Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-01038-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-01038-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2014-01038-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
14 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado : 05001-23-33-000-2014-01038-01 (3511-2023)
Demandante : Fredy Rueda Chinchilla y otro
Demandada : Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército
Nacional
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de
2011
Tema : Reconocimiento de pensión de sobrevivientes
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia de 12 de diciembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia (sala tercera de decisión), que accedió a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda.
1.1. Pretensiones.
Los señores Fredy Rueda Chinchilla y Elisa Amaya Santos, por intermedio de
apoderado judicial, acudieron a la jurisdicción en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
para solicitar la nulidad de la Resolución 1098 de 6 de marzo de 2018,
proferida por la Coordinación del Grupo de Prestaciones Sociales del
Ministerio de Defensa que les negó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes.
A título de restablecimiento del derecho, solicitaron (i) reconocer la pensión
de sobrevivientes a favor de los demandantes de acuerdo con lo dispuesto en
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la Ley 447 de 1998; (ii) subsidiariamente se reconozca la prestación a los
demandantes en los términos del artículo 46 de la Ley 100 de 1993,
concordante con el artículo 40 de la Ley 48 de 1993 y la sentencia de SUJ-SII-
010-2018, del 12 de abril de 2018; (iii) indexar la condena e intereses
moratorios; (iv) condenar en costas y agencias en derecho.
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
Señala que el señor Yeinson Alexis Rueda Amaya, fue incorporado para
servicio militar obligatorio como miembro activo del Ejército Nacional en el
Batallón Especial Energético Vial No 4 “BG Jaime Polania Puyo”, el 20 de
mayo de 2008.
Que el señor Rueda Amaya, hijo de los demandantes, falleció el 25 de
diciembre de 2009, mientras prestaba servicio militar obligatorio en el Ejército
Nacional y su muerte fue calificada en misión del servicio, por ello, les fue
reconocida la compensación por muerte.
Que los demandantes solicitaron el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes conforme la Ley 447 de 1998, pero esta fue negada por cuanto
la causa del fallecimiento del soldado fue por accidente en misión del servicio.
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
De la Constitución Política, artículos; 1, 13,46, 48, 53, 228 y 230, Ley 447 de
1998, Ley 923 de 2004, Ley 48 de 1993, Ley 1861 de 2017 y Decreto 4433 de
2003.
La parte demandante expuso que el acto acusado vulnera los derechos
fundamentales a la igualdad, la seguridad social, mínimo vital, porque existe
un trato discriminatorio al negar la «pensión de sobrevivencia al personal del Ejercito
muerto en operaciones de restablecimiento del orden público. La entidad pública ha hecho
una aplicación de una norma que es violatoria de la constitución, norma que no se adecua a
los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho, como quiera que el decreto 2728 de
1968 tiene un trato discriminatorio entre los soldado regulares, los que mueren en combate y
en misión del servicio, porque servirle a la patria y ofrendar la vida por defender las
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Demandante: Fredy Rueda Chinchilla y otro
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instituciones y el orden público es un acto honorifico que tiene que tener repercusiones
prestacionales, pues para la familia, independiente de la manera de muerte, el resultado él es
el mismo, soportar la muerte a un ser querido en beneficio de la sociedad y sus instituciones,
no obstante, debe soportar el desamparo prestacional del Estado de quienes han fallecido en
misión del servicio».
Asegura que el soldado regular Yeinson Alexis Rueda Amaya falleció a causa
de fuego amigo, pero se encontraba en misión del servicio con orden de
conservar y restablecer el orden público en zona de alta presencia guerrillera,
cumpliendo entonces los requisitos normativos para el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes en los términos de la Ley 447 de 1998 y del decreto
4433 de 2004, normas especiales que regulan los derechos prestacionales y
pensionales de los militares, sin que sea necesario acudir a la Ley 100 de
1993.
2. Contestación de la demanda.
La accionada se opuso a las pretensiones de la demanda. Afirmó, que el soldado
Rueda Amaya, falleció el día “2 de junio de 2011” sic, en misión del servicio,
conforme a las disposiciones del decreto 2728 de 1968 y por consiguiente se
ordenó el pago por compensación por muerte a los beneficiarios.
Que de acuerdo con el informativo administrativo por muerte 005 de 25 de
diciembre de 2009, la muerte del SLR Yeinson Alexis Rueda Amaya, no fue por
actos meritorios del servicio ni por combate, las circunstancias que provocaron
este hecho ni fueron por actividad del servicio como para deducir que los
beneficiarios tienen derecho a la declaratoria del reconocimiento de la pensión
de sobreviviente, por cuanto no cumplen los requisitos exigidos por las
disposiciones normativas.
Aseguró que los demandantes no acreditaron la dependencia económica
indispensable para acceder a la pensión de sobrevivientes, y que durante todo
este tiempo no se probó de que ha subsistido la demandante y que esto es
conducente para expresar que no hay dependencia económica alguna, pues de
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lo contrario no hubieren esperado un lapso tan amplio a partir de la muerte del
soldado regular.
Propone como excepciones las de prescripción de las mesadas pensionales,
inexistencia de ilegalidad o nulidad de los actos administrativos demandados,
carencia del derecho de la demandante e inexistencia de la obligación de la
demandada y presunción de legalidad del acto acusado.
3. La sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo Antioquia (sala tercera de decisión), mediante
sentencia proferida el 12 de diciembre de 20221, accedió a las pretensiones
de la demanda (sin condena en costas).
Precisó sobre el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en
favor de los demandantes en los términos de la Ley 447 de 1998, que el
fallecimiento del soldado regular Yeinson Alexis Rueda Amaya ocurrió en
misión del servicio y no en combate o como consecuencia de la acción del
enemigo, por lo que considera que no resultan aplicables las disposiciones que
prevén el reconocimiento pensional para este tipo de muertes, siendo
improcedente acceder a las pretensiones en estos términos.
Respecto a las pretensiones subsidiarias de la demanda, en las que se solicitó
el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en los términos de
la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta la sentencia de unificación CE-SUJ2-
010-1817, la sentencia del 15 de julio de 2018 y la sentencia del 29 de abril de
2021.
Como punto de partida refirió que el señor Yeinson Alexis Rueda Amaya
estuvo vinculado al Ejército Nacional por más de 50 semanas, desde el 20 de
mayo de 2008 hasta el 25 de diciembre de 2009, esto es, 1 año, 7 meses y 5
días, lo que de conformidad con el artículo 19 de la Ley 352 de 1997 implica
que estuvo afiliado al Sistema de Seguridad Social de las Fuerzas Militares,
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Providencia obrante en la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
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por el tiempo mínimo exigido por la Ley 100 de 1993 para ser causante de la
pensión de sobrevivientes.
