Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-01676-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-01676-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2014-01676-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
17 de marzo de 2022
1
Radicado: 05001-23-33-000-2014-01676-01 (0586-2018)
Demandante: Francisco Javier García Restrepo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01676-01 (0586-2018)
Demandante: FRANCISCO JAVIER GARCÍA RESTREPO
Demandada: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES ,1 UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL2 Y ADMINISTRADORA DE
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.
Temas: Reconocimiento pensión de jubilación. Traslado
del régimen de prima media con prestación
definida al régimen de ahorro individual con
solidaridad. Ineficacia del traslado. Ausencia de
pruebas que demuestren la debida asesoría y
buen consejo frente al afiliado al momento del
cambio de régimen. No se acreditan requisitos
para ser beneficiario del régimen de transición.
Procede la consolidación del derecho prestacional
con base en la Ley 100 de 1993, no el Decreto
546 de 1971
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-046-2022
ASUNTO
Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 19 de octubre de 2017 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la
demanda.
ANTECEDENTES
1 En adelante Colpensiones.
2 UGPP.
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Demandante: Francisco Javier García Restrepo
El señor Francisco Javier García Restrepo en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20113, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones principales (Folios 4 a 5)
1. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos:
i) Auto ADP 000674 del 22 de enero de 2014 proferido por la UGPP, con el
que se determinó que el demandante había perdido derecho a la aplicación
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto su solicitud
de reconocimiento de pensión de vejez debía ser atendida por la
administradora del régimen de ahorro individual con solidaridad en la que
se encontrara afiliado.
ii) Oficio BZ2014_3199519-1034898 del 25 de abril de 2014, mediante el
cual Colpensiones negó la solicitud del libelista tendiente a que se
materializara el traslado de su afiliación al régimen de prima media con
prestación definida por estar a 10 años o menos de consolidar el requisito
para pensionarse.
iii) Oficio BZ2014_3199911-1035145 del 25 de abril de 2014, a través del
cual la Administradora Colombiana de Pensiones denegó la petición de
reconocimiento prestacional del señor García Restrepo por no encontrarse
afiliado a dicha entidad.
2. Inaplicar por vía de excepción de inconstitucionalidad el Decreto 691 de
1994, por medio del cual el demandante fue incorporado al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones, por contravenir el artículo 152,
literal a) de la Constitución Política.
3. Declarar la nulidad absoluta de la afiliación al régimen de ahorro individual
con solidaridad, efectuada por el libelista el 22 de julio de 1997 en la AFP
BBVA Horizontes S.A., la cual fue posteriormente «absorbida» por la AFP
Porvenir S.A.
4. A título de restablecimiento del derecho, se ordene a Colpensiones afiliar
al señor Francisco Javier García Restrepo al régimen de prima media con
prestación definida, y en consecuencia, que la AFP Porvenir S.A. lo desafile
y haga entrega a la primera entidad de los dineros, depósitos y cuentas que
por todo concepto integren su patrimonio pensional.
5. Como consecuencia de lo anterior, se conmine a la Administradora
Colombiana de Pensiones o a la UGPP a: i) reconocer, liquidar y pagar a
favor del demandante la pensión de jubilación de manera reajustada
anualmente, esto conforme al artículo 6.° del Decreto Ley 546 de 1971, es
decir, efectiva desde el 14 de marzo de 2013 y en cuantía del 75% de la
asignación mensual más elevada percibida durante el último año de
servicio anterior a la adquisición del respectivo estatus jurídico; ii)
reconocer y pagar las mesadas de junio y diciembre que se hayan causado;
3 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
o CPACA.
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Demandante: Francisco Javier García Restrepo
y iii) abonar el valor del retroactivo pensional indexado desde el 14 de
marzo de 2013.
6. Que se ordene dar cumplimiento al fallo en los términos de los artículos
192 a 195 del CPACA, y que la parte demandada sea condenada a asumir
las costas procesales de que trata el artículo 188 ibidem.
Pretensiones subsidiarias (Folios 5 a 6)
1. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos:
i) Oficio BZ2014_3199519-1034898 del 25 de abril de 2014, mediante el
cual Colpensiones negó la solicitud del libelista tendiente a que se
materializara el traslado de su afiliación al régimen de prima media con
prestación definida por estar a 10 años o menos de consolidar el requisito
para pensionarse.
ii) Oficio BZ2014_3199911-1035145 del 25 de abril de 2014, a través del
cual la Administradora Colombiana de Pensiones denegó la petición de
reconocimiento prestacional del señor García Restrepo por no encontrarse
afiliado a dicha entidad.
2. Declarar la nulidad absoluta de la afiliación al régimen de ahorro individual
con solidaridad, efectuada por el libelista el 22 de julio de 1997 en la AFP
BBVA Horizontes S.A., la cual fue posteriormente fusionada con la AFP
Porvenir S.A.
3. A título de restablecimiento del derecho, se ordene a Colpensiones afiliar al
señor Francisco Javier García Restrepo al régimen de prima media con
prestación definida, y en consecuencia, que la AFP Porvenir S.A. lo desafile
y haga entrega a la primera entidad de los dineros, depósitos y cuentas que
por todo concepto integren su patrimonio pensional.
4. Que se ordene dar cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 192
a 195 del CPACA, y que la parte demandada sea condenada a asumir las
costas procesales de que trata el artículo 188 ibidem.
Supuestos fácticos relevantes (Folios 2 a 4)
1. El señor Francisco Javier García Restrepo nació el 26 de octubre de 1954,
por lo que a la fecha de presentación de la demanda (16 de septiembre de
2014) contaba con 59 años de edad.
2. El demandante ha prestado sus servicios al Estado por más de 21 años en
las siguientes entidades y con los siguientes tiempos de labor oficial: i) en
la Procuraduría General de la Nación del 1.° de febrero de 1985 al 31 de
julio de 1990 y del 7 de abril de 2011 a la fecha de radicación del libelo (16
de septiembre de 2014); y ii) en la Rama Judicial del 1.° de mayo de 1990
al 23 de febrero de 2003.
3. El libelista estuvo afiliado y realizó aportes a pensión a la extinta Caja
Nacional de Previsión Social (Cajanal, hoy UGPP), esto hasta el 22 de julio
de 1997 cuando se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad
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Demandante: Francisco Javier García Restrepo
a través de la AFP BBVA Horizonte S.A. (hoy fusionada por absorción con
la AFP Porvenir S.A.), en la cual se encuentra activo.
4. La AFP BBVA Horizonte S.A. le efectuó una proyección pensional al señor
García Restrepo el 26 de noviembre de 2012, y le indicó que el valor
estimado de la prestación sería de $955.126. Sin embargo, no le fue
informado que su mesada alcanzaría dichos valores mínimos a diferencia
de la que consolidaría en el régimen de prima media con prestación
definida, sino que solo le indicaron que podría adquirir el derecho a
cualquier edad.
5. Conforme al dictamen elaborado por el señor Gabriel Antonio Pérez Ardila,
la proyección de la cuantía de la pensión de jubilación que habría obtenido
el demandante si estuviese afiliado al RPMPD administrado por
Colpensiones, alcanzaría una suma superior equivalente a $3.357.624.
6. EL libelista solicitó ante la UGPP el 5 de diciembre de 2013 la inaplicación
del Decreto 691 de 1994, el reconocimiento y pago de la pensión de vejez
conforme a las previsiones del Decreto 546 de 1971, el pago del retroactivo
causado por este concepto desde el 14 de marzo de 2013 y que a través
de dicha entidad se requiriera a la AFP Horizonte que lo desafiliara y
realizara la devolución de los aportes efectuados.
7. La UGPP mediante auto 000674 del 22 de enero de 2014 denegó la
referida reclamación en el sentido de remitirla a la aludida AFP privada bajo
el argumento de que el señor García Restrepo había perdido el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993.
8. El demandante formuló petición ante Colpensiones el 25 de abril de 2014,
con el fin de que fuera tramitada su desafiliación a Porvenir S.A. y la
consecuente afiliación a la primera entidad administradora del RPMPD de
manera que le fuera reconocida la pensión de jubilación con efectos
fiscales desde el 14 de marzo de 2013.
9. Colpensiones dio respuesta negativa a esta solicitud por medio de los
Oficios BZ2014_3199519-1034898 y BZ2014_3199911-1035145 del 25 de
abril de 2014, en el sentido de asegurar que no era procedente su de
traslado de régimen por encontrarse a menos de 10 años de consolidar el
estatus jurídico de pensionado, así como por el hecho de que no se
encuentra afiliado a aquella entidad de previsión pública.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias, de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»4, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
4 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).
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los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los
sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo
y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 14 de mayo de 2015.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:
«[…] Falta de jurisdicción o competencia y falta de legitimación en la causa por
pasiva. La apoderada judicial de la entidad demandada SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES PORVENIR S.A., en la
contestación de la demanda propuso la excepción de falta de jurisdicción o de
competencia argumentando que el numeral 4° de artículo 2 del Código Sustantivo del
Trabajo consagró que la jurisdicción ordinaria laboral conocería de las controversias
relativas a la prestación de servicios de la seguridad social que se susciten entre
afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o
prestadoras, así para el caso objeto de estudio, manifestó que la competencia está
radicada en la jurisdicción ordinaria, por cuanto el demandante se encuentra afiliado
válidamente al Fondo de Pensiones PORVENIR S.A.
[…] Por su parte el apoderado judicial de la entidad demandada COLPENSIONES en
la contestación a la demanda formuló la excepción previa de falta legitimación en la
causa por pasiva, aduciendo que como se desprende de los hechos de la demanda y
las pruebas documentales obrantes en el expediente la entidad COLPENSIONES no
tiene la obligación legal ni jurídica de decidir sobre la solicitud de la pensión, toda vez
que el demandante se encuentra afiliado actualmente a un fondo privado y es esa
entidad la encargada reconocer o no la prestación económica.
[…] En este orden de ideas las partes en un proceso pueden estar legitimadas para
la causa, tengan o no el derecho o la obligación sustancial, según se trate del
demandante o del demandado, es decir, que no significa que quien no tenga derecho
u obligación no estaría legitimado para hacer parte del proceso, es decir, estar
legitimado en la causa significa tener derecho a exigir que se resuelva sobre las
peticiones formuladas en el libelo demandatorio, es decir, sobre la existencia o
inexistencia del derecho material.
[…] Por lo tanto, para el caso concreto, la excepción de falta de legitimación en la
causa propuesta por la entidad demandada COLPENSIONES, entendida en su
modalidad de hecho, no tiene vocación de prosperidad, en tanto la entidad
demandada tiene capacidad y representación para acudir al litigio, es a la entidad a
quién la parte demandante citó como extremo pasivo, y es a ella a quién se le ha
efectuado la respectiva notificación. Por ello, se deberá continuar con su vinculación
a fin de establecer de fondo en la sentencia si existe legitimación en la causa material
por pasiva que la obligue a responder por los hechos alegados.
Conforme a lo anterior, no se decreta probada las excepciones previas de falta de
jurisdicción ni de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuestas por las
entidades demandadas PORVENIR S.A. y COLPENSIONES, respectivamente.
Prescripción. En lo que respecta a esta excepción, para la Sala resulta claro que, a
pesar de que el numeral 6° del artículo 180 Código de Procedimiento Administrativo
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y de lo Contencioso Administrativo consagra esta excepción como de fondo o de
resolución previa, en el presente caso la misma no puede decidirse en esta etapa
procesal, pues, se tiene que lo pretendido es el traslado de régimen pensional y a su
vez el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, lo cual trae como consecuencia
que para que proceda el reconocimiento y pago de los mismos se necesita que, de
manera previa, se profiera una sentencia que reconozca tal derecho, siendo ese el
momento en el que se establece cuáles mesadas prescribieron y cuáles no, en el
evento absolutamente hipotético de que se acceda a las súplicas de la demanda.
[…]». (Negrilla, cursiva y mayúscula del texto original. Folios 268 a 270 y CD
obrante a folio 246 del plenario).
Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] Corresponde a la Sala, al (sic) decidir sobre la legalidad de los actos
administrativos contenidos en el Auto No. ADP000674 del veintidós (22) de enero de
dos mil catorce (2014), proferido por la Subdirectora de determinación de derechos
pensionales de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal Pensional - UGPP, y en
los Oficios Nos. BZ2014-3199519-1034898 y BZ2014-3199911-1035145 del
veinticinco (25) de abril de dos mil catorce (2014), expedidos por el Agente de
Servicios de la Administradora Colombiana de Pensiones, mediante los cuales se
negó el traslado de régimen pensional al señor FRANCISCO JAVIER GARCÍA
RESTREPO, así como el reconocimiento y pago de la pensión de vejez al mismo, y
en consecuencia, resolver si el accionante tiene o no derecho a que se le permita el
traslado de régimen pensional, esto es, del régimen de ahorro individual con
solidaridad RAIS- al régimen de prima medida con prestación definida -RPD-, y como
consecuencia del traslado del régimen, si tiene o no derecho a que las entidades
accionadas reconozcan y paguen la pensión de vejez.» (Mayúscula conforme a la
transcripción. Folios 270 vuelto a 272 y CD que reposa a folio 246 del
expediente).
SENTENCIA APELADA
(Folios 561 a 585)
El a quo profirió sentencia escrita el 19 de octubre de 2017, por medio de la
cual negó las pretensiones del demandante con fundamento en las siguientes
consideraciones:
Inicialmente, el tribunal de primera instancia expuso que de conformidad con
la documentación obrante en el expediente, se observa que el 22 de julio de
1997 el libelista presentó solicitud de afiliación a la Administradora de Fondo
de Pensiones Horizontes S.A. (hoy Porvenir S.A.). Dicha compañía por
requerimiento del señor García Restrepo le efectuó una proyección de la
pensión de vejez, la cual se estimó en un valor de $955.126, razón por la cual,
ante las condiciones desfavorables advertidas por aquel, instó que se aceptara
su traslado al régimen de prima media con prestación definida administrado
por Colpensiones, esto en el entendido de que debía inaplicarse la Ley 100 de
1993 y el Decreto 691 de 1994, pues nunca fue informado de las implicaciones
de su permanencia en el régimen de ahorro individual con solidaridad.
Aseguró que en efecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte de Suprema
de Justicia a través de sentencia del 9 de septiembre de 2008, dictada en el
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proceso con radicado 31989, declaró la nulidad de la afiliación de una persona
a un fondo de pensiones privado, esto en la medida en que se demostró que
el traslado de régimen se había materializado mediante engaño, luego de que
no se le hubiese brindado información clara y completa sobre las
consecuencias de esta decisión, ello en procura de los intereses de la AFP en
lugar de los del afiliado.
Sostuvo que en razón de lo expuesto, es cierto como lo indica la parte activa
que el fondo de pensiones Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., tenía al
momento de su afiliación el deber de brindarle toda la información acerca de
las condiciones para acceder a las diferentes prestaciones pensionales bajo el
régimen de ahorro individual con solidaridad, lo cual aduce dicha entidad que
sí realizó.
Ahora, sobre el punto aseveró que con base en los medios probatorios
practicados en la actuación, no se observa que la AFP demandada hubiera
viciado el consentimiento del libelista, o le hubiese ofrecido una información
errada, incompleta o confusa. Por el contrario, manifestó que es claro cómo el
Señor García Restrepo se afilió desde el año 1997, lo cual indica que tuvo
tiempo suficiente para ponerse al tanto de su situación pensional y advertir las
ventajas y desventajas de ambos regímenes, a fin de tomar una decisión
oportuna, por lo que no es posible admitir la supuesta desinformación alegada
como sustento de la nulidad invocada en contra del acto de afiliación, como
tampoco la declaratoria de inconstitucionalidad por vía de excepción del
Decreto 691 de 1994 que incorporó a los servidores públicos al SGSSP.
Al respecto precisó que no tiene asidero el argumento consistente en que por
tratarse de la regulación del derecho fundamental a la seguridad social de los
funcionarios estatales, dicha normativa debía adoptarse por ley estatutaria y
no por ley ordinaria o decreto.
Señaló además que solo los beneficiarios del régimen de transición de la Ley
100 de 1993 que cumplan con el requisito de 15 años de servicio cotizados al
1.° de abril de 1994, pueden trasladarse de régimen pensional en cualquier
tiempo. En el caso del demandante afirmó que el señor Francisco Javier
García Restrepo a la data en comento no colmaba la exigencia aludida, pues
de la documentación aportada se verifica que aquel tuvo su primera
vinculación oficial a la Procuraduría General de la Nación desde el 1.º de
febrero de 1985, por lo que no se satisface el requisito temporal consagrado
en el artículo 36 ibidem.
De igual manera, recalcó que al momento de radicar la solicitud de traslado al
régimen de prima media con prestación definida a través de Colpensiones,
esto es, el 25 de abril de 2014, al libelista le restaban menos de 10 años para
cumplir el requisito de la edad para pensionarse, por lo que de conformidad
con el artículo 13, literal e) de la Ley 100 de 1993, este se hallaba inmerso en
la prohibición de traslado de régimen pensional prevista en dicho canon.
Finalmente adujo que en la medida en que el señor García Restrepo
actualmente cuenta con el requisito etario para acceder a la prestación
reclamada, aquel deberá solicitar el reconocimiento del derecho ante Porvenir
S.A., previo al cumplimiento de los demás presupuestos estipulados para
consolidar la prerrogativa.
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Acorde con estos razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió
sentencia en el sentido de denegar las pretensiones del demandante y
condenarlo en costas en aplicación de los artículos 188 del CPACA y 365 del
CGP, esto al haber resultado vencido en el respectivo litigio.
RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 595 a 621)
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada a fin de que se
acceda a sus pretensiones. Para ello argumentó que el a quo erró al indicar
que los temas relacionados con la pensión de vejez o el régimen de transición
para el caso de los servidores públicos, podían desarrollarse mediante ley
ordinaria, toda vez que las condiciones para la configuración legal de aquel
derecho fundamental, son elementos integradores de su núcleo esencial y por
lo tanto se reservan a una ley estatutaria, condición de la cual carece la Ley
100 de 1993.
