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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-01619-02

Fecha
22 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-01619-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase la sentencia proferida el 27 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia (sala primera), que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por la Unidad Administrativa 16 Ver, entre otros, fallos de (i) 27 de agosto de 2020, expediente 25000-23-42-000-2012-01813-01 (728-2014), sección segunda, subsección B, C. P. César Palomino Cortés; y (ii) 10 de diciembre siguiente, sección segunda, subsección A, expediente 11001-03-25-000-2013-00116-01 (262-2013). 13 Expediente: 05001-23-33-000-2014-01619-02 (3580-2021) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho UGPP contra María Elizabeth Arango López Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la señora María Elizabeth Arango López, de conformidad con la parte motiva. 2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2014-01619-02

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

22 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 05001-23-33-000-2014-01619-02 (3580-2021)
Demandante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Demandada : María Elizabeth Arango López
Tema : Reliquidación pensión de jubilación con inclusión del
100% de la bonificación por servicios prestados

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte
accionada contra la sentencia de 27 de julio de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia (sala primera), mediante la cual accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 1 a 20). La Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), a través de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la señora María Elizabeth
Arango López, para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente
se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones UGM 28236 de 23
de enero de 2012, por medio de la cual la entonces Caja Nacional de Previsión
Social (Cajanal) reliquidó la pensión de jubilación de la accionada en «[…]
cumplimiento de un fallo de tutela proferido por el JUZGADO S[É]PTIMO
PENAL DEL CIRCUITO DE MANIZALES CALDAS el 3 de julio de 2008 […]»
(sic), con inclusión del 100% de lo devengado por concepto de bonificación
por servicios prestados, y no en una doceava parte; y RDP 2437 de 21 de enero
de 2013, con la que la UGPP modifica parcialmente la anterior.

A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la demandada reintegrar
la totalidad de las sumas sufragadas en virtud de los actos administrativos
acusados, de manera indexada.

Expediente: 05001-23-33-000-2014-01619-02 (3580-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra María Elizabeth Arango López

1.3 Fundamentos fácticos. Relata la entidad actora que, mediante Resolución
11226 de «11» (sic) de marzo de 2008, la liquidada Cajanal le reconoció pensión
de jubilación a la demandada a partir del 1º de junio de 2006, de conformidad
con los Decretos 546 de 1971 y 1158 de 1994, condicionada a demostrar el
retiro del servicio.

Que, con fallo de tutela de 3 de julio de 2008, el Juzgado Séptimo Penal de
Manizales ordenó el reajuste de la pensión de jubilación de la demandada con
el 100% de la bonificación por servicios prestados, lo que se cumplió con
Resolución UGM 28236 de 23 de enero de 2012, desde el «01 de agosto de
2010, pero con efectos fiscales una vez demuestre el retiro definitivo del
servicio».

Dice que, a través de Resolución RDP 2437 de 21 de enero de 2013, la UGPP
modificó el anterior acto administrativo, en el sentido de indicar que la
efectividad de la pensión procede a partir del 1º de julio de 2010, «fecha en la
cual fue retirad[a] del servicio».

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos administrativos demandados los artículos 1º, 2, 6, 121,
128 y 209 de la Constitución Política; 6º, 7 y 8 del Decreto 546 de 1971 y 34 y
36 de la Ley 100 de 1993.

Aduce que «[…] es claro que para la liquidación de pensiones debe
computarse la bonificación por servicios prestados de manera proporcional,
pues tratándose de una prestación que se causa por año cumplido, su
inclusión debe hacerse en una doceava parte. En contravía del antecedente
jurisprudencial antes relatado, procedió el juez de tutela, al ordenar la
liquidación de la pensión de jubilación de la señora MAR[Í]A ELIZABETH
ARANGO L[Ó]PEZ, con el 100% de la bonificación por servicios prestados,
[por ende,] tal decisión no puede mantenerse incólume, como quiera que
además de contradecir el precedente jurisprudencial […] implica la
destinación de recursos públicos para financiar la liquidación de una pensión
en términos no acordes a derecho» (sic).

