Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-01910-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2014-01910-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-01910-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2014-01910-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
3 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01910-02 (4664-2024)1
Demandante: Duván Alberto Ramírez Vásquez
Demandado: Nación, Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura -
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Juez municipal y de
circuito. Reiteración jurisprudencial. Subtema 1: disponibilidad presupuestal. Subtema 2:
aportes imprescriptibles a pensión.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 25 de julio de 2024, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El actor ejerció el empleo de juez municipal y de circuito, solicita el reconocimiento y
pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
como un factor mensual adicional al salario básico, y la reliquidación de las
prestaciones sociales.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. Duván Alberto Ramírez Vásquez, mediante apoderado judicial, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, el 3 de octubre de 2014, con las siguientes pretensiones2:
2.1.1. Pretensiones
2. El accionante solicitó que se declare la nulidad de la Resolución DESAJMR13-
1 Expediente híbrido.
2 Folios 1 a 8.
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01910-02 (4664-2024)
Demandante: Duván Alberto Ramírez Vásquez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
5381 del 19 de junio de 2013 y del acto ficto negativo ante la falta de respuesta al
recurso de apelación presentado el 12 de julio de 2013, que negaron el pago del 100%
del salario, la reliquidación de las prestaciones sociales, así como el 30% de la prima
especial de servicios.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó la reliquidación de las
prestaciones sociales sobre el 100% del salario, y el 30% de la prima especial de
servicios desde el 2007, hasta la fecha en que ocupe el cargo de juez.
2.1.2. Hechos
4. El actor prestó sus servicios como juez desde el año 2007, sin embargo, solo
recibió como salario el 70% fijado por el Gobierno nacional, según los decretos que
reglamentan el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
5. Resaltó que no ha recibido el pago del restante 30% de su salario, ni las
prestaciones sociales y la prima especial de servicios del 30%. En este sentido, señaló
que para el 2014 «debe devengar en un 100% del salario $6.093.848, más el 30% de
una prima especial con factor salarial, sin embargo, se cancela el 70% de dicho monto,
ya que el saldo del 30% restante es atribuido a una prima sin factor salarial, dejando
de lado también las prestaciones sociales de la prima (sic) y del salario en su
proporción anunciada».
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
6. El demandante citó como norma violada el artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Al
respecto indicó que esta ley creó una prima especial como adición del salario, y que
por este motivo el Consejo de Estado, en la sentencia del 29 de abril de 20143, declaró
la nulidad parcial de los decretos salariales desde 1993. Por ello, se deben reliquidar
las prestaciones sociales de quienes prestaron sus servicios como jueces de la
República, con el 30% de la base salarial que había sido excluida, debido a que por
un error interpretativo aquellas fueron reconocidas en un valor reducido. Ello, en tanto,
el 30% de la prima especial de servicios no se debe restar del salario básico.
2.2. Contestación de la demanda
7. El apoderado de la entidad demandada se opuso a las pretensiones, con
fundamento en que los decretos salariales anuales expedidos por el Gobierno nacional
se presumen legales y son de obligatorio cumplimiento. De modo que la prima especial
de servicios para los jueces no tiene carácter salarial. En consecuencia, la
administración ha liquidado el salario y las prestaciones sociales, según el marco
normativo aplicable. Para el efecto, resaltó que el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, que
excluyó el carácter salarial de la prima especial de servicios fue declarado exequible
en la sentencia C-279 de 1996 de la Corte Constitucional. Adicionalmente, propuso la
excepción de prescripción4.
3 Proceso con radicado 1100103250002007008700, Conjuez: María Carolina Rodríguez Ruiz.
4 Folios 56 a 62.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01910-02 (4664-2024)
Demandante: Duván Alberto Ramírez Vásquez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
2.3. Sentencia de primera instancia
8. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia dictada el 25 de
julio de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y no condenó
en costas. En efecto, resolvió:
PRIMERO. – Declarar no probada la excepción de legalidad de los actos acusados
propuesta por la parte demandada.
