 2010, identificado con la matrícula inmobiliaria no.
01N-5333477 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Zona
Norte 26 se advierte que, como dicho inmueble era la garantía de los contratos de
empréstitos números 147 de 14 de octubre de 2010 y 026 de 1° de marzo de 2011
suscritos por la Fundación El Taller de Los Niños con el IDEA, con el objeto de
obtener el financiamiento de las obligaciones de la etapa preoperativa y de
construcción objeto del referido contrato de concesión y, tales negocios de crédito
quedaron en incumplimiento total por motivo de la falta de flujo económico durante
la etapa de explotación del contrato, el IDEA, en condición de financiador de la
concesión, a través de la Resolución no. 0361-13 el 18 de junio de 2013 declaró el
26 Lote desagregado del lote de mayor extensión mediante escritura pública del 14 de junio de 2011
de la Notaría 15 de Medellín, identificado con el folio de matrícula no. 01N-5209604 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Norte, tal como aparece en la anotación no. 22
del mencionado folio de matrícula.
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vencimiento del plazo de tales obligaciones y exigió “el pago del capital con sus
intereses remuneratorios y moratorios, como consecuencia de la caducidad del
plazo y del vencimiento de las obligaciones” (fls. 496 a 500 cdno. no. 3).
22) En cumplimiento de lo anterior, el IDEA obtuvo la adjudicación del derecho de
dominio del mencionado inmueble por parte de la Fiduciaria Central SA como vocera
del Fideicomiso las Araucarias27 mediante la escritura pública no. 1112 de 19 de
junio de 2015 de la Notaría 15 de Medellín, tal como figura en la anotación no. 3 del
folio de matrícula no. 01N-5333477 (fls. 657 a 658 cdno. no. 3).
23) Posteriormente, el IDEA suscribió con el municipio de Bello el contrato
interadministrativo no. 0249 de 24 de junio de 2015 con el objeto de “[a]unar
esfuerzos para la transferencia y/o entrega al municipio de Bello del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria no. 01N-5333477 y sus mejoras” (fls. 659 a
664 cdno. no. 3), sin embargo, dicho convenio terminó sin el cumplimiento de su
objeto, por cuanto, el municipio de Bello, luego de una visita e inspección al
inmueble, advirtió que el mismo no estaba en condiciones para la continuación de
la institución educativa San Elías, razón por la cual solicitó la terminación anticipada
de dicho negocio jurídico (fls. 655 a 656 ibidem).
24) De acuerdo con lo anterior, es claro que el inmueble en donde se construyó la
institución educativa San Elías, en cumplimiento del contrato de concesión no. 768
de 2010, es propiedad del IDEA desde el 19 de junio de 2015, circunstancia por la
cual no era posible establecer el cumplimiento de la obligación de reversión de la
infraestructura afecta al desarrollo del referido contrato.
25) Así las cosas, como la entidad demandada no demostró el incumplimiento de la
entidad concesionaria, esto es, la Fundación El Taller de Los Niños, respecto de la
ejecución del contrato de concesión no. 768 de 2010, se impone confirmar la
declaración de incumplimiento del municipio de Bello (Antioquia) en la ejecución del
referido contrato.
27 El 28 de febrero de 2011, la Fiduciaria Central SA, en condición de vocera del patrimonio autónomo
fideicomiso Las Araucarias certificó que la Fundación El Taller de Los Niños le informó que el
beneficiario de los derechos fiduciarios sobre el lote de terreno identificado con el folio de matrícula
no. 01N-5209604 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Medellín era el IDEA (folios 209 a 2011
cdno. no. 3).
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2.3.3 Los intereses moratorios causados desde la ejecutoria de la sentencia
1) De otra parte, la entidad demandada se opone expresamente al reconocimiento
de los intereses moratorios, por cuanto, en su criterio, no resulta coherente disponer
que los intereses moratorios se causan desde la ejecutoria de la sentencia cuando
la condena en abstracto está sujeta a la correspondiente y posterior liquidación.
