Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2014-01412-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2014-01412-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2014-01412-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-33-000-2014-01412-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
7 de noviembre de 2024
Radicado: 05001-23-33-000-2014-01412-01 (28651)
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 05001-23-33-000-2014-01412-01 (28651)
Demandante LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Terminación por mutuo acuerdo solicitada por los garantes. Ley
1607 de 2012. Requisitos. Costas procesales.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 10 de noviembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo
del Antioquia, que resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: Se niegan las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Se condena en costas y agencias en derecho en primera instancia a la Sociedad
La Previsora S.A. Compañía, conforme a los artículos 188 del CPACA, 365 y 366 CGP. Por
Secretaría de este Tribunal, procédase a su liquidación. (…)”1.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El contribuyente Industrias Textileras Montoya Mira S.A.S. presentó la solicitud de
devolución y/o compensación por el impuesto sobre las ventas del periodo 1 del año
2009, la cual fue resuelta mediante Resolución Nro. 13973 del 28 de julio de 2009,
por valor de $1.532.451.000. Dicha solicitud fue respaldada con la póliza de garantía
Nro. 1011193, de la Compañía Aseguradora La Previsora S.A.
Posteriormente, La DIAN expidió la Liquidación Oficial de Revisión Nro.
112412011000114 del 14 de julio de 2011, mediante la cual rechazó el mencionado
saldo a favor. Y, como consecuencia de ello, la Administración expidió la Resolución
Nro. 9000007 del 14 de junio de 2012, en la que impuso sanción por devolución
improcedente sobre Industrias Textileras Montoya Mira S.A.S., consistente en el
reintegro del saldo a favor, con un incremento del 500% por utilización de medios
fraudulentos, e intereses aumentados en un 50%.
La compañía aseguradora presentó la solicitud de Terminación por Mutuo Acuerdo
(en adelante “TMA”) del proceso administrativo de conformidad con el artículo 148 de
la Ley 1607 de 2012, reglamentado por el Decreto 699 de 2013, mediante escrito
radicado el 31 de agosto de 2013 ante la DIAN.
Sin embargo, el Comité Especial de Conciliación y Terminación por Mutuo Acuerdo
de la Dirección Seccional de Medellín negó la solicitud de terminación por mutuo
acuerdo, mediante el Acta Nro. 120 del 18 de septiembre de 2013. La Previsora S.A.
1 Samai del Tribunal, índice 41,PDF Expediente, “7ENVIOCONSEJOD_CONSTANCIARTECONSEJO”,
página 471.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2014-01412-01 (28651)
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Compañía de Seguros presentó recursos de reposición y de apelación contra la
anterior decisión, los cuales fueron negados mediante la Resolución Nro. 39 del 13
de enero de 2014 y la Resolución Nro. 001743 del 11 de marzo de 2014,
respectivamente.
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las siguientes
pretensiones2:
“PRETENSIONES PRINCIPALES
PRIMERA: Que se declare la nulidad del Acta del Comité Especial de Conciliación y
Terminación por Mutuo Acuerdo de la Seccional de Impuestos de Medellín No. 120 de fecha
18 de septiembre de 2013, mediante la cual se decidió no transar y en consecuencia no
terminar por mutuo acuerdo el proceso administrativo correspondiente al contribuyente:
INDUSTRIAS TEXTILERAS MONTOYA MIRA SAS. NIT No. 900.247.531-9 PERIODO: I
ANO 2.009. POLIZA 1011193
SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 39 del 13 de Enero de 2014
mediante la cual el Comité Especial de Conciliación y Terminación por Mutuo Acuerdo de la
Seccional de Impuestos de Medellín resolvió el recurso de reposición en la cual confirmó la
decisión contenida en el Acta No. 120 del mismo comité.
TERCERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 1743 del 11 de marzo de 2014,
mediante la cual el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Unidad Administrativa
Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales, resolvió recurso de apelación interpuesto por
mi representada, y confirmó la decisión contenida en el Acta del Comité Especial de
Conciliación y Terminación por Mutuo Acuerdo de la Seccional de Impuestos de Medellín No.
120 de fecha 18 de septiembre de 2013.
CUARTA: Que se restablezcan los derechos de mi representada y se apruebe la solicitud
Terminación (sic) de mutuo acuerdo con ocasión del pago efectuado por mi representada a
favor de la Demandada en la suma de DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS ($2.124.998.000.00) dentro la (sic)
actuación administrativa correspondiente al contribuyente INDUSTRIAS TEXTILERAS
MONTOYA MIRA SAS. NIT No. 900.247.531-9 PERIODO: I AÑO 2.009. POLIZA 1011193
de conformidad con lo establecido en los artículos 147, 148 y 149 de la ley 1607 de 2012, y el
decreto 699 de 2013 artículo 6.
