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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-01929-02

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2014-01929-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01929-02 (4600-2023)
Demandante: Jorge Humberto Echeverri Ramírez
Demandado: Departamento de Antioquia, Asamblea Departamental de
Antioquia

Tema: reliquidación de cesantías anualizadas, inclusión de factores. Subtema 1:
reconocimiento de prestaciones sociales a diputados. Subtema 2: revoca condena
en costas.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida
el 24 de enero de 2023, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual
se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

El señor Jorge Humberto Echeverri Ramírez solicitó la nulidad de las resoluciones:
(i) núm. 9 del 4 de febrero de 2013; y (ii) núm. 15 del 4 de febrero de 2014, expedidas
por la Asamblea Departamental de Antioquia. Mediante estos actos se efectuó la
liquidación de sus cesantías correspondientes a las vigencias 2012 y 2013 sin la
inclusión de los factores salariales, entre ellos: prima de vacaciones, auxilio de
transporte y los demás que la conforman como primas de servicios, bonificación por
servicios prestados, entre otros. Asimismo, pidió la reliquidación del factor de prima
de navidad que a su parecer fue mal liquidado por la entidad accionada y la sanción
moratoria por el retardo en el pago de las cesantías de dichos años.

Radicación: 05001-23-33-000-2014-01929-02 (4600-2023)
Demandante: Jorge Humberto Echeverri Ramírez
Demandado: Departamento de Antioquia, Asamblea Departamental de Antioquia

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. El señor Jorge Humberto Echeverri Ramírez, mediante apoderado judicial,
formuló demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento en
contra del Departamento de Antioquia, Asamblea Departamental de conformidad
con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se
sintetizan1.

2.1.1. Pretensiones

i. El demandante solicitó la nulidad de las resoluciones: (i) núm. 9 del 4 de
febrero de 2013; y (ii) núm. 15 del 4 de febrero de 2014, expedidas por la
Asamblea Departamental de Antioquia, mediante las cuales se ordenó la
liquidación de las cesantías correspondientes a los años 2012 y 2013,
respectivamente, y de conformidad con lo previsto en la Ley 344 de 1996.

ii. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la entidad demandada a
reliquidar las cesantías de las vigencias 2012 y 2013, con la inclusión de los
factores salariales tales como: prima de vacaciones, auxilio de transporte y
los demás que la conforman como primas de servicios, bonificación por
servicios prestados, entre otros. Asimismo, corregir el factor de prima de
navidad que fue mal liquidado, y el pago de las sumas resultantes
debidamente indexadas.

iii. Ordenar a la entidad territorial: «reconocer y pagar de un día de
remuneración mensual por cada día de retardo en el pago y/o consignación
completa de su auxilio de cesantías de 2012 y 2013, al respectivo fondo, a
título de sanción o indemnización moratoria de cesantías, a partir de febrero
15 de 2013 2014, respectivamente, y hasta la cancelación y/o consignación
completa de la misma […]»2 .

iv. Por último, condenar en costas a la entidad demandada.

2.1.2. Hechos

2. La Sala los resume así:

i. El señor Jorge Humberto Echeverri Ramírez fue elegido diputado del
departamento de Antioquia para los periodos 2012 a 2015.

ii. Sostuvo que se afilió al fondo de cesantías de Porvenir, por lo que le es
aplicable el régimen anualizado de cesantías de conformidad con lo previsto

1 Samai, visualizar expediente, carpeta principal, pdf 5,6 y 13.
2 Se escribe con errores de texto.

2

Radicación: 05001-23-33-000-2014-01929-02 (4600-2023)
Demandante: Jorge Humberto Echeverri Ramírez
Demandado: Departamento de Antioquia, Asamblea Departamental de Antioquia

en la Ley 50 de 1990, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, y en
concordancia con la Ley 344 de 1996.

iii. Precisó que durante el tiempo que se desempeñó como diputado de la
Asamblea Departamental de Antioquia, devengó los siguientes salarios y
prestaciones sociales:

Años Asignación Gastos de Prima de Auxilio de Intereses de
mensual transporte navidad cesantías cesantías
mensual
2012 $17.001.000 $2.833.500 $17.001.000 $18.417.750 $2.203.997
2013 $17.685.000 $2.947.500 $17.685.000 $19.158.750 $2.299.050

iv. Refirió que, al momento de liquidar y consignar al fondo su auxilio de
cesantías correspondiente a las vigencias 2012 y 2013, no fueron incluidos
todos los factores salariales como auxilio de transporte, prima de servicios,
prima de vacaciones, etc. No obstante, solo se tuvo en cuenta los factores
salariales correspondiente a la prima de navidad la cual fue liquidada de
forma incorrecta debido a que se realizó únicamente con base en la
asignación básica.

v. Agregó que las resoluciones demandadas no fueron notificadas
personalmente por lo que se notificó por conducta concluyente de
conformidad con los artículos 48 del Código Contencioso Administrativo y 72
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

vi. Indicó que las asignaciones salariales mensuales y diarias en calidad de
diputado para los años reclamados, fueron las siguientes:

Años Asignación mensual Asignación diaria
2012 $17.001.000 $566.700
2013 $17.685.000 $589.500

vii. Señaló que por cada día de omisión o retardo en la consignación completa
de sus cesantías se debe reconocer y pagar un día de salario,
independientemente, por cada año o periodo de cesantías. Asimismo,
concluyó que se le deben reconocer por las cesantías de los años 2012 y
2013, ochocientos treinta (830) días de mora como sanción por la errada
liquidación de dicho auxilio.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. El demandante citó como desconocidas las siguientes: de la Constitución
Política los artículos 1, 2, 4, 6, 25, 53, 123 y 299; de la Ley 6ª de 1945 los artículos 12
y 17; del Decreto 2567 de 1946 el artículo 1º; de la Ley 64 de 1946 los artículos 4 y 5;
de la Ley 65 de 1946 los artículos 1 y 9; del Decreto 1160 de 1947 los artículos 1, 2 y

3

Radicación: 05001-23-33-000-2014-01929-02 (4600-2023)
Demandante: Jorge Humberto Echeverri Ramírez
Demandado: Departamento de Antioquia, Asamblea Departamental de Antioquia

6; de la Ley 48 de 1962, el articulo 7; del Decreto 1723 de 1964 el articulo 2; de la Ley
77 de 1965 el artículo 3; de la Ley 4ª de 1966 los artículos 11 y 12; de la Ley 5ª de
1969 los artículos 2, 3 y 4; del Decreto Ley 1045 de 1978 el artículo 45; del Decreto
Ley 1222 de 1986 el artículo 56; de la Ley 50 de 1990 los artículos 99, 102 y 104; de
la Ley 344 de 1996 el artículo 13; del Decreto 1582 de 1998 el artículo 1°; el Decreto
1919 de 2002; y la Ley 734 de 2002 en su art. 33, numerales 1 y 9.

