Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2014-01488-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2014-01488-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-33-000-2014-01488-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01488-01 (30429)
Demandante: Dar Ayuda Temporal S.A.
Demandada: UGPP
Tema: Aportes al Sistema de Seguridad Social de julio de 2011 a junio
de 2012. Pagos no laborales. Carga de la prueba. Valoración
probatoria.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra
de la sentencia del 16 de junio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, que negó las pretensiones de la demanda y no
condenó en costas1.
ANTECEDENTES
El 28 de noviembre de 2013, la UGPP expidió el Requerimiento para Declarar y/o
Corregir No. 772, en el que determinó a cargo de la actora aportes al Sistema de
Seguridad Social correspondientes a los periodos de julio de 2011 a junio de 2012, las
sumas de $1.367.418.100 por inexactitud, $3.318.266.100 por mora y $6.984.500 por
omisión, para un total a pagar de $4.692.668.7002.
El 3 de marzo de 2014, la UGPP expidió la Liquidación Oficial No. 447, en la que
modificó el requerimiento y estableció a cargo de la actora las sumas de
$1.759.365.900 por inexactitud y $47.061.600 por mora, para un total a pagar de
$1.806.427.500. Frente a dicho acto, el 28 de marzo la demandante presentó recurso
de reconsideración3.
El 15 de julio de 2014, la UGPP expidió la Resolución No. 301, por medio de la cual
resolvió el mencionado recurso y modificó la liquidación oficial, para fijar a cargo de la
actora las sumas de $1.753.513.890 por inexactitud y $25.302.837 por mora, para un
total a pagar de $1.778.816.7274.
DEMANDA
Dar Ayuda Temporal S.A., en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, formuló las siguientes pretensiones5:
1
Índice 52 de la Plataforma Samai del Tribunal.
2
Índice 3 de la Plataforma Samai. 15ED_ANEXOSAL_03ANEXOSALADEMANDA. Folios 19 a 35.
3
Ibid. Folios 49 a 98.
4
Ibid. Folios 100 a 121.
5
Índice 55 de la Plataforma Samai del Tribunal. Link expediente digital. 05001 23 33 000 201488 00 Híbrido. Primera instancia.
C001PRINCIPAL. 003Demanda y 008ReformaDeDemanda.
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Radicado: 05001-23-33-000-2014-01488-01 (30429)
Demandante: Dar Ayuda Temporal S.A.
«1. Que es nulo el acto [Requerimiento para Declarar y/o Corregir] Nro. 772 del 28 de
noviembre de 2013, expedido por la UGPP proferida por la Subdirectora de
determinación de obligaciones de la unidad administrativa especial de gestión pensional
y contribuciones parafiscales de la protección social, que hace a la sociedad [Dar Ayuda
Temporal S.A.] identificada con NIT. 890.922.487 por no haber cumplido con el deber
de afiliación y pago de los aportes al Sistema de Protección Social, no ha cumplido con
el deber de presentar las autoliquidaciones y pagos al Sistema de la Protección Social,
y presentó inexactitud en las autoliquidaciones y pagos al Sistema de la Protección
Social para los periodos julio a diciembre de 2011 y enero a junio de 2012.
2. [Que es nulo] el acto administrativo Resolución “[Liquidación Oficial] No. RDO 447 de
3 de marzo de 2014 por medio de la cual se profiere liquidación oficial a la sociedad
[Dar Ayuda Temporal S.A.] identificada con NIT. 890.922.487 por mora e inexactitud en
las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social por los
periodos comprendidos entre julio a diciembre de 2011 y enero a junio de 2013”
3. [Que es nula] la Resolución No. RDC 301 del 15 de julio de 2014 “Por medio de la
cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución No.
RDO 447 del 3 de marzo de 2014 a través del cual se profirió liquidación oficial a [Dar
Ayuda Temporal S.A.] con NIT. 890.922.487 por mora e inexactitud en las
autoliquidaciones y pagos en los aportes al Sistema de Protección Social por los
periodos julio de 2011 a junio de 2012” proferida por [“El Director de Parafiscales de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social UGPP”].