Adicionalmente señaló que dar aplicación a la Ley 100 de 1993 en materia de
traslados entre regímenes al caso del libelista, es contrario al pacto de
derechos económicos, sociales y culturales, los cuales consagran como pilar
fundamental de la seguridad social, el principio de progresividad y no
regresividad de las prerrogativas propias del sistema, además que contradice
los criterios de fijación salarial contemplados en el artículo 2 de la Ley 4 de
1992, pues en esta norma se prevé que en ningún caso podrán desmejorarse
las asignaciones y conceptos de remuneración como las pensión de vejez.
Indicó con base en lo anterior, que para la fecha de afiliación del demandante
al RAIS, no había una ley estatutaria que regulara lo atinente a la pensión de
vejez de servidores públicos, por lo que debía aplicarse la normativa
preexistente como era en su caso el Decreto 546 de 1971.
Es decir, el Decreto 691 de 1994 que los incorporó al sistema pensional de la
Ley 100 de 1993, no podía suplir el trámite legislativo de una ley estatutaria,
de suerte que las afiliaciones efectuadas a las administradoras de fondos de
pensiones, bien serían ineficaces de pleno derecho al no existir norma
debidamente expedida que regule el derecho fundamental a la seguridad
social de los empleados del Estado, o bien estarían viciadas de nulidad
absoluta por contravenir normas de carácter imperativo como lo son los
artículos 897, 898 y 899 del Código de Comercio.
Expuso sobre el punto que al ofrecerle al demandante una mesada de
$955.126 bajo el amparo del RAIS, se presenta una ostensible desmejora que
no refleja los verdaderos ingresos percibidos por aquel en el desempeño de
su empleo público. Lo anterior implica que no se configura el principio de la
equivalencia razonable, en atención a que todo contrato bilateral, conmutativo
y oneroso, busca el equilibrio prestacional, el cual tampoco se reporta en esta
controversia si se tiene en cuenta que el valor de la pensión que reconocería
la AFP privada es mucho menor a la proyectada en el RPMPD en una cuantía
de $3.357.624 para el 2016.
Manifestó que a la luz del principio de progresividad de la seguridad social, el
acto jurídico de afiliación al RAIS celebrado por el libelista el 22 de julio de
1997, se presume inconstitucional y a la vez susceptible de ser declarado
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Demandante: Francisco Javier García Restrepo
ineficaz o nulo por transgredir tratados internacionales de trabajo, habida
cuenta de que se impuso una medida regresiva a la prestación reclamada en
esta oportunidad, la cual se traduce en que no reflejará ni en mínima medida,
el valor de los salarios que ha percibido el señor García Restrepo durante su
vida laboral, sobre los cuales su empleador aportó al Sistema de Seguridad
Social.
Sumado a ello planteó que el tribunal de primera instancia partió de un
supuesto equivocado al aseverar que no hay elementos de convicción en el
plenario que demuestren que la AFP privada hubiera viciado el consentimiento
del demandante o que le brindó información errada, incompleta o confusa,
pues lo sostenido con la demanda es que esta nunca se dio a pesar de que
era su responsabilidad como entidad administradora de un régimen pensional.
Por último sostuvo que lo alegado en la demanda es que el libelista no fue
informado por la AFP Horizonte S.A. de que su mesada pensional alcanzaría
valores tan ínfimos, y mucho menos que de retornar al régimen de prima media
con prestación definida, dicha prestación resultaría más beneficiosa en punto
a su valor monetario, situación que no correspondía a una carga probatoria de
la parte activa por tratarse de una negación indefinida, sino de la parte
demandada quien debió demostrar su diligencia en ese aspecto, lo cual no
ocurrió en el presente proceso.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
UGPP (Folios 612 a 614): solicitó que se confirme el fallo apelado y en tal
sentido se nieguen las pretensiones del libelista. Para tal efecto aseveró que
la Corte Constitucional mediante sentencia SU 062 de 2010 se expuso que:
«[…] la Corte reconoce que resulta necesario señalar algunos requisitos para el
evento en que las personas pertenecientes al grupo (Iii) (sic) decidan trasladarse del
régimen de ahorro individual al de prima media con el fin de pensionarse de acuerdo
con el régimen de transición. Exigencias que también quedaron contenidas en la
resolutiva de la sentencia en comento. Señaló: Por lo tanto, las personas que hubieran
cotizado durante 15 años o más al entrar en vigencia el sistema de pensiones, y se
encuentren en el régimen de prima media con prestación definida, tendrán derecho
que se les apliquen las condiciones de tiempo de servicios, edad y monto de la
pensión, consagradas en el régimen anterior, siempre y cuando:
a) Al cambiarse nuevamente al régimen de prima media, se traslade a él todo el ahorro
que habían efectuado el régimen de ahorro individual solidaridad, y b) Dicho ahorro
no sea inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que hubieren
permanecido en el régimen de prima media. En tal evento, el tiempo trabajado en el
régimen de ahorro Individual les será computado al del régimen de prima media con
prestación definida. […]»
Por esta razón, aseguró que el hecho de que el libelista hubiese estado afiliado
a la AFP BBVA HORIZONTE S.A, es decir, al régimen de ahorro individual con
solidaridad, permite entender que aquel perdió el régimen de transición que le
hubiese permitido acceder al derecho pensional con base en el Decreto 546
de 1971.
Parte demandante (Folios 621 a 623): instó que se revoque la decisión
impugnada y en su lugar se acceda a los pedimentos del libelo. Sobre el punto
reiteró que el valor de la mesada pensional proyectada en el régimen de prima
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media administrado por Colpensiones, sí cumple con los criterios de la no
desmejora salarial de que trata la Ley 4.ª de 1992, lo cual no ocurre con el
valor de la prestación ofrecido por la AFP privada del régimen de ahorro
individual con solidaridad, razón por la cual, esta última afiliación deviene
ineficaz.
Aunado a ello acotó que en el expediente se vislumbran serias omisiones al
deber de información financiera contenido en la Ley 1328 de 2009 por parte
de las administradoras de pensiones, pues se verifica la ausencia de pruebas
relacionadas con el buen consejo, según el cual se debe asesorar
adecuadamente a los afiliados de los respectivos fondos del sistema en punto
a las ventajas y desventajas que ofrece uno u otro régimen.
Colpensiones (Folios 625 a 629): deprecó que se confirme la sentencia
recurrida bajo un argumento aislado al caso referente a que la interpretación
constitucional y legal válida respecto de la aplicación del régimen de transición,
es que si bien se mantienen algunos conceptos del régimen anterior (edad,
tiempo y monto), lo cierto es que el concepto de IBL debe entenderse conforme
a las reglas señaladas por la Ley 100 de 1993 y ajustado únicamente a los
factores determinados por el legislador con incidencia pensional, y sobre los
cuales se hayan realizado las cotizaciones en la vida laboral.
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (índices 43 y 45 del
registro en SAMAI): solicitó que se confirme la providencia apelada, sin
embargo efectuó un estudio del caso con relación a un asunto de reliquidación
pensional, en el sentido de solicitar que una vez se verifique en el expediente
que el demandante es beneficiario del régimen de transición, que se pensionó
con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen pensional
previsto en la Ley 33 de 1985, y con los factores salariales sobre los cuales
realizó el respectivo aporte, sería mandatorio aplicar la regla y las subreglas
jurisprudenciales establecidas por el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018, con el fin de no acceder al reajuste de la
prestación con el promedio de lo devengado en el último año de servicio y
tampoco incluir conceptos de remuneración sobre los cuales no realizó
cotizaciones.
El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal según la
constancia secretarial visible a folio 631 del plenario.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la
respectiva alzada, la cual en el presente caso fue presentada únicamente por
la parte demandante.
Problema jurídico
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En ese orden, el problema jurídico que debe resolverse en esta instancia se
resume en las siguientes preguntas:
1. ¿Resulta válido el traslado al régimen de ahorro individual con
solidaridad solicitado por el señor Francisco Javier García Restrepo el
22 de julio de 1997 a través del trámite de afiliación a la AFP Porvenir
S.A., ello desde el punto de vista de la suficiencia e integridad de la
asesoría que debió brindársele a aquel en su momento por parte de
dicha administradora para que adoptara la decisión que más se ajustara
a sus intereses?
En caso negativo,
2. ¿El demandante en su calidad de ex funcionario de la Rama Judicial y
del Ministerio Público es beneficiario del régimen de transición previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y en consecuencia, su derecho
al reconocimiento de una pensión de jubilación debe someterse a las
previsiones del Decreto 546 de 1971 o a las de la primera norma en
mención?
Primer problema jurídico
¿Resulta válido el traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad
solicitado por el señor Francisco Javier García Restrepo el 22 de julio de 1997
a través del trámite de afiliación a la AFP Porvenir S.A., ello desde el punto de
vista de la suficiencia e integridad de la asesoría que debió brindársele a aquel
en su momento por parte de dicha administradora para que adoptara la
decisión que más se ajustara a sus intereses?
La Subsección sostendrá la siguiente tesis: no es válido el traslado al régimen
de ahorro individual con solidaridad solicitado por el libelista mediante su
afiliación a la AFP Porvenir S.A., pues no se demostró que dicha
administradora hubiese suministrado la información clara, suficiente, integral y
transparente frente a las posibles consecuencias negativas que con dicho
cambio se generarían en su contra, lo cual trae consigo la ineficacia de aquella
decisión de cambio de marco regulatorio, tal como se explicará a continuación:
Regímenes del Sistema General de Pensiones creados en la Ley
100 de 1993 y su aplicabilidad para servidores públicos
El legislador expidió la Ley 100 de 1993 con la cual creó el Sistema General
de Pensiones, cuyo propósito era unificar los requisitos y condiciones para
reconocer dicha prestación social a todos los habitantes del territorio nacional,
sin distinción de sus tipos de vinculaciones laborales, bien en el sector privado
o público. No obstante, es claro que el sistema sí exceptuó de su regulación a
quienes fueran beneficiarios de algún régimen especial de aquellos
determinados expresamente en el artículo 279 ibidem.
Ahora, en el recurso de apelación, la parte demandante alega que por vía de
excepción de inconstitucionalidad debe inaplicarse tanto la ley en comento
como el Decreto 691 de 1994 «Por el cual se incorporan los servidores públicos al
sistema general de pensiones y se dictan otras disposiciones», ello bajo el supuesto
de que el derecho a la seguridad social tiene naturaleza de garantía
fundamental que debía ser desarrollada a través de una ley estatutaria y no
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ordinaria como lo fue la Ley 100 de 1993, y mucho menos mediante un acto
administrativo reglamentario como lo fue el referido anteriormente.
No obstante, sobre el punto basta recordar que la Corte Constitucional profirió
la Sentencia C 408 del 15 de septiembre de 19945, mediante la cual se
pronunció de fondo e íntegramente acerca de la exequibilidad de la Ley 100
de 1993 "por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones", en el sentido de precisar que se ajustaba a la norma
superior en cuanto a su trámite como ley marco y no estatutaria bajo el
siguiente argumento:
«[…] Es claro para la Corte que esta normatividad sobre la seguridad social, no debe
ser objeto de reglamentación mediante la vía legal exceptiva de las leyes estatutarias
por no corresponder a los elementos de derechos fundamentales que quiso el
constituyente someter a dicha categoría legal, por tratarse de elementos de tipo
asistencial que provienen, en oportunidades, de la existencia de una relación laboral,
y en otras, de la simple participación en el cuerpo social, y derechos gratuitos en
oportunidades y onerosos en la mayoría de los casos. La gratuidad, no puede
entenderse, en los titulares de estos derechos, como un ingrediente que pueda mutar
la naturaleza de los mismos para transformarlos en derechos fundamentales; pues no
son más que desarrollos de contenidos propios del Estado social de derecho. Y así
lo declarará esta Corte, rechazando el cargo por razones de forma, planteado en la
demanda contra la Ley 100, según el cual los contenidos de ésta imponían su
expedición mediante el trámite de leyes estatutarias. […]»
En el sentido anterior, la Corte Constitucional resolvió en la parte resolutiva de
la sentencia de constitucionalidad: “[…] Primero. Declarar exequible la Ley 100
de 1993, en cuanto no era necesario que el Congreso le diera el trámite de ley
estatutaria.[…]” (Negrita del texto original y subraya de la Sala)
Es decir, al margen de la evolución jurisprudencial que le ha dado mayor
autonomía como derecho constitucional fundamental a la seguridad social y
particularmente a la pensión en razón de su protección directa a través de la
acción de tutela, estos siempre se han enmarcado en el desarrollo de un
concepto de servicio público y de asistencialidad que ya fue estudiado y
definido por la aludida alta corte en punto al trámite legislativo que debía
surtirse para regular lo propio.
Es por esta razón que resulta inviable dar aplicación a la figura de la excepción
de inconstitucionalidad derivada del artículo 4.° superior, pues como medio de
control concreto y difuso de constitucionalidad que se verifica en asuntos
particulares con efectos inter partes, su efectividad depende de que la
autoridad judicial competente para realizar el control concentrado y abstracto
de la norma discutida (Corte Constitucional), no se haya pronunciado al
respecto, pues una vez realizada esta manifestación, sus efectos erga omnes
impiden desconocer lo resuelto, al punto de ser improcedente efectuar análisis
contrarios como el que ahora pretende el libelista en oposición a la decisión
de exequibilidad de la Ley 100 de 1993 declarada en la aludida sentencia C
5 Corte Constitucional, Sentencia C-408 de 1994. Expediente No. D-544. Acción de
inconstitucionalidad contra la Ley 100 de 1993, "por la cual se crea el sistema de seguridad
social integral y se dictan otras disposiciones", y contra los artículos de la misma: 11, 13 literal
d), 14, 17, 18 párrafo 3o., 20, 29, 44, 48, 53, 60 literal c, 161, 168, 194 a 197, 204, 236, 242
(parcial), 273, 279 (parcial) y 288.
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408 de 19946, la cual a su vez respalda la legalidad del Decreto 691 de 1994
«Por el cual se incorporan los servidores públicos al sistema general de
pensiones y se dictan otras disposiciones».
De este modo, el argumento de la parte activa tendiente a consolidar en el
presente escenario la excepción de inconstitucionalidad, no halla eco
favorable. Bajo tal entendido, resulta necesario verificar como fundamento
normativo que gobierna la situación particular del demandante, la Ley 100 de
1993 y sus implicaciones jurídicas desde el punto de vista del régimen de
transición y de la posibilidad de traslados entre el régimen de ahorro individual
con solidaridad (RAIS) y el régimen de prima media con prestación definida
(RPMPD).
Acerca de este postulado, se destaca que el artículo 12 de la norma en cita
instituyó los referidos marcos regulatorios de la siguiente forma:
i) Del régimen de prima media con prestación definida
El primero está contemplado en el artículo 31 de la citada normativa, el cual
lo definió como «[…] aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen
una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización,
previamente definidas». Asimismo, el artículo 32 literal b) ibidem señaló que en
este régimen los aportes de sus afiliados constituyen «[…] un fondo común de
naturaleza pública que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la
calidad de pensionados en cada vigencia, los respectivos gastos de administración y
la constitución de reservas de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley […]».
Las personas afiliadas a este régimen obtendrán el derecho a la pensión de
vejez al cumplir los requisitos señalados en el artículo 9.° de la Ley 797 de
2003 que, en lo pertinente, modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 así:
«Artículo 9.° (Reglamentado parcialmente, Decreto Nacional 510 de 2003) El
artículo 33 de la Ley 100 de 1993 quedará así:
6Sobre el punto resulta válido tener en cuenta lo manifestado por la Corte Constitucional en
sentencia C 122 del 1.° de marzo de 2011 en la que se planteó lo siguiente: « […] La excepción
de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad por vía de excepción, se fundamenta en la
actualidad en el artículo 4º de la Constitución, que establece que “La Constitución es norma de normas.
En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales…”. Esta norma hace que nuestro sistema de control de constitucionalidad
sea calificado por la doctrina como un sistema mixto ya que combina un control concentrado en cabeza
de la Corte Constitucional y un control difuso de constitucionalidad en donde cualquier autoridad puede
dejar de aplicar la ley u otra norma jurídica por ser contraria a la Constitución. De otra parte hay que
tener en cuenta que el control por vía de excepción lo puede realizar cualquier juez, autoridad
administrativa e incluso particulares que tengan que aplicar una norma jurídica en un caso concreto. Este
tipo de control se realiza a solicitud de parte en un proceso judicial o ex officio por parte de la autoridad
o el particular al momento de aplicar una norma jurídica que encuentre contraria a la Constitución. En
este caso se debe subrayar que la norma legal o reglamentaria que haya sido exceptuada por
inconstitucional no desaparece del sistema jurídico y continúa siendo válida ya que los efectos del control
por vía de excepción son inter partes, solo se aplican para el caso concreto y no anulan en forma
definitiva la norma que se considera contraria a la Constitución. Por este hecho una norma que haya
sido exceptuada por cualquier autoridad judicial, administrativa o por un particular cuando tenga que
aplicar una norma, puede ser demandada ante la Corte Constitucional que ejercerá el control de
constitucionalidad y decidirá en forma definitiva, de manera abstracta, general y con efectos erga
omnes si la norma exceptuada es constitucional o no. Teniendo en cuenta lo anterior, considera la
Corte que las excepciones de inconstitucionalidad que profieren las autoridades judiciales,
administrativas o los particulares cuando tengan que aplicar una ley, no elimina la posibilidad que tiene
la corporación de realizar el control de constitucionalidad de determinado precepto. […]». (Negrita fuera
del texto).
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Artículo 33. Requisitos para obtener la Pensión de Vejez. Para tener el derecho a
la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60)
años si es hombre.
A partir del 1° de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete
(57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.
A partir del 1° de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en
50 y a partir del 1° de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar
a 1.300 semanas en el año 2015 […]»
De esta manera en el régimen de prima media con prestación definida el
afiliado adquiere el derecho a pensionarse por vejez cuando:
a) Cumpla 55 años de edad si es mujer o 60 si es hombre y a partir del año
2014, 57 y 62 años respectivamente y;
b) Acredite tener mínimo 1000 semanas cotizadas, las cuales aumentarán a
partir del 1.º de enero de 2005 en 50 y de ahí en adelante hasta el año
2015 en 25 cada año para un total de 1300 semanas.
ii) Del régimen de ahorro individual con solidaridad
Ahora bien, el segundo régimen regulado por la Ley 100 de 1993 lo contempla
el artículo 59 y es el denominado de ahorro individual con solidaridad, el cual
se definió por la norma como «[…] El conjunto de entidades, normas y
procedimientos, mediante los cuales se administran los recursos privados y públicos
destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus
afiliados […]».