2) Al respecto, es pertinente anotar que el acápite de la decisión al que se refiere
este preciso punto de oposición es el ordinal sexto del fallo impugnado, el cual
establece expresamente lo siguiente:
“SEXTO: Conforme lo dispuesto en el artículo 192 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las
cantidades líquidas reconocidas en esta sentencia devengarán intereses
moratorios a partir de su ejecutoria” (fl. 996 cdno. ppal. – mayúsculas
sostenidas y negrillas del original).
3) A su vez, el artículo 192 del CPACA al que hace referencia el ordinal trascrito
dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 192. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS O
CONCILIACIONES POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS.
Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o
devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien
corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados
desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su
cumplimiento.
Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o
devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo
de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la
sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de
pago correspondiente a la entidad obligada.
Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o
liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán
intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o
del auto, según lo previsto en este Código.
(…).” (fl. 996 cdno. ppal. – mayúsculas sostenidas y negrillas del original).
El artículo 192 del CPACA es claro en preceptuar que en los eventos en los que las
cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una
condena determinan que los intereses se causan a partir de la ejecutoria de la
providencia o del auto que liquide la condena.
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4) De igual manera, debe tenerse en cuenta que el numeral 4 del artículo 195 del
CPACA, mediante el cual se desarrolla el trámite para el pago de las condenas o
conciliaciones, preceptúa: “[l]as sumas de dinero reconocidas en providencias que
impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación, devengarán
intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria”.
5) Sobre este punto de análisis, es preciso centrar la controversia en la decisión
mediante la cual se impone el surgimiento de la causación de los perjuicios
moratorios ya que, el citado artículo 192 del CPACA no puede ser leído con
abstracción del artículo 195 ibidem, puesto que el legislador se refiere a las
providencias que impongan o liquiden condenas y es labor del operador judicial
adecuar los efectos jurídicos de estas normas en cada caso concreto.
En efecto, en el presente asunto la hipótesis en principio hace referencia a una
condena en abstracto, es decir, una condena que solo se concreta hasta cuando la
parte interesada adelante el correspondiente incidente de liquidación 28 y este se
decida; la providencia que lo resuelva declara como condena una suma líquida de
dinero que causará intereses moratorios una vez esta quede ejecutoriada, razón por
la cual, imponer la causación de intereses moratorios desde la ejecutoria de la
sentencia objeto de apelación no resulta acertado.
Por todo lo anterior, la Sala encuentra necesario hacer una modificación del ordinal
sexto de la parte resolutiva de la sentencia objeto de apelación, para señalar que
las cantidades líquidas reconocidas devengarán intereses moratorios a partir de la
ejecutoria de la providencia que las liquide aquellas.
28 Al respecto, el artículo 193 del CPACA dispone lo siguiente: “ARTÍCULO 193. CONDENAS EN
ABSTRACTO. Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes,
impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se
harán en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación
incidental, en los términos previstos en este Código y en el Código de Procedimiento Civil.
Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el
interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía,
dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o al de la fecha de la
notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso. Vencido dicho término
caducará el derecho y el juez rechazará de plano la liquidación extemporánea.”
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2.3.4 La condena en abstracto
1) Por último, en el presente asunto la entidad demandada, esto es, el municipio de
Bello fue quien se opuso a la sentencia de primera instancia y, dicha oposición se
centró en la insistencia de la excepción de contrato no cumplido propuesta con la
contestación de la demanda, porque, en su criterio, no podía dar cumplimiento a la
asignación de los cuatro mil (4.000) cupos estudiantiles o su remuneración
económica, toda vez que la contratista había suspendido la ejecución del contrato.
2) Sin perjuicio de lo anterior, la Sala no puede acceder a tal petición por cuanto en
el expediente se acreditó que quien incumplió inicialmente fue el municipio de Bello,
al punto que tales falencias conllevaron a la imposibilidad de ejecución del contrato
de concesión por parte de la contratista, pues, tal como lo especificó la Fundación
El Taller de Los Niños en la respectiva oferta seleccionada “el éxito para el
desarrollo del proyecto es la garantía de poder contar con los 4000 cupos fijos
durante la ejecución del mismo, o sea 20 años y revertir el inmueble al municipio
con sus dotaciones” (fl. 263 cdno. no. 3), aspecto este que en modo alguno fue
desvirtuado por parte de la entidad contratante.