SEGUNDO. – Declarar parcialmente probada la excepción de prescripción propuesta
por la Nación – Rama Judicial- Consejo Seccional de la Judicatura frente a las sumas
adeudadas y causadas con anterioridad al 09 de abril de 2010, tal como se expuso en
esta decisión.
TERCERO. - Inaplicar para el caso concreto, los decretos que regularon el régimen
salarial de la Rama Judicial, concretamente el artículo 8 de los Decretos 1388 de 2010,
1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014 y en adelante, en los que se
reproduzca que el 30% del salario básico constituye la prima especial, y mientras se
continúe desempeñando como Juez, conforme lo señalado en la sentencia.
CUARTO. - Declarar la nulidad de la Resolución No. DESAJMR 13-5381 del 19 de junio
de 2013 mediante la cual se negó la petición interpuesta por el actor, así como el acto
ficto negativo surgido de la no resolución del recurso de apelación interpuesto contra
la anterior decisión, tal como se motivó.
QUINTO. - A modo de restablecimiento del derecho, se ordena a la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura:
A) Reliquidar y pagar las prestaciones sociales al señor DUVÁN ALBERTO RAMÍREZ
VÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nº 71.172.139 desde el 9 de abril de
2010 y hasta que permanezca en el servicio devengando la denominada prima
especial, teniendo en cuenta como factor salarial el 30% descontado por este concepto.
B) Reliquidar y pagar al señor DUVÁN ALBERTO RAMÍREZ VÁSQUEZ la prima
especial de servicios como adición al salario, desde el 9 de abril de 2010, sin que en
ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo
el cargo correspondiente.
C) Realizar los descuentos de ley para la seguridad social en pensiones en las
proporciones correspondientes, respecto de las diferencias no cotizadas.
D) Todas las sumas resultantes de esta condena, serán ajustadas en su valor de
conformidad con el inciso final del artículo 187 del CPACA, aplicando para el efecto, la
fórmula matemática financiera indicada en la parte motiva de esta providencia.
9. Como fundamento de la decisión, el Tribunal consideró que el accionante ejerció
el cargo de juez desde el 24 de marzo de 2009, por periodos discontinuos hasta el 16
de noviembre de 2022, conforme el certificado laboral aportado al proceso. Por
consiguiente, tiene derecho a la reliquidación y pago de las prestaciones sociales
sobre el 100% de su salario básico, con la inclusión del 30% que había sido excluido
a título de prima especial.
10. El Tribunal precisó que el reconocimiento de la prima especial no puede superar
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01910-02 (4664-2024)
Demandante: Duván Alberto Ramírez Vásquez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional «atendiendo al tiempo en que se
desempeñó como juez municipal y de circuito y mientras continúe desempeñando tales
cargos. Ello, en razón a que […] no exist[ió] pago en relación con el concepto de prima
especial de servicios como una adición al salario».
11. En lo que respecta a la prescripción, consideró que el actor presentó la
reclamación el 9 de abril de 2013, por lo tanto, se extinguieron los derechos causados
antes del 9 de abril de 20105.
2.4. Recurso de apelación
12. El apoderado de la entidad accionada solicitó que se revoque el fallo y que en
su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes
razonamientos:
13. Según la sentencia de «unificación» de 2 de septiembre de 2019, los jueces de
la República tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias causadas por
concepto de reliquidación de prestaciones sociales y laborales con la base del 100%
del salario básico mensual; así, como a que se otorgue el 30% adicional, calculado
sobre el 100% del salario básico, por concepto de prima especial del artículo 14 Ley
4ª de 1992, que no tiene carácter salarial.
14. Por otra parte, alegó la inexistencia del derecho reclamado y que la entidad
demandada se encuentra ante una imposibilidad material y presupuestal de pagar,
pues no existen apropiaciones para el ingreso en nómina ni para reconocer los valores
retroactivos. Además, advirtió que efectuar pagos o reconocimientos sin la debida
autorización y disponibilidad presupuestal expondría al ordenador del gasto a
responsabilidad disciplinaria. En consecuencia, sostuvo que, sin disponibilidad previa,
está impedida para ordenar nivelaciones salariales o prestacionales y que la decisión
de reconocimiento depende de que el Ministerio de Hacienda asigne los recursos
necesarios.