4. [Que] en consideración a la declaratoria de nulidad de los actos administrativos
anteriores, se restablezca el derecho de la sociedad [Dar Ayuda Temporal S.A.] en
cuanto haya tenido que pagar la sanción impuesta con ocasión a la liquidación oficial
No. RDO 447 del 3 de marzo de 2014, ordenando la devolución de dichos dineros con
los rendimientos y/o indexación a la fecha de la devolución.
5. Condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada toda vez que el
acto que se demanda es abiertamente arbitrario y contrario a la Constitución, las leyes
y las posiciones jurisprudenciales de las altas cortes.»
Invocó como disposiciones vulneradas el capítulo 1 de la Constitución Política, la
Ley 100 de 1993, los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo; 24, 103,
138 y 152 de la Ley 1437 de 2011; 12 del Decreto 1772 de 1994; y 84 del Decreto 806
de 1998. Como concepto de violación, expuso, lo siguiente:
Señaló que la demandada desconoció el alcance del artículo 128 del Código
Sustantivo del Trabajo al afirmar que, en su condición de entidad autónoma, estaba
facultada para determinar qué conceptos constituyen salario. En consecuencia, alegó
que los actos administrativos demandados fueron expedidos con desviación de poder,
por cuanto se sustentaron en una aplicación indebida de las normas y de la
jurisprudencia aplicables, con vulneración de los principios de legalidad, seguridad
jurídica y confianza legítima.
Precisó que los actos demandados fueron expedidos con falsa motivación, ya que
incurren en errores aritméticos. Lo anterior, debido a que de las operaciones
efectuadas por la UGPP resultan sumas «imaginarias e irreales», según se evidencia
en los cálculos contenidos en el CD que aportó al expediente.
En relación con la motivación de los actos, señaló que la UGPP partió de la premisa
de que todo pago que recibe un trabajador constituye salario, lo cual contraría el
artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, así como la jurisprudencia que
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Demandante: Dar Ayuda Temporal S.A.
reconoce la validez de los pagos no salariales pactados expresamente, como las
«bonificaciones no prestacionales». Además, advirtió que los contratos laborales
fueron aprobados por el Ministerio del Trabajo, de modo que, al estipular la existencia
de pagos no salariales, se ajustan a los principios de legalidad y de autonomía de la
voluntad contractual.
Explicó que permitir que la UGPP, en ejercicio de su autonomía, determine qué
constituye salario y qué no, vulnera el ordenamiento constitucional, desconoce el
Estado social de derecho y afecta los principios de seguridad jurídica y confianza
legítima. Adicionalmente, indicó que algunos de los pagos objetados por la UGPP,
como las comisiones y horas extras, se realizaron una vez terminada la relación
laboral, debido a la recepción tardía de información de terceros, por lo que no integran
la base de cotización, conforme con el artículo 17 de la Ley 100 de 1993.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La UGPP6 se opuso a las pretensiones de la demanda, por lo siguiente:
Señaló que el cargo de desviación de poder no se encuentra debidamente
argumentado, pues la demandante no enuncia la norma presuntamente violada, y
afirmó que los actos demandados fueron expedidos conforme a las competencias
establecidas en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007. En el mismo sentido, advirtió
que determinó la inexactitud en el ingreso base de cotización (IBC) de la demandante,
para el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en los periodos discutidos,
con fundamento en los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo y 30 de
la Ley 1393 de 2010, por lo que no se evidencia desviación de poder.
Explicó en cuanto al posible cálculo erróneo en la liquidación oficial que no se puede
establecer con claridad a qué rubros se refiere la demandante, no obstante, señaló
que en el CD o medio magnético que acompañó a la liquidación oficial se precisa la
forma en que esta se realizó. Además, aseguró que, conforme con la información de
los actos demandados, no existe incoherencia alguna en el cálculo, pues a cada
trabajador se le informaron los valores adeudados al Sistema de Seguridad Social.
