Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2014-01831-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2014-01831-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-33-000-2014-01831-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
10 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación: 05-001-23-33-000-2014-01831-01
Demandante: Santiago González Zapata
Coadyuva: Adrián Alberto Vahos Uribe
Demandados: Municipio de Santa Fe de Antioquia, Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia e Instituto Nacional de Vías
Tema: Reiteración jurisprudencial sobre diferencias entre los derechos
colectivos y los subjetivos. Hecho superado respecto de las
afectaciones ambientales y del riesgo de desastre ocasionado
por los vertimientos de aguas de escorrentía al margen del
tramo 25B02 de la vía Bolombolo – Santa Fe de Antioquia.
Sentencia de segunda instancia
La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por el demandante
Santiago González Zapata, por el Instituto Nacional de Vías y por el municipio de
Santa Fe de Antioquia, en contra de la sentencia de 22 de noviembre de 2021,
proferida por la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. Antecedentes
I.1. La demanda
1. El ciudadano Santiago González Zapata demandó al Instituto Nacional de Vías,
a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia y al municipio de
Santa Fe de Antioquia1, en ejercicio de la acción popular establecida en el artículo
88 de la Constitución Política y desarrollada por las leyes 472 de 1998 2 y 1437 de
2011, con miras a obtener la protección de los derechos colectivos previstos en los
literales a), d) y m) del artículo 4º de la Ley 4723.
1 Folios 1 y ss. del expediente de la referencia. Demanda presentada el 2 de octubre de 2014 por Santiago
González Zapata, y con la coadyuvancia del ciudadano Adrián Alberto Vahos Uribe, quien fuere reconocido
como tal mediante el auto que admitió la demanda de 29 de octubre de 2014, visible a folio 107 del expediente.
2 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de
las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
3 “Artículo 4o.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los
relacionados con:
a) El goce de un ambiente sano […];
d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público;
m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; […]”.
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2. En su libelo petitorio, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
«[…] PRIMERO: CONCEDER el amparo de los derechos colectivos al goce de un
ambiente sano, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los
intereses de uso público, la realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada,
y dando prevalecía al beneficio de la calidad de vida de los habitantes y los
derechos e intereses colectivos de los definidos como tales en la constitución, las
leyes ordinarias y los tratados de derecho internacional celebrados por Colombia,
vulnerados y amenazados por un conjunto de acciones y omisiones realizadas por
EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL
ANTIOQUIA, al no ejecutar la obra requerida para encauzar adecuadamente las
aguas provenientes de la obra de desagüe, en el trayecto BOLOMBOLO-
SANTAFE DE ANTIOQUIA, tramo 25B02, que cruza la Vereda la Noque del
Municipio de Santafé de Antioquia – Antioquia, así como las aguas de escorrentía
superficial de una vaguada natural que se filtra por el predio contiguo para
desembocar en el rio cauca, las obras de canalización deberán incluir, cámaras de
inspección para el mantenimiento, obras de descarga provistas de aletas y con
disipadores de energía, para evitar la erosión del predio y la sedimentación del río
cauca, a LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE
ANTIOQUIA –CORANTIOQUIA– DIRECCIÓN TERRITORIAL HEVÉXICOS, al
MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA – ANTIOQUIA - SECRETARIA DEL
MEDIO AMBIENTE DE SANTAFE DE ANTIOQUIA, por no ejercer el control y
regulación que por normatividad les compete para evitar las afectaciones
ambientales que se están presentando y que son generadas por la construcción
de la vía Bolombolo - Santafé de Antioquia, tramo 25B02, en ejecución del contrato
de INVIAS No.817-2006, por parte de INVIAS - Dirección Territorial Antioquia, al
no estar debidamente canalizadas y recogidas las aguas de escorrentía y de la
vaguada natural que se formó a un lado d la carretera Bolombo – Santafé de
Antioquia, tramo 25B02.
SEGUNDO: SE CONDENE a las entidades accionadas a la cesación de la
vulneración sobre los derechos e intereses colectivos y a la restitución de las cosas
a su estado anterior.
TERCERO: ORDENAR a las entidades demandadas la cesación de la vulneración
[…] [de los derechos colectivos invocados].
CUARTO: ORDENAR a las entidades demandadas que dentro de los treinta (30)
días siguientes a la ejecutoria de esta decisión, procedan a encauzar
adecuadamente las aguas provenientes de la obra de desagüe, en el trayecto
Bolombolo - Santafé de Antioquia, tramo 25B02, que cruza la Vereda la Noque del
Municipio de Santafé de Antioquia – Antioquia, así como las aguas de escorrentía
superficial de una vaguada natural que se filtran por el predio contiguo para
desembocar en el río cauca, las obras de canalización deberán incluir, cámaras de
inspección para el mantenimiento, obras de descarga provistas de aletas y con
disipadores de energía, para evitar la erosión del predio y la sedimentación del rio
cauca, conforme a la orden impartida por CORANTIOQUIA-Dirección Territorial
Hevéxicos, en el Acto Administrativo No.130HX-3898 de 28 de agosto de 2008,
“Por el cual se hace un requerimiento”.
QUINTO: ORDENAR a las entidades demandadas, en el término perentorio de un
(1) mes, contado a partir de la ejecutoria de la providencia, rendir un informe sobre
las actividades desplegadas para el cumplimiento de la misma.
SEXTO: ORDENAR a los organismos de control; Personería Municipal, Control
Interno Disciplinario, Procuraduría General de la Nación y demás autoridades
competentes, iniciar las investigaciones correspondientes a fin de determinar y
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sancionar a los responsables de la vulneración [de los derechos colectivos
invocados] […].
SÉPTIMO: CONFORMAR un comité de vigilancia que verifique el cumplimiento de
esta sentencia.
OCTAVO CONDENAR a las entidades demandadas a pagar al actor popular las
costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho, y en caso de mala fe de
parte de aquellas, se les imponga multa hasta de veinte (20) salarios mínimos
mensuales legales vigentes, con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos
e Intereses Colectivos. […]».
3.Como fundamento de la acción popular, explicó que el Invías celebró el contrato
N° 817 de 2006 con el propósito de construir la carretera Dabeiba – Santa Fe de
Antioquia – Puente Aburrá (tramos 6203-6204) y la vía Bolombolo – Santa Fe de
Antioquia (tramo 25B02) en la Vereda La Noque del municipio de Santa fe de
Antioquia.
4. Informó que las obras realizadas en dicha vereda generaron unos movimientos
de tierra, cuyo material se compactó en el predio «El Mirador del Cauca Dos» de
propiedad del señor Adrián Alberto Vahos Uribe.
5.Aseguró que dicha remoción y adecuación del suelo ocasionó el taponamiento
de una obra de drenaje del corredor vial. De manera que el recurso hídrico
desembocaba directamente en el predio «El Mirador del Cauca Dos porque el Invías
no ejecutó las obras de drenaje necesarias para encauzar las aguas de escorrentía.
6. Explicó que el vertimiento de las aguas erosionó el suelo y sedimentó el referido
cuerpo de agua. Además, Corantioquia dictaminó que el talud de la zona de retiro
de la margen izquierda del río Cauca presenta erosión de tipo cárcava debido al
taponamiento4. Por ello, la autoridad ambiental requirió al Invías para que adoptara
las medidas correctivas pertinentes y, además, inició un procedimiento
sancionatorio en su contra.
I.2. Actuación procesal en primera instancia
7. La magistrada del Tribunal Administrativo de Antioquia a cargo de la
sustanciación del proceso, mediante auto de 29 de octubre de 20145, admitió la
demanda y ordenó la notificación y el traslado correspondiente a las autoridades
accionadas para que contestaran, propusieran excepciones y aportaran y/o
solicitaran la práctica de pruebas. Igualmente, notificó al agente del Ministerio
Público, al Defensor del Pueblo y a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica
4 Oficio No.130HX-598 del 1 de junio de 2007; Informe Técnico N° 130HX-6676 de 24 de julio de 2008; Acto
administrativo No.130HX-3898 de 28 de agosto de 2008; Acto Administrativo No. 130HX-3839 de agosto 28 de
2008; Informe Técnico No.130HX-7271 de 20 de febrero de 2009; Oficio No.130HX-1201-2 de enero 3 de 2012;
Informe Técnico No.130HX-1201-10264 de 31 de enero de 2012; Comunicado No.130HX-1202-149 de 21 de
febrero de 2012; y Acto Administrativo No. 130HX-1208-5943 de 16 de agosto de 2012.
5 Folio 107 del expediente de la referencia. Providencia suscrita por la magistrada Yolanda Obando Montes.
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del Estado. Por último, dispuso comunicar la acción de la referencia a los miembros
de la comunidad.
8. Posteriormente, mediante providencia de 9 de diciembre de 20146, la misma
magistrada negó la solicitud cautelar debido a que el accionante no demostró la
existencia de un perjuicio irremediable.
9.Y, mediante auto de 10 de febrero de 20167, se declaró fallida la audiencia
especial de que trata el artículo 27 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, porque
no se formuló proyecto de pacto de cumplimiento.
I.3. Las contestaciones de la demanda
I.3.1. El apoderado judicial del Instituto Nacional de Vías, mediante escrito de 1°
de diciembre de 20148, se opuso a las pretensiones de la demanda tras afirmar que
esa institución carece de legitimación en la causa por pasiva.
10. Reconoció que la administración y el mantenimiento de la carretera cuestionada
es competencia del Invías porque hace parte de la «Red Vial Nacional». Sin
embargo, explicó que la obra si contempló la instalación de drenajes para el paso
de las aguas de escorrentía.
11. Informó que el Invías, de buena fe, se comprometió a realizar unas obras en el
predio objeto del litigio, pero actualmente no es procedente realizar esas acciones
porque la competencia del Invías se limita a construir y mantener las vías del orden
nacional.
12. Con base en lo anterior, propuso las excepciones de «buena fe», falta de
legitimación en la causa por pasiva, «imposibilidad de realizar obras específicas por
parte del Invías» y «excepción genérica».
I.3.2. El apoderado judicial de la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia, mediante escrito de 1° de diciembre de 20149, solicitó declarar
improcedente la acción popular de la referencia y desvincular a esa autoridad
ambiental del presente trámite judicial.
