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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-01711-03

Fecha
14 de mayo de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-01711-03

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el consejero de Estado doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez. SEGUNDO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 1.° de diciembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda 33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 11 de octubre de 2021 dictada dentro del proceso radicado 11001-03-26-000-2019-00011-00(63217). 34 Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: 1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla. 2. Al momento de liquidar, el secretario tomará en cuenta la totalidad de las condenas que se hayan impuesto en los autos que hayan resuelto los recursos, en los incidentes y trámites que los sustituyan, en las sentencias de ambas instancias y en el recurso extraordinario de casación, según sea el caso. 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas, siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas, el juez los regulará. 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2014-01711-03

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

14 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Lesividad)
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01711-03 (2351-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Jaime Ochoa Ángel
Temas: Pensión de jubilación de los empleados de universidades
oficiales. Pago de las prestaciones a cargo de los entes
universitarios en los casos previstos en el artículo 4° del
Decreto 2337 de 1996. Buena fe del pensionado.
Decisión: Confirma parcialmente la decisión que accede parcialmente a
las súplicas de la demanda. Revoca condena en costas de
primera instancia. Condena en costas de segunda instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Sala decide los recursos de apelación presentados por las partes en contra
de la sentencia del 1.° de diciembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión1, mediante la cual se accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda2

2.1.1. Las pretensiones

2. La Universidad de Antioquia, por intermedio de apoderado y en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo - CPACA -, solicitó la nulidad de la Resolución 17157 de 17 de
diciembre de 1999 que ordenó pagarle al señor Jaime Ochoa Ángel «[…] el valor
que resulta de la aplicación del Ingreso Base de Liquidación que consagra el
1 Con ponencia de la magistrada Vannesa Alejandra Pérez Rosales.
2 Expediente híbrido. En el índice 2 de esta instancia se puede consultar el expediente digitalizado. Archivo

«6ED_C01_01 DEMANDA - CD.pdf».

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Demandante: Universidad de Antioquia

inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no reconoce el Seguro
Social, […]».

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene al señor Jaime
Ochoa Ángel a restituir las sumas pagadas con base en la Resolución 17157 de
17 de diciembre de 1999, «[…] desde el 14 de marzo de 1999, hasta el 31 de
julio de 2014, que corresponden a la suma de […] ($214.975.865,14), más os
valores que se generen con posterioridad y hasta que l sentencia se encuentre
en firme»

4. Finalmente solicitó que se condene en costas a la accionada.

2.1.2. Hechos

5. Con base en las Leyes 6ª de 1945 y 4ª de 1966 y los Decretos 1743 de 1966
y 1848 de 1969, antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 la Universidad
de Antioquia reconocía las pensiones de sus empleados con base en todo lo
devengado, sin efectuar deducción alguna.

6. Al entrar en vigor el sistema general de pensiones la Universidad de Antioquia
afilió a todos sus empleados al Instituto de Seguros Sociales, y realizó los aportes
correspondientes ante esa entidad. En virtud del Decreto 2337 de 1996, la
Universidad perdió competencia para continuar asumiendo el pago de las
pensiones.

7. El señor Jaime Ochoa Ángel estuvo vinculado con la Universidad de Antioquia
desde el 9 de octubre de 1975 hasta el 18 de noviembre de 1999, y cumplidos
los requisitos para acceder a la pensión de vejez, tramitó el reconocimiento con
el Instituto de Seguros Sociales, entidad que le reconoció la prestación
económica de vejez, mediante Resolución 10555 de 23 de septiembre de 1999,
en cuantía mensual de $3´095.581 de, a partir del 14 de marzo de 1999, sin tener
en cuenta en su liquidación las primas de navidad, servicios y vacaciones.

8. A efectos de participar en la financiación de la pensión de vejez del señor Jaime
Ochoa Ángel a cargo del Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, la
Universidad de Antioquia, mediante la Resolución 16869 de 23 de agosto de
1999, emitió el bono pensional y consignó la suma de $311´464.000, al Instituto
de Seguros Sociales.

9. La Universidad de Antioquia expidió la Resolución Rectoral 12094 de 1999 en
la que se «subroga» la parte de la obligación no reconocida por el Seguro Social
con los servidores de la Universidad.

10. Atendiendo a lo anterior, la Universidad emitió la Resolución Administrativa
17157 de 17 de diciembre de 1999, en la que ordenó pagar temporalmente al
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señor Jaime Ochoa Ángel el valor que resulta de la aplicación del ingreso base
de liquidación que consagra el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no
reconocido por el Seguro Social hasta que este último lo reconozca bien motu
proprio o por orden judicial. Esto por valor de $610.492 desde el 14 de marzo de
1999.

11. La Universidad de Antioquia ha adelantado trámites ante el Seguro Social, y
posteriormente a Colpensiones, tendientes a que la administradora de pensiones
incluyera las primas de navidad, servicios y vacaciones para liquidar la pensión
de los docentes universitarios, con resultado desfavorable.

12. Mediante Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012, fue derogada
la Resolución 12094 de 1999, ordenando a la Vicerrectoría resolver las
situaciones de carácter individual y concreto, conforme a los principios, normas
jurídicas y jurisprudencia vigente en la materia.

13. La Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012 fue demandada por
la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, proceso que fue
conocido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, corporación judicial que en
sentencia del 17 de octubre de 2013 negó las pretensiones de la demanda,
argumentando que el ente universitario actuó con mera liberalidad al subrogarse
en un deber que no le correspondía, por lo que no estaba obligada a mantener
en el tiempo el acto administrativo derogado.

14. La Universidad de Antioquia interpuso diversas demandas contra los actos
administrativos que reconocieron el pago temporal que consagró la Resolución
Rectoral 12094 de 1999, las cuales han generado que el Consejo de Estado se
pronuncie en el sentido de reconocer que el ente educativo no era la autoridad
competente para pronunciarse acerca de la adjudicación del derecho pensional,
por cuanto era obligación del ISS como entidad previsional.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

15. En la demanda se señalaron como disposiciones vulneradas los artículos 48
de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, 10 de
la Ley 4ª de 1992, 1.° del Decreto 1158 de 1994, 18 inciso 3.°, 131 y 151 de la
Ley 100 de 1993, el artículo 5.° del Decreto 1068 de 1995 y 4.° del Decreto 2337
de 1996.

16. En el concepto de violación explicó, en síntesis, que, si bien al momento de
expedirse la Resolución Rectoral 12094 de 1999 y su reglamentaria 16628 de
1999, no se encontraba vigente el Acto Legislativo 01 de 2005, éstas adolecen
de inconstitucionalidad sobreviniente por transgredir el contenido del artículo 1.°
inciso 6.° de tal reforma constitucional que dispone que para la liquidación de las

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pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales se hubiesen
efectuado cotizaciones.

17. Debe tenerse en cuenta el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992, según el cual
todo régimen salarial y prestacional que se establezca en contravención de dicha
norma o los decretos que dicte el Gobierno Nacional carecerá de todo efecto y
no creará derechos adquiridos. Además, el Decreto 1158 de 1994 en su artículo
1.°, señala taxativamente los factores salariales que deben tenerse en cuenta
dentro del IBL, sin que se incluyan las primas de navidad, servicios y vacaciones.

18. Asimismo, en sentencia de 28 de agosto de 2018, el Consejo de Estado
rectificó la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el sentido de
indicar que el IBL no es un asunto sometido a transición, razón por la que sostiene
que el acto administrativo enjuiciado partió de una premisa equivocada cual era
el derecho a que los empleados de la Universidad adquirieran su derecho
pensional tomando como base todos los factores devengados en servicio.