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS.
PRIMERA. De no aceptarse la terminación por el pago efectuado por mi representada a favor
de la Demandada dentro de la actuación administrativa correspondiente al contribuyente
INDUSTRIAS TEXTILERAS MONTOYA MIRA SAS. NIT No. 900.247.531-9 PERIODO: I
AÑO 2.009. POLIZA 1011193, solicito se ordene a la DIAN, proceda a la devolución o
reintegro total de la suma de DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL PESOS ($2.124.998.000.oo) junto con los intereses legales
establecidos (Artículo 192 del Código Contencioso Administrativo que dispone que las
cantidades líquidas reconocidas en las sentencias en las que se condene devengarán
intereses moratorios y los artículos 850 y siguientes del Estatuto Tributario, a partir de los 5
días siguientes del fallo que así lo disponga.
SEGUNDA: Se indique que LA DIAN debe afrontar y asumir los costos y gastos incurridos por
mi Representada en el presente trámite administrativo, así como los que se demuestren como
incurridos en defensa de sus propios intereses.”
2 Ibidem páginas 4 y 5.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2014-01412-01 (28651)
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 2, 6, 25,
29 y 85 de la Constitución Política; 828 y 860 del Estatuto Tributario; 65 al 73 y 87
del Código Contencioso Administrativo; 147, 148 y 149 de la Ley 1607 de 2012; y 6
del Decreto 699 de 2013. El concepto de la violación de esas disposiciones se
resume así:
Indicó que la DIAN desconoció los presupuestos del artículo 6 del Decreto 699 de
2013 al considerar que los actos expedidos en el marco de la actuación
administrativa de Industrias Textileras Montoya Mira S.A.S. se encontraban
ejecutoriados para la compañía aseguradora, cuando estos no fueron legal y
debidamente notificados y, por tanto, son inoponibles.
Afirmó que se desconoció el debido proceso, y los derechos de contradicción y de
defensa3 puesto que debió vincularla como garante mediante la notificación de los
actos de revisión del tributo y los sancionatorios, circunstancia que no ocurrió, pues
no se le notificó del requerimiento especial ni de la liquidación oficial de revisión.
Resaltó que, la póliza expiró el 19 de julio de 2011 y dentro de la vigencia de esta
y/o el plazo señalado por el artículo 860 del Estatuto Tributario, la DIAN no logró
notificar la liquidación oficial de revisión, por lo cual la actora no es solidariamente
responsable con el contribuyente.
Aclaró que, si bien recibió copia de la resolución sanción, su entrega no se enmarca
dentro de los supuestos del artículo 565 del Estatuto Tributario, por cuanto la
información que recibió incurre en graves omisiones que impiden la real notificación
de los actos, tales como: i) no mencionar a la aseguradora, su relación con el
contribuyente, ni a la póliza de seguro, número o fecha de expedición, en la parte
resolutiva ni considerativa, y ii) no disponer la efectividad de la póliza ni el cobro del
seguro en la parte resolutiva. En consecuencia, el acto no se notificó como dispone
la ley, pues la comunicación del proceso es simplemente informativa y, aseveró,
tampoco figura en el expediente la constancia de notificación de los demás actos de
determinación.4
Adujo que la DIAN desconoció la jurisprudencia imperante y el instructivo de 29 de
marzo de 2012 proferido por la entidad sobre la notificación al garante de los actos
sancionatorios, de suerte que los actos expedidos por la Seccional no pueden ser
considerados como ejecutoriados, como indica la decisión del Comité Especial de
Conciliación y Terminación por Mutuo Acuerdo, los artículos 66 a 68 y 47 del Código
Contencioso Administrativo, y 829 del Estatuto Tributario.
Anotó que el agotamiento de la vía gubernativa solo es posible si los actos son
conocidos y notificados en debida forma, circunstancia que no ocurrió, por lo que no
se ha vinculado al garante tal como la ley lo exige.
Reiteró que puso en evidencia la ausencia de notificación de los actos
administrativos, no obstante, las actas de la terminación por mutuo acuerdo
denegaron la solicitud, asegurando que los actos no estaban ejecutoriados, lo cual
configura una falsa motivación5. Agregó que dicha decisión hubiese variado si se
3 Citó las sentencias T-460 de 1992, T-1021 de 2002 y T-210 de 2010 de la Corte Constitucional.
4 Sobre la vinculación del garante, invocó la sentencia del 21 de octubre de 2010, C.P. William Giraldo Giraldo
del Consejo de Estado.
5 Citó la sentencia del 23 de junio de 2011, exp. 16090, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas del Consejo
de Estado.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2014-01412-01 (28651)
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
consideraba el defecto en la notificación, aunado a que la DIAN debió verificar que
los actos estuvieren ejecutoriados.