3) Por lo anterior, resuelto el objeto de apelación de la entidad demanda, la Sala
confirmará la decisión de primera instancia lo cual incluye los perjuicios a los que
aquella fue condenada por no ser materia del recurso de apelación.
4) En esa perspectiva, la Sala encuentra que el tribunal de primera instancia
condenó en abstracto para que mediante trámite incidental se cuantifique el valor
de la misma con fundamento en los siguientes parámetros:
a) El valor de cada cupo estudiantil, de conformidad con el nivel escolar que
certifique el Ministerio de Educación o la autoridad que haga sus veces, para los
meses de abril a diciembre del año 2011 (por cuanto el colegio fue construido en
. .. .
43
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esa fecha) y del año de 2012 hasta el año de la liquidación de la condena 29.
b) La distribución proporcional de los cupos en los diferentes niveles, pues, los
cuatro mil (4.000) cupos a los que se comprometió el municipio correspondían 192
a transición, 1.896 a primaria, 1.235 a secundaria y 674 a la jornada nocturna.
c) El cálculo de ingreso bruto se obtendrá del número que resulte de la distribución
de los cupos en los diferentes niveles y el monto o valor que certifique por cada año
el Ministerio de Educación o la autoridad competente.
d) Se deducirán los montos pagados por el municipio de Bello durante el tiempo de
ejecución del contrato, cifra que de acuerdo con lo acreditado en el expediente
corresponde a la suma de $1.994´253.000, suma esta que deberá actualizarse para
luego ser descontada.
e) Asimismo, se deducirá, pero en favor de la contratista, el monto de la factura de
venta no. 5 de 7 de febrero de 2012 por valor de $4.802´920.000 cuyo pago se
persigue en proceso ejecutivo, por cuanto para la fecha de emisión de la presente
providencia no se ha pagado “no obstante, si al momento de hacerse la liquidación
dicha obligación se ha extinguido se tendrá en cuenta la deducción de su monto del
total a indemnizar” (fl. 990 vlto. cdno. ppal.).
f) Al anterior monto se aplicará la tasa de retorno esperada del 14,9%, cifra que
corresponde a la utilidad esperada.
g) El valor de la utilidad esperada por la Fundación El Taller de Los Niños con la
suscripción del contrato de concesión no. 768 de 2010 y que no recibió por el
incumplimiento del municipio de Bello se actualizará con base en los índices de
precios al consumidor certificados por el DANE.
29 El 31 de mayo de 2022, el tribunal de primera instancia aclaró que “para realizar la liquidación de
los años posteriores al año de la liquidación, se tomará como referencia el valor certificado del último
año de la liquidación de perjuicios, valor que se tomará para liquidar los años subsiguientes hasta el
2031” (fl. 1032 vlto. cdno. ppal.). Adicionalmente, se aclaró “que para el cálculo de la condena, se
tendrán en cuenta los extremos temporales contenidos en el acta de inicio de la etapa de explotación
de 28 de abril de 2011 a 28 de abril de 2031, tal como se observa en el folio 42 a 113 del cuaderno
de la prueba pericial” (ibidem).
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h) A la suma resultante de las anteriores operaciones se deberá deducir o restar el
monto o valor actualizado por el cual IDEA recibió el inmueble donde funcionada la
institución educativa San Elías “como parte del pago de la deuda u obligación de la
demandante en este proceso, en concordancia y teniendo en cuenta el valor que se
llegue a determinar con dictamen pericial del inmueble donde funcionaba el
establecimiento educativo, propiedad sobre el cual recaería el derecho de reversión
a favor del Municipio de Bello, suma que deberá actualizarse a la fecha de
liquidación de la condena” (fl. 991 ibidem).