Que los señores Elisa Amaya Santos y Fredy Rueda Chinchilla acreditaron ser
los padres del señor Yeinson Alexis Rueda Amaya, con el respectivo registro
civil de nacimiento y que no existe prueba que permita determinar la existencia
de otros beneficiarios con mayor o mejor derecho.
Respecto a la dependencia económica con el formulario de solicitud de
prestaciones sociales por muerte y una declaración extrajuicio ante notario
suscrito por la madre del soldado fallecido documentos que no habían sido
controvertidos por la demandada, se encuentra acreditado el requisito de la
dependencia económica con el soldado regular fallecido.
Para efectos de liquidar la mesada pensional reconocida: «habrá de tenerse en
cuenta que el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, determina que en ningún caso la base de
cotización podrá ser inferior al monto del salario mínimo legal mensual vigente.»
Advirtiendo que las mesadas causadas con anterioridad al 17 de diciembre de
2014, se encuentran prescritas, previo descuento indexado de los valores
reconocidos como compensación por la muerte de Yeinson Alexis Rueda
Amaya.
4. El recurso de apelación.
La entidad demandada interpuso recurso de apelación, para que se revoque
la sentencia de primera instancia. Alega que es improcedente el
reconocimiento de la pensión de sobreviviente de los demandantes en razón
de la muerte del soldado regular por cuanto los demandantes no cumplen con
el requisito de dependencia económica para acceder a la pensión de
sobreviviente.
Señala que la primera instancia ordena reconocer y pagar la pensión de
sobrevivientes a los a los demandantes en la cuantía establecida en el artículo
48 de la Ley 100 de 1993, sin embargo, no comparte la posición del a-quo por
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cuanto la sentencia de unificación por la cual reconoce la pensión reclamada
por los demandantes aplicable exclusivamente en los casos donde el soldado
regular encontrándose prestando su servicio militar obligatorio falleciere en
simple actividad y esto no ocurre en el presente caso, pues la muerte del joven
Yeinson Alexis Rueda, fue calificada en misión del servicio, como para poder
deducir que sus beneficiarios tienen derecho a la declaratoria del
reconocimiento de la pensión de sobreviviente, pues no se cumplen los
requisitos exigidos por las normas aprobadas por el Gobierno Nacional, para
las Fuerzas Militares.
5. Tramite de segunda instancia.
En auto del 13 de agosto de 2024, el despacho sustanciador admitió el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante y, en virtud del numeral 5
del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para
alegar2.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso3, el juez de
segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.
2. Problema jurídico
2
Índice 002 Samai.
3
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia»
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En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Decisión, que negó las
pretensiones de la demanda. Para el efecto, se procederá a corroborar si a los
señores Fredy Rueda Chinchilla y Elisa Amaya Santos les asiste el derecho a
la pensión de sobrevivientes, conforme a lo dispuesto en los artículos 46, 47,
48 y 288 de la Ley 100 de 1993, y adicional a lo anterior, verificar si los
demandantes acreditaron la dependencia económica con el causante.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión de
sobrevivientes para los miembros de las Fuerzas Militares que prestan el
servicio militar obligatorio y fallecieron; 2.2. Reglas establecidas para acreditar
la dependencia económica en los eventos de pensión de sobreviviente; 2.3
Las reglas fijadas por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la
sentencia de unificación CE-SUJ-SII-009-2018 de 1° de marzo de 2018; 2.4
Hechos probados; y 2.5. Caso concreto.
2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión de
sobrevivientes para los miembros de las Fuerzas Militares que prestan el
servicio militar obligatorio y fallecieron.
De acuerdo con el artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social
es un servicio público obligatorio y un derecho irrenunciable que se presta bajo
la dirección, coordinación y supervisión y control del Estado, con observancia
de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
Como bien lo ha dicho esta Subsección4, la muerte constituye una contingencia
del sistema de seguridad social, pues al desaparecer en forma definitiva la
persona que atendía el sostenimiento del grupo familiar, se corre el riesgo de
que sus integrantes queden desamparados y en peligro para poder subsistir,
por ello, se concibió la pensión de sobrevivientes o sustitución pensional con
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Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 2 de octubre
de 2014, expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
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el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones mínimas de vida de los
beneficiarios de esta prestación.
En el presente asunto es necesario establecer el marco normativo y
jurisprudencial que regula la pensión de sobrevivientes para los familiares de
los miembros de las Fuerzas Militares que prestaron el servicio militar
obligatorio, vigente para el 25 de diciembre de 2009, fecha en la que falleció
Yeinson Alexis Rueda Amaya.
Sobre el particular se tiene que el artículo 8º del Decreto 2728 de 1968
dispone:
“A la muerte de un Soldado o Grumete en servicio activo o por causas diferentes
a las enunciadas anteriores a sus beneficiarios tendrá derecho al reconocimiento
y pago de veinticuatro (24) meses de sueldo básico que en todo tiempo
corresponda a un Cabo Segundo o Marinero”.
En lo que respecta a la pensión vitalicia y otros beneficios para los familiares
de las personas mueran en combate y prestan el servicio militar obligatorio, la
Ley 447 de 1998 estableció lo siguiente:
“(…) MUERTE EN COMBATE. A partir de la vigencia de la presente ley, a la
muerte de la persona vinculada a las F.F.M.M. y de Policía por razón
constitucional y legal de la prestación del servicio militar obligatorio, ocurrida en
combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto
internacional o participando en operaciones de conservación o restablecimiento
del orden público, sus beneficiarios en el orden establecido en esta ley, o los
beneficiarios que designe la persona prestataria del servicio militar al
incorporarse, tendrán derecho a una pensión vitalicia equivalente a un salario y
medio (1 1/2) mínimo mensuales y vigentes. (…)”
Sobre las prestaciones establecidas por misión del servicio, se tiene que el
artículo 190 del Decreto5 1211 del 8 de junio de 1990, que precisa:
“(…) Muerte en misión del servicio. Durante la vigencia del presente Estatuto, a
la muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo,
ocurrida por actos del servicio o por causas inherentes al mismo, sus
beneficiarios, en el orden establecido en el presente Decreto tendrán derecho a
las siguientes prestaciones:
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Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares
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a. A que el Tesoro Público les pague, por una sola vez, una compensación
equivalente a tres (3) años de los haberes correspondientes al grado del
causante, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 158 de este
Estatuto.
b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.
c. Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) años o más de servicio, a
que por el Tesoro Público se les pague una pensión mensual, la cual ser
liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con
el grado y tiempo de servicio del causante. (…)”
De acuerdo con lo anterior, es claro que, para diciembre de 2009, los eventos
de fallecimiento de un conscripto en misión del servicio, sólo tenían establecido
la prestación prevista en el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968, que consiste
en el reconocimiento y pago de 24 meses de sueldo básico que en todo tiempo
corresponda a un cabo segundo o marinero.