Advirtió que la terminación por mutuo acuerdo es viable cuando no ha operado la
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
circunstancia que no le es aplicable, pues si con la resolución sanción la DIAN
pretende hacer efectivo el contrato de seguros, el medio procedente es el de
controversias contractuales, por ser el asegurador parte del contrato, cosa distinta
a si actúa el asegurado pues en ese caso procede la nulidad y restablecimiento del
derecho.
Dijo que se está en presencia de un contrato estatal, dado el riesgo asumido por el
asegurador, el objeto del seguro, las partes y las disposiciones legales aplicables,
tales como los artículos 828 y 860 del Estatuto Tributario, y que el título ejecutivo
del proceso de cobro se compone de los actos administrativos y el contrato de
seguro o garantía, de suerte que el rol de la aseguradora es diferente al del
contribuyente pues sus obligaciones emanan del contrato.
Precisó que, por sí solos, sin la póliza y el contrato de seguro, los actos
administrativos no pueden hacerse efectivos. Afirmó que la DIAN erró al confundir
la aseguradora con el contribuyente y señaló que no se cumplen los requisitos para
que opere el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ni su plazo
de caducidad.
Reprochó la contradicción de la DIAN al fundamentar los actos en la ejecutoria y
firmeza, sin perjuicio de que en otros actos de asuntos similares indica que la
comunicación al garante de la obligación es una diligencia posterior con efectos
para el proceso de cobro, lo cual es contrario al debido proceso. Relató que cumplió
con la finalidad de la terminación por mutuo acuerdo cual es evitar acciones
judiciales originadas en actuaciones administrativas dudosas o discutibles, y pagó
el 100% de los valores asegurados.
Oposición a la demanda
La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda de conformidad con los
siguientes planteamientos:
Cuestionó que el actor pretende controvertir en este proceso los actos de
determinación del tributo y los sancionatorios, pese a que esas actuaciones ya
terminaron sin que hubieren sido discutidas judicialmente y, por tanto, se encuentran
ejecutoriadas.
Relató el proceso de devolución de saldo a favor y de determinación que llevó a
cabo la Administración, y destacó que, como consecuencia de ello, se expidió la
resolución que impuso la sanción por devolución improcedente, la cual fue notificada
tanto al contribuyente como a la aseguradora, quienes no interpusieron recurso
alguno.
Advirtió que, conforme con el artículo 828 del Estatuto Tributario, la Administración
debe poner en conocimiento del deudor solidario la actuación administrativa que da
lugar al título ejecutivo, la cual, en este caso, corresponde a los actos sancionatorios
por devolución improcedente, y no la liquidación oficial de revisión. Esto, por cuanto
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2014-01412-01 (28651)
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
en virtud de la póliza, el acto sancionatorio es el que determina la responsabilidad
del garante y la exigibilidad de la obligación a su cargo6.
No obstante, indicó que, la DIAN advirtió a la aseguradora mediante un oficio sobre
la existencia del proceso de determinación.
Resaltó que notificó a la aseguradora del acto sancionatorio en la dirección
informada en el RUT, y que, contrario a lo señalado en la demanda, esa actuación
menciona a La Previsora S.A. en su calidad de garante, en reiteradas
oportunidades. Y, aclaró que la Administración no debe expedir un acto diferente,
para efectos de surtir dicha notificación.
De igual forma, refirió que la parte demandante acepta haber recibido la resolución
sanción, el 19 de junio de 2012, teniendo la oportunidad de controvertir la actuación,
sin embargo, como no lo hizo, esta cobró ejecutoria el 21 de agosto de 2012. Por
tanto, en este proceso no puede discutir la notificación de ese acto, mucho menos
para efectos de debatir uno posterior, como el que rechaza la solicitud de
terminación por mutuo acuerdo. Y, por esa misma razón, señaló que tampoco
procede el análisis sobre la vigencia de la póliza contratada, que se expone en la
demanda.
Afirmó que, de conformidad con la normativa aplicable, no es posible llevar a cabo
la terminación por mutuo acuerdo respecto de actos administrativos que se
encuentran en firme, como ocurre en el caso analizado7.
Refirió que, contrario a lo señalado por la demandante, cuando una compañía
aseguradora considere que la resolución sanción por devolución improcedente ha
vulnerado sus derechos, debe ejercer el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y no el de controversias contractuales8.
Sentencia apelada
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
demandante, por las siguientes consideraciones:
Puso de presente que, la notificación de la resolución sanción por devolución
improcedente realizada a la Previsora S.A. cumple con lo establecido en el artículo
565 del Estatuto Tributario9. Y, que contrario a lo referido por la demandante, se
puede observar que la aseguradora es mencionada en dicho acto. Conclusión a la
que también llegó el Consejo de Estado en un proceso suscitado entre las mismas
partes y con idéntico problema jurídico10.
