Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-01170-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-01170-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2014-01170-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
11 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-2016)
Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Temas: Reconocimiento pensión gracia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2015 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, el señor Gustavo Orrego Arbeláez, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
las siguientes Resoluciones: i) RDP033749 del 25 de junio de 2013, que le negó el
reconocimiento de la pensión gracia; ii) RDP037707 del 15 de agosto de 2013, que
resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión y la
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)
Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
confirmó; y iii) RDP038779 del 23 de agosto de 2013, que desató el recurso de
apelación incoado dentro de dicha actuación y ratificó la postura de la
administración. Los mencionados actos fueron proferidos por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, en adelante UGPP.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer la pensión
gracia de jubilación a partir del día que cumplió el estatus, es decir, 50 años de
edad y 20 años de servicio (o sea, a partir del 4 de noviembre de 1999); ii) pagar
el valor de las mesadas pensionales, con los reajustes de ley, desde la fecha de
adquisición del estatus de pensionada; iii) inaplicar por inconstitucional el artículo
15, literal a) numeral 2 de la Ley 91 de 1989, dado que consolidó su derecho
pensional antes de la entrada en vigencia de la referida norma; iv) actualizar el
monto de la condena conforme lo autoriza el artículo 187 del CPACA; v) cancelar
los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; vi) dar
cumplimento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA; y vii) pagar
las costas procesales.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) El señor Gustavo Orrego Arbeláez nació el 4 de noviembre de 1949, por lo
que cumplió 50 años de edad el 4 de noviembre de 1999.
ii) El 3 de marzo de 1977, ingresó a laborar como docente de carácter oficial
municipal (nacionalizado) en el municipio de Medellín. El 17 de octubre de 1977
fue trasladado al municipio de Bello y posteriormente fue trasladado de nuevo al
municipio de Medellín, donde laboró en diversas instituciones educativas de
carácter oficial nacionalizado hasta el 31 de mayo de 2008.
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Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)
Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
iii) El 19 de junio de 2013, solicitó ante la UGPP el reconocimiento de la pensión
gracia; sin embargo, esta petición fue negada, mediante los actos administrativos
enjuiciados.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 29, 46, 48, 53, 58,
125, 228 y 336 de la Constitución Política; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 3 y 6 de
la Ley 116 de 1928; 3 del Decreto 2277 de 1979; y 15 de la Ley 91 de 1989.
i) Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del actor expuso que
los actos administrativos atacados desconocieron sus derechos y vulneraron
expresamente las normas señaladas, pues la UGPP estaba en la obligación de
reconocer la prestación gracia al haberse demostrado que el señor Orrego
Arbeláez sumó más de 20 años de servicio a la docencia a través de vinculaciones
de orden nacionalizadas, y 50 años de edad.
ii) La Secretaría de Educación de Antioquia, «de manera dolosa o mal
informada» expidió las certificaciones de tiempo de servicio y en el formato señaló
que el régimen de pensiones del demandante es «nacional», lo cual no
corresponde a la realidad, situación que conllevó que la UGPP desconociera los
derechos adquiridos por el educador.
1.2. Contestación de la demanda
El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso
como razones de defensa que para el reconocimiento de la pensión gracia no es
admisible computar o complementar tiempos de servicio prestados en la Nación,
cuyo nombramiento provenga del Ministerio de Educación, puesto que son
incompatibles con los prestados en un departamento, municipio o distrito.1
1 Folios 95 al 101.
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Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
Propuso las excepciones de ausencia de vicios en los actos administrativos
demandados, inexistencia de la obligación y prescripción.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia escrita proferida el 14
de diciembre de 2015, negó las pretensiones de la demanda, con sustento en las
siguientes consideraciones:2
i) El demandante laboró en establecimientos educativos de carácter
departamental como profesor de tiempo completo durante 6.054 días, por lo cual,
el tiempo laborado como docente en estas instituciones debe considerarse para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia; sin embargo, no alcanzó a
cumplir los 20 años de servicio, equivalentes a los 7.200 días exigidos para
obtener la pensión gracia.
ii) Así las cosas, como el demandante acreditó un tiempo inferior a 20 años de
servicio como educador, deviene negativa su súplica.
1.4. El recurso de apelación
El apoderado del señor Gustavo Orrego Arbeláez interpuso recurso de apelación
contra la referida sentencia al considerar que en el dossier está plenamente
probado y demostrado «con luz de siete soles» que el maestro cuenta con más de
20 años de servicios como docente territorial o nacionalizado, luego el fallador
incurrió en error:3
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. El demandante
2 Folios 126 al 134. Con ponencia de la magistrada Beatriz Elena Jaramillo Muñoz.
3 Folios 137 y 138.
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Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
El señor Gustavo Orrego Arbeláez no emitió pronunciamiento alguno en esta
etapa procesal.4
1.5.2. La demandada
La UGPP, por conducto de apoderado, descorrió el término para alegar y reiteró los
argumentos invocados en la contestación de la demanda.5
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.6
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si el demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en
la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.