1.5 Medida cautelar. La UGPP, en el escrito de demanda, solicitó suspender
provisionalmente los efectos jurídicos de los actos administrativos enjuiciados,
medida cautelar negada con auto de 3 de diciembre de 2014, por el Tribunal
Administrativo de Antioquia (sala primera), porque no se logró demostrar las
condiciones consagradas en el artículo 231 del CPACA (ff. 323 a 325).
2

Expediente: 05001-23-33-000-2014-01619-02 (3580-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra María Elizabeth Arango López

1.6 Contestación de la demanda (ff. 328 a 331). La señora María Elizabeth
Arango López, a través de apoderado, se opone a las pretensiones del medio de
control y se pronuncia frente a los hechos en el sentido de que algunos son
ciertos y otros no le constan; y propone las excepciones que denominó indebida
escogencia del medio de control, cosa juzgada constitucional, falta de
jurisdicción, desconocimiento de derechos adquiridos y buena fe.

Asevera que «[…] se constituye una violación flagrante a los principios de
seguridad jurídica y confianza legítima el hecho de acoger las pretensiones de
nulidad de la UGPP, ya que es muy probable que la Corte Constitucional no
haya excluido el fallo de revisión, y por tanto, la decisión de fondo tomada en
sede de tutela, y cuyo tema es el mismo que viene a controvertir el demandante
en este medio de control, es definitiva, máxime cuando en este caso se discuten
asuntos tal delicados como el derecho a la seguridad social de una persona tan
cercana a la tercera edad […]» (sic).

1.7 Providencia apelada (ff. 439 a 447 y vuelto). El Tribunal Administrativo
de Antioquia (sala primera), mediante sentencia de 27 de julio de 2021, accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda (sin condena en costas), en el sentido
de declarar la nulidad de los actos acusados respecto de la inclusión del 100%
de la bonificación por servicios prestados, la cual procede en una doceava parte,
en atención al precedente del Consejo de Estado sobre el tema. Por otro lado,
negó la devolución de los dineros recibidos por la accionada, al no estar
demostrada la mala fe con la que pudo actuar, pues el pago del reajuste
pensional fue en cumplimiento de un fallo de tutela.

1.8 Recurso de apelación1. La demandada, por conducto de apoderado,
interpuso recurso de apelación, al estimar que las resoluciones cuya nulidad se
demanda fueron emitidas en cumplimiento de un fallo de tutela, que definió el
derecho de la accionada al reajuste pensional con inclusión del 100% de la
bonificación por servicios prestados, y en tal sentido, el juez administrativo
carece de competencia para revisar una situación pensional ya decidida en
forma definitiva por el de tutela; además, aquellas comportan actos de
ejecución, que no son pasibles de juzgamiento. Para sustentar sus argumentos,
cita jurisprudencia que considera aplicable a su caso.

Por último, arguye que «[…] [s]i bien en la etapa final de la providencia se
hace alguna referencia implícita a los argumentos esgrimidos en la

1
Visible en el índice 2 de la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
3

Expediente: 05001-23-33-000-2014-01619-02 (3580-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra María Elizabeth Arango López

contestación de la demanda en la excepción llamada “BUENA FE”, de la
excepción correspondiente al tema de desconocimiento derechos adquiridos no
se hace mención alguna […]» (sic).

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido con proveído de 18 de agosto de 2021 (f.
450) y se admitió por esta Corporación, a través de auto de 20 de mayo de 2022
(f. 455 y vuelto), en cumplimiento del artículo 247 del CPACA2, y en la
oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem las partes aportaron escritos de
alegatos de conclusión3.

2.1 La demandada. Por intermedio de apoderado, reiteró los planteamientos
expuestos en la alzada e insiste en que «[…] [n]o debe dejar escapar esta
Honorable Corporación dos cuestiones, la primera que la exclusión de revisión
por parte de la Corte confiere a los fallos de tutela la calidad de cosa juzgada,
tal y como si la misma entidad hubiera decidido sobre ello; la segunda que
independiente del tipo de acción impetrada, en el presente proceso CAJANAL
EICE o su sucesora procesal la UGPP se encuentra dirigiéndose a la presente
corporación con hechos idénticos que involucran a los mismos sujetos y que
involucran el mismo asunto; no se puede pasar por alto que aunque se
proponga la ilegalidad de las resoluciones No. UGM 028236 del 23 de enero
de 2012 y RDP 02437 del 21 de enero de 2013, la entidad solo ataca la
inclusión del 100% de la bonificación por servicios, tema específico que fue el
objeto de discusión y resolución en sede de tutela en el proceso 2008- 00075
del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, aspecto desarrollado a
lo largo de este proceso y en el mismo recurso de apelación interpuesto.
Conforme con esto debe observarse que este proceso frente al de tutela del 2008
comprende los conceptos de identidad del objeto, identidad de la causa petendi
e identidad de las partes, elementos de la cosa juzgada señalados en la misma
sentencia C744 de 2001 de la Corte Constitucional […]» (sic).