Consideró que la aseguradora debió agotar los recursos frente a la resolución
sanción para impedir su ejecutoriedad y poder acceder a la terminación por mutuo
acuerdo. Que, como esto no ocurrió, le asiste razón a la parte demandada.
6 Al respecto, referenció la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 4 de septiembre de 2008,
Exp. 16450, C.P. Ligia López Diaz.
7 Citó la sentencia C-910 de 2004 y la sentencia del Consejo de Estado del 23 de junio de 2005, Exp. 14799,
C.P. María Inés Ortiz Barbosa.
8 Como sustento citó la sentencia del Consejo de Estado, del 28 de agosto de 2013, Exp. 19880.
9 Referenció las sentencias del Consejo de Estado del 25 de julio de 2019, Jorge Octavio Ramírez, del 26 de
septiembre de 2018, C.P Julio Roberto Piza, y del 8 de agosto de 2019, C.P. Milton Chaves García. No
indicó información adicional de referencia.
10 Al respecto transcribió un aparte de la sentencia del Consejo de Estado del 8 de agosto de 2019, C.P. Milton
Chaves García. No indicó información adicional de referencia.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2014-01412-01 (28651)
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Respecto a la pretensión subsidiaria, consistente en ordenar a la DIAN que devuelva
lo pagado por la demandante para acceder a la terminación por mutuo acuerdo, dijo
que no es la vía procesal para encausar la misma, por cuanto debe ser objeto de un
procedimiento administrativo y judicial diferente, ya que conllevaría una solicitud de
devolución.
Condenó en costas a la demandante, por tratarse de la parte vencida.
Recurso de apelación
La demandante apeló la decisión de primera instancia con fundamento en lo
siguiente:
Recordó que, para el año 2012, la jurisprudencia no admitía la legitimación en la
causa de los garantes para recurrir o demandar los actos que conforman el
impuesto, como la liquidación oficial, sobre lo cual citó un salvamento de voto de la
magistrada Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda11.
Reiteró que no es aceptable que el simple envío de una copia de la liquidación oficial
de revisión o de la resolución sanción, sin mencionar la póliza, la aseguradora, el
siniestro o su cuantía, se equipare a una notificación válida y, en consecuencia, se
establezca una actuación ejecutoriada, pues no puede una persona que no se cita
en un acto hacer uso de los recursos de ley.
Insistió en que los actos de determinación no mencionaron a la aseguradora,
tampoco ordenaron la efectividad de la póliza, ni impusieron obligación alguna o
declararon la ocurrencia del siniestro, de suerte que estaba en “imposibilidad física,
material y literal” de agotar cualquier recurso y mucho menos de acudir a la jurisdicción.
Reprochó que el Tribunal no examinó el contenido de los actos sino solo la
notificación formal, sin considerar que la aseguradora no quedó en disposición
material para presentar recursos contra la liquidación y la resolución sanción, dado
que no se consagran en los actos obligaciones, cargas, ni declaraciones de
efectividad de la póliza. Así, estimó que los actos demandados están falsamente
motivados al señalar la ejecutoriedad del acto objeto de transacción.
Señaló que abundante jurisprudencia del Consejo de Estado advierte que el
asegurador no tiene legitimación en la causa para atacar los actos que conforman
el impuesto, por lo que no podía controvertir la sanción ni la liquidación oficial, dado
que no es el sujeto pasivo de las obligaciones. En consecuencia, no es
jurídicamente posible exigirle que los actos queden legalmente ejecutoriados en su
contra y era deber del Tribunal aplicar el precedente jurisprudencial12.
Reiteró que la aseguradora no podía demandar ni recurrir un acto del cual no fue
notificada y que, en todo caso, no cumplía los requisitos para que se entendiera
válidamente notificado. Cuestionó que se afirmara que el medio de control
procedente para la aseguradora era el de nulidad y restablecimiento del derecho
por cuanto insistió en que su relación con la DIAN es únicamente contractual,
derivada del contrato de seguros contenido en la póliza, de allí que es el de
controversias contractuales.
11 No indicó información de referencia.
12 Citó las sentencias de 21 de mayo de 2014, Rad. 2012-00509, C.P. Jorge Octavio Ramírez, y del 6 de abril
de 2006, C.P. María Inés Ortiz Barbosa, del Consejo de Estado.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2014-01412-01 (28651)
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Afirmó que el Tribunal se pronunció de manera somera sobre las pretensiones
subsidiarias y no resolvió de fondo la petición efectuada sobre la devolución del
valor pagado por la Previsora. Comentó que la devolución es una clara y evidente
consecuencia jurídica de la ausencia de declaratoria de nulidad de las actuaciones
de la terminación por mutuo acuerdo, pues al denegarse esta la aseguradora no
debía pagar las sumas de dinero en aplicación de dicho mecanismo13. Precisó que
la DIAN no se opuso a la pretensión subsidiaria ni presentó argumentos de defensa
frente a ella o tachó los documentos del pago.