No obstante lo anterior, en el régimen general de seguridad se encuentra que
la Ley 100 de 1993, «[p]or la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se
dictan otras disposiciones», reguló lo concerniente a la pensión de sobrevivientes
de la siguiente manera:
“Artículo 46. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por
riesgo común, que fallezca, y
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que este
hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos:
a. Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo
menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte;
b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante
por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al
momento en que se produzca la muerte”.
Por otra parte, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 797
de 2003, vigente para el año 2009, preceptuó como beneficiarios de la pensión
de sobrevivientes: en primer orden, al cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite; en segundo, a los hijos menores de 18 años y a los
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mayores de 18 hasta los 25; y, en tercero, a falta de estos, a los padres del
causante, así como los requisitos que deben acreditar unos y otros para tener
derecho al beneficio prestacional, así:
“BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. <Expresiones
"compañera o compañero permanente" y "compañero o compañera permanente"
en letra itálica CONDICIONALMENTE exequibles>
<Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es
el siguiente:> Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera
o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida
marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no
menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante,
tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión
temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima
de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener
su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante
aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente,
con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la
pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se
dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia
simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre
un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el
beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no
existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay
una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá
reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje
proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido
superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra
cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal
vigente;
c) <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Los hijos menores de 18 años; los hijos
mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón
de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su
muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y
cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno;
y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que
no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez.
Para determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el
artículo 38 de la Ley 100 de 1993;
d) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> A falta de cónyuge, compañero o
compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del
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causante si dependían económicamente de forma total y absoluta de este;”6
De lo anterior se colige que, el régimen general de pensiones estableció que
la pensión de sobreviviente se obtiene en el evento en que el causante que
fallezca cotizara al sistema por lo menos veintiséis (26) semanas, en ese
momento, o habiendo dejado de cotizar, efectuara aportes por veintiséis (26)
semanas del año inmediatamente anterior.
Debido a la existencia de un régimen general más favorable al especial, para
los eventos de pensión de sobrevivientes para los miembros de las Fuerzas
Militares que prestan el servicio militar obligatorio, la Sección Segunda del
Consejo de Estado a través de sentencia CE-SUJ-SII-010-2018 de 12 de abril
de 2018, radicación No 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-15), unificó
jurisprudencia en el siguiente sentido:
“1. En materia pensional, por tratarse de un derecho fundamental, irrenunciable y
de aplicación inmediata, el juez contencioso administrativo no está limitado para
conocer del fondo del asunto a la luz del régimen pensional que invoque la parte
que reclama el reconocimiento de la prestación, sino que tiene la obligación de
aplicar el derecho y de resolver los conflictos sometidos a su conocimiento
conforme la normativa pensional que corresponda y a los supuestos fácticos de la
litis, de conformidad con el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011.
2. Con fundamento en la regla de favorabilidad contenida en el artículo 288 de la
Ley 100 de 1993, los beneficiarios de las personas vinculadas a las Fuerzas
Militares, en cumplimiento de la obligación constitucional de prestar el servicio
militar, que fallezcan simplemente en actividad y con posterioridad a la vigencia de
la Ley 100 de 1993, pueden beneficiarse de la pensión de sobrevivientes prevista
por el régimen general contenido en la Ley 100 de 1993, artículos 46, 47 y 48, el
cual deberá aplicarse en su integridad para efectos del reconocimiento de la
prestación, esto es, lo relativo al monto de la pensión, el ingreso base de
liquidación y el orden de beneficiarios.”
Una vez aclarado que las solicitudes de reconocimiento de pensión de
sobreviviente de los beneficiarios de las personas que prestaron servicio militar
obligatorio pueden ser definidas con base en el régimen general establecido
en los artículos 46, 47 y 48 de la ley 100 de 1993, se hace necesario establecer
la forma como se debe analizar la dependencia económica frente al causante.
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La expresión “de forma total y absoluta” fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-111
de 2006.
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2.2. Reglas establecidas para acreditar la dependencia económica en los
eventos de pensión de sobreviviente.
Para definir la regla actualmente establecida para estudiar el cumplimiento del
requisito de la dependencia económica en los trámites de solicitud de pensión
de sobreviviente, debemos remitirnos a lo establecido en el artículo 47 de la
Ley 100 de 1993 y a las interpretaciones que sobre el mismo han adoptado las
Altas Cortes.
El artículo 47 de la Ley 100 de 1993 disponía lo siguiente:
“ARTICULO 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
(…)
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho,
serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de
forma total y absoluta de este”.
La anterior disposición fue plasmada en igual sentido en el artículo 13 de la
Ley 797 de 2003, a través de la cual se reformaron algunas disposiciones del
sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptaron
disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.
En vista de que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 podía ser interpretado
como una norma que desconoce el sentido del Estado Social de Derecho, “por
cuanto excluye de cualquier posibilidad de acceder a la pensión sustitutiva a la familia del
fallecido, no obstante cumplir con todos los demás requisitos, reduciéndola a la desprotección
y no en pocos casos a la miseria, sin tener siquiera la base de un mínimo existencial (...), pilar
de un Estado Social de Derecho. // Porque la finalidad que se persigue con la sustitución
pensional es en síntesis la de suplir la ausencia repentina del apoyo económico que el
pensionado o afiliado ofrecía a sus familiares y que el deceso de éste no determine el cambio
sustancial de las condiciones de vida del beneficiario ”7, se demandó la
constitucionalidad de la misma, lo que llevó a que la Corte Constitucional en
7
Argumentos del demandante en la acción de Constitucionalidad que dio origen a la sentencia C-111 de 2006
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sentencia C-111 de 2006 definiera su interpretación en el siguiente sentido:
“…la Corte declarará inexequible la expresión: “de forma total y
absoluta” prevista en la disposición acusada, para que, en su lugar, sean los
jueces de la República quienes en cada caso concreto determinen si los padres
son o no autosuficientes económicamente, para lo cual se deberá demostrar la
subordinación material que da fundamento a la pensión de sobrevivientes
prevista en la norma legal demandada”.