Advirtió que no existe falsa motivación de los actos demandados, pues se encuentran
justificados en el escrito de liquidación y en el archivo Excel adjunto, los cuales
permiten apreciar las razones jurídicas y técnicas de su expedición. Adicionalmente,
aclaró que los pactos de «desalarización» fueron analizados conforme a los artículos
128 del Código Sustantivo del Trabajo y 17 de la Ley 344 de 1996, pero los ingresos
percibidos por los trabajadores cumplen las características del salario, al tratarse de
una contraprestación directa del servicio prestado.
Señaló que cumplió los preceptos legales y la jurisprudencia, por lo que no se
vulneraron los principios de seguridad jurídica ni de confianza legítima. Además,
justificó la inclusión de ciertos pagos como salario y aclaró que evaluar los contratos
laborales no invade la competencia del Ministerio del Trabajo.
6
Índice 55 de la Plataforma Samai del Tribunal. Link expediente digital. 05001 23 33 000 201488 00 Híbrido. Primera instancia.
C001PRINCIPAL.010contestaciónDeLaDemanda. Contestaciónreforma
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Demandante: Dar Ayuda Temporal S.A.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas, por lo
siguiente7:
Explicó que la UGPP no incurrió en desviación de poder, pues realizó un análisis de
fondo de los pactos no salariales y se ajustó a lo establecido en el artículo 128 del
Código Sustantivo del Trabajo durante todo el proceso administrativo, por lo que
transcribió aparte de los actos demandados en los que se determinó que la
«bonificación no prestacional» son salario, para advertir que el estudio fue correcto por
la demandada.
En relación con las inconsistencias numéricas de los actos demandados, señaló que
la actora debía probar que los ingresos de los trabajadores no eran salariales,
conforme al principio de la carga dinámica de la prueba. En consecuencia, al no aportar
pruebas ni razones jurídicas para acreditar que los pagos no tenían carácter salarial,
no desvirtuó lo calculado por la demandada.
Advirtió que los actos no se encuentran afectados por falsa motivación, pues explican
que, conforme al artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, las cláusulas no
salariales no pueden superar los límites de lo ocasional (40%), objeción principal de la
UGPP que se desarrolló a lo largo del proceso administrativo. Además, aclaró que la
demandada aplicó correctamente las normas y la jurisprudencia vigente, ya que, con
fundamento en esas fuentes, determinó cuáles de los ingresos de los trabajadores
constituían salario.
Finalmente, negó la condena en costas al no encontrarse acreditada su causación de
acuerdo con el artículo 188 del CPACA.
RECURSO DE APELACIÓN
La demandante8 solicitó revocar la sentencia de primera instancia en lo que le es
desfavorable y, en su lugar, acceder a la totalidad de las pretensiones de la demanda,
con fundamento en lo siguiente:
Alegó la caducidad de la facultad sancionatoria de la UGPP, pues conforme al artículo
714 del Estatuto Tributario vigente al momento de los hechos (antes de la entrada en
vigencia de la Ley 1607 de 2012), las declaraciones tributarias quedan en firme
transcurridos dos años desde su presentación sin que se haya notificado el
requerimiento especial.
En relación con lo anterior, explicó que en el presente caso se discuten los periodos
de aportes al Sistema de Seguridad Social de julio a diciembre de 2011 y de enero a
julio de 2012, los cuales adquirieron firmeza, pues el Requerimiento para Declarar No.
772 del 28 de noviembre de 2013 se notificó el 9 de diciembre de ese año, cuando ya
habían transcurrido más de dos años desde la presentación de las declaraciones
enunciadas. En consecuencia, la UGPP no podía iniciar su proceso de fiscalización.
Advirtió que los actos demandados determinaron que el concepto de «bonificación no
7
Índice 52 de la Plataforma Samai del Tribunal.