2.2. Marco normativo
El artículo 1° de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas
primarias oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor
de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en
conformidad con las prescripciones de la presente Ley».
Por su parte, las Leyes 116 de 19287 y 37 de 19338 consagraron la posibilidad de
4 Folio 189.
5 Folios 187 y 188
6 Folio 1189
5
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Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la
Ley 114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior.9
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra
pensión o recompensa de carácter nacional».10
En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado,
mediante Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la
pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional,
pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba
retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre
pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal
prerrogativa eran los educadores locales o regionales».11
7 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción
Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que
a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en
diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista,
pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
8 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de
carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios
señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
9 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia
de 16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
10 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional.
Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un
mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra
causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de
1997, radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección
Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016,
radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de
marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B,
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Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la
finalidad de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en
razón a la diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes
nacionales; sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión
del proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y
en razón a que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería
compatible con la pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta
a cargo total o parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta
corporación, en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia
debe reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las
expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e
involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación
primaria y secundaria oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la
pensión gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada;
sin embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En
similar sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte
Constitucional.
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Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del
29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,12 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de
1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de
1989 contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia,
a saber:
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión
gracia».13
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia
aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o
territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la
12 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,
radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)
Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento
en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo
haga antes o después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación
explicó lo siguiente:14
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que
la condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».15
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes
territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con
antelación al 31 de diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir
respetando el régimen pensional que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron
tanto los derechos adquiridos como las expectativas de completar los requisitos
para obtener el derecho pensional, pues las normas seguirían proyectando sus
efectos en el tiempo para los servidores vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura
posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún
podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31
de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de
dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó
antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación
de la Ley 91 de 1989.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,
radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
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Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en
sentencia del 21 de junio de 2018,16 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:17
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales
para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez
ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los
entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a
través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene
que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban
se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
17 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal
de la sentencia transcrita.
10
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)
Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar de 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del
29 de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio
pensional bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o
parcialmente con recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de
participaciones, pues « lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada».18
2.3. Hechos probados
2.3.1. Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios
i) Conforme el registro civil de nacimiento, el señor Gustavo Orrego Arbeláez
nació el 4 de noviembre de 1949, es decir, cumplió 50 años de edad el 4 de
noviembre de 1999.19
ii) Mediante el Decreto 282 del 10 de marzo de 1977, «Por medio del cual se
hacen nombramientos en secundaria», el gobernador del departamento de
Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, nombró al demandante como
profesor de tiempo completo a partir del 3 de marzo en el Liceo Gonzalo Restrepo
Jaramillo, en reemplazo de otra docente.20
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
19 Cd folio 54
20 Folios 25 y 26.
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Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)
Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
iii) A través del Decreto 712 del 6 de junio de 1977, «Por medio del cual se hacen
nombramientos en secundaria», el gobernador del departamento de Antioquia, en
uso de sus atribuciones legales, nombró como educador de enseñanza secundaria
del departamento al accionante, de tiempo completo a partir del 2 de mayo, en el
Liceo Gonzalo Restrepo Jaramillo, en reemplazo de otra docente.21
21 Folios 27 y 28.
12
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)
Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
iv) Con el Decreto 1594 del 28 de octubre de 1977, «Por medio del cual se hacen
nombramientos en secundaria», el gobernador del departamento de Antioquia, en
uso de sus atribuciones legales, nombró como educador de enseñanza secundaria
del departamento al actor, de tiempo completo, a partir del 17 de octubre en el
Idem Fernando Vélez, en reemplazo de otra docente.22
22 Folios 29 y 30.
13
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)
Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
v) Mediante el Decreto 342 del 9 de marzo de 1978, «Por medio del cual se
hacen nombramientos en secundaria», el gobernador del departamento de
Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, nombró al demandante como
profesor de tiempo completo a partir del 8 de febrero en el Idem San Luis,
mientras durara la incapacidad del titular del empleo.23
23 Folios 31 y 32.
14
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)
Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
vi) Con el Decreto 1362 del 12 de julio de 1978, «Por medio del cual se hacen
nombramientos en secundaria», el gobernador del departamento de Antioquia, en
uso de sus atribuciones legales, nombró como profesor de tiempo completo al
señor Orrego Arbeláez, a partir del 3 de mayo en el Idem Germán Medina Angulo,
en reemplazo de otra docente.24
24 Folios 33 y 34.
15
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)
Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
vii) A través del Decreto 2008 del 5 de octubre de 1978, «Por medio del cual se
hacen nombramientos en secundaria», el gobernador del departamento de
Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, nombró al demandante como
educador de enseñanza secundaria del departamento, mientras durara la licencia
del titular del empleo, a partir del 12 de septiembre, de tiempo completo, en el
Liceo San Vicente de Paul.25
25 Folios 35 y 36.
16
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)
Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
viii) Por medio del Decreto 456 del 30 de marzo de 1979, «Por medio del cual se
hacen nombramientos en secundaria», el gobernador del departamento de
Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, nombró como educador de
enseñanza secundaria del departamento al actor, para el Distrito Educativo 12,
municipio 016, en remplazo de otro docente.26
26 Folios 37 y 38.
17
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)
Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
ix) Con el Decreto 4160 del 12 de octubre de 1994, «Por el cual se hace un
nombramiento de docente nacionalizado», el gobernador del departamento de
Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ley
29 de 1989 y los Decretos 180 de 1982 y 1706 de 1989, nombró al accionante
como profesor de tiempo completo en el Liceo Departamental Educativo San Luis
(Sección ERI Buenos Aires), del municipio de San Luis, distrito educativo 17,
núcleo 1712, en virtud del Decreto 1783 del 10 de mayo de 1994.27
27 Folios 39 y 40.
18
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)
Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
x) Por intermedio del Decreto 074 del 24 de agosto de 2000, «Por el cual se
traslada a un docente por solicitud propia de un municipio a otro de la misma
entidad territorial», la alcaldesa del municipio de Amaga, en uso de las
atribuciones conferidas por los artículos 106 y 115 de la Ley 115 de 1994 y de
conformidad con los Decretos 2277 de 1979 y 2664 de 1996, trasladó al señor
Orrego Arbeláez del cargo de profesor de tiempo completo en el Colegio Buenos
Aires en el municipio de San Luis, al mismo cargo en el Liceo Pascual Correa
Flórez del municipio de Amaga.28
28 Folios 41 y 42.
19
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)
Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
xi) A través del Decreto 2203 del 8 de noviembre de 2004, «Por el cual se
traslada unos docentes pagados por el sistema general de participaciones», el
secretario de educación para la cultura de Antioquia, en uso de sus atribuciones
legales y en especial las conferidas por el Decreto Departamental 2058 del 22 de
octubre de 2001, el artículo 106 de la Ley 115 de 1994, y la Ley 715 de 2001,
trasladó al accionante al cargo de docente de secundaria en la Institución
Educativa Alfonso López del municipio de Apartadó, por motivos de seguridad.29
29 Folios 43 y 44.
20
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)
Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
xii) Mediante el Formato Único para la expedición de certificado de historia
laboral 7980-1 del 17 de junio de 2008, suscrito por el profesional especializado de
la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia, se certificó lo
siguiente:30
Tipo de vinculación: Nacional
Nombramiento: propiedad
Cargo: docente
Nivel: básica secundaria
30 Folios 19 y 20.
21
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)
Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
2.3.2. Actuación administrativa
i) El 25 de julio de 2013, la UGPP profirió la Resolución RDP033749 y negó la
solicitud de reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación
gracia elevada por el demandante el 19 de junio de 2013, toda vez que el
peticionario no logró acreditar en debida forma 20 años en la docencia oficial de
carácter departamental, distrital o municipal o nacionalizado.31
ii) Los días 15 y 23 de agosto de 2013, la UGPP expidió las Resoluciones
RDP037707 y RDP038779, respectivamente, por las cuales resolvió los recursos de
reposición y apelación interpuestos contra la anterior decisión y la confirmó.32
31 Folios 58 al 60.
32 Folios 11 al 13 y 15 al 17.
22
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)
Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
2.3.3. De las pruebas de oficio
En cumplimiento a lo dispuesto en el auto del 3 de agosto de 2017, mediante el
cual se decretaron pruebas de oficio en segunda instancia, fueron aportadas al
expediente, entre otras, las siguientes documentales:
• Formato único de expedición de certificado de historia laboral 101791-17
del 20 de septiembre de 2017, proferida por la Secretaría de Educación de
Antioquia, donde certifica la vinculación y tiempo de servicio del actor de la
siguiente manera:33
• Oficio del 3 de octubre de 2017, mediante el cual el coordinador del grupo
de certificaciones de la subdirección de talento humano del Ministerio de
Educación Nacional hizo constar que «verificada la información existente y los
inventarios de la serie historias laborales del archivo central de este ministerio de la
33 Folios 337 y 338
23
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)
Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
planta de personal el grupo de gestión documental pudo establecer que no se
encontró información alguna a nombre del señor Gustavo Orrego Arbeláez».34
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Teniendo en cuenta el anterior recuento fáctico, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en acápites anteriores, la Sala revocará la
decisión del a quo que negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor del
demandante. Esta conclusión se funda en los siguientes razonamientos:
i) El señor Gustavo Orrego Arbeláez demostró que laboró en el magisterio oficial
por más de 20 años como docente, en plazas clasificadas como territoriales y
nacionalizadas. Igualmente, tuvo una experiencia como educador anterior al 31 de
diciembre de 1980, por ende, en lo que respecta al tiempo de servicio, cumple con
los presupuestos previstos por las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989 para ser
acreedor del beneficio pensional pretendido.