Para fundamentar su decisión, el Alto Tribunal Constitucional sostuvo lo
siguiente:
“En el asunto sub-judice, es claro que la norma demandada vulnera el citado
principio y deber de solidaridad, al exigir como requisito indispensable para
proceder al reconocimiento y pago de la pensión de la sobrevivientes, la
dependencia económica total y absoluta de los padres frente a los hijos, pues a
través de dicho requerimiento se aparta de los criterios de necesidad y de
salvaguarda al mínimo existencial como condiciones reales que sirven de
fundamento para legitimar el cobro de la mencionada prestación. En efecto, la
disposición acusada se limita a prohibir de manera indiscriminada su
reclamación, cuando se obtienen por los padres cualquier tipo de ingresos
distintos a los que surgen de dicha relación prestacional, sin tener en cuenta la
suficiencia o no de los mismos para asegurar una vida en condiciones dignas,
como lo ordena el citado mandato constitucional de la solidaridad. Si bien como
lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporación, el Estado no tiene el
carácter de benefactor, ello no lo habilita para adoptar medidas legislativas que
impliquen un desconocimiento de su obligación positiva de proteger a las
personas que se encuentran en condiciones de inferioridad (C.P. art. 13), como
sucede con los padres que debido a su avanzada edad se encuentran
subordinados económica y materialmente a sus hijos.
24. Por último, a través de la disposición acusada se vulnera igualmente el
principio de protección integral de la familia previsto en el artículo 42 del Texto
Superior, por virtud del cual se convierte en un imperativo constitucional la
obligación de garantizar la estabilidad económica de los miembros del grupo
familiar. En este caso, se desconoce el citado principio constitucional, que a su
vez se convierte en eje y pilar de la sociedad, al someter a los padres a una
situación de abandono, miseria e indigencia para poder reclamar en condición
de beneficiarios la pensión de sobrevivientes de sus hijos, pues se ignora que
por razón de su avanzada edad y muchas veces por la imposibilidad de
conseguir un trabajo, la única fuente que asegura su mínimo existencial es la
citada pensión, a pesar de recibir otros ingresos que resultan materialmente
insuficientes para acreditar el cumplimiento de dicho fin.
25. Partiendo de estas consideraciones, se concluye que la decisión adoptada
por el legislador frente a los padres del causante a pesar de ser conducente y
adecuada para el logro de un fin constitucional válido, como lo es el
correspondiente a la preservación económica y financiera del fondo mutual que
asegura el reconocimiento y pago de las prestaciones que surgen de la
seguridad social, desconoce el principio constitucional de proporcionalidad, pues
14
Nº Interno: 3511-2023
Demandante: Fredy Rueda Chinchilla y otro
Demandada: Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
como se demostró dicha medida legislativa sacrifica los derechos al mínimo vital
y a la dignidad humana, y los deberes que le incumben al Estado de solidaridad
y protección integral de la familia, que en términos constitucionales se consideran
más importantes en defensa y protección del Estado Social de Estado”.
Igualmente, señaló, con base en los precedentes de la propia Corte, un
conjunto “de reglas que permiten determinar si una persona es o no
dependiente, a partir de la valoración del denominado mínimo vital cualitativo,
o lo que es lo mismo, del conjunto de condiciones materiales necesarias para
asegurar la congrua subsistencia de cada persona en particular”8, así:
“1. Para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes
para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida
digna9.
2. El salario mínimo no es determinante de la independencia económica10.
3. No constituye independencia económica recibir otra prestación 11. Por ello,
entre otras cosas, la incompatibilidad de pensiones no opera en tratándose de la
pensión de sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13, literal
j, de la Ley 100 de 199312.
4. La independencia económica no se configura por el simple hecho de que el
beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional 13.
5. Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es
necesario percibir ingresos permanentes y suficientes 14.
6. Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia
económica”15.
Sobre la dependencia económica, la sentencia de unificación por importancia
jurídica CE-SUJ-SII-010-2018 de la Sección Segunda del Consejo de Estado
del 12 de abril de 2018, radicación No 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-
8
Corte Constitucional sentencia C-111 de 2006.
9
Sentencia T-574 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil
10
Sentencia SU-995 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz
11
Sentencia T-281 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
12
Dispone la norma en cita: “Ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez”
13
Sentencias T-574 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y T- 996 de 2005. (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Del mismo
modo, la Corte Suprema de Justicia ha dicho: “Fungiendo la Corte como juez de segunda instancia, además de las
consideraciones expuestas en sede de casación, es pertinente acotar que respecto del argumento del Tribunal para
colegir que el demandante disponía de medios económicos suficientes para su subsistencia por recibir de manera
ocasional $20.000 0 $ 25.000 semanales y por estar percibiendo su cónyuge un salario mínimo legal mensual, no es
más que una suposición del juzgador, pues ello no conduce necesariamente a concluir que esta persona sea
autosuficiente económicamente, como erradamente lo concluyó. (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación
Laboral. Radicación No. 22.132. Sentencia del 11 de mayo de 2004. Magistrado Ponente: Carlos Isaac Nader).
14
Sentencia T-076 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y Auto 127A de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
15
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, fallo del 9 de abril de 2003. Radiación No. 21.360.
15
Nº Interno: 3511-2023
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Demandada: Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
15), concluyó:
“231. En estos términos, es claro que la dependencia económica no puede
asumirse desde la óptica de la carencia total de recursos económicos, sino en la
falta de condiciones materiales mínimas para la subsistencia. Es de anotar que
dicho concepto debe ser analizado en armonía con los postulados
constitucionales y legales que enmarcan la seguridad social, tales como la
protección especial a las personas que, por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta”.
Y de manera reciente, a través de la sentencia SU-471 de 2023 la Corte
Constitucional, consideró que el requisito dependencia económica no implica:
“i) una exigencia de que el afiliado, al momento de fallecer se encuentre
trabajando de forma remunerada; así mismo ii) admite que la sujeción económica
de madre y padre se acredite con cualquier tipo de recursos lícitos por parte del
afiliado; iii) asume que la entrega de recursos de los afiliados a sus padres, sobre
todo cuando estos no son autosuficientes, es una característica de la
dependencia que acredita el requisito; iv) comprende que en los asuntos
pensionales debe evaluarse la informalidad laboral, que no implica ausencia de
recursos que pueden ser obtenidos de distintas fuentes – sean o no de trabajo;
y v) analiza la presunta confesión sobre la dependencia de manera sistemática
con las pruebas recaudadas en el proceso”.