13. Manifestó que la Corporación no vulneró los derechos colectivos invocados, ni
puede ejecutar las acciones que pretende el demandante, en atención a que el
Invias fue la autoridad que depositó en el predio «El Mirador del Cauca Dos» el
material proveniente del mantenimiento de la vía a Urabá.
14. En su criterio, la problemática excede el ámbito de competencias de Corantioquia
porque la vigilancia y conservación del espacio público es responsabilidad del
6 Ibid., folios 163 y ss.
7 Ibid., folios 224 y 225.
8 Ibid., folios 140 y ss. Documento suscrito por el abogado Juan Esteban Carvajal Hernández.
9 Ibid., folios 145 y ss. Documento suscrito por el abogado Wilson Guillermo Aguilar Roman.
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municipio. Además, «los accionantes no manifiestan actuar en representación de
otros habitantes y solo buscan el bienestar personal y de resarcimiento de una
propiedad privada».
15. Admitió que la autoridad ambiental, en su momento, realizó diversas visitas e
inició un procedimiento administrativo sancionatorio en contra del Invías. Sin
embargo, actualmente el demandante no ha interpuesto ninguna queja o solicitud
que demuestre que persiste la afectación. Y, según el informe técnico 130HX-1411-
12914 de 27 de noviembre de 2014, el predio «El Mirador del Cauca Dos» presentó
una regeneración natural que descarta las afectaciones al entorno natural.
16. Con base en lo anterior, propuso las excepciones de «competencia de los entes
territoriales en materia de uso del espacio público», «sujeción de Corantioquia a las
funciones señaladas en la Ley 99 de 1993» y «falta de legitimación por pasiva».
I.3.3. El municipio de Santa Fe de Antioquia optó por guardar silencio en esta
etapa procesal.
II. La sentencia de primera instancia
17. La Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante
sentencia de 22 de noviembre de 202110, concedió el amparo de los derechos
colectivos al goce de un ambiente sano, a la ejecución de desarrollos urbanísticos
conforme al ordenamiento jurídico y a la prevención de desastres previsibles
técnicamente.
18. Para arribar a esa determinación, explicó que la causa pretendi tenía una
connotación colectiva que superaba intereses individuales porque la acción lesiva
no solo afectó predios privados, sino que trascendió al río Cauca y a la comunidad
del sector.
19. El Tribunal verificó que las obras contratadas por el Invías alteraron de forma
nociva el flujo natural de las aguas de escorrentía. En su criterio, la problemática
afectó la vegetación, las zonas de retiro del río Cauca y el propio cauce. También
generó una situación de riesgo para los habitantes de la zona, debido a los procesos
de erosión, socavación y flujo de aguas.
20. Precisó que la obra vial produjo un depósito de material en uno de los terrenos
aledaños que impedía la evacuación de las aguas por la ausencia de zonas de
drenaje, y la inexistencia de elementos de conducción de las aguas al río Cauca.
21. Puso de presente que el Invías se comprometió a «canalizar una obra de
drenaje y a adecuar la zona de depósito de material que presentaba agrietamiento»,
10 Cfr.: Sistema de consulta judicial “SAMAI” - consulta de procesos: Radicado N.° 05001-33-33-000-2014-
01831-01 Santiago González Zapata contra el Invías y otros. Registro N.° 2: “Actuación: EXPEDINTE DIGITAL”.
documento denominado: “ED_SENTENCIA351(.pdf) NroActua 2”.
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pero esto no fue posible porque el propietario del terreno aledaño a la vía no permitió
el desarrollo de esos trabajos.
22. Aunado a ello, advirtió que el Invías construyó un «canal trapezoidal abierto» en
el año 2012 que no funcionó adecuadamente porque no tenía mecanismos de
disipación de energía, no garantizaba el descole en la fuente hídrica y, además, el
canal de desagüe no estaba terminado. Igualmente, precisó que la autoridad
ambiental no pudo verificar la problemática en los informes de 2014 y 2015 porque
realizó la visita en época seca.
23. Posteriormente, consideró que el Invías era responsable de transgredir los
derechos colectivos, independientemente de que ese tramo vial hubiese sido
transferido a la Agencia Nacional de Infraestructura, toda vez que «desde la
construcción de la carretera y los primeros requerimientos, debió desplegar las
acciones necesarias para garantizar el adecuado flujo de aguas hacia la fuente
natural».
24. Agregó que el municipio de Santa Fe de Antioquia y Corantioquia debían
gestionar el riesgo de desastre que se presentaba en el sector afectado por sus
competencias en la materia. Sin embargo, el a quo aclaró que el predio en donde
se depositó del material derruido «se encuentra en buenas condiciones y
revegetalizado».
25. Por todo lo anterior, impartió las siguientes órdenes de amparo:
«[…] PRIMERO: DECLARAR la vulneración del derecho colectivo al ambiente
sano, la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia
al beneficio de la calidad de vida y prevención de desastres técnicamente
previsibles.
SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR:
• Al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS que en el término de seis (6) meses adelante
los estudios y obras necesarias para garantizar el flujo natural de las aguas
de escorrentía que se presentan en la vereda La Noque del Municipio de Santa
Fe de Antioquia y se dirigen al Río Cauca, problemática que se presentó luego de
la construcción del trayecto BOLOMBOLO-SANTAFE DE ANTIOQUIA, tramo
25B02. Para el efecto, debe considerar las recomendaciones emitidas por la
autoridad ambiental, de manera que se garantice una adecuada canalización
de las aguas, a partir de una obra adecuada de encole y descole, con
estructura disipadora de energía hasta la fuente hídrica Río Cauca. Las obras no
podrán tardar más de seis (6) meses.
• Al MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA que en el término de cuatro (4)
meses realice la evaluación del riesgo de la zona en época de lluvias, y en
caso de considerar necesarias intervenciones adicionales a la ordenada a
INVIAS, adelante las mismas en el término de seis (6) meses contados a partir del
vencimiento inicial. Deberá garantizar la realización de las obras, para lo cual,
deberá adelantar las acciones policivas necesarias a fin de que los propietarios
permitan la realización de las mismas, por cuanto son necesarias y afectan a la
comunidad y el ambiente sano.
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Radicación: 05-001-33-33-000-2014-01831-01
Demandante: Santiago González Zapata
Demandados: Instituto Nacional de Vías y otros
• A CORANTIOQUIA en desarrollo de los principios de solidaridad, coordinación,
concurrencia y subsidiaridad positiva apoyar al municipio en la implementación
de los procesos de gestión de riesgo y en los estudios necesarios para el
conocimiento y la reducción del riesgo.
TERCERO: EXHORTAR A LA COMUNIDAD asentada en la zona para que preste
toda su colaboración permitiendo el ingreso de los elementos y personal requerido
para la intervención de la zona, sin alterar las obras que las autoridades
competentes realicen.
CUARTO: CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento de la
sentencia, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, en el cual
participarán LA MAGISTRADA PONENTE o quien ella delegue para los efectos y
además, el ACTOR POPULAR, un representante de INVIAS, del MUNICIPIO DE
SANTA FE DE ANTIOQUIA, de CORANTIOQUIA y el PROCURADOR JUDICIAL
DELEGADO; estos últimos deberán rendir informe a esta Corporación dentro de
los 8 meses siguientes sobre las gestiones realizadas para el cumplimiento de la
sentencia.
QUINTO: NO CONDENAR en costas. […]». (Negrilla fuera del texto).
III. Fundamentos de los recursos de apelación
III.1. El apoderado judicial del municipio de Santa fe de Antioquia, mediante
correo electrónico de 29 de noviembre de 202111, solicitó la revocatoria de la
sentencia impugnada y pidió condenar al demandante al pago de costas.
26. Consideró que la parte actora no demostró la violación de los derechos
colectivos invocados, lo que demuestra la improcedencia del medio de control
incoado. Igualmente, aseguró que la presunta afectación no es imputable a ese ente
territorial, porque el Invías realizó las intervenciones en la vía y tenía a su cargo la
supervisión de ese contrato de obra.
27. Además, afirmó que «el juez administrativo no tiene la potestad para imponer
cargas en materia de obras públicas cuando escapan a la competencia de la entidad».
III.2. La apoderada judicial del Instituto Nacional de Vías, mediante correo
electrónico de 29 de noviembre de 202112, afirmó que la acción popular no persigue
la protección de un interés colectivo, toda vez que los medios de prueba solo
refieren a la situación de un inmueble particular.
28. En segundo lugar, afirmó que la «afectación actual» de los derechos colectivos
no estaba acreditada porque la prueba documental más reciente era un informe de
visita técnica del año 2015. Es más, en ese informe la autoridad ambiental no pudo
verificar la afectación alegada. Y, en el mismo periodo, la autoridad ambiental
tampoco sancionó al Invías al interior del procedimiento sancionatorio.
11Ibidem., documento denominado “018 MEMORIAL RECURSO DE APELACION SANTA FE DE
ANTIOQUIA”.
12 Ibidem., documento denominado “017 MEMORIAL RECURSO DE APELACION INVIAS”.
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Demandante: Santiago González Zapata
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29. En tercer lugar, señaló que la infraestructura vial objeto de la controversia, en
virtud de la Resolución N.° 02725 de 6 de mayo de 2015 y del Acta de 15 de octubre
del mismo año, fue cedida en favor de la ANI, por lo que el Invías se encuentra
imposibilitado jurídicamente para atender las órdenes.
30. Finalmente, recalcó que el Invías realizó las adecuaciones sobre la vía
requeridas por la autoridad, pero que el propietario del predio no permitió el acceso
a su lote. En consecuencia, solicitó que la condena se extienda al demandante, en
el evento de condenar al Invías, para que este permita el desarrollo de los trabajos
respectivos.
III.3. El demandante Santiago González Zapata, mediante correo electrónico de 29
de noviembre de 202113, solicitó «revocar, modificar, adicionar o aclarar» el ordinal
quinto de la sentencia impugnada, para acceder a la pretensión octava de la
demanda, relativa a la condena en costas.
31. El recurrente manifestó que la causación de las costas procesales se comprobó
a través de las facturas que soportan los costos de publicaciones, fotocopias,
notificaciones y demás gastos en los que incurrió al promover el proceso de la
referencia.