15. Finalmente, indicó que si bien el Decreto 272 de 2021 ordenó el reconocimiento
de la prima especial del 30%, como valor adicional a la asignación básica, es inviable
presupuestalmente llegar a un acuerdo conciliatorio sobre los valores causados antes
del 1 de enero de 2021.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
16. Mediante auto del 20 de marzo de 2025, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación, y dispuso que el proceso ingresara al despacho para dictar sentencia6.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
17. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, le corresponde
5 Samai, índice 44, proceso en el Tribunal 05001233300020140191000.
6 Samai, índice 5.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01910-02 (4664-2024)
Demandante: Duván Alberto Ramírez Vásquez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
decidir el presente asunto en atención a la competencia que le confiere el inciso
primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de apelación
interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales
administrativos.
3.2. Problema jurídico
18. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación y teniendo
en cuenta la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo
3287 del Código General del Proceso, corresponde a la Sala definir si:
¿El actor en la calidad de juez tiene derecho a la reliquidación de las prestaciones
sobre el 30% del salario, que había sido deducido como prima especial sin carácter
salarial, y al reconocimiento de la citada prima como un porcentaje del 30% adicional?
¿La imposibilidad presupuestal alegada por la demandada constituye un argumento
válido para negar el derecho al pago de la prima especial y las diferencias salariales y
prestacionales causadas por la disminución de la remuneración mensual al 70 %, aun
cuando la ley reconoce el pago de este emolumento como una adición del sueldo?
19. Para resolver el interrogante planteado, a continuación, se realizan algunas
consideraciones sobre la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992
y los pronunciamientos proferidos en la materia, aplicables a los servidores de la Rama
Judicial. Luego, se destacarán los hechos probados más relevantes y en el acápite de
análisis del caso concreto, se resolverá el problema planteado.
3.3. Marco normativo. Reiteración jurisprudencial.
3.3.1. El régimen salarial y prestacional de la Rama Judicial y la prima especial
de servicios
20. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior
al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales
superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados
ante la Rama Judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal
Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos
a partir del 1 de enero de 1993.
21. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992,
7 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo tendrá
competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01910-02 (4664-2024)
Demandante: Duván Alberto Ramírez Vásquez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
expidió el Decreto 57 de 19938 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar
vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen
a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:
Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%)
del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la
República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de
Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.
Artículo 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes
servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:
1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema
de Justicia y del Consejo de Estado.
Secretario General
Magistrado Auxiliar
[…]
22. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido de
determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14 de
dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión de
jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (ii) se aplicaría, con las
mismas limitaciones9, a los magistrados auxiliares y abogados asistentes de las altas
cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, magistrados del
Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los procuradores
delegados de la Procuraduría General de la Nación.
23. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y
prestacional de los servidores citados, el Gobierno nacional reiteró que la prima
especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento (30%)
del salario básico mensual» de los magistrados de los tribunales de todo orden, de los
jueces y de los demás servidores enunciados en las leyes 4 de 1992 y 332 de 1996.
Asimismo, determinó que la prima especial reconocida a quienes ejercen los cargos
de secretario general y magistrado auxiliar de las altas cortes, entre otros, equivale al
treinta por ciento (30%) de la «remuneración mensual».
24. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas
sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la rama judicial, esta
Sección, mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar la nulidad
deprecada con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4ª de 1992 al cual se acogió
de manera fidedigna el Gobierno nacional en los apartes de los actos acusados,
consistió en “quitarle” a una porción de la asignación básica efectos salariales y
reflexionó que como toda asignación básica per se comporta efectos salariales decidió
denominarla prima en orden a evitar confusiones generadoras de controversias
8 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama
judicial y de la justicia penal militar».
9
Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-444 de 1997.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01910-02 (4664-2024)
Demandante: Duván Alberto Ramírez Vásquez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
jurídicas»10.
25. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de abril de
2009, presentó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar que «el
control jerárquico» entre los decretos expedidos anualmente por el Gobierno nacional
para fijar las normas del régimen salariales y prestacional de los servidores de la Rama
Judicial, de la justicia penal militar y de la Procuraduría, «no puede de manera alguna ser
de mera literalidad o de simple confrontación formal de normatividad, pues como la Sala
ahora lo sostiene, la naturaleza misma de la ley marco obliga a que el control de los
decretos que la desarrollan deba necesariamente ser de contenido»11.
26. Conforme con el «examen de valor» o de contenido de la norma acusada de
nulidad, la Sala concluyó que «el artículo 7° del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un
30% de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial
sin carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a los
contenidos y valores establecidos en la Ley 4ª de 1992 y por lo tanto habrá necesidad
de excluirlo del ordenamiento jurídico». Asimismo, frente a los efectos de la nulidad
señaló que al desaparecer la prima como una fracción de la remuneración mensual se
descarga «el castigo de dicho 30% que, conforme a los términos de la norma
invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales
servidores».
27. En una tercera ocasión, la Sala de conjueces, por medio de sentencia del 29 de
abril de 2014, declaró la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima
especial como una fracción de la remuneración mensual prevista en múltiples decretos
dictados por el Gobierno nacional, al encontrar que contravinieron lo dispuesto en el
literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, según el cual, «en ningún caso» el gobierno
nacional puede desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores del
Estado. «Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y
aplicaron indebidamente la Ley 4 de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de
servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la
Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad»12. La nulidad dispuesta en
esa ocasión tuvo el mismo efecto señalado en la sentencia del 2 de abril de 2009 13.
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de 2006, exp. 11001-03-25-000-2003-00057-00(121-03).
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, exp. 11001-03-25-000-2007-00098-00(1831-07).
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 2014, exp. 11001-03-25-000-2007-00087-00(1686-07).
«Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de los siguientes Artículos: 9º del Decreto
51 de 1993; 9º y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto 104 de 1994; 6º del Decreto 106 de 1994;
9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º del Decreto 43 de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del
Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de 1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º
del Decreto 56 de 1997; 6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto
67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto 44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto
2734 de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto 2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto 1475 de
2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto
2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 683 de 2002; 8º, 10º y 12º del
Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto 3569 de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del
Decreto 4171 de 2004; 6º del Decreto 4172 de 2004; 8º, 10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del
Decreto 936 de 2005; 9º del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de 2006; 9º del
Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto 618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de 2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048
de 2007.
13
«(…) es decir, no puede el intérprete de ninguna manera suponer que al desaparecer la prima especial sin carácter salarial
equivalente al 30% de la remuneración mensual de tales empleados, su asignación para la época en que tuvo vigencia el Decreto,
sea del 70% de la escala remuneratoria allí prevista, se trata sencillamente de descargar el castigo de dicho 30%, que conforme
a los términos de la norma invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales servidores».
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01910-02 (4664-2024)
Demandante: Duván Alberto Ramírez Vásquez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
28. Por último, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante sentencia del 2 de septiembre de 2019 dictada en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, reiteró la tesis expuesta en las sentencias que
declararon la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima especial, al
considerar que, «a partir de la expedición de los Decretos 51, 54 y 57 de 1993; 104,
106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996 y sucesivos», el Gobierno
nacional ha considerado como prima «lo que en realidad constituye el 30% del salario
de los funcionarios y empleados que tienen derecho a ella, quitándoles la posibilidad
de que ese 30% que, se reitera, es parte de su salario básico y/ o asignación básica»14.
En este escenario, fijó las reglas de interpretación del artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
en el siguiente orden:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia,
los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100%
de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había
sido excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén
sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no
podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto
reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un
techo.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18).
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01910-02 (4664-2024)
Demandante: Duván Alberto Ramírez Vásquez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
3.4. Hechos probados
29. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Antioquia certificó el 7 de
marzo de 2019 la vinculación del señor Duván Alberto Ramírez Vásquez en diferentes
cargos, y en el empleo de juez municipal a partir del 19 de septiembre de 2007, por
periodos discontinuos hasta la fecha de expedición del certificado15.