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Índice 56 de la plataforma Samai del Tribunal.
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prestacional» constituyen salario, pero se debe aclarar que los hallazgos no se
estudiaron de forma mensualizada por la UGPP, sino que en contra del principio de
legalidad se hizo de forma anualizada.
Explicó que la bonificación no prestacional se ajusta al artículo 128 del Código
Sustantivo del Trabajo y al artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, pues, conforme a su
objeto social y al permiso de funcionamiento otorgado por el Ministerio del Trabajo,
debe celebrar correctamente los contratos de trabajo.
Señaló que, de acuerdo con las pruebas remitidas con la demanda 9, la «bonificación
no prestacional» pagada a algunos trabajadores respeta el principio de igualdad, se
acordó mediante pacto entre las partes, no superó el límite del 40% y ninguno de los
pagos comprendidos en el pacto de «desalarización» tiene por fin retribuir un servicio
prestado.
Advirtió que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, la «bonificación no
prestacional» se ha reconocido como pago no constitutivo de salario. Además, señaló
que, según la cláusula de «desalarización» redactada en los distintos pactos a los que
se refiere el requerimiento, debe aceptarse que la «bonificación no prestacional» no
constituye salario, como se admitió respecto de conceptos tales como el auxilio de
alimentación, el auxilio de formación y los medios de transporte; de modo que, al no
atribuir un efecto homogéneo a un mismo texto jurídico, los actos no respetan los
principios de igualdad y congruencia en su motivación.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
Por auto del 17 de octubre de 202510, se admitió el recurso de apelación presentado
por la parte demandante y se concedió el término previsto en los numerales 4 a 6 del
artículo 247 del CPACA, para que los sujetos procesales se pronunciaran.
La demandada no se pronunció respecto al recurso de apelación.
El Ministerio Público no se pronunció.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se decide la legalidad de los actos administrativos demandados, por medio de los
cuales la UGPP determinó a la demandante los aportes al Sistema de Seguridad Social
por los periodos de julio de 2011 a junio de 2012.
De manera previa, la Sala advierte que en virtud de los artículos 320 y 328 del Código
General del Proceso, el juez de segunda instancia debe ceñir su competencia a los
puntos efectivamente impugnados en la sentencia, dentro de los límites del debate
procesal previamente definido, por lo que le está prohibido examinar hechos, cargos o
pretensiones novedosas que no hayan sido sometidos a contradicción durante el
trámite inicial11. Acogerlos implicaría afectar los principios de congruencia, doble
9
«cuaderno 01PRINCIPAL, subcarpeta – C001 –subcarpeta – MEDIOS – subcarpeta MM-001.zip – subcarpeta ANEXO
MEMORIAL –subcarpeta RE 772 UGPP archivo ANEXOS REQUERIMIENTO.»
10
Índice 6 de la plataforma Samai.
11
Valga mencionar que conforme a los artículos 162 y 173 del CPACA, las pretensiones y argumentos relevantes deben
plantearse en la demanda o en su reforma oportuna. Por ello, los planteamientos nuevos introducidos en los alegatos de
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instancia, contradicción y debido proceso, al privar a la parte contraria de la
oportunidad de ejercer una defensa plena frente a tales planteamientos12.
En consecuencia, la Sala no puede pronunciarse sobre el cargo de caducidad de la
facultad sancionatoria de UGPP (firmeza), y el cálculo anualizado de los aportes al
Sistema de Seguridad Social, toda vez que son argumentos que no fueron expuestos
en la demanda inicial ni controvertidos en la contestación, por lo que su introducción
constituye una cuestión nueva, ajena al marco fijado en la primera instancia.
Así las cosas, en los términos del recurso de apelación interpuesto por parte
demandante, apelante única, corresponde establecer si las «bonificación no
prestacional» que se les pagó a algunos trabajadores en los periodos de julio de 2011
a junio de 2012 deben ser consideradas como no salariales.