Este, a diferencia del régimen de prima media con prestación definida, se basa
en el capital ahorrado por los aportes efectuados por el trabajador o la persona
independiente en un tiempo determinado, así como los respectivos
rendimientos financieros que aquel acumulado genere, los cuales constituyen
un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados.
Otra diferencia notoria es que el monto de la pensión no es determinado por
la ley sino que el mismo depende, en los términos del artículo 60 literal a) «[…]
de los aportes de los afiliados y empleadores, sus rendimientos financieros, y de los
subsidios del Estado, cuando a ellos hubiere lugar […]» lo que implica que sea
variable.
En cuanto a los requisitos para obtener la pensión de vejez en este régimen,
el legislador los reguló así:
«[…] Articulo. 64 Requisitos para obtener la pensión de vejez. Los afiliados al
régimen de ahorro individual con solidaridad, tendrán derecho a una pensión de
vejez, a la edad que escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta
de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual, superior al 110%
del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de esta ley,
reajustado anualmente según la variación porcentual del índice de precios al
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consumidor certificado por el DANE. Para el cálculo de dicho monto se tendrá en
cuenta el valor del bono pensional, cuando a éste hubiere lugar.
Cuando a pesar de cumplir los requisitos para acceder a la pensión en los términos
del inciso anterior, el trabajador opte por continuar cotizando, el empleador estará
obligado a efectuar las cotizaciones a su cargo, mientras dure la relación laboral,
legal o reglamentaria, y hasta la fecha en la cual el trabajador cumpla sesenta (60)
años si es mujer y sesenta y dos (62) años de edad si es hombre […]»
Es así como, quienes se encuentren afiliados al régimen de ahorro individual
con solidaridad, tienen derecho a obtener la pensión de vejez una vez hayan
reunido en su cuenta individual el capital necesario para financiarla y siempre
que la cuantía pensional no sea inferior al 110% del valor del salario mínimo
mensual legal vigente.
A diferencia del régimen de prima media con prestación definida la norma no
exige al afiliado el cumplimiento de una edad determinada o de un número
específico mínimo de semanas de cotización.
Ahora bien, la principal característica de los dos regímenes expuestos es que
aunque coexisten, son excluyentes entre sí, lo que quiere decir que solo puede
aplicarse uno al momento de reconocerse la pensión7.
Respecto a las características del sistema general de pensiones, el artículo 13
de la mencionada Ley 100, indicó:
«ARTÍCULO 13. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE
PENSIONES. El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes
características:
a. <Literal modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. El texto original era
el siguiente:> La afiliación es obligatoria salvo lo previsto para los trabajadores
independientes.
b. La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior
es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por
escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o
cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier
forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271
de la presente ley.
c. Los afiliados tendrán derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones y de
las pensiones de invalidez, de vejez y de sobrevivientes, conforme a lo dispuesto
en la presente ley.
d. La afiliación implica la obligación de efectuar los aportes que se establecen en
esta ley.
e. <Literal modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. El texto original era
el siguiente:> Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el
régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, éstos
sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada tres (3) años, contados
a partir de la selección inicial, en la forma que señale el gobierno nacional.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, subsección A, sentencia del 7 de diciembre de 2016, radicación
número: 11001-03-25-000-2012-00016-00(0072-12).
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f. Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos
regímenes, se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con
anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales o a
cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio
como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el
tiempo de servicio.
g. Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los
dos regímenes se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas a
cualesquiera de ellos.
h. En desarrollo del principio de solidaridad, los dos regímenes previstos por el
artículo 12 de la presente ley garantizan a sus afiliados el reconocimiento y pago
de una pensión mínima en los términos de la presente ley.
[…]
l. <Literal adicionado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el
siguiente:> En ningún caso a partir de la vigencia de esta ley, podrán sustituirse
semanas de cotización o abonarse semanas cotizadas o tiempo de servicios con
el cumplimiento de otros requisitos distintos a cotizaciones efectivamente
realizadas o tiempo de servicios efectivamente prestados antes del reconocimiento
de la pensión. Tampoco podrán otorgarse pensiones del Sistema General que no
correspondan a tiempos de servicios efectivamente prestados o cotizados, de
conformidad con lo previsto en la presente ley. Lo anterior sin perjuicio de lo
dispuesto en pactos o convenciones colectivas de trabajo; […]»
Por su parte, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, reguló el régimen de
transición e incorporó tres segmentos protegidos por esta, bajo los siguientes
parámetros:
«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.
[…]
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años
de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o
quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente Ley.
[…]
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Lo dispuesto en el presente artículo
para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta
y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de
edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se
acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán
a todas las condiciones previstas para dicho régimen.
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Tampoco será aplicable para quienes
habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan
cambiarse al de prima media con prestación definida. […]» (Subraya la
subsección).
Con posterioridad la Ley 797 de 2003 modificó algunos literales del artículo 13
de la Ley 100 de 1993, como se transcribe:
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«Artículo 2.º Se modifican los literales a), e), i), del artículo 13 de la Ley 100 de
1993 y se adiciona dicho artículo con los literales l), m), n), o) y p), todos los cuales
quedarán así:
Artículo 13. Características del Sistema General de Pensiones.
a) La afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e
independientes;
e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen
de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo
podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años,
contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia
de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le
faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la
pensión de vejez;
i) El fondo de solidaridad pensional estará destinado a […]» (Resaltado fuera del
texto original)
La norma anterior fue reglamentada por el Decreto 3800 de 2003, el cual, para
el caso de traslados de régimen señaló:
«[…] Artículo 1º. Traslado de Régimen de Personas que les falte menos de diez
años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez. De
conformidad con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 797 de 2003, las personas
a las que a 28 de enero de 2004, les faltaren diez (10) años o menos para cumplir
la edad para tener derecho a la pensión de vejez, podrán trasladarse por una única
vez, entre el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad, hasta dicha fecha. […]»
Igualmente, el Acto Legislativo 01 de 2005, delimitó la aplicación del régimen
de transición y reguló el parámetro temporal su vigencia en los siguientes
términos:
«[…] el régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas
que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de
2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además,
tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios
a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les
mantendrá dicho régimen hasta el año 2014. Los requisitos y beneficios
pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen
[…]».
De ahí que, esta habilitación normativa y práctica de operación simultánea
avalada en nuestro ordenamiento entre el RPMPD (administrado por el extinto
ISS, hoy Colpensiones) y el RAIS (gestionado por los fondos privados), fue
precisamente para que cada uno de ellos pudiera satisfacer las obligaciones
de su competencia y respecto de los trabajadores que, de manera libre y
voluntaria, hubieren optado por afiliarse en uno u otro régimen.
Ahora bien, en lo concerniente a la delimitación de la protección transicional,
la cual no sería aplicable en los eventos en los que las personas se acogieran
de manera libre y voluntaria al régimen de ahorro individual con solidaridad,
pues estarían sujetas plenamente a las reglas de este sistema, se tiene que la
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Corte Constitucional en sentencia C-789 de 2002 condicionó la aplicación de
este beneficio excepcional bajo el concepto de las expectativas legítimas, en
cuanto consideró que estas debían respetarse para quienes alcanzaron por lo
menos 15 años de servicio y, de esta manera, avaló que les fuera respetada
la transición, con el condicionamiento de que retornaran al régimen de prima
media con un ahorro que no fuera inferior al monto del aporte legal que allí les
correspondía; no así para quienes únicamente hubieren acreditado el
requerimiento de la edad (35 años para mujeres y 40 para hombres).
Finalmente, acerca de las disposiciones reseñadas y para dilucidar toda la
problemática que giraba alrededor de las situaciones de traslados entre
regímenes del Sistema de Seguridad Social Integral, así como la exclusión de
los beneficios del régimen de transición, la Corte Constitucional emitió la
sentencia SU-130 del 13 de marzo de 2013, en la cual hizo varias definiciones
que despejan los argumentos de la parte apelante, a saber:
«[…] 10. Unificación de la jurisprudencia constitucional en relación con el traslado
del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con
prestación definida de los beneficiarios del régimen de transición y sus
implicaciones
[…]
10.3. Así las cosas, los sujetos del régimen de transición, tanto por edad como por
tiempo de servicios cotizados, pueden elegir libremente el régimen pensional al
cual desean afiliarse, pero la elección del régimen de ahorro individual o el
trasladado que hagan al mismo, trae como consecuencia ineludible, para el caso
de quienes cumplen el requisito de edad, la pérdida de los beneficios del régimen
de transición. En este caso, para efectos de adquirir su derecho a la pensión de
vejez, deberán necesariamente ajustarse a los parámetros establecidos en la Ley
100/93.
10.4. Según quedó explicado, la Corte, al resolver una demanda de
inconstitucionalidad presentada contra los incisos 4° y 5° del artículo 36 de la
citada ley, en la Sentencia C-789 de 2002, declaró exequibles dichas
disposiciones, al constatar que la exclusión de los beneficios del régimen de
transición, únicamente para las personas que cumpliendo el requisito de
edad se acogieron al régimen de ahorro individual o se trasladaron a él, no
vulnera la Constitución Política, en la medida en que existe una clara
diferencia entre dichos sujetos y quienes tenían 15 años o más de servicios
cotizados a 1° de abril de 1994, lo cual justifica y hace razonable un trato
diferencial.
[…]
Bajo esa orientación, en la Sentencia C-789 de 2002, se declaró exequibilidad
condicionada de los incisos 4° y 5° de la Ley 100/93, en cuanto se entienda que
su contenido no aplica para las personas que tenían 15 años o más de servicios
cotizados para la fecha en que entró en vigencia en SGP. Es decir, que
únicamente esta categoría de trabajadores no pierde el régimen de transición por
el hecho de trasladarse al régimen de ahorro individual, pudiendo hacerlo efectivo
una vez retornen al régimen de prima media con prestación definida. Para tal
efecto, se fijaron dos importantes condiciones, a saber: (i) que al regresar
nuevamente a (sic) al régimen de prima media se traslade a él todo el ahorro
efectuado en el régimen de ahorro individual y (ii) que dicho ahorro no sea inferior
al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que hubieren
permanecido en el régimen de prima media.
10.5. En cuanto a la oportunidad para realizar el traslado del régimen de ahorro
individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, a
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partir de la Sentencia C-1024 de 2004, se entendió que la prohibición contenida
en el literal e) del artículo 13 de la Ley 100/93, en el sentido que no podrán
trasladarse quienes les falte diez (10) años o menos para cumplir la edad para
tener derecho a la pensión de vejez, no aplica para los sujetos del régimen de
transición por tiempo de servicios cotizados, quienes podrán hacerlo “en cualquier
tiempo”, conforme a los términos señalados en la Sentencia C-789 de 2002. La
referencia hecha a este último fallo, por parte de la Sentencia C-1024 de 2004, no
significa cosa distinta a que solo quienes cumplen con el requisito de tiempo
se servicios cotizados (15 años o más) pueden retornar sin límite temporal
alguno al régimen de prima media, pues son los únicos afiliados que no
pierden el derecho al régimen de transición por efecto del traslado.
10.6. No sucede lo mismo, en cambio, con quienes son beneficiarios del régimen
de transición por edad, pues como quiera que el traslado genera en esta categoría
de afiliados la pérdida automática del régimen de transición, en el evento de querer
retornar nuevamente al régimen de prima media, por considerar que les resulta
más favorable a sus expectativas de pensión, no podrán hacerlo si les faltaren
diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de
vejez, dada la exequibilidad condicionada del artículo 13 de la Ley 100/93,
declarada en la Sentencia C-1024 de 2004.
10.7. Así las cosas, más allá de la tesis jurisprudencial adoptada en algunas
decisiones de tutela, que consideran la posibilidad de trasladado “en cualquier
tiempo”, del régimen de ahorro individual al régimen de prima media, con beneficio
del régimen de transición para todos los beneficiarios de régimen, por edad y por
tiempo de servicios, la Corte se aparta de dichos pronunciamientos y se reafirma
en el alcance fijado en las sentencias de constitucionalidad, en el sentido de que
solo pueden trasladarse del régimen de ahorro individual al régimen de
prima media, en cualquier tiempo, conservando los beneficios del régimen
de transición, los afiliados con 15 años o más de servicios cotizados a 1° de
abril de 1994.
[…]
10.10. Bajo ese contexto, y con el propósito de aclarar y unificar la
jurisprudencia Constitucional en torno a este tema, la Sala Plena de la Corte
Constitucional concluye que únicamente los afiliados con quince (15) años
o más de servicios cotizados a 1° de abril de 1994, fecha en la cual entró en
vigencia el SGP, pueden trasladarse “en cualquier tiempo” del régimen de
ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación
definida, conservando los beneficios del régimen de transición. Para tal
efecto, deberán trasladar a él la totalidad del ahorro depositado en la respectiva
cuenta individual, el cual no podrá ser inferior al monto total del aporte legal
correspondiente en caso de que hubieren permanecido en el régimen de prima
media. De no ser posible tal equivalencia, conforme quedó definido en la
Sentencia C-062 de 2010, el afiliado tiene la opción de aportar el dinero que haga
falta para cumplir con dicha exigencia, lo cual debe hacer dentro de un plazo
razonable.
[…]
10.13. Así las cosas, con el fin de reconocerle efectos vinculantes a la
presente decisión, en la parte resolutiva de este fallo, se incluirá el criterio
de unificación adoptado en torno al tema del traslado de regímenes
pensionales, en el sentido de que únicamente los afiliados con quince (15)
años o más de servicios cotizados a 1° de abril de 1994, fecha en la cual
entró en vigencia el Sistema General de Pensiones, pueden trasladarse “en
cualquier tiempo” del régimen de ahorro individual con solidaridad al
régimen de prima media con prestación definida, conservando los
beneficios del régimen de transición. […]». (Resaltado intencional).
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Con fundamento en la sentencia de unificación citada, se puntualizan las
reglas generales de la circunstancia de traslado de régimen pensional en torno
al beneficio del régimen de transición:
• La Corte Constitucional en sentencia SU-130 de 2013, definió que
únicamente los afiliados al sistema pensional con 15 años o más de
servicios cotizados al 1.° de abril de 1994, podían trasladarse en cualquier
momento del régimen de ahorro individual al de prima media y conservar
los beneficios del régimen de transición.
• De igual forma, en relación con lo previsto en el artículo 2 literal e) de la
Ley 797 del 2003, la Corte fue clara en torno a la interpretación armónica
que se debe dar a la normativa y descartó la posibilidad de traslado con
sostenimiento de los beneficios del régimen de transición para aquellos que
pretendan conservar dicho régimen por cumplir únicamente con la edad
exigida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, mujeres y hombres
con 35 y 40 años o más de edad, respectivamente.
• Así, para que el traslado del RAIS al RPMPD sea viable, sin pérdida del
beneficio de la transición de la Ley 100 de 1993, el afiliado como requisito
sine qua non debe acreditar que para la fecha de entrada en vigencia de
dicha norma tenía cumplidos 15 años o más de servicios.
Dicha postura ha sido asumida por parte de esta Subsección en asuntos con
contornos similares al presente8, en el sentido de hacer exigible el requisito
temporal de los 15 años de servicios o cotizaciones a la fecha de promulgación
de la Ley 100 de 1993 para aquellos trabajadores que al margen de que se
hubieran hecho beneficiarios de la transición prevista en el artículo 36
ejusdem, optaron voluntariamente por el RAIS para realizar los aportes
obligatorios con destino a pensión.
En el caso particular, la Subsección advierte que es necesario verificar si el
traslado del régimen cumplió o no con los requisitos señalados por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia,
para conservar su validez. Lo anterior porque el demandante busca que
además de declarar la nulidad de su afiliación a la AFP Porvenir S.A., este sea
trasladado a Colpensiones para que dicha entidad le reconozca una pensión
de jubilación bajo la égida de una normativa especial y previa a la Ley 100 de
1993, como lo era el Decreto 546 de 1971.
Es decir, en esencia lo que se pretende es la aplicación del régimen de
transición de la primera norma en comento para ser beneficiario de los
postulados anteriores a la vigencia del Sistema General de Seguridad Social
en Pensiones.
Este estudio es indispensable en la medida en que se advierten como
consecuencias colaterales a dicho traslado, la posible pérdida de transición, y
de contera la imposibilidad de acceder a la pensión de vejez conforme al marco
normativo invocado, por lo que se torna indispensable acudir a una
hermenéutica adecuada que se ajuste a los principios que inspiran el sistema
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: (i) sentencia del 5 de noviembre de 2020,
radicación: 200012339000-2015-00358-01 (4244-2017), demandante: Libia del Carmen Ripoll Ripoll; (ii)
sentencia del 7 de mayo de 2020, radicación: 250002342000201503434 01 (2004-201), demandante:
Gladys Mora de Fúquene.
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y a los regímenes pensionales, bajo el espectro de garantizar los derechos
irrenunciables de la persona para obtener una calidad de vida acorde con la
dignidad humana.
Deber de información, asesoría y buen consejo frente a afiliados
en punto a los traslados de regímenes
De acuerdo con la trascendencia en materia de consecuencias jurídicas que
conlleva un cambio de régimen pensional dentro del sistema propiamente
dicho, se hace palmaria la necesidad de que, al momento en que la persona
opte por escoger el régimen al cual efectuar sus cotizaciones a seguridad
social, esta hubiere sido debidamente asesorada de manera precisa y
transparente respecto a las repercusiones que con dicha transferencia
pudieren acarrear consigo, pues es justamente la información asimétrica
referente a la forma en que operan y conceden la prestación de vejez de los
regímenes, la que permitirá la escogencia espontánea y consciente de los
afiliados.