i) Al valor que resulte de la suma anterior, se le restará el 50% 30 por cuenta de la
inejecución del contrato y disminución del riesgo o alea de pérdida o ganancia “esta
suma será la que se le reconocerá como lucro cesante siempre y cuando no
sobrepase el 5% del valor total del contrato y, en caso de sobrepasar dicho valor se
entiende que solo se condenará por el 5% del valor total del contrato y, si da menos
del 5%, será la suma menor, la que se reconocerá como lucro cesante” (fl. 991 cdno.
ppal.).
j) Se reconocen, además, los intereses de mora que la contratista adeuda al IDEA,
pues, es claro que estos se derivan del incumplimiento del municipio de Bello, “no
obstante al no contar la Sala con elementos para liquidar los mismos, se profiere
sentencia en abstracto y, su monto se determinará en trámite incidental que deberá
proponer la parte demandante, en el que se deberá aportar la liquidación de los
mismos con su correspondiente soporte, para lo cual deberá tenerse en cuenta la
fecha desde la cual se incurrió en mora por parte de la demandante en este proceso,
el capital adeudado a la fecha de mora y teniendo en cuenta el pago parcial por la
efectividad de la garantía (inmueble) y, la tasa pactada entre el IDEA y la
demandante en el contrato de mutuo o préstamo (folios 67 a 74, cuaderno 1), suma
a la cual deberá restársele el monto de los intereses remuneratorios o de plazo que
debían ser asumidos por el demandante en los términos de los contratos de mutuo
y pagarés suscritos con el IDEA, durante el plazo o término y tasa pactados en los
mismos” (fl. 994 vlto. ibidem).
30 Valor que fue aclarado mediante la providencia de 31 de mayo de 2022 (fls. 1031 a 1035 cdno.
ppal.).
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Expediente no. 05001-23-33-000-2014-01023-01 (69.042)
Actor: Fundación Educativa El Taller de los Niños
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
k) Por último, se reconocerán los intereses moratorios a partir del año 2012,
teniendo en cuenta que solo hasta el 31 de diciembre de 2011 se puede tener por
incumplida la obligación de ese año.
5) En la misma línea de análisis del tribunal de primera instancia, en el presente
asunto, efectivamente, está acreditado el incumplimiento de la obligación del
municipio de Bello, consistente en la asignación de cuatro mil (4.000) cupos
estudiantiles o el pago del valor en dinero que por ellos corresponda desde la
suscripción del acta de inicio de la etapa de explotación, elemento financiero este
del cual dependía la viabilidad de la operación del contrato de concesión no. 768 de
2010 puesto que, tal como lo presentó la Fundación El Taller de Los Niños en la
oferta, sin el cumplimiento de la asignación de tales cupos estudiantiles o el
reconocimiento del valor económico de los mismos no era procedente la
sustentación financiera del proyecto.
6) Sobre ese punto, igualmente debe advertirse que, la Fundación El Taller de Los
Niños intentó asumir directamente la operación del contrato de concesión a la
espera del cumplimiento de las obligaciones a cargo de municipio por el periodo
comprendido entre el 26 de abril de 2011, y junio de 2012, sin embargo, habida
cuenta que para el inicio de la etapa de explotación, esto es, 26 de abril de 2011 la
contratista ya había efectuado la totalidad del plan de inversiones, es claro que la
decisión de suspender la ejecución del contrato resultaba acorde con la situación
de incumplimiento ya que, dimensión y la gravedad se dio por razón de la magnitud
en la inversión realizada por el concesionario y el correlativo incumplimiento de las
obligaciones de crédito adquiridas para ello.