De acuerdo con lo expuesto, es claro que la dependencia económica de los
padres hacia sus hijos causantes debe definirse a partir de la valoración del
denominado mínimo vital cualitativo16, y para esto, es indispensable verificar
la imposibilidad de mantener el mínimo existencial que les permita a los padres
subsistir de manera digna con autosuficiencia económica.
2.3 Las reglas fijadas por la Sección Segunda del Consejo de Estado en
la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-009-2018 de 1° de marzo de 2018.
Como ya se explicó con anterioridad, a través de sentencia de unificación por
Importancia jurídica CE-SUJ-SII-010-2018 del 12 de abril de 2018, radicación
No 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-15), la Sección Segunda del
Consejo de Estado sentó jurisprudencia en relación con el reconocimiento del
derecho a la pensión de sobrevivientes a los beneficiarios de los soldados
regulares fallecidos simplemente en actividad y estableció las siguientes
16
Corte Constitucional sentencia C-111 de 2006
16
Nº Interno: 3511-2023
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reglas, con el fin de evitar decisiones contradictorias sobre el tema, en virtud
de los principios de igualdad, buena fe y seguridad jurídica previstos en los
Artículos 13 y 83 de la Constitución Política17:
“3. Como consecuencia de lo anterior y en atención al principio de inescindibilidad
normativa, de la suma adeudada por concepto de pensión de sobrevivientes en
virtud de la aplicación de la Ley 100 de 1993, deberá descontarse, debidamente
indexado, lo pagado como compensación por muerte simplemente en actividad,
en atención a la incompatibilidad de los dos regímenes y a que la contingencia que
cobija tal prestación es cubierta con el reconocimiento pensional.
4. Para efectos del descuento al que hace alusión el numeral anterior, la entidad
solo podrá descontar el valor efectivamente recibido por concepto de
compensación por muerte debidamente indexado. En aquellos casos donde el
valor actualizado de la compensación por muerte a descontar supere el monto del
retroactivo pensional que debe pagar la entidad, será necesario realizar un
acuerdo de pago con el fin de que el beneficiario de la pensión cubra la diferencia
sin que se afecte su mínimo vital.
5. Al hacer extensivo el régimen general para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a los beneficiarios de los conscriptos fallecidos simplemente en
actividad en vigencia de la Ley 100 de 1993, el término prescriptivo que debe
atenderse en relación con las mesadas pensionales, es el trienal, previsto en el
régimen general.
6. En ningún caso habrá prescripción a favor de los beneficiarios que tengan
derecho a la pensión en los términos de la presente providencia, de los valores
pagados por concepto de compensación por muerte. Esto por cuanto el derecho
a compensar o deducir lo pagado surge solo a partir de la sentencia que reconoce
el derecho pensional”.
Siendo así, y teniendo en cuenta que la anterior sentencia de unificación tiene
valor vinculante por emanar de un órgano diseñado para la unificación de la
jurisprudencia (artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con lo
señalado en los artículos 13A y 14 del reglamento interno de esta Corporación)
la Sala aplicará las reglas definidas en la sentencia CE-SUJ-SII-010-2018 del
12 de abril de 2018 para resolver el presente asunto.
Si bien, podría argüirse que no es aplicable la regla establecida en el citado
fallo de unificación en vista que la situación que allí se estudió concierne «a
muerte en simple actividad», y la que aquí se advierte es la de «muerte en misión del
servicio», para la Subsección se puede acudir a ella por la semejanza de las
17
Corte Constitucional sentencia C-816 de 2011
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situaciones fácticas.
Esta posición ha sido adoptada por esta Sección18 en distintas providencias.
Precisamente, del fallo emitido el 27 de octubre de 2023 por esta Subsección,
destacamos lo siguiente:
“Ahora bien, cabe precisar qué; si bien es cierto, las reglas de unificación fijadas
por esta Colegiatura enunciadas en líneas atrás solo hacen referencia a la pensión
de sobrevivientes de conscriptos fallecidos en “simple actividad”; lo cierto es que,
también son aplicables al sub examine por analogía, toda vez que, si el principio
de favorabilidad se garantiza a aquellos, cuanto más a quienes perecen en
cumplimiento de una misión del servicio.
Ello, en consonancia con el proveído de 5 de junio de 2018 de esta Subsección
que sostiene que:
En cuanto al régimen aplicable en caso de soldado muerto en misión de servicio,
en vigencia de la Ley 100 de 1993, la Sala aplicará por analogía, el criterio
plasmado en la sentencia de unificación, CE-SUJ-SII-010-2018 de 12 de abril de
2018 del Consejo de Estado, y por las siguientes razones:
Si bien es cierto en la sentencia CE-SUJ-SII-010-2018 de 12 de abril de 2018, se
trató de un caso de muerte de soldado (i) “simplemente en actividad” que es una
de las causales previstas en las normas especiales, al lado de las otras causales
(ii) en misión de servicio y (iii) combate, ambos casos se refieren a muerte de
soldado, en actos de servicio [...]
Así las cosas, de lo esbozado se concluye que, en caso de muerte de soldado
vinculado a las fuerzas militares, cuyo deceso se produjo “en misión de servicio”,
en vigencia del sistema de Seguridad Social integral sus beneficiarios acceden a
la pensión de sobrevivientes contemplada en el régimen general contenido en los
artículos 46, 47 y 48 de la Ley 100 de 1993, el cual habrá de aplicarse en su
integridad para efectos del reconocimiento de la prestación [...].
Así también, la sentencia de 11 de febrero de 2021 estimó que “(…) las reglas allí
fijadas son perfectamente aplicables al asunto sub examine, pues lo único que
varía frente a la situación fáctica de este proceso es la forma como fue calificado
el fallecimiento, es decir, en misión del servicio (...)”.
