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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2014-01103-01

Fecha
12 de mayo de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2014-01103-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar el ordinal primero de la sentencia del 22 de agosto de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad. 2. Modificar el ordinal segundo de la apelada. En su lugar, se dispone: «SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, declarar en firme la declaración del impuesto sobre las ventas correspondiente al tercer bimestre del año gravable 2010 de la sociedad OTEK-INTERNACIONAL S.A.». 3. Sin condena en costas en ambas instancias.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 05001-23-33-000-2014-01103-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

12 de mayo de 2022

Radicado: 05001-23-33-000-2014-01103-01 (24155)
Demandante: O-Tek Internacional S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIERREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 05001-23-33-000-2014-01103-01 (24155)
Demandante O-TEK INTERNACIONAL S.A.
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Impuesto sobre las ventas. Año 2010. Procedimiento para
recuperación del IVA pagado sobre bienes excluidos a la luz del
artículo 424-5 del Estatuto Tributario.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 22 de agosto de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, que resolvió:
«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No.
112412013000001 del 4 de enero de 2013, proferido (sic) por la División de Gestión de
Liquidación de la DIAN, por medio de la cual se modificó la declaración privada del impuesto
sobre las ventas correspondiente al 3er bimestre del año gravable 2010, y de la Resolución
No. 900.043 del 18 de febrero de 2014 “Por medio de la cual se falla un recurso de
reconsideración”.
SEGUNDO: Como restablecimiento del derecho, se ordena a la U.A.E. DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIAN devolver a OTEK INTERNACIONAL S.A., la
suma de $1.282.415.000.
Acorde con lo expuesto en la parte motiva, se causarán intereses corrientes según lo previsto
en el artículo 864 del E.T, desde la fecha de notificación del acto que rechazó la devolución,
hasta la ejecutoria de esta providencia e intereses moratorios desde el día siguiente a la
ejecutoria de esta sentencia hasta la fecha de la consignación.
TERCERO: CONDENAR EN COSTAS A LA PARTE DEMANDADA, conforme a los artículos
188 del C.P.A.C.A. Y 365 del CGP, así como lo dispuesto en los Acuerdos 1887 y 2222 de
2003, emanados de la Sala Administrativa del Consejo de Superior de la Judicatura.
Los gastos del proceso se liquidarán por secretaría y se fijan como agencias en derecho, en
primera instancia, la suma de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL PESOS
(6’412.000)
CUARTO. En firme este proveído, archívese la actuación».

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 16 de julio de 2010, la actora presentó la declaración del impuesto sobre las
ventas correspondiente al bimestre 3 del año gravable 2010 liquidando saldo a favor
por valor de $2.728.905.0001, la cual fue corregida para aumentarlo a la suma de
$4.011.320.000, mediante Liquidación Oficial de Corrección Nro.

1 Fl.5 vto. del cuaderno de antecedentes.
1

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Radicado: 05001-23-33-000-2014-01103-01 (24155)
Demandante: O-Tek Internacional S.A.

1124120110000279 del 27 de mayo de 20112, que aceptó la solicitud elevada por
la demandante el 15 de abril de 2011.

Paralelamente, la demandante solicitó la corrección de las declaraciones de los
bimestres 4 y 5 de 2010, las cuales fueron aceptadas mediante liquidaciones
oficiales de corrección. Con fundamento en la liquidación del bimestre 5, la actora
presentó petición de devolución y/o compensación del saldo a favor, la cual fue
resuelta mediante Resolución Nro. 5642 del 7 de junio de 2012, declarando la
improcedencia provisional con fundamento en el proceso de fiscalización de dicho
período7.

El 3 de noviembre de 2011, la demandante corrigió nuevamente para reducir el
saldo a favor a la suma de $3.986.648.0003.

Previo requerimiento especial, la DIAN expidió la Liquidación Oficial de Revisión
Nro. 112412013000001 del 4 de enero de 20134, por medio de la cual modificó la
declaración de IVA del tercer bimestre del año gravable 2010, en el sentido de
desconocer $1.282.415.000 registrados en el renglón 55 «IVA resultante por
devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas», que derivó en la disminución del
saldo a favor a la suma de $2.704.233.000. En este acto se determinó que no había
lugar a imponer sanción de inexactitud.

Contra este acto oficial de determinación5, se interpuso recurso de reconsideración
por parte de la demandante, el Consorcio Cartagena Siglo XXI, Aguas de Cartagena
S.A. E.S.P. y el Distrito de Cartagena6, lo cual fue decidido mediante la Resolución
Nro. 900.043 del 18 de febrero de 20147 confirmando el acto recurrido.

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011 C.P.A.C.A.), la parte demandante
formuló las siguientes pretensiones8:

«A. Respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados se declare la nulidad absoluta y
total de la Liquidación Oficial de Revisión No. 112412013000001 de 4 de enero de 2013,
proferido (sic) por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de
Impuestos de Medellín de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, por
medio de la cual se modificó la declaración privada del impuesto sobre las ventas
correspondiente al tercer (3er) bimestre del año gravable 2010 y de la Resolución No.
900.043 de 18 de febrero de 2014 “Por la cual se falla un recurso de reconsideración”
proferida por la Subdirección de Recursos Jurídicos del Nivel Central de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales.
B. Como restablecimiento del derecho solicitamos a los Honorables Magistrados aceptar los
ajustes realizados por la Compañía en la declaración del impuesto sobre las ventas

2 Fl.6 del cuaderno de antecedentes.
3 Fl.6 vto. del cuaderno de antecedentes.
4 Fls.62 a 75 del cuaderno principal.
5 Fls.358 a 384 del cuaderno de antecedentes.
6 Fls.399 a 435 del cuaderno de antecedentes.
7 Fls.93 a 115 del cuaderno principal.
8 Fl.5 del cuaderno principal.
2

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correspondiente al tercer (3er) bimestre del año gravable 2010 y en consecuencia, se
sirva ordenar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN la devolución del
pago de lo no debido por concepto de IVA en bienes excluidos con el correspondiente
reconocimiento de los intereses causados a la tasa moratoria».

La parte demandante citó como normas violadas los artículos 83, 95 numeral 9 y
208 de la Constitución Política, 424-5 y 683 del Estatuto Tributario, 264 de la Ley
223 de 1995, 1, 42 y 88 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, 5 del Código Contencioso Administrativo, 831 del
Código de Comercio y 213 del Código Civil. Como concepto de la violación9 expuso
lo siguiente:

1. Violación del artículo 424-5 del Estatuto Tributario al pretender exigir una
oportunidad para la expedición del certificado expedido por el Ministerio
de Ambiente como requisito para la procedencia de la exclusión del IVA,
no prevista en la ley ni en el reglamento

Indicó que, en la liquidación oficial de revisión, la administración señaló que no es
procedente la aplicación de la exclusión del IVA prevista en el artículo 424-5 del
Estatuto Tributario porque es necesario tener la certificación del Ministerio de
Ambiente al momento de realizar la compraventa de los bienes excluidos. No
obstante, precisó que, mediante la resolución que decidió el recurso de
reconsideración, la demandada cambió su planteamiento, al manifestar que no era
necesario tener dicho certificado, sino al menos haber presentado la solicitud para
su expedición.

Resaltó que, en este caso, la mencionada certificación fue expedida el 3 de
diciembre de 2009, esto es, con posterioridad a la compraventa de los bienes con
destino al sistema de control y monitoreo ambiental en el Distrito de Cartagena. Con
base en ello, explicó que no existe disposición legal ni reglamentaria que establezca
como requisito para la exclusión del IVA que la expedición de ese documento se
haga con anterioridad a la compraventa de los bienes excluidos o que la solicitud
se presente «antes de la corrección», como lo manifestó la DIAN en la resolución que
resolvió el recurso de reconsideración.

Enfatizó en que el artículo 424-5 del Estatuto Tributario es el que contempla la
exclusión del IVA y que la función del Ministerio de Ambiente, por mandato legal, es
acreditar que los bienes son necesarios para el cumplimiento de las disposiciones,
regulaciones y estándares ambientales. De manera que tal certificación es un
elemento probatorio o de acreditación de una calidad, más no constitutivo de una
exclusión, «máxime cuando quien puede señalar la calidad de gravado o no gravado de un bien
es la ley y no el ejecutivo».