La demandante alegó que la «bonificación no prestacional» que pagó a sus empleados
no debe considerarse salario, debido a que las cláusulas de las actas de
«desalarización» fueron claras, respetaron el principio de igualdad, se acordaron
mediante pacto entre las partes, no superaron el límite del 40% y ninguno de los pagos
tuvo por finalidad retribuir un servicio prestado.
El artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, establece lo siguiente:
«Art.128. Pagos que no constituyen salarios: No constituyen salario las sumas que
ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas,
bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las
empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su
beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus
funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y
otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni
los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o
contractualmente u otorgados en forma extralegal por el {empleador}, cuando las partes
hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales
como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de
servicios o de navidad.» (Subraya la Sala)
Por su parte, el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 determinó un límite, para el valor
de los pagos laborales no constitutivos de salario que se pacten entre los empleadores
y los trabajadores, de acuerdo con lo siguiente:
«Art. 30. Sin perjuicio de lo previsto para otros fines, para los efectos relacionados con los
artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, los pagos laborales no constitutivos de salario
de los trabajadores particulares no podrán ser superiores al 40% del total de la
remuneración.» (Subraya la Sala)
De acuerdo con las normas transcritas, es posible que entre los empleadores y los
trabajadores se realicen pactos en los que los pagos que reciben los trabajadores no
sean constitutivos de salario, y también acuerdos en los que los ingresos salariales
puedan «desalarizarse» al límite del 40% del total de la remuneración. Al respecto esta
Sala en sentencia de unificación del 9 de diciembre de 2021, determinó lo siguiente13:
conclusión son extemporáneos y su estudio vulneraría el derecho de defensa, al no haber sido objeto de contradicción. Asimismo,
el artículo 281 del CGP exige que la sentencia sea congruente con lo pedido y debatido, de modo que el a quo no debía, y así lo
hizo, pronunciarse sobre asuntos no planteados en la demanda ni en la contestación.
12
En el mismo sentido ver sentencias del 22 de abril de 2021 Exp 25427; 20 de junio de 2024, Exp. 28106 y del 15 de mayo de
2025 Exp 29029 CP Myriam Stella Gutiérrez Arguello.
13
Exp. 25185. C.P. Milton Chaves García
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Demandante: Dar Ayuda Temporal S.A.
«Este criterio de “desalarización”, expuesto por la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia y reiterado por la Corte Constitucional en sentencia C-521 de 1995, que analizó la
constitucionalidad del referido artículo 15 de la Ley 50 de 1990, se ha mantenido vigente
hasta hoy, como se evidencia, entre otros, en los fallos de la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia de 6 de agosto de 2019, de 4 de febrero de 2020 y de 14 de octubre
de 2020, en los que, además, se hizo hincapié en que “no todo pago que recibe el
trabajador constituye salario, sino que para determinar su carácter, no basta con que se
entregue de manera habitual o que sea una suma fija o variable, sino que se debe
examinar si su finalidad es remunerar de manera directa la actividad que realiza el
asalariado”.
(…) 3. El pacto de “desalarización” no puede exceder el límite previsto en el artículo 30 de
la Ley 1393 de 2010, es decir, el 40% del total de la remuneración. En estos eventos, los
aportes se calcularán sobre todos aquellos factores que constituyen salario,
independientemente de la denominación que se les dé (art. 127 CST- contraprestación del
servicio) y, además, los que las partes de la relación laboral pacten que no integrarán el
IBC, en el monto que exceda el límite del 40% del total de la remuneración.
4. El pacto de “desalarización” debe estar plenamente probado por cualquiera de los
medios de prueba pertinentes.