19. Explicó que el régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 1993 no
incluye el ingreso base de liquidación, razón por la cual la liquidación de la
pensión del demandado, beneficiario del citado régimen de transición, debía
efectuarse conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993 –o, excepcionalmente
y de cumplirse con los supuestos allí establecidos, el inciso tercero del artículo
36 de la misma Ley 100 de 1993-, en virtud del cual tal liquidación se efectúa
teniendo como base el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales hubiese
cotizado el afiliado en los últimos diez (10) años anteriores al reconocimiento de
la pensión; teniéndose entonces que el acto cuya nulidad se demanda no se
ajusta a la interpretación que actualmente rige respecto las normas superiores en
que debían fundarse.

20. Finalmente insistió en que, en caso de considerarse que los beneficiarios del
régimen de transición sí tienen derecho a que su liquidación pensional incluya
todos los factores, la competencia para su reconocimiento recae en la
administradora de pensiones a que se haya afiliado el empleado.

2.2. Contestación de la demanda3

21. El señor Jaime Ochoa Ángel, se opuso a las pretensiones de la demanda,
a través de apoderado judicial.

22. Según lo indicó, la Universidad de Antioquia siempre tuvo la convicción que
las pensiones deberían liquidarse teniendo en cuenta todo lo devengado con
base en el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con base en la postura

3Expediente digitalizado. Índice 2 Segunda instancia, Carpeta Cuaderno principal. Archivo

«Principal\23ED_C02_13 CONSTESTACION DE LA DEMANDA .pdf».
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anterior del Consejo de Estado, por lo que profirió la Resolución 12094 del 4 de
mayo de 1999, soporte del acto demandado Resolución 17157 de 17 de
diciembre de 1999. Además, en sentencias como la C-258 de 2013, atinente a
la Ley 4ª de 1992 se refiere es al régimen de transición de altos funcionarios del
Estado, asimismo, la sentencia SU-210 de 2017 no es aplicable al caso concreto.

23. El acto legislativo 01 de 2005 es posterior a la fecha de vigencia de la
Resolución Administrativa atacada, por lo que no puede tener efectos retroactivos
sobre derechos adquiridos, en forma legal y posterior. Además, en este caso le
faltaban menos de diez años para adquirir el derecho a la pensión de vejez. Es
decir, debía esperar la edad de 55 años.

24. Para el abogado, en este caso no se pueden desconocer los derechos
adquiridos de una persona del régimen de transición, reconocidos en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y que se protegieron a través de la Resolución Rectoral
12094 del 4 de mayo de 1999 y en el acto administrativo atacado; por ello, en la
Resolución 12094 del 4 de mayo de 1999, se entregó la diferencia que no
reconoce el Instituto de Seguros Sociales, hasta que éste lo haga motu proprio o
por decisión judicial, situación que aún no ha sucedido, además debe recordarse
que la Procuraduría General de la Nación, mediante la Circular No. 54 de 2010,
conminó al Seguro Social a liquidar y pagar la pensión de vejez, con todos los
factores salariales, incluyendo las primas a las personas beneficiarias del
régimen de transición.

25. Finalmente precisó que el pensionado actuó de buena fe, pues nunca usó
procedimientos fraudulentos o de naturaleza similar para obtener el pago, sino
que la Universidad de Antioquia, en forma unilateral, libre y consciente adoptó la
decisión de subrogarse en una obligación que sigue vigente a cargo de
Colpensiones, que reemplazó al Seguro Social.

26. Propuso las excepciones de: «conformación del litisconsorcio», «derecho
adquirido», «legalidad del acto impugnado», «falta de causa para pedir», «falta
de tipificación de las causales de nulidad», «inexistencia de la causa invocada»,
«falta de interés», «buena fe del demandado», «mala fe del demandante»,
«violación al principio de progresividad en materia laboral», «violación al derecho
fundamental a la seguridad social», «falta de legitimidad» y «prescripción».

2.3. Medida cautelar

27. La entidad demandante solicitó como medida cautelar, la suspensión de la
Resolución 17157 de 17 de diciembre de 1999, a la que se accedió por parte del
Tribunal Administrativo de Antioquia a través de providencia de 13 de abril de
2015.

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28. Al resolver el recurso de apelación formulado por la parte demandada, esta
Subsección, a través de proveído de 23 de julio de 20204 resolvió confirmar la
decisión del Tribunal

2.4. Sentencia de primera instancia5

29. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, en sentencia
proferida el 1.° de diciembre de 2022 accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda, declaró la nulidad del acto demandado, negó la pretensión de
restablecimiento del derecho y condenó en costas al señor Jaime Ochoa Ángel.

30. Como fundamento de su decisión analizó el marco normativo que consideró
aplicable y con ello, al artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución
Política y la Ley 4ª de 1992, sobre la fijación del régimen salarial y prestacional
de los empleados públicos, de lo que concluyó que le compete al Gobierno
Nacional y los entes universitarios autónomos no pueden reconocer pensiones
de sus servidores con factores salariales o prestacionales no previstos por el
legislador.

31. Luego precisó que tras la entrada en vigencia de los regímenes establecidos
en la ley 100 de 1993, los entes universitarios autónomos perdieron competencia
para el reconocimiento de pensiones de sus servidores. Esto por cuanto bajo la
potestad reglamentaria, el gobierno nacional profirió el Decreto 691 de 1994, por
medio del cual incorporó al Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100
de 1993 a los funcionarios de la rama ejecutiva nacional, departamental,
municipal o distrital, a los de sus entidades descentralizadas, a los servidores
públicos del Congreso, de la Rama Judicial, del Ministerio Público, de la Fiscalía,
de la Contraloría y a los de la Organización Electoral. Asimismo, advirtió que para
los servidores del orden nacional la vigencia del sistema general de pensiones
comenzaría a regir el 1° de abril de 1994, y para los demás órdenes territoriales
a partir del treinta 30 de junio de 1995.

32. Por su parte, el Decreto 692 de 1994 al reglamentar los temas relacionados
con las afiliaciones, cotizaciones, administradoras de pensiones, entre otros del
Sistema General de Pensiones, diferenció en su artículo 9 las afiliaciones al
Sistema General de pensiones de carácter voluntario y las de carácter obligatorio,
incluyendo en este último, a los servidores públicos incorporados al Sistema
General de Pensiones. Y en su artículo 14 del citado decreto definió cuál sería la
entidad competente para el pago de las pensiones o demás prestaciones a que
hubiere lugar, al indicar que es la administradora de pensiones a la que estuviera
afiliado el pensionado la encargada de recibir las cotizaciones del período en el

4 Índice 12. Radicado 05001233300020140171101.
5 Índice 2 Expediente digitalizado correspondiente a la segunda instancia. Carpeta Onedrive Archivo
«061Sentencia.pdf».

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cual ocurriere el hecho que diere lugar al pago de la prestación correspondiente,
quien debe efectuar el reconocimiento respectivo.