Destacó que el Consejo de Estado10 ha reconocido que no existe un límite para
solicitar la exclusión, de manera que una interpretación restrictiva en ese sentido
desconocería el citado artículo 424-5. Asimismo, adujo que la DIAN ha confirmado
esta posición en los mismos conceptos en los que se fundamenta la liquidación
oficial, para lo cual citó apartes de los conceptos Nro. 016221 de 1999, 075990 de
2005, 106957 de 2009 y 047424 de 2011.

9 Fls.10 a 39 del cuaderno principal.
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 23 de abril de
2009, exp. 16269 C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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Por lo anterior, solicitó que, en aplicación del artículo 264 de la Ley 223 de 1995 y
del parágrafo del artículo 20 del Decreto 4048 de 2008, se aplicaran los conceptos
mencionados, en especial el Nro. 106957 de 2009, expedido en el mismo año en el
que se hizo la solicitud, en donde la DIAN reconoció la procedencia de la exclusión
sin limitarla al momento de la operación.

2. Violación del artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo por inaplicación, al pretender
desconocer la presunción de legalidad y efectos jurídicos derivados de
la calificación efectuada por el Ministerio de Medio Ambiente

Planteó que, al condicionar el alcance de la certificación del Ministerio de Medio
Ambiente, la administración desconoce el principio de legalidad de los actos
administrativos. Expuso que, más allá de la discusión respecto de la oportunidad
para solicitar la exclusión, existe un acto administrativo que señala cuáles son los
bienes excluidos sin condicionarlo a la fecha de adquisición, lo cual no podía hacer
el Ministerio, puesto que solo tiene la facultad de verificar y certificar las condiciones
de los bienes que son excluidos por virtud de la ley.

Mencionó que a la DIAN le estaba vedado cuestionar el cumplimiento de los
requisitos del numeral 4 del artículo 424-5 del Estatuto Tributario, pues existía un
acto administrativo en firme que así lo decretaba. En esa medida, si la
administración consideraba que no cumplía con dichas exigencias y que la exclusión
era improcedente, debió recurrir la certificación del Ministerio ante la jurisdicción
contenciosa y en ningún caso desconocerle la presunción de legalidad, por medio
de la liquidación oficial.

Agregó que la administración invadió la competencia del ministerio, pues el análisis
de los requisitos para la procedencia de la exclusión del IVA es competencia
exclusiva de esa entidad, tal y como lo precisó la propia DIAN en el Concepto Nro.
044913 del 31 de mayo de 2001 y lo ha reconocido el Consejo de Estado11.

3. Violación del artículo 683 del Estatuto Tributario que consagra el espíritu
de justicia por cuanto la administración impuso cargas impropias e
innecesarias. Violación de los artículos 1 y 42 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo por
falsa motivación, y del artículo 208 de la Constitución

Sostuvo que, contrario a lo expuesto por la DIAN, en este caso, las correcciones no
procedían sobre cada uno de los períodos correspondientes a las facturas en las
que se causó el respectivo IVA, porque las declaraciones tributarias son
susceptibles de ser corregidas cuando hayan sido presentadas con errores o
inconsistencias que generen diferencias entre el saldo a pagar o el saldo a favor, a
la luz de lo dispuesto en los artículos 588 y 589 del Estatuto Tributario.

Adujo que al momento en que presentó las declaraciones del IVA por los períodos
en que se vendieron los bienes, éstas no tenían algún error que fuese susceptible

11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencias del 23 de abril de
2009, exp. 16269, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y del 5 de mayo de 2003, exp. 13212, C.P. Ligia
López Díaz.
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de corrección, ya que los bienes vendidos estaban gravados con IVA en tanto no
existía ningún acto administrativo que los calificara como excluidos. Añadió que, en
este caso, únicamente podía decirse que los bienes vendidos al Consorcio
Cartagena Siglo XXI adquirieron la condición de excluidos a partir de la expedición
de la certificación del Ministerio de Ambiente, de ahí que sólo en ese momento
surgía la obligación a su cargo de devolver el IVA.

Destacó que la vigencia de la mencionada certificación es de 1 año, «de tal manera
que es sobre dicho periodo sobre el cual procede la aplicación del beneficio. Por lo tanto, es sobre
dicho periodo de tiempo que procedía el ajuste». Así, alegó que, en armonía con las
disposiciones contables, el impuesto causado frente a cada uno de los bienes
vendidos al consorcio, desde enero del año 2007 fue declarado y pagado en los
bimestres correspondientes, y sólo cuando éste acreditó, en los términos del artículo
424-5 del Estatuto Tributario y normas reglamentarias, la calificación de los bienes
era dable registrar este evento, pues los ajustes contables se efectúan en las fechas
en que ocurren. Añadió que, a partir de la acreditación que indica que un bien no
está gravado, surge para el vendedor la obligación de reintegrar el impuesto que se
ha pagado indebidamente «y es por ello que ante la total inexistencia de un procedimiento
específico, el tratamiento corresponde al de anulación en el periodo del registro, con el fin de poder
configurar el saldo a favor que permita el reintegro al comprador» .

Consideró que negar que el ajuste procede en el período bajo análisis «es tanto como
desconocer o establecer un límite frente al momento en el que puede solicitarse la calificación de
bienes excluidos, pues en la medida en que al momento de expedirse la calificación, los periodos en
los cuales se realizó la venta se encuentran en firme, impediría el reconocimiento de la calidad de
no gravados» y desconocería lo dicho por el Consejo de Estado frente a la oportunidad
para el trámite de la calificación.

Relató que, con el fin de garantizar la devolución de los valores pagados
indebidamente por el consorcio, utilizó el único procedimiento aplicable para el
efecto, esto es, corregir la declaración del período en el que le fue entregada la
calificación, a la luz del artículo 589 del Estatuto Tributario, «y una vez aceptada la
corrección con un saldo a favor, solicitar su devolución, para así contar con un capital y poder realizar
el reintegro del IVA al comprador».

Añadió que negar injustificadamente este trámite, sin que exista disposición legal
que faculte a la DIAN para hacerlo, coloca a la sociedad actora en un estado de
indefensión, ya que le impone una carga innecesaria a la que no está obligada como
lo es responder con su propio capital por el reintegro por concepto de IVA frente a
bienes excluidos. Esto sería contrario a los artículos 58 y 95 numeral 9 de la
Constitución, puesto que asignarle ese deber constituiría una expropiación de facto.

Recalcó que la interpretación asumida por la administración conlleva un trato
diferenciado para los contribuyentes que deban reintegrar el IVA. Esto, porque
cuando el resultado de las declaraciones sea un valor a pagar, este se puede
reintegrar, ajustar el valor y cancelar al Estado la diferencia vía declaración,
mientras que, para los casos como el de la actora, «que atendiendo a su calidad de
exportador, genera saldo a favor susceptibles de devolución, debiendo acudir a la devolución de
tales valores para reintegrar el IVA indebidamente pagado, distinción no contemplada en norma
alguna».
Adicionalmente, citó apartes del Concepto Nro. 040724 de 2011 de la DIAN y
expuso que la corrección debe llevarse a cabo, no cuando se efectuaron cada una

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de las operaciones de ventas, sino una vez se obtenga la calificación de no gravados
demostrando tal condición ante el responsable del gravamen.

4. Violación del artículo 5 del Código Contencioso Administrativo, aplicable
a este caso de conformidad con lo dispuesto sentencia C-818 de 2011,
por falta de aplicación

Informó que la actora y el Consorcio Cartagena Siglo XXI adoptaron los lineamientos
verbales expresados por la Dirección de Gestión Jurídica, el Director de la División
de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Medellín y el Director de
Impuestos de esa seccional. Expuso que cuando la administración profirió el auto
Nro. 2 del 24 de enero de 2012 (que suspendió un trámite de devolución), así como
el requerimiento especial y la liquidación oficial, contrarió lo señalado por esas
dependencias respecto el procedimiento aplicable.

Adicionalmente, el artículo 5 del Código Contencioso Administrativo, aplicable por
virtud de la sentencia C-818 de 2011 y el artículo 4 de la Resolución Nro. 7614 de
2010 proferida por la DIAN, dispone que las consultas verbales son una de las
manifestaciones del derecho de petición y tienen la misma eficacia que las
peticiones por escrito, por lo que tienen igual importancia y consecuencias.