2.2 La UGPP. A través de apoderado, expresa que «[…] [e]n el caso de autos,
se tiene que la prestación que inspira el presente medio de control se dio en
estricto cumplimiento a una orden emitida mediante sentencia de tutela
proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, a través de
la cual se ordenó la inclusión de la bonificación por servicios prestados en un
100 %. […]. [Sin embargo,] [c]on fundamento en lo señalado reiteradamente

2
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
3
Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
4

Expediente: 05001-23-33-000-2014-01619-02 (3580-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra María Elizabeth Arango López

por la Corporación, la bonificación por servicios al momento del cálculo de la
pensión debe ser en una doceava parte y no sobre el 100% del valor percibido
por ese concepto, ya que conforme lo señala el artículo 12 del Decreto 717 de
1978, su pago se realiza de manera anual y la mesada pensional se calcula con
la proporción mensual de todos los factores salariales devengados en el último
año» (sic).

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación4, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si se debe mantener la inclusión del
100% de lo recibido por concepto de bonificación por servicios en la pensión
de jubilación de la accionada, puesto que dicha decisión fue adoptada en
cumplimiento de una sentencia de tutela que «hizo tránsito a cosa juzgada» e
impide reabrir un nuevo debate sobre ese tema.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
y jurisprudencial a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta
respecto del caso concreto.

3.3.1 En primer lugar, ha de precisarse que, según la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, «[d]ecidido un caso por [esa Corporación] o terminado el
proceso de selección para revisión y precluido el lapso establecido para insistir
en la selección de un proceso de tutela para revisión […], opera el fenómeno
de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha
quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisión judicial
de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido»5.

No obstante, aclara esa Corporación que ese tipo de circunstancias solo opera
como prohibición a la procedencia de una nueva solicitud constitucional de

4
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
5
Sentencia SU-1219 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
5

Expediente: 05001-23-33-000-2014-01619-02 (3580-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra María Elizabeth Arango López

amparo contra un fallo de tutela «definitivamente decidido» o excluido de
revisión, toda vez que sería tanto «como instituir un recurso adicional ante la
Corte […] para la insistencia en la revisión de un proceso de tutela ya
concluido»6. En los siguientes términos discurrió así:

A este respecto, es importante distinguir entre el fenómeno de la cosa
juzgada en materia ordinaria y el mismo fenómeno en materia
constitucional. Mientras que en el primer caso es generalmente admitida
la procedencia de la acción de tutela por vías de hecho, en el segundo caso,
tratándose de un proceso judicial constitucional, donde se persigue en
forma explícita y específica la protección de los derechos fundamentales
y la observancia plena del orden constitucional, la oportunidad para alegar
la existencia de vías de hecho en los fallos de tutela es hasta la finalización
del término de insistencia de los magistrados y del Defensor del Pueblo
respecto de las sentencias no seleccionadas. Una vez terminados
definitivamente los procedimientos de selección y revisión, la sentencia
hace tránsito a cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.), y se
torna, entonces, inmutable y definitivamente vinculante.7

Por ende, esta Sala difiere de la interpretación restrictiva efectuada por la
demandada en la alzada, que defiende la inmutabilidad del aludido fallo de
tutela que amparó los derechos constitucionales fundamentales de petición,
debido proceso, igualdad, seguridad social y mínimo vital y la consecuente
imposibilidad de reabrir el debate, mediante un proceso judicial ordinario,
respecto del derecho al reajuste pensional con la inclusión de la bonificación
por servicios prestados devengada en un 100%.

En este asunto, la cosa juzgada constitucional o inmutabilidad del referido fallo
de tutela se predica respecto de los derechos constitucionales fundamentales
amparados por la autoridad judicial que ordenó a la entonces Cajanal el
mencionado reajuste.

En ese orden de ideas, en el sub lite la cosa juzgada constitucional no cobija los
actos administrativos objeto de reproche en este asunto porque existe un
ordenamiento especial que otorga a la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo la facultad de juzgar, a petición de cualquier persona, la legalidad
de los actos que expida la Administración8.