33. Luego se refirió a los Decretos 1068 de 1995 y 2337 de 1996, de los que
coligió que a partir del 30 de junio de 1995, quedaban a cargo de los entes
universitarios oficiales, como obligaciones de reconocimiento pensional: (i) el
pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de sobrevivencia o
sustitución de los pensionados que estas entidades tenían a su cargo, y el
reconocimiento y pago de quienes tenían cumplidos los requisitos para tener
derecho a la pensión de vejez o jubilación, invalidez y sobrevivencia de acuerdo
con el régimen pensional vigente, antes del 23 de diciembre de 1993; (ii) el
reconocimiento y pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de
sobrevivencia o sustitución de quienes cumplieron los requisitos entre el 23 de
diciembre de 1993 y el 30 de junio de 1995 o la fecha de entrada en vigencia del
Sistema General de Pensiones en el orden territorial o en la respectiva institución,
según sea el caso, o entre esta última fecha y el 31 de diciembre de 1996; y, (iii)
el reconocimiento y pago de las pensiones de aquellos empleados públicos,
trabajadores oficiales y personal docente que han cumplido con el tiempo de
servicios al 31 de diciembre de 1996 y no han llegado a la edad señalada para
adquirir el derecho a la pensión, de acuerdo con el régimen que los venía
rigiendo, siempre y cuando no se encuentren afiliados a algunas de las
Administradoras del Sistema General de Pensiones.

34. A continuación analizó las pruebas recaudadas y coligió que la Universidad
de Antioquia no tenía competencia alguna para reconocer y realizar el pago de
la diferencia que consideraba que existía entre lo reconocido por el Instituto de
Seguros Sociales y lo previsto en el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, dado que, después de la entrada en vigencia del Sistema General de
Seguridad Social, los entes universitarios de carácter oficial perdieron la
competencia para el reconocimiento de pensiones de sus servidores y, a partir
de la vinculación de su personal al Sistema General de Pensiones, la entidad
administradora de pensiones debía recibir el monto de las cotizaciones y en su
momento, reconocer, liquidar y pagar la prestación correspondiente.

35. Por ende, la demandante no tenía competencia para reconocer pagos por
conceptos no previstos en normas superiores, ni para establecer factores a tener
en cuenta en el ingreso base de cotización, tales como la prima de servicios,
vacaciones y la navidad, menos para discutir la integración del ingreso base de
liquidación, por lo que había lugar a declarar la nulidad del acto demandado dado
que la entidad actuó fuera de sus competencias.

36. No ordenó la devolución de las sumas al considerar que la entidad debía
acreditar que la pensionada incurrió en conductas deshonestas, fraudulentas,
dolosas, es decir, que actuó de mala fe para obtener las sumas a que no tenía
derecho; sin embargo, en este caso tales pagos no tienen fundamento en una
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conducta fraudulenta o engañosa de la pensionada, sino que obedecieron a una
decisión libre y espontánea del ente universitario y la presunción de buena no fue
desvirtuada.

37. Finalmente impuso condena en costas a cargo de la demandada al considerar
que «[…] se trata de un proceso declarativo de carácter laboral, con pretensiones
de contenido pecuniario; que la contraparte ha concurrido a las diligencias y el
trámite del proceso ha tomado aproximadamente noventa y ocho meses (001 p.
43); que la cuantía de las pretensiones equivale a 18% del límite de la cuantía
por la cual se fijaba la competencia en primera instancia (art. 155-1 CPACA); se
estima entonces el valor de las agencias en derecho a su cargo, en el 3% de las
pretensiones, esto es, Un millón ciento noventa y siete mil ciento noventa y seis
pesos ($1.197.196 COP) conforme a los artículos 365 y 366 del CGP y el Acuerdo
No. PSAA16-10554 de 5/8/2016.»

2.5. Recurso de apelación.

2.5.1. El apoderado del demandado Jaime Ochoa Ángel6 solicitó revocar en
su totalidad la condena y con ello las pretensiones concedidas.

38. Para ello, que tanto en la Resolución Rectoral 12094 de 1999, por la cual la
Universidad de Antioquia asumió en forma temporal el pago de una obligación
pensional del Instituto de Seguros Sociales como en la Resolución 17157 de 17
de diciembre de 1999, la universidad no alegó que tiene competencia para pagar
las pensiones a las personas, después del 1.º de enero de 1997, ni tampoco creó
un sistema pensional en la Institución, sino, lo que sucedió es que ante una
situación coyuntural por la negativa del ISS de liquidar correctamente las
pensiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, asumió en forma
temporal la cuota parte faltante que tiene que ver con la inclusión de las primas
en la liquidación de la pensión de vejez.

39. Para el abogado, la Universidad de Antioquia estaba cumpliendo la ley que
le autorizaba pagar por un tercero, para garantizar el respeto de los derechos de
quienes fueron sus empleados, esto porque el tercero se había negado a recibir
las cotizaciones por las primas.

40. Según lo indicó, el ISS le desconoció al pensionado sus derechos para
liquidarle correctamente su pensión de vejez, y por eso, la Universidad de
Antioquia asumió el pago de la cuota restante, en forma temporal y por la figura
de la subrogación, que se lo permite, jurídicamente. Además, la sentencia de
unificación jurisprudencial del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018,
ratificó la jurisprudencia sobre el régimen de transición, beneficia al demandado,
a quien le faltaban menos de diez años para adquirir su derecho pensional el 1.°
de julio de 1995, cuando empezó la vigencia de la Ley 100 de 1993 en la

6 Índice 63 de la primera instancia.
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Universidad de Antioquia, por lo que solicitó se le ordene a Colpensiones
reliquidar la pensión del demandado en ese sentido, como lo ordena la sentencia
de unificación.

41. Según lo indicó no existe discusión sobre que el docente no podía jubilarse
con la Universidad de Antioquia, porque dicha obligación era del entonces
Instituto de Seguros Sociales. Lo que se alega consiste en que el ISS le
desconoció sus derechos para liquidarle correctamente su pensión de vejez, y
por eso, la Universidad de Antioquia asume el pago de la cuota restante, pero en
forma temporal y por la figura de la subrogación, que se lo permite, jurídicamente.

42. Por ello, el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia ordenó que, a
partir del 1.° de enero de 1994, se hicieran los aportes para salud y pensión,
dictando la Resolución 2035 de 1994, aclarando que las cotizaciones de 1994 y
el primer semestre de 1995 no eran obligatorias legalmente y el dinero recaudado
está en manos de la Universidad de Antioquia.

43. Precisó que la Ley 33 de 1985, para los servidores públicos inscritos en el
orden nacional mantuvo los factores salariales válidos de cotización del Decreto
691 de 1994. Luego, la Ley 100 de 1993, en su inciso 3.° del artículo 36,
estableció el régimen de transición, aplicable a los profesores y empleados de la
Universidad de Antioquia. Por eso, el ente universitario, antes de la Ley 100 de
1993, jubilaba a sus empleados con todos los factores salariales devengados el
último año de trabajo.

44. Resaltó que el Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996, en su artículo 3,
se refiere a la naturaleza de los fondos para pagar el pasivo pensional, que se
componen de varias subcuentas, y la tercera es para el pago del pasivo pensional
causado por las obligaciones pensionales, entre ellas, las extralegales y las de
los empleados públicos y en su artículo 4.° establece las funciones de los fondos
para pagar el pasivo pensional, donde incluyó a las obligaciones pensionales
extralegales válidamente definidas o pactadas por la respectiva institución, con
posterioridad al 23 de diciembre de 1993, así como el pago de las obligaciones
correspondientes a la pensión compartida con el ISS cuando a ella haya lugar.

45. En consecuencia, en esta oportunidad, de declararse la nulidad del acto
demandado existe un desconocimiento de la normatividad mencionada y del
contrato interadministrativo de concurrencia, y se plantea un choque o colisión
entre el derecho fundamental a la seguridad social de la pensión del señor Ochoa
Ángel, que no puede suspenderse como lo disponen los artículos 93 y 214,
numeral 2.° de la Carta Magna.