7) De otra parte, encuentra la Sala acertada la decisión asumida por el a quo en
cuanto a la imposibilidad de disposición del inmueble en el que se desarrolló la obra
y se dio en funcionamiento la institución educativa San Elías puesto que, para el
momento en que se resolvió sobre la controversia objeto de análisis, el inmueble ya
era de propiedad del IDEA como cumplimiento de la garantía de los contratos de
empréstito números 147 de 2010 y 0026 de 2011, además, no se reconoció a título
de daño emergente el valor de la obligación pendiente por pagar al IDEA, por cuanto
se trataba de obligaciones asumidas por la contratista para efectos de cumplir con
las obligaciones del contrato de concesión no. 768 de 2010, pero, sí se reconocieron
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Actor: Fundación Educativa El Taller de los Niños
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
los intereses moratorios causados por el incumplimiento de tales obligaciones
debido a que se acreditó que se causaron como consecuencia del incumplimiento
del municipio de Bello.
8) De igual manera, se advierte que el municipio de Bello en modo alguno cuestionó
los criterios para proceder con la liquidación de la condena en abstracto antes
relacionados, de modo que no es posible su examinación, especialmente en cuanto
se refiere a la orden de descuento del 50% por la inejecución del contrato y el riesgo
que asumió el contratista, así como tampoco en cuanto al descuento del valor por
el que Idea recibió el inmueble en donde funcionó la institución educativa San Elías,
ya que algún cambio en sentido contrario al establecido, haría más gravosa la
situación del apelante único, por lo que la Sala confirmará la decisión de primera
instancia con los parámetros señalados para que mediante incidente se calcule el
valor de los perjuicios materiales causados a la Fundación El Taller de Los Niños
en la modalidad de daño emergente y lucro cesante.
3. Conclusiones
1) La entidad demandada se opuso a la decisión adoptada en la sentencia de
primera instancia por cuanto, en su criterio, el contrato de concesión no. 768 de
2010 está incurso en una causal de nulidad absoluta porque fue suscrito sin que la
entidad contratante contara con el respectivo registro presupuestal, asimismo, la
obligación de asignar cuatro mil (4.000) cupos estudiantiles o su respectiva
remuneración hacía parte de los riesgos asumidos por el concesionario y, que con
las pruebas que conforman el expediente no es posible acreditar el cabal y debido
cumplimiento de las obligaciones a las que se comprometió la Fundación El Taller
de Los Niños, así como tampoco hay lugar al reconocimiento de los intereses
moratorios contados desde la ejecutoria de la sentencia que condenó en abstracto
al municipio de Bello (Antioquia).
2) El análisis de los problemas jurídicos planteados con el recurso de apelación no
permite declarar la prosperidad de la petición de nulidad absoluta del contrato de
concesión no. 768 de 2010, por cuanto la ausencia de registro presupuestal no es
un elemento de la validez del negocio jurídico.
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Actor: Fundación Educativa El Taller de los Niños
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
3) De la revisión de los documentos aportados por ambas partes durante el trámite
judicial, no es factible establecer que la parte que incurrió en incumplimiento fue la
Fundación El Taller de Los Niños, pues, contrario a lo aducido por la entidad
demandada, en el proceso lo que está probado es el cumplimiento de la
concesionaria y el reiterado incumplimiento del municipio de Bello, circunstancia
que conlleva a la confirmación de la sentencia apelada en relación con las
declaraciones de incumplimiento y terminación del negocio jurídico, pero, se impone
modificar el ordinal sexto de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en el sentido
de especificar que las sumas líquidas reconocidas a título de condena en favor de
la parte actora devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la
respectiva providencia que las liquide.
4. Condena en costas y agencias en derecho
En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 3) del CGP, como
en el presente asunto prosperó parcialmente el recurso de apelación formulado por
la entidad demandada no habrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:
1º) Modifícase el ordinal sexto de la parte resolutiva de la sentencia del Tribunal
Administrativo de Antioquia - Sala Primera de Oralidad de 30 de enero de 2020, erl
cual queda así:
“SEXTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las
cantidades líquidas reconocidas devengarán intereses moratorios a partir
de la ejecutoria de la providencia que así las liquide.
2°) Confírmase en lo demás la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia -
Sala Primera de Oralidad de 30 de enero de 2020.
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Actor: Fundación Educativa El Taller de los Niños
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
3°) Sin condena en costas en esta instancia.
4º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
(firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
Aclara voto
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Ponente Magistrado
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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