IV. Trámite en segunda instancia
32.La magistrada sustanciadora del proceso, mediante auto de 28 de abril de
202214, concedió ante el Consejo de Estado los referidos recursos de apelación.
33. Este Despacho, mediante auto de 27 de mayo de 202215 admitió los recursos
de apelación presentados por el municipio de Santa fe de Antioquia, el Invías y el
demandante.
34. Posteriormente, mediante providencia de 20 de junio de 202316, se decretó una
prueba de oficio a cargo del Invías, la ANI, Corantioquia y la administración
municipal de Santa Fe de Antioquia, con el objeto de conocer: (i) el estado actual
del contrato de administración de mantenimiento vial e interventoría N.° 817-2006;
(ii) el estado actual del sistema de drenaje de la vía; y (iii) el estado actual de los
recursos naturales y de la situación de riesgo de desastre denunciada por el actor.
35. El mismo auto corrió el traslado a las partes para que alegaran de conclusión,
e informó al Ministerio Público que podía emitir concepto en la presente causa hasta
antes de que el proceso ingresara al despacho para emitir sentencia.
13 Ibid., carpeta “000-2014-01831 HIBRIDO - OneDrive (sharepoint.com)”, documento denominado
“016 MEMORIAL APELACION DEMANDANTE”.
14 Ibid., documento denominado “ED_000201401831AUTO(.pdf) NroA ctua 2”.
15Ibid., Registro N.° 4. Documento denominado: “AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.pdf)
NroActua 4”.
16 Ibid., Registro N.° 19. Documento denominado “AUTOPARAMEJORPROVEER(.pdf) NroActua 19”.
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36. En respuesta a la solicitud probatoria Corantioquia17 y la alcaldía municipal de
Santa Fe de Antioquia18 allegaron los respectivos informes, mientras que la ANI19 y
el Invías20 no aportaron documentación requerida.
37. Durante el traslado para alegar de conclusión, el apoderado judicial del
municipio de Santa Fe de Antioquia solicitó la revocatoria de la sentencia de
primera instancia debido a que el sistema de drenaje está en perfecto estado de
funcionamiento, evitando así la sedimentación y acumulación de aguas o materiales
en su canal. Además, indicó que el predio «El Mirador del Cauca 2» presenta buen
estado, sin evidencias de procesos erosivos, de inestabilidad y sin persistencia de
hechos de inundación21.
38. Por su parte, la apoderada judicial de la Corporación Autónoma Regional del
Centro de Antioquia solicitó declarar «la carencia actual de objeto por hecho
superado» porque las obras y acciones realizadas por el Invías permiten el drenaje
de las aguas de escorrentía hacia el río Cauca, en tanto no se han evidenciado
inundaciones o represamientos, procesos erosivos, de socavación e inestabilidad,
ni afectaciones a la vía o a las viviendas y predios aledaños22.
39. El demandante solicitó en su escrito de alegatos de conclusión que se confirme
la sentencia impugnada y se condene en costas procesales, toda vez que, aunque
«han pasado más de 10 años desde que se presentaron las afectaciones» de las
que «solo quedan vestigios», lo cierto es que las entidades condenadas no han
demostrado el cumplimiento de las órdenes dictadas por el Tribunal23.
40. Por último, el Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado emitió
concepto de rigor en el asunto de la referencia, en el sentido de solicitar la
confirmación de la sentencia impugnada, de acuerdo con lo acreditado en los
informes técnicos de 2008, 2012 y 201524.
41. El agente del Ministerio Público añadió que, a pesar de la recuperación y
regeneración de la naturaleza, no se acreditó la realización de las obras que
17 Ibid., registro N.° 28 de 7 de julio de 2023.
18 Ibid., registro N.° 33 de 17 de julio de 2023.
19 Ibid., registro N.° 35 de 4 de agosto de 2023. Se aclara que el gerente de proyectos y/o funcional de la
vicepresidencia ejecutiva de la ANI aportó memorial en el que explicó que era necesario verificar la información
solicitada con el Invías. Sin embargo, a la fecha no realizó alguna manifestación.
20 Ibid., registro N.° 31 de 11 de julio de 2023. Se aclara que la documentación aportada por el Invías refirió
exclusivamente al Contrato de obra N.° 817-2006, y no a la situación de la problemática del sector.
21 Ibid., Registro N.° 43 de 28 de agosto de 2023. Documento denominado:
“RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ANEXOAP201401831(.pdf) NroActua 43”.
22 Ibid., Registros N.° 44 y 45 de 29 de agosto de 2023. Documentos denominados:
“RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ANEXOAP201401831(.pdf) NroActua 44” y
“RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ALEGATOSEN2DAINST(.pdf) NroActua 45”.
23 Ibid., Registro N.° 46 de 30 de agosto de 2023. Documento denominado:
“RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_20140183101ALEGAT(.pdf) NroActua 46”.
24 Ibid., Registro N.° 14 de 14 de junio de 2022. Documento denominado: “MemorialWebJD_CONCEPTO
MINISTE RIO PUBLICO(.pdf) NroActua 14”.
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permitan el flujo natural del agua hacia el río Cauca, motivo por el que el Invías y la
administración municipal debían atender las órdenes impartidas.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1. Competencia
42. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en
concordancia con lo preceptuado en el artículo 150 del CPACA y en el artículo 13
del Acuerdo N.° 080 de 201925, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación
interpuestos en contra de las sentencias proferidas en primera instancia por los
Tribunales Administrativos, en el marco de las acciones populares.
V.2. Planteamiento del problema jurídico
43. El ciudadano Santiago González Zapata demandó al Invías, a Corantioquia y al
municipio de Santa Fe de Antioquia, con miras a obtener la protección de los
derechos colectivos previstos en los literales a), d) y m) del artículo 4º de la Ley 472,
presuntamente quebrantados por los procesos erosivos e impactos ambientales
derivados de las obras efectuadas por el Invías en la vía nacional que pasa por la
Vereda La Noque del Municipio de Santa Fe de Antioquia, al margen del tramo
25B02.
44. Una vez culminó el trámite procesal de primera instancia, mediante sentencia
de 22 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia amparó los
derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la ejecución de desarrollos
urbanísticos conforme a derecho, y a la prevención de desastres previsibles
técnicamente.
45. El Tribunal evidenció que las obras contratadas no incluyeron elementos de
drenaje para las aguas de escorrentía, lo cual produjo una alteración nociva de su
flujo natural y, por ende, afectó los recursos naturales y generó una situación de
riesgo por erosión, socavación e inundaciones de los predios vecinos en épocas de
lluvias.
46. Inconformes con la determinación de primera instancia, el municipio de Santa
Fe de Antioquia y el Invías afirmaron en sus apelaciones que la acción popular de
la referencia era improcedente porque las afectaciones que motivaron la decisión
de amparo carecen de respaldo probatorio y el objeto del litigio no tiene una
connotación colectiva, sino que alude a derechos de carácter individual.
47.Además, el municipio y el Invías cuestionaron su responsabilidad en el
cumplimiento a las órdenes. Mientras que el demandante solicitó la revocatoria del
25 Mediante el cual se establece la distribución de los procesos entre las secciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado.
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ordinal quinto de la sentencia de primera instancia a efectos de obtener el
reconocimiento de las costas procesales.
48. Así pues, corresponde a la Sala establecer si: (i) la transgresión de los derechos
colectivos previstos en los literales a), d) y m) del artículo 4º de la Ley 472 se acreditó
en el plenario; (ii) si las autoridades condenadas deben cumplir con las órdenes de
amparo; y (iii) si se cumplieron o no los presupuestos para reconocer las costas
procesales en favor del demandante.
i) De la afectación de los derechos colectivos invocados y la procedencia de
la acción popular
49. El Instituto Nacional de Vías y la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia sostienen que el actor popular no demostró la transgresión de los
derechos colectivos previstos en los literales a), d) y m) del artículo 4º de la Ley 472,
y que la situación fáctica descrita denota un interés particular que carece de
connotación colectiva.
50. Frente a esos reparos, es pertinente recordar que la Corte Constitucional y esta
Corporación han sostenido pacíficamente que el juez popular cuenta con la
obligación de verificar si el derecho en debate es indivisible o transindividual, a
efectos de determinar cuándo es procedente este medio de control26. Para ello,
deberá valorar si la prueba de la afectación resulta o no identificable exclusivamente
con la situación individual de quien acude a la administración de justicia.
51. Esto quiere decir que el juez de la acción popular conoce de los litigios que
trascienden los intereses de los ciudadanos en concreto, pues si los derechos de la
controversia son individuales, el reclamo debe incoarse acudiendo a los
procedimientos judiciales establecidos para el efecto.
52. En esa línea conceptual, esta Sección, desde la sentencia de 18 de marzo de
2010, aclaró que «no deben confundirse los derechos colectivos con los individuales
comunes a un grupo de personas determinadas o determinables. La distinción entre
intereses subjetivos y colectivos de un grupo depende de la posibilidad de
apropiación exclusiva de los objetos o bienes materiales o inmateriales involucrados
en la relación jurídica»27.
53. Así las cosas, es posible afirmar que el actor popular tiene la obligación de
argumentar en su demanda las razones por las que el hecho dañino objeto del
proceso judicial vulnera una prerrogativa que va más allá de su esfera individual y
que atañe a la sociedad en conjunto. Premisa que se encuentra acreditada en este
26 Ver, entre otras, sentencia C-622 de 14 de agosto de 2007 de Corte Constitucional (M. P: Rodrigo Escobar
Gil) y sentencia de 10 de febrero de 2005 del Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P: María Elena Giraldo
Gómez. Rad. Núm: 25000-23-25-000-2003-00254-01(AP)
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente (E): María
Claudia Rojas Lasso. Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010). Radicación número: 44001-
23-31-000-2005-00328-01(AC). Actor: Bartolo Poveda González. Demandado: Municipio de Maicao y Otros.
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caso debido a que la demanda versa sobre los daños ambientales materializados
en el río Cauca y a los procesos erosivos y de socavación que afectaron todo el
margen del tramo 25B02 de la vía Bolombolo – Santa Fe de Antioquia.