Respecto de la condena en costas, consideró que no procede en la medida que no
se encuentran probadas en el expediente, en concordancia con lo señalado por la
jurisprudencia14 y el numeral 8 del Código General de Proceso.
Alegatos de conclusión
La parte demandante, reiteró los argumentos de la apelación, y concluyó que, la
sentencia apelada incurre en una indebida motivación al señalar que se debía
presentar el recurso de reconsideración para atacar los actos de determinación del
tributo y sancionatorios, desconociendo lo señalado por la jurisprudencia del
Consejo de Estado.
Además, solicitó que se mantenga la condena en costas impuesta al actor, por lo
que allegaría las pruebas de su causación en la etapa procesal pertinente. Y, frente
a las agencias en derecho, dijo que, de conformidad con la normatividad vigente, no
se requiere acreditar pruebas que demuestren su causación, pues se causan por
comparecer al proceso judicial y son cuantificadas por el operador judicial.
Concepto del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público rindió concepto, solicitando que se confirme la
sentencia apelada en cuanto niega las pretensiones de la demanda, y que se
revoque la condena en costas.
Consideró que la resolución sanción por devolución improcedente fue debidamente
notificada, por lo que no se vulneró el debido proceso, ni el derecho de defensa.
Que, dado que esa actuación había cobrado firmeza, la actora no podía acceder a
la terminación por mutuo acuerdo.
Planteó que no existe falsa motivación de los actos acusados por cuanto cuentan
con los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la improcedencia de la
terminación por mutuo acuerdo. Y, respecto de la devolución de las sumas pagadas,
coincide con el Tribunal al señalar que deben ser solicitadas por medio de un
procedimiento administrativo y judicial diferente.
Frente a las costas y agencias en derecho consideró que resultan improcedentes
por cuanto no están debidamente acreditadas.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de los actos administrativos que
negaron la solicitud de terminación por mutuo acuerdo presentada por la sociedad
13 Invocó la sentencia del 8 de agosto de 2019, C.P. Milton Chaves García, del Consejo de Estado.
14 Al respecto citó las sentencias C- 089 de 2002, entre otras.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2014-01412-01 (28651)
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
La Previsora S.A. respecto a los actos de determinación del impuesto sobre las
ventas del período 1 del año 2009 expedido en el procedimiento de fiscalización
adelantado contra Industrias Textileras Montoya Mira S.A.S.
En concreto se debe establecer si se cumplieron o no los requisitos para aprobar la
terminación por mutuo acuerdo, de conformidad con el artículo 6 del Decreto
Reglamentario 699 de 2013, particularmente, si la resolución sanción se encontraba
ejecutoriada, y si procede la devolución de las sumas pagadas para acceder al
mecanismo de terminación del proceso.
Para resolver, la Sala reitera su postura plasmada en diversos pronunciamientos
que se han emitido entre las mismas partes y frente a similares fundamentos
fácticos y jurídicos15.
La Previsora S.A. sostuvo que la DIAN y el Tribunal cometieron un error al
considerar que la liquidación oficial de revisión y la resolución sanción estaban en
firme porque la aseguradora no ejerció el recurso de reconsideración en su contra,
desconociendo que, según la jurisprudencia vigente para esa época, las compañías
aseguradoras no estaban legitimadas para controvertir estos actos administrativos.
También señaló que le fue violado su derecho al debido proceso porque no fue
notificada de los actos proferidos en el procedimiento de fiscalización. Y, en todo
caso, consideró que no le era exigible presentar el recurso de reconsideración
contra los actos administrativos porque en ellos no se hizo efectiva la póliza de
seguro ni se determinó su responsabilidad. Además, la apelante adujo que tampoco
le era exigible interponer la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra los actos de determinación del tributo porque no estaba legitimada para
hacerlo. En su concepto, las compañías aseguradoras y la DIAN solo podían ejercer
el medio de control de controversias contractuales con el fin de debatir la exigibilidad
de la póliza y el cumplimiento del contrato de seguro.