4. Al explicar el concepto de violación, la parte actora afirmó que los actos
acusados presentan nulidad, toda vez que desconocieron los derechos laborales
del actor, en particular el auxilio de cesantías. Sostuvo que la entidad no efectuó su
reconocimiento con la inclusión de la totalidad de los factores salariales, situación
que afectó de manera directa la correcta liquidación de la prestación.

5. Añadió que dicha omisión generó la obligación de reconocer la sanción
moratoria establecida en los artículos 99,102, y 104 de la Ley 50 de 1990, en
concordancia con el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y el artículo 1 del Decreto
1582 de 1998, debido al incumplimiento de la obligación legal de efectuar el pago
oportuno.

2.2. Contestación de la demanda

6. El departamento de Antioquia3 a través de apoderada contestó la demanda.
Se opuso a la prosperidad de las pretensiones por las siguientes razones:

7. Sostuvo que el régimen prestacional aplicable a los diputados tuvo su origen
en la Ley 48 de 1968 y en los decretos 1723 de 1964 y 122 de 1986, normativa que
estableció que los integrantes de las asambleas departamentales tendrían derecho
a las prestaciones sociales previstas en la Ley 6ª de 1945.

8. Posteriormente, se profirió la Ley 617 de 2000, cuyo objeto fue fortalecer la
descentralización y la racionalización del gasto público nacional, y en la cual se
reguló la remuneración de los diputados por mes de sesiones a partir del año 2001.
Sin embargo, al no haberse expedido la normatividad que regule de manera
específica el régimen prestacional de los diputados, tal como lo ordena el artículo
299 de la Constitución Política, continúa siendo el régimen contenido en la Ley 6ª
de 1945, así como las disposiciones que la modifiquen o adicionen.

9. Agregó que el auxilio de cesantías, de conformidad con el Decreto 2567 de
1946, deben liquidarse de acuerdo con el último salario devengado. No obstante,
con la expedición de la Ley 344 de 1996 se estableció que el sistema de liquidación
definitiva de cesantías se hará por anualidades o por fracción correspondiente.

10. Asimismo, mediante el artículo 11 de la Ley 4ª de 1996 se incluyó una
prestación la cual tendría derecho los diputados, esto es, la prima de navidad.

3 Samai, visualizar expediente, carpeta principal, pdf 23 Contestación de la demanda.

4

Radicación: 05001-23-33-000-2014-01929-02 (4600-2023)
Demandante: Jorge Humberto Echeverri Ramírez
Demandado: Departamento de Antioquia, Asamblea Departamental de Antioquia

11. Refirió que los diputados tienen derecho a percibir el auxilio de cesantías,
intereses sobre las mismas y la prima de navidad, así como las prestaciones
sociales previstas en la Ley 100 de 1993, tales como pensión de vejez, pensión de
invalidez por riesgo común, auxilio funerario, incapacidades por enfermedad
general, enfermedad profesional y accidente de trabajo, enfermedad profesional, y
el acceso al plan obligatorio de salud. No obstante, en lo que respecta a las
vacaciones y a la prima de vacaciones, en reiterados conceptos de la administración
se ha indicado que su reconocimiento no es procedente, al no existir norma que las
haya otorgado.

12. Expuso que el actor pretende el reconocimiento y pago de las vacaciones y
la prima de vacaciones sin estar dicha solicitud respaldada por prueba que acredite
su causación. Asimismo, señaló que el demandante, durante los periodos de su
vinculación en la asamblea, no percibió tales conceptos.

13. En cuanto a las pretensiones dirigidas a obtener la inclusión de la bonificación
por servicios prestados, así como de los auxilios de transporte y de gastos de
transporte, señaló que la normativa aplicable al régimen prestacional de los
diputados no establece tales beneficios. Añadió que, durante los periodos en que el
actor estuvo vinculado a la entidad demandada, no percibió ninguno de estos
conceptos, circunstancia que, a su juicio, impide su reconocimiento.

14. De igual manera, precisó que el auxilio de transporte para empleados
públicos y privados está regulado en las Leyes 15 de 1959 y 4ª de 1922, cuya
característica esencial consiste en que solo procede cuando el servidor devenga un
salario mensual inferior a los dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
En este sentido, indicó que, conforme con las resoluciones que fijaban la
remuneración del actor, no se acreditó que su asignación mensual se ubicara dentro
de los límites exigidos por la normativa para ser titular de dicho auxilio.

15. Manifestó que la liquidación de las cesantías correspondientes a los años
2012 y 2013 se efectúo siguiendo los parámetros legales, no siendo procedente la
reliquidación con la inclusión de los factores que reclamó el demandante.

16. Propuso como excepciones: (i) inexistencia de la obligación demandada; (ii)
inexistencia del derecho; (iii) falta de la causa para pedir; (iv) cobro de lo no debido;
(v) caducidad del medio de control; y (vi) prejudicialidad.

2.3. Sentencia de primera instancia

17. El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia el 24 de enero de
20234 en la que decidió no acceder a las pretensiones de la demanda, y condenó
en costas a la parte demandante.

18. La providencia se fundó en las siguientes consideraciones:

4 Samai, Tribunal Administrativo de Antioquia exp. 05001-23-33-000-2014-01929-00, índice 045.

5

Radicación: 05001-23-33-000-2014-01929-02 (4600-2023)
Demandante: Jorge Humberto Echeverri Ramírez
Demandado: Departamento de Antioquia, Asamblea Departamental de Antioquia

19. En relación con las excepciones propuestas, concluyó que, de conformidad
con lo previsto en el artículo 187 inciso 2 del CPACA, el fenómeno exceptivo para
ser considerado como tal, debe implicar un hecho que por sí mismo tenga ese
alcance y no confundirse con el derecho de oposición general del demandado, como
ocurre con las denominadas excepciones de inexistencia de la obligación
demandada, inexistencia del derecho, falta de causa para pedir y cobro de lo no
debido.

20. Consideró que los diputados no tienen derecho al reconocimiento y pago de
las pretensiones reclamadas, toda vez que a partir de la expedición de la Ley 1871
de 2017 se les reconoció, además del auxilio de cesantías y los intereses a las
mismas, el derecho a las vacaciones y a la prima de vacaciones. En consecuencia,
no resulta procedente la reliquidación de las cesantías ni la imposición de la sanción
moratoria.