54.Respecto del impacto causado al interés general, el Informe Técnico N.° 130
HX 6676 de 24 de julio de 200828, elaborado por el ingeniero civil y profesional
especializado de la Dirección Territorial de Hevéxicos de Corantioquia, Uriel Alonso
Suaza, registró lo siguiente:
[…]. SITUACIÓN ENCONTRADA
El día 15 de julio de 2008 se realizó visita al predio del señor Raúl Ruiz ubicado
en la vereda La Noque del municipio de Santa Fe de Antioquia. En ese sitio el
Invías depositó material proveniente de los deslizamientos recogidos en el
contrato de mantenimiento de la vía Bolombo - Santa fe de Antioquia. […].
La zona de depósito se encuentra debidamente conformada y compactada, pero
en la parte de atrás del lote no se conformó adecuadamente y el material
depositado, por lo tanto, se encuentra suelto, sin revegetalizar, y sobre la
corona del talud resultante se observa un agrietamiento. […].
Durante el proceso de ejecución del contrato de mantenimiento de la vía Bolombo
• Santa fe de Antioquia y con la utilización del predio contiguo adonde se tiene
construida la vivienda del señor Ruiz, como zona de depósito, se taponó
completamente esta obra de descarga.
A lo cual el Invías después de realizado el lleno con el material proveniente de los
deslizamientos de la vía en mención y con una retroexcavadora, construyó un
canal trapezoidal sin revestimiento, para evacuar las aguas de escorrentía
provenientes de la vía y que se estaban represando al taponar la salida con
esta zona de depósito. […].
Al no tener un revestimiento este canal en las paredes, estas se derrumban
fácilmente, también se desestabilizaron 2 árboles de la especie cedro amarillo,
debido a que se les cortó parte de la raíz.
Dicho canal no funciona adecuadamente, puesto que ese colmata con el mismo
material del lleno y debido a la falta de pendiente.
Este material también sedimenta el río Cauca puesto que no cuenta con un
tanque sedimentador en la descarga.
La obra de descarga de la vía Bolombolo - Santa fe de Antioquia al parecer
discurría por el predio del señor Raúl Ruiz antes de realizar estas zonas de
depósito en su predio, por lo tanto, para la evacuación de estas aguas de
escorrentía provenientes de la vía, se debió canalizar esta descarga hasta el
cauce del río Cauca. […].
Con este canal se coloca en riesgo a las personas que habitan la vivienda y
visitan el predio, puesto que no está debidamente aislado y cercado para
evitar el paso de animales y peatones. […]». (Negrilla fuera del texto).
28 Folios 3 y ss. del anexo del expediente.
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55.También se demostró que el director (E) de la Territorial de Hevéxicos de
Corantioquia, Omar Darío Cuadros Torres, mediante acto administrativo N.° 130 HX
3898 del 28 de agosto de 200829, adoptó las siguientes medidas preventivas:
«[…] Artículo 1. Requerir al Instituto Nacional de Vías -Invías- […] para que en un
término de 45 días calendario, proceda a ejecutar las siguientes actividades
ambientales:
• Canalizar la descarga de la obra de drenaje que atraviesa el predio del señor
Raúl Ruiz, ubicado en la vereda La Noque del municipio de Santa fe de Antioquia,
[…]. Las obras de canalización deberán incluir cámaras de inspección para el
mantenimiento, obras de descarga provista de aletas y con disipadores de
energía, para evitar la erosión del predio y la sedimentación del río Cauca.
• Conformar el talud resultante en la zona de depósito ubicado en el predio el
señor Raúl Ruiz. Deberá sellar la grieta conformada en la corona del mismo,
deberá revegetalizar este talud, ya que corresponde a la zona de retiro del río
Cauca. […].
• Reponer los árboles de cedro amarillo que se encuentren en riesgo de colapso
debido al corte de su sistema radicular.
Artículo 2. Imponer al Instituto Nacional de Vías -Invías- […] las medidas de
manejo ambiental propuestas por la misma entidad en el oficio número 130 HX -
589 del 1 de junio de 2007 […] para el manejo de las zonas de depósito, que se
utilicen durante los contratos de mantenimiento […]». (Negrilla fuera del texto).
56. La autoridad ambiental reiteró los mismos hallazgos 4 años después. En efecto,
el ingeniero civil y profesional especializado de la Corporación, Uriel Alonso Suaza,
realizó el 31 de enero 201230 el informe de control y seguimiento N.° 130 HX 1201-
10264, el cual presenta las siguientes conclusiones:
«[…]. En el contrato de mantenimiento ejecutado en el 2008 se regó, se conformó
y se compactó el material en los predios antes mencionados, pero en la parte de
atrás de los mismos que limitan con la zona de retiro del río Cauca, el
material no se conformó adecuadamente, no se revegetaIizó y se observa
asentamiento del terreno y erosión tipo cárcava producto de la descarga de
las aguas de escorrentía superficial de una obra de drenaje de la vía
Bolombolo - Santa fe de Antioquia, además, con las últimas crecientes del río
Cauca se está presentando también socavación lateral sobre la margen izquierda.
La obra de drenaje de la vía en mención que desemboca en el predio del señor
Raúl Ruiz, no fue tenida en cuenta cuando se utilizó este predio como zona de
depósito, por lo tanto no cuenta con una estructura hidráulica de salida con
capacidad suficiente, por lo que el agua se infiltra en el terreno, afectando
las construcciones existentes en dichos lotes.
Como solución a esta problemática, se requirió al Invías mediante acto
administrativo No. 130 HX 3898 de agosto 28 de 2008, para que encauzara
adecuadamente estas aguas provenientes de la obra de drenaje de la vía, que
recogen asimismo las aguas de escorrentía superficial de una vaguada natural
que desemboca en el río Cauca, requerimientos que no fueron atendidos de
forma completa […]». (Negrilla fuera del texto).
29 Ibid., folios 8 y ss.
30 Ibid., folios 19 y ss.
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57. Ante el referido incumplimiento de las medidas de manejo ambiental ordenadas,
la Corporación, por medio de su director Territorial de Hevéxicos, Omar de Jesús
Ramírez Ramírez, emitió el acto administrativo N.° 130 HX 1202-5747 de 17 de
febrero 201231, «por el cual se inicia un procedimiento sancionatorio». Allí dispuso:
«[…] PRIMERO: Iniciar procedimiento sancionatorio en contra del Instituto
Nacional de Vías -Invías-, Dirección Territorial Antioquia […], por la presunta
infracción a la normatividad ambiental vigente, en especial lo dispuesto en los
artículos 8, 178 y 180 del Decreto Ley 2811 de 1974, y en el acto
administrativo No. 130 HX 3938 del 28 de agosto de 2008, con la disposición
inadecuada de material proveniente del mantenimiento de la vía Bolombolo -
Santa fe de Antioquia, en los predios de propiedad de los señores Adrián Vahos y
Raúl Ruiz, ubicados en la vereda La Noque del municipio de Santa fe de Antioquia,
produciendo con esto taponamiento de una obra de drenaje que a su vez ha
generado erosión tipo cárcava en la zona de retiro de la margen izquierda
del río Cauca. […]». (Negrilla fuera del texto).
58. El 25 de noviembre de 2014, el equipo técnico de Corantioquia (integrado por
la ingeniera ambiental y técnica operativa, Carolina Bahamón Urrea A., y por el
ingeniero civil y profesional especializado, Luis Carlos Naranjo Villegas) volvió al
sector objeto de la demanda con el fin de realizar «visita de control y seguimiento al
territorio, estado verificación actual drenaje zona de depósito La Noque».
59. Estando allí, los ingenieros observaron, en primer lugar, que el Invías había
sellado y cancelado la alcantarilla sencilla que descargaba las aguas de escorrentía
hacia el canal trapezoidal abierto en tierra que inicialmente se había construido. Por
otro lado, indicaron que, con el fin de «mitigar la afectación generada y manejar las
aguas de escorrentía de la vía en el sector» el Invías construyó, a una distancia de
140 metros respecto de la alcantarilla sellada, una nueva obra hidráulica transversal
en tubería doble de concreto de 36´´.
60. Los efectos de las actividades descritas fueron consignados por los mismos
ingenieros en el Informe Técnico N.° 130 HX 1411-12914 de 27 de noviembre
201432, del cual se destacan los siguientes apartes:
«[…] CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
[…] se realiza visita de control y seguimiento al territorio, haciendo un
reconocimiento especial a estos predios y los sectores aledaños, sin detectarse
deterioro y/o daños ambientales a los recursos naturales renovables
imputables a intervenciones antrópicas actuales y a las zonas intervenidas
y afectadas con la adecuación de la zona de depósito en el año 2008,
restauradas y recuperadas ambientalmente, ni encontrar evidencias de
estarse violando el derecho colectivo al goce de un ambiente sano y/o goce
del espacio público, además de las intervenciones haberse realizado en
predios privados, en los cuales se construyeron viviendas campestres.
[…]. La margen izquierda del río Cauca en su zona de retiro afectada, no presenta
evidencias actuales de procesos de socavación y desestabilización del talud
31 Ibid., folios 32 y ss. y 54 y ss. del cuaderno principal.
32 Ibid., folios 128 y ss.
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activos y se observa buena recuperación de la cobertura vegetal por
procesos de regeneración natural con especies pioneras. […]». (Negrilla fuera
del texto).
61.Idénticas conclusiones planteó el ingeniero civil de Corantioquia, Luis Carlos
Naranjo Villegas, en el Informe Técnico N.° 160 HX 1503-1321 de 5 de marzo de
201533. En la correspondiente «visita de verificación, práctica de pruebas –
sancionatorio ambiental por intervención de drenaje y adecuación de zona de
depósito La Noque», el servidor mencionado dio cuenta de los siguientes aspectos:
i) «no se detectaron deterioros y/o daños ambientales a los recursos naturales
renovables o a la zona ribereña del rio Cauca activos o nuevos, imputables a
intervenciones antrópicas actuales o realizadas en años anteriores».
ii) «las zonas intervenidas y afectadas con la adecuación de la zona de depósito en
años anteriores, fueron restauradas y recuperadas ambientalmente, en las cuales
se construyeron viviendas campestres y/o fincas de recreo (Mirador del Cauca 1, de
propiedad de Raúl Ruiz, y Mirador del Cauca 2, de propiedad de Adrián Vahos)».
iii) «la obra hidráulica transversal de la vía […], ubicada en las coordenadas
geográficas N 6° 23´ 59.7´´ y W 75° 49´ 59.1´´, la cual […] drenaba las aguas de
escorrentía de la vía sobre el predio del señor Raúl Ruiz […], fue sellada y cancelada
[…]».
iv) «para mitigar la afectación generada y manejar las aguas de escorrentía de la
vía del sector, el Invías construyó una nueva obra hidráulica transversal (alcantarilla
en tubería doble de concreto de 36´´ o melliza) en la vía, ubicada en las coordenadas
N 6° 24´ 04.2´´ y W 75° 49´ 59.4´´, cuyo descole descarga las aguas en pequeño
canal (drenaje) en tierra, en predio del Padre Mario Vahos, para descargarlas al rio
Cauca en las coordenadas N 6° 24´ 05.5´´ y W 75° 49´ 56.0´´».