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2.5.2. La apoderada de la Universidad de Antioquia7 presentó apelación
adhesiva en los siguientes términos:

46. Pese a que se accedió a la pretensión principal de anulación del acto
administrativo atacado en nulidad, el a quo denegó la pretensión subsidiaria de
restablecimiento de derecho consistente en el reintegro de parte del demandado
de las sumas de dinero percibidas en virtud del acto anulado; lo anterior por falta
de pruebas acerca de la mala fe del demandado, carga que le correspondía a la
entidad.

47. Sin embargo, contrario a lo decidido en la sentencia de primera instancia
sobre la pretensión consecuencial de reintegro de sumas pagadas a partir de un
acto administrativo declarado ilegal, denegándola, dicha restitución es
procedente comoquiera que la resolución anulada era clara en establecer que el
reconocimiento que a través de la misma se efectuaba era temporal y, en
consecuencia, quedaba sujeto a que el antiguo Instituto del Seguro Social lo
reconociera por voluntad propia o así lo decidiera una sentencia judicial.

48. Según lo indicó, debe tenerse en cuenta que la actuación del particular frente
a la administración tratándose de prestaciones periódicas, específicamente su
buena fe, no debe ser valorada únicamente al momento de la expedición del acto
administrativo, máxime si se tiene en cuenta que en este caso, sui generis, se
requería la realización de diferentes actuaciones del demandado, para dar
continuidad o no, al referido pago, por lo cual, su conducta debe ser valorada
durante todo el tiempo en que el acto ha surtido sus efectos.

49. Es así como por tratarse el reconocido de un indebido derecho pensional,
estaba bajo la responsabilidad del demandado el trámite ante el fondo pensional,
pues en virtud de la naturaleza del derecho, era a él a quien correspondía
realizarlo. En este orden de ideas, el demandado incumplió con esta carga y se
limitó a permanecer en el tiempo recibiendo unas sumas que claramente sabía
que no le correspondían.

2.6. Alegatos en segunda instancia

2.6.1. Dentro de esta etapa la apoderada de la entidad demandante8 reiteró los
argumentos de la demanda y solicitó confirmar la declaración de nulidad del acto
administrativo demandado, tal como se dispuso en el fallo de primer grado, pero
además, revocar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia que
negó las demás pretensiones de la demanda y con ello la devolución de las
sumas de dinero deprecadas, para que se le ordene al demandado restituir a la
Universidad las sumas pagadas en virtud del acto anulado.

7 Índice 64 de la primera instancia.
8 Índice 10 de la segunda instancia.
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2.6.2. El apoderado del demandado guardó silencio.

2.7. Concepto del Ministerio Público9.

50. Para el Ministerio Público, la sentencia de primera instancia debe confirmarse
toda vez que, en su consideración, se ajusta a la jurisprudencia aplicada en
asuntos con similitudes fácticas y al ordenamiento jurídico, por lo que, al carecer
la universidad de competencia para la expedición del acto administrativo
demandado, es procedente la declaratoria de nulidad de este.

5’. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala de
Subsección a decidir previas las siguientes

III. CONSIDERACIONES

3.1. Manifestación de impedimento.

52. El consejero de Estado doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez manifiesta10
encontrarse impedido para conocer del presente asunto, por estar incurso en la
causal prevista en el numeral 1.° del artículo 141 del Código General del Proceso,
pues le asiste interés indirecto en las resultas del proceso, toda vez que ha
suscrito y celebrado contratos con la parte demandante, esto es, la Universidad
de Antioquia, «para dictar cátedra en la Especialización de Derecho
Administrativo en las materias Derecho Procesal Administrativo, Sujeto Jurídico
Público y Contextualización del Derecho Administrativo.»

53. Al respecto, el numeral 3.° del artículo 131 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece:

«3. Cuando en un Magistrado concurra alguna de las causales señaladas en el
artículo anterior, deberá declararse impedido en escrito dirigido al ponente, o a
quien le siga en turno si el impedido es este, expresando los hechos en que se
fundamenta tan pronto como advierta su existencia, para que la sala, sección o
subsección resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento. Si lo encuentra
fundado, lo aceptará. Cuando se afecte el quórum decisorio, se integrará la nueva
sala con los magistrados que integren otras subsecciones o secciones de
conformidad con el reglamento interno».

54. A su turno, el artículo 141 numeral 1.° del Código General del Proceso
consagra como causal de recusación:

9 Índice 11 de la segunda instancia.
10 Índice 13, expediente digital visible en el aplicativo SAMAI, segunda instancia.
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«Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés
directo o indirecto en el proceso.»

55. Es de resaltar que, dada la taxatividad y el carácter restrictivo de dichas
causales, nada excusa al juez para abstenerse de cumplir los deberes que la ley
le asigna. Por la misma razón, la motivación o los hechos que llevan al funcionario
judicial a declarar el impedimento deben enmarcarse con toda precisión en
alguna de ellas, lo cual obedece, además, a la especificidad con que se
encuentran definidas en la norma.

56. Ahora bien, analizada la causal esgrimida y los argumentos del impedimento
manifestado, esta Sala de decisión lo encuentra fundado, por cuanto se estima
que le asiste un interés indirecto en el resultado del proceso, comoquiera que la
explicación planteada frente a la relación de índole contractual que existe con la
parte demandante es razón suficiente para entender que el objeto del presente
litigio compromete su independencia y/o imparcialidad al momento de resolver el
asunto.

57. Así las cosas, se declarará fundado el impedimento manifestado por el doctor
Jorge Iván Duque Gutiérrez y se le separará del conocimiento del asunto de la
referencia.

3.2. Competencia.

58. Es competente esta Subsección para decidir los recursos de apelación
interpuestos por las partes en contra de la sentencia de 1.° de diciembre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión,
dentro del proceso del epígrafe, conforme con lo dispuesto en el artículo 150 11
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA).

3.3. Problemas Jurídicos.

59. Debe determinar esta Sala de Subsección si ¿en este caso, frente al
reconocimiento de la pensión otorgada por el ISS al señor Jaime Ochoa Ángel,
servidor de la Universidad de Antioquia, ésta última era competente para pagar
la diferencia por los factores no incorporados por el ente de previsión al
determinar el IBL pensional respectivo?

11«ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA. El Consejo

de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se
concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia».
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60. Si la respuesta al anterior interrogante es negativa, deberá analizarse si ¿es
procedente acceder al reembolso de las sumas pagadas al señor Ochoa Ángel
en virtud del acto administrativo demandado?

61. Finalmente deberá determinarse si era procedente la condena al señor Ochoa
Ángel en primera instancia.

3.4. Primer problema jurídico. ¿En este caso, frente al reconocimiento de la
pensión otorgada por el ISS al señor Jaime Ochoa Ángel, servidor de la
Universidad de Antioquia, ésta última era competente para pagar la diferencia por
los factores no incorporados por el ente de previsión al determinar el IBL
pensional respectivo?

3.4.1. Del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de los
servidores públicos bajo la vigencia de la Ley 100 de 1993.

62. De conformidad con lo señalado por el artículo 7512 del Decreto 1848 de
196913, previo a la vigencia de la Ley 100 de 1993 quien tenía la obligación de
reconocer y de pagar la pensión de jubilación a los servidores públicos era la
entidad de previsión a la que estaba afiliado el servidor o en su defecto, la última
entidad pública empleadora.

63. A través de la expedición de la Ley 100 de 199314 se creó el Sistema General
de Seguridad Social, estableciéndose en la misma la obligatoriedad de afiliar al
sistema a todas las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como
servidores públicos15.