21. Precisó que la Ley 617 de 2000 reguló únicamente la remuneración de los
diputados por mes de sesiones y en consideración a la categoría del departamento,
sin establecer disposición alguna relacionada con su régimen de prestaciones
sociales. Por tal razón, dicho régimen continúo siendo el previsto en la Ley 6ª de
1945 y en las normas que posteriormente la modificaron o adicionaron.

22. Agregó que, a partir de la reforma constitucional de 1996, la competencia
para fijar el régimen prestacional de los miembros de las asambleas
departamentales quedó atribuida de manera exclusiva al legislador. Por esta razón
mientras el Congreso de la República no expidiera una regulación específica en la
materia, debía entenderse vigente y aplicable el régimen prestacional previsto en la
Ley 6ª de 1945, con las modificaciones introducidas por las leyes 100 de 1993, 344
de 1996 y 362 de 1997.

23. Señaló que con la expedición de la Ley 1871 de 2017 se estableció de
manera expresa el régimen de prestaciones sociales de los miembros de las
asambleas departamentales, reconociéndoles beneficios tales como seguro de
vida, auxilio de cesantías e intereses, prima de navidad, vacaciones y prima de
vacaciones. Por consiguiente, únicamente a partir de la entrada en vigor de dicha
ley los diputados adquirieron el derecho al reconocimiento y pago de vacaciones y
la prima de vacaciones, motivo por el cual los periodos reclamados por el actor se
encontraban sometidos al régimen prestacional previsto en la Ley 6ª de 1945.

24. Indicó que el régimen previsto en la mencionada ley 6ª de 1945 reconoce
prestaciones tales como auxilio de cesantía, la pensión de jubilación e invalidez, el
seguro por muerte, el auxilio por enfermedad no profesional, la asistencia médica y
los gastos funerarios. Sin embargo, ni dicha ley ni las normas que la desarrollaron
o modificaron reconocieron vacaciones, prima de servicios, por lo que estos
conceptos no pueden ser reconocidos al actor.

6

Radicación: 05001-23-33-000-2014-01929-02 (4600-2023)
Demandante: Jorge Humberto Echeverri Ramírez
Demandado: Departamento de Antioquia, Asamblea Departamental de Antioquia

25. En relación con el auxilio de las cesantías, precisó que dicha figura constituye
una prestación social a la cual tiene derecho los diputados, cuya liquidación debe
efectuarse conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ley 5ª de 1969, así
como en el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, correspondiente a un salario por cada
año calendario de sesiones. Para efectos de su cálculo, debe entenderse como si
el diputado hubiese laborado los doce (12) meses del año y, en caso de que no
asista a la totalidad de las sesiones, ya sean ordinarias o extraordinarias, el cómputo
deberá realizarse de manera proporcional al tiempo de servicios.

26. Informó que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 344 de 1996, el
sistema de liquidación definitiva de las cesantías se realiza por anualidades o por la
fracción correspondiente, aplicable a todas las personas que se vinculen a los
órganos y entidades del Estado a partir de su entrada en vigor, esto es, el 31 de
diciembre de 1996.

27. Destacó que tanto la reciente Ley 1871 de 2017 como las disposiciones
anteriores Ley 6ª de 1945, artículo 17; Ley 344 de 1996 y la Ley 362 de 1997,
determinan de manera expresa que los diputados únicamente tienen derecho a las
prestaciones sociales allí previstas. Asimismo, sostuvo que el auxilio de cesantías
para estos servidores públicos debe liquidarse teniendo en cuenta como único factor
salarial la prima de navidad, razón por la cual no resulta viable extenderles las
disposiciones normativas aplicables a otra clase de servidores públicos, como lo
pretende el actor.

28. Afirmó que en la Ley 6ª de 1945, ni en la normativa expedida con
posterioridad se hace mención alguna a las vacaciones, primas de vacaciones y
primas de servicio. En consecuencia, no puede concluirse que los diputados tengan
derecho al reconocimiento y pago de dichas prestaciones. Asimismo, al no haberse
expedido la normativa que regule de manera específica el régimen prestacional de
los diputados, se considera que estos se rigen por la Ley 6ª de 1945 y por las
disposiciones que la hayan modificado o adicionado.

29. En concordancia con lo expuesto, consideró que no es procedente el
reconocimiento de la reliquidación de las cesantías con la inclusión de los factores
reclamados, dado que, como se indicó, ni la Ley 6ª de 1945 ni las normas que la
modifican o adicionen, tanto especiales como generales, prevén dichos
emolumentos a favor de los diputados.

30. Advirtió que, si bien los diputados cuentan actualmente con un régimen
prestacional especial previsto en la Ley 1871 de 2017, dicho régimen no resulta
aplicable al caso, debido a que no estaba vigente durante el periodo objeto de
reclamación.

31. Finalmente, condenó en costas al demandante.

7

Radicación: 05001-23-33-000-2014-01929-02 (4600-2023)
Demandante: Jorge Humberto Echeverri Ramírez
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2.4. Recurso de apelación

32. El demandante5 interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, al considerar que el Tribunal Administrativo de Antioquia centró
su análisis en determinar si el actor tenía derecho a percibir vacaciones, primas de
vacaciones y primas de servicios, sin tener en cuenta que recibió mensualmente
como factor salarial un auxilio o gastos de transporte, los cuales constituían una
retribución ordinaria y permanente por el servicio prestado como diputado. Dichos
valores ascendieron a la suma de $ 2´833.500 en el año 2012, y $ 2´947.500 en
2013, además de los demás factores que integraban su remuneración, como las
sesiones extras.

33. Manifestó que, según afirma el Tribunal, el régimen prestacional de los
diputados es el previsto en la Ley 6ª de 1945 y las demás normas que la modifican,
tales como la Ley 100 de 1993 y aquellas que regulan el auxilio de cesantías.
Señaló, además, que para liquidar dicho auxilio a favor de los diputados de las
asambleas departamentales deben incluirse no solo el salario, sino todas las sumas
que constituyan una retribución ordinaria y permanente por los servicios prestados,
tales como primas, bonificaciones, vacaciones y gastos de representación,
conforme a lo dispuesto en el Decreto 2567 de 1946.

34. En este sentido, sostuvo que, al aceptarse lo anterior, debe reconocerse que
los empleados tienen derecho a quince (15) días continuos de vacaciones
remuneradas por cada año de servicio prestado a partir del 16 de octubre de 1944.
Por tal razón, precisó que no es cierto que los diputados solo tengan derecho a las
prestaciones sociales previstas en el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, sino a todas
las prestaciones señaladas en dicha ley, dentro de las cuales se incluyen las
vacaciones, las cuales, a su vez, conforme a lo previsto en el Decreto 2567 de 31
de agosto de 1946, constituyen factor salarial para la liquidación del auxilio de
cesantías.