5. Violación por falsa motivación dado que en el presente caso es
inexistente un doble beneficio por parte del Consorcio Siglo XXI

Manifestó que, contrario a lo señalado en los actos demandados, el consorcio
registró el IVA pagado en la adquisición de los bienes como mayor valor del costo
del activo, toda vez que, hasta ese momento, no había sido expedida la certificación
del Ministerio de Ambiente, lo cual lo habilitaba para llevarlo como mayor valor del
costo y no como descontable, en virtud de la prohibición prevista en el artículo 491
del Estatuto Tributario de utilizar como descontable el impuesto sobre las ventas
pagado en la adquisición de activos fijos. Este manejo fue certificado por el contador
público del consorcio y lo confirma la descripción de la cuenta 15 denominada
«Propiedades, planta y equipo».

Explicó que el tratamiento del IVA pagado será diferente cuando al consorcio se le
reintegre, pues, en el evento en que este haya utilizado el mayor valor del costo en
el impuesto sobre la renta, deberá registrarlo como un ingreso por recuperación de
deducciones, según el numeral 1 del artículo 195 del Estatuto Tributario y la
descripción de la cuenta PUC 4520 «Recuperaciones».

En gracia de discusión, adujo que, si se llegara a entender que en el presente caso
se intentó obtener un doble beneficio, este no sería sobre el total de las sumas
solicitadas en devolución por concepto del IVA pagado sobre los bienes excluidos
(pago de lo no debido). Lo anterior, porque al ser utilizado en el impuesto a la renta,
sólo se le aplicaría el 33% que corresponde a la tarifa de ese tributo y no el 100%
del IVA descontable.

6. Violación del numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Política por el
pago de impuestos superiores a aquellos que la ley le ha impuesto y del
artículo 213 del Código Civil al desconocer la inexistencia de un auténtico
pago de lo no debido

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En este caso, se configuró un pago de lo no debido porque en los años 2007 y
siguientes se pagó IVA en la venta de bienes que estaban excluidos de ese
gravamen. Precisó que este hecho no ha sido discutido por la DIAN, sin embargo,
el Consorcio no ha podido recuperar lo pagado por este concepto, lo cual ha
afectado directamente la construcción de obras del acueducto en Cartagena, debido
a que son recursos públicos.

Transcribió los argumentos expuestos por la DIAN en la liquidación oficial para
levantar la sanción de inexactitud y, con base en ellos, señaló que no es tan absoluta
la posición de la DIAN consistente en que debía corregir las declaraciones de cada
uno de los bimestres.

7. Violación del artículo 831 del Código de Comercio al configurarse en el
presente caso un enriquecimiento sin justa causa en cabeza del Estado

Sostuvo que, con la posición de negar la procedencia de los ajustes realizados a su
declaración del IVA, se configuró un enriquecimiento sin justa causa a favor del
Estado. Puso de presente que, ante la imposibilidad de recuperar el impuesto a
través del responsable (la demandante), Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., en virtud
de la cesión de derechos por parte del Consorcio Cartagena Siglo XXI, radicó ante
la DIAN una solicitud de devolución del pago de lo debido. Sin embargo, la
administración devolvió la documentación sin estudiarla de fondo, porque era
necesario adjuntar los recibos oficiales de pago en banco o declaraciones tributarias
que soportaran el pretendido pago de lo no debido y ajustar la solicitud al Decreto
2277 de 2012.

Expuso que Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. fundamentó la petición de devolución
en las facturas de venta en las que se facturó el IVA, sin embargo, estos
documentos, que son los únicos que acreditan lo pagado desde el punto de vista
del sujeto pasivo económico, no se encuentran contemplados dentro de los soportes
necesarios para el trámite de la devolución de pago de lo no debido. Con lo anterior,
afirmó entonces que Aguas de Cartagena ha intentado de todas las maneras
obtener el reintegro, pero ello no ha sido posible y, por ende, los recursos
permanecen en las arcas del Estado.

Oposición de la demanda

La parte demandada controvirtió las pretensiones de la actora con fundamento en
las siguientes razones12:

Advirtió que el procedimiento llevado a cabo por la DIAN se centró en el
desconocimiento de $1.282.415.000, cifra registrada por la actora en el renglón 55
«IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas» de su declaración
del impuesto sobre las ventas del bimestre 3 del año 2010, comoquiera que allí se
incluyeron los valores «excluidos del IVA» de las ventas realizadas por la demandante
al Consorcio Cartagena Siglo XXI en los bimestres 1 a 5 del año 2007, 3, 4 y 6 del
año 2008 y 1, 2, 3, 4 y 6 del año 2009, con fundamento en el numeral 4 del artículo
424-5 del Estatuto Tributario.

12 Fls.246 a 258 del cuaderno principal.
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Después de citar las normas que reglamentan el mencionado precepto legal, aclaró
que la certificación del Ministerio de Ambiente constituye un requisito para acceder
a la exclusión del IVA, la cual no tiene una vigencia indeterminada, sino que es de
un año a partir de su expedición, término que se considera sin perjuicio de los plazos
tributarios.

A su vez, transcribió apartes del Concepto Nro. 040724 del 7 de julio de 2011 de la
DIAN y sostuvo que, en este caso, habiéndose declarado y pagado el IVA respecto
de la adquisición de bienes excluidos y en virtud de la posterior obtención de la
certificación del Ministerio de Ambiente, «resulta viable la recuperación del tributo (Impuesto
Sobre las Ventas), por el Comprador y sujeto que pagó el IVA (CONSORCIO CARTAGENA SIGLO
XXI) mediante una solicitud a su Vendedor (O-TEK INTERNACIONAL S.A.) y por quien lo recaudo
(sic), declaro (sic) y pago (sic) (O-TEK INTERNACIONAL S.A.) ante la U.A.E. DIAN mediante la
solicitud de corrección de las declaraciones del Impuesto Sobre las Ventas de cada periodo y
posterior solicitud de devolución y/o compensación, siendo este segundo el caso que interesa para
este proceso».

Explicó que, una vez obtenida la certificación, se debieron corregir cada una de las
declaraciones del IVA, correspondientes al período en el que se realizaron las
compraventas y no sólo la del último período, pues cada declaración debe reflejar
las operaciones del bimestre, las cuales tienen que estar debidamente soportadas
y reflejadas en la contabilidad. Para la corrección de las declaraciones es necesario
respetar los procedimientos y términos contemplados en el artículo 589 del Estatuto
Tributario. En esa medida, expresó que en el sub examine «se presentaron las
declaraciones del Impuesto Sobre las Ventas atendiendo a la realidad económica del momento, la
cual cambio (sic), conllevando a una variación del impuesto, por esta razón la Sociedad debía
modificar cada una de las declaraciones (…)».

Sostuvo que la actora cumplió las condiciones de forma previstas en el artículo 589
del Estatuto Tributario al momento de solicitar la corrección de la declaración del
IVA del bimestre 3 del año 2010, razón por la cual la DIAN expidió la liquidación
oficial de corrección. Sin embargo, ello no imposibilita su revisión de fondo, pues,
para tal efecto, la administración contaba con un término de 2 años contados desde
la expedición de la mencionada liquidación.

Reiteró que en el renglón 55 de la declaración del IVA de la actora del bimestre 3
del año 2010, objeto de revisión, se incluyeron factores que corresponden a otros
bimestres y años. En ese sentido, destacó que cuando la jurisprudencia y la doctrina
de la DIAN se refieren a corregir las declaraciones del período donde se dieron las
operaciones hace referencia a los bimestres a los que correspondan las facturas
que generaron el impuesto, por lo que se ha sugerido solicitar el respectivo
certificado para acceder a la exclusión teniendo presente los vencimientos de los
procedimientos administrativos, como lo establece la Resolución Nro. 978 de junio
de 2007, que reglamentó el artículo 424-5 del Estatuto Tributario.

En esa medida, sostuvo que la actora dejó vencer los términos para corregir las
declaraciones del impuesto sobre las ventas, relacionadas con la exclusión del
tributo, comoquiera que adquirieron firmeza. Para sustentar lo anterior, realizó un
cuadro en el que incluyó, entre otros datos, la fecha del vencimiento para declarar,
la del vencimiento del término para corregir previsto en el artículo 589 del Estatuto
Tributario y la fecha en la que se produjo la firmeza de las declaraciones del
impuesto sobre las ventas de los años 2007, 2008 y 2009. Adujo que, entre la fecha
de expedición de la certificación (3 de diciembre de 2009) y la de la solicitud de

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corrección de la declaración cuestionada (15 de abril de 2011), había vencido el
término para corregir las declaraciones de los períodos antes mencionados, con
excepción de la del bimestre 6 del año 2009.