6
Sentencia SU- 1219 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
7
Ibidem.
8
En los mismos términos se puede consultar: Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección
segunda, subsección B, auto de 1.º de septiembre de 2017, expediente 73001-23-33-000-2012-00231-01 (2087-
2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
6

Expediente: 05001-23-33-000-2014-01619-02 (3580-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra María Elizabeth Arango López

Lo contrario sería como desconocer la competencia otorgada tanto por el
legislador como por la Carta Política (artículos 236 a 238) a los jueces de lo
contencioso-administrativo, para que a través de los medios de control previstos
en los artículos 135 y siguientes del CPACA decidan acerca de la legalidad de
los diferentes actos que expide la Administración, incluidos, por supuesto, los
que se profieran en cumplimiento de una orden constitucional de tutela.

Esta Corporación, en un caso similar9, precisó que predicar que el acto que
expresa la eficacia de una decisión judicial no es pasible de control ordinario,
«representa un argumento cuya justificación es equívoca en razón a que tal
postura, además de sustraer una decisión de la administración del control de
su juez natural, por vía de interpretación, establece un criterio inconstitucional,
es decir, una restricción no prevista por el constituyente a las competencias de
la justicia de lo contencioso administrativo, lo cual acarrea evidente lesión al
orden jurídico, y supone desde luego, un error conceptual inaceptable dentro
del marco de la teoría general del acto administrativo».

Por su parte, la Corte Constitucional reiteró10 que «el juez de tutela no puede
limitar la facultad que tiene la Administración de demandar en cualquier
tiempo sus propios actos, mediante los cuales reconoció prestaciones
periódicas a un particular, y la ley lo habilita para presentar la respectiva
acción de lesividad en defensa del patrimonio común, con el fin de que sea la
jurisdicción de lo contencioso administrativo la que resuelva si [esos
pronunciamientos] se encuentran ajustados a la legalidad».

En ese orden de ideas, los actos administrativos que reconozcan o reliquiden
prestaciones periódicas, que se profieran como consecuencia de una orden
constitucional de tutela, no están excluidos del control judicial que por mandato
constitucional y legal le corresponde ejercer a los jueces de lo contencioso-
administrativo, por consiguiente, en casos como el que ahora ocupa la atención
de la Sala, el litigio derivado de la cosa juzgada constitucional en materia de
amparo, cobra distancia del debate posterior que surja por la expedición del
referido acto, dado que la discusión primaria gira en torno a la protección de
derechos fundamentales y la que se origine de esta, concierne a unas causales
específicas de legalidad previstas en el ordenamiento11.

9
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, auto de 17 de abril de 2013, expediente 25000-23-25 000-
2010-01143-01 (1006-2012), C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
10
Corte Constitucional, sentencia T-121 de 8 de marzo de 2016, C. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
11
En igual sentido se pueden consultar: (i) Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección
segunda, subsección B, sentencia de 27 de enero de 2017, expediente 54001-23-33-000-2012-00053-01 (2400-
2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter; y (ii) Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección
7

Expediente: 05001-23-33-000-2014-01619-02 (3580-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra María Elizabeth Arango López

3.3.2 En segundo lugar, se procede a efectuar un análisis de las normas que
regulan lo relativo a la bonificación por servicios prestados que reciben los
servidores de la Rama Judicial.

Sea lo primero anotar que el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971, «Por el cual
se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y
empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus
familiares», establece:

Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán
derecho al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son
mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos,
anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales por lo
menos 10 lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al
Ministerio Público, o a ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia
de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada
que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades
citadas.

En lo atañedero a la bonificación por servicios prestados, se precisa que el
Decreto 1042 de 197812 creó dicho emolumento para los empleados públicos de
los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden
nacional, en los siguientes términos:

Artículo 45: A partir de la expedición de este Decreto, créase una
bonificación por servicios prestados para los funcionarios a que se refiere
el artículo 1º.

Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla
un año continuo de labor en una misma entidad oficial.

Sin embargo, cuando un funcionario pase de un organismo a otro de los
enumerados en el artículo 1º de este decreto, el tiempo laborado en el
primero se tendrá en cuenta para efectos del reconocimiento y pago de la
bonificación, siempre que no haya solución de continuidad en el servicio.