35. Citó el concepto emitido por esta Corporación6, en el cual se indicó que las
prestaciones a las que tienen derecho los diputados son aquellas contenidas en la
ley 6ª de 1945 y sus modificaciones introducidas por las leyes 344 de 1996, 362 de
1997 y 100 de 1993, y exclusivamente las previstas en el artículo 17 de la citada
ley.

36. Ahora bien, con relación a la aplicabilidad de los decretos 3135 de 1968, 1042
de 1978 y 1045 de 1978 a los diputados, bajo el entendido de que dichas normas
modificaron parcialmente el régimen previsto en la Ley 6ª de 1945, precisó que el
artículo 12, literal e), de esta última, modificado por el artículo 5 de la Ley 64 de
1946, estableció como prestación social a favor de los empleados y obreros quince
(15) días hábiles continuos de vacaciones remuneradas por cada año completo de

5 Samai Tribunal Administrativo de Antioquia exp. 05001-23-33-000-2014-01929-00, índice 061.
6 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, cconcepto 1700 del 14 de diciembre de 2005.

8

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servicios prestados a partir del 16 de octubre de 1944. Dicha prestación constituye
factor salarial para liquidación del auxilio de cesantías, conforme al Decreto 2567
de 19467.

37. En cuanto a la prima de navidad indicó que esta debe liquidarse con la
inclusión de los siguientes factores salariales: «a) La asignación básica mensual
señalada para el respectivo cargo; b) Los incrementos de remuneración a que se
refieren los artículos 49 y 97 del Decreto-Ley 1042 de 1978; c) Los gastos de
representación; d) La prima técnica; e) Los auxilios de alimentación y transporte; f)
La prima de servicios y la de vacaciones, y g) La bonificación por servicios
prestados. (Los factores salariales en negrillas y subrayas son a los que tiene
derecho el demandante)»8.

38. Añadió que, de la lectura del artículo 45 del Decreto 1045 de 19789 se
advierte que para la liquidación y el reconocimiento del auxilio de cesantías deben
tenerse en cuenta los factores salariales expresamente señalados en dicha
normativa, siempre que tenga derecho a los mismos, independientemente de que
haya sido o no efectivamente cancelados.

39. Refirió que el juez de primera instancia incurrió en un defecto fáctico al omitir
la valoración de una prueba obrante en el expediente, consistente en la certificación
expedida por la Secretaría General de la Asamblea Departamental, en la cual se
detallaron los salarios percibidos por el actor en los años 2012 y 2013, así como los
valores correspondientes a los gastos mensuales de transporte, los cuales
ascendieron a la suma de $2.833.500 en 2012; y $2.947.500 en 2013. Sin embargo,
al liquidarse y cancelársele el auxilio de cesantías de dichos años, se observa que
únicamente se tuvo en cuenta la asignación mensual y la prima de navidad.

40. En relación con la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por falta
de consignación oportuna del auxilio de cesantías, y aplicable a los servidores
públicos de conformidad con la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582
de 1998, precisó que esta opera de forma automática, en tanto basta con que dicho
auxilio no sea consignado, se consigne de manera extemporánea o se haga de
forma incompleta.

41. Señaló que no resulta jurídicamente razonable sostener que los diputados
continuaron regidos por la normativa contenida en la Ley 6ª de 1945 hasta la
expedición de la Ley 1871 del 12 de octubre de 2017, habida cuenta de que, para
esa época, la generalidad de los servidores públicos ya se encontraba amparada
por regímenes laborales posteriores y más actualizados, los cuales sustituyeron o
modificaron los anteriores, como ocurrió en el caso de los congresistas con los
regímenes establecidos en los decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978. En
consecuencia, dichas normas deben entenderse aplicables a los diputados,

7 «Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre prestaciones a favor del trabajador»
8 Se escribe con errores de texto.
9 «Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los

empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional».

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mientras el legislador expide un régimen prestacional especial que regule de
manera expresa su situación.

42. Por último, en relación con la condena en costas, consideró que la demanda
no carecía de fundamentos legales. Igualmente, no está acreditado su causación,
circunstancia que, a su juicio, torna improcedente dicha imposición.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

43. Mediante auto del 30 de mayo de 202410, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia de primera
instancia. Además, prescindió del período para correr traslado a las partes, por no
existir pruebas por decretar en segunda instancia.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

44. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con
lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

45. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia, corresponde a la Sala definir si:

46. ¿El demandante en calidad de diputado del departamento de Antioquia tiene
derecho a la reliquidación del auxilio de cesantías correspondientes a los años 2012
y 2013 con la inclusión de los factores salariales tales como prima de vacaciones,
prima de servicios, bonificación por servicios, y a su vez al reconocimiento y pago
de la sanción moratoria?

47. ¿Procede reliquidar la prima de navidad, percibida por el demandante, con la
inclusión de los factores salariales correspondientes a la asignación mensual, el
auxilio de transporte y la prima de vacaciones?

48. Para resolver los anteriores interrogantes, la Sala abordará los siguientes
temas: (i) régimen prestacional de los diputados; (ii) auxilio de cesantías a favor de
los diputados (iii) hechos probados; y (iv) caso concreto.

10 Samai, índice 006.

10

Radicación: 05001-23-33-000-2014-01929-02 (4600-2023)
Demandante: Jorge Humberto Echeverri Ramírez
Demandado: Departamento de Antioquia, Asamblea Departamental de Antioquia

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. Régimen prestacional de los diputados

49. El artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política dispuso que
el Congreso de la Republica debía dictar la normativa y criterios por medio de los
cuales el Gobierno debe regular el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, de los miembros de la Rama Legislativa y de la Fuerza Pública. En otras
palabras, se trata de una competencia compartida entre ambos poderes cuyo
propósito es determinar el régimen salarial y prestacional de dichos servidores.

50. Por su parte, el artículo 7 de la Ley 48 de 1962 11 dispuso que los miembros
de las asambleas departamentales tendrían las mismas prestaciones e
indemnizaciones sociales a las previstas para los servidores públicos en la Ley 6ª
de 1945 y demás normativa que la adicionen o reformen.