5. Los conceptos salariales y no salariales declarados por el aportante en las planillas de
aportes al sistema de la seguridad social o PILA se presumen veraces. Si el ente
fiscalizador objeta los pagos no constitutivos de salario para incluirlos en el IBC de aportes,
por considerar que sí remuneran el servicio, corresponde al empleador o aportante
justificar y demostrar la naturaleza no salarial del pago realizado, a través de los medios
probatorios pertinentes.» (Subraya la Sala)
De acuerdo con los apartes de la sentencia transcrita, existen pagos a los trabajadores
que no constituyen salario, de los cuales se debe probar que no remuneran de manera
directa la actividad que realiza el asalariado. Además, existen pactos de
«desalarización» que solo pueden recaer hasta el límite del 40% de la totalidad de la
remuneración del trabajador, y si la entidad fiscalizadora objeta la calidad no salarial
del pago, es el empleador o el aportante quien debe acreditar esa naturaleza (carga
de la prueba).
En efecto, el ordenamiento jurídico reconoce la autonomía de las partes para convenir
que determinados pagos no constituyan salario, así como para pactar la desalarización
de ingresos de naturaleza salarial, siempre que esta no exceda el límite del cuarenta
por ciento (40 %) de la remuneración total del trabajador. No obstante, tales acuerdos
no tienen la virtualidad de alterar la verdadera naturaleza jurídica de los pagos cuando,
por su finalidad, estos constituyan una retribución directa del servicio prestado, pues
la realidad de la relación laboral prevalece sobre la denominación o calificación que
las partes les atribuyan14.
En el presente caso se observa que, desde la expedición del requerimiento para
declarar y/o corregir, la UGPP calificó como constitutivos de salario los pagos
efectuados por el empleador a sus trabajadores bajo la denominación de «bonificación
no prestacional». Para sustentar dicha conclusión, la entidad valoró, entre otros
elementos de prueba, los contratos de trabajo aportados por la demandante, en los
cuales se incluyó la siguiente cláusula:15:
14
Sala de Casación Laboral, sentencia SL5159-2018 del 14 de noviembre de 2018, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.
15
Índice 3 de la Plataforma Samai. 15ED_ANEXOSAL_03ANEXOSALADEMANDA. Folios 19 a 35.
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Demandante: Dar Ayuda Temporal S.A.
«Parágrafo 3. Las partes intervinientes en el presente Contrato, acordamos y convenimos
en forma expresa, que no constituye salario; las sumas de dinero o dádivas en especie,
que ocasionalmente y por mera liberalidad del Empleador o del Usuario, reciba el
Trabajador en Misión, tales como primas, bonificaciones o gratificaciones y lo que reciba
en dinero o en especie, no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para
desempeñar a cabalidad sus funciones como gastos de representación, medios de
transporte, elementos de trabajo y otros semejantes; tampoco las prestaciones sociales
que tratan los Títulos VIII y IX del C.S.T.; ni los beneficios o auxilios habituales u
ocasionales acordados convencionalmente o contractualmente, u otorgados en forma
extralegal por el Empleador o por el Usuario, ni tampoco lo recibido en especie por
conceptos de vacaciones, servicios de navidad, etc., en concordancia con lo preceptuado
en el Artículo 15 de la Ley 50 de 1990 y demás normas concordante.»
Frente a los contratos remitidos por la demandante (la cláusula transcrita fue igual en
todos los contratos), la UGPP consideró que no son prueba suficiente, para aceptar
que la «bonificación no prestacional» sea considerada un pago no salarial para los
empleados, lo cual replicó en la liquidación oficial y en la resolución que resolvió el
recurso de reconsideración16. Además, revisado el SQL que hace parte integral de los
actos administrativos demandados, se advierte que la UGPP determinó que la
«bonificación no prestacional» que se le pagó a algunos empelados hace parte del IBC
con carácter salarial.
En el mismo sentido, se observa en los actos demandados que la remuneración de
algunos empleados superó el límite del 40% de pagos no constitutivos de salario17.