Se entenderá que no hay solución de continuidad si entre el retiro y la fecha
de la nueva posesión no transcurrieren más de quince días hábiles.

segunda, subsección B, sentencia de 2 de febrero de 2017, expediente 70001-23-33-000-2013-00239-01(4942-
14), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
12
«Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas
especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se
dictan otras disposiciones».
8

Expediente: 05001-23-33-000-2014-01619-02 (3580-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra María Elizabeth Arango López

La bonificación de que trata el presente artículo es independiente de la
asignación básica y no será acumulativa.

Artículo 46: La bonificación por servicios prestados a que tienen derecho
los empleados que trabajan en las entidades a que se refiere el artículo 1º
de este decreto, será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor
conjunto de la asignación básica, los incrementos por antigüedad y los
gastos de representación que correspondan al funcionario en la fecha en
que se cause el derecho a percibirla, siempre que no devengue una
remuneración mensual por concepto de asignación básica y gastos de
representación superior a cien mil setecientos cincuenta pesos ($100.750).

Para los demás empleados la bonificación por servicios prestados será
equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de los
tres (3) factores de salario señalados en el inciso anterior.

Tal derecho se causará cada vez que el empleado cumpla un año de
servicio.

De igual modo, el artículo 1.º del Decreto 247 de 1997, «Por el cual se crea la
Bonificación por servicios prestados para los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar», preceptuó:

Créase la bonificación por servicios prestados para los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial (Tribunales, Juzgados, Fiscalía General de
la Nación, Direcciones Ejecutivas de la Administración Judicial, Consejos
Seccionales de la Judicatura y empleados de las altas Corporaciones) y la
Justicia Penal Militar, en los mismo términos establecidos en los artículos
45 y siguientes del Decreto-ley 1042 de 1978 y las demás normas que lo
modifiquen o adicionen, la cual será exigible a partir del 1º de enero de
1997.

La Bonificación por Servicios Prestados constituirá factor salarial para
efectos de determinar la prima de servicio, prima de navidad, vacaciones
y prima de vacaciones, auxilio de cesantía y pensiones.

De lo anterior se desprende que la bonificación por servicios prestados fijada,
en principio, para los empleados del orden nacional, fue creada para los
servidores de la Rama Judicial mediante el Decreto 247 de 1997, como un factor
salarial al que estos tendrían derecho cumplido un año continuo de labores y
que debía tenerse en cuenta para efectos pensionales.

9

Expediente: 05001-23-33-000-2014-01619-02 (3580-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra María Elizabeth Arango López

Sobre este factor salarial, esta Corporación, en sentencia de 29 de junio de
200613, al resolver un recurso de apelación en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de una pensión de jubilación de un servidor de la
Rama Judicial contra la entonces Caja Nacional de Previsión Social, dijo:

El Decreto 247 de 1997, (en el art 1°), para los funcionarios y empleados
de la Rama Judicial y Justicia Penal Militar, señala que esta bonificación
es exigible a partir del 1º de enero de 1997 […]. Esta prima es computable
para efectos pensionales y por consiguiente, se debe cotizar por ella; ahora,
como es una prima anual, se debe tener en cuenta su doceava parte para
la liquidación pensional.

[…] Conforme al ordenamiento jurídico estas primas son anuales, pues se
pagan una vez por año, cuando se cumplen los requisitos; también se
reconocen y pagan ‘proporcionalmente’ cuando el servidor no labora para
la época normal de su pago. Por ello, para efectos pensionales, se las ha
tenido en cuenta en una doceava parte de su valor14.

Por consiguiente, para el cálculo de dicha bonificación y al tenor de lo dispuesto
en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, ha de entenderse que su inclusión en la
liquidación de la pensión de jubilación no puede ser por el monto total de lo
recibido en el año, el ciento por ciento (100%), sino por lo que corresponde a una
mesada, o sea, una doceava (1/12) parte, habida cuenta de que su pago se realiza
anualmente.

3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:

a) Resolución 11226 de 12 de marzo de 2008, mediante la cual la extinguida
Cajanal concedió a la accionada pensión mensual vitalicia de jubilación en
cuantía de $3.012.333, a partir del 1º de junio de 2006, pero condicionada a
demostrar el retiro definitivo del servicio, «[…] con el 75% del promedio de lo
devengado en los 10 años, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley
100/93, y [la] sentencia 168 [de] 20 de abril de 1995 de la Corte Constitucional
[…]» (ff. 92 a 94).