51. En este sentido el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945 precisó cuáles son los
emolumentos de los cuales que son beneficiarios los diputados, así:

Artículo 17º.- Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán
de las siguientes prestaciones:

a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de
servicio. Para la liquidación de este auxilio solamente se tendrá en cuenta el
tiempo de servicios prestados con posterioridad al 1 de enero de 1942.

b) Pensión vitalicia de jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado o
llegue a cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de servicio
continuo o discontinuo, equivalente a las dos terceras partes del promedio de
sueldos o jornales devengados, sin bajar de treinta pesos ($30) ni exceder de
doscientos pesos ($200) en cada mes. La pensión de jubilación excluye el
auxilio de cesantía, menos en cuanto a los anticipos, liquidaciones parciales o
préstamos que se le hayan hecho lícitamente al trabajador, cuya cuantía se ira
deduciendo de la pensión de jubilación en cuotas que no excedan del 20% de
cada pensión.

c) Pensión de invalidez al empleado u obrero que haya perdido su capacidad de
trabajo para toda ocupación u oficio, mientras dure la incapacidad, equivalente
a la totalidad del último sueldo o salario devengado, sin bajar de cincuenta pesos
($50) ni exceder de doscientos pesos ($200).

La pensión de invalidez excluye la cesantía y la pensión de jubilación.

d) Seguro por muerte del empleado u obrero, equivalente a la cesantía que le
hubiere correspondido y que se pagará a sus beneficiarios o herederos.

e) Auxilio por enfermedad no profesional contraída por el empleado u obrero en
desempeño de sus funciones, hasta por ciento ochenta (180) días de

11 «Por la cual se fijan unas asignaciones, se aclara la Ley 172 de 1959 y se dictan otras disposiciones»

11

Radicación: 05001-23-33-000-2014-01929-02 (4600-2023)
Demandante: Jorge Humberto Echeverri Ramírez
Demandado: Departamento de Antioquia, Asamblea Departamental de Antioquia

incapacidad comprobada para trabajar, así: las dos terceras partes del sueldo o
jornal durante los primeros (90) días, y la mitad por el tiempo restante.

f) Asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria en los casos a que
haya lugar, sin pasar de seis (6) meses.

g) Los gastos indispensables del entierro del empleado u obrero.

Parágrafo.- Los empleados que hayan prestado sus servicios al Congreso durante
veinte legislaturas continúas o discontinuas, tendrán derecho a todas las
prestaciones sociales contenidas en este artículo.

52. A su turno, el artículo 56 del Decreto 1222 de 198612, estableció que los
miembros de las asambleas departamentales gozarían de las mismas prestaciones
e indemnizaciones sociales previstas para los servidores públicos en la Ley 6ª de
1945 y demás normativa que la adicionen o reformen.

53. Posteriormente, la Constitución Política en su artículo 299 estableció que el
periodo de los diputados será de tres (3) años, y tendrán derecho a percibir
honorarios con su asistencia a las sesiones correspondientes. Luego, a través del
Acto Legislativo 01 de 1996 se reformó el mencionado artículo, se eliminó el pago
de los honorarios a su favor y les estableció un régimen de seguridad social y
prestaciones, así:

Artículo 299. En cada Departamento habrá una Corporación Administrativa de
elección popular que se denominará Asamblea Departamental, la cual estará
integrada por no menos de once miembros ni más de treinta y uno. Dicha
corporación gozará de autonomía administrativa y presupuesto propio.

El régimen dé inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la
Ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que
corresponda. El período de los diputados será de tres (3) años y tendrán la calidad
de servidores públicos […].

Los miembros de la Asamblea Departamental tendrán derecho a una remuneración
durante las sesiones correspondientes y estarán amparados por un régimen de
prestaciones y seguridad social, en los términos que fije la Ley.

54. Con posterioridad, la Ley 617 de 200013, consignó que la remuneración de
los diputados de conformidad con una tabla estandarizada según la categoría de los
departamentos, sin embargo, no se refirió al régimen prestacional de aquellos, así:

Artículo 29. Sesiones de las Asambleas. El artículo 1.º de la Ley 56 de 1993, quedará
así:

12 «Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental»
13 Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986,

se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional».

12

Radicación: 05001-23-33-000-2014-01929-02 (4600-2023)
Demandante: Jorge Humberto Echeverri Ramírez
Demandado: Departamento de Antioquia, Asamblea Departamental de Antioquia

[…]

Parágrafo 1o. La remuneración de los diputados es incompatible con cualquier
asignación proveniente del tesoro público, excepto con aquellas originadas en
pensiones o sustituciones pensionales y las excepciones establecidas en la Ley 4ª
de 1992.

Parágrafo 2o. Los Diputados estarán amparados por el régimen de seguridad social
previsto en la Ley 100 de 1993 y sus disposiciones complementarias. En todo caso
se les garantizará aseguramiento para salud y pensiones. El Gobierno Nacional
reglamentará la materia. […].

55. El citado artículo 299 tuvo una última modificación a través del Acto legislativo
01 de 2007, y quedó de la siguiente forma:

Artículo 299. En cada departamento habrá una corporación político administrativa
de elección popular que se denominará asamblea departamental, la cual estará
integrada por no menos de 11 miembros ni más de 31. Dicha corporación gozará de
autonomía administrativa y presupuesto propio, y podrá ejercer control político sobre
la administración departamental.

El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la
ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que
corresponda. El período de los diputados será de cuatro años y tendrá la calidad de
servidores públicos.

Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, no haber sido
condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de los delitos políticos o
culposos y haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de la elección.

Los miembros de la Asamblea Departamental tendrán derecho a una remuneración
durante las sesiones correspondientes y estarán amparados por un régimen de
prestaciones y seguridad social, en los términos que fijen la ley. […]»

56. Ahora bien, al analizar esta última modificación en relación al régimen salarial
y prestacional no se observa una enmienda dado que mantuvo la descripción
contenida en el Acto Legislativo 01 de 1996. En este sentido, hasta que el legislador
se pronuncie de conformidad con lo previsto por el artículo 299 de la Constitución
Política y la ley que lo desarrolle, el régimen prestacional de los diputados seguiría
siendo el establecido en la Ley 6ª de 1945 y demás normativa que la adicione o
modifique.

57. Posteriormente a través de la Ley 1871 de 201714 se fijó el régimen de
remuneración, prestacional y de seguridad social de los miembros de las Asambleas
Departamentales, así:

14 «Por medio de la cual se dictan el régimen de remuneración, prestacional y seguridad social de los miembros

de las asambleas departamentales y se dictan otras disposiciones»

13

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Demandante: Jorge Humberto Echeverri Ramírez
Demandado: Departamento de Antioquia, Asamblea Departamental de Antioquia

Artículo 3°. Régimen prestacional de los diputados. El servidor público que ejerza
como diputado tendrá derecho a seguro de vida con cargo a la sección presupuestal
del sector central del Departamento y a percibir las siguientes prestaciones:

1. Auxilio de cesantía e intereses sobre las cesantías, cuya liquidación se orientará
por los artículos 3º y 4º de la Ley 5ª de 1969 y el artículo 13 de la Ley 344 de 1996
o por las normas que lo adicionen o modifiquen.