ii) El tiempo de servicio computable para obtener la pensión gracia corresponde al
siguiente:
Carácter de la plaza ocupada Desde Hasta Tiempo laborado
Día Mes Año Día Mes Año Días Meses Años
03-03-1977 01-05-1977 28 1 0
02-05-1977 29-09-1977 27 4 0
17-10-1977 27-11-1977 10 1 0
08-02-1978 08-04-1978 0 2 0
Territorial 03-05-1978 19-06-1978 16 1 0
12-09-1978 29-10-1978 17 1 0
20-04-1979 31-12-1979 11 8 0
24-10-1994 31-10-2009 6 0 15
17-11-2010 04-01-201535 16 1 4
Interrupciones Tiempo por descontar36 -2 -1 0
2001, 2004, 2013
34 Folio 213.
35 Fecha de expedición del certificado de la Secretaría de Educación de Antioquia allegado el 23 de
octubre de 2017.
36 De conformidad con el formato de certificación de tiempo de servicios se observa que el
demandante presentó las siguientes interrupciones en la prestación del servicio: i) 5 días de junio
de 2001; ii) 22 días de julio de 2001; iii) 3 días de abril de 2004; y iv) 2 días de marzo de 2013.
24
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)
Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
TOTAL 9 10 20
En relación con las vinculaciones antes descritas es oportuno hacer las siguientes
precisiones:
En primer término, los nombramientos efectuados a través de los Decretos 282 del
10 de marzo de 1977; 712 del 6 de junio de 1977; 1594 del 28 de octubre de 1977;
342 del 9 de marzo de 1978; 1362 del 12 de julio de 1978; 2008 del 5 de octubre
de 1978; y 456 del 30 de marzo de 1979, por el gobernador de Antioquia,
respectivamente, son de carácter territorial, pues dicho funcionario los profirió en
calidad de representante del departamento, basado en atribuciones legales
propias y no en facultades especiales conferidas por la Nación.
Lo anterior por cuanto, se observa que en los actos no intervino un delegado del
Ministerio de Educación Nacional, ni se indicó que los salarios del demandante
fueran financiados con recursos girados por la Nación.
Adicionalmente, la vinculación fue para prestar servicios en los municipios de
Medellín, Bello, Copacabana y Andes, donde el accionante laboró como docente
de secundaria tiempo completo en interinidad,37 esto es, por los períodos de
licencia o incapacidades de las que fueron objeto los titulares de los empleos en
las respectivas instituciones educativas.
Resalta la Sala que si bien el artículo 4 de la Ley 39 de 1903 dispuso que la
instrucción secundaria, en principio, estaría a cargo de la Nación y sería
inspeccionada por el poder ejecutivo, también indicó que ello no obstaría para que
los departamentos y municipios que tuvieran los recursos suficientes
sostuvieran establecimientos de enseñanza secundaria.
37Tal como lo indican los formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral
aportados.
25
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)
Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
De igual modo, el tiempo que el demandante prestó sus servicios en interinidad es
válido para obtener la pensión gracia objeto de controversia por las siguientes
razones.