Indicó que la firmeza de las declaraciones, implicaba que la administración perdiera
competencia para cuestionarlas o modificarlas, de manera que gozaban de toda
validez, más aún cuando «dejó probado el Contribuyente que en el momento de haberlas
presentado correspondía la información registrada en cada una a la realidad económico-tributaria
como quiera que sólo se obtuvo la prueba contundente para acceder a la exclusión del IVA del
numeral 4 del Artículo 424-5 del Estatuto Tributario, cuando se obtuvo la certificación».

Manifestó que, el certificado Nro. 3325 del 3 de diciembre de 2009 también se
encontraba vencido a la fecha en que fue solicitada la corrección de la declaración
de IVA correspondiente al tercer bimestre de 2010, lo cual se efectuó el 15 de abril
de 2011. Sostuvo que la actora pretendió acceder un beneficio allegando como
prueba un certificado que había perdido vigencia el 3 de diciembre de 2010, que
según los artículos 5 del Decreto 2532 de 2001 y 5 de la Resolución Nro. 978 de
2007 es de un año.

Recalcó que se evidencia la falta de cuidado de los intervinientes en la operación
de compraventa con miras a obtener la exclusión, así como la falta de cumplimiento
de la cláusula 10 del Contrato de obra civil celebrado entre Distrito de Cartagena y
el Consorcio Cartagena Siglo XXI, según la cual el licitante debía hacer las
averiguaciones pertinentes respecto de la existencia de exenciones tributarias.

Añadió que, para evitar el enriquecimiento sin justa causa en beneficio del fisco, el
legislador estableció normas que regulan el procedimiento y los términos en que el
beneficiario debe corregir y reclamar el pago de lo no debido. Por lo tanto, si no lo
hace oportunamente no puede alegar un enriquecimiento. Adujo que, afirmar lo
contrario sería desconocer el principio general de responsabilidad, según el cual no
es posible alegar la propia culpa.

Adujo que sí existía un procedimiento para recuperar el IVA, solo que fue aplicado
de forma indebida y destacó que en el expediente no existía prueba de que el actuar
de la demandante hubiese sido orientado por funcionarios de la DIAN, lo que, en
todo caso, tampoco justificaría el procedimiento empleado ante la existencia de
normas, jurisprudencia y doctrina sobre el tema.

Por último, precisó que no es procedente el reconocimiento de intereses, en la
medida en que el medio de control de nulidad y restablecimiento no se dirige contra
los actos de devolución y, en todo caso, si fuera así, tampoco procederían, por
cuanto esa solicitud fue atendida en debida forma, de manera que no se cumplen
los presupuestos del artículo 813 del Estatuto Tributario.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, accedió a las
pretensiones de la demanda13.

Sostuvo que, de acuerdo con el artículo 424-5 del Estatuto Tributario, para que
opere la exclusión del impuesto sobre las ventas allí prevista es necesario que se

13 Fls.306 a 322 del cuaderno principal.
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cumplan 3 condiciones: (i) que se trate de equipos y elementos nacionales o
importados destinados a la construcción, instalación, montaje y operación de
sistemas de control y monitoreo, (ii) que sean necesarios para el cumplimiento de
las normas y estándares ambientales vigentes y (iii) que se acredite por parte del
Ministerio del Medio Ambiente la destinación de los elementos o equipos.

Precisó que la norma mencionada no indica el tiempo el tiempo en el que se debe
solicitar o presentar la certificación suscrita por el Ministerio de Medio Ambiente para
que opere la exclusión del impuesto sobre las ventas. Adujo que tal certificado es
un documento sine qua non para que proceda dicho beneficio, al ser el elemento
probatorio por excelencia para su aplicación. Resaltó que el Consejo de Estado 14,
así como la DIAN en el Oficio Nro. 040724 del 7 de junio de 2011, coincidieron en
que la certificación puede obtenerse incluso después de realizar la operación, «lo
cual no impide reclamar el beneficio que para la fecha de la operación era legalmente posible».

Explicó que el valor pagado por concepto del impuesto sobre las ventas sobre
bienes excluidos, certificado por el ministerio, constituye un pago de lo no debido,
pues así lo dijo el Consejo de Estado15. En ese sentido, adujo que el proceso de
devolución de esta clase de pagos está regulado en el artículo 850 del Estatuto
Tributario, que quien está legitimado para iniciarlo es el contribuyente o
responsable, conforme con el artículo 1 del Decreto 2877 de 2013 y que, para estos
efectos, deben cumplirse los requisitos generales establecidos en el artículo 11 del
Decreto 2277 de 2012.

Planteó que no es necesario corregir la declaración en la que se generó el pago de
lo no debido, «pues lo importante es que pruebe que realizó el pago del impuesto sin que existiera
soporte legal para ello», tal y como lo sostuvo el Consejo de Estado16. Por consiguiente,
la corrección de las declaraciones presentadas durante los períodos en que se
realizó el pago de lo no debido, no es un requisito para su devolución.

Expuso que el término para solicitar la devolución del pago de lo no debido es dentro
de los 5 años siguientes al momento del pago en exceso o del pago de lo no
debido17. Además, enfatizó en que para que proceda la devolución es necesario que
el contribuyente o responsable acredite que realizó el pago, «pues con ello se comprueba
que existe enriquecimiento sin causa a cargo de la administración tributaria quien recibió el pago y,
tendrá el deber de hacer la respectiva restitución».

Para el caso concreto, manifestó que en el expediente reposa la certificación
expedida por el ministerio, cumpliendo así el requisito previsto en el artículo 424-5
del Estatuto Tributario y que en las declaraciones de los períodos 2007-1, 2007-2,
2007-3, 2007-4, 2007-5, 2008-3, 2008-4, 2008-6, 2009-1, 2009-2, 2009-3, 2009-4,
2009-5 y 2009-6, en el renglón 61 «saldo a pagar por impuesto», la tarifa liquidada fue
de $0, «toda vez que en cada una de ellas se generó saldo a favor y en ninguno de dichos períodos
aparece que se hayan realizado deducciones por impuestos descontables».

14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencias del 25 de noviembre
de 2004, exp. 13533, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, del 28 de noviembre de 2013, exp.18539, C.P.
Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez y del 8 de junio de 2017, exp. 21707, C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 28 de noviembre
de 2013, exp.18539, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 10 de marzo de
2016, exp. 20043 C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 10 de marzo de
2016, exp. 20043 y del 26 de julio de 2017, exp. 20757 C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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A su vez, dijo que, confrontada la información prevista en el anexo explicativo del
requerimiento especial con las declaraciones de la actora, se observa la relación de
facturas que dieron lugar al reintegro del IVA pagado y que la suma solicitada en
devolución ($1.282.415.000) se derivaba de la diferencia entre el IVA generado
($2.524.641.000) y el reintegro del IVA descontado por operaciones de venta
realizados en los bimestres cuestionados ($1.242.226.000).

Lo anterior llevó a concluir que la demandante declaró y pagó las sumas
correspondientes al IVA excluido, que ahora reclama, pues el 3 de diciembre de
2009 obtuvo la certificación del Ministerio de Medio Ambiente. Por ende, es
procedente la devolución del pago, ya que se realizó sin que existiera causa legal
que haga exigible su cumplimiento.

En esas condiciones, aseveró que el 15 de noviembre de 2011 la demandante, en
su condición de responsable del impuesto, presentó solicitud de devolución del pago
de lo no debido por los períodos 2007-1 a 2009-6, mencionados anteriormente.

Resaltó que la declaración correspondiente al bimestre 1 del año 2007, presentada
el 17 de marzo de 2008, fue en la que se registró el primer pago de lo no debido, lo
que permite concluir que el 17 de marzo de 2013 vencía el término de 5 años para
solicitar la devolución de dicho pago y «así sucesivamente para los demás periodos
presentados, teniendo en cuenta la fecha en que se pagó y declaró el IVA que fue objeto de
exclusión». En ese sentido, puntualizó que la solicitud de devolución presentada el 15
de noviembre de 2011 fue oportuna.