En consecuencia, de conformidad con las aludidas reglas de unificación, según el
principio de favorabilidad previsto en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, debe
darse aplicación al artículo 46 ibidem, de acuerdo con el cual la pensión de
18
C.P.: William Hernández Gómez, diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022), Radicado: 05001-23-33-
000-2018-00210-01 (0119-2021), Demandante: Rocío de las Misericordias Múnera Piedrahíta, Demandadas: Nación,
Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional; C.P.: César Palomino Cortés, veintisiete (27) de octubre de dos mil
veintitrés (2023), Radicado: 76001-23-33-000-2013-01023-01 (2002-2022), Demandante: Beatriz Hernández Muñoz,
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y Ejército Nacional; C.P.: Juan Enrique Bedoya Escobar, trece
(13) de junio de dos mil veinticuatro (2024)r radicación: 41001-23-33-000-2020-00745-01 (4252-2022), Demandante:
Fortunato Fajardo Escalante y otro; Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional
18
Nº Interno: 3511-2023
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sobrevivientes se causa siempre y cuando el servidor haya cotizado cincuenta (50)
semanas al momento de su deceso.”
De modo que, en situaciones donde se discuta el reconocimiento pensional de
sobrevivientes de los deudos de un soldado que estaba prestando el servicio
militar obligatorio y que su fallecimiento haya sido calificado como en “misión
de servicio”, la regla jurisprudencial de la sentencia del CE-SUJ-SII-010-2018
de 12 de abril de 2018 del Consejo de Estado, es plenamente aplicable en
virtud que la única diferencia es la categorización de la muerte, que ocurrió
valga reiterarlo, dentro del servicio.
Por tal razón, ante situaciones similares, el trato debe ser en los mismos
términos.
2.4 Hechos probados
• De acuerdo con el registro civil de nacimiento del señor Yeinson Alexis Rueda
Amaya, nació el 7 de febrero de 1989, donde acredita que el señor Fredy
Rueda Chinchilla y la señora Elisa Amaya Santos registran como padres.
-De la cédula de ciudadana del señor Fredy Rueda Chinchilla, registra que
nació el 28 de marzo de 1964, lo que nos lleva a concluir que actualmente
cuenta con 60 años.
-De la cédula de ciudadanía de la señora Eliza Amaya Santos, registra que
nació el 12 de marzo de 1969, lo que nos lleva a concluir que actualmente
cuenta con 55 años
• Mediante la historia laboral del Ejército, y sus anexos, perteneciente a
Yeinson Alexis Rueda Amaya se acredita que se vinculó el 20 de mayo de
2006 hasta 25 de diciembre de 2009.
• De acuerdo al registro civil de defunción el señor Yeinson Alexis Rueda
Amaya, registra fecha de fallecimiento el 25 de diciembre de 2009.
19
Nº Interno: 3511-2023
Demandante: Fredy Rueda Chinchilla y otro
Demandada: Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
Mediante concepto de comandante de la unidad de las Fuerzas Militares de
Colombia Ejército Nacional Batallón Especial Energético Vial N° 4 se
estructuró el informativo administrativo por muerte del soldado regular Yeinson
Alexis Rueda Amaya el 25 de diciembre de 2009, por hechos sucedidos el 08
de ese mismo mes y año al ser herido accidentalmente por impacto de arma
de fuego fusil galil, calificada en misión del servicio.
-Que mediante declaración extraproceso de 14 de enero de 2010, los señores
Fredy Rueda Chinchilla y Elisa Amaya Santos, en el cual expresaron: “(…)
somos padres de Yeinson Alexis Rueda Amaya, y dependíamos
económicamente de sus ingresos que recibía de las Fuerzas militares de
Colombia.”
• Se tiene acreditado que el 15 de diciembre de 2017, se solicitó ante la
Dirección de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional el
reconocimiento de pensión sobreviviente en favor de los señores Fredy Rueda
Chinchilla y Elisa Amaya Santos.
• Que mediante Resolución 1098 de 6 de marzo de 2018, el Ministerio de
Defensa Nacional Secretaria General, niega la solicitud del reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes solicitada por los demandantes como
consecuencia del fallecimiento del soldado regular Yeinson Alexis Rueda
Amaya.
• En primera instancia, se recibió la declaración de la señora Aurora Jaimes
Fernández el día 29 de junio de 2021, quien manifestó ser vecina y amiga de
los señores Elisa Amaya Santos y Fredy Rueda Chinchilla, padres de Yeinson
Alexis. Refirió que Yeinson trabajaba desde niño y les colaboraba a sus
padres, porque ellos no tenían casa ni nada. Hizo hincapié que los
demandantes, en especial la madre del fallecido, esperaban que saliera del
cuartel para que les ayudara.
-La señora Esther Centeno Barón, manifestó que conoce desde la juventud a
los señores Elisa Amaya Santos y Fredy Rueda. Que justamente por ese
20
Nº Interno: 3511-2023
Demandante: Fredy Rueda Chinchilla y otro
Demandada: Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
conocimiento que tenía de los demandantes, sabía que Yeinson Alexis falleció
en el año 2009 cuando estaba en el Ejército y tenía 20 años de edad. Relata
que el hijo de los demandantes decía que le tenía que colaborar al papá y por
eso trabajaba, porque no tenían para la carne, la verdura, el mercado, etc.
Destaca que los accionantes son de muy bajos recursos y por eso le consta
que el hijo los apoyaba económicamente.
• Por último, se recibió la declaración de María Refugio Pérez Sánchez, quien
señaló ser vecina desde hace 15 años de Elisa Amaya Santos y Fredy Rueda.
Dice que conoció a Yeinson Alexis, por ser el hijo de los vecinos doña Elisa y
don Fredy. Que falleció hace 10 o 12 años aproximadamente mientras se
encontraba prestando el servicio militar en el Ejército, y que antes de eso vivía
con los papás a los cuales les colaboraba económicamente, trabajando.
• Revisada la base de datos Registro Único de Afiliados al Sistema Integral de
Información de la Protección Social, se observa que el señor Fredy Rueda
Chinchilla identificado con cédula de ciudadanía 13635223, reporta:
De la información de la base de datos Registro Único de Afiliados al Sistema
Integral de Información de la Protección Social, se observa que la señora Elisa
Amaya Santos identificada con cédula de ciudadanía 37.656.923, reporta:
2.5 Caso concreto
21
Nº Interno: 3511-2023
Demandante: Fredy Rueda Chinchilla y otro
Demandada: Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
Como ya se expuso, en el presente asunto, los señores Fredy Rueda
Chinchilla y Elisa Amaya Santos pretenden el reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes establecida en la Ley 447 de 1998 o
subsidiariamente se reconozca la prestación a los demandantes en los
términos del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, como consecuencia de la
muerte del señor Yeinson Alexis Rueda Amaya.
El Tribunal reconoció la prestación solicitada en virtud de lo establecido en la
Ley 100 de 1993 y partir del 25 de diciembre de 2009, con prescripción de las
mesadas causadas con anterioridad al 15 de diciembre de 2014 y siguiendo el
parámetro de la sentencia de unificación CE-SUJ2-010-18 del 12 de abril de
2018.