Al respecto, el artículo 148 de la Ley 1607 de 2012 reguló la terminación por mutuo
acuerdo de los procesos administrativos tributarios y dispuso que la solicitud podría
ser presentada por los garantes del obligado. Esta norma fue reglamentada por el
artículo 6 del Decreto 699 de 2013 que, entre otros aspectos, dispuso en el numeral
4° el siguiente requisito:
“Artículo 6°. Procedencia de la Terminación por Mutuo Acuerdo de los procesos
administrativos tributarios y aduaneros. Los contribuyentes, agentes de retención y
responsables de los impuestos nacionales y los usuarios aduaneros, podrán transar con la
U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), hasta el 31 de agosto de 2013,
el valor total de las sanciones e intereses, según el caso, siempre y cuando cumplan con la
totalidad de los siguientes requisitos. (…)
4. Que la solicitud de terminación por mutuo acuerdo se presente hasta el 31 de agosto de
2013, siempre y cuando no se encuentre en firme el acto administrativo por no haberse
agotado la vía gubernativa o haya operado la caducidad para presentar demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho” (Subraya la Sala).
En cuanto al caso concreto, se observa que en el expediente están probados los
siguientes hechos:
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencias del 16 de junio de
2022, Exp. 26041, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 9 de junio de 2022, Exp. 25712, C.P. Myriam
Stella Gutiérrez Argüello; del 16 de junio de 2022, Exp. 25780, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 25
de mayo de 2023, Exp. 27197, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; entre otras.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2014-01412-01 (28651)
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
• Previa solicitud, el 28 de julio de 2009 la DIAN profirió la Resolución Nro. 13973, mediante la
cual ordenó la devolución y compensación del saldo a favor registrado por Industrias Textileras
Montoya Mira S.A.S. en la declaración del impuesto sobre las ventas bimestre 1 año gravable
2009, correspondiente a $1.532.451.000 16. Dicha solicitud se presentó con respaldo de la
Póliza de Garantía Nro. 1011193, de La Previsora S.A., hechos no discutidos por las partes.
• La DIAN inició el procedimiento de fiscalización en el que fue proferida la Liquidación Oficial
de Revisión Nro. 112412011000114 del 14 de julio de 201117, que rechazó el saldo a favor
declarado por la sociedad demandante.
• Previa expedición del pliego de cargos, el 14 de junio de 2012 la Administración emitió la
Resolución Sanción Nro. 900007 18 , mediante la cual impuso sanción por devolución y
compensación improcedente a Industrias Textileras Montoya Mira S.A.S. en cuantía total de
$1.532.451.000 (incluyendo el valor de las sumas devueltas y compensadas), incrementados
en un 500% por la utilización de medios fraudulentos, más intereses aumentados en un 50%.
Este acto fue notificado a la aseguradora el 15 de junio de 2012, mediante correo19.
• La Previsora S.A. presentó la solicitud de terminación por mutuo acuerdo el 31 de agosto de
2013 20 , en la que solicitó transar el conflicto relacionado con la Resolución Sanción Nro.
900007 del 14 de junio de 2012, que impuso la sanción por devolución improcedente. Para
estos efectos, la garante realizó el pago de $1.532.451.000 el 30 de agosto de 201321.
• La DIAN negó la solicitud de terminación por mutuo acuerdo mediante el Acta Nro.120 del 18
de septiembre del 2013, al considerar que contra la resolución sanción no se interpusieron los
recursos de ley, por lo que el acto se encontraba en firme22.
• La Previsora S.A. presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la anterior
decisión23.
• La DIAN negó los recursos de reposición y de apelación presentados mediante la Resolución
Nro. 39 del 13 de enero de 2014 y la Resolución Nro. 001743 del 11 de marzo de 2014,
respectivamente24.
Con base en las pruebas expuestas, la Sala observa que la DIAN negó la solicitud
de terminación por mutuo acuerdo por cuanto la resolución sanción estaba en firme
al momento en que se presentó la petición.
En cuanto a la legitimación de la compañía aseguradora para recurrir y/o presentar
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los actos de
determinación del tributo, es preciso traer a colación la Sentencia de Unificación
2019CE-SUJ-4- 011 del 14 de noviembre de 201925.
En dicha providencia, la Sala puso de presente que la postura mayoritaria de la
Sección para el momento previo a su expedición (y por lo tanto para la época de los hechos
narrados en la demanda) consideraba que la DIAN no estaba obligada a vincular a las
aseguradoras en los trámites de fiscalización y que estas compañías no estaban
legitimadas para impugnar los actos de determinación del tributo.
Luego, la sentencia de unificación analizada decidió rectificar la anterior postura
jurisprudencial de la Sección y señaló que, en adelante, los garantes tienen derecho
16
Samai Tribunal 41 “Expediente 7ENVIOCONSEJOD_CONSTANCIARTECONSEJO(.pdf) NroActua 41”
página 155 a 166.