62.Nótese que la autoridad ambiental detectó una recuperación general de las
zonas impactadas. Aun así, el informe técnico reconoce que la problemática
denunciada no había sido resuelta totalmente, toda vez que los habitantes
manifestaron que los empozamientos persisten y los profesionales de la
Corporación insistieron en que era necesario implementar obras hidráulicas para
conducir las aguas de escorrentía hasta el río Cauca. Veamos:
«[…]. De acuerdo a lo manifestado por los acompañantes […] en el sector aledaño
a estos predios cruzando la vía […] se genera represamiento de algunas de las
aguas de escorrentía de la zona, las cuales se infiltran en el terreno, situación
que no se pudo verificar en el momento de la visita. Por la configuración del terreno
es evidente el problema de represamiento de las aguas por falta de obras
hidráulicas que garanticen el normal flujo de las mismas y su descarga al río
Cauca. […]»34. (Negrilla fuera del texto).
33 Ibid., folios 119 y ss.
34 Ibidem.
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63. Transcurridos 8 meses, mediante Informe técnico de control y seguimiento al
territorio N.° 160 HX 1511-13742 de 26 de noviembre de 201535, el equipo técnico
de Corantioquia (integrado por el ingeniero civil, Oscar Enrique Rodríguez, y la
técnica operativa, Leidy A. Hoyos Taborda) corroboró las deficiencias del sistema
de alcantarillado del corredor vial en cuestión, así como los impactos ambientales
que estaba ocasionando.
64. El informe precisó que, en el sector en cuestión, la vía tiene 2 alcantarillas, una
sencilla y otra doble. En cuanto a la primera alcantarilla, la Corporación describió
las siguientes dificultades:
«[…]. El encole […] está cubierto de vegetación, pero se observa que
hidráulicamente puede funcionar; solo se necesita hacerle una limpieza. El
descole, por el contrario, está obstruido y aún si se destaponara, está sumido
en una depresión producto de llenos en los alrededores. Es decir, aun
destaponada no podría fluir el agua hasta el río. […].
Esta alcantarilla tiene entrada de agua por el encole, pero ninguna salida por el
descole. Esto necesariamente lleva a que en los momentos de lluvia fuerte se
inunde el lado de aguas arriba de la tubería, es decir el encole, sin que se
pueda desaguar nada desde esa alcantarilla, aguas abajo hasta el río.
Aquí se ve una afectación a los recursos naturales. Si el agua se estanca en
el encole y no tiene forma de fluir, solo podrá salir por infiltración. Es esta
última la que en su discurrir subterráneo pasará bajo la vía y entrará a los
predios de enfrente, saturando el suelo y produciendo las perturbaciones de
las que se quejan algunos de los vecinos. Decimos que hay afectación porque
se da uno de los factores que deterioran el ambiente de acuerdo con el
Decreto Ley 2811 de 1974, esto es, las alteraciones nocivas del flujo natural
de las aguas. […]». (Negrilla fuera del texto).
65. La segunda alcantarilla (la cual se instaló a 160 metros de la primera) se observó
«con las tuberías mellizas totalmente despejadas, al igual que las aletas, tanto en
el encole como en el descole».
66. A partir de lo anterior, los profesionales de Corantioquia presentaron el siguiente
diagnóstico:
«[…]. Las dos alcantarillas fueron construidas dentro del proyecto original de la
vía. No es cierto que, como se lee en alguno de los informes, se haya
construido la doble con el fin de salvar el contratiempo del taponamiento de
la simple. No es aceptable la idea que una alcantarilla podría ser reemplazada
por una doble en los alrededores, y menos si se encuentran a 160 metros de
distancia.
Lo que queda por hacer es:
• Excavar un canal de una longitud cercana a los 110 metros, que arranque desde
la cota de batea del tubo de 36´´ en el descole (PR 57+880) y termine en la
intersección con el talud junto al río.
• Conformarlo y revestirlo en concreto.
35 Ibid., folios 134 y ss.
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• Construir una estructura disipadora de energía al final del canal ya revestido y
sobre el talud.
• Destapar la tubería de 36´´ que conforma la alcantarilla.
[…]. El recurso agua se afecta con la obstrucción del canal, lo que genera
alteración al flujo natural de las aguas de escorrentía de la ladera adyacente
a la vía. […].
El recurso suelo se afecta con la falta de construcción del disipador de
energía que contribuya a la reducción de la velocidad de las aguas de
escorrentía de manera que se evite la pérdida de suelo por erosión. […]».
(Negrilla fuera del texto).
67. En consecuencia, la jefe de la Oficina Territorial Hevéxicos de Corantioquia,
Mally Martínez Murillo, expidió el acto administrativo N.° 130 HX 1512-8076 de 14
de diciembre 201536, por el cual decidió el procedimiento administrativo
sancionatorio iniciado contra el Invías en el sentido de no sancionarlo por estas
razones:
«[…] Artículo 1°: Absolver al Instituto Nacional de Vías -Invías-, Dirección
Territorial Antioquia […] por la presunta infracción a la normatividad ambiental
vigente, en especial lo dispuesto en los artículos 8, 178 y 180 del Decreto Ley
2811 de 1974 y en el acto administrativo N.° 130 HX 3938 del 28 de agosto de
2008, con la disposición inadecuada de material proveniente del
mantenimiento de la vía Bolombo - Santa fe de Antioquia, en los predios de
propiedad de los señores Adrián Vahos y Raúl Ruiz, ubicados en la vereda La
Noque del municipio de Santa fe de Antioquia […].
Artículo 2°: Recomendar al Instituto Nacional de Vías -Invías-, Dirección
Territorial Antioquia […] ejecutar las obras recomendadas por los técnicos
corporativos, entre los predios de propiedad de los señores Adrián Vahos y Raúl
Ruiz ubicadas en el K57+880 de la vereda La Noque del municipio de Santa fe de
Antioquia […]». (Negrilla fuera del texto).
68. La determinación de no imponer medida sancionatoria de multa al Invías se
fundamentó en que: (i) «no existe certeza que el instituto no hubiese realizado las
obras alevosamente»; (ii) «no existe certeza que se hubiesen causado posibles
impactos a los recursos naturales con el no desarrollo de la actividad»; y (iii) «la
calificación técnica […] ha determinado que los impactos evaluados con criterio
negativo, son moderados y reversibles con la implementación de las obras
recomendadas al Invías». Por ello, pese a no imponer sanción alguna, la
Corporación consideró relevante que el Invías «ejecute las obras recomendadas por
los técnicos corporativos».
69. En el acervo además reposa el informe técnico de 30 de marzo de 201737,
elaborado por los funcionarios de la secretaria de Desarrollo Rural, Turismo y Medio
Ambiente de la alcaldía de Santa Fe de Antioquia38 con el objeto de verificar los
efectos del depósito de material proveniente de los deslizamientos recogidos
36 Ibid., folios 144 y ss.
37 Ibid., folios 298 y ss.
38 Leidy Dayana Giraldo y Daniel Felipe Agudelo Acevedo.
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durante los contratos de mantenimiento de la vía Santa Fe de Antioquia –
Bolombolo.
70. En dicho informe se precisó que los predios Mirador del Cauca 1 y 2 se
inundaban de aguas lluvias, pero «esto tuvo fin con el canal construido por el Invías
que tenía su descole en el río Cauca, el cual ya no existe debido a que los
propietarios del predio hicieron lleno […], y se canalizó con tubería de mediano
tamaño dichas aguas, cabe anotar que de ello no se tiene evidencia que desagüe
en el río Cauca».
71. En este orden de ideas, y de conformidad con el recuento probatorio descrito,
la Sala advierte que el Invías, con ocasión de las actividades de mantenimiento de
la vía Bolombolo – Santa Fe de Antioquia, depositó material en predios de propiedad
privada de forma inadecuada.
72. La remoción y compactación del suelo produjo el taponamiento de una obra de
descarga o salida del corredor vial que impedía la evacuación de las aguas de
escorrentía y generaba la consecuente acumulación del recurso hídrico en los
predios contiguos a la vía.
73. La autoridad ambiental encontró, luego de realizar diversas visitas, que se
presentó una regeneración ambiental del sector. Sin embargo, no descartó que los
problemas de empozamiento de las aguas pudieran volver a presentarse debido a
la configuración del terreno.
74. La vigencia de los impactos ambientales ocasionados por la disposición
indebida de las aguas, fue corroborada por los técnicos de Corantioquia a finales de
2015, cuando observaron que:
i) La alcantarilla sencilla estaba obstruida y sumida en una depresión en su
extremo final o descole, justamente debido a la disposición inadecuada de material
realizada por el Invías. Por tal motivo, el agua no podía desembocar en el río
Cauca39 y, en momentos de lluvias fuertes, se inundaba el sector superior de la
tubería.
ii) Producto de lo anterior se detectaron afectaciones de los recursos naturales,
pues el agua, al no tener forma de fluir, quedaba estancada, se infiltraba en el suelo,
discurría de manera subterránea y se alojaba en los predios vecinos. Esto
39 Esta conclusión también fue reiterada por el testigo técnico de Corantioquia, Carolina Bahamón Urrea, en
audiencia de testimonios realizada el 22 de noviembre de 2016, visible en el folio 271 del cuaderno principal
del expediente de la referencia. En esa oportunidad la ingeniera ambiental manifestó: “Lo que estaba
conectado en esa obra de descole era en tierra, no había una obra para la entrega correcta a la fuente
hídrica, pero estaba sellada, por lo que en ese momento no había cómo evacuar el agua. […]. [T]ampoco
estaban habilitadas las obras de drenaje de esas aguas de escorrentía en el momento que se presentaran
hacia el predio del señor Raúl porque había sido sellado el ingreso de esas aguas de escorrentía hacia su
predio”.