30. El coordinador de Asuntos Laborales de la referida Dirección Seccional informó
cuáles fueron los pagos efectuados al accionante para los años 2018 y 2019, por los
conceptos de sueldo básico, prima especial de servicios, vacaciones, bonificación
judicial, prima de navidad, prima de vacaciones y bonificación por actividad judicial16.
31. El 9 de abril de 2013, el actor interpuso reclamación administrativa ante la
Dirección Ejecutiva Seccional de Medellín (Antioquia), con el objeto de que se
reajustara el salario básico desde 2007 hasta 2012 «teniendo presente que durante
esos años, se canceló salario básico, prima especial diferente a lo ordenado
legalmente, esto es, tan solo el 70% del salario legalmente ordenado, asignando el
saldo restante a una prima especial del 30% sin carácter salarial». Por tanto, pidió la
reliquidación de las prestaciones sociales sobre la base del 100% del salario, más el
30% de la prima especial17.
32. A través de la Resolución DESAJMR13-5381 del 19 de junio de 2013, el director
ejecutivo seccional negó la petición formulada al indicar que no era viable incluir la
prima especial de servicios sin carácter salarial en la liquidación y pago de las
prestaciones sociales de los jueces, dado que los fallos de simple nulidad dictados por
el Consejo de Estado, que anularon parcialmente los decretos salariales, no generan
gastos a cargo del erario, en los términos del artículo 346 de la Constitución Política18.
El interesado interpuso recurso de apelación19, sin embargo, no obtuvo respuesta.
3.5. Caso concreto
33. En el asunto bajo estudio, el accionante prestó sus servicios como juez municipal
y de circuito desde el año 2007 y solicita la reliquidación de las prestaciones sociales
con el 30% del salario básico, que fue excluido por haber sido considerado como una
prima especial sin carácter salarial. También pide el reconocimiento de la prima
especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, equivalente al 30% del salario.
34. El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda, puesto que declaró la
nulidad de los actos acusados y ordenó el reconocimiento de la prima especial de
servicios desde el 9 de abril de 2010, en virtud de la prescripción; igualmente, dispuso
la reliquidación de las prestaciones sociales desde la misma fecha, teniendo en cuenta
el 30% que había sido descontado por la entidad empleadora.
35. Inconforme con esta decisión, la entidad accionada solicita que se revoque el fallo,
15 Folios 83 a 84.
16 Folios 85 a 87.
17 Folios 10 a 12.
18 Folios 13 a 15.
19 Folios 17 a 18.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01910-02 (4664-2024)
Demandante: Duván Alberto Ramírez Vásquez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
toda vez que es inexistente el derecho pedido y no existe disponibilidad presupuestal
para el pago de las prestaciones y de la prima especial de servicios causada antes del
2021, toda vez que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha asignado el rubro
correspondiente. Resaltó que si bien el Decreto 272 de 2021 ordenó el pago de la
prima especial de servicios en el valor del 30% adicional al salario, en todo caso, es
inviable pagar las obligaciones anteriores al 1 de enero de 2021.
36. Ahora bien, en el proceso se acreditó que el señor Duván Alberto Ramírez
Vásquez ejerció el cargo de juez municipal desde el 19 de septiembre de 2007, por
periodos discontinuos, encontrándose activo para el 7 de marzo de 201920. Igualmente
está probado que devengó los conceptos de sueldo básico, prima especial de
servicios, vacaciones, bonificación judicial, prima de navidad, prima de vacaciones y
bonificación por actividad judicial 21. En punto del reconocimiento y pago de la prima
especial, y la reliquidación de prestaciones, el actor presentó reclamación
administrativa el 9 de abril de 201322. Petición que fue negada por la entidad en los
actos acusados.