Inconforme con la decisión de primera instancia la entidad demandada
interpuso recurso de apelación por cuanto no comparte la decisión en virtud
del fallo de unificación por la cual se reconoce la pensión es aplicable
exclusivamente en los casos donde el soldado regular encontrándose
prestando su servicio militar obligatorio falleciere en simple actividad y esto no
ocurre en el presente caso, pues la muerte del joven Yeison Alexis Rueda, fue
calificada en misión del servicio, además los demandantes no cumplen con el
requisito de dependencia económica para acceder a la pensión de
sobreviviente.
De acuerdo con las reglas jurisprudenciales explicadas en esta sentencia se
tiene establecido que para los beneficiarios legales de soldados que prestan
servicio militar, y fallecen en misión del servicio, se puede aplicar el régimen
general establecido en la Ley 100 de 1993, por ser más favorable, y para
analizar la dependencia económica se debe verificar la imposibilidad de
mantener el mínimo existencial que les permita a los padres subsistir de
manera digna con autosuficiencia económica.
A revisar el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 con la modificación de la Ley
797 de 2003, vigente para el 25 de diciembre de 2009, fecha de la muerte del
familiar de los reclamantes, se tiene que la norma exigía como requisitos para
22
Nº Interno: 3511-2023
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obtener la pensión de sobreviviente del afiliado que fallezca que hubiere
cotizado por lo menos cincuenta (50) semanas dentro de los tres últimos años
inmediatamente anteriores al fallecimiento.
En este punto es importante aclarar que, sobre las semanas mínimas
cotizadas a exigir a los soldados regulares, la sentencia de unificación CE-
SUJ-SII-009-2018 de 1° de marzo de 2018, consideró:
“219. De acuerdo con lo señalado en precedencia, en virtud del artículo 19 de la Ley
352 de 1997 quienes prestan el servicio militar obligatorio son afiliados no cotizantes
al régimen de Seguridad Social de las Fuerzas Militares, por lo que no sería dable
exigirles el requisito mínimo de cotización al que hace alusión el artículo 46 de la
Ley 100 de 1993, empero, sí es viable que durante tal término hayan sido afiliados
al sistema”
En el sub-lite, se tiene acreditado que los señores Fredy Rueda Chinchilla y
Elisa Amaya Santos, son los padres de Yeinson Alexis Rueda Amaya y el
causante prestó sus servicios como soldado regular desde el 20 de mayo de
2006 hasta 25 de diciembre de 2009.
De acuerdo con lo anterior, el señor Yeinson Alexis Rueda Amaya estuvo
vinculado al Ejército Nacional por más de un año (1) siete (7) meses y cinco
(5) días que arrojan una aproximado de 83 semanas, lo que de conformidad
con el artículo 19 de la Ley 352 de 1997 implica que estuvo afiliado al Sistema
de Seguridad Social de las Fuerzas Militares, por un tiempo superior al mínimo
exigido por la Ley 100 de 1993 para ser beneficiario de la pensión de
sobrevivientes, cumpliendo así dos de los requisitos necesario para el efecto19.
Por otra parte, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 señala que los padres
tienen derecho a ser beneficiario de la pensión de sobreviviente, si depende
económicamente del causante, motivo por el cual, se procederá a analizar si
se cumplieron con este requisito, teniendo en cuenta los lineamientos
19
Para definir la fecha del cómputo de las semanas se tendrá en cuenta el momento de la desaparición física del
soldado regular, esto es, 15 de septiembre de 2000, toda vez que sería someterlo a un imposible exigirle el
cumplimiento de las semanas durante los 2 años de su desaparición. Ver Corte Constitucional sentencias T-776 de
2009 y T-263 de 2017
23
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expuestos por la Corte Constitucional en las sentencias C-111 de 2006 y SU-
471 de 2023.
Al valorar las pruebas allegadas al expediente de manera conjunta, y con base
en la sana crítica, esta Sala encuentra acreditado el requisito de la
dependencia económica de los señores Fredy Rueda Chinchilla y Elisa Amaya
Santos, respecto de su hijo Yeinson Alexis Rueda Amaya.
En este estado de la discusión merece destacarse lo expresado por las
declarantes dentro del trámite judicial, quienes además de describir el entorno
familiar, refirieron que, desde temprana edad, Yeinson Alexis Rueda Amaya,
cumplía labores en el campo que se daban en el lugar donde vivía.
Las deponentes son contestes en afirmar, que lo que recibía el hijo de los
accionantes como contraprestación a sus tareas agrícolas, pese a su corta
edad, lo suministraba al sostenimiento de su familia.
Es más, por eso reseñan al unísono que el deseo de los accionantes, es que
Yeinson Alexis Rueda Amaya culminara su servicio militar para que retomara
el auxilio en el mantenimiento del hogar.
Y aunque podría pensarse que no relatan las razones por las cuales estando
prestando servicio en el Ejército Nacional, el deudo de los accionantes, no les
siguió suministrando la ayuda económica, esta situación no demerita lo que
hacia antes de su incorporación.
Además, esta imposibilidad pudo estar justificada en el bajo monto de la
bonificación mensual que recibía en razón de su prestación del servicio militar,
lo cual surge de la comparación de las normas que la rigen:
Literal a del artículo 39 de la Literal a del artículo 44 de la Artículo 7 de la Ley 2384 de
Ley 48 de 1993 Ley 1861 de 2017 2024 que modificó el artículo
44 de la Ley 1861 de 2017.