17 Ibidem, página 179.
18 Ibidem, página 258 a 263.
19 Ibidem, página 265.
20 Ibidem, página 290.
21 Ibidem, página 325.
22 Ibidem, página 72 a 73.
23 Ibidem, página 338 a 351.
24 Ibidem, páginas 56 y 75.
25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de Unificación del 14
de noviembre de 2019. Exp. 23018. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2014-01412-01 (28651)
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
a controvertir, en vía administrativa y judicial, los actos que conforman títulos
ejecutivos en su contra, en virtud del derecho al debido proceso. En consecuencia,
consideró que la DIAN tiene la obligación de vincularlos a los procedimientos de
fiscalización y que las compañías de seguros estaban legitimadas para demandar
los actos de determinación. Pero precisó que “los efectos de la presente sentencia de
unificación son hacia el futuro”26.
Con base en lo anterior, la Sala concluye que le asiste la razón a la demandante
cuando indica que, para el momento en que fueron proferidos los actos de
determinación del tributo (2011), no estaba legitimada para recurrir ni interponer la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en su contra, según el
precedente vinculante para esa época. No obstante, también es cierto que la
Administración no estaba en la obligación de notificarle los actos de determinación.
Ahora, esto no significa que a La Previsora S.A. le sea aplicable el término de
caducidad de las controversias contractuales porque este medio de control solo está
previsto para los litigios que surjan con relación a un contrato suscrito por una
entidad estatal, requisito que no se cumple en este caso porque el contrato de
seguro por el cual fue expedida la Póliza Nro. 1011193 no fue suscrito por la DIAN.
De otro lado, debe tenerse en cuenta que el numeral 4° del artículo 6 del Decreto
699 de 2013 expresamente establecía como requisito para acceder a la terminación
por mutuo acuerdo que el acto no esté en firme porque “haya operado la caducidad para
presentar demanda de nulidad y restablecimiento del derecho”. En consecuencia, para efectos
de establecer si el acto de determinación objeto de la solicitud de terminación por
mutuo acuerdo está en firme, no es procedente analizar la caducidad para un medio
de control distinto al de nulidad y restablecimiento del derecho, pues de lo contrario
se desconocerían las normas superiores que regulan la materia.
De acuerdo con lo expuesto, se reitera que el parágrafo 3° del artículo 6 del Decreto
699 de 2013 dispuso que “Los garantes del obligado podrán transar en las condiciones previstas
en este artículo”, lo que significa que a las compañías aseguradoras no le son
aplicables requisitos diferentes a los dispuestos para los contribuyentes. Esto
explica que, aunque la jurisprudencia vigente en esa época señaló que los garantes
no estaban legitimados para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra los actos de determinación del tributo, se dispusiera como
condición de procedencia de la solicitud de terminación por mutuo acuerdo que no
haya operado la caducidad prevista para este tipo de medio de control.
Por lo anterior, no se violaron los derechos de La Previsora S.A. porque la DIAN
hubiese desestimado la petición, al considerar que el acto sancionatorio estaba en
firme. Precisamente, la Sala destaca que la Sección resolvió un caso similar, pero
no idéntico, al de la referencia en la sentencia del 5 de febrero de 201927, donde se
sostuvo que el hecho de que la compañía aseguradora no estuviera legitimada para
demandar los actos de determinación del tributo, no le impedía solicitar la
terminación por mutuo acuerdo frente a ellos, por lo que en ese asunto la DIAN
debió interpretar que la solicitud versaba sobre los actos que impusieron la sanción
por devolución improcedente.
26 Sobre la aplicación hacia el futuro de los efectos de la sentencia ver, entre otras, la siguiente providencia:
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 19 de agosto de
2021. Exp. 25327. CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 5 de febrero de
2019. Exp. 22615. CP: Milton Chaves García.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2014-01412-01 (28651)
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Así, resulta evidente que, en el presente evento, el requisito para la procedencia de
la terminación por mutuo acuerdo era el agotamiento de la vía administrativa
respecto al proceso sancionatorio y no al de determinación, no siendo necesaria la
notificación de los actos de este último procedimiento a la aseguradora, por las
reglas vigentes para la época de los hechos. En línea con lo anterior, el acto
sancionatorio es el que origina la vinculación del garante en forma solidaria,
contrario a lo expresado por el recurrente, pues precisamente la póliza ampara la
solicitud de devolución y los riesgos que de ella se desprenden, como la imposición
de la sanción por devolución improcedente. Así, como quiera que en el expediente
no obran pruebas de que la actora hubiese interpuesto recurso de reconsideración
contra la resolución sanción, la decisión del Comité Especial de Conciliación y
Terminación por Mutuo Acuerdo se ajustó a derecho.