13
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, sentencia de 29 de junio de 2006,
expediente 15001-23-31-000-2000-02396-01(7559-05), demandante: Caja Nacional de Previsión Social,
demandado: Sara Julia Camacho Pineda, consejero ponente: Tarsicio Cáceres Toro.
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Derrotero jurisprudencial vigente al momento de la sentencia objeto de revisión y reiterado en sentencias de:
(i) 8 de febrero de 2007, consejero ponente Alberto Arango Mantilla, radicado 25000-23-25-000-2003-06486-
01 (1306-06); (ii) 6 de agosto de 2008, consejero ponente Gerardo Arenas Monsalve, expediente 25000-23-25-
000-2002-12846-01 (0640-08); y (iii) 14 de agosto de 2009, consejero ponente Víctor Hernando Alvarado
Ardila, radicado 25000-23-25-000-2005-03346-01 (1508-08).
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Expediente: 05001-23-33-000-2014-01619-02 (3580-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra María Elizabeth Arango López

b) Resolución 55011 de 5 de noviembre de 2008, por la que la entonces
Cajanal reliquidó la precitada pensión y elevó la cuantía a $3.865.673, calculada
con «[…] el 75% sobre el salario promedio de asignación mensual m[á]s
elevada devengada en el último año de servicios […]», esto es, asignación
básica, primas de navidad, servicios y vacaciones; gastos de representación y
bonificación por servicios prestados (en una doceava parte) [ff. 123 a 125
vuelto].

c) Fallo de tutela de 3 de julio de 2008 del Juzgado Séptimo Penal de
Manizales, que amparó a la demandada sus derechos constitucionales
fundamentales de petición, debido proceso, igualdad, seguridad social y mínimo
vital; y ordenó a Cajanal reajustar su pensión de jubilación con la inclusión de
la bonificación por servicios prestados devengada durante el último año de
servicios, en un 100%, y no en una doceava parte (ff. 106 a 122).

d) Resolución UGM 28236 de 23 de enero de 2012, a través de la cual la
extinguida Cajanal ajustó la pensión de jubilación de la accionada con inclusión
del 100% de la bonificación por servicios recibida durante el último año de
servicios, «[…] a partir del 1º de agosto de 2010, pero con efectos fiscales una
vez demuestre el retiro definitivo del servicio», en cumplimiento del fallo de
tutela descrito en la letra anterior (ff. 211 a 213 vuelto).

e) Resolución UGM 53594 de 3 de agosto de 2012, con la que la UGPP
modificó parcialmente el acto administrativo anterior y ordenó «[…] descontar
de las mesadas atrasadas a las que tiene derecho la señora ARANGO L[Ó]PEZ
MAR[Í]A ELIZABETH, la suma de […] $5.042.491,00 por concepto de aportes
para pensión de factores de salario no efectuados […]» (sic) [ff. 242 y 243
vuelto].

f) Resolución RDP 2437 de 21 de enero de 2013, por medio de la cual la
demandante modificó la parte motiva y el artículo primero de la precitada
Resolución UGM 28236 de 23 de enero de 2012, en el sentido de que la
efectividad de la pensión de jubilación procede a partir del 1º de julio de 201015
(ff. 244 y 245).

De las pruebas relacionadas se colige que la pensión de jubilación de la
demandada fue (i) reconocida mediante Resolución 11226 de 12 de marzo de
2008; (ii) reliquidada a través de Resolución 55011 de 5 de noviembre de 2008,

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De conformidad con Resolución 2-2338 de 25 de junio de 2010, la Fiscalía General de la Nación aceptó la
renuncia presentada por la demandada, a partir del 1º de julio siguiente (f. 237).
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UGPP contra María Elizabeth Arango López

en cuantía de $3.865.673, con el 75% de la asignación mensual más elevada
devengada durante el último año de servicios, con inclusión, entre otros factores
salariales, de la doceava parte de la bonificación por servicios prestados; y (iii)
reajustada por medio de Resolución UGM 28236 de 23 de enero de 2012, en
cumplimiento de un fallo de tutela de 3 de julio de 2008, proferido por el
Juzgado Séptimo Penal de Manizales, que dispuso calcular la mesada pensional
con el 100% de la mencionada bonificación por servicios prestados recibida por
ella durante la anualidad anterior a su desvinculación; modificada por la
Resolución RDP 2437 de 21 de enero de 2013, en el sentido de que la
efectividad de la pensión de jubilación procede desde el 1º de julio de 2010.