Esta Corporación en múltiples pronunciamientos ha señalado que la vinculación
en interinidad «es plenamente computable para efectos del reconocimiento y pago
de la pensión gracia como quiera (sic) que tal figura se utilizó como un
mecanismo mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar con
docentes de carrera, designaba con carácter transitorio a personas instruidas en
el ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad y urgencia de
garantizar la efectiva prestación de los servicios educativos».38
En efecto, la Sala ha sostenido que los servicios prestados por docentes
vinculados en interinidad o en forma temporal, deben ser tenidos en cuenta para
el cómputo de los 20 años exigidos en la norma. En tal sentido se pronunció la
Subsección en sentencia del 13 de febrero de 2014, al señalar lo siguiente:39
En este punto, vale la pena aclarar que no le asiste razón a la entidad demanda (sic) al
señalar que los tiempos que la demandante pretende hacer valer, en los que laboró por
los periodos arriba mencionados como docente interina para cubrir licencias de otros
docentes, no pueden ser tenidos en cuenta como quiera que no se generó relación
laboral alguna y ningún tipo de vinculación, pues la Corte Constitucional40 ha venido
sosteniendo, lo siguiente:
…
Sostuvo que, en ningún caso, esos parámetros de contratación son imputables
al docente quien, sin importar la forma como ha de ser vinculado, cumple
funciones similares en el campo educativo y, en consecuencia, está obligado a
acreditar iguales condiciones de formación y experiencia. Ello, por supuesto,
descarta que la ley y las propias instituciones, dentro de la autonomía de que gozan
para darse sus propios estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que
desconozcan el derecho de los docentes ocasionales y hora cátedra, a percibir las
prestaciones sociales reconocidas por el orden jurídico para todos los trabajadores
públicos o privados, las cuales deben otorgarse en proporción al tiempo laborado.
[Resalta la Sala].
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de septiembre de 2018,
radicado 25000 23 42 000 2014 00012 01 (3050-15), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de febrero de 2014,
radicado 17001 23 31 000 2012 00008 01(2022-13), M.P. Alfonso Vargas Rincón.
40 Sentencia C-517 de 1999
26
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)
Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
De igual modo, respecto a la viabilidad de constituir como modalidad válida de
vinculación a la interinidad para el reconocimiento de la pensión gracia, la
Subsección B de esta Sección ha sostenido lo siguiente:41
Respecto de la vinculación del demandante como docente interino, debe reiterarse
que las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 concibieron la prestación gracia de
jubilación como una dádiva o recompensa a favor de quienes ejercieran la actividad
docente en el nivel territorial, razón por la cual, y conforme lo disponen las normas
en cita y la jurisprudencia de esta Corporación, la única exigencia válida para
efectos de reconocer la prestación pensional en cita es haber acreditado 20
años al servicio de la docencia oficial sin importar la modalidad de la
vinculación, siempre que esta responda a cualquiera de las previstas en la ley.
[…]
Lo anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la administración,
en cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, esto es, a través de la toma
de posesión de un cargo docente dando lugar, en consecuencia, a la configuración
de una relación legal y reglamentaria con carácter autónomo, tal y como ocurrió en
el caso del señor Arcos Gómez. (Negrilla de la Sala)
En consecuencia, esta Sala encuentra que la vinculación del señor Orrego
Arbeláez como docente en interinidad, puede ser tenida en cuenta para el
reconocimiento de la pensión gracia, «sin que para ello sea relevante la forma en
la que fue provisto el empleo, es decir si lo fue en carrera o en forma interina o
temporal, pues no existe diferencia en la forma en que dichos servidores
desarrollan la actividad docente con aquellos que han sido nombrados en
propiedad», por cuanto está debidamente probado en el plenario que los
nombramientos fueron para prestar labores en plazas territoriales.42
Aunado a ello, la afirmación de que la designación tenga carácter territorial
también encuentra respaldo en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, en tanto
dispone que son territoriales aquellos «docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975».
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de noviembre de 2015,
Radicación: 52001233300020130005801 (2636-2014), C. P. Gerardo Arenas Monsalve (q.e.p.d.).
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado 25000234200020130396301 (6014-2018), M.P. William Hernández Gómez.
27
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)
Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
En consecuencia, de acuerdo con el análisis integral de los referidos actos de
nombramiento, se concluye que la vinculación con el departamento de Antioquia
es del orden territorial, interpretación que coincide con los formatos de
certificación expedidos por la entidad nominadora.
En segundo término, el nombramiento efectuado a través del Decreto 4160 del
12 de octubre de 1994, por el gobernador del departamento de Antioquia es de
carácter nacionalizado, pues fue suscrito por una autoridad del orden territorial,
en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 29 de 1989 y los Decretos
180 de 1982 y 1706 de 1989.
En atención a que este nuevo nombramiento se efectuó por el representante del
ente territorial, en vigencia de la Ley 60 de 1993, la naturaleza jurídica del vínculo
correspondería en principio, al territorial - departamental.
No obstante, es necesario precisar que los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989
asignó las siguientes funciones a los gobernadores:
Artículo 9º.- El artículo 54 quedará así: Se asigna al Alcalde Mayor del Distrito
Especial de Bogotá, y a los alcaldes municipales, las funciones de nombrar,
trasladar, remover, controlar y, en general administrar el personal docente y
administrativo de los establecimientos educativos nacionales o nacionalizados,
plazas oficiales de colegios cooperativos, privados, jornadas adicionales, teniendo
en cuenta las normas del Estatuto Docente y la Carrera Administrativa vigentes y
que expidan en adelante el Congreso y el Gobierno Nacional, ajustándose a los
cargos vacantes de las plantas de personal que apruebe el Gobierno Nacional y las
disponibilidades presupuestales correspondientes.