En sentido similar, el ingeniero civil de la Corporación, Luis Carlos Naranjo Villegas, refirió: “lo que sí es claro
es que la tubería esta taponada, inclusive la misma alcantarilla de 36 pulgadas esa tubería también esta
taponada, es decir, no hay posibilidad de que por ahí haya evacuación de aguas de escorrentía de la
vía”.
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provocaba saturación e inestabilidad del terreno y, en consecuencia, afectaba a las
estructuras cimentadas en el sector.
iii) Dicha circunstancia fue catalogada por Corantioquia como factor que
deterioraba el ambiente, específicamente, como una «alteración nociva de los flujos
naturales de las aguas», en los términos del literal d. del artículo 8 del CNRN.
iv) El buen funcionamiento de la alcantarilla doble no reemplazaba ni incidía en la
solución que requería la alcantarilla sencilla, particularmente porque se encuentran
situadas a una distancia de 160 m. Por lo tanto, en relación con la tubería sencilla,
concluyó que «en el momento» no existe canal y por ello la evacuación de las aguas
se daba por vertimiento indiscriminado sobre el talud situado cerca del río Cauca.
v) De tal modo, para efectos de remediar la problemática, la Corporación reafirmó
la necesidad de que se desarrollaran obras asociadas a un canal que permita
conducir y verter adecuadamente las aguas de escorrentía hasta el río Cauca.
vi) Mientras que ello ocurría, los técnicos precisaron que el recurso hídrico estaba
siendo alterado en su flujo natural por la obstrucción del canal, y que el recurso
suelo estaba siendo afectado por la ausencia de un disipador de energía que
redujera la velocidad de las aguas y previniera la pérdida de suelo por erosión.
vii) Aunque Corantioquia no halló mérito para imponer medidas sancionatorias en
contra del Invías, insistió en que los impactos ambientales detectados debían ser
corregidos mediante la implementación de las obras de canalización hidráulica40.
75. Finalmente, en marzo de 2017, la alcaldía de Santa Fe de Antioquia también
señaló que no existía en el sector una canalización que condujera de manera
efectiva las aguas de escorrentía hasta el río Cauca.
76. Todo ello significa que la alteración del sistema de drenaje de la vía Bolombolo
– Santa Fe de Antioquia (a la altura del tramo 25B02) y la ausencia de obras que
permitieran la adecuada captación, conducción y vertimiento de las aguas de
escorrentía en ese sector, se erigió como una situación lesiva de los derechos
colectivos invocados en la demanda.
77. En efecto, quedó demostrado que las aguas superficiales no fluían
adecuadamente, se empozaban en los terrenos aledaños a la vía y,
progresivamente, se infiltraron en el suelo, lo cual implicó la intervención indebida y
desprotección de una vaguada natural que desemboca en el río Cauca.
40 Ibidem. En la misma audiencia de testimonios, el ingeniero civil de Corantioquia, Luis Carlos Naranjo Villegas,
afirmó: “lo que siempre ha dicho la corporación y lo que hay que reiterar que hay que restaurar ese
descole, esas aguas lluvias hay que restaurarlas construyendo un canal adecuado, en concreto, con sus
disipadores de energía que entreguen de manera adecuada y correcta el rio Cauca sin generar ningún
tipo de afectación, primero al daño ambiental (…) y también que no haya afectaciones a terceros”.
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78. Esto condujo a: (i) la saturación y asentamiento del terreno; (ii) la erosión de
suelo de protección -zona de retiro del río Cauca-; (iii) la afectación de especies
arbóreas; (iv) el daño y agrietamiento del talud próximo al cauce; (v) la
sedimentación del río Cauca por el arrastre del material depositado; y (vi) la
amenaza para las construcciones e infraestructuras circundantes.
79. De tal modo, se advierte que la acción popular resultaba procedente, toda vez
que los medios de prueba apuntaron a que la problemática denunciada afectaba
derechos de índole colectiva, y no meramente subjetivos.
80. La autoridad ambiental en diversas oportunidades destacó que la
disfuncionalidad del sistema de drenaje de la infraestructura pública vial en cuestión,
se erigió como factor de deterioro de los recursos naturales y una condición de
amenaza41 fundada en la inestabilidad de los suelos e intensificada por los periodos
invernales.
81. Tan es así que el acto administrativo que culminó el procedimiento
administrativo aclaró que la decisión de no sancionar al Invías se adoptaba sin
perjuicio de que ese Instituto permaneciera obligado a ejecutar las obras de
corrección de los impactos ambientales ocasionados.
82. Sin lugar a dudas, el uso racional de los recursos naturales, la gestión del riesgo
de desastres y la planificación del desarrollo del territorio y del ejercicio de la
actividad urbanística, son instituciones que, según el Decreto 2811 de 197442, la Ley
1523 de 201243 y la Ley 388 de 199744 -entre otras disposiciones-, atañen a la
estructuración de condiciones básicas que deben posibilitar el ejercicio de derechos
supraindividuales, de titularidad difusa o de ejercicio indivisible.
83. El hecho de que las anomalías del sistema de drenaje de la infraestructura
pública vial hayan generado afectaciones que inicialmente repercutieron en dos
predios puntuales, no permite eludir que esa misma acción trascendió a la alteración
nociva del flujo natural de las aguas, a la degradación y erosión de los suelos y a la
sedimentación del río Cauca.
84. Estas repercusiones ponen en vilo los derechos de la comunidad en la medida
en que el mismo ordenamiento jurídico establece que:
41 Conforme a la Ley 1523 de 2012, el riesgo se compone, de un lado, por una condición de amenaza asociada
a eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional.
Y, de otro lado, por un escenario de vulnerabilidad de personas, medios de subsistencia, bienes, infraestructura,
recursos naturales u otros bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento, al encontrarse frágiles, expuestos
o susceptibles a posibles daños, afectaciones o eventos adversos por la materialización de la amenaza.
42 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente”.
43 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
44 “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
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i) «el ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario para la
supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos» y que «la
preservación y manejo de los recursos naturales son de utilidad pública e interés
social»45;
ii) «La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable
para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses
colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en
riesgo […]»46; y
iii) «El ordenamiento del territorio constituye en su conjunto una función pública»
que involucra la adecuación de los usos del suelo en aras de posibilitar el acceso -
y uso común- de la infraestructura pública vial, de transporte y de servicios, mejorar
la seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos naturales, y, en
general, propender por la materialización del desarrollo sostenible, los derechos
constitucionales, el interés común y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población47.
85. Además, es preciso recordar que la Sección Primera de esta Corporación, en
sentencia de 16 de marzo de 202348, verificó la transgresión de los derechos
colectivos aquí evaluados en un caso con similares supuestos fácticos, tras
encontrar que:
«Particularmente, los informes revelan que la influencia de las aguas vertidas por
los descoles de la vía Medellín – Bogotá han contribuido de forma considerable
a los procesos de inestabilidad al transportar y descargar caudales con la
suficiente energía como para crear cárcavas erosivas, las cuales, con el paso
del tiempo, han ido ahondando y socavando el terreno ladera abajo, con lo
cual se perjudica la estabilidad de la zona». (Negrilla fuera del texto).
86. Así pues, la verdad procesal existente al momento de dictar la sentencia de 22
de noviembre de 2021 implicaba la afectación material de los derechos colectivos
protegidos. Ahora bien, con el fin de verificar el estado actual de esa problemática,
a través de auto de 20 de junio de 202349, esta Corporación judicial oficio al Invías,
a la ANI50, a Corantioquia y a la administración municipal de Santa Fe de Antioquia
para se pronunciarán sobre el contexto fáctico reciente.
87. En virtud de lo anterior, el equipo técnico de Corantioquia (integrado por la
profesional especializada, Adriana Castro Rodríguez, y por el técnico operativo,
45 Artículos 1 y 2 del Decreto 2811 de 1974.
46 Artículo 1 de la Ley 1523 de 2012.
47 Artículo 3 de la Ley 388 de 1997.
48 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de mayo de
2023. Rad. N.° 05001-23-33-000-2011-01184-01. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
49 Cfr.: Sistema de consulta judicial “SAMAI” - consulta de procesos: Radicado N.° 05001-33-33-000-2014-
01831-01 Santiago González Zapata contra el Invías y otros. Registro N.° 19 del expediente digital de la
referencia. Documento denominado “AUTOPARAMEJORPROVEER(.pdf) NroActua 19”.
50 Ibid., folios 224 y ss. del expediente físico.
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Hernán Darío Sepúlveda Tangarife) elaboró el «informe técnico de control y
seguimiento al territorio» N.° 160 HX-IT-2307-8242 de 6 de julio de 2023.
88. Allí se mencionó que: «el sistema de drenaje consiste en una obra hidráulica
transversal en concreto (alcantarilla) la cuál en el momento de la visita presenta un
correcto funcionamiento, debido a que no se evidencia represamiento de aguas de
escorrentía, y en épocas de lluvia no se han presentado inundaciones en los predios
aledaños ni en la vía»51.
89. Adujeron que el sistema drena las aguas provenientes de las áreas paralelas a
la vía teniendo en cuenta que en la última semana se han dado precipitaciones
considerables. De igual forma, los técnicos evidenciaron el curso del drenaje hacia
el río Cauca.
90. Los funcionarios encontraron que «la zona de relleno y conformación del antiguo
canal se encuentra totalmente revegetalizada y arborizada, además que no existen
evidencias de erosión, socavación o inestabilidad. Adicionalmente se presenta una
pendiente que ayuda a encauzar y a la infiltración de las aguas escorrentía para
seguir su curso hasta la obra de drenaje transversal a la vía».
51 Ibid., Registros N.° 28 y 29 de 7 de julio de 2023. Documento denominado: “160HX-IT2307-8242 INFORME
TECNICO”.