Todo colombiano que se Todo colombiano que se a) Desde el día de su
encuentre prestando el encuentre prestando el incorporación, hasta la fecha
24
Nº Interno: 3511-2023
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servicio militar obligatorio en servicio militar obligatorio en de su licen-ciamiento o
los términos que establece la los términos que establece la desacuartelamiento, a ser
ley, tiene derecho: ley, tiene derecho: atendido por cuenta del
Estado en todas sus
a) Desde al día de su a) Desde el día de su necesidades básicas
incorporación hasta la fecha incorporación, hasta la fecha atinentes a salud,
del licenciamiento, tendrá de su licen-ciamiento o alo-jamiento, alimentación,
derecho a ser atendido por desacuartelamiento a ser vestuario, bienestar y
cuenta del Estado, en todas atendido por cuenta del disfrutará de una
sus necesidades básicas Estado en todas sus; bonificación mensual sin
atinentes a salud, necesidades básicas carácter salarial por valor
alojamiento, alimentación, atinentes a salud, equivalente al 50% del
vestuario, bienestar y alo-jamiento, alimentación, salario mínimo mensual
disfrutará de una vestuario, bienestar y legal vigente.
bonificación mensual. Al disfrutará de una
momento de su bonificación mensual hasta En un término no mayor a,
licenciamiento, se proveerá por el 30% del salario seis (6) meses a partir de la
al soldado regular y mínimo men-sual vigente. vigencia de esta ley, la
campesino, de una dotación bonificación mensual se
de vestido civil; El Ministerio de Defensa incrementará al setenta por
Nacional, con cargo a su ciento (70%) de un (1)
presupuesto de gastos de salario mínimo mensual
personal, adoptará las legal vigente, con la
medidas necesarias para respectiva adición
implementar lo establecido presupuestal.
en el presente literal, sin que
en ningún caso implique En un periodo no superior a
incremento alguno a los dos (2) años a partir de la
gastos de personal, y vigencia de esta ley, la
manteniendo los cupos de bonificación mensual por la
gasto asignados a esta prestación del servicio militar
entidad. será equivalente a un (1)
salario mínimo mensual
Sujeto a disponibilidad legal vigente, con la
presupuestal, la bonificación respectiva adición
mensual podrá llegar hasta presupuestal.
el 50% del salario mínimo
mensual vigente, con la
respectiva adición
presupuestal;
25
Nº Interno: 3511-2023
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Quiere decir que la bonificación mensual que recibió Yeinson Alexis Rueda
Amaya, mientras prestaba servicio militar ni siquiera equivalía al treinta (30)
por ciento del salario mínimo, pues según se vio del cuadro comparativo ese
porcentaje solo lo recibieron los vinculados con posterioridad a la vigencia de
la Ley 1861 de 2017.
Por lo tanto, alegar que las declarantes no dieron cuenta de lo que recibieron
los accionantes mientras estuvo prestando el servicio militar obligatorio
Yeinson Alexis Rueda, resulta patente ante lo exiguo de la bonificación
mensual.
De ahí que refulja con fuerza, lo afirmado por ellas, cuando insisten que el
mayor deseo de los padres de Yeinson Alexis Rueda Amaya era que culminara
el servicio militar para que les socorriera económicamente como lo hacía antes
de su incorporación.
Ahora, podría pensarse que resulta contradictoria la declaración extrajuicio
ofrecida por los demandantes ante la Notaria Única del Carmen de Chucuri, el
14 de enero de 2010, cuando señalaron que dependían económicamente de
lo que su finado hijo les suministraba a partir de lo que recibía en la prestación
del servicio militar, sin embargo debe valorarse de forma complementaria con
las declaraciones recibidas dentro del trámite judicial pues aquellas refieren a
la ayuda que sí les consta y que está ubicada temporalmente antes de su
incorporación al servicio militar.
Por lo tanto, una valoración integral de las declaraciones arrimadas a la
foliatura conduce a establecer que efectivamente existía una dependencia
económica entre los demandantes y su hijo fallecido, la cual se daba desde
antes de su incorporación a las Fuerzas Armadas en virtud del servicio militar.
Sumado a que no existe en el plenario prueba que permita concluir con grado
de certeza que los ingresos percibidos por Fredy Rueda Chinchilla y Elisa
Amaya Santos, les permitan garantizar su mínimo existencial, pues contrario
a esto, lo que se tiene acreditado es que actualmente se encuentran afiliados
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el régimen subsidiado de salud y no tienen afiliaciones en pensión, riesgos
laborales, compensación familiar y cesantías, lo que nos lleva a concluir que
se acreditó el requisito de la dependencia económica con el causante.
Sumado a lo precedente, lo expuesto sirve para desestimar la tesis formulada
en la apelación, según la cual, no puede aplicarse la regla jurisprudencial fijada
en la sentencia CE-SUJ-SII-010-2018 del 12 de abril de 2018, sobre pensión
de sobrevivientes de personas vinculadas a las Fuerzas Militares en
cumplimiento de la obligación constitucional de prestar el servicio militar
obligatorio, que fallezcan simplemente en actividad, pues como se dijo ut
supra, el análisis allí vertido es plenamente aplicable a la situación aquí puesta
en consideración.
Y no puede ser comprendido de otra manera, en vista que la única diferencia
radica en la forma en que fue calificada la muerte, en misión del servicio.
Por consiguiente, la regla jurisprudencial de la sentencia CE-SUJ-SII-010-2018
del 12 de abril de 2018, sobre pensión de sobrevivientes de personas
vinculadas a las Fuerzas Militares en cumplimiento de la obligación
constitucional de prestar el servicio militar obligatorio, que fallezcan
simplemente en actividad, mutatis mutandi, se adapta a los que fallezcan en
misión del servicio.
De suerte que el reproche propuesto por la demandada sobre este punto no
es de recibo.
Estas razones son suficientes para confirmar la sentencia de primera instancia
de 12 de diciembre de 2022, por la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia,
accedió a las pretensiones de la demanda.
3. Condena en costas.
Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de
manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365
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del Código General del Proceso, «[…] solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]». Siendo así,
teniendo en cuenta que en el trámite no se observa que se hayan causado, ni
de las partes un actuar temerario, esta Sala no condenará en costas a la parte
vencida.
4. Reconocimiento de personería.
Se reconocerá al abogado Juan José Guarín Rivera, con cédula de ciudadanía
71.526.961 y tarjeta profesional 202.168 del Consejo Superior de la Judicatura,
como apoderado de la Nación Ministerio de Defensa, en los términos y para
los efectos de poder conferido que obra en el índice 00012 de Samai.
V. DECISIÓN
La Sala procederá a confirmar sentencia de 12 de diciembre de 2022, por la
cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, accedió a las pretensiones de la
demanda promovida por los señores Fredy Rueda Chinchilla y Elisa Amaya
Santos en contra de la Nación – Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 12 de diciembre de 2022, por la
cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, accedió a las pretensiones de la
demanda promovida por los señores Fredy Rueda Chinchilla y Elisa Amaya
Santos en contra de la Nación – Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA Juan José Guarín Rivera, con
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Demandante: Fredy Rueda Chinchilla y otro
Demandada: Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
cédula de ciudadanía 71.526.961 y tarjeta profesional 202.168 del Consejo
Superior de la Judicatura, como apoderado de la Nación Ministerio de
Defensa, en los términos y para los efectos de poder conferido
CUARTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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