De acuerdo con la cláusula de los contratos transcrita, se advierte que no prueba la
calidad de no salarial de la «bonificación no prestacional», pues de la misma no es
posible extraer que no remuneran directamente la actividad de los trabajadores, como
lo requiere la sentencia de unificación transcrita. Además, no precisa la calidad de los
pagos, la habitualidad, las razones o los posibles valores, ya que la cláusula es muy
general.
En cuanto a las pruebas que remitió la actora junto con el escrito de demanda se
observan18:
Pruebas Folios Análisis
Contratos individuales de obra 124 a 135 Remitió contratos de obra con la empresa «Operaciones
Mineras de Antioquia SAS», en los que se establecen el
nombre del trabajador en misión y contienen en la cláusula
quinta parágrafo 3, que coincide con la misma cláusula
transcrita previamente. En consecuencia, no prueban con
claridad que la «bonificación no prestacional» sea no
salarial, por las razones expuestas previamente, y no
soporta que algún trabajador no haya superado el límite del
40%.
Política de Servicio entre Cadena S.A. y Dar 194 a 197 Se observa la política general de la prestación de servicios,
Ayuda Temporal S.A. entre la demandante y una empresa a la que le prestó
servicios, pero no soporta los pagos no salariales y que no
se haya superado el límite del 40% de ingresos no salariales
de trabajadores.
Otrosí y anexos a contratos de trabajo 198 a 200 El primer documento es anexo del contrato de trabajo entre
la demandante y Pedro Martínez, solo se dice que algunos
pagos no se consideran salario, pero no se establece la
habitualidad, el valor o prueba de que no es una
contraprestación directa del servicio.
16
Ibid. Folios 49 a 98 y 100 a 121.
17
Ibid. Folios 49 a 98 y 100 a 121.
18
Índice 3 de la Plataforma Samai. 15ED_ANEXOSAL_03ANEXOSALADEMANDA. Se advierte que en audiencia inicial del 29
de mayo de 2018 solo se aceptaron como pruebas documentales las remitidas con la demanda. (Índice 3 de la Plataforma Samai.
35ED_ACTAAUDIE_23ACTADEAUDIENCIAIN)
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Radicado: 05001-23-33-000-2014-01488-01 (30429)
Demandante: Dar Ayuda Temporal S.A.
El segundo documento que se remite es un otro sí a un
contrato laboral, en el que se determina que la remuneración
básica mensual es de $700.000 y que el auxilio de
movilización de $250.000. Sin embargo, no prueba la
calidad de que la «bonificación no prestacional» no sea
salario.
El tercer documento remitido es otrosí a un contrato de
trabajo en el que solo determina que para el 19 de agosto
de 2010 $200.000 no son salario para el trabajador al ser
entregado para gastos logísticos. El anterior documento no
puede ser analizado como prueba de pagos no salariales en
el periodo discutido (julio de 2011 a junio de 2012), ya que
es del año 2010.
En cuanto a las pruebas específicas del expediente digital cuyo estudio solicita la
demandante, se observa que se trata de varios archivos en formato Excel que
contienen información del personal en materia de salud, pensión, fondo de solidaridad,
riesgos laborales y aportes al SENA, al ICBF y a la caja de compensación 19. Sin
embargo, dicha información no acredita de forma específica que la «bonificación no
prestacional» pagada a los empleados tenga carácter no salarial, y la demandante
tampoco planteó un análisis individualizado de algún empleado respecto del límite del
40% antes enunciado.
En relación con lo anterior, no se advierte una relación de correspondencia entre los
documentos aportados y los hechos que con ellos se pretendían acreditar, lo que
impide su valoración probatoria. La demandante se limitó a incorporar la
documentación al expediente, sin exponer la argumentación mínima que permitiera
identificar el hecho concreto que cada medio de prueba estaba destinado a demostrar,
ni justificar su pertinencia respecto de los supuestos fácticos debatidos en el litigio. Así,
ante la falta de una conexión explícita entre el contenido de los documentos y los
hechos jurídicamente relevantes, no es posible determinar su alcance técnico ni, en
consecuencia, reconocerles mérito probatorio.