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91. En cuanto a las eventuales medidas de gestión de los factores de riesgo
inicialmente identificados por la Corporación, el personal consignó lo siguiente:
«[…]. De acuerdo con lo evidenciado en campo se observa que se realizaron
obras de mitigación como encauzar el agua a las obras de drenaje las cuales
conducen el agua de escorrentía al rio cauca; estas obras realizadas han sido
eficientes ya que no se evidencia afectación a las viviendas o predios, la vía
y el sector donde se presentó el suceso anterior. Según la información
después de la realización del sistema de drenaje transversal a la vía no se volvió
a presentar inundación o represamiento alguno en las fincas campestres
aledañas. […]». (Negrilla fuera del texto).
Infraestructura vial
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Viviendas aledañas
92. Finalmente, señalaron que, conforme al dicho del propietario de uno de los
predios vecinos, «las acciones realizadas por Invías han tenido las condiciones
óptimas para drenar las aguas de escorrentía y las acciones han sido correctas ya
que no hay afectaciones a los predios ni la vía». De tal modo, el informe concluyó
que la problemática ha sido solucionada:
«✓ De acuerdo con lo evidenciado en la visita de campo, las condiciones de la
infraestructura vial, predios aledaños y de la zona de relleno en la margen
izquierda de la vía Bolombolo – Santa Fe no presentan actualmente ninguna
afectación por la acción de aguas escorrentía ya que existe un adecuado
manejo.
✓ Teniendo en cuenta el testimonio del señor José Raúl Ruiz Molina quien expresa
que las acciones realizadas por el Instituto Nacional de Vías INVIAS han
tenido las condiciones técnicas apropiadas para drenar las aguas de
escorrentía. Por lo tanto, se concluye que la problemática ha sido solucionada.
[…]». (Negrilla fuera del texto).
93. Por su parte, la alcaldía municipal de Santa Fe de Antioquia, por intermedio de
la arquitecta y directora del Departamento Administrativo de Planeación, Sol
Mileider Jaramillo Henao, de la secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
Astrid Liliana Uribe Tabares, y del ingeniero civil contratista de la Secretaría de
Infraestructura, Cristian Camilo Bolívar Grisales, allegó el «informe de visita técnica»
de 17 de julio de 202352.
94. En dicho informe los servidores anotaron que la vía Nacional Bolombolo – Santa
Fe de Antioquia, a la altura del tramo 25B02, se encuentra en «buen estado y
correcto funcionamiento»:
52 Ibid., Registro N.° 33 de 17 de julio de 2023. Documento N.° 52.
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Magen 3 y 4. Estado Actual de la vía denominado tramo 25B02, aledaño al predio «El Mirador
del Cauca»
95. Seguidamente, los funcionarios precisaron que:
«En la visita recibida por el propio señor José Raúl Ruiz Molina, quien durante el
recorrido expresa que hace mas de 8 años no se presentan afectaciones a su
predio ni a la vía en mención, nos señala los sitios de las obras realizadas por
la ANI, en su momento y que los predios afectados se han ido estabilizando y
que inclusive pudimos evidenciar que no existe erosión, ni afectaciones a
los predios vecinos, ya que fueron intervenidos dando pendiente a las aguas
lluvias y escorrentías que van a las obras de drenaje desarrollada y se
aprecia cobertura vegetal abundante y de buen tamaño, que habla de un
periodo de estabilidad para su crecimiento. […]». (Negrilla fuera del texto).
Imagen 5 y 6. Estado Actual de los predios cercanos la vía en el tramo 25B02, aledaño al
predio «El Mirador del Cauca», al otro lado de la vía
96. Posteriormente, el personal se dirigió al sitio «de la obra de drenaje, ubicado en
las coordenadas 18N 407865.35 E- 707618.785 S», donde se manifestó que:
«[…] se evidencia que funciona adecuadamente, se encuentra en estado
adecuado y de estabilidad, se evidencia la necesidad de hacer mantenimiento
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de limpieza a las obras, para evitar la obstrucción por la sedimentación y material
vegetal acumulado en su canal». (Negrilla fuera del texto).
Imagen 7, 8 y 9. Estado Actual del Drenaje construido por la ANI, para evacuación de las aguas
escorrentías
97. Por último, estando en el predio de Ruiz Molina, los funcionarios indicaron:
«[…] se evidencia el buen estado de la propiedad, de los pastos y del terreno del
sector afectado en su momento (2014). No se evidencian procesos erosivos,
de socavación o inestabilidad asociado a aguas escorrentías ni a las obras
de drenaje desarrolladas en la vía nacional. […]». (Negrilla fuera del texto).
98. De conformidad con los hallazgos registrados en la visita, los servidores de la
Alcaldía plantearon, entre otras, las siguientes conclusiones:
«CONCLUSIONES
1. La vía nacional concesionada se encuentra en buen estado de
funcionamiento, no se aprecian inundaciones, represamientos, ni
socavaciones en su infraestructura.
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2. Los predios afectados por aguas escorrentías para la época de la interposición
de la acción popular, se aprecian con cobertura vegetal en buen estado y con
periodo de crecimiento adecuado que evidencia la estabilidad de los terrenos.
3. Las obras de drenaje realizadas en su momento por la ANI se encuentran en
buenas condiciones y en funcionamiento; se requiere mantenimiento rutinario de
limpieza de los canales para evitar su obstrucción por sedimentación.
[El sistema de drenaje de la vía] [f]unciona de manera técnica y adecuada […].
Sin embargo, será la entidad encargada de la vía, quien debe brindar mayor
detalle y claridad técnica sobre el particular.
[…] Lo advertido en la visita permite identificar claramente, como se detalló a
grandes rasgos en el presente informe, obras de infraestructura y de
vegetación desarrolladas en el sector, sin que puedan los suscritos en el
presente informe, conceptuar sobre la fecha de su realización, razones y
menos aún, quien fue el responsable directo de su construcción,
presumiendo que pudo haber sido el concesionario de la vía o la autoridad
nacional responsable de la misma por ser una vida de primer orden y/o nacional.
[…]». (Negrilla fuera del texto).
99. Cabe destacar que dichas pruebas surtieron el traslado respectivo, sin que
ningún sujeto procesal cuestionara esos hallazgos. En consecuencia, la Sala
concluye que, a julio de 2023, en el sector circundante al tramo 25B02 de vía
Bolombolo – Santa Fe de Antioquia, no se evidencia una situación de perturbación
ambiental ni de amenaza de desastre.
100. Los profesionales que realizaron las dos visitas coincidieron, junto con los
habitantes del sector, en que los factores detonantes de la problemática ambiental
y de riesgo de desastre «ya no tienen lugar»53.
101. Con base en ello, la Sala observa que actualmente el sistema de drenaje de la
vía en el sector, presenta un óptimo funcionamiento, pues se evidenció que las
aguas son «encauzadas» de manera «eficiente» hacia la obra de drenaje
transversal a la vía, y de allí son conducidas hasta el río Cauca, con lo cual se
salvaguarda el ambiente y los recursos naturales del sector.
102. En consecuencia, las repercusiones sobre los derechos colectivos invocados,
atribuibles a las anomalías del drenaje de las aguas, cesaron en la medida en que
los profesionales advirtieron que: (i) no se evidenció represamiento de aguas ni
inundaciones; (ii) las zonas inicialmente afectadas están totalmente
revegetalizadas; (iii) no hay procesos de saturación, erosión, socavación o
inestabilidad de suelos; y, por lo tanto, (iv) las viviendas, predios, construcciones e
infraestructuras del sector, incluyendo la vía, no se encuentran bajo amenaza
alguna.
53 La Corte Constitucional, en la sentencia T-653 de 2017 (M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo), se refirió a
la carencia actual de objeto por acaecimiento de una situación sobreviniente como una situación «[…]
cuyo origen no está en el accionar de la parte demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya
sea porque el actor asumió la carga que no le correspondía, porque a raíz de dicha situación perdió interés en
el resultado de la litis, o por cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria la intervención del juez
[…]».
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103. En línea con lo anterior, se concluye que, durante el trámite de la segunda
instancia, el proceso de la referencia perdió su objeto por haber acaecido una
«situación sobreviniente» de recuperación de los ecosistemas por la acción propia
de la naturaleza.
104. Cabe mencionar que la carencia actual de objeto por hecho superado es un
fenómeno que opera en las acciones populares siempre que el juez verifique, entre
la interposición de la demanda y la sentencia que defina la litis, la desaparición de
las circunstancias que amenazaron o vulneraron los derechos colectivos54.
105. Sobre esta figura, la Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación de 4 de septiembre de 2018 recapituló las siguientes reglas:
[…] la Sala unifica la jurisprudencia en relación con la configuración de la
carencia actual de objeto por hecho superado, dentro de una acción
popular, en los siguientes dos sentidos:
i.Aun en aquellos casos en que el demandado o, incluso, la autoridad judicial
de conocimiento consideren que se ha superado la situación que dio lugar a la
interposición de la acción, es necesario verificar el cese de la amenaza o la
vulneración de los derechos colectivos comprometidos, sin que baste
con la simple alegación de haberse adelantado alguna actuación
enderezada a la superación de la situación; en aquellos casos en que la
amenaza a los derechos colectivos subsista no es procedente declarar el
hecho superado, aun cuando se verifique que se ha adelantado alguna
actuación a fin de cesar la amenaza o vulneración de los mismos.
ii. El hecho de que, durante el curso de la acción popular, el juez
compruebe la desaparición de la situación que originó la afectación de
derechos colectivos, no es óbice para que proceda un análisis de fondo,
a fin de establecer el alcance de dichos derechos […]55 (negrillas de la Sala)
106. En suma, los cambios ecosistémicos generados en el sector permitieron que la
situación vulneradora de los derechos colectivos cambiara resultando «inútil o
innecesaria la intervención del juez constitucional», así como cualquier
pronunciamiento sobre los demás puntos de las apelaciones relacionado con las
competencias en el cumplimiento de las órdenes de amparo. Por ello, la Sala
revocará la sentencia de primera instancia para declarar, en su lugar, la carencia
actual de objeto por hecho superado.
ii) Del reconocimiento de las costas procesales en favor del demandante
107. Como se anotó en el planteamiento del problema jurídico, el demandante
solicitó en la alzada el reconocimiento de las costas procesales.
54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de diciembre
de 2019, CP. Oswaldo Giraldo López, número de radicación: 20001-23-33-000-2016-00114-02(AP).