37. Cabe anotar que al demandante se le pagaron los salarios y las prestaciones con
una base salarial del 70%, pues el 30% se pagaba a título de prima especial,
fraccionamiento que la entidad estimó procedente porque los decretos salariales
expedidos por el Gobierno nacional lo establecían, por consiguiente, este aspecto no
es discutido por las partes.
38. Hecho que se corrobora con la ratio decidendi de la sentencia de simple nulidad
del Consejo de Estado que anuló parcialmente los decretos salariales en cuanto
redujeron el salario al imputar el 30% a título de la prima especial de servicios sin
carácter salarial, donde se consideró:
De acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992,
es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con
la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a)
del artículo 2º de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían
desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos
demandados interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4ª de
1992 al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente
para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar
su nulidad23.
39. En el mismo sentido se pronunció la Sala de Conjueces, en el fallo de 2019, al
indicar «para la sala, demostrado está que a partir de la expedición de los Decretos
51, 54 y 57 de 1993; 104, 106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996
y sucesivos, el Gobierno nacional año tras año, hasta hoy, al establecer el régimen
salarial de los empleados de la Rama Judicial, ha dado la denominación de prima
especial establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, a lo que en realidad
constituye el 30% del salario de los funcionarios y empleados que tienen derecho a
20 Folios 83 a 84.
21 Folios 85 a 87.
22 Folios 10 a 12.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, proceso con radicado 11001-03-25-000-2007-00087-
00 (1686-07), M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01910-02 (4664-2024)
Demandante: Duván Alberto Ramírez Vásquez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
ella, quitándoles la posibilidad de que ese 30%».
40. Máxime si se tiene en cuenta que fue solo con la expedición del Decreto 272 de
2021, que el Gobierno nacional estableció que la prima especial de servicios sería
adicional a la asignación básica.
41. Para dar respuesta al problema jurídico, nótese que el demandante se encuentra
en una situación fáctica y jurídica análoga a la que dio origen a la sentencia proferida
por la Sala de Conjueces del 2 de septiembre de 2019. En consecuencia, le asiste el
derecho al reconocimiento, reliquidación y pago de sus ingresos mensuales,
calculados sobre la base del salario básico más el 30% de este, correspondiente a la
prima especial de servicios contenida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
42. Al respecto, es del caso reiterar que el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 previó la
creación de una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del sueldo básico, sin
carácter salarial. La Ley 332 de 1996, que modificó la Ley 4 de 1992, estableció que
la prima especial formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión
de jubilación. Asimismo, los decretos anuales dictados por el Gobierno nacional para
fijar las normas del régimen salarial y prestacional reiteraron que la prima especial es
un emolumento sin carácter salarial, equivalente al «treinta por ciento (30%) del salario
básico mensual». En el mismo sentido, esta Sección, en la sentencia del 2 de
septiembre de 2019, señaló que «[l]a prima especial sólo constituye factor salarial para
efectos de la pensión de jubilación».
43. Cabe destacar que la Sala de conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en sentencia del 12 de septiembre de 201824, se pronunció sobre la incidencia
de la prima especial en las prestaciones sociales de los servidores de la Rama Judicial
e indicó que: «en cuanto a las prestaciones sociales, la prima especial de servicios
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 no es un factor salarial, de manera
que ella no debe ser sumada ni excluida para establecer la base sobre la cual se van
a liquidar las prestaciones sociales. Dichas prestaciones deben ser liquidadas sólo
sobre la base del 100% del salario básico mensual».
44. Así las cosas, la liquidación de las prestaciones sociales de los servidores
judiciales beneficiarios de la prima especial tiene como base el 100% de la
remuneración básica que le corresponde al funcionario sin otorgarle a la prima especial
un carácter salarial para efectos distintos de la pensión de jubilación, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 332 de 1996 y los criterios jurisprudenciales
existentes sobre la materia.
45. Debe decirse también que los aportes a pensión sobre la prima especial son
procedentes desde la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996, en la medida en que
consideró que dicha prestación es factor de cotización únicamente para pensión; y
hasta su permanencia en los cargos que le otorguen el reconocimiento, siempre que
la entidad no los hubiese realizado.