En virtud de lo expuesto, decretó la nulidad de los actos acusados, dejó en firme la
corrección de la declaración privada y, a título de restablecimiento del derecho,
ordenó la devolución del pago de lo no debido ($1.282.415.000) por concepto de
IVA excluido, correspondiente a los períodos 2007 (bimestres 1, 2, 3, 4 y 5), 2008
(bimestres 3, 4 y 6) y 2009 (bimestres 1, 2, 3, 4, 5 y 6). A su vez, ordenó que sobre
la suma a devolver se liquidaran intereses corrientes y de mora, según lo previsto
en los artículos 863 y 864 del Estatuto Tributario.

Finalmente, condenó en costas a la demandante, para lo cual utilizó el criterio
objetivo-valorativo. Así, señaló que los gastos serían liquidados por la secretaría y
fijó en $6.412.072 las agencias en derecho, suma que equivale al 0,5% de la suma
discutida. Explicó que se tendría en cuenta las gestiones adelantadas por el
abogado de la parte demandante (notificar la entidad demandada, asistir a la
audiencia inicial y presentar alegatos de conclusión).

Recurso de apelación

La entidad demandada interpuso recurso de apelación18. A estos efectos reiteró lo
expuesto en la oposición a la demanda sobre las correcciones de las declaraciones
de cada período, la firmeza de algunas y el término de vigencia de la certificación
del ministerio.

Agregó que el juez de primera instancia confundió el objeto de la Litis, pues olvidó
que los actos acusados determinaron el impuesto sobre las ventas del bimestre 3
del año gravable 2010 que debió haber declarado la actora, más no la devolución
de un pago de lo no debido. En ese sentido, resaltó que lo que se analizó en el fallo

18 Fls.325 a 333 del cuaderno principal.
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apelado, esto es, la procedencia de una devolución por pago de lo no debido no
corresponde al sub examine. Describió los procesos de determinación y discusión
de los tributos y el de devolución.

Respecto a lo dicho en la providencia de primera instancia sobre la posibilidad de
obtener la certificación del Ministerio de Ambiente que acredita la calidad de los
bienes excluidos del impuesto sobre las ventas con posterioridad a la venta, adujo
que no es cierto que en los actos demandados se haya exigido que, para acceder
a la exclusión, se tuviera que haber obtenido ese documento al momento de realizar
la operación, «lo que se advierte es la imperiosa necesidad de corregir las declaraciones
correspondientes a los periodos donde se dieron las operaciones de compra». Por consiguiente,
en ningún momento se desconoció la legalidad del certificado expedido por el
ministerio o que los bienes allí enunciados estén excluidos, «lo discutido es el
procedimiento fiscal empleado por la Sociedad para realizar el reintegro del IVA que se recaudó
sobre dichos bienes».

Señaló que la decisión del a quo desconoce el procedimiento tributario, en
específico, lo relacionado con que las declaraciones deben contener la realidad
económica y la forma en la que deben corregirse en el evento de existir alguna
equivocación. Explicó que, si bien es cierto que la certificación del ministerio da
cuenta de la existencia de la exclusión del IVA, también lo es que con la sola
declaración sin corrección más el citado documento, no se configura el pago de lo
no debido.

Ahora, en lo que tiene que ver con la orden de devolver, a título de restablecimiento
del derecho, la suma de $1.282.415.000, dijo que el Tribunal «excedió los límites de la
decisión pues ordena la devolución del pago de lo no debido y peor aún por varios años y periodos»,
sin tener en cuenta que en este caso no fueron demandados los actos del proceso
de devolución, sino los de determinación y que la administración debe verificar la
procedencia de la devolución, previa solicitud elevada por el contribuyente, a la luz
del artículo 850 y siguientes del Estatuto Tributario. De ahí que esta decisión
carezca de fundamento legal.

Respecto a la causación de los intereses, manifestó que, de conformidad con los
artículos 863 y 864 del Estatuto Tributario y 1.6.1.21.23. del Decreto 1625 de 2016,
la solicitud del contribuyente es un requisito legal necesario para que, en caso de
ser procedente, se reconozcan los intereses corrientes y moratorios.

Finalmente, se opuso a la condena en costas porque no se encuentran acreditadas,
por lo que no se cumple con lo previsto en el numeral 8 del artículo 365 del Código
General del Proceso. Añadió que este proceso se basó en un asunto de pleno
derecho, que las pruebas fueron aportadas por la DIAN en su gran mayoría, de ahí
que no hubo un desgaste probatorio por parte de la actora y, por último, que sólo se
llevó a cabo una audiencia, lo que implicó un menor desgaste del aparato judicial.

Alegatos de conclusión

La demandante19 se opuso a los cargos de apelación formulados por la DIAN y,
adicionalmente, (i) reiteró lo expuesto en la demanda frente a que el artículo 424-5

19 Fls.361 a 370 del cuaderno principal.
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del Estatuto Tributario no establece la oportunidad en la que debe ser iniciado el
proceso de exclusión y (ii) que su actuar se amparó en la doctrina oficial de la DIAN.

Señaló que la decisión adoptada por el Tribunal se sujetó al problema jurídico
determinado en la fijación del litigio, en la medida en que analizó la legalidad de los
actos acusados, la oportunidad para presentar la certificación del ministerio y lo
atinente a la devolución del saldo a favor.

Afirmó que al juez de primera instancia le correspondía ordenar la devolución de los
valores pagados por IVA sobre los bienes exentos a título de pago de lo no debido,
pues ello era consecuencia de la nulidad de los actos administrativos enjuiciados.
Destacó que los actos demandados tuvieron como origen la solicitud de devolución
del pago de lo no debido por concepto de IVA, efectuado desde el año 2007. En
consecuencia, narró algunos aspectos de los procesos de devolución iniciados tanto
por la actora como por Aguas de Cartagena (forma parte del Consorcio).

Así las cosas, precisó que, cuando estaba corriendo el bimestre 3 del año 2010 y
mientras la certificación del 9 de diciembre de 2009 expedida por el Ministerio de
Ambiente estaba vigente, fue que Aguas de Cartagena le solicitó que le devolviera
el IVA pagado sobre los bienes excluidos. En esa medida, expresó que, contrario a
lo expuesto por la administración, el proceso de devolución inició cuando dicha
certificación estaba vigente, si se tiene en cuenta que, conforme con la
jurisprudencia y el Concepto Nro. 106957 de 2009, ese trámite comienza con la
solicitud elevada por el adquirente de los bienes al vendedor.

Agregó que no es cierto que la DIAN no hubiese tenido tiempo de verificar la
procedencia de la devolución del pago de lo no debido, en tanto que el 15 de
noviembre de 2011, la actora solicitó la devolución del saldo a favor registrado en la
declaración de corrección del bimestre 5 del año 2010, «que incorporaba la reversión y
mayor saldo a favor derivado de la reversión del IVA declarado como excluido». Enfatizó en que
este procedimiento fue suspendido por 90 días, «por la imputación del saldo a favor
determinado con ocasión al pago de lo no debido revertido en el 3er bimestre del año gravable 2010».
En esas condiciones, afirmó que el Tribunal tenía total autonomía para ordenar la
devolución del pago de lo no debido, más cuando esta fue una de las pretensiones
de la demanda.

Por último, adujo que la condena en costas sí es procedente, porque, al margen de
que el proceso haya versado sobre un asunto de pleno derecho, no se puede
desconocer el desgaste judicial generado en su desarrollo.

La demandada20 reiteró los argumentos incluidos en la oposición a la demanda y
en el escrito de apelación.

Concepto del Ministerio Público

El Procurador Sexto Delegado ante esta Corporación solicitó revocar la sentencia
apelada21. Precisó que de la nulidad de los actos administrativos acusados no se
desprende automáticamente la devolución del saldo a favor, sino la firmeza de la
declaración modificada. Destacó que ese reintegro sería la consecuencia directa de

20 Fls.371 a 386 del cuaderno principal.
21 Fls.407 a 409 del cuaderno principal.
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declarar la nulidad del acto que negó la devolución del saldo a favor, actuación que
no se demandó en este proceso.

Añadió que no es posible que el Tribunal declare la nulidad de los actos enjuiciados
con fundamento en argumentos que no se pueden analizar en este proceso, máxime
cuando el acto de determinación establece que existe inexactitud en la declaración
de corrección al llevar como saldo a favor una suma que ya no es posible arrastrar
a una nueva declaración. Advirtió que, si bien la actora afirma que esas fueron las
indicaciones de la administración tributaria, lo cierto es que en el expediente no
existe prueba de ello.

Sostuvo que, aunque «la devolución por pago de lo no debido se encuentra probado», la
demandante debió respetar los términos para corregir las declaraciones, pues los
saldos a favor solicitados provenían de hechos ya causados «y no de aquel que fue
objeto de corrección».