64. Para la incorporación de los servidores públicos al sistema general de
pensiones, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 691 de marzo 29 de 1994 16,
mediante el cual se integró al referido sistema: a) Los servidores públicos de la
rama ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal o Distrital, así como
de sus entidades descentralizadas; y b) Los servidores públicos del Congreso
de la República, de la rama judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de
la Nación, la organización electoral y la Contraloría General de la República 17.

12 «Artículo 75º.- Efectividad de la pensión. 1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y

pagará al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el
tiempo de servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la
edad exigida para tal fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces
cumple los requisitos de tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión…»
13 Mediante el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968.
14 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
15 «Artículo 15.- Serán afiliados al sistema general de pensiones:

1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como
servidores públicos, salvo las excepciones previstas en esta ley. Así mismo, los grupos de población que
por sus características o condiciones socioeconómicas sean elegibles para ser beneficiarios de subsidios a
través del fondo de solidaridad pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales…»
16 Por el cual se incorporan los servidores públicos al sistema general de pensiones y se dictan otras

disposiciones.
17 Ver artículo 1 del decreto citado.
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65. A su vez el Decreto 692 del 29 de marzo de 199418 al reglamentar los temas
relacionados con afiliaciones, cotizaciones, administradoras de pensiones del
Sistema General de Pensiones, definió la entidad competente para el
reconocimiento y pago de las pensiones o demás prestaciones a que hubiere
lugar al señalar lo siguiente:

«Artículo 14. Efectos de la afiliación. La afiliación surtirá efectos a partir del
primer día del mes siguiente a aquel en el cual se efectuó el diligenciamiento
del respectivo formulario.

Será responsable del pago de las pensiones o prestaciones económicas a que
haya lugar, la administradora que haya recibido o le corresponda recibir el
monto de las cotizaciones del período en el cual ocurre el siniestro o hecho que
da lugar al pago de la pensión o prestación correspondiente».

66. Luego, con la expedición del Decreto 1068 del 23 de junio de 1995 19 se
estableció el límite temporal para que los servidores públicos del orden
departamental, municipal y distrital seleccionaran el régimen al cual se afiliaran
para los efectos de cotizaciones en pensión, señalando el parágrafo 2.º de su
artículo 2.º, que la afiliación a cualquiera de los dos regímenes previstos en la
Ley 100 de 1993 debía hacerse a más tardar el 30 de junio de 1995. Señaló la
referida norma lo que sigue:

«Artículo 2º.- Selección de régimen pensional. Una vez entre a regir el sistema
general de pensiones en el orden departamental, municipal y distrital, los
servidores públicos deberán seleccionar entre el régimen solidario de prima
media con prestación definida, administrado por el Instituto de Seguros
Sociales, ISS, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado
por las sociedades administradoras de fondos de pensiones, AFP, autorizadas
por la Superintendencia Bancaria.

Los servidores públicos que elijan afiliarse o trasladarse al Instituto de Seguros
Sociales o al régimen de ahorro individual con solidaridad, deberán proceder de
conformidad con lo previsto en el artículo 4 de este Decreto.

Parágrafo 1º.- Los servidores públicos que ingresen al servicio con
posterioridad a la vigencia del sistema general de pensiones y elijan el régimen
solidario de prima media con prestación definida, deben afiliarse al Instituto de
Seguros Sociales.

Parágrafo 2º.- Los funcionarios públicos cuyas pensiones eran reconocidas y
pagadas por las entidades empleadoras, deberán afiliarse a cualquiera de los
dos regímenes previstos en la Ley 100 de 1993 a más tardar el 30 de junio de
1995».

67. Ahora bien, es de recodar que el artículo 131 de la Ley 100 de 1993 estableció
la creación de los fondos para pagar el pasivo pensional de las universidades

18 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993.
19 Por el cual se reglamenta la entrada en vigencia del sistema general de pensiones en los niveles
departamental, municipal y distrital, la constitución de los fondos de pensiones del nivel territorial, y la
declaratoria de solvencia de las cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público del nivel
territorial.
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oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza
territorial. Esto en los siguientes términos:

«ARTICULO 131.Fondo para pagar el pasivo pensional de las universidades oficiales
y de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza territorial. Cada
una de las instituciones de educación superior oficiales, del nivel territorial,
departamental, distrital, municipal, constituirá un fondo para el pago del pasivo
pensional contraído a la fecha en la cual esta Ley entre en vigencia, hasta por un
monto igual al valor de dicho pasivo que no esté constituido en reservas en las cajas
de previsión, o fondos autorizados, descontando el valor actuarial de las futuras
cotizaciones que las instituciones como empleadores y los empleados deban efectuar
según lo previsto en la presente Ley, en aquella parte que corresponda a
funcionarios, empleados o trabajadores vinculados hasta la fecha de iniciación de la
vigencia de la presente Ley.

Dicho fondo se manejará como una subcuenta en el presupuesto de cada institución.
Será financiado por la nación, los departamentos, los distritos y los municipios, que
aportarán en la misma proporción en que hayan contribuido al presupuesto de la
respectiva universidad o institución de educación superior, teniendo en cuenta el
promedio de los 5 últimos presupuestos anuales, anteriores al años de iniciación de
la vigencia de la presente Ley.

Los aportes constarán en bonos de valor constante de las respectivas entidades que
se redimirán a medida que se haga exigible el pago de las obligaciones pensionales
de acuerdo con las proyecciones presupuestales y los cálculos actuariales, y de
conformidad con la reglamentación que para el efecto establezca el Gobierno
Nacional.

Dentro del años siguiente a la iniciación de la vigencia de la presente Ley, las
universidades y las instituciones de educación superior referidas en este artículo,
elaborarán o actualizarán los estudios actuariales con el visto bueno del Ministerio
de Hacienda. Este requisito es necesario para la suscripción de los bonos que
representen los aportes de la Nación. Esta suscripción deberá hacerse dentro de los
2 primeros años de la vigencia de la presente Ley.
[…]».

68. Posteriormente, el Decreto 2337 del 24 de diciembre de 199620 que tuvo por
objeto establecer el régimen general para el reconocimiento del pasivo pensional
de las universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educación
superior de naturaleza territorial, fue específico en atender lo dispuesto en el
Decreto 1068 de 1995, ya citado, respecto del marco temporal con que contaban
los servidores públicos en afiliarse a uno de los dos regímenes pensionales
contemplados en la Ley 100 de 1993, al consagrar lo siguiente en el parágrafo
1.º del artículo 2.º del referido decreto:

«Parágrafo 1º. De conformidad con la Ley 100 de 1993, para los servidores
públicos, trabajadores oficiales y personal docente de aquellas instituciones que
reconocían y pagaban directamente las pensiones, la afiliación a uno de los dos
regímenes del Sistema General de Pensiones, debe haberse efectuado a más
tardar el 30 de junio de 1995, fecha en la cual, vencía el plazo para la entrada
en vigencia del Sistema General de Pensiones para las entidades territoriales,

20 Por el cual se reglamenta el artículo 131 y el 283 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto Ley 1299 de 1994.
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sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1642 de 1995». (Negrillas fuera de
texto).

69. El citado decreto estableció en su artículo 4.° algunos eventos en que los
fondos de pasivo pensional, constituidos como una cuenta especial de las
universidades oficiales e instituciones de educación superior de carácter
oficial y naturaleza territorial, debían asumir el pago de las prestaciones allí
descritas. Estos son:

«1. El pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de sobrevivencia o
sustitución de los pensionados que estas entidades tenían a su cargo, y el
reconocimiento y pago de quienes tenían cumplidos los requisitos para tener
derecho a la pensión de vejez o jubilación, invalidez y sobrevivencia de acuerdo
con el régimen pensional vigente, antes del 23 de diciembre de 1993.