55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de diciembre
de 2019, CP. Oswaldo Giraldo López, número de radicación: 20001-23-33-000-2016-00114-02(AP) / Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Rad: 08001-23-33-000-2013-00118-
01(AP). M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés / Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, Sentencia del 29 de agosto de 2013, Radicación No. 25000-23-24-000-2010-00616-01(AP),
Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, entre otras.
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108. En el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia de 22 de noviembre
de 2021, el Tribunal decidió «no condenar en costas» porque, a su juicio, no se
dieron los presupuestos para su reconocimiento y, además, tampoco se evidenció
su causación en el expediente. Veamos:
«[…] pese a que en la Ley 472 de 1998 se autoriza la condena en costas en las
acciones populares, esta Sala considera que, para el caso concreto, no se
presentan circunstancias excepcionales para que se aplique tal condena, ni
se observa que las partes hayan actuado de mala fe o abusando del ejercicio
de sus derechos procesales, o con temeridad y tampoco se encuentra
comprobada la causación de costas. Por lo tanto, y conforme con lo expuesto,
no se condenará en costas en esta instancia procesal. […]». (Negrilla fuera del texto).
109. Para resolver el anterior planteamiento, es pertinente recordar que las costas
procesales son aquellos gastos en que debe incurrir la parte vencida en un proceso
judicial y que están compuestos: (i) por las expensas, que son las erogaciones
económicas necesarias para tramitar el proceso, y (ii) por las agencias en derecho,
que son las suma reconocidas a la parte favorecida con la decisión por los costos
asumidos por la representación de un abogado o como contraprestación por el
tiempo y esfuerzo dedicados a la causa.
110. En lo relativo a la condena en costas en la acción popular, el artículo 38 de la
Ley 472 de 1998 reguló lo siguiente:
[…] COSTAS. El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las
costas. Sólo podrá condenar al demandante a sufragar los honorarios, gastos y
costos ocasionados al demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o
de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer
una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán
destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin
perjuicio de las demás acciones a que haya lugar […]
111. Aunado a ello, la Sala Plena de esta Corporación, mediante sentencia de
unificación de 6 de agosto de 201956, precisó las reglas que debe seguir el operador
judicial cuando debe evaluar si las costas son procedentes a favor de la parte actora,
las cuales son del siguiente tenor:
[…] 163. El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite el reconocimiento de las
costas procesales a favor del actor popular y a cargo de la parte demandada,
siempre que la sentencia le resulte favorable a las pretensiones protectorias de
los derechos colectivos, y la condena en costas, a la luz del artículo 361 del Código
General del proceso, incorpora tanto el concepto de expensas y gastos
procesales como el de las agencias en derecho.
[…] 166. Conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, armonizado con
el artículo 361 del Código General del Proceso, en las acciones populares la condena
en costas a favor del actor popular incluye las expensas, gastos y agencias en
56 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejera ponente Rocío Araújo
Oñate, providencia de 6 de agosto de 2019, expediente núm. 15001-33-33-007-2017-00036-
01(AP)REV-SU.
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derecho con independencia de que la parte actora haya promovido y/o
concurrido al proceso mediante apoderado judicial o lo haya hecho
directamente.
167. En cualquiera de los eventos en que cabe el reconocimiento de las costas
procesales, bien sea en cuanto a las expensas y gastos procesales o a las agencias
en derecho, bien sea a favor del actor popular o de la parte demandada, la condena
se hará atendiendo las reglas previstas en el artículo 365 del Código General del
Proceso, de forma que sólo se condenará al pago de aquellas que se
encuentren causadas y se liquidarán en la medida de su comprobación.
169. Para este efecto, se entenderá causada la agencia en derecho siempre que el
actor popular resulte vencedor en la pretensión protectoria de los derechos colectivos
y su acreditación corresponderá a la valoración que efectúe el fallador en atención a
los criterios señalados en el numeral 4 del artículo 366 del Código General del
Proceso, es decir, en atención a la naturaleza, calidad y duración del asunto, o a
cualquier otra circunstancia especial que resulte relevante para tal efecto.
170. Las agencias en derecho se fijarán por el juez aplicando las tarifas establecidas
por el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo,
o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada por el actor popular, con independencia de si actuó
directamente o mediante apoderado, u otras circunstancias especiales, sin que pueda
exceder el máximo de dichas tarifas. […] (Negrilla fuera del texto)
112. Nótese que estas reglas se armonizan con lo dispuesto en el artículo 365 del
CGP, que señala:
[…] ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a
las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código.
Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un
incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo
de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
[…] 5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá
abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando
los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los
condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto,
se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de
ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado
las liquidaciones.
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8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas.
Sin embargo, podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de
desistimiento o transacción. […] (Negrilla fuera del texto)
113. De conformidad con estos criterios normativos y jurisprudenciales, en el evento
en que la sentencia de una acción popular sea condenatoria, el juez ordenara el
pago de las costas procesales en favor del demandante, siempre y cuando el actor
popular acredite los gastos en que incurrió para el desarrollo del proceso. Aunado a
ello, en el mismo escenario procederá el reconocimiento de las agencias en
derecho, con independencia de que el accionante hubiere actuado en causa propia
o mediante apoderado judicial.
114. De ahí que, cuando la sentencia es parcialmente condenatoria debe primar una
valoración del juez popular de las circunstancias fácticas de cada proceso a efectos
de verificar la pertinencia de ese concepto. En línea con lo anterior, esta Sección se
abstuvo de condenar en costas a la parte accionada en la sentencia de 19 de
septiembre de 201957, tras advertir en ese caso lo siguiente:
[…] Con fundamento en las pruebas aportadas en segunda instancia la Sala
evidencia que, entre el momento de la presentación de la demanda (15 de junio
de 2012 ) y la sentencia de primera instancia (21 de febrero de 2018 ), el
INVISBU ejecutó las obras de adecuación de las redes de alcantarillado del
barrio Punta Paraíso en la ciudad de Bucaramanga, situación que se deduce si
se tiene en cuenta que el contrato de obra pública fue celebrado el 27 de julio
de 2015 y del acta de entrega definitiva de las obras de alcantarillado fue
suscrita el 28 de septiembre de 2017. Lo anterior, muestra que la ejecución
de las obras no se produjo como consecuencia de la orden judicial, sino
que la misma fue una actuación autónoma del INVISBU. (…)
(…) en referencia a la condena en costas, la Sala observa que no se cumplen
los presupuestos legales ni con las reglas de unificación jurisprudencial
para su reconocimiento. Esto en consideración a que el Municipio de
Bucaramanga, la EMPAS S.A. y la CDMB no son partes vencidas en el
proceso, dado que, al declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado, las circunstancias que afectaron los derechos colectivos de la
comunidad del Barrio Punta Paraíso desaparecieron y, por lo tanto, se
revocarán las ordenes impuestas a dichas autoridades. Así mismo, no se
evidencian en el plenario elementos de juicio de los cuales se llegue a la certeza
que el actor sufragó algún gasto para el trámite del proceso, en concreto, no se
aportaron recibos, ni constancias que den cuenta de los costos en que pudo
incurrir […]. (Negrilla fuera del texto)
115. Mientras que la Sala, en la sentencia de 24 de octubre de 201958, accedió a
dicha condena luego de considerar que:
57 Radicado 68001-23-31-000-2012-00569-01 sentencia 19/09/2019, Sección Primera, Ponente: Oswaldo
Giraldo López, Actor: Rafael Vega Flórez, demandado: municipio de Bucaramanga y otros.
58 Radicado 68001-23-33-000-2013-00318-0, sentencia 24/10/2019, Sección Primera, Ponente: Hernando
Sánchez Sánchez, actor: LUIS Francisco Pico, demandado: municipio de Bucaramanga y otros
32
Radicación: 05-001-33-33-000-2014-01831-01
Demandante: Santiago González Zapata
Demandados: Instituto Nacional de Vías y otros
[…] [C]uando se declara que efectivamente ocurrió una vulneración de
derechos e intereses colectivos, en su momento atribuida a alguna entidad,
ésta última se considera vencida en el proceso, aun cuando por diferentes
circunstancias, analizadas en cada caso, la vulneración o amenaza se supera
antes de que se profiera la sentencia de primera instancia; situación que
necesariamente obliga al Juez a pronunciarse respecto de la condena en
costas (…).
[E]n el presente asunto la declaración de la carencia actual de objeto no
necesariamente implica que se revoquen las costas ordenadas por el
Tribunal sustanciador, en primera instancia, por cuanto tal determinación
fue consecuencia de la comprobación de la amenaza o vulneración a los
derechos colectivos invocados en la demanda […]. (Negrilla fuera del texto)
116. De conformidad con los citados precedentes, es menester en el caso concreto
aplicar lo reglado por el numeral 5° del artículo 365 del CGP conforme al cual el juez
podrá abstenerse de condenar en costas aun en el evento en que se configure un
hecho superado, previa justificación respectiva.
117. En este litigio la circunstancia posterior acreditada durante el transcurso de la
segunda instancia que demostró la no afectación de los derechos colectivos fue la
propia acción de la naturaleza, y no la intervención de las entidades demandadas
como consecuencia del fallo de primera instancia.
118. En otras palabras, el hecho superado no se configuró por la decisión del juez
popular, sino por el transcurso del tiempo y el cambio de las condiciones climáticas
e hidrogeológicas. En efecto, al ser los ecosistemas cambiantes, es posible que la
naturaleza modifique una condición física que en el pasado generó un riesgo para
la comunidad o un impacto ambiental negativo. Sin embargo, en tales escenarios
no se cumple la condición exigida por la jurisprudencia de esta Corporación
conforme a la cual la sentencia de primera instancia debe resultar favorable a las
pretensiones protectorias de los derechos colectivos para efectos de otorgar las costas al
demandante.
119. De tal modo, la Sala concluye que los presupuestos para reconocer las costas
procesales en favor del demandante no se cumplieron en el caso concreto, razón
por la que no se modificará el numeral 5° de la sentencia de 22 de noviembre de
2021, y tampoco se condenará en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2021 por la Sala Tercera
de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, DECLARAR la
carencia actual de objeto por la configuración de un hecho superado.
33
Radicación: 05-001-33-33-000-2014-01831-01
Demandante: Santiago González Zapata
Demandados: Instituto Nacional de Vías y otros
SEGUNDO: SIN COSTAS en primera y segunda instancia.
TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada
esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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