En este orden de ideas, de las pruebas a las que la demandante hizo referencia en el
escrito de apelación no se desprende que los pagos realizados a sus empleados como
«bonificación no prestacional» tengan carácter no salarial. Además, la demandante no
identificó los trabajadores respecto de los cuales los pagos no salariales no superaron
el límite del 40% previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, carga procesal que
le correspondía asumir, en la medida en que pretendía desvirtuar la determinación que
sobre ese punto efectuó la UGPP en los actos demandados. Ante esa omisión, no es
posible establecer, respecto de algún empleado en particular, que dicho límite no se
hubiera excedido.
En cuanto a la afirmación de la demandante de que existen sentencias de esta Sala
en las que la «bonificación no prestacional» se reconoció como un pago no salarial, se
advierte que el reconocimiento del carácter no salarial en esos precedentes dependió
de las pruebas aportadas en cada caso, carga que aquí no se satisfizo. Además, no
se advierte violación del principio de igualdad ni incongruencia en los actos
demandados, debido a que los conceptos de auxilio de alimentación, auxilio de
formación y auxilio de transporte son distintos del de «bonificación no prestacional»,
19
Índice 55 de la Plataforma Samai del Tribunal. «cuaderno 01PRINCIPAL, subcarpeta – C001 –subcarpeta – MEDIOS –
subcarpeta MM-001.zip – subcarpeta ANEXO MEMORIAL –subcarpeta RE 772 UGPP archivo ANEXOS REQUERIMIENTO.»
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Demandante: Dar Ayuda Temporal S.A.
de modo que la UGPP los aceptó como no salariales porque sus soportes eran
diferentes.
En el mismo sentido se aclara que, pese a que el Ministerio del Trabajo avaló los
contratos laborales, se reitera que la cláusula que se incluyó en dichos contratos no
soporta que la «bonificación no prestacional» sea considerada no salarial.
En este orden de ideas, la demandante no probó que los pagos por «bonificación no
prestacional» tuvieran carácter no salarial o que el límite del 40% de factor no
prestacional no se haya superado en relación con los pagos a los empleados. En
consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada.
Condena en costas
De conformidad con lo previsto en los numerales 1 y 3 del artículo 365 de la Ley 1564
de 201220, aplicable por remisión expresa del artículo 188 de la Ley 1437 de 201121, y
teniendo en cuenta lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre
de 2025, procede la condena en costas en segunda instancia contra la demandante al
haberse resuelto desfavorablemente el recurso de apelación y confirmado en todas
sus partes la sentencia de primera instancia. Al efecto, se tasan las agencias en
derecho en un (1) SMMLV. Por lo tanto, se ordenará al tribunal el respectivo incidente
de liquidación de la condena en costas, conforme a las reglas consagradas en el
artículo 366 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia del 16 de junio de 2025 proferida por el proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, por las razones expuestas
en esta providencia.
2. Condenar en costas a la demandante en segunda instancia. En consecuencia,
ordenar al Tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en
la parte motiva de esta sentencia.
3. Reconocer personería a Jesús David Quiroga Ruiz, como apoderado de la UGPP,
y a Elizabeth Valencia Vallejo, como apoderada de la demandante en los términos de
los poderes conferidos que obran en el índice 2 de la plataforma Samai.
Notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.
20
«Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia en la
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: En el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
conoce ordinariamente la Sección Cuarta del Consejo de Estado, solo se impondrá́ la condena en costas cuando exista una parte
vencida en el proceso, independientemente de cuál sea la conducta de las partes. En este sentido, y conforme a la
discrecionalidad que confiere el ordinal 5.o del artículo 365 del CGP, no se impondrá́ la condena en costas cuando se declare la
nulidad parcial de los actos administrativos demandados».
21
«Art. 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».
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Demandante: Dar Ayuda Temporal S.A.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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