2. El reconocimiento y pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de
sobrevivencia o sustitución de quienes cumplieron los requisitos entre el 23 de
diciembre de 1993 y el 30 de junio de 1995 o la fecha de entrada en vigencia del
Sistema General de Pensiones en el orden territorial o en la respectiva
institución, según sea el caso, o entre esta última fecha y el 31 de diciembre de
1996.

3. El reconocimiento y pago de las pensiones de aquellos empleados públicos,
trabajadores oficiales y personal docente que han cumplido con el tiempo de
servicios al 31 de diciembre de 1996 y no han llegado a la edad señalada para
adquirir el derecho a la pensión, de acuerdo con el régimen que los venía
rigiendo, siempre y cuando no se encuentren afiliados a algunas de las
Administradoras del Sistema General de Pensiones.

4. El pago de los bonos pensionales de los empleados públicos, personal docente y
trabajadores oficiales, que se afiliaron al régimen de Prima Media con Prestación
Definida administrado por el ISS o al régimen de ahorro individual con solidaridad
administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones, de conformidad con
los artículos 118 y 119 de la Ley 100 de 1993, los Decretos-ley 1299 y 1314 de 1994
y sus decretos reglamentarios.

La expedición de los bonos pensionales se hará de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 119 de la Ley 100 de 1993. En el evento de que el servidor público, trabajador
oficial y personal docente, únicamente haya tenido vinculación contractual, legal y
reglamentaria con la respectiva universidad o institución, tendrá derecho a que dicha
institución efectúe la emisión del bono pensional, de acuerdo con la reglamentación
para el efecto.

5. El pago de la cuota parte correspondiente de conformidad con lo establecido en
los Decretos 1299 y 1314 de 1994 de las universidades e instituciones de educación
superior a la cual hubiese prestado servicios el beneficiario del bono pensional, para
contribuir a la entidad emisora del bono.

6. El pago de las obligaciones pensionales extralegales, válidamente definidas o
pactadas por la respectiva institución, con posterioridad al 23 de diciembre de 1993,
así como el pago de las obligaciones correspondientes a la pensión compartida con
el ISS cuando a ella haya lugar.
[…]». (Negrilla de la Sala).

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70. En este orden de ideas, después de la entrada en vigencia de los regímenes
pensionales consagrados en la Ley 100 de 1993, los entes universitarios de
carácter oficial perdieron competencia para el reconocimiento de pensiones de
sus servidores y, por virtud de la afiliación obligatoria de los servidores públicos
al Sistema General de Pensiones y de acuerdo con lo consagrado en el artículo
14 del Decreto 692 del 29 de marzo de 1994, quien debe efectuar el
reconocimiento respectivo es la administradora de pensiones que hubiere
recibido o le correspondiese recibir las cotizaciones del período en el cual
ocurriere el siniestro o hecho que diera lugar al pago de la prestación
correspondiente, esto es, sin perjuicio de los escenarios definidos en el artículo
4.° del Decreto 2337 de 24 de diciembre de 1996, norma que sólo en los casos
allí descritos impone la obligación a cargo del fondo pensional.

3.4.2. Caso concreto

71. En el sub lite se encuentra demostrado lo siguiente:

• A través de la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999 21, la
Universidad de Antioquia decidió «[s]ubrogarse en la parte de la
obligación que tiene y no reconoce el Instituto de Seguros Sociales con
los servidores de la Universidad, en régimen de transición, y que al
momento de entrar en vigencia el Sistema les faltaba menos de diez años
para adquirir su derecho, de liquidarles sus pensiones según el promedio
de lo devengado en el tiempo que les hiciera falta para ello, conforme al
inciso tercero del artículo 36 de dicha Ley, hasta que el Instituto de
Seguros Sociales, bien motu proprio, o por orden judicial, asuma la
misma». En su artículo segundo el citado acto dispuso:

«En consecuencia, se reajustarán las pensiones que ha reconocido el Instituto
de Seguros Sociales a los servidores referidos y a los que a partir de la fecha
les reconozca la pensión, en el porcentaje que dicha Entidad no cancela
conforme al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, sobre
el derecho que tienen, con base en las primas de navidad, de vacaciones y
semestral, que constituyen factor salarial.».

• Por medio de la Resolución Administrativa 16628 del 11 de julio de 1999,
se reglamentó la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo del mismo
año22.

• El señor Jaime Ochoa Ángel nació el 14 de marzo de 1944 según da
cuenta el registro civil de nacimiento aportado al proceso23.

21 Expediente digitalizado visible en el índice 2 de esta instancia. Archivo «Principal\8ED_C01_03

ANEXOS DE DEMANDA.pdf», folios 1 y s.s. del documento pdf.
22 Ibidem. Folios 6 y s.s.
23 Ibidem. Folio 121.
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• De los tiempos de servicios analizados en la Resolución de emisión del
bono pensional Resolución Administrativa 16869 de 23 de agosto de
1999, visible a folio 13 ibidem24, como en la liquidación efectuada para
ello y la Resolución 10555 de 23 de septiembre de 1999 por la cual el ISS
le reconoció al demandado la pensión de jubilación, se indicó que laboró
en la Universidad de Antioquia desde el 15 de octubre de 1975 hasta el
30 de enero de 1999. Además acreditó aportes en pensión al ISS con
concomitancia desde el 15 de enero de 1970 al 1.° de julio de 1988.

72. Como se aprecia, el demandado antes del 30 de junio de 1995 llevaba
laborados más de 25 años de servicios.

• Según la Resolución 10555 de 23 de septiembre de 199925, el Instituto de
Seguros Sociales le reconoció la pensión de jubilación al demandado con
una tasa de reemplazo del 75%, sin indicar los factores salariales que se
tuvieron en cuenta para tales efectos, en cuantía mensual de $3´095.581
desde el 14 de marzo de 1999. Veamos:

«[…]

[…]».
24 Índice 2 Expediente digitalizado correspondiente a la segunda instancia. Archivo

«Principal\8ED_C01_03 ANEXOS DE DEMANDA.pdf».
.
25 Índice 2 Expediente digitalizado correspondiente a la segunda instancia. Carpeta Onedrive Archivo

«022. Anexo DDo Resolución Pag1.pdf» y s.s.
Ibidem. Folios 43 y s.s.
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• De igual manera se advierte que la Universidad de Antioquia mediante la
Resolución 17157 de 17 de diciembre de 199926 ordenó pagarle
temporalmente al señor Ochoa Ángel el valor que resulta de la aplicación
del ingreso base de liquidación del inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 por la no inclusión de las primas de navidad, vacaciones y
servicios por parte del ISS; según la entidad, en cumplimiento de la
Resolución 12094 del 4 de mayo de 1999, proferida por el ente educativo,
a través de la cual se subrogó en parte de dicha obligación:

«ARTICULO PRIMERO: Pagar la diferencia que existe entre la pensión que
reconoce el Instituto de Seguros Sociales y la que resulta de la aplicación del Ingreso
Base de Liquidación que consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, al señor JAIME OCHOA ANGEL, […] por la suma de $610,492 a partir el 14
de marzo de 1999, suma que se incrementara anualmente, según lo establecido en
la Ley 100 de 1993, hasta que dicha Entidad lo reconozca, bien motu proprio, o por
orden judicial.
ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario deberá diligenciar y presentar la petición de
reliquidación del monto de la pensión ante el Instituto de Seguros Sociales y acreditar
copia de dicha presentación y de los recursos ante
la Universidad como condición para hacer efectivo el reconocimiento.
ARTICULO TERCERO: Por ser una suma que forma parte de la pensión de
jubilación, se hará el descuento al beneficiario por servicios de salud,
correspondiente al 12%, conforme a lo dispuesto en los artículos 143 y 157 de la Ley
100 de 1993.