En la Isla de San Andrés estas atribuciones se asignan al Intendente. Se asignan a
los gobernadores, intendentes, comisarios y Alcalde Mayor de Bogotá, las
funciones de nombrar, remover, controlar y, en general, administrar el personal
administrativo, nacional y nacionalizado, de los equipos de educación fundamental,
teniendo en cuenta la Carrera Administrativa.
[…]
Parágrafo 1º.- Los salarios y prestaciones sociales de este personal, continuarán a
cargo de la Nación y de las entidades territoriales que las crearon.
28
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)
Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
Parágrafo 2º.- La Nación no asume responsabilidad alguna por los nombramientos
que excedan las plantas de personal aprobadas por el Gobierno Nacional para la
respectiva jurisdicción municipal y para la jurisdicción de la Isla de San Andrés, ni
nacionalizará el personal así designado.
Los nombramientos y demás novedades de personal que se llegasen a producir por
fuera de las respectivas plantas de personal o contraviniendo las normas del
Estatuto Docente y de la Carrera Administrativa y las disponibilidades
presupuestales correspondientes, serán de exclusiva responsabilidad del municipio
o entidad territorial que los hiciere, y suyas las cargas civiles, administrativas y
laborales que de tales actuaciones se desprendan. El funcionario que produjere el
nombramiento o la novedad de personal, incurrirá en causal de mala conducta, y
responderá solidariamente con la entidad que dicho funcionario represente.
Artículo 10º.-Los Gobernadores, Intendentes y Comisarios, asumirán
temporalmente las atribuciones contenidas en el artículo anterior cuando financiera
y/o administrativamente un municipio no pudiera asumir tal responsabilidad.
Una vez superadas las limitaciones financieras y/o administrativas previa solicitud
del Alcalde, el Ministerio podrá mediante Resolución trasladar tal competencia.
Teniendo en cuenta la anterior transcripción, el hecho de que en el acto de
nombramiento la autoridad territorial se hubiera referido a las facultades otorgadas
en la Ley 29 de 1989, no significa, per se, que la vinculación del educador tenga
carácter nacional, toda vez que en virtud de esa disposición normativa se
asignaron a los gobernadores, en uso de sus facultades (o ante la imposibilidad de
asumir de los municipios, según sea el caso), las funciones de nombrar, trasladar,
remover, controlar y, en general, administrar el personal docente y administrativo
de los establecimientos educativos tanto nacionales como nacionalizados.
Por consiguiente, no se puede perder de vista que en el acto administrativo de
designación se indicó con claridad que se hacía un nombramiento de un docente
nacionalizado; que existía la vacante permanente en el municipio de San Luis;
que la representante del Ministerio de Educación en el departamento de Antioquia
certificó la disponibilidad presupuestal para proveer el empleo; y que se
encontraba agotada la lista de elegibles para el área de español.
Ahora, aunque en el referido decreto se señaló que la representante del Ministerio
de Educación Nacional en el departamento de Antioquia certificó que existía
disponibilidad presupuestal, de dicha situación, de acuerdo con la sentencia de
29
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)
Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
unificación de 21 de junio de 2018 «no es dable inferir que los docentes
territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando
en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la
entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional
como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional,
así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad
presupuestal.»
Aunado a ello, resulta indispensable resaltar que el nombramiento se hizo en
vigencia de la Ley 60 de 1993, que estableció la descentralización de la
educación, así que en virtud de dicho proceso los departamentos prestarían
directamente ese servicio. Esta norma en su artículo 3 dispuso que «La prestación
de los servicios educativos estatales y las obligaciones correspondientes, con
cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por los departamentos, caso en el
cual los establecimientos educativos y la planta de personal tendrán carácter
departamental, distribuida por municipios, de acuerdo con las necesidades de
prestación del servicio».
De acuerdo con lo explicado, los tiempos laborados como docente por parte del
señor Orrego Arbeláez a partir de 1994 también se podrían clasificar como
departamentales, en todo caso, no podrían ser, de ningún modo, denominados
como nacionales en atención a que no existe prueba alguna dentro del proceso
que dé cuenta de ello, al paso que sí obra suficiente material probatorio que
respalde sus pretensiones.