Lo anterior, como en efecto lo ha desarrollado la Corte Suprema de Justicia,
al estudiar la importancia de la información y las consecuencias de su
ausencia, así:
«[…] la elección de cualquiera de los dos regímenes debe ser libre y voluntaria, lo
que se exige no es cualquier tipo de asesoría, sino aquella que permita el
ejercicio de la libertad informada, cuya infracción castiga la propia normativa en
la medida en que indica que si el empleador o cualquier persona natural o jurídica
la desconoce, se hace merecedor de las sanciones previstas en el inciso 1 del
artículo 271
[…]
Es que el propio Estatuto de Seguridad Social, desde su origen, reconoce que, en
el marco de los regímenes pensionales de prima media y el de ahorro individual
con solidaridad, podían presentarse asimetrías en la información, sobre todo con
estas últimas Administradoras de Pensiones, y contempló para el efecto unas
consecuencias en las que, fundamentalmente, da cuenta sobre lo trascendente de
las afiliaciones a ellos para los asociados, máxime la incidencia que, frente al
régimen de transición tenían y en ese sentido adopta las correcciones pertinentes,
también para los empleadores.
Así que es la propia ley la que sanciona, con severidad, el incumplimiento íntegro
de los deberes de información que les atañe e incluso, para la controversia aquí
suscitada ello era determinante, de un lado porque la simple manifestación
genérica de aceptar las condiciones, no era suficiente y, de otro, correspondía dar
cuenta de que se actuó diligentemente, no solo por la propia imposición que trae
consigo la referida norma, sino porque en los términos del artículo 1604 del Código
Civil, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo y,
en este específico caso ellas no se agotan solo con traer a colación los
documentos suscritos, sino la evidencia de que la asesoría brindada era
suficiente para la persona, y esto no se satisfacía únicamente con llenar los
espacios vacíos de un documento, sino con la evidencia real sobre que la
información plasmada correspondiera a la realidad y atendiera las pautas
para que se adoptara una decisión completamente libre, en las voces del
referido artículo 13 de la Ley 100 de 1993 […]»9. (Negrita intencional).
9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 14 de noviembre de 2018, número
de providencia: SL4964-2018.
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Sobre el punto se recalca que el deber de información en lo que atañe a su
contenido y alcance se encuentra en cabeza de las administradoras de
pensiones, en la medida que sobre estas recae la obligación de informar de
manera idónea y oportuna acerca de las ventajas y desventajas que se derivan
para el afiliado sobre su vinculación y posterior traslado entre un régimen y
otro.
Con relación a ello se pronunció la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia en sentencia el 22 de noviembre de 201110. Se cita:
«[…] Es razón de existencia de las Administradoras la necesidad del sistema de
actuar mediante instituciones especializadas e idóneas, con conocimientos y
experiencia, que resulten confiables a los ciudadanos quienes les van a entregar
sus ahorros y sus seguros de previsión para su vejez, su invalidez o para su familia
cercana en caso de muerte prematura.
Esas particularidades ubican a las Administradoras en el campo de la
responsabilidad profesional, obligadas a prestar de forma eficiente, eficaz y
oportuna todos los servicios inherentes a la calidad de instituciones de carácter
previsional, la misma que, por ejercerse en un campo que la Constitución Política
estima que concierne a los intereses públicos, tanto desde la perspectiva del
artículo 48 como del artículo 335, se ha de estimar con una vara de rigor superior
a la que se utiliza frente a las obligaciones entre particulares. […]»
A su vez, la Corte Constitucional ha ratificado y desarrollado el principio de
«libertad de elección de régimen», en acatamiento del deber de proporcionar
información, el cual se configura como uno de los plurales deberes de las
administradoras con respecto a sus afiliados. Tal como se señaló en sentencia
T-191 de 2020, de la siguiente manera:
«[…] 88. La libertad de elección presupone conocimiento de los regímenes
pensionales, así como de las consecuencias que implica la elección. Este
conocimiento, a su vez, se rige por el principio de la información, el cual
vincula al empleador al momento de enganchar al trabajador, así como a la
administradora de fondos de pensiones, al momento de afiliarse o
trasladarse.
89. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha derivado este principio
del artículo 13 literal b) de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el artículo 3
literal c) de la Ley 1328 de 2009 y ha indicado que las administradoras de fondos
de pensiones tienen la obligación de brindar asesoría seria y concreta, conforme
con un análisis o estudio previo de la posición, la condición y la situación fáctica
del afiliado. Esta información tiene como finalidad permitirle a los afiliados o
usuarios del sistema pensional a adoptar una decisión consciente y
realmente libre sobre su futuro pensional, así como las ventajas y
desventajas de la elección.
90. El principio de información se concreta, a su vez, en las siguientes
obligaciones: a) se debe suministrar información y asesoría a través de un
lenguaje claro, simple y comprensible, y; b) debe darse a conocer toda la
verdad objetiva –y comparada– de los regímenes, evitando
sobredimensionar lo bueno, callar lo malo y parcializar lo neutro. […]»11
(Negritas de la Subsección).
10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 22 de noviembre de 2011,
radicación: 33083.
11 Corte Constitucional, sentencia T-191 de 2020.
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Como corolario de lo anterior, se colige que el hecho de la afiliación o traslado
de regímenes de un usuario trae consigo repercusiones de gran envergadura,
verbi gracia, los términos en que se causará y disfrutará el derecho económico
de la pensión, o en el caso de los beneficios o inconvenientes que puedan
recaer sobre el afiliado partiendo de las diferentes alternativas para acceder a
dicha prestación en los dos regímenes pensionales existentes.
Por lo que el traslado deja de ser entonces una mera cuestión legal y adquiere
de manera inexorable una relevancia superior por estar en juego un derecho
constitucional como lo es el de la seguridad social, y especialmente el de la
pensión.
Bajo este contexto, en materia de seguridad social, la responsabilidad de los
fondos de previsión social atinente a brindar la adecuada asesoría, no puede
ser abstracta o limitada, pues lo que se pretende es recaudar información
contenciosa respecto a las necesidades individuales de cada uno de los
afiliados, porque de no hacerse así, se desconocería el postulado de la debida
información, esto es, de conocer de manera detallada los hechos y
consecuencias de la decisión que el administrado opte por escoger. En
consecuencia, los datos sesgados o incompletos serían transcendentes para
que las personas tomen decisiones equivocadas.
En armonía con dicha intelección, el Decreto 663 de 199312 aplicable a las
administradoras de fondos de pensión, previó en el numeral 1.° del artículo 97
la siguiente obligación a cargo de las referidas entidades:
«ARTICULO 97. INFORMACIÓN.
1. Información a los usuarios. <Numeral modificado por el artículo 23 de la Ley 795
de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Las entidades vigiladas deben suministrar
a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la
mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a
través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del
mercado y poder tomar decisiones informadas. […]».
Por consiguiente, puede verse que las sociedades administradoras de fondos
pensionales han acarreado la obligación de garantizar una afiliación libre y
voluntaria a través de la entrega de información clara, suficiente y responsable
que permitiera al trabajador elegir entre las diversas opciones posibles en el
mercado aquella que mejor se ajustara a sus intereses.
En tal sentido, el ofrecimiento de estos servicios, por estar relacionado con una
garantía constitucional como el derecho a la seguridad social, debía estar
precedida del respeto frente a las personas e inspirado en los principios de
prevalencia del interés general, transparencia y buena fe de quien presta un
servicio público.13
12 "Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación
y numeración".
13 ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los
fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se
ejercerá en los términos que señale la ley.
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Es por ello que dada la doble calidad de las AFP de sociedades de servicios
financieros y entidades de la seguridad social, el cumplimiento de brindar
información objetiva y transparente a los usuarios es mucho más riguroso que
el que podía exigirse a otra entidad financiera, pues de su ejercicio dependen
onerosos intereses sociales, como lo son la protección de los riesgos de la
vejez, invalidez y/o muerte.14
A su turno, con la expedición de la Ley 1328 de 200915 se desarrolló de manera
significativa la protección de los usuarios financieros del sistema de seguridad
social en pensiones, el cual puntualizó que, en las relaciones entre los
consumidores y las entidades financieras, debía observarse de manera
minuciosa el principio de transparencia e información cierta, suficiente y
oportuna, así:
«Artículo 3. Principios. Se establecen como principios orientadores que rigen las
relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, los
siguientes:
[…]
c) Transparencia e información cierta, suficiente y oportuna. Las entidades
vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta,
suficiente, clara y oportuna, que permita, especialmente, que los consumidores
financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en
las relaciones que establecen con las entidades vigiladas. […]».
Por su parte, el Decreto 2555 de 201016 que incorporó lo preceptuado por el
Decreto 2241 del mismo año17, en su artículo 2.6.10.1.2 efectuó sendos
desarrollos de los principios trazados por la Ley 1328 de 2009, a saber:
«Artículo 2.6.10.1.2 Principios. Los principios previstos en el artículo 3 de la ley
1328 de 2009 se aplican integralmente al Sistema General de Pensiones, teniendo
adicionalmente en cuenta los aspectos particulares que se desarrollan en los
siguientes numerales:
1. Debida Diligencia. Las administradoras del Sistema General de
Pensiones deberán emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus
productos y/o en la prestación de sus servicios a los consumidores
financieros, a fin de que éstos reciban la información y/o la atención debida
y respetuosa en relación con las opciones de afiliación a cualquiera de los
dos regímenes que conforman el Sistema General de Pensiones, así como
respecto de los beneficios y riesgos pensionales de la decisión. En el caso
del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, deberán poner de presente los
tipos de fondos de pensiones obligatorias que pueden elegir según su edad y perfil
de riesgo, con el fin de permitir que el consumidor financiero pueda tomar
decisiones informadas. Este principio aplica durante toda la relación contractual o
legal, según sea el caso.
2. Transparencia e información cierta, suficiente y oportuna. Las administradoras
del Sistema General de Pensiones deberán suministrar al público información
14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 9 de septiembre de 2008,
radicación: 31989.
15 Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras
disposiciones.
16 Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del
mercado de valores y se dictan otras disposiciones.
17 Por el cual se reglamenta el Régimen de Protección al Consumidor Financiero del Sistema General
de Pensiones y se dictan otras disposiciones.
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cierta, suficiente, clara y oportuna que permita a los consumidores
financieros conocer adecuadamente los derechos, obligaciones y costos
que aplican en los dos regímenes del Sistema General de Pensiones.
3. Manejo adecuado de los conflictos de interés. Las administradoras del
Sistema General de Pensiones y las compañías aseguradoras de vida que tienen
autorizado el ramo de rentas vitalicias deberán velar porque siempre
prevalezca el interés de los consumidores financieros. […]». (Subrayas de
la Sala).
De acuerdo con las anteriores preceptivas, es dable asumir que el deber de
asesoría y promoción en la prestación del servicio por parte de los fondos
privados de pensiones, guarda cohesión especialmente con la noción de
protección de los usuarios financieros del sistema de seguridad social en
pensiones, a fin de instar por el respeto y cumplimiento de los principios y el
contenido básico de información, así como permite avizorar el alcance que
acarrea dicho traslado con precisión de las asesorías y buen consejo a cargo
de las administradoras de pensiones.
Lo anterior ya ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte
Suprema de Justicia18, cuando se indicó lo siguiente:
«[…] La información cierta es aquella en la que el afiliado conoce al detalle las
características legales del régimen, sus condiciones, requisitos y las circunstancias en
las que se encontraría de afiliarse a él. La información suficiente incluye la
obligación de dar a conocer al usuario, de la manera más amplia posible, todo lo
relacionado sobre el producto o servicio que adquiere; por tanto, la suficiencia es
incompatible con informaciones incompletas, deficitarias o sesgadas, que le impidan
al afiliado tomar una decisión reflexiva sobre su futuro. La información oportuna
busca que esta se transmita en el momento que debe ser, en este caso, en el
momento de la afiliación o aquel en el cual legalmente no puede hacer más traslados
entre regímenes; la idea es que el usuario pueda tomar decisiones a tiempo […]».
(Negritas por fuera del texto).
En relación con el deber del buen consejo por parte de las administradoras
con los consumidores, el artículo 2.6.10.2.3 del Decreto 2555 ejusdem indicó
lo siguiente:
«Artículo 2.6.10.2.3 Asesoría e información al Consumidor Financiero. Las
administradoras del Sistema General de Pensiones tienen el deber del buen
consejo, por lo que se encuentran obligadas a proporcionar a los
consumidores financieros información completa respecto a los beneficios,
inconvenientes y efectos de la toma de decisiones en relación con su
participación en cualquiera de los dos regímenes del Sistema General de
Pensiones.
Las administradoras de los dos regímenes del Sistema General de
Pensiones, deberán garantizar que los afiliados que quieran trasladarse entre
regímenes pensionales, esto es del Régimen de Ahorro Individual al Régimen
de Prima Media y viceversa, reciban asesoría de representantes de ambos
regímenes, como condición previa para que proceda el traslado. Lo anterior
de conformidad con las instrucciones que para el efecto imparta la
Superintendencia Financiera de Colombia. […]». (Resaltado intencional).
18 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 3 de abril de 2019, radicación:
68852.
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A su turno el parágrafo 1 del artículo 2.° de la Ley 1748 de 201419 indicó que
los afiliados que quieran trasladarse deben recibir asesoría de representantes
de ambos regímenes, como condición previa para que proceda el traslado. Al
respecto, se cita:
«Artículo 2°. Las administradoras de Fondos de Pensiones del Régimen de Ahorro
Individual tendrán la obligación de poner a disposición de sus afiliados a través de
los distintos canales que dispongan las administradoras y, trimestralmente, a
través de extractos que serán enviados al afiliado por el medio que este escoja, la
siguiente información:
[…]
Parágrafo 1°. Adicionar un inciso 2 al artículo 9° de la Ley 1328 de 2009, que
regula el contenido mínimo de la información al consumidor financiero, cuyo texto
es el siguiente:
En desarrollo de lo anterior, las Administradoras del Sistema General de
Pensiones deberán garantizar que los clientes que quieran trasladarse entre
regímenes pensionales, reciban asesoría de representantes de ambos
regímenes, como condición previa para que proceda el traslado entre
regímenes. Lo anterior de conformidad con las instrucciones que para el
efecto imparta la Superintendencia Financiera de Colombia». (Subrayas
fuera del texto original).
El deber de información por parte de los dos regímenes al momento del
traslado también fue exigido en la Circular Externa 016 de 2016 expedida por
la Superintendencia Financiera de Colombia que modificó el Capítulo I del
Título III de la Parte II de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de
2014), que en su artículo 3.° previó:
«3.13 Deber de asesoría para que proceda el traslado de afiliados entre
regímenes.
De acuerdo con el inciso segundo del artículo 9° de la ley 1328 de 2009, adicionado
por el parágrafo 1° del artículo 2° de la Ley 1748 de 2014, y el artículo 2.6.10.2.3
del Decreto 2055 de 2010, las Administradoras del Sistema General de Pensiones
deben garantizar que los afiliados que deseen trasladarse de regímenes
pensionales, reciban asesoría de representantes de ambos regímenes, como
condición previa para que proceda el traslado».
Bajo dicha premisa, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que antes de
que se realice un cambio de régimen, debe informarse al usuario como mínimo
las características, condiciones, acceso, ventajas y desventajas de cada
régimen pensional, así como los riesgos y consecuencias que el traslado
genera para cada afiliado. En efecto, en sentencia SL2324-2019 del 19 de
marzo de 201920 señaló:
«[…] Teniendo en cuenta el rol y la composición de las administradoras de
pensiones, la ley ha estatuido en ellas el deber de informar idónea y oportunamente
acerca de las ventajas y desventajas que acarrea para el afiliado la vinculación y/o
posterior traslado entre uno y otro régimen. Lo anterior, bajo el entendido de que
son estas instituciones las que conocen y son expertas en el andamiaje y
funcionamiento del Sistema General de Pensiones, pues es su deber suplir de la
19 «Por medio de la cual se establece la obligación de brindar información transparente a los
consumidores de los servicios financieros y se dictan otras disposiciones». Exigencia, que fue reafirmada
en el Decreto 2071 de 2015 «Por el cual se modifica el Decreto número 2555 de 2010 en lo referente al
régimen de protección al consumidor financiero del Sistema General de Pensiones».
20 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 19 de marzo de 2019, radicación:
64860.
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mejor manera posible todas las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y
la muerte.
Dicho razonamiento quedó consignado en el fallo CSJ SL, 22 noviembre 2011,
radicación 33083, así:
Las administradoras de pensiones lo son de un patrimonio autónomo propiedad de
los afiliados, según lo prescribe el artículo 97 de la Ley 100 de 1993; la ley radica
en ellas el deber de gestión de los intereses de quienes se vinculen a ellas, y cuyos
deberes surgen desde las etapas previas y preparatorias a la formalización de su
afiliación a la administradora.
Es razón de existencia de las Administradoras la necesidad del sistema de actuar
mediante instituciones especializadas e idóneas, con conocimientos y experiencia,
que resulten confiables a los ciudadanos quienes les van a entregar sus ahorros y
sus seguros de previsión para su vejez, su invalidez o para su familia cercana en
caso de muerte prematura.
Esas particularidades ubican a las Administradoras en el campo de la
responsabilidad profesional, obligadas a prestar de forma eficiente, eficaz y
oportuna todos los servicios inherentes a la calidad de instituciones de carácter
previsional, la misma que, por ejercerse en un campo que la Constitución Política
estima que concierne a los intereses públicos, tanto desde la perspectiva del
artículo 48 como del artículo 335, se ha de estimar con una vara de rigor superior
a la que se utiliza frente a las obligaciones entre particulares.
Por lo dicho es que la responsabilidad de las administradoras de pensiones es de
carácter profesional, la que le impone el deber de cumplir puntualmente las
obligaciones que taxativamente le señalan las normas, en especial las de los
artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, cumplirlas todas con suma diligencia,
con prudencia y pericia, y además todas aquellas que se le integran por fuerza de
la naturaleza de las mismas, como lo manda el artículo 1603 del C.C., regla válida
para las obligaciones cualquiera que fuere su fuente, legal, reglamentaria o
contractual.
La doctrina ha bien elaborado un conjunto de obligaciones especiales, con
específica vigencia para todas aquellas entidades cuya esencia es la gestión
fiduciaria, como la de las administradoras de pensiones, que emanan de la buena
fe, como el de la transparencia, vigilancia, y el deber de información.