2. Prima de Navidad, se reconocerá de conformidad con lo establecido en el artículo
11 de la Ley 4ª de 1966.

Parágrafo 1°. A partir de la presente ley, cada Departamento deberá homologar las
prestaciones que hubiere reconocido hasta el momento y reemplazarla con las
establecidas en el presente régimen.
(…)

Artículo 5°. Derechos de los diputados. Los diputados tendrán derecho a:

1. Vacaciones y prima de vacaciones. La cuantía y término se reconocerá de
conformidad con lo establecido en la Decreto número 1045 de 1978 y se hará en
forma colectiva. Para el reconocimiento se tendrá en cuenta como si se hubiese
sesionado todo el año.

2. Capacitación. Se extenderá a los diputados y directivos de federaciones y
confederaciones de diputados lo dispuesto en los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley
1551 de 2012.

3. Gasto de Viaje. Las asambleas departamentales podrán pagar del rubro de gasto
de funcionamiento, los gastos de viajes de sus Diputados con ocasión del
cumplimiento de comisiones oficiales dentro y fuera del departamento».

58. En consonancia con lo transcrito, es dable concluir que solo a partir del
momento en que entró a regir dicha ley, los diputados tienen derecho además de
las cesantías e intereses a las cesantías, al reconocimiento y pago de vacaciones,
prima de vacaciones, prima de navidad, capacitación, y gastos de viaje.

3.3.2. Cesantías a favor de los diputados

59. Tal como se señaló previamente, entre las prestaciones reconocidas a favor
de los diputados se encuentra el auxilio de cesantías, conforme a lo establecido en
el artículo 7 de la Ley 48 de 1962, artículo 6 del Decreto 1723 de 1964 y artículo 56
del Decreto 1222 de 1986, normas que se remiten a la Ley 6ª de 1945, la cual en
su artículo 17, literal a) dispuso expresamente el derecho a dicho auxilio.

60. Ahora bien, pese a que la Ley 6ª de 1945 dispuso que la liquidación de las
cesantías se efectuara bajo el régimen de retroactividad, lo cierto es que dicha

14

Radicación: 05001-23-33-000-2014-01929-02 (4600-2023)
Demandante: Jorge Humberto Echeverri Ramírez
Demandado: Departamento de Antioquia, Asamblea Departamental de Antioquia

normativa ha sido objeto de varias modificaciones, como la introducida por la Ley 5ª
de 196915.

61. Posteriormente se expidió el Decreto 3118 de 196816 y la Ley 344 de 199617
en cuyo artículo 13 dispuso:

Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley las personas que se
vinculen a los órganos y entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de
cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias
a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo.

[…]

62. La Ley 344 de 1996 fue reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, artículo
1, así:

Artículo 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores
públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se
afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102,
104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores
públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el
establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.

Parágrafo.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de
retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se
realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley
432 de 1998.

63. En relación a los factores para liquidar las cesantías, es preciso remitirnos al
artículo 45 del Decreto 1045 de 197818, que dispuso:

Artículo 45. De los factores de salario para la liquidación de cesantía y pensiones.
Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a
que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, en la
liquidación se tendrá en cuenta los siguientes factores de salario:

15
«Por la cual se aclara el artículo 12 de la Ley 171 de 1961, y el 5 de la Ley 4a. de 1966, y se dictan otras
disposiciones».
16 «Por el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre auxilio de cesantía de empleos

públicos y de trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones».
17 «Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades

extraordinarias y se expiden otras disposiciones».
18 «Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los

empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional»

15

Radicación: 05001-23-33-000-2014-01929-02 (4600-2023)
Demandante: Jorge Humberto Echeverri Ramírez
Demandado: Departamento de Antioquia, Asamblea Departamental de Antioquia

a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación y la prima técnica;
c) Los dominicales y feriados;
d) Las horas extras;
e) Los auxilios de alimentación y transporte;
f) La prima de navidad;
g) La bonificación por servicios prestados;
h) La prima de servicios;
i) Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se
hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año
de servicio;
j) Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales
anteriores al Decreto-Ley 710 de 1978;
k) La prima de vacaciones;
l) El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días
de descanso obligatorio;
m) Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con
anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del Decreto 3130
de 1968.

3.4. Hechos probados

64. La Sala, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente,
encuentra probados los siguientes hechos:

65. Que mediante la Resolución núm. 9 del 4 de febrero de 201319, expedida por
la entidad demandada, se le reconoció al actor la suma de $18.417.750, por
concepto de cesantías correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero
de 2012 al 31 de diciembre de 2012, para un total de 360 días. Para efectos de
dicha liquidación, se tuvo en cuenta el sueldo y el promedio variable, calculado a
partir de la sumatoria de las doceavas partes de las primas de navidad, conforme a
lo dispuesto en la Ley 344 de 1996.

66. A través de la Resolución núm. 15 del 4 de febrero de 201420, emitida por la
Asamblea Departamental de Antioquia, se le reconoció a favor del demandante la
suma de $19.158.750 por concepto de cesantías, respecto al periodo comprendido
entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, liquidación para la cual se tuvo en
cuenta los mismos conceptos de la Resolución del 4 de febrero de 2013.

67. Obra en el plenario certificación del 21 de mayo de 201421, emitida por el
secretario general de la Asamblea Departamental de Antioquia, en la cual se indicó
que el actor ha ejercido el cargo de diputado desde el 1 de enero de 2012 y hasta
la fecha de expedición de dicho documento. Asimismo, certificó que durante esos
periodos devengó los siguientes salarios y prestaciones:

19 Samai, visualizar expediente, carpeta principal, pdf 5, 19 y 20.
20 Samai, visualizar expediente, carpeta principal, pdf 5, folios 21 al 22.
21 Samai, visualizar expediente, carpeta principal, pdf 5, folio 24.

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Demandante: Jorge Humberto Echeverri Ramírez
Demandado: Departamento de Antioquia, Asamblea Departamental de Antioquia

Año Remuneración Prima de Auxilio de Auxilio de Intereses de
mensual navidad transporte cesantías cesantías
mensual
2012 $17.001.000 $17.001.000 $2.833.500 $18.417.750 $2.203.997
2013 $17.685.000 $17.685.000 $2.947.500 $19.158.750 $2.299.050
2014 $18.480.000 $3.080.000

68. De conformidad con el certificado emitido por Porvenir S.A., el actor se
encuentra afiliado a dicho fondo22.

3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

69. El asunto se contrae a establecer si el actor tiene derecho a la reliquidación
de sus cesantías correspondientes a las vigencias 2012 a 2013, con la inclusión de
los factores salariales tales como la prima de vacaciones, el auxilio de transporte y
la prima de servicios, entre otros; así como a la corrección del factor correspondiente
a la prima de navidad, el cual, a su parecer, fue mal liquidado. Igualmente, pretende
que se le reconozca y pague la sanción moratoria derivada de la omisión en la
consignación del auxilio de cesantías correspondiente a dichas vigencias.