[…]».

• Finalmente, a través de la Resolución Rectoral 35823 de 17 de octubre de
201227, la Universidad de Antioquia decidió derogar la Resolución 12094
de 4 de mayo de 1999 y ordenó a la Vicerrectoría Administrativa resolver
las situaciones jurídicas de carácter individual y concreto creadas a partir
de la expedición de la Resolución 12094 de 4 de mayo de 1999.

73. Las pruebas allegadas demuestran que el señor Ochoa Ángel cumplió la
edad pensional (55 años exigidos en la Ley 33 de 1985) el 14 de marzo de 1999
y a 31 de diciembre de 1996 contaba con 52 años.

74. Ahora bien, el numeral 3.° del artículo 4.° del Decreto 2337 del 24 de
diciembre de 1996 señala que el fondo de pasivo pensional cuenta con la
obligación de reconocimiento y pago de las pensiones de aquellos empleados
públicos, trabajadores oficiales y personal docente que han cumplido con el
tiempo de servicios al 31 de diciembre de 1996 y no han llegado a la edad
señalada para adquirir el derecho a la pensión, de acuerdo con el régimen que
los venía rigiendo, escenario en el cual se encontraría el señor Ochoa Ángel pues
cumplió 20 años de servicios el 15 de enero de 1990 y la edad la cumplió en el
año 1999.

26Índice 2 Expediente digitalizado correspondiente a la segunda instancia. Carpeta Onedrive Archivo

«Apartes hoja de vida.pdf». Folios 13 y s.s.
27 Ibidem. «Principal\11ED_C02_01 ANEXOS DE DEMANDA.pdf», Folios 128 y s.s.
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75. Sin embargo, la norma exige al docente no estar afiliado a alguna de las
Administradoras del Sistema General de Pensiones, evento que no se cumple en
el sub lite comoquiera que, fue afiliado al Instituto de Seguros Sociales desde
julio de 1995, como se aprecia en el certificado de autoliquidación de aportes28
y la Resolución 10555 de 23 de septiembre de 1999 dictada por el Instituto de
Seguros Sociales:
«[…]

[…]».

76. Las pruebas allegadas demuestran que la Universidad de Antioquia no tenía
competencia para reconocer a favor del señor Jaime Ochoa Ángel un mayor valor
en su ingreso base de liquidación, como lo hizo a través de la Resolución 17157
de 17 de diciembre de 1999, al ser obligación del ISS, asumir dicho
reconocimiento, como entidad administradora de las cotizaciones realizadas por
la demandada y en atención a lo dispuesto en el parágrafo 2.° del artículo 2.º del
Decreto 1068 de 1995, norma que exigía que, en su condición de servidor público
de la Universidad de Antioquia, fuese afiliado al Sistema General de Seguridad
Social en julio de 1995.

77. En este sentido a partir de tal fecha, la entidad competente para proceder al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación era el ISS, que finalmente,
reconoció la citada prestación a través de la Resolución 10555 de 23 de
septiembre de 1999, por lo que, era dicha entidad ante quien debió el pensionado
reclamar eventuales reajustes pensionales conforme al régimen pensional
aplicable, por lo que no era plausible que la Universidad de Antioquia asumiera
los pagos señalados, ante el erróneo convencimiento de que ejercía una
obligación del ISS. Así entonces advierte la Sala que le asistió razón al Tribunal
Administrativo de Antioquia al declarar la nulidad de la resolución demandada.

3.5. Segundo problema jurídico. ¿Es procedente acceder al reembolso de
las sumas pagadas al señor Jaime Ochoa Ángel en virtud del acto
administrativo demandado?

78. Dado que en la apelación la entidad pidió la devolución de las mesadas
pagadas al demandado, es necesario analizar la normativa relativa a esta
pretensión.

28 Ibidem. Folios 122 y s.s.
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79. En el literal c, del numeral 1, del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se estableció lo siguiente:

«[…]
c) (…) Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe; […]».

80. En relación con el principio de buena fe, es preciso tener en cuenta que fue
consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, en los siguientes
términos:

«ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades
públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».

81. En la ponencia relativa al principio de buena fe en la Asamblea Nacional
Constituyente se señaló que este tiene dos elementos fundamentales:

82. El primer elemento lo constituye el deber genérico de obrar de buena fe, lo
que implica un límite a los derechos de los particulares, quienes no pueden
abusar del ejercicio de las prerrogativas que el ordenamiento les reconoce y,
además, sirve de barrera para evitar la desviación de poder de las autoridades.

83. El segundo elemento, se encuentra en la presunción de buena fe en la
actuación de los particulares, la cual se justificó en los siguientes términos:

«Este principio que parecería ser de la esencia del derecho en Colombia ha
sido sustituido por una general desconfianza hacia el particular. Esta
concepción negativa ha permeado todo el sistema burocrático colombiano,
el cual, so pretexto de defenderse del asalto siempre mal intencionado de los
particulares, se ha convertido en una fortaleza inexpugnable ante la cual
sucumben las pretensiones privadas, enredadas en una maraña de
requisitos y procedimientos que terminan por aniquilar los derechos
sustanciales que las autoridades están obligadas a proteger»29.

84. En relación con este principio la Corte Constitucional ha señalado:

«[…] bajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las actuaciones
de los particulares y de los servidores públicos, quiso el Constituyente que sólo en el
caso de los primeros ella se presuma. Por lo mismo, mientras no obre prueba en
contrario, la presunción de la buena fe que protege las actuaciones de los particulares
se mantiene incólume. En cuanto a los servidores públicos no es que se presuma, ni
mucho menos, la mala fe. Sencillamente, que el margen de la presunción que favorece
a los particulares, las actuaciones de los funcionarios públicos deben atenerse al
principio de constitucionalidad que informa la ley y el principio de legalidad que nutre
la producción de los actos administrativos. Por consiguiente, podría decirse entonces
que la presunción de buena fe que milita a favor de los particulares, en la

29Cfr, Proyecto de acto reformatorio de la Constitución Política de Colombia Nro. 24. Título: Buena Fe.

Autores: Álvaro Gómez Hurtado y Juan Carlos Esguerra Portocarrero. Gaceta Constitucional 19, marzo 11
de 1991. p. 3.
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balanza Estado-administración hace las veces de contrapeso institucional de cara a
los principios de constitucionalidad y legalidad que amparan en su orden a la ley y a
los actos administrativos»30.

85. Esta Subsección considera que el argumento de la entidad apelante no goza
de vocación de prosperidad ya que, se entiende que, para los efectos de la
devolución de prestaciones pagadas de buena fe, no basta con que el particular
haya recibido unas sumas que no encuentran fundamento en una norma jurídica,
pues es necesario que haya acudido a una maniobra fraudulenta o deshonesta
con la cual se haya inducido en error a la administración31.

86. Significa lo anterior, conforme al desarrollo del principio de buena fe, no basta
con que el pago no sea acorde con el ordenamiento jurídico, sino que es
necesario que medie una maniobra deshonesta o con falta de lealtad respecto
del Estado.

87. Dado que en este caso no se discute que el señor Ochoa Ángel actuó en los
citados términos, sino la falta de competencia de la Universidad para asumir una
obligación que no le correspondía, se estima que no debe hacer devolución de
las sumas percibidas en virtud del acto demandado, como bien lo estimó el
Tribunal.