46. Por esta razón, y teniendo en cuenta que el Tribunal omitió considerar la naturaleza
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, proceso con radicado 73001-23-33-000-2012-00183-
02 (3546-2015), M.P. Néstor Raúl Correa Henao.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01910-02 (4664-2024)
Demandante: Duván Alberto Ramírez Vásquez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
especial de los referidos aportes, la Sala adicionará la sentencia apelada para ordenar
a la parte demandada que, en caso de no haberlos efectuado, realice el pago de las
cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, teniendo en
cuenta como ingreso base de liquidación, el 100% del salario básico mensual, más el
30% correspondiente a la prima especial de servicios 25, por el tiempo en que el actor
ejerció el cargo de juez, en consonancia con lo ordenado por la Ley 332 de 1996, que
incluyó la prima especial de servicios en el ingreso base de cotización pensional.
47. En lo que respecta a la imposibilidad presupuestal alegada por la entidad
demandada, para realizar los pagos de las obligaciones anteriores al 1 de enero de
2021, la Sala recuerda que las restricciones presupuestales no constituyen una causa
válida para negar el reconocimiento de un derecho prestacional26. Es decir, las
dificultades financieras o de ejecución presupuestal no eximen a la administración del
deber de reconocer y pagar los derechos que hayan sido debidamente causados. En
este sentido la Corte Constitucional27 ha reiterado que «la situación económica y
presupuestal que afrontan un gran número de entidades públicas no justifica el
incumplimiento de las obligaciones laborales»28.
48. Por consiguiente, se desestima lo alegado en el recurso de apelación interpuesto
por la entidad accionada y se impone confirmar parcialmente el fallo apelado, para
adicionar la orden de pagar los aportes imprescriptibles a pensión.
4. Conclusión
49. En respuesta al recurso de apelación, la Subsección concluye que la satisfacción
de los derechos laborales y, en concreto, el pago de la prima especial de servicios del
30% adicional al salario, para los periodos causados antes de la expedición del
Decreto 272 de 2021 [desde el 9 de abril de 2010, por prescripción], así como la
reliquidación de las prestaciones sociales para los periodos en que se redujo el salario
en un 30%, no puede verse menoscabado por los trámites presupuestales que deben
realizar las entidades junto con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, acorde con
el principio de colaboración armónica, para materializar el pago de las condenas
judiciales.
5. Costas
50. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 29 de la
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencias del
5 de septiembre de 2023, rad. núm. 73001-23-33-000-2017-00344 -01 (6074-2018) y del 4 de julio del 2024, rad.
núm. 05001 23 31 000 2003 01216 01 (0450-2014).
26 En similares términos se pronunció la Subsección en la sentencia del 10 de julio de 2025, M.P. Elizabeth Becerra
Cornejo, sentencia del 10 de julio de 2025, proceso con radicado 76001-23-33-004-2016-01696-02 (3631-2024).
27 Ver sentencias T-399 de 1998, SU-995 de 1999, SU-484 de 2008.
28 En este mismo, sentido se pronunció esta Subsección en sentencia del 8 de agosto de 2025, M.P. Elizabeth
Becerra Cornejo, proceso con radicado 05001-23-33-000-2016-00255-02 (6600-2024).
29 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia
en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la
aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01910-02 (4664-2024)
Demandante: Duván Alberto Ramírez Vásquez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
de Antioquia del 25 de julio de 2024, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.
Segundo: Adicionar a la anterior providencia, que la Nación, Rama Judicial, Consejo
Superior de la Judicatura, deberá reliquidar y pagar las cotizaciones o aportes al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones en favor de Duván Alberto
Ramírez Vásquez, desde el 19 de septiembre de 2007, teniendo como ingreso base
de liquidación el 100% del salario básico mensual más el 30% correspondiente a la
prima especial de servicios, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
Tercero: Sin condena en costas en segunda instancia.
En firme esta providencia devolver el expediente al tribunal de origen.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01910-02 (4664-2024)
Demandante: Duván Alberto Ramírez Vásquez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.