70. Por su parte, el fallador de primera instancia negó lo pretendido al considerar
que solo a partir de la expedición de la Ley 1871 de 2017 los diputados adquirieron
el derecho, además de las cesantías y los intereses a estas, al reconocimiento y
pago de las vacaciones y de la prima de vacaciones. En este orden de ideas,
concluyó que no procedía la reliquidación del auxilio de cesantías ni el
reconocimiento de la sanción moratoria, dado que las vigencias reclamadas son
anteriores a la entrada en vigor de dicha ley.

71. Indicó el Tribunal que, conforme a la normativa citada, las prestaciones
sociales de los diputados están regidas por la Ley 6ª de 1945 y sus normas
complementarias, así como por las disposiciones que en materia de seguridad
social introdujo la Ley 100 de 1993 y, específicamente en lo relativo a la liquidación
de cesantías, por lo previsto en las leyes 344 de 1996 y 362 de 1997.

72. Agregó que, al analizar la Ley 6ª de 1945 y las normas posteriores, no
hicieron referencia a los conceptos pretendidos por el actor como vacaciones, prima
de vacaciones y de servicios. Posteriormente, el artículo 28 de la Ley 617 de 2000
dispuso la remuneración de los diputados mes a mes, de acuerdo con el periodo de
sesiones y la categorización del departamento. En este sentido, adujo que dicha ley
no reguló el régimen de prestaciones sociales de los diputados, por lo cual este
continúa rigiéndose por la Ley 6ª de 1945 y sus disposiciones modificatorias.

73. En este sentido, es preciso aclarar que solo a partir de la entrada en vigor de
la Ley 1871 de 2017 se reconoció a los diputados, además de las cesantías y los
intereses a las mismas, el derecho a las vacaciones y a la prima de vacaciones. Sin

22 Samai, visualizar expediente, carpeta principal, pdf 5, folio 25.

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Radicación: 05001-23-33-000-2014-01929-02 (4600-2023)
Demandante: Jorge Humberto Echeverri Ramírez
Demandado: Departamento de Antioquia, Asamblea Departamental de Antioquia

embargo, en el presente asunto tal reconocimiento no resulta procedente, en la
medida en que las prestaciones reclamadas corresponden a las vigencias 2012 a
2013, esto es, con anterioridad a la expedición de dicha ley. En consecuencia, el
régimen aplicable al actor es el previsto en la Ley 6ª de 1945 y demás normas
concordantes.

74. Aunado a lo expuesto, encuentra la Sala que tampoco resulta atendible la
pretensión del apelante en el sentido de que la prima de navidad deba ser liquidada
con factores salariales que percibía. No obstante, es importante indicar que dichos
emolumentos solo serán incluidos en la liquidación siempre y cuando el empleado
tenga derecho a ellos debido a su régimen laboral y prestacional

75. Es imperativo, señalar que esta Corporación23 se ha pronunciado en varias
oportunidades, en cuanto a casos similares al presente y en el que ha concluido
expresamente, respecto a aquellos emolumentos que no están previstos en la Ley
6ª de 1945, lo siguiente:

Sea la oportunidad para precisar que la Corte Constitucional 24 avaló estos
pronunciamientos, en sentido de señalar que si bien a partir de la reforma
constitucional de 1996, la competencia para establecer el régimen prestacional de
los miembros de las asambleas departamentales era exclusiva del legislador, se
debía tener en cuenta que mientras el Congreso de la República no profiriera una
nueva ley en la materia, debía entenderse que el régimen prestacional de los
diputados era el recogido en la Ley 6ª de 1945, con las modificaciones introducidas
por las leyes 100 de 1993, 344 de 1996 y 362 de 1997.

76. Tampoco resulta procedente dar aplicación al Decreto 1919 de 200225, pese
a que señaló que los empleados públicos del nivel territorial gozarían del régimen
de prestaciones de los del orden nacional. No obstante, dicha normativa no se
refiere a los diputados, al respecto la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado26, conceptuó:

[…] El decreto 1919 del 27 de agosto del 2002 fue expedido por el Presidente de la
República en desarrollo de las facultades otorgadas por los artículos 150, numeral
19 letras e) y f) de la Constitución y 12 de la ley 4ª de 1992. Si bien en su artículo 1º
se refiere a las Asambleas Departamentales como objeto de su aplicación, cabe
señalar que las prestaciones en él dispuestas rigen únicamente para los empleados
públicos y trabajadores oficiales de tales corporaciones. Es decir, se exceptúan los
Diputados, cuya remuneración y régimen prestacional y de seguridad social, por

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, exp. 81001-23-

33-000-2014-00090-01; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de septiembre
de 2022, exp. 05001-23-33-000-2015-00086-01 (0401-2019); Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 20 de junio de 2024, exp. 05001-23-33-000-2015-00094-02.
24 Corte Constitucional, sentencia C-700 del 6 de septiembre de 2010, Revisión oficiosa de las objeciones

gubernamentales presentadas al proyecto de ley número 136 de 2006-Senado-,240 de 2007- Cámara-, «Por
medio de la cual se dictan disposiciones en materia salarial y prestacional de los miembros de las asambleas
departamentales».
25 «Por el cual se fija el régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen mínimo

prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial»
26 Concepto 1501 de 2003.

18

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Demandante: Jorge Humberto Echeverri Ramírez
Demandado: Departamento de Antioquia, Asamblea Departamental de Antioquia

expresa disposición del artículo 299 de la Carta Política, corresponde fijarlo al
legislador […]. (subrayado propio de la Sala)

Sin embargo, el decreto 1919, al precisar que el régimen prestacional de los
empleados territoriales es el mismo de los nacionales, restringió mucho más el
campo de aplicación de la ley 6ª de 1945.

Al determinar la Constitución Política –art. 299- que el régimen de prestaciones de
los diputados será fijado por la ley, es evidente que le dio una regulación distinta al
de los demás servidores públicos, pues, en tanto el régimen prestacional de éstos
es fijado de manera concurrente por el congreso y el ejecutivo –art. 150. 19 e)- el
régimen de aquéllos es solamente definido por el legislador.