Así las cosas, teniendo como punto de partida el hecho de que la afiliación o
traslado entre regímenes trae consigo repercusiones de gran envergadura, a
saber, los términos en que se causará y disfrutará el derecho fundamental a la
pensión, debe indicarse con especial énfasis que el contenido de la
información a suministrar por parte de las administradoras, debe constar
imprescindiblemente tanto en las etapas del proceso de traslado, como de
los beneficios o inconvenientes que se puedan recaer sobre el afiliado, en
concordancia con las diferentes alternativas para acceder a determinada
prestación en el RPM o en el RAIS. […]» (Cursiva del texto original, Negrita
de la Subsección).
Como se advierte de lo antedicho, en este nuevo curso se elevó el nivel de
exigencia a las administradoras de fondos de pensiones, pues ya no es
suficiente con proporcionar con claridad las distintas opciones del mercado,
con sus características, condiciones, riesgos y demás efectos que se deriven
de la escogencia, sino que, de manera concomitante, implica un mandato de
brindar asesoría y buen consejo; de modo que la situación del trabajador, con
sujeción a su edad, semanas de cotización, IBC, grupo familiar, entre otros,
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conjugue un conocimiento objetivo de los regímenes pensionales y subjetivo a
nivel individual, más la opinión experta sobre el asunto, de cara a tomar una
decisión responsable en torno a la inversión más apropiada de sus ahorros
pensionales.
En resumen, el deber de información que tienen las AFP frente a los
administrados es amplia, puesto que comporta el análisis previo, especializado
y global de los antecedentes del interesado, junto con los pormenores que
provengan con los regímenes pensionales. De ello que en los casos en que
los afiliados sean beneficiarios del régimen de transición de que trata el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, esto implicaría una responsabilidad aún superior,
por cuanto, de manera indiscutible, aquellos trabajadores tenían una
expectativa legítima que se podría ver comprometida a causa del arbitrio de
las administradoras al momento de suministrar información.
Lo expuesto no conlleva argüir per se que una persona beneficiaria de la
referida transición no pueda optar por el traslado de regímenes y, en principio,
perder dicha expectativa del derecho económico; sino que se torna necesario
que la decisión sea tomada con pleno conocimiento de las consecuencias que
acarrean dicho cambio, lo que, en todo caso, supondría una mayor carga
probatoria por parte de las administradoras a fin de evidenciar la ilustración y
acompañamiento de personas expertas en la materia que le hubieren
permitido al trabajador tomar la decisión aún bajo los posibles resultados
adversos a sus intereses.
Es así como se ha hecho imprescindible demostrar por parte de las entidades
de previsión que no existió asimetría de la información y, en consecuencia,
proveer al juez de conocimiento todos los medios probatorios que lleven al
convencimiento pleno de que, al momento de producirse el traslado de
regímenes, el afiliado contaba con los elementos de juicio suficientes para
decidir libre y voluntariamente.21
El solo consentimiento que versa en el formulario de afiliación no
es suficiente para determinar la plena validez del traslado
Como bien se ha expuesto en parágrafos que anteceden, la doctrina y la
legislación colombiana han elaborado una serie de obligaciones especiales
para todas aquellas entidades cuya esencia es la gestión fiduciaria, dentro de
las cuales se encuentran inmersas las administradoras de pensiones, que
provienen de los principios de la buena fe, transparencia, vigilancia y, sobre
todo, el deber de información. Así entonces, estos detalles informativos deben
comprender todas las etapas del proceso, desde el momento intencional en
que el interesado recurre a la AFP en procura de obtener conocimiento sobre
la posible afiliación al nuevo régimen, hasta la determinación de las
condiciones para el disfrute prestacional.
De este modo, es relevante aclarar que, en la oportunidad que el afiliado opte
por el traslado de régimen pensional, no será suficiente la simple suscripción
del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe
corresponder a la realidad, es decir, que el acto jurídico de cambio de régimen
debe estar antecedido de una serie de instrucciones al usuario acerca de las
21 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 3 de septiembre 2014, número
de providencia: SL12136.
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consecuencias y riesgos de dicho traslado. En otros términos, no simplemente
se debe verificar que existió una transferencia al régimen de ahorro individual
con solidaridad, sino, advertir que el mismo se hubiere realizado bajo los
parámetros de libertad informada.
Sobre el particular, en sentencia del 9 de septiembre de 200822 la Corte
Suprema de Justicia indicó:
«[…] Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus
interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría
que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias
de alta complejidad.
Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que
ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está,
y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como
en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de
información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la
administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio
más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer
las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si
ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente
le perjudica.
[…]
No desdice la anterior conclusión, lo asentado en la solicitud de vinculación
a la Administradora de Pensiones que aparece firmada por el demandante,
que su traslado al régimen de ahorro individual se dio de manera voluntaria,
que "se realizó de forma libre, espontánea y sin presiones", pues lo que se
echa de menos es la falta de información veraz y suficiente, de que esa
decisión no tiene tal carácter si se adopta sin el pleno conocimiento de lo
que ella entraña. […]». (Negrita de la Sala).
Conforme a la jurisprudencia en cita, se observa que las administradoras de
los fondos privados de pensiones, al versar su naturaleza sobre entidades que
desarrollan actividades de interés público, deben emplear la debida diligencia
en la prestación de los servicios, bajo el entendido que, en el escenario que
conduce al traslado de regímenes pensionales por parte de los particulares,
no se trataba únicamente de completar requerimientos formales como la
suscripción de un formato, sino de haber contado con los elementos
suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada.
En relación con esta exigencia relativa a la simetría en la información
entregada al usuario, la cual resulta determinante para advertir sobre la validez
o no de la escogencia del régimen pensional, se observa que esta no solo
estaba prevista en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 antes indicado, sino
además en el artículo 97 del entonces Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero (Decreto 663 de 1993) señalado en párrafos que anteceden, en los
cuales se contempló la severidad frente a dichas entidades en cuanto debían
obrar tanto de conformidad a la ley, así como soportadas en los principios de
buena fe y de servicio a los intereses sociales.
22 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 9 de septiembre de 2008,
radicación: 31389.
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En efecto, de cara a la suscripción del formulario de traslado como única
prueba para desvirtuar la negligencia en la remisión de información al afiliado,
el supremo órgano de la jurisdicción ordinaria en providencia SL12136-201423
enunció:
«[…] De manera que, conforme lo discurrido queda claro que existirá ineficacia de
la afiliación cuando quiera que i) la insuficiencia de la información genere lesiones
injustificadas en el derecho pensional del afiliado, impidiéndole su acceso al
derecho; ii) no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo
con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; iii) en los
términos del artículo 1604 del Código Civil corresponde a las Administradoras de
Fondo de Pensiones allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados,
los cuales, de no ser ciertos, tendrán además las sanciones pecuniarias del artículo
271 de Ley 100 de 1993, y en los que debe constar los aspectos positivos y
negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional. […]»
Sobre el anterior aspecto, vale decir que no podría argüirse que existe un
consentimiento informado cuando las personas desconocen sobre la
incidencia que el traslado pudiere tener frente a sus derechos prestacionales,
como mucho menos que pueda estimarse satisfecho el requisito de la
información clara y responsable con una simple expresión genérica como lo
es el formulario de afiliación del usuario. De allí que desde un inicio se haya
impuesto el deber a las AFP de documentar el asesoramiento claro y suficiente
sobre los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar
ineficaz dicho tránsito.
Inversión de la carga de la prueba a favor del afiliado
De todo lo expuesto, es plausible concluir que, la demostración de un
consentimiento informado y libre en el traslado de régimen, es el que tiene la
virtud de brindar al juez el convencimiento de que ese contrato de
aseguramiento goza de plena validez.
En ese sentido, frente al puntual cuestionamiento de a quién le corresponderá
probar la eficacia del traslado, debe precisarse que, si el afiliado aduce no
haber recibido la información debida al momento del asesoramiento previo al
cambio de régimen, ello incumbe un supuesto negativo que no puede
demostrarse materialmente por la parte que lo invoca. Es así como se torna
imprescindible que esta carga probatoria recaiga sobre la contraparte (entidad
administradora), quien deberá demostrar que se suministró la asesoría en
forma correcta, dado que es quien está en posición de hacerlo.
Por cuanto conforme se ha visto, el deber de información al momento del
traslado de regímenes se configura como una obligación conducida por las
administradoras de fondos de pensiones, por lo que es precisamente a estas
a quienes les corresponde acreditar la realización de todas las actuaciones
necesarias a fin de que el afiliado conociera las implicaciones del cambio.
Todo lo anterior, justamente porque la inversión de la carga de la prueba en
favor del afiliado guarda relación con la regla de justicia, que traza el desatino
de exigir a quien está en una posición probatoria desmejorada o de desventaja,
el esclarecimiento de hechos que el otro extremo está en mejor condición de
23 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 3 de septiembre de 2014, número
de providencia: SL12136.
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ilustrar. Al respecto la Corte Suprema de Justicia ha expuesto los motivos que
conllevan a afirmar dicha premisa, porque:
«[…] En este caso, pedir al afiliado una prueba de este alcance es un despropósito,
en la medida que (i) la afirmación de no haber recibido información corresponde a
un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuarlo el fondo de pensiones
mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación; (ii) la documentación
soporte del traslado debe conservarse en los archivos del fondo, dado que (iii) es
esta entidad la que está obligada a observar la obligación de brindar información
y, más aún, probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno
cumplimiento.
Mucho menos es razonable invertir la carga de la prueba contra la parte débil de
la relación contractual, toda vez que, como se explicó, las entidades financieras
por su posición en el mercado, profesionalismo, experticia y control de la
operación, tienen una clara preeminencia frente al afiliado lego. A tal grado es lo
anterior, que incluso la legislación (art. 11, literal b), L. 1328/2009), considera una
práctica abusiva la inversión de la carga de la prueba en disfavor de los
consumidores financieros. […]»24.
El anterior marco normativo y jurisprudencial aplicado al sub
examine
Definidos los lineamientos que preceden respecto a las obligaciones y
consecuencias derivadas del traslado de régimen en el Sistema General de
Seguridad Social, de cara al caso de marras, la Subsección encuentra probado
lo siguiente:
Copia del registro civil de nacimiento del señor Francisco Javier García
Restrepo (folio 42), a partir del cual se desprende que aquel nació el 26 de
octubre de 1954.
Resumen de semanas cotizadas al extinto ISS (hoy Colpensiones), con
fecha 26 de enero de 2015, del que se verifica que el libelista realizó
aportes a dicha entidad por una vinculación laboral con «Reinaldo Luciano
Pom», la cual tuvo vigencia desde el 25 de marzo de 1976 hasta el 17 de
abril de 1979, para un total de 159,86 semanas acumuladas. (Archivo en
PDF denominado «Historia Laboral», obrante en el CD contentivo del
expediente administrativo que reposa a folio 246 del plenario).
Certificado de información laboral expedido por la Procuraduría General
de la Nación el 11 de septiembre de 2013 (folio 46), en el que consta que
el demandante ha laborado para dicha entidad con vinculación como
auxiliar judicial, grado 11 del 1.° de febrero de 1985 al 31 de julio de 1990,
y posteriormente como procurador judicial I desde el 7 de abril de 2011 y
al menos hasta la fecha de emisión la referida certificación. Se observa
además que durante el primer período en mención, los aportes a pensión
fueron efectuados a la extinta Cajanal, mientras que para el segundo
lapso, estos conceptos fueron abonados a la AFP Horizonte S.A. (hoy
Porvenir S.A.).
24 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 8 de mayo de 2019, número de
providencia: SL1688.
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Demandante: Francisco Javier García Restrepo
Formato de certificado de información laboral expedido por la Rama
Judicial Seccional Antioquia (folio 52), por medio del cual se dejó
constancia de que el libelista fungió como secretario del Tribunal
Administrativo de Antioquia (ver folio 51), esto a partir del 1.° de mayo de
1990 y hasta el 23 de febrero de 2003. Se resalta que desde el momento
de su vinculación hasta el 30 de junio de 1997, las cotizaciones a pensión
fueron efectuadas a la entonces, Cajanal.
Solicitud de emisión de bono pensional en formato de la AFP BBVA
Horizonte S.A., suscrito por el señor García Restrepo el 17 de octubre de
2012, en el que se indica que el bono sería tipo A con un tiempo válido de
5652 días correspondiente a 807 semanas derivadas de los aportes
acumulados en los entonces ISS y en Cajanal. (Folios 61 a 63).
Formulario de solicitud de vinculación al fondo de pensiones obligatorias
Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. (folio 67), suscrito por el libelista el
22 de julio de 1997, particularmente en el espacio donde se indica que:
«[…] Hago constar que la selección del régimen de ahorro individual con
solidaridad la he efectuado en forma libre, espontánea y sin presiones. Manifiesto
que he elegido a la sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantía
Horizonte S.A. para que administre mis aportes pensionales y que los datos
proporcionados en esta solicitud son verdaderos. […]». Lo anterior conforme
se observa de la siguiente imagen:
Petición formulada por el demandante el 8 de noviembre de 2012 ante la
AFP BBVA Horizonte S.A. con el fin de que le fuera proyectada o simulada
la cuantía de la pensión que obtendría al encontrarse afiliado a dicha
administradora con base en la liquidación de su bono pensional. (Folios 64
a 66).
Copia del correo electrónico remitido el 26 de noviembre de 2012 por la
cuenta horizonte_responde@bbvahorizonte.com.co al buzón del señor
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Demandante: Francisco Javier García Restrepo
García Restrepo (franciscojg@une.net.co), en el que en respuesta a la
solicitud precitada le informan lo siguiente: «[…] En relación con la proyección
de pensión de vejez, le informamos que la misma se efectuó con los datos y
valores que para su caso se tiene actualmente y por ello se efectuó como si usted
se fuese a pensionar en este momento; así las cosas, se estimó una mesada
pensional por valor de $955.126, con 13 mesadas al año bajo la modalidad de
Retiro Programado, teniendo como base la información suministrada por usted y
soportada en los documentos que reposan en su expediente relacionada con sus
beneficiarios, el monto de los aportes más rendimientos consignados en su
cuenta individual de ahorro pensional, más el valor estimado del bono pensional
una vez se haya negociado en el mercado secundario de valores.
Así las cosas, en el evento de negociar su bono pensional aplicando la tasa de
negociación vigente en el mercado, éste ascendería a la suma aproximada de
$111.075.458, valor que sumado al saldo existente en su cuenta individual de
ahorro pensional, esto es, de $98.867.148 al 26 de noviembre de 2012, se
obtendría un monto disponible para financiar la pensión de vejez, de
$209.942.606, capital que le garantizaría acceder a la pensión mensual
mencionada en el párrafo anterior. Es de aclarar que dicho valor no contempla la
entrega de excedentes de libre disponibilidad.
Para poder determinar si hay derecho al pago de excedentes de libre
disponibilidad o hacer un cálculo de mesada pensional bajo la modalidad de renta
vitalicia, es necesario que el capital con el cual se va a financiar la pensión de
vejez, se encuentre debidamente acreditado en su cuenta de individual de ahorro
pensional, momento en el cual se podrá calcular el valor real de la mesada
pensional y junto con el cálculo de su ingreso base de liquidación (IBL) se
determine si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 85 de la Ley
100 de 1993.
En este punto, es preciso resaltar que la proyección de pensión realizada está
dada en valores constantes y no son garantía de futuros resultados, es decir, que
son datos aproximados y no definitivos ya que pueden variar en el momento de
definir el monto real de la pensión. […]». (Folios 68 a 69).
Extracto de capital acumulado en el Fondo de Pensiones Horizonte S.A.
generado el 7 de julio de 2008, en el que se indica que el demandante ha
realizado cotizaciones desde julio de 1997 hasta la primera data en
mención, y que aunado a ello, le reporta a su favor un bono pensional
emitido el 12 de marzo de 2004, con corte al 1.° de agosto de 1997, por un
valor de $40.477.000, redimido el 26 de octubre de 2016 y con un monto
actualizado y capitalizado de $143.113.156. (Folios 70 a 78).
Reporte de consulta de ASOFONDOS del 20 de enero de 2015, en el que
se indica que el libelista ha tenido dos vinculaciones a administradoras de
fondos de pensiones: i) por traslado de régimen de Colpensiones a
Horizonte S.A., efectiva desde el 22 de julio de 1997, y ii) con motivo de
una cesión por fusión de esta última con Porvenir S.A., ocurrida desde el
1.° de enero de 2014 en adelante. (Folio 211).
Extracto de movimientos y relación de aportes del señor García Restrepo
en la AFP Porvenir S.A. con corte al 19 de junio de 2015, del que se
observa que este ha tenido cotizaciones desde el mes de julio de 1997
hasta el mes de mayo de 2015. (Folios 318 a 360).
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Radicado: 05001-23-33-000-2014-01676-01 (0586-2018)
Demandante: Francisco Javier García Restrepo
Escrito del 22 de junio de 2015 signado por el subgerente regional
Antioquia de la AFP Porvenir S.A., en la que en respuesta al exhorto 076
ordenado por el a quo como prueba en desarrollo de la audiencia inicial,
tendiente a obtener información sobre los hechos de la demanda, precisó
los siguiente:
«[…] El señor García se trasladó de régimen e inicio su efectividad a partir del 1
de septiembre de 1997.
Que la anterior vinculación, fue realizada de manera voluntaria, libre y
espontánea, como se manifiesta a través de la firma en el formulario de
vinculación No. 416462 (anexo), lo cual realizó de manera voluntaria, libre y
espontánea, del que además se desprende la afirmación que ha recibió (sic) la
asesoría integral y completa por parte de HORIZONTE, hoy PORVENIR S.A. y
acerca de las implicaciones que llevaba consigo el traslado de régimen, tal y
como lo hace constar la misma (sic) demandante al imponer su firma en la casilla
correspondiente dentro del formulario de afiliación que se anexa como prueba.
Así las cosas, se considera importante señalar que la (sic) demandante una vez
suscribió su solicitud de vinculación a la AFP que represento, aceptó y se
comprometió a todas las normas, condiciones y requisitos del RAIS, tal como lo
consagra el artículo 11 del Decreto 692 de 1994 […]
Vale la pena resaltar que el señor García contó con el plazo de retracto; 5 días,
del cual no hizo uso y solo diecisiete (17) años después de haber mantenido su
afiliación y realizado cotizaciones al Régimen de Ahorro individual y luego de
haber sido definido su vinculación, alega con hechos no demostrados y
apreciaciones personales acerca de la asesoría completa y oportuna que se
realiza de parte de los asesores del fondo de manera personal, lo cual condujo a
que de forma libre y espontánea se suscribiera el formulario de afiliación, del cual
solo hasta la fecha alega estar en desacuerdo.