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia de primera instancia, que declaró la nulidad de los
actos acusados, mediante los cuales la administración modificó oficialmente la
declaración del impuesto sobre las ventas de la actora, correspondiente al bimestre
3 del año 2010, en el sentido de desconocer el mayor saldo a favor liquidado por
valor de $1.282.415.000.

Atendiendo estrictamente los cargos de la apelación, los problemas jurídicos a
resolver en esta instancia se concretan en establecer si: (i) el Tribunal se centró en
analizar la devolución del pago de lo no debido y no los actos demandados que
corresponden a la liquidación de la obligación tributaria por concepto del impuesto
sobre las ventas del III bimestre de 2010. De ser así, entrará la Sala a verificar los
aspectos de fondo sobre la discusión de los actos de determinación, que se concreta
en (ii) el procedimiento aplicable para ajustar el IVA pagado en la adquisición de
bienes excluidos de IVA, en virtud del numeral 4 del artículo 424-5 del Estatuto
Tributario, (iii) si el juez de primera instancia se excedió del objeto de la Litis, al
ordenar la devolución del mayor saldo a favor registrado en la declaración del IVA
del bimestre 3 del año 2010 por $1.282.415.000, junto con los intereses liquidados
de conformidad con los artículos 863 y 864 del Estatuto Tributario; y (iv) si procede
la condena en costas en contra de la parte demandada.

1. Del estudio realizado en la sentencia de primera instancia

El juez de primera instancia anuló los actos acusados que modificaron la declaración
del impuesto sobre las ventas del bimestre 3 del año 2010 y ordenó a título de
restablecimiento del derecho, el reintegro del pago no debido, para lo cual hizo
referencia, entre otros, al proceso de devolución establecido en el artículo 850 del
Estatuto Tributario, a los requisitos que deben cumplirse (Decreto 2277 de 2012) y
el término para presentar dicha solicitud.

Se advierte que, tal como lo señala la apelante, los actos demandados fueron la
liquidación oficial de revisión y la resolución que la confirmó, es decir, los actos de
determinación de la obligación tributaria del impuesto sobre las ventas

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correspondiente al bimestre 3 del año 2010, lo que derivó en el rechazo del saldo a
favor registrado por la demandante, el cual había sido trasladado a las
declaraciones del cuarto y quinto bimestre del mismo año, de manera que el tema
de la devolución frente a la declaración del tercer bimestre no hace parte del
proceso.

Es importante observar que de acuerdo con los hechos narrados y los antecedentes
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por
OTEK INTERNACIONAL, se informa y consta que la sociedad presentó una
solicitud devolución ante la administración de impuestos el 15 de noviembre de 2011
bajo el Nro. DI 2010 2011 18934, la cual fue radicada respecto de la declaración del
impuesto sobre las ventas del V bimestre, solicitud que fue suspendida por la
División de Devoluciones mediante el Auto 02 del 24 de enero de 2012, y mediante
la Resolución 5642 de 2012 se confirmo la improcedencia provisional de la solicitud
de devolución por las actuaciones adelantadas por la División de Fiscalización de
Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, por ello los eventuales efectos de
dicha devolución con lo decidido en este proceso se regulan por lo dispuesto en el
artículo 857-1 del Estatuto Tributario.

En esas condiciones, le asiste la razón a la entidad demandada, comoquiera que el
Tribunal efectivamente no se centró en el objeto de la Litis.

Dado que lo que se discute es la legalidad de los actos de determinación, el análisis
debe considerar los fundamentos que sustentaron la liquidación del impuesto por
parte de la DIAN y que se circunscribe al procedimiento aplicable para ajustar el IVA
pagado en la adquisición de bienes excluidos de IVA, en virtud del numeral 4 del
artículo 424-5 del Estatuto Tributario, lo cual abordará la Sala a continuación.

2. Procedimiento aplicable para ajustar el IVA pagado en la adquisición de
bienes excluidos de IVA, en virtud del numeral 4 del artículo 424-5 del
Estatuto Tributario

Para dilucidar el debate, es pertinente precisar cuál fue la discusión suscitada en
sede administrativa, con el fin de delimitar el estudio en sede judicial.:

En el requerimiento especial, la DIAN hizo referencia a la exclusión prevista en el
artículo 424-5 del Estatuto y su norma reglamentaria, esto es, al Decreto 2532 de
2001, para concluir que «partiendo de la base de que los requisitos para la exclusión del iva de
acuerdo con el Decreto 2532 de 2001 se cumple, debemos examinar el procedimiento para dicha
devolución»,22 para lo cual se remitió a varios conceptos y concluyó que (i) si bien se
efectuaron ajustes contables, en este caso no se ha realizado el reintegro del
impuesto al consorcio; (ii) se debieron corregir cada una de las declaraciones en las
cuales se incluyó el IVA por ventas al consorcio y no se podían acumular todos los
valores en la declaración del bimestre 3 de 2010 (mayo–junio); (iii) que las
declaración de los años 2007 a 2009 correspondientes a los períodos donde se
realizaron las operaciones de venta, ya se encontraban en firme; y (iv) que del
certificado del contador del consorcio se estableció el impuesto facturado por la
demandante se registró contablemente como mayor costo de la obra, por lo que su
devolución generaría un doble beneficio tributario.

22 Folio 84 vto. cuaderno antecedentes
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Ahora, en la liquidación oficial y con fundamento en la respuesta de la demandante
al requerimiento, la administración fundamentó su decisión en lo siguiente (i) de
conformidad con el artículo 589 del Estatuto en las solicitudes de corrección de
declaración que disminuyan el valor a pagar o aumenten el saldo a pagar solo deben
revisarse aspectos formales y que el hecho que se acceda a la petición no impide
que la administración ejerza sus funciones de revisión, como se hizo en el caso
concreto; (ii) que si bien la certificación del ministerio se puede allegar con
posterioridad a las operaciones, lo cierto es que la solicitud para la expedición de tal
solicitud, debe solicitarse oportunamente, esto es, antes de la realización de las
ventas, con el fin de que se puedan corregir las declaraciones, lo cual no se
evidenció en este asunto, por lo que la demandante ya no puede corregir las
declaraciones a efectos de recuperar el impuesto; (iii) reiteró que el IVA fue
registrado por el consorcio como mayor valor del contrato y que según este último,
el contratista era el encargado de realizar todos los trámites correspondientes sobre
las exenciones tributarias.

Con ocasión de la resolución que decidió el recurso de reconsideración, la DIAN
expuso que (i) se evidencia correspondencia entre el requerimiento y la liquidación
pues los hechos y el motivo de la glosa es el mismo y consiste en “el procedimiento
agotado por la sociedad para solicitar el IVA descontable que debía reintegrar en atención a
lo señalado en el artículo 424-5 del Estatuto Tributario”23; (ii) no se condiciona a la fecha
de la certificación la devolución del impuesto, sino que para que ésta cumpla su
función, los actos que pretende afectar deben ser susceptibles de modificación, de
ahí que la certificación deba solicitarse antes de las compras, con el fin de que se
puedan realizar los ajustes contables y fiscales pertinentes, (iii) no está en discusión
la calidad de los bienes excluidos, no se cuestiona la certificación, el debate es
sobre el procedimiento empleado, el cual por ser inadecuado exige que la
administración corrija dicha conducta; (iv) para evitar un enriquecimiento sin
justa causa el contribuyente debe acudir a los procedimiento de manera oportuna;
(v) no existe prueba de que la actuación de la sociedad haya sido orientada por
funcionarios de la DIAN; y (vi) sobre el doble benefició manifestó que «no puede
pretender el recurrente que se le de validez a un procedimiento, que como se preciso (sic) no tiene
fuente legal, bajo el supuesto que la sociedad a la que se le realizó la venta solo se benefició en un
porcentaje del total del IVA cancelado»24.

Ahora bien, en el recurso de apelación, la DIAN centró su desacuerdo en relación
con la discusión de fondo en que, para efectos de lograr la posterior devolución del
IVA pagado sobre los bienes excluidos, la actora debió haber corregido los
denuncios privados correspondientes a los periodos en los que las ventas se
llevaron a cabo y no únicamente la declaración del bimestre 3 del año 2010. En ese
sentido, alegó que algunas de las declaraciones que debieron corregirse ya habían
adquirido firmeza y señaló que la demandante no podía acceder al beneficio, pues
la certificación del Ministerio del Medio Ambiente sólo estaba vigente hasta el 3 de
diciembre de 2010.