Ahora bien, de acuerdo con los Decretos 074 del 24 de agosto de 2000 expedido
por la alcaldesa del municipio de Amaga, y 2203 del 16 de noviembre de 2004, por
el secretario general del municipio de Apartadó,43 así como de lo certificado en los
43
De conformidad con lo dispuesto en la sentencia de unificación SUJ2-11/18, aunque en el acto
de traslado se mencione que los emolumentos del docente eran financiados por el sistema
general de participaciones, ello no es óbice para que el período laborado sea plenamente
computable para efectos del reconocimiento pensional, pues se tiene que tal circunstancia no
determina el tipo de vinculación, debido a que en virtud del nombramiento efectuado por el
30
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)
Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
formatos de certificación de salarios aportados, se tiene que el accionante fue
objeto de traslados, sin solución de continuidad, es decir, manteniendo incólume el
nombramiento como docente efectuado mediante el Decreto 4160 del 12 de
octubre de 1994.
En los referidos actos de traslado se hace mención de las atribuciones conferidas
en el artículo 106 de la Ley 115 de 1994, que a la letra indica lo siguiente:
Artículo 106. Novedades de personal. Los actos administrativos de nombramientos,
traslados, permutas y demás novedades del personal docente y administrativo de la
educación estatal se harán por los gobernadores y por los alcaldes de los distritos o
municipios que estén administrando la educación conforme a lo establecido en la
Ley 60 de 1993.
Todo nombramiento deberá ajustarse a los plazos y procedimientos legales y a la
disponibilidad presupuestal.
Parágrafo. Los alcaldes municipales pueden nombrar educadores con cargo a los
recursos propios del municipio, cumpliendo los requisitos exigidos por la ley.
En tercer término, del formato de certificación aportado en esta instancia,
documental solicitada como prueba de oficio, se observa que en el año 2010 el
actor fue designado mediante traslado – nombramiento (con el Decreto 2971 del
12 de noviembre de 2010) a la Institución Educativa Rural El Guayabo del
municipio de Santa Barbara (Antioquia), como docente de tiempo completo,
empleo en el que permaneció hasta la fecha de retiro (4 de enero de 2015).
entonces gobernador de Antioquia y la plaza ocupada, el actor ostenta el carácter de docente
territorial independientemente de que parte de los salarios hubieren sido sufragados con dineros
provenientes de la Nación.
En efecto, en la citada providencia de unificación se concluyó que lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que
sea de carácter territorial o nacionalizada, máxime si se tiene en cuenta que, en lo que respecta a
los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas
endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban
los gastos a través de los Fondos Educativos Regionales; y en lo que tiene que ver con los
educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del
situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones.
31
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)
Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
Para el momento de efectividad de esa designación, se encontraba vigente la Ley
715 de 2001, norma que estableció con claridad que las instituciones educativas
estatales tienen carácter departamental, distrital o municipal, únicamente.
Adicionalmente, estableció como competencias de los departamentos administrar
y responder por el funcionamiento, oportunidad y calidad de la información
educativa departamental; y a los distritos y municipios certificados, administrar,
ejerciendo las facultades señaladas en el artículo 153 de la Ley 115 de 1994, las
instituciones educativas, el personal docente y administrativo de los planteles
educativos, sujetándose a la planta de cargos adoptada, así como trasladar
docentes entre instituciones educativas, sin más requisito legal que la expedición
de los respectivos actos administrativos debidamente motivados, entre otras
funciones y competencias.
Teniendo en cuenta la descentralización de la educación, resulta dable inferir que
esta última designación se hizo en una institución educativa municipal, luego el
tiempo de labor certificado resulta computable para efectos del reconocimiento
prestacional.
Asimismo, si bien en los formatos únicos de expedición de certificado de historia
laboral 7980-1 del 17 de junio de 2008 y 101791-17 del 20 de septiembre de 2017,
suscrito por la Secretaría de Educación de Antioquia, respectivamente, señalan
que el tipo de vinculación del actor era nacional, ello también resulta desvirtuado a
la luz del análisis realizado a los diferentes actos de nombramiento que, como ya
se dijo, vincularon al docente en plazas territoriales o nacionalizadas en
instituciones educativas territoriales y nacionalizadas.
Dicho de otra forma, al interpretar, en conjunto, los actos de nombramiento no
queda duda de su vinculación territorial; adicionalmente, se observa que las
mentadas constancias fueron proferidas con anterioridad a las sentencias de
unificación que se analizaron en precedencia, lo que permite inferir que en
aquellas solo se consideró el origen de los recursos para definir si el docente era
32
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)
Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
nacional, nacionalizado o territorial, discusión que, se insiste, fue zanjada a través
del proveído de unificación SUJ2-11/18.44
Por último, es preciso resaltar que el Ministerio de Educación Nacional en el
certificado que obra a folio 213 del plenario, hizo constar que en «los inventarios
de la serie Historias Laborales del archivo central de este Ministerio de la planta de
personal, el grupo de Gestión Documental pudo establecer que no se encontró
información alguna a nombre del mencionado señor», lo que afianza aún más que
el docente laboró al servicio de entidades territoriales por algo más de 20
años.