Adicionalmente, es de indicar que durante la vigencia de la afiliación a esta
Administradora, el demandante no manifestó inquietudes frente al funcionamiento
del RAIS o respecto de su situación pensional, pese a que es su deber velar por
sus propios intereses y mostrar valga la redundancia interés por su futuro
pensional. Con ello no se está reconociendo que esta Administradora falló en su
obligación de suministrar una información completa - pues sí se suministró -
simplemente se está indicando que también es responsabilidad del afiliado velar
porque la información suministrada se ajustara a sus intereses.
En cuanto al documento físico de las proyecciones de pensión que dice haber
recibido la parte demandante, es debido manifestar que HORIZONTE AFP a la
fecha de afiliación de demandante no entregaba a los potenciales afiliados
documentos físicos de estudios pensionales, sin embargo lo anterior, se ha
realizado posteriormente asesorías y estudios los cuales se han entregado en
debida forma al afiliado.
Ahora bien, es un principio de derecho que quien alega debe probar, y al revisar
la demanda no existe ni siquiera prueba sumaria que convalide los argumentos
injustificados del demandante. Lo cierto es que PORVENIR S.A, ha actuado
conforme a derecho y sus asesores han prestado siempre de una asesoría
completa y oportuna como lo manifestó la misma (sic) demandante en el
formulario de filiación suscrito, todo ello como consecuencia de las
capacitaciones que en forma permanente se realizaban en esa Administradora y
se siguen realizando a través de PORVENIR S.A. […]». (Folios 313 a 315).
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Solicitud formulada por el demandante ante la UGPP el 5 de diciembre de
2013, con la cual buscaba que dicha entidad inaplicara por inconstitucional
el Decreto 691 de 1994 que había incorporado a los funcionarios públicos
al SGSSP, y de esta manera reconociera a su favor una pensión de
jubilación conforme a las previsiones del Decreto Ley 546 de 1971. (Folios
79 a 81).
Auto ADP 000674 del 22 de enero de 2014 proferido por la subdirectora
de determinación de derechos de la UGPP, por medio del cual se negó la
reclamación del libelista bajo la siguiente argumentación: «[…] De
conformidad con la normatividad citada, la sentencia de unificación mencionada
y la afiliación del peticionario al BBVA HORIZONTE SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTIAS SA, es
decir, al régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, es preciso indicar que el
señor FRANCISCO JAVIER GARCIA RESTREPO perdió el régimen de
transición, por lo tanto se remite por competencia la solicitud de reconocimiento
de la pensión de vejez, al BBVA HORIZONTE SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTIAS SA. […]». (Folios 83 a 85).
Formulario de afiliación a la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones) presentada por el señor Francisco Javier García Restrepo
el 25 de abril de 2014, ello con el fin de solicitar el traslado de régimen del
RAIS a través de Provenir S.A. en el que se encuentra vinculado. (Folio
86).
Oficio BZ2014_3199519-1034898 del 25 de abril de 2014, mediante el cual
Colpensiones da respuesta negativa a la solicitud de traslado y afiliación
al RPMPD presentada por el libelista, bajo el entendido de que a la fecha
se encontraba a menos de 10 años de consolidar los requisitos para
adquirir el derecho a la pensión de jubilación. (Folio 92).
Reclamación radicada por el demandante el 25 de abril de 2014 ante
Colpensiones, con el fin de que al inaplicar el Decreto 691 de 1994 y por
lo tanto considerar inexistente su afiliación al RAIS, le sea reconocida una
pensión de jubilación conforme a los postulados del Decreto Ley 546 de
1971 por la prestación de sus servicios a la rama judicial. (Folios 88 a 90).
Oficio BZ2014_3199911-1035154 del 25 de abril de 2014, con el que
Colpensiones negó la aludida petición de reconocimiento pensional al
indicar que el señor García Restrepo no se encontraba afiliado a esta
entidad, sino a la AFP Porvenir S.A., administradora del RAIS. (Folio 93).
Adicionalmente, se destaca que en primera instancia se practicó un
interrogatorio a la parte demandante a solicitud de la AFP Porvenir S.A., del
cual se procede a efectuar la siguiente síntesis:
Interrogatorio del señor Francisco Javier García Restrepo (parte
demandante). (Minuto 10:05 a 18:40 del archivo de video que se
encuentra en el CD visible a folio 312 del plenario).
«[…] Preguntado: sírvase decirle a esta magistratura si la firma que aparece en
el documento número 970072061 visible a folios 210 del plenario es la que usted
acostumbra utilizar en sus actos públicos y privados Contestó: efectivamente
señor magistrado, esta firma es del suscrito y es la que utilizo en los actos
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públicos y privados de mi vida cotidiana Preguntado: ¿recuerda usted el nombre
de la asesora que le dio la inducción para efectos para efectos de formalizar la
vinculación a Horizonte hoy Porvenir? Contestó: en este momento no lo
recuerdo porque ya han transcurrido doctor casi 18 años. Preguntado: en el
formulario que aparece a folio 210 aparece como nombre de la entrevistadora
Rosa Elena García, de la asesora que le brindó la inducción. Sírvase informarle
a la magistratura si usted tiene algún vínculo familiar con dicha asesora.
Contestó: ningún vínculo señor magistrado con la persona que está aquí como
asesora. Preguntado: sírvase informar si en desarrollo de su vinculación a la
Administradora de Fondos Horizonte hoy Porvenir, usted realizó aportes
voluntarios a su cuenta de ahorro individual Contestó: Recuerdo que una vez
salí del tribunal, que la fecha fue el 22 de febrero de 2003, a eso, al mes larguito
fui a la administradora de pensiones, hoy Porvenir, aquí por Monterey y llevaba
la plata de las cesantías y entonces allá me dijeron que allá las podía colocar en
una cuenta normal, digamos la de pensiones voluntarias. Yo llegué y coloqué mi
platica ahí, pero esa plata era para subsistir, no era para dejarla ahí per saecula
saeculorum. Esa plata me la gasté rápidamente, es decir, no tenía el
conocimiento real que esa plata de pensiones voluntarias sería para ir aportando
uno mes a mes de forma voluntaria lo que uno gustara o lo que uno quisiera. Por
eso la coloqué, pero rápidamente salí de ella y nunca más aporté un peso más
a esa cuenta de pensiones voluntarias. Preguntado: el despacho le pregunta si
tiene algo más que agregar, corregir o enmendar a la presente diligencia.
Contestó: cuando se hizo la proyección de mi pensión en el 2012, yo ya no tenía
ningún conocimiento, incluso, cuando la afiliación en el 97 en el tribunal, llegaron
allá, nos sentaron en la sala plena, nos hicieron pues lógicamente el lleno del
formulario. No teníamos ninguna información adicional por parte de la
administradora BBA (sic), hoy Porvenir. De todos modos, cuando llegaron allá al
tribunal y nos dijeron que para proceder a llenar el formulario, simplemente la
información no fue completa, la información fue sesgada, nos hablaron de los
pro, más no de los contra que llevaba cada régimen. Le resumo en pocas
palabras doctor, si yo hubiera sabido en lo que estaba haciendo en ese
momento, aunque mi especialidad no es derecho laboral, en ese momento yo no
hubiera cambiado de régimen, le digo más, estaría jubilado. En el régimen de
ahorro individual con solidaridad solamente nos dijeron que se podía uno jubilar
con edad, es decir, no se necesitaba sino el monto y ninguna edad, pero de todos
modos al uno quedar amarrado con el bono pensional, ese bono pensional lo
limitaba hasta el 2016, o sea, hasta los 62 años que uno cumpliera. Por lo tanto,
esa prerrogativa no fue la que nos halagó en principio al momento de la afiliación,
o sea que, me da pena decirlo, pero la proyección del bono pensional que se
castiga, cuando muchos se castigó en el 2012, esa pensión que yo iría a recibir
en estos momentos sería una cosa de mínima cuantía. Entonces, por eso faltó
como le digo la información suficiente, real y concreta al momento de la afiliación
para uno haber optado o no por el nuevo régimen, que desafortunadamente
estuve incurso en él. […]».
De otro lado, destaca la Sala que la parte apelante ha presentado sendos
memoriales el 11 de enero del presente año (ver índices 46 y 47 del registro
en SAMAI), con los que informa la gravedad de su situación económica y
de salud a la fecha, derivada tanto de su edad (67 años), como de la falta
de reconocimiento pensional en un momento en el que se encuentra
retirado del servicio activo al haber renunciado a la Procuraduría General
de la Nación desde el 7 de septiembre de 2018, ello precisamente por sus
múltiples enfermedades como bipolaridad, hipertensión arterial y diabetes
mellitus grado 2, patologías respecto de las cuales aporta extractos de su
historia clínica para corroborar lo propio.
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Acorde con lo evidenciado previamente, es dable concluir que, el señor
Francisco Javier García Restrepo realizó aportes a pensión al extinto ISS, (hoy
Colpensiones), equivalentes a 159,86 semanas derivadas de una relación
laboral particular que tuvo lugar entre el 25 de marzo de 1976 y el 17 de abril
de 1979.
Asimismo, se observa que aquel efectuó cotizaciones a la otrora Caja Nacional
de Previsión Social (actualmente UGPP), ello en razón de sus vinculaciones
oficiales con la Procuraduría General de la Nación como auxiliar judicial grado
11, desde el 1.° de febrero de 1985 al 31 de julio de 1990, así como con la
Rama Judicial cuando fungió como secretario del Tribunal Administrativo de
Antioquia, esto a partir del 1.° de mayo de 1990 y hasta el 30 de junio de 1997.
Seguidamente, resulta claro que de manera voluntaria, el demandante se
trasladó de régimen pensional al haber solicitado la afiliación a la AFP BBVA
Horizonte S.A. (fusionada por absorción con la AFP Porvenir S.A.), esto desde
el 22 de julio de 1997, tal como se aprecia del formulario respectivo de dicha
administradora visible a folio 67 del expediente. Igualmente se advierte que
aquel tramitó la expedición de un bono pensional tipo A para consolidar el
traslado de los recursos acopiados en entidades de previsión como el ISS y
Cajanal al nuevo fondo privado (folios 61 a 63).
Por esta razón, efectivamente los aportes a pensión derivados de sus
relaciones legales y reglamentarias sostenidas con la Rama Judicial entre el
1.° de julio de 1997 y el 23 de febrero de 2003, al igual que con la Procuraduría
General de la Nación en calidad de procurador judicial I desde el 7 de abril de
2011 y al menos hasta el mes de mayo de 201525, se han efectuado
exclusivamente a la AFP Porvenir S.A., sociedad privada administradora del
régimen de ahorro individual con solidaridad.
Del mismo modo, a partir del material probatorio practicado en la actuación,
resulta evidente que el libelista intentó trasladarse nuevamente de régimen al
haber tramitado su afiliación a Colpensiones como administradora del RPMPD
el 25 de abril de 2014, ello luego haber evidenciado que la proyección del valor
de la pensión a reconocer por parte de la AFP Porvenir S.A. en razón de las
condiciones propias del RAIS, sería desfavorable a sus intereses y a su real
situación laboral y salarial en atención a su cargo y remuneración como
procurador judicial I.
No obstante lo anterior, lo cierto es que Colpensiones negó este traslado
mediante el Oficio BZ2014_3199519-1034898 del 25 de abril de 2014 (Folio
92), al advertir que el demandante se encontraba a menos de 10 años para
consolidar su estatus jurídico como pensionado, lo cual impedía acceder a lo
deprecado en razón del artículo 13, literal e) de la Ley 100 de 1993. Aun así,
lo cierto es que no se efectuó un análisis sobre la validez de su paso inicial al
RAIS en 1997, bajo el entendido de que, en su sentir, no se realizó una
asesoría adecuada, íntegra y completa en ese momento para haber adoptado
la decisión que se ajustara más a sus intereses pensionales.
Pues bien, sobre este eje temático y conforme quedó ilustrado en la relación
probatoria que antecede, incluido el interrogatorio realizado al señor García
25 Que corresponde a la última fecha de cotización a la AFP Porvenir S.A. según el reporte de historia
laboral obrante de folios 223 a 235 del plenario.
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Restrepo, efectivamente se evidencia que en el plenario obra el formulario de
afiliación al RAIS suscrito por aquel el 22 de julio de 1997, a través del cual
Porvenir S.A. procuró demostrar la afiliación libre y voluntaria, acompañada de
la presunta asesoría brindada al libelista al momento de incorporarse a la
referida administradora de pensiones.
Empero, lo cierto es que en el sub lite no obra constancia u otro medio
documental, así como tampoco se allegó prueba adicional al simple formulario
aludido, con la cual la AFP demandada hubiese demostrado fehacientemente
que le suministró al apelante en el año 1997 la información clara y precisa
sobre las características, condiciones consecuencias y riesgos del cambio de
régimen. Se recuerda que esa carga le correspondía a dicha administradora
por tratarse de una negación indefinida de la parte activa y estar en las mejores
condiciones para desvirtuar tal aseveración de omisión en el cumplimiento del
deber informativo.
Al respecto, es claro que la AFP Porvenir S.A. debió comprobar todo lo que
atañe a la indicación material y objetiva al libelista de las condiciones en las
que consolidaría el monto de la prestación bajo uno u otro marco regulatorio
del SGSSP, esto es, haberle informado las exigencias mínimas con las que
habría adquirido su pensión, en qué cuantía aproximada, y cuáles podrían ser
las desventajas de una u otra opción, como sería por ejemplo, la posible
pérdida del régimen de transición en virtud del cual se hubiese permitido
estructurar su derecho en vigencia de un régimen anterior al de la Ley 100 de
1993, como sería el especial previsto en ese momento para los funcionarios
de la Rama Judicial conforme al Decreto 546 de 1971.
De hecho, en el interrogatorio de parte solicitado por la misma AFP
demandada, la formulación de preguntas al señor García Restrepo en ningún
momento buscaron su confesión sobre el supuesto hecho de la adecuada
asesoría brindada a aquel antes de que hubiese solicitado su traslado al RAIS.
En su lugar, a partir de la práctica de dicha prueba lo que se extrae es que el
demandante a pesar de ser abogado, no es especialista en seguridad social
ni en derecho laboral y por lo tanto reconoce que su conocimiento sobre el
Sistema de Seguridad Social no era el suficiente para haber adoptado de
manera independiente la decisión de cambio de fondo pensional.
En su intervención, el libelista adujo que si bien fue atendido por una empleada
de la otrora AFP BBVA Horizonte S.A., la asesoría brindada nunca se enfocó
en cuáles serían las consecuencias negativas que posiblemente le habría
generado el traslado de régimen en razón de las condiciones salariales y
laborales que detentaba en su momento.
Sostuvo que la única información otorgada al firmar el formulario de afiliación
de la mentada sociedad comercial, fue centrada en las ventajas que tendría
en el RAIS para adquirir la prerrogativa por jubilación en cualquier edad, sin
que se hubiese precisado cómo en razón del capital acumulado, incluso con
el bono pensional expedido, su prestación equivaldría a un monto equiparable
al salario mínimo, a pesar de que por su actividad laboral en la Rama Judicial
y en la Procuraduría General de la Nación durante los últimos 10 años de
prestación de servicios, el salario promedio para el cálculo pensional sería
más alto.
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Estas afirmaciones del recurrente no fueron desvirtuadas por la parte pasiva
de la controversia por medio de ningún medio de convicción, incluso tampoco
a través el interrogatorio practicado al libelista, pues el único sustento de la
supuesta asesoría completa y adecuada, radica en el hecho de que aquel
firmó el aparte del formulario de afiliación en el que se manifiesta que su
decisión fue libre y voluntaria (ver folio 67), lo cual evidentemente no se
discute en esta oportunidad.
Se destaca en este punto que las únicas pruebas solicitadas y aportadas por
la AFP Porvenir S.A., fueron el formato de afiliación, los comprobantes de
trámite del bono pensional, los extractos de movimientos de la cuenta
individual del señor García Restrepo y la declaración de aquel; elementos de
convicción que definitivamente no lograron demostrar ningún aspecto relativo
a una asesoría brindada para consolidar el traslado, sino que por el contrario,
demostraron la ausencia de un correcto manejo de la información completa,
integral y adecuada del sistema pensional.
Lo expuesto hasta este punto permite evidenciar la carencia de elementos
probatorios que requieren los casos de esta naturaleza a fin de comprobar la
validez del traslado de regímenes de quienes hubieren optado por el RAIS al
momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pues se reitera,
aquellos sujetos se encontraban en una situación susceptible en la que
además de las posibles condiciones desfavorables que podría conllevar la
decisión para algunos trabajadores, también podrían perder los beneficios de
la transición prevista en el artículo 36 ejusdem, a fin de obtener su pensión de
jubilación bajo prerrogativas excepcionales y más favorables a sus intereses.
Por dicha razón, la parte demandada, especialmente AFP Porvenir S.A., no
podía restar trascendencia a esta carga de prueba si lo que pretendía era
demostrar la suficiente y buena asesoría brindada al afiliado, quien aún bajo
estas circunstancias negativas que acarreaban su traslado, hubiese podido
optar por realizarlo, y de esta manera brindar el convencimiento al juez de que
aquel no tenía derecho a que su prestación pensional fuera otorgada bajo
postulados diferentes a los del RAIS.
En tal sentido, vale precisar que, las llamadas «expectativas legítimas» se
refieren a aquellas situaciones en las que la persona en el instante del cambio
normativo no ha adquirido el derecho de manera definitiva, empero, está cerca
de cumplir todos los requisitos para lograrlo.26
En tales eventos, lo que generalmente se concibe por parte del legislador es
fijar un régimen de transición que, por un lado, permita el cambio regulación y,
por el otro, se proteja la expectativa válida que tiene la persona de adquirir
pronto su derecho, se trata entonces de señalar «[…] la necesaria previsión de
los efectos de ese tránsito respecto de situaciones jurídicas concretas que, aunque
no estén consolidadas ni hayan generado derechos adquiridos, sí han determinado
cierta expectativa válida, respecto de la permanencia de la regulación».27
26 En la sentencia C-789 de 2002 la Corte Constitucional preceptuó lo siguiente: «La creación de un
régimen de transición constituye entonces un mecanismo de protección para que los cambios producidos
por un tránsito legislativo no afecten desmesuradamente a quienes, si bien no han adquirido el derecho
a la pensión, por no haber cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir
ese derecho, por estar próximos a cumplir los requisitos para pensionarse, en el momento del
tránsito legislativo» (Resalta la Sala).