Por otro lado, respecto a la notificación de la resolución sanción la demandante
adujo que esta no le fue notificada en debida forma -porque no se le menciona en
dicho acto ni se precisa la ocurrencia del siniestro-, razón por la cual no se encuentra
ejecutoriada.
De análisis probatorio, se tiene que la Resolución 900007 del 14 de junio de 2012,
por la que se impuso sanción por devolución improcedente, ordenó notificar el acto
a la sociedad contribuyente y a la compañía aseguradora en virtud de su
responsabilidad como garante, de conformidad con los artículos 565 y siguientes
del Estatuto Tributario 28 . Dicho acto se notificó por correo a la compañía
aseguradora el 15 de junio de 2012 .
Cuestión distinta es lo aducido por la apelante en cuanto a que la resolución
sanción, en su entender, no le fue notificada porque en tal acto no se alude a La
Previsora S.A., ni a la póliza de cumplimiento, ni a la orden para hacerla efectiva. Al
respecto se advierte que, contrario a lo expresado por la recurrente, en las
consideraciones de la resolución sanción, se aludió a la aseguradora cuando se
indicó:
“Por lo demás, ha de tenerse en cuenta que el saldo peticionado fue respaldado con Póliza de
Garantía de la aseguradora (LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS) con NIT (…)
por ende se vincula con la notificación de la resolución a la garante de conformidad con el
artículo 860 del Estatuto Tributario, pues la devolución se presentó con garantía lo cual hace
que el garante sea solidariamente responsable por las obligaciones garantizadas mediante la
póliza, incluyendo el monto de la sanción por improcedencia de la devolución, las cuales se
harán efectivas junto con los intereses correspondientes, una vez quede en firme en la vía
gubernativa, o en la vía jurisdiccional cuando se interponga demanda ante la jurisdicción
administrativa del acto administrativo de liquidación oficial o de improcedencia de la
devolución. (…)
Así que en el presente caso la compañía aseguradora (LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE
SEGUROS), tiene una responsabilidad directa derivada del artículo 860 del Estatuto Tributario
concordado con el artículo 670 ibídem y con la notificación de la presente Resolución Sanción
(…) queda formalmente vinculada por el riesgo que amparó mediante la póliza número
1011193.”
En virtud de lo anterior, y de acuerdo con la tesis mayoritaria de la Sala la
notificación se efectuó correctamente, cumpliendo con las formalidades de
vinculación como garante y en los términos del artículo 565 del Estatuto Tributario,
lo cual descarta los argumentos al efecto.
28 Samai Tribunal 41 “Expediente 7ENVIOCONSEJOD_CONSTANCIARTECONSEJO(.pdf) NroActua 41”
página 263.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2014-01412-01 (28651)
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Sobre la petición subsidiaria de la actora sobre el reintegro de la suma pagada en
el trámite de la solicitud de terminación por mutuo acuerdo, se accederá a la misma,
toda vez que se negó la transacción y en el expediente consta que la actora pagó
el 30 de agosto de 2013 el valor de $1.532.451.00029. En ese orden, la DIAN deberá
devolver la referida suma junto con los intereses previstos en el artículo 192 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. No se
reconocerán los intereses de que trata el Estatuto Tributario, toda vez que no se
está ante una devolución de un pago de lo no debido regulado en ese estatuto.
Conforme a lo expresado, la Sala modificará la parte resolutiva de la sentencia
apelada para negar las pretensiones principales de la demanda y ordenará devolver
con los intereses anotados la suma pagada con la solicitud de transacción negada.
Respecto de las costas procesales, la Sala advierte que, la sentencia de primera
instancia, que impuso condena en costas a la actora por ser la parte vencida, se
modifica en esta providencia, porque aunque se mantiene la legalidad de los actos,
se accede a la pretensión subsidiaria del actor, de manera que, la demanda
prosperó parcialmente en este proceso, supuesto que en los términos del numeral
5 del artículo 365 del Código General del Proceso (aplicable por remisión del artículo 188
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), permite que el
juez se abstenga de condenar en costas. Por tanto, no hay lugar a la condena en
costas en ninguna de las instancias.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Modificar la sentencia de primera instancia, proferida el 10 de noviembre de
2020, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual quedará así:
“1. Negar las pretensiones principales de la demanda.
2. Devolver a LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS la suma pagada por
$1.532.451.000, junto con los intereses previstos en el artículo 192 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
3. Sin condena en costas.”
2. Negar las demás pretensiones de la demanda.
3. Sin condena en costas en esta instancia.
4. Reconocer personería a la abogada Catherine Andrea Ríos Zapata, como
apoderada de la parte demandada, en los términos del poder obrante en el
índice 19 de Samai.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
29 Ibidem, página 325.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2014-01412-01 (28651)
Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Aclaro el voto
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.