En consideración al acápite normativo y jurisprudencial, resulta claro que las
Resoluciones UGM 28236 de 23 de enero de 2012 y RDP 2437 de 21 de enero
de 2013, que reajustaron la pensión de jubilación de la demandada, como
consecuencia de una orden de tutela, son susceptibles de control por parte de
esta jurisdicción, máxime cuando la controversia que aquí se plantea y ahora
ocupa la atención de la Sala, es diferente de la discusión primaria que se efectuó
en torno a la protección de los derechos fundamentales de petición, debido
proceso, igualdad y seguridad social.

Ahora bien, comoquiera que la bonificación por servicios prestados constituye
un factor salarial que se paga siempre que el empleado cumpla un año de
servicios en forma continua en la Rama Judicial, su inclusión en la pensión de
la accionada debe hacerse en una doceava parte, mas no sobre el 100%, tal como
lo coligió el a quo, toda vez que, se insiste, este se recibe de manera anual y en
razón a ello resulta contrario a derecho lo determinado en la sentencia de tutela
de 3 de julio de 2008, emitida por el Juzgado Séptimo Penal de Manizales y, por
ende, resulta dable declarar la nulidad de las citadas Resoluciones, que se
expidieron en cumplimiento de esa decisión.

Por último, se precisa que los derechos adquiridos, a juicio de la Corte
Constitucional, en estudio realizado en sentencia C-242 de 2009, «[…] son
aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo
el imperio de una Ley y, que por lo mismo, han instituido en favor de sus
titulares un derecho subjetivo que debe ser respetado frente a Leyes posteriores
que no puede afectar lo legítimamente obtenido al amparo de una Ley anterior.
[…]. Por contraste, las meras expectativas, consisten en probabilidades de
adquisición futura de un derecho que, por no haberse consolidado, pueden ser
reguladas por el Legislador, con sujeción a parámetros de justicia y de
equidad».
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Expediente: 05001-23-33-000-2014-01619-02 (3580-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
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No obstante, en el presente asunto no se ha desconocido el derecho que a la
demandada le asiste al reajuste de su pensión de jubilación con inclusión del
porcentaje que establece la norma para la bonificación por servicios, pues si
bien es cierto que, en principio, mediante acción de tutela consiguió el 100% de
dicho emolumento, también lo es que no puede ser reconocido en tal porcentaje,
dado que esta Corporación ha decantado que los factores causados anualmente
deben ser fraccionados, en virtud, además, del principio de sostenibilidad del
sistema pensional, en consideración a que los aportes que se hacen sobre ellos
corresponden a la mensualidad en que se cumple el año de servicios, motivo por
el cual incluirlos en su totalidad excedería la remuneración que recibía la
interesada cuando laboraba, lo que implicaría una afectación negativa para el
erario16.

Por tanto, no son de recibo los argumentos de la demandada al asegurar que
tenía un derecho adquirido sobre el reconocimiento de la bonificación por
servicios en su integridad, toda vez que, como quedó visto, los actos
administrativos que reliquidaron la pensión de jubilación de la accionada, con
ocasión de la orden de tutela, no están excluidos de control judicial, que por
mandato constitucional y legal le corresponde ejercer a los jueces de lo
contencioso-administrativo, por ende, su situación no se encuentra consolidada
hasta cuando no se decida sobre la legalidad de los actos acusados.

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de
acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el
particular, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que accedió de
manera parcial a las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase la sentencia proferida el 27 de julio de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia (sala primera), que accedió parcialmente a las
súplicas de la demanda en el proceso instaurado por la Unidad Administrativa

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Ver, entre otros, fallos de (i) 27 de agosto de 2020, expediente 25000-23-42-000-2012-01813-01 (728-2014),
sección segunda, subsección B, C. P. César Palomino Cortés; y (ii) 10 de diciembre siguiente, sección segunda,
subsección A, expediente 11001-03-25-000-2013-00116-01 (262-2013).
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Expediente: 05001-23-33-000-2014-01619-02 (3580-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra María Elizabeth Arango López

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP) contra la señora María Elizabeth Arango López, de conformidad
con la parte motiva.

2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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