27 Sentencia C-314 de 2004.
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Bajo el anterior preludio, resulta insostenible el argumento de que el
demandante firmó de manera libre y voluntaria el formulario de afiliación para
trasladarse al RAIS, y que, como consecuencia de ello no podría retornar al
RPMPD bajo la égida de sus beneficios y condiciones, pues conforme se ha
explicado en precedencia, la libertad supone el conocimiento pleno de los
alcances positivos y negativos que una decisión traiga consigo en su adopción,
cuya carga demostrativa, se insiste, le correspondía a la AFP a fin de
evidenciar que dicha información fue expuesta al interesado.
Esto precisamente obedece a la inversión de la carga de la prueba en favor
del afiliado, pues mal se haría al plantear en estos casos que la mera
suscripción del acto jurídico de afiliación era suficiente para materializar el
traslado, toda vez que, cualquier determinación personal de la índole que aquí
se discute, es eficaz cuando existe un consentimiento informado, y sobre todo
en materia de seguridad social que no se puede ignorar la trascendencia de
los derechos pensionales.
Pues tales condiciones fácticas cobran relevancia justamente cuando se
pretende esclarecer, en caso de controversia, si el cambio de régimen
pensional cumplió los mínimos de transparencia, así como si al momento del
afiliado tomar la decisión de trasladarse, contaba con los elementos de juicio
suficientes para ello, y de contera, sirven de soporte para considerar si el
régimen de transición aún le resultaba aplicable o no.
Con base en este planteamiento, lo que define que en un asunto se resuelva
la declaratoria de nulidad o no del traslado, depende del ejercicio probatorio
que hayan hecho las partes, especialmente la administradora del fondo
privado de pensiones dentro del proceso a fin de determinar si la persona
estaba o no debidamente informada. Por ende, es dable concluir que, aun
cuando no haya certeza de si el afiliado recibió al momento de su traslado toda
la información requerida, existen otros mecanismos que permiten colegir que
la persona tenía vocación de permanecer en el régimen y que contaba con los
elementos útiles y consejos profesionales para adoptar su elección.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado el concepto de
«actos de relacionamiento» para definirlos como aquellas acciones concretas
de los afiliados, las cuales permiten concluir que el usuario desea continuar en
dicho régimen. Para lo pertinente, se cita:
«[…] Como puede advertirse, en estas hipótesis se le ha dado un lugar
preeminente a la realización de cotizaciones (afiliación tácita) o al cese de ellas
(desafiliación tácita) como un claro reflejo de la intención del trabajador, más allá
de la existencia del acto formal del diligenciamiento y entrega del formulario de
vinculación o reporte de retiro.
Por esta misma razón, en casos como el presente, donde se discute la
materialización del acto jurídico de la afiliación o traslado, es relevante tener en
cuenta los aportes al sistema, no como un requisito ad substantiam actus de la
afiliación, como lo sostuvo el Tribunal, sino como una señal nítida de la voluntad
del trabajador cuando existen dudas razonables sobre su genuino deseo de
cambiarse de régimen.
Desde luego que, para la tesis que ahora sostiene la Sala, la presencia o no de
cotizaciones consistente con el formato de vinculación no es la única
expresión de esa voluntad, pueden existir otras, tales como las solicitudes
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de información de saldos, actualización de datos, asignación y cambio de
claves, por mencionar algunos actos de relacionamiento con la entidad que
pueden denotar el compromiso serio de pertenecer a ella. Lo importante es
que exista correspondencia entre voluntad y acción, es decir, que la realidad
sea un reflejo de lo que aparece firmado, de modo tal que no quede duda del
deseo del trabajador de pertenecer a un régimen pensional determinado.
[…]»28. (Negrillas por fuera del texto).
De esta manera, tales actuaciones descritas conjeturan cierto conocimiento de
la persona respecto al funcionamiento del régimen, sus beneficios y
desventajas y su modo de operar, lo cual permite suponer que tiene la
intención de continuar en él, aún con la posibilidad eventual de retornar al
RPMPD administrado por Colpensiones.
Lo propio en el caso bajo estudio tampoco se demostró, pues la Sala no
evidencia en el plenario algún medio de convicción tendiente a demostrar
dicha correspondencia informativa distinto al formulario de afiliación suscrito
entre el libelista y la AFP Porvenir S.A., el cual, según se ha indicado en líneas
atrás, no constituye una prueba inexorable a fin de determinar la debida
asesoría y buen consejo de la entidad con respecto al señor García Restrepo.
De hecho, a pesar de que la solicitud de traslado a Colpensiones la presentó
el libelista el 25 de abril de 2014, es decir, con más de 17 años posteriores a
la solicitud de afiliación a una de las administradoras del RAIS, tal situación no
puede ser indicativa per se de aceptación y confirmación de la voluntad de
permanencia en dicho régimen, toda vez que como se observa de la solicitud
de proyección del valor de la pensión formulada por aquel el 8 de noviembre
de 2012, así como de la respuesta otorgada en ese sentido el 26 de noviembre
del mismo año, el afiliado solo entendió las consecuencias negativas de su
decisión hasta este momento cuando advirtió que la prestación no
correspondía a lo que asumió que sería adecuado en razón de su situación
laboral. Esto aunado al cúmulo de tiempo de servicios, la edad cumplida para
esa época y las enfermedades de las que adolece, fueron factores
trascendentales para tramitar su pensión en las mejores condiciones como
más adelante se detallará.
Bajo aquel entendido, claramente se corrobora la falta de información
completa, integral y veraz sobre todas las condiciones tanto positivas como
negativas que acarrearía la afiliación del demandante al RAIS en 1997, pues
en el interrogatorio de parte confirmó que de haber sabido este tipo de
consecuencias económicas, jamás se habría cambiado de administradora de
pensiones, lo cual denota la falta de consolidación de un consentimiento
debidamente informado en lo que respecta a su manifestación de afiliarse a la
AFP Porvenir S.A., aun con el paso del tiempo señalado previamente.
Por estas razones, resulta válido concluir que la administradora del fondo de
pensiones a la cual se trasladó el libelista inicialmente:
i) incumplió con su deber de información en cuanto a explicar las ventajas y
desventajas de ambos regímenes y en especial el de ahorro individual con
solidaridad.
28 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 21 de febrero de 2018, radicación:
52704.
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ii) en conexión con lo anterior, desconoció el deber del buen consejo, porque
no se observó que ilustrara sobre cuál era el beneficio o ventaja que le
reportaba para el demandante el traslado de régimen.
iii) por el contrario, se avizoró la intención de retracto del afiliado al haber
pretendido retornar al régimen de prima media con prestación definida y cotizar
de nuevo a Colpensiones, lo cual comporta su voluntad de no haber tomado
la decisión correcta sobre su afiliación al fondo privado.
ii) no permitió el ejercicio del principio de libertad de escogencia informada del
que gozaba el señor García Restrepo, a pesar de la grave consecuencia que
era evidente en punto al monto de la pensión en comparación con su situación
salarial y lo que le generaría eventualmente la posible pérdida del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993.
iii) al invertirse la carga de la prueba, la AFP demandada se limitó a allegar un
formulario suscrito por el libelista bajo la premisa errada de que es prueba
suficiente de un consentimiento libre e informado del usuario.
iv) puso en riesgo el derecho pensional del demandante bajo la sola
suscripción de un formulario, desprovisto de las demás pruebas que debió
acompañar en su momento y en el proceso judicial, sobre los elementos de
juicio y aritméticos que debió tener en cuenta el afiliado para trasladarse.
La suma de los argumentos expuestos, generan la desprotección del derecho
a la seguridad social de raigambre superior cuya garantía está colmada desde
instrumentos internacionales, a nivel constitucional y en el ordenamiento legal
interno, esto por parte de la Administradora Privada de Pensiones Porvenir
S.A. al dar paso al traslado de régimen carente de prueba de su validez.
Por consiguiente, resulta procedente declarar la ineficacia o invalidez del
traslado del demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad,
determinación que implica la ficción jurídica de que aquel siempre estuvo
afiliado al régimen de prima media con prestación definida y, en consecuencia,
no perdió los beneficios y condiciones propias de este.
Este tipo de decisiones y estudios jurídicos sobre la falta de información
adecuada a los afiliados que han realizado traslados entre regímenes
pensionales, ya ha sido objeto de pronunciamiento por parte de esta misma
Subsección29 en sentencias del 26 de noviembre de 2020 y del 22 de julio de
2021, en las cuales se reitera la importancia de que las administradoras
involucradas cumplan con esta carga de capital importancia para materializar
la esencia del derecho a la seguridad social del que gozan sus afiliados, a
riesgo de que las afiliaciones respectivas sean ineficaces y produzcan efectos
como los aludidos previamente.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencias del 26 de noviembre de 2020, Consejero Ponente Rafael Francisco Suárez Vargas, radicado
88001233300020160000401 (2913-17), y del 22 de julio de 2021, Consejero Ponente William Hernández
Gómez, radicado 68001-23-33-000-2013-00253-01 (2764-2017). Al respecto, se destaca que la Sala ha
precisado lo siguiente: «[…] De esta manera, desde su creación, las sociedades administradoras de fondos de
pensiones tienen la obligación de garantizar una afiliación libre y voluntaria, mediante la entrega de información
suficiente y trasparente que permita al afiliado elegir, entre las distintas opciones posibles en el mercado, aquella que
mejor se ajuste a sus intereses. No se trata, entonces, de un simple ofrecimiento por parte de los promotores de la
AFP de servicios prestacionales, sino de una asesoría seria y jurídica. […]».
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Radicado: 05001-23-33-000-2014-01676-01 (0586-2018)
Demandante: Francisco Javier García Restrepo
En conclusión: no resulta válido el traslado al régimen de ahorro individual
con solidaridad solicitado por el señor Francisco Javier García Restrepo el 22
de julio de 1997 a través del trámite de afiliación a la AFP Porvenir S.A., ello
por cuanto no se demostró por parte de esta administradora que le hubiese
suministrado al libelista toda la información suficiente, completa e integral a
través de una asesoría directa que comprendiera el análisis y explicación de
las condiciones, ventajas, desventajas, proyecciones y circunstancias en las
que consolidaría su derecho prestacional al amparo de las previsiones del
RAIS, en comparación con las propias del régimen de prima media con
prestación definida.
Por esta razón, se hace evidente que hubo una indebida estructuración del
consentimiento informado del demandante cuando decidió trasladarse a un
fondo privado de pensiones, pues lo demostrado en la actuación fue que este
desconocía las consecuencias desfavorables que conllevaba su decisión
debido a la ausencia de información oportuna y adecuada sobre las
implicaciones de sus condiciones salariales y laborales en uno u otro régimen
para adquirir un derecho pensional más beneficioso.
Segundo problema jurídico
¿El demandante en su calidad de ex funcionario de la Rama Judicial y del
Ministerio Público es beneficiario del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y en consecuencia, su derecho al
reconocimiento de una pensión de jubilación debe someterse a las previsiones
del Decreto 546 de 1971 o a las de la primera norma en mención?
En el entendido de que se resolvió negativamente el primer cuestionamiento
jurídico, se hace necesario absolver este segundo problema respecto del cual
la Subsección tendrá la siguiente tesis: al margen de que se encuentra
determinada la ineficacia del traslado del libelista al RAIS y por lo tanto no se
requiere verificar que haya cumplido 15 años de servicio al 1.° de abril de 1994
para evitar la pérdida de la aplicación del régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que para que proceda el reconocimiento de
su pensión conforme al Decreto 546 de 1971 como lo pretende en su
demanda, aquel sí debió acreditar alguno de los requisitos previstos en la
primera norma en comento a fin de obtener este beneficio, lo cual no logró en
la presente oportunidad, de manera que la pensión a la que tiene derecho se
debe estructurar conforme a las previsiones del régimen de prima media con
prestación definida, tal como se precisa a continuación:
Del régimen de transición y la aplicación de marcos jurídicos
anteriores como el Decreto 546 de 1971
En primer lugar debe tenerse en cuenta que como la conclusión del primer
problema jurídico implica asumir la ficción legal de que nunca se configuró
válidamente el traslado del demandante al RAIS en 1997, tampoco sería válido
examinar si aquel perdió o no la posibilidad de aplicación del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 bajo las exigencias normativas y
jurisprudenciales consagradas para eventos de cambio de regímenes
pensionales, según las cuales en orden de conservar ese beneficio debía
acreditarse necesariamente la acumulación de 15 años de servicio al 1.° de
abril de 1994, al margen de la edad cumplida.
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Demandante: Francisco Javier García Restrepo
Lo anterior se afirma por cuanto se reitera que la consecuencia lógica de
acceder a la nulidad de la afiliación del libelista a la AFP Porvenir S.A., conlleva
el supuesto de que su situación jurídica siempre estuvo sometida a una
vinculación en el régimen de prima media con prestación definida administrado
por Colpensiones, regulado precisamente por la Ley 100 de 1993 y con
inclusión del régimen de transición contenido en su artículo 36 que reza lo
siguiente:
«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. […]
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número
de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que
al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más
años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son
hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida
en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones
y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se
regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley. […]».
Al respecto, específicamente sobre la observancia del Decreto 546 de 1971
en casos en los que se advierte que el reclamante es beneficiario del régimen
de transición en comento, la Sección Segunda del Consejo de Estado expidió
la Sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021-2030, en la cual señaló:
«[…] 3.7. Conclusiones para sentar las reglas de unificación
El sistema de seguridad social integral en su componente pensional consagra un
régimen de transición, con el fin de mantener el equilibrio entre las modificaciones
a las que se vea sometido y el amparo de los derechos adquiridos y las
expectativas legítimas de quienes para la fecha en la cual inició la vigencia de la
Ley 100 de 1993, esto es, el 1.° de abril de 1994 en el ámbito nacional o el 30 de
junio de 1995 en el orden territorial, tenían cumplidos 35 o más años de edad en
el caso de las mujeres, 40 o más años de edad en el de los hombres, o 15 o más
años de servicios cotizados. Es la edad o el tiempo de servicios, no ambos.
Por tanto, si la mujer tenía cumplidos 35 años de edad, el hombre 40 años de
edad, o la mujer y el hombre habían laborado durante 15 años, para el 1.o de
abril de 1994 o para el 30 de junio de 1995, cuando entró a regir la Ley 100
de 1993 a nivel nacional o territorial respectivamente, adquieren el derecho
a obtener el reconocimiento de la pensión al amparo del régimen anterior
bajo el cual trabajaron o cotizaron, que para el caso de los que fueron
funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público
corresponde al consagrado en el artículo 6.o del Decreto 546 de 1971.
[…]
113. En esos términos, si bien es cierto que la situación pensional de la señora
Nubia González Cerón no se encuentra dentro de las excepciones previstas en el
artículo 279 de la Ley 100 de 1993, también lo es que no se rige por el Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones, en razón a que, al amparo del régimen
de transición determinado por el artículo 36 de la Ley 100 ibidem, tiene derecho a
disfrutar de una pensión de conformidad con el régimen al cual se encontraba
afiliada al 1º de abril de 1994, esto es, el régimen especial que para los servidores
públicos de la Rama Judicial y del Ministerio Público contempla el Decreto 546 de
1971. […]». (Negrita intencional).
30 Sentencia del 11 de junio de 2020.
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Demandante: Francisco Javier García Restrepo
En este sentido, aquellos trabajadores que a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993, hubieren acreditado el cumplimiento del requisito etario o de
tiempo de servicios, podría decirse que contaban con una expectativa legítima
de acceder a la pensión de jubilación conforme a los requisitos señalados en
la norma anterior (Decreto 546 de 1971), pues se insiste, estos fueron
modificados al entrar a regir el Régimen General de Seguridad Social.
Ahora, al verificar la situación particular del libelista se observa con claridad lo
siguiente:
i) El señor Francisco Javier García Restrepo nació el 26 de octubre de
1954 según la copia del registro civil de nacimiento obrante a folio 42
del plenario, por lo que al 1.° de abril de 1994, este tenía cumplidos 39
años, 5 meses y 6 días de edad.
Con claridad se advierte que a esta última data cuando entró en vigor
la Ley 100 de 1993, el demandante no acreditaba 40 años o más de
edad que exigía para los hombres el artículo 36 ibidem como una de las
condiciones para ser beneficiario del régimen de transición.
ii) Respecto de los tiempos de servicio acumulados del señor García
Restrepo al 1.° de abril de 1994, en el expediente se encuentran
probados los siguientes interregnos:
Empleador Lapso Días / Semanas Cotizaciones
Reinaldo Del 25 de marzo de 1.118 días/7 = 159,86 ISS (hoy
Luciano 1976 al 17 de abril de semanas Colpensiones)
Pom31 1979
Procuraduría desde el 1.° de 1.914 días/7 = 273,42 CAJANAL
General de febrero de 1985 al 30 semanas
la Nación32 de abril de 199033
Rama Entre el 1.° de mayo 1.431 días/7 = 204,42 CAJANAL
Judicial34 de 1990 al 1.° de semanas
abril de 1994
Total al 1.° de abril de 1994 = 4.463 días / 637,7 semanas / 12 años, 2 meses y 22
días
Como se aprecia, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el
libelista contaba con 12 años, 2 meses y 22 días de servicio acumulado que
no satisfacen la exigencia normativa del artículo 36 de la norma ejusdem,
referente a demostrar al menos 15 años de cotización para poder consolidar
la situación como beneficiario del régimen de transición.
31 Archivo en PDF denominado «Historia Laboral» de Colpensiones, obrante en el CD contentivo del
expediente administrativo que reposa a folio 246 del plenario.
32 Certificado de información laboral expedido por la Procuraduría General de la Nación el 11 de
septiembre de 2013 (folio 46).