Establecido lo anterior, se destaca que en sede administrativa no se discutió la
vigencia de la certificación, pues desde el requerimiento especial, la Administración
señaló que se cumplían los requisitos del Decreto 2532 de 2001 y en los actos
demandados se limitó a señalar que aunque dicho documento se puede aportar con
posterioridad a las operaciones debe solicitarse en un término que permita modificar

23 Folio 103 cuaderno principal
24 Folio 111 cuaderno principal
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o corregir las declaraciones de los períodos correspondientes a las operaciones de
venta de los respectivos bienes, es decir, sólo se cuestionó el procedimiento
adelantado por la demandante frente a la corrección de una sola declaración
(bimestre 3 de 2010). Por tal razón no resulta procedente estudiar el cargo expuesto
en la oposición a la demanda y en la apelación relacionado con el hecho de que el
certificado había perdido su vigencia el 3 de diciembre de 2010, comoquiera que
esto no fue fundamento para modificar la liquidación oficial de revisión.

Respecto de la improcedencia de discutir en esta instancia aspectos que no fueron
objeto de debate en sede administrativa, se pronunció esta Sección en sentencia
del 28 de abril de 2022 (exp. 24354, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto),
precisando:

«(…), aunque no es claro el argumento del recurso de apelación, se pretende incluir un cargo
no planteado en los actos demandados, relacionado con «que los PAGARÉS como títulos que
respaldan las obligaciones antedichas», sobre el cual no se brindó explicación». (Subrayado
de la Sala).

Así las cosas, la Sala no se pronunciará sobre la vigencia de la certificación, al
tratarse de un cargo no cuestionado en los actos demandados.

Aclarado lo anterior, para resolver el asunto de fondo, se analizarán (i) los eventos
en los cuales es procedente la corrección de las declaraciones, a la luz de los
artículos 588 y 589 del Estatuto Tributario y (ii) las condiciones para acceder a la
exclusión del IVA prevista en el numeral 4 del artículo 424-5 ibidem.

La legislación tributaria consagra el procedimiento para enmendar las inexactitudes
cometidas por el contribuyente o responsable al elaborar su declaración privada.
Así, las rectificaciones de errores de las que se derivaba un mayor valor a pagar o
un menor saldo a favor se regulan por el artículo 588 del estatuto Tributario y podían
ser efectuadas, para la época de los hechos, dentro de los 2 años siguientes del
vencimiento para declarar. Por su parte, la corrección de errores en las que se
disminuía el valor a pagar o aumentaba el saldo a favor, se regulan por el artículo
589 del Estatuto Tributario y podían ser efectuadas dentro del año siguiente al
vencimiento del plazo para declarar, previo proyecto de corrección.

A partir de ello, la Sección25 ha señalado que el mecanismo de la corrección de los
denuncios privados parte de un supuesto de hecho común: que el administrado
cometió errores al autoliquidar los tributos a su cargo. En ese sentido, si el
contribuyente o responsable no incurre en yerro alguno al autoliquidar la obligación
tributaria no existe el presupuesto de hecho que da lugar a utilizar los mecanismos
antes descritos.

Una vez precisado lo anterior, resulta menester remitirnos a las condiciones para
acceder a la exclusión del IVA previstas en el numeral 4 del artículo 424-5 del
Estatuto Tributario26, así:

«ARTÍCULO 424-5. Quedan excluidos del impuesto sobre las ventas los siguientes bienes:
(…)

25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-37-000-
2014-00317-01(23356). Sentencia del 19 de febrero de 2020. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
26 El artículo 424-5 del Estatuto Tributario fue derogado por el artículo 198 de la Ley 1607 de 2012.
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4. Los equipos y elementos nacionales o importados que se destinen a la construcción,
instalación, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo, necesarios para el
cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y estándares ambientales vigentes, para
lo cual deberá acreditarse tal condición ante el Ministerio del Medio Ambiente».

A partir de esto, ha precisado esta Sección27 que para que proceda este beneficio,
es necesario que se cumplan las siguientes tres condiciones:
«1. Que se trate de equipos y elementos nacionales o importados destinados a la
construcción, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo ambiental.
2. Que sean necesarios para el cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y
estándares ambientales vigentes.
3. Que se acredite su destinación mediante la certificación expedida por el Ministerio de
Ambiente».
A estos efectos, el artículo 3 del Decreto 2532 de 2001, reglamentario de la
disposición, establece que el Ministerio del Medio Ambiente certificará en cada caso
los equipos o elementos destinados a la construcción, instalación, montaje y
operación de sistema de control y monitoreo para el cumplimiento de los estándares
ambientales. Según el artículo 9 ibídem, dicha certificación constituye el soporte de
la operación excluida del impuesto sobre las ventas y, por lo mismo, los vendedores
de los bienes objeto de certificación, deben conservar copia.

Esta Corporación, en sentencia del 25 de noviembre de 2004 (exp. 13533, C.P. Juan
Ángel Palacio Hincapié), reiterada, entre otras, en las sentencias del 23 de abril de
2009 (exp. 16269, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas) y del 28 de noviembre
de 2013 (exp. 18539, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez), estableció que no
se deduce de precepto legal alguno que la certificación que debe expedir el
Ministerio de Medio Ambiente no pueda ser presentada y, a su vez, recibida en
etapa posterior. Al respecto, se dijo:

«Se tiene entonces que tanto de la normatividad tributaria como de la aduanera surge la
condición específica para que se reconozca el beneficio de la exclusión del IVA en la
importación de elementos y equipos destinados al desarrollo de programas del medio
ambiente, consistente en la acreditación de su destinación mediante la certificación expedida
por el Ministerio del Medio Ambiente en el momento de presentación y aceptación de la
declaración de importación, tal como se indica en el inciso cuarto del aparte del concepto
acusado. Pero lo que si no se infiere de norma alguna, es que la misma certificación no pueda
ser “de recibo en una etapa posterior”, cuando el importador que por cualquier circunstancia
no la haya obtenido previamente y por la misma razón tampoco haya solicitado en la
declaración de importación el beneficio de la exclusión del IVA, decida reclamar con
posterioridad al derecho que le otorgaba la ley vigente al momento de realizar la importación,
acudiendo a los procedimientos aduaneros establecidos para hacer viable tal reconocimiento»
(subrayado de la Sala).

Nótese que, aunque el análisis de la sentencia que antecede se centró en la
procedencia de la exclusión del IVA cuando la certificación del Ministerio del Medio
Ambiente es expedida con posterioridad a la importación de los elementos y equipos
de que trata el numeral 4 del artículo 424-5 del Estatuto Tributario, lo cierto es que

27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 11001-03-27-000-
2002-0044-01(13212), sentencia del 5 de mayo de 2003, C.P. Ligia López Díaz. Proceso: 5001-23-31-000-
2001-01021-01(18539), sentencia del 28 de noviembre de 2013, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
Proceso: 13001-23-31-000-2003-00843-01(21707), sentencia del 8 de junio de 2017, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto. Proceso: 13001-23-33-000-2014-00328-01(23317), sentencia del 29 de agosto de 2019,
C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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«esta misma conclusión es aplicable a los casos en los que las compras se realicen en el territorio
nacional en la medida en que el soporte jurídico es el mismo»28.

En línea con lo expuesto, en esta oportunidad, la Sala también precisa que no existe
norma de orden legal o reglamentaria que exija que la certificación del Ministerio del
Medio Ambiente deba ser solicitada antes de la venta o importación de los bienes
de que trata el artículo 424-5 del Estatuto Tributario o de manera concomitante a la
realización de esas operaciones. De manera que la administración no puede exigir
esta condición.