3.6. Tercer problema jurídico. ¿Era procedente la condena en costas
impuesta en primera instancia?

88. Al respecto, esta Sección había sostenido la tesis de que el concepto de las
costas del proceso estaba relacionado con todos los gastos necesarios o útiles
dentro de una actuación de esa naturaleza y comprendía los denominados gastos
o expensas del proceso llamados en el CPACA gastos ordinarios del proceso y
otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la
prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y
secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas,
copias, etc.

89. A raíz de la expedición del CPACA, la Subsección A, inicialmente sostuvo
que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no implicaba la condena de manera
«automática» u «objetiva», frente a aquel que resultara vencido en el litigio. Ello,
en consideración a que debían observarse una serie de factores tales como la
temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos y
costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas

30 Corte Constitucional, sentencia C – 840 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Jaime Araújo

Rentería.
31 En este sentido véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

sentencia de 14 de febrero de 2019, expediente 3096-16, magistrado ponente: William Hernández Gómez;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 2 de marzo de
2000, expediente 12.971, magistrado ponente: Nicolás Pájaro Peñaranda.
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circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo
en el que el juez evaluara las circunstancias para imponerla o no.

90. Posteriormente, esta subsección en providencia de 7 de abril de 201632, varió
aquella posición y acogió el criterio objetivo -valorativo al concluir que no se debe
evaluar la conducta de las partes – temeridad o mala fe–, sino los aspectos
previstos en el Código General del Proceso, con el fin de darle plena aplicación
a su artículo 365:

«Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará
a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código. Además, se condenará en costas a quien se le resuelva
de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una
solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en
relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio
lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera
instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior,
la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse
de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los
fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los
condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al
respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada
uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por
separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas. Sin embargo, podrán renunciarse después de decretadas y en los casos
de desistimiento o transacción.»

91. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es
procedente efectuar un estudio respecto de la carencia de fundamentación
jurídica previo a su imposición.

92. En el presente caso, se advierte que en efecto el demandado acudió a través
de apoderado ante la jurisdicción en procura de ejercer su defensa en el proceso
del epígrafe, esgrimiendo los argumentos que consideró suficientes y válidos
para lograr mantener la legalidad del acto administrativo cuestionado en lesividad
por la Universidad de Antioquia, es decir, con una intervención debidamente

32 Sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492 -2013, demandante: María del Rosario Mendoza

Parra y 1291 -2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
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fundamentada en salvaguarda de sus intereses por lo que no era procedente la
condena en costas dada la superación del criterio objetivo en virtud de la
modificación introducida al artículo 188 del CPACA por la Ley 2080 de 2021 que
imponía examinar la fundamentación jurídica de la defensa.

93. De acuerdo con lo anterior se advierte que no le asistió razón al Tribunal,
simplemente bajo la óptica del criterio objetivo como en efecto hizo cuando
señaló:

«[..] se trata de un proceso declarativo de carácter laboral, con pretensiones de
contenido pecuniario; que la contraparte ha concurrido a las diligencias y el trámite
del proceso ha tomado aproximadamente noventa y ocho meses (001 p. 43); que la
cuantía de las pretensiones equivale a 18% del límite de la cuantía por la cual se
fijaba la competencia en primera instancia (art. 155-1 CPACA); se estima entonces
el valor de las agencias en derecho a su cargo, en el 3% de las pretensiones, esto
es, Un millón ciento noventa y siete mil ciento noventa y seis pesos ($1.197.196 COP)
conforme a los artículos 365 y 366 del CGP y el Acuerdo No. PSAA16-10554 de
5/8/2016.»

94. Atendiendo a las anteriores consideraciones es que se revocará el numeral
tercero de la providencia apelada, en cuanto impuso la condena en costas en
primera instancia a cargo del señor Ochoa Ángel.

3.7. De la condena en costas en segunda instancia

95. En este punto es importante señalar que, si bien en anteriores oportunidades
esta Sala de Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si
había, o no, lugar a condenar en costas, lo cierto es que actualmente, con la
entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio
respecto a la carencia de fundamentación jurídica para imponerlas.

96. En esos términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis,
de la revisión de los argumentos presentados por la parte demandada no se
advierte carencia de fundamentación, sino que al contrario se expusieron las
razones jurídicas que sustentaron sus intereses y, por ende, no se condenará en
costas al señor Ochoa Ángel.

97. En cuanto a la entidad demandante en el recurso de apelación insistió en la
devolución de sumas con base en la presunta mala fe del pensionado, pero sin
aducir ninguna situación debidamente fundamentada que diera cuenta de ello,
como lo exige el artículo 164, numeral 1, literal c del CPACA, tema sobre el cual
la jurisprudencia ha sido pacífica en el sentido de que no hay lugar a la devolución
de dineros pagados a particulares de buena fe.

98. Si bien nos encontramos en el escenario de nulidad de acto propio,
comoquiera que la entidad accionante apeló la sentencia del Tribunal sin la
debida fundamentación jurídica, sino apenas insistiendo en los mismos
argumentos de la demanda, esto es, sin aportar o indicar nuevos elementos que
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permitan advertir su disenso frente a la primera instancia, corresponde a la Sala
imponer condena en costas a la entidad dado que «[el] objetivo del legislador es
que el ejercicio del derecho de acción a través de los medios de control se haga
de manera responsable, leal y seria, tanto así que consagró la posibilidad de que
aun en los procesos en que se ventile un interés público (contencioso objetivo)
sea procedente y viable la condena en costas siempre y cuando se acredite que
la demanda se presentó con “manifiesta carencia de fundamento legal”»33.

99. De acuerdo con lo anterior, se impondrá condena en costas en la modalidad
de agencias en derecho contra la Universidad de Antioquia y a favor del señor
Jaime Ochoa Ángel. Una vez en firme esta providencia éstas se fijarán por el
Tribunal de conformidad con lo señalado en el artículo 366 del CGP.34

100. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el
consejero de Estado doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez.

SEGUNDO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 1.° de diciembre de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de
Decisión, mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda

33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 11 de octubre de 2021 dictada dentro

del proceso radicado 11001-03-26-000-2019-00011-00(63217).
34 Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en

el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada
la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior,
con sujeción a las siguientes reglas:
1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla.
2. Al momento de liquidar, el secretario tomará en cuenta la totalidad de las condenas que se hayan impuesto
en los autos que hayan resuelto los recursos, en los incidentes y trámites que los sustituyan, en las
sentencias de ambas instancias y en el recurso extraordinario de casación, según sea el caso.
3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales
hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y
correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado
sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado.
Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de
costas, siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los
parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas, el juez
los regulará.
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior
de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta,
además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo
de dichas tarifas.
5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante
los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. La apelación se
concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se concederá en el suspensivo.
6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y revisión o se
haga a favor o en contra de un tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la
respectiva providencia o la notificación del auto de obedecimiento al superior, según el caso».
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promovida por la Universidad de Antioquia en contra del señor Jaime Ochoa
Ángel, salvo el numeral tercero, que se revoca, con fundamento en las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia. En su lugar quedará así:

«TERCERO.- Sin condena en costas en esta instancia».

TERCERO: Se condena en costas de segunda instancia a la Universidad de
Antioquia a favor del señor Jaime Ochoa Ángel, en la modalidad de agencias en
derecho, según las consideraciones señaladas. En firme esta providencia serán
fijadas por el Tribunal de conformidad con el artículo 366 del CGP.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI»

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

Con impedimento
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.

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