33 Si bien en la certificación anterior se indica que el libelista laboró al servicio de la Procuraduría General
de la Nación en este primer lapso hasta el 31 de julio de 1990, se tomará como fecha límite el 30 de abril
del mismo año, toda vez que conforme a las constancias laborales de la rama judicial, aquel comenzó
su relación y reglamentaria desde el 1.° de mayo de 1990, por lo que en razón del artículo 128
constitucional que prohíbe el ejercicio de más de un empleo público, sería inviable considerar que este
ejerció funciones como servidor del Estado entre el 1.° de mayo y el 31 de julio de 1990 en ambas
entidades. En todo caso, estos tiempos aportados a entidades de previsión referidos en el cuadro anterior
son los que se acompasan con los fijados en el bono pensional expedido a favor del señor García
Restrepo (folio 62).
34 Formato de certificado de información laboral expedido por la Rama Judicial Seccional Antioquia (folio
52).
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Demandante: Francisco Javier García Restrepo
En suma, a pesar de que el traslado del apelante al RAIS en 1997 es ineficaz
como se planteó anteriormente, lo cierto es que aun en el entendido de que su
derecho pensional ha estado sometido al RPMPD, no colmó al menos uno de
los requisitos mínimos para ser cobijado por las previsiones de la transición
normativa de la Ley 100 de 1993, y por lo tanto la prestación en litigio no puede
ser reconocida bajo los parámetros del marco jurídico anterior desarrollado
para los empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público, esto es, el
Decreto 546 de 1971.
Régimen pensional que gobierna el caso bajo estudio
Cómo se explicó anteriormente, el demandante no satisfizo alguna de las
exigencias mínimas contempladas por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
para ser beneficiario del régimen de transición, por lo que solo podría adquirir
su derecho pensional de acuerdo con los lineamientos propios de esta misma
norma y las demás que la complementan o adicionan en punto al régimen de
prima media con prestación definida.
Ahora bien, en atención al artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por
el artículo 9.° de la Ley 797 de 2003, el demandante para obtener el derecho
a la pensión de vejez debía acreditar 60 años de edad y haber cotizado 1.000
semanas en cualquier tiempo, condición etaria que aumentó a 62 años desde
el 1.° de enero de 2014, así como el número tiempo de servicio que debía
incrementarse en 50 semanas al 1.° de enero de 2005 y a 25 semanas cada
año hasta llegar a 1.300 semanas a partir del 1.° de enero de 2006. En efecto,
la normativa en comento, preceptuó:
«[…] artículo 33. Requisitos para obtener la pensión de vejez. <Artículo modificado
por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Para tener
el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes
condiciones:
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60)
años si es hombre.
A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete
(57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.
A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en
50 y a partir del 1o.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar
a 1.300 semanas en el año 2015.
PARÁGRAFO 1o. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el
presente artículo, se tendrá en cuenta:
a) El número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del
sistema general de pensiones;
b) El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados, incluyendo los
tiempos servidos en regímenes exceptuados;
c) El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que antes
de la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago
de la pensión, siempre y cuando la vinculación laboral se encontrara vigente o se
haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.
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Demandante: Francisco Javier García Restrepo
d) El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores
que por omisión no hubieren afiliado al trabajador.
e) El número de semanas cotizadas a cajas previsionales del sector privado que
antes de la Ley 100 de 1993 tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de la
pensión.
En los casos previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será procedente
siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el
cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a
satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un bono
o título pensional.
Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a cuatro
(4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la
correspondiente documentación que acredite su derecho. Los Fondos no podrán
aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota
parte.
PARÁGRAFO 2o. Para los efectos de las disposiciones contenidas en la presente
ley, se entiende por semana cotizada el periodo de siete (7) días calendario. La
facturación y el cobro de los aportes se harán sobre el número de días cotizados
en cada período. […]». (Subrayas fuera del texto original).
De ahí, los presupuestos para acceder a la pensión de vejez del régimen de
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 son:
i) 55 años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre, a partir
del 1.º de enero del 2014 serán 57 años para la mujer y 62 para el hombre.
ii) 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo, que a partir de 2005
aumentan así:
Año Semanas cotizadas Año Semanas cotizadas
2003 1000 2010 1175
2004 1000 2011 1200
2005 1050 2012 1225
2006 1075 2013 1250
2007 1100 2014 1275
2008 1125 2015 1300
2009 1150
De acuerdo con lo anterior se advierte que a la fecha de esta providencia el
señor Francisco Javier García Restrepo cuenta con 67 años de edad, es decir,
los 62 años los acreditó el 26 de octubre de 2016, toda vez que nació el 26 de
octubre de 1954. Por lo tanto, el demandante acreditó la exigencia etaria del
artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
Ahora bien, respecto de la densidad de semanas de cotización se advierte que
en el plenario están probados los siguientes tiempos como historia laboral y
de realización de aportes:
Empleador Lapso Días / Semanas Cotizaciones
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Demandante: Francisco Javier García Restrepo
Reinaldo Del 25 de marzo de 1.118 días/7 = 159,86 ISS (hoy
Luciano Pom35 1976 al 17 de abril de semanas Colpensiones)
1979
Procuraduría Del 1.° de febrero de 1.914 días/7 = 273,42 CAJANAL
General de la 1985 al 30 de abril de semanas
Nación36 199037
Rama Del 1.° de mayo de 2.617 días/7 = 373,85 CAJANAL
Judicial38 1990 al 30 de junio semanas
de 1997
Rama Judicial Del 1.° de julio de 2.063 días/7 = 294,71 AFP PORVENIR
1997 al 23 de febrero semanas S.A.
de 2003
Trabajador Del 1.° de marzo de 2.952 días/7 = 421,71 AFP PORVENIR
independiente 2003 al 31 de marzo semanas S.A.
y empleadores de 2011
privados39
Procuraduría Del 7 de abril de 1.515 días/7 = 216,42 AFP PORVENIR
General de la 2011 al 31 de mayo semanas S.A.
Nación de 201540
Total = 12.179 días / 1.739,97 semanas / 33 años, 4 meses y 2 días
Como se logra verificar del cuadro ut supra, el libelista en la actualidad supera
con creces la acumulación de más de 1.300 semanas de cotización al Sistema
General de Pensiones, las cuales en todo caso había alcanzado desde el 18
de diciembre de 200641. Es decir, el señor García Restrepo también cumple
con el requisito de tiempo de servicio cotizado conforme al artículo 33 de la
Ley 100 de 1993 para consolidar el derecho pensional reclamado.
Por ello, resulta evidente que incluso en el entendido de que el demandante
no era beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, lo cierto
es que en la actualidad, y específicamente desde el 26 de octubre de 2016
cuando cumplió la edad requerida, consolidó el derecho a adquirir una pensión
de vejez, liquidada de conformidad con artículos 21 y 34 ibidem, los cuales se
refieren precisamente a la forma de calcular la prestación de la siguiente
manera:
«[…] ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por
ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este
fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia,
35 Archivo en PDF denominado «Historia Laboral» de Colpensiones, obrante en el CD contentivo del
expediente administrativo que reposa a folio 246 del plenario.
36 Certificado de información laboral expedido por la Procuraduría General de la Nación el 11 de
septiembre de 2013 (folio 46).
37 Si bien en la certificación anterior se indica que el libelista laboró al servicio de la Procuraduría General
de la Nación en este primer lapso hasta el 31 de julio de 1990, se tomará como fecha límite el 30 de abril
del mismo año, toda vez que conforme a las constancias laborales de la rama judicial, aquel comenzó
su relación y reglamentaria desde el 1.° de mayo de 1990, por lo que en razón del artículo 128
constitucional que prohíbe el ejercicio de más de un empleo público, sería inviable considerar que este
ejerció funciones como servidor del Estado entre el 1.° de mayo y el 31 de julio de 1990 en ambas
entidades.
38 Formato de certificado de información laboral expedido por la Rama Judicial Seccional Antioquia (folio
52).
39 Según reporte de cotizaciones efectuadas por el demandante a la AFP Porvenir S.A. que obra de folios
223 a 235 del expediente.
40 Esta fecha final se extrae a partir del último aporte efectuado por el libelista en el AFP Porvenir S.A.
según el reporte de historia laboral visible de folios 320 a 360 del plenario.
41 Que resultan de sumar las semanas determinadas en las primeras 4 líneas del cuadro y las 198,28
adicionales que surgen con ocasión de los 1.388 días comprendidos entre el 1.° de marzo de 2003 y el
18 de diciembre de 2006.
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actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre
los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto
en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y
cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo.
[…]
ARTÍCULO 34. MONTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ. El monto mensual de la
pensión de vejez, correspondiente a las primeras 1.000 semanas de cotización,
será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas
adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 semanas, este porcentaje se
incrementará en un 2%, llegando a este tiempo de cotización al 73% del ingreso
base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.200 hasta las
1.400, este porcentaje se incrementará en 3% en lugar del 2%, hasta completar
un monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación.
El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de
liquidación, ni inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente.
A partir del 1o. de enero del año 2004 se aplicarán las siguientes reglas:
El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas
mínimas de cotización requeridas, será del equivalente al 65%, del ingreso
base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo
con la fórmula siguiente:
r = 65.50 - 0.50 s, donde:
r = porcentaje del ingreso de liquidación.
s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes.
A partir del 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje
que oscilará entre el 65 y el 55% del ingreso base de liquidación de los afiliados,
en forma decreciente en función de su nivel de ingresos calculado con base en
la fórmula señalada. El 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se
incrementará en 50 semanas. Adicionalmente, el 1o. de enero de 2006 se
incrementarán en 25 semanas cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el
año 2015.
A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas
requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de
liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de
dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de
cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo.
El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso
base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima. […]».
Ahora, en el entendido de que se declarará ineficaz el traslado del libelista al
RAIS ocurrido en 1997 por afiliación a la AFP Porvenir S.A., resulta evidente
que se debe tramitar su desafiliación a aquella y consecuente afiliación a
Colpensiones como administradora del RPMPD, a fin de que con la totalidad
de los recursos acopiados en el mentado fondo privado que deben ser
traspasados a la autoridad en comento, esta última entidad reconozca la
pensión de vejez a favor del señor Francisco Javier García Restrepo con
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efectividad desde el 26 de octubre de 2016, calculada con base en los
postulados que le son propios al régimen de prima media con prestación
definida consagrados en la Ley 100 de 1993.
Ahora bien, en la medida en que se ha corroborado la avanzada edad del
demandante, al igual que la precariedad de su situación económica y de salud
que le ha impedido el goce pleno de su actual condición etaria, en virtud del
principio pro homine y con plena observancia de la primacía de las garantías
fundamentales del demandante, bajo la égida de una especial protección
constitucional derivada de su condición de adulto mayor, será necesario
resaltar que las órdenes a impartir a título de restablecimiento del derecho,
deberán ser acatadas y cumplidas por las entidades condenadas a la mayor
brevedad posible para garantizar la efectividad material del derecho a la
seguridad social del libelista.
Por otra parte, en este punto se aclara que no es posible realizar estudio sobre
el eventual acaecimiento del fenómeno de prescripción trienal respecto de las
mesadas adeudadas, toda vez que es claro que la demanda en el sub examine
fue interpuesta el 16 de septiembre de 2014 (ver folio 1), es decir, con
anterioridad incluso a la fecha de consolidación del derecho pensional
debatido (26 de octubre de 2016), la cual corresponde a la data de exigibilidad
que debía tenerse en cuenta para iniciar el cómputo respectivo.
En conclusión: el demandante en su calidad de ex funcionario de la Rama
Judicial y del Ministerio Público, a pesar de no haber perdido la posibilidad de
acceder al régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 ante su traslado al RAIS en 1997, pues este se era ineficaz, de cualquier
modo tampoco era beneficiario de la referida prerrogativa, pues al 1.° de abril
de 1994 no colmaba ninguno de los requisitos de edad o de tiempo de servicio
cotizado previstos en dicha norma para tal efecto, de suerte que su derecho al
reconocimiento de una pensión de jubilación debe someterse a los postulados
de la ley en comento en materia de régimen de prima media con prestación
definida, esto es, la pensión de vejez prevista en el artículo 33 ibidem, y no a
los del Decreto 546 de 1971 cuya aplicación pretendía por considerar que
había adquirido tal beneficio.
Decisión de segunda instancia
Según lo expuesto, se impone revocar la sentencia proferida el 19 de octubre
de 2017 por el Tribunal Administrativo Antioquia que denegó las pretensiones
de la demanda, habida cuenta de que prosperan los argumentos del recurso
de apelación formulado por el libelista.
En su lugar, se accederá parcialmente a los pedimentos de la parte activa en
el sentido de declarar la nulidad solo de los Oficios BZ2014_3199519-1034898
y BZ2014_3199911-1035145 del 25 de abril de 2014, ambos proferidos por
Colpensiones, en virtud de los cuales se había negado al señor García
Restrepo la posibilidad de afiliarse a dicha entidad y a acceder a una pensión
de jubilación.
Por lo tanto, permanecerá incólume el Auto ADP 000674 del 22 de enero de
2014 emitido por la UGPP, con el que se negó la solicitud de reconocimiento
pensional al apelante, ello habida cuenta de que esta autoridad no es
responsable de dicha prestación al no ser la administradora del RPMPD al que
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se ordenará que este último sea afiliado para concretar su prerrogativa. Por
esta misma razón, habrá de declarase probada de oficio la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva de la aludida entidad.
Igualmente se condenará a la AFP Porvenir S.A. a desafiliar de este fondo al
señor Francisco Javier García Restrepo y efectuar el traspaso a Colpensiones
de la totalidad de los recursos del patrimonio pensional que aquel tenga
acumulados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia en su cuenta individual,
junto con sus réditos y demás conceptos que le sean inherentes como el bono
pensional que en su momento se había expedido a su favor.
Asimismo, se ordenará a la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones), afiliar al demandante al régimen de prima media con
prestación definida, y que una vez reciba materialmente los recursos que
habrá de remitir la AFP Porvenir S.A. en virtud del traslado declarado en esta
oportunidad, reconozca, liquide y pague con los respectivos reajustes de valor
y de manera retroactiva e indexada, una pensión de vejez a favor del señor
García Restrepo, efectiva desde el 26 de octubre de 2016 y calculada con base
en los postulados de los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993.
De la condena en costas
Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201642, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para
la imposición de condena en costas, bajo los siguientes fundamentos:
a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP43, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
42 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
43 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
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g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público44.
Por tanto, bajo este hilo argumentativo, en el presente caso se condenará en
costas de ambas instancias tanto a Colpensiones como a la AFP Porvenir S.A.,
ello a favor del demandante, en la medida que conforme el numeral 4.º del
artículo 365 del CGP se revocará totalmente la providencia apelada, lo que
implica que las entidades demandadas en comento resultaron vencidas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar la sentencia proferida el 19 de octubre de 2017 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia que denegó las pretensiones de la
demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovió el señor Francisco Javier García
Restrepo contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones),
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), y la Administradora de Fondo de
Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. AFP.
En su lugar,
Segundo: Declarar probada de oficio la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva respecto de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
Tercero: Declarar la nulidad los Oficios BZ2014_3199519-1034898 y
BZ2014_3199911-1035145 del 25 de abril de 2014, ambos proferidos por
Colpensiones, en virtud de los cuales se había negado al demandante la
posibilidad de afiliarse a dicha entidad y a acceder a una pensión de jubilación.
Cuarto: A título de restablecimiento del derecho, se ordena la AFP Porvenir
S.A. desafiliar de dicho fondo al señor Francisco Javier García Restrepo y
efectuar el traspaso a Colpensiones de la totalidad de los recursos del
patrimonio pensional que aquel tenga acumulados a la fecha de ejecutoria de
esta sentencia en su cuenta individual, esto junto con sus réditos y demás
conceptos que le sean inherentes como el bono pensional que en su momento
se había expedido a su favor.
Asimismo, se condena a la Administradora Colombiana de Pensiones
44 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»
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Demandante: Francisco Javier García Restrepo
(Colpensiones), a afiliar al libelista al régimen de prima media con prestación
definida, y que una vez reciba materialmente los recursos que habrá de remitir
la AFP Porvenir S.A. en virtud del traslado declarado en esta providencia,
reconozca, liquide y pague con los respectivos reajustes de valor, una pensión
de vejez a favor del señor García Restrepo, efectiva desde el 26 de octubre de
2016 y calculada con base en los postulados de los artículos 21 y 34 de la Ley
100 de 1993.
En razón de lo expuesto, Colpensiones deberá pagar de manera retroactiva
las mesadas adeudadas a favor del demandante desde el 26 de octubre de
2016 hasta la inclusión de aquel en la respectiva nómina de pensionados, esto
de manera actualizada de conformidad con el inciso 4.° del artículo 187 del
CPACA, es decir, con base en la siguiente fórmula:
R= Rh x índice final
Índice inicial
En relación con el término para el acatamiento y cumplimiento de estas
órdenes, se conmina a AFP Porvenir S.A. y a Colpensiones a realizar de
manera coordinada y concomitante todos los actos tendientes a materializar el
restablecimiento del derecho del libelista a la mayor brevedad posible una vez
se encuentre ejecutoriada esta providencia, ello en atención al principio pro
homine y a la especial protección constitucional de la que goza este último en
razón a su condición etaria y salud actual.
Quinto: Condenar en costas de ambas instancias tanto a Colpensiones como
a la AFP Porvenir S.A., ello a favor de la parte demandante, las cuales serán
liquidadas por el a quo.
Sexto: Las entidades condenadas darán cumplimiento a la sentencia con base
en los términos y previsiones de los artículos 189 y 192 del CPACA.
Séptimo: Reconocer personería adjetiva a los abogados Nidia Stella
Bermúdez Carrillo identificada con cédula de ciudadanía 1.014.248.494 y
portadora de la tarjeta profesional 278.610 del Consejo Superior de la
Judicatura, así como a María Fernanda Machado Gutiérrez identificada con
cédula de ciudadanía 1.019.050.064 y portadora de la tarjeta profesional
228.465 del Consejo Superior de la Judicatura, para cada una represente los
intereses, respetivamente, de la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones) y de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), ello en virtud de
los memoriales de poder que obran a folios 624 y 679 del expediente.
Octavo: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
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Radicado: 05001-23-33-000-2014-01676-01 (0586-2018)
Demandante: Francisco Javier García Restrepo
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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