Se tiene, entonces, que hasta que no se obtenga la certificación del Ministerio del
Medio Ambiente, los bienes de que trata el numeral 4 del artículo 424-5 del Estatuto
Tributario tienen el carácter de gravados con el impuesto sobre las ventas y, por lo
tanto, el vendedor responsable deberá generar, recaudar, declarar y consignar el
impuesto. Empero, comoquiera que el adquirente de los bienes puede obtener la
certificación con posterioridad a la venta y, con ello, acceder a la exclusión, es
necesario establecer si, en esos casos, el responsable está obligado a corregir las
declaraciones presentadas en aras de devolverle al adquirente o sujeto pasivo
económico el IVA pagado.
Pues bien, en casos como el que se cuestiona, cuando la certificación del Ministerio
del Medio Ambiente se obtiene con posterioridad a la compraventa de los elementos
y equipos de que trata el numeral 4 del artículo 424-5 del Estatuto Tributario,
considera la Sala que el responsable del IVA no estaría obligado a corregir las
declaraciones presentadas en los períodos en los que efectuó las correspondientes
enajenaciones, comoquiera que las declaraciones en las cuales generó el IVA no
contienen un error o inexactitud susceptible de enmendarse, puesto que los
correspondientes bienes tenían la calidad de gravados, connotación que solo se
modificó con la obtención de la certificación del ministerio.
No puede perderse de vista que el reconocimiento de la calidad de excluidos de los
bienes se encuentra condicionado a la certificación del ministerio. Por consiguiente,
es a partir de ese momento que pueden ser reclamados como excluidos. Dicho de
otra forma, la obtención de la certificación constituye un hecho sobreviniente, cuyos
efectos (ajuste del impuesto sobre las ventas) deben reconocerse en el período en
el que ocurre el hecho que, para el caso, sería la solicitud al responsable de IVA
que presenta el adquirente de los bienes, soportado en la respectiva certificación.
La situación es asimilable a los eventos de devolución o anulación de una operación,
circunstancias que por ocurrir con posterioridad a la operación gravada, los ajustes
del impuesto sobre las ventas deben ser efectuados en el período en el que se
presentan, no comportan la obligación de corregir la declaración en la que se
registró el IVA generado por la venta del producto devuelto, justamente porque no
se presenta un error susceptible de ser enmendado o corregido. No se corrige lo
que se declaró correctamente.
Así, en la medida que la afectación del IVA generado en una operación se derive de
una situación sobreviniente (v.g. anulación, devolución, rescisión o cambio de la
condición fiscal de un determinado bien o servicio) y no de un error en la liquidación

28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 5001-23-31-000-2001-
01021-01(18539). Sentencia del 28 de noviembre de 2013. C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
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privada, no habría lugar a la corrección de la declaración. El correspondiente ajuste
tendría que ser reflejado en la declaración del período de su ocurrencia.
No le asiste entonces razón a la administración al exigir que la actora corrigiera las
declaraciones correspondientes a los períodos en los que se efectuaron las
operaciones de compraventa, en tanto, el IVA declarado no fue erróneo, no se
derivó de un error o inexactitud, sino de la situación tributaria aplicable a los bienes
antes de que el adquirente obtuviera la certificación del Ministerio. Así, resulta
irrelevante el hecho de que las compraventas se hubiesen realizado desde el año
2007, pues como lo ha dicho la Sala, la certificación podía ser aportada con
posterioridad a la realización de las operaciones.

Adicionalmente al requerir la DIAN la corrección de las declaraciones
correspondientes a los períodos en los que fueron realizadas las operaciones,
implícitamente condiciona la efectividad de la exclusión del IVA prevista en el
numeral 4 del artículo 424-5 del Estatuto Tributario a que el adquirente de los bienes
le allegue al responsable la certificación del Ministerio del Medio Ambiente dentro
del término del artículo 589 ibídem para corregir las declaraciones, requerimiento
que no está previsto en la ley ni en el reglamento y cuyo cumplimiento, además, no
depende del responsable, sino del adquirente o sujeto pasivo económico, que es
finalmente quien goza del beneficio tributario.
Pues bien, en el sub examine, no es objeto de discusión la exactitud, existencia o
realidad de los $1.282.415.000 que la actora registró en el renglón 55 «IVA resultante
por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas» de la declaración del impuesto
sobre las ventas del 3 bimestre del año 2010 y que dio lugar a un mayor saldo a
favor en ese período. Tampoco se debate que ese valor corresponda al IVA pagado
en la venta de bienes excluidos, a la luz del numeral 4 del artículo 424-5 del Estatuto
Tributario, cuya venta se verificó en los bimestres 1 a 5 del año 2007, 3, 4 y 6 del
año 2008 y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2009.
Con fundamento en todo lo anterior, encuentra la Sala procedente el ajuste del IVA
efectuado por la actora en el período en el cual le fue solicitada la devolución del
IVA sustentada en el correspondiente certificado expedido por el Ministerio
(bimestre 3 del 2010) que, para este caso, constituía el hecho sobreviniente.
Sumado a lo expuesto, la Sala considera que, al igual que lo ha hecho en
oportunidades anteriores al analizar la exclusión del IVA bajo análisis29, debe primar
el derecho sustancial y la materialización del derecho a la exclusión del IVA prevista
en el numeral 4 del artículo 424-5 del Estatuto Tributario, así como el principio de
justicia.

En atención a lo expuesto, la Sala confirmará el ordinal primero de la sentencia
apelada, que declaró la nulidad de los actos administrativos demandados.

3. Restablecimiento del derecho

La entidad apelante considera que el juez de primera instancia desbordó el objeto
de la Litis al ordenar, a título de restablecimiento del derecho, la devolución del pago

29 Al respecto ver, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso:
Proceso: 5001-23-31-000-2001-01021-01(18539). Sentencia del 28 de noviembre de 2013. CP: Carmen
Teresa Ortiz de Rodríguez. Proceso: 13001-23-31-000-2003-00843-01(21707). Sentencia del 8 de junio de
2017. CP: Stella Jeannette Carvajal Basto.
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de lo no debido por valor de $1.282.415.000, junto con los intereses, liquidados
conforme con el artículo 863 del Estatuto Tributario. La demandante se opone a tal
planteamiento, pues considera que los actos acusados incidieron en el proceso de
devolución del saldo a favor registrado en la declaración del bimestre 5 del año
2010, que es resultado de la imputación del saldo a favor declarado en los actos
aquí demandados, devolución que, según lo informado en la demanda, se encuentra
suspendida.

A estos efectos, advierte la Sala que, los actos demandados se derivaron del
proceso de determinación respecto del tercer bimestre de 2010, su contenido no
versaba sobre la solicitud del saldo a favor que fue imputado hasta el 5 bimestre del
mismo año. De manera que no puede accederse a la pretensión de devolución
porque se repite, no fue el objeto de debate. El análisis de la devolución
correspondiente al bimestre 5 del 2010, que arrastró el saldo a favor que fue
confirmado en esta instancia, debe sujetarse a lo previsto en el artículo 857-1 del
Estatuto Tributario, cuyo contenido, en lo pertinente, es el siguiente:

Artículo 857-1. (…) Terminada la investigación, si no se produce requerimiento especial, se
procederá a la devolución o compensación del saldo a favor. Si se produjere requerimiento
especial, sólo procederá la devolución o compensación sobre el saldo a favor que se plantee
en el mismo, sin que se requiera de una nueva solicitud de devolución o compensación
por parte del contribuyente. Este mismo tratamiento se aplicará en las demás etapas del
proceso de determinación y discusión tanto en la vía gubernativa como jurisdiccional, en cuyo
caso bastará con que el contribuyente presente la copia del acto o providencia
respectiva (subrayado y énfasis de la Sala).

Por las razones expuestas, prospera el cargo de apelación. En consecuencia, la
Sala modificará el ordinal segundo de la sentencia impugnada. En su lugar, a título
de restablecimiento del derecho, declarará la firmeza de la declaración del IVA de
la actora correspondiente al bimestre 3º del año gravable 2010.

4. Condena en costas

La entidad demandada apeló la condena en costas porque su causación no fue
probada en el proceso.

Acorde con el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable
al caso concreto por expresa remisión del artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

Una vez revisado el expediente se advierte que no existen elementos de prueba
que demuestren o justifiquen las erogaciones por concepto de costas (gastos del
proceso y agencias del derecho) a cargo de la parte demandada, razón por la cual
se deben revocar. Prospera el cargo de apelación.

Por la misma razón, tampoco se condenará en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

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FALLA

1. Confirmar el ordinal primero de la sentencia del 22 de agosto de 2018,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de
Oralidad.

2. Modificar el ordinal segundo de la apelada. En su lugar, se dispone:
«SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, declarar en firme la declaración del
impuesto sobre las ventas correspondiente al tercer bimestre del año gravable 2010 de la
sociedad OTEK-INTERNACIONAL S.A.».

3. Sin condena en costas en ambas instancias.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de
origen y cúmplase.

La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sala
Salva el voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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