De esta manera, el demandante acreditó con suficiencia el ejercicio de la profesión
docente en plazas del orden territorial y/o nacionalizado por algo más de 20 años y
cumplió con la exigencia de haberse vinculado antes del 31 de diciembre de 1980,
tal como lo determinó el a quo; por lo tanto, el interesado cumplió el requisito del
tiempo de servicio previsto por el legislador para acceder a la prestación
pretendida.
ii) El señor Orrego Arbeláez cuenta con más de 50 años de edad y durante su
ejercicio como docente no se registraron sanciones disciplinarias,45 es decir, que
cumple con los requisitos de edad, buena conducta y desempeño laboral con
honradez y consagración previstos por la Ley 114 de 1913 para el reconocimiento
del beneficio pensional reclamado.
44 En efecto, en la citada providencia de unificación se concluyó que lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que
sea de carácter territorial o nacionalizada, máxime si se tiene en cuenta que, en lo que respecta a
los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas
endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban
los gastos a través de los Fondos Educativos Regionales; y en lo que tiene que ver con los
educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del
situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones.
45
Aspecto que no fue objeto de discusión en sede administrativa o en la primera instancia.
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Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)
Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
Ahora bien, el accionante cumplió 50 años de edad el 4 de noviembre de 1999, y
los 20 años de servicio el 23 de marzo de 2014, y, es decir, que en ese momento
adquirió el derecho pensional.
Así las cosas, pese a la contundencia de las pruebas el a quo negó la pensión
gracia bajo el argumento de que no se había acumulado el tiempo de servicio
requerido para acceder a la pensión, circunstancia que fue aclarada en esta
instancia mediante prueba de oficio. En ese orden, la Sala revocará la sentencia
apelada y, en su lugar, se declarará la nulidad de los actos acusados y se
ordenará el reconocimiento y pago de la pensión gracia pretendida, en cuantía del
75% del promedio de los factores devengados por el demandante en el año
anterior a la consolidación de su estatus pensional, comprendido entre el 23 de
marzo de 2013 y el 23 de marzo de 2014, con inclusión de los factores salariales
devengados en ese período.
La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional».46
Ahora bien, el señor Orrego Arbeláez consolidó el estatus pensional el 23 de
marzo de 2014, de modo que tenía hasta el 23 de marzo de 2017 para reclamar
ante la administración el reconocimiento y pago de la prestación para que sus
mesadas pensionales no fueran objeto de prescripción, lo cual efectivamente se
materializó a través de la reclamación del 19 de junio de 2013,47 razón por la que
no operó el fenómeno de la prescripción trienal.
46 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de
Estado: i) del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22
de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de
2020, radicado: 15001-23-33-000-2014-00462-01 (1644-19).
47 Según lo indicó la entidad demandada en la Resolución RDP0233749 del 25 de julio de 2013.
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Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)
Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la demandante obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.
2.5. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201648, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de
las partes.
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández
Gómez.
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Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)
Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
Así mismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará
atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las
agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede
condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Teniendo en cuenta que en este caso no se comprobó su causación y que la
decisión que se adopta es fruto de lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales
trazadas en las sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y 11 de agosto
de 2022, no se impondrán costas a cargo de la entidad demandada, con el fin de
salvaguardar los principios de buena fe y confianza legítima.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo debe ser revocada por
cuanto el demandante acreditó en el proceso los requisitos para ser beneficiario
de la pensión gracia reclamada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Radicación: 05001-23-33-000-2014-01170-01 (1340-16)
Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 14 de diciembre de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda de
la referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su
lugar, se dispone lo siguiente:
Segundo. Declarar la nulidad de las Resoluciones RDP033749 del 25 de junio de
2013; RDP037707 del 15 de agosto de 2013; y RDP038779 del 23 de agosto de
2013, mediante las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP negó el
reconocimiento de la pensión gracia del actor.
Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
reconocer y pagar la pensión gracia del señor Gustavo Orrego Arbeláez,
identificado con cédula de ciudadanía 19.153.078, en cuantía del 75% del
promedio de los factores devengados en el año anterior a la consolidación de su
estatus pensional, comprendido entre el 23 de marzo de 2013 y el 23 de marzo de
2014.
Cuarto. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo
en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación
de la fórmula matemática indicada en las consideraciones de esta sentencia.
Quinto. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del
plazo señalado en el artículo 192 del CPACA.
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Demandante: Gustavo Orrego Arbeláez
Sexto. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
AVM
38
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