De esta manera, el régimen de prestaciones de los diputados sigue rigiéndose por
la ley 6ª de 1945, pues no se ha proferido otra ley en este sentido.

77. Ahora bien, frente a lo señalado por el recurrente en el sentido de que el
fallador de primera instancia incurrió en un defecto fáctico al no valorar la
certificación expedida por la secretaria general de la Asamblea Departamental en la
cual se relacionan los gastos por concepto de transporte correspondiente a las
vigencias 2012 y 2013, lo cierto es que dicho auxilio de transporte tampoco podía
ser tenido en cuenta para la liquidación de las cesantías. Esta circunstancia ya ha
sido analizada por esta Corporación27, en los siguientes términos:

En este sentido, se observa que, entre otros, el auxilio de transporte, las vacaciones
y las primas de vacaciones y de navidad son factores salariales para liquidar las
cesantías. No obstante, lo anterior, es importante precisar, que estos emolumentos
serán incluidos en la liquidación, siempre y cuando el empleado tenga derecho a
ellos en razón de su régimen laboral y prestacional28.

Se reitera, que los diputados no tienen derecho a las vacaciones, al auxilio de
transporte, ni a las primas de vacaciones ni de servicios como factores salariales o
prestacionales, y así lo confirmó el legislador, luego de un largo período de omisión
legislativa respecto del desarrollo del artículo 299 constitucional, al determinar en el
artículo 3.° de la Ley 1871 de 2017 que las prestaciones sociales de dichos
funcionarios son solo el auxilio de las cesantías, los intereses de la misma, y la prima
de navidad, y así se entiende de los debates llevados a cabo en ambas cámaras del
Congreso cuando se discutía el proyecto de ley29.

Conforme a lo anterior, el régimen aplicable para la liquidación de las cesantías de
los empleados territoriales, entre ellos, los diputados, es el comprendido en los
artículos 3.º y 4.º de la Ley 5.ª de 1969 y el 13 de la Ley 344 de 1996, así como las
demás que lo modifiquen o adicionen. Aunado a ello, para la fecha en que el

27
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1
de septiembre de 2022, exp. 05001-23-33-000-2015-00086-01 (0401-2019).
28 En igual sentido se pronunció esta Corporación en sentencia del 17 de mayo de 2018, radicación: 81001-23-

39-000-2015 00052-01(4728-16).
29 Sobre el proyecto de ley 260 de 2017 Cámara, 134 de 2016 Senado, que inicialmente las tenía comprendidas

en el artículo 3º, pero que desde el primer debate fueron excluidas porque «[…] las vacaciones y prima de
vacaciones no tienen el carácter prestacional» y quedaron comprendidas en el artículo 5º como unos derechos
de los diputados.

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Radicación: 05001-23-33-000-2014-01929-02 (4600-2023)
Demandante: Jorge Humberto Echeverri Ramírez
Demandado: Departamento de Antioquia, Asamblea Departamental de Antioquia

apelante se desempeñó como diputado desde el 1. ° de enero de 2012, las Leyes
100 de 1993 y 344 de 1996 ya habían entrado en vigencia, razón por la cual, no se
puede considerar un régimen diferente.

En suma, tanto la reciente Ley 1871 de 2017, como las Leyes 6.ª de 1945 (artículo
17), 344 de 1996 y 362 de 1997 (régimen de cesantías del orden territorial), que
fueron aplicables hasta la expedición de la primera norma en comento que desarrolló
el artículo 299 Superior, determinan una tesis jurídica que ha sido históricamente
clara en señalar que los diputados solo tienen derecho a las prestaciones sociales
anotadas (la prima de navidad, las cesantías y los intereses de las cesantías), y que
por lo tanto, dicho auxilio contemplado para estos servidores públicos se liquida
exclusivamente con base en la asignación básica y la prima de navidad. 30 De
acuerdo con este postulado, es inviable hacer extensivas disposiciones normativas
que rigen a otra clase de funcionarios, por ejemplo, como las que cita el
demandante.
[…].

78. En relación con el argumento expuesto en la apelación, según el cual la
sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 opera de manera automática, la
Sala se abstendrá de realizar su estudio. Lo anterior, por cuanto en la audiencia
inicial celebrada el 20 de noviembre de junio de 201631 en el Tribunal Administrativo
de Antioquia, se declaró terminado el proceso frente a dicha pretensión; decisión
que fue apelada ante esta Corporación y confirmada mediante providencia del 1 de
agosto de 201932.

3.6. Costas

79. En lo atinente a las costas, la presente providencia, por razones de seguridad
jurídica e igualdad, acoge el criterio de interpretación mayoritario33 de la Subsección

30 Al respecto ver Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 17 de mayo de 2008. Radicación: 81001-23-

39-000-2015 00052-01(4728-16), y sentencia reciente del 4 de febrero de 2021 proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A en el proceso radicado: 73001-23-33-000-2014-00512-01(4590-15).
31
Samai, índice 4, ED_C01_CD2 FOLIO 148-VIDEOGRABACIÓN DE AUDIENCIA INICIAL 20-11-2015(.zip)
32 Samai, visualizar expediente, carpeta principal, pdf 5, folios 241 al 244.
33 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Radicación: 05001-23-33-000-2014-01929-02 (4600-2023)
Demandante: Jorge Humberto Echeverri Ramírez
Demandado: Departamento de Antioquia, Asamblea Departamental de Antioquia

sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la
condena debe verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala
fe.

80. Por lo tanto, no hay lugar en ninguna de las instancias a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que la entidad demandada haya incurrido
en las anteriores conductas. Así las cosas, se revocará la condena en costas
impuesta en primera instancia.

3.7. Conclusión de la decisión

81. En atención a lo consignado, la Sala observa que no es procedente la
reliquidación de las cesantías correspondientes a las vigencias 2012 y 2013 con la
inclusión de los factores mencionados, pues no pueden incorporarse conceptos que
no hacen parte del régimen salarial y prestacional de los diputados. En este sentido,
se confirmará parcialmente la sentencia del 24 de enero de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negaron las pretensiones
del señor Jorge Humberto Echeverri Ramírez. Se revocará la condena en costas
impuesta.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla

Primero: Confirmar parcialmente la sentencia del 24 de enero de 2023 proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones del señor
Jorge Humberto Echeverri Ramírez, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

Segundo: Revocar la condena en costas impuesta por la primera instancia.

Tercero: Sin condena en costas en las dos instancias.

Cuarto: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

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Radicación: 05001-23-33-000-2014-01929-02 (4600-2023)
Demandante: Jorge Humberto Echeverri Ramírez
Demandado: Departamento de Antioquia, Asamblea Departamental de Antioquia

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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