Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-02055-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-02055-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2014-02055-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2014-02055-02 (1672-2022)
Demandante: Hugo Alexander Bedoya Díaz
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Subtema 1:
exceso ritual manifiesto – acceso material a la administración de justicia. Subtema 2:
garantía de la doble instancia.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, el 15 de marzo de
2019, que se declaró inhibida para resolver de fondo el asunto.
1. Síntesis del caso
El accionante, en calidad de juez de la República, solicitó la declaratoria de nulidad de
la Resolución DESAJMR 13-6215 del 24 de septiembre de 2013 y del acto ficto que la
confirmó. A título de restablecimiento, pidió la reliquidación del salario y de las
prestaciones sociales teniendo en cuenta el 100 % de la remuneración mensual; toda
vez que, según lo afirma, le fue deducido de estas un 30 % por concepto de prima
especial, aun cuando dicho emolumento es adicional al salario.
El Tribunal se inhibió para resolver de fondo el asunto, al sostener que los actos
administrativos acusados no se identificaron debidamente, comoquiera que la
resolución que debía acusarse es diferente a la mencionada en el poder conferido y
en la demanda presentada.
Radicación: 05001-23-33-000-2014-02055-02 (1672-2022)
Demandante: Hugo Alexander Bedoya Díaz
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
La Subsección revocará la anterior decisión, y ordenará devolver el expediente al
Tribunal de origen, para que, en aplicación de los principios de acceso material a la
administración de justicia, doble instancia y debido proceso, estudie de fondo los
argumentos de hecho y derecho expuestos por las partes, así como sus pretensiones
y excepciones de mérito. Esto, por cuanto incurrió en un exceso ritual manifiesto.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El señor Hugo Alexander Bedoya Díaz, mediante apoderado judicial, presentó
demanda el 31 de octubre de 20141, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, con las siguientes pretensiones2:
2. Se declare la nulidad de la Resolución DESAJMR 13-6215 del 24 de septiembre
de 2013, por medio de la cual la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Antioquia le negó al accionante el pago de las diferencias salariales y
prestacionales debidas, dada la deducción del 30 % por concepto de prima especial
en la asignación básica.
3. Se declare la existencia y la nulidad del acto ficto negativo que se configuró
dada la no respuesta al recurso de apelación interpuesto el 23 de octubre de 2013
contra la decisión anterior.
4. A título de restablecimiento del derecho, la parte demandante solicitó que se
ordene a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a
reconocer y pagar a su favor, desde el 19 de septiembre de 2001 hasta la fecha de la
sentencia, el valor de la diferencia salarial y prestacional que resulte entre lo liquidado
y pagado, con el aumento del 30 % que se disminuyó por concepto de prima especial
de servicios. Esto, tomando como base para la liquidación el 100 % del sueldo básico.
5. Pidió que, en lo sucesivo, la asignación básica se le pague en un 100 % y la
prima especial equivalente al 30 % se le reconozca y pague como adicional al salario.
6. También, que se ordene a la entidad demandada la actualización de las sumas
adeudadas, de acuerdo con el IPC, y el pago de los intereses a que haya lugar, de
conformidad con los artículos 187, 189 y 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
7. Requirió que se inapliquen los decretos salariales a través de los cuales el
Gobierno nacional desde el año 2008 reglamentó la prima especial de servicios.
1 Samai, índice 05, expediente digital, archivo ED_CUADERNO1_01DEMANDA(.pdf), pág. 5, 78.
2 Samai, índice 05, expediente digital, archivo ED_CUADERNO1_01DEMANDA(.pdf), págs. 5 a 78.
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Demandante: Hugo Alexander Bedoya Díaz
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2.1.1. Hechos
8. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
9. El accionante ha prestado sus servicios a la Rama Judicial, desde el 19 de
septiembre de 2001, primero como juez de la República y luego, como magistrado del
Tribunal Superior de Medellín, Sala de Decisión Laboral; cargo que según indicó,
ejercía al momento de la presentación de la demanda.
10. Durante el tiempo laborado, la entidad demandada fraccionó el salario básico,
al tomar el 70 % como sueldo básico y el 30 % restante como prima especial. Esa
forma de liquidación implicó que las prestaciones sociales no se calcularan con base
en el 100 % del salario, como correspondía, sino en el 70 %.
11. El 8 de julio de 2013 solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Antioquia el pago de las sumas adeudadas por los conceptos mencionados,
incluyendo la prima especial.
12. Mediante la Resolución DESAJMR 13-6215 del 24 de septiembre de 2013 la
entidad negó lo pretendido por el demandante, quien inconforme con la decisión, el 23
de octubre de 2013, interpuso recurso de apelación. No obstante, la entidad accionada,
según lo afirma, no dio respuesta alguna al momento de la presentación del medio de
control.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
13. En la demanda se citan las siguientes normas como vulneradas:
• De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 53, 209.
• De la Ley 4 de 1992, el artículo 14.
• Ley 270 de 1996, artículo 152 —numeral 7—.
14. La parte accionante sostuvo que la Sala de Conjueces de esta corporación, en
sentencia del 29 de abril de 2014, resolvió el problema jurídico planteado en el
presente asunto, al declarar la nulidad de los decretos salariales anuales que regularon
la prima especial de servicios del año 1993 al 2007. En tal providencia, se definió que
el Gobierno nacional contravino los criterios fijados por el legislador al interpretar y
aplicar de manera errónea el artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Además, se precisó la
naturaleza jurídica de la prima especial, en el sentido de indicar que se trata de un
concepto adicional a la asignación mensual que recibe el servidor público.
15. Afirmó que la entidad accionada redujo doblemente los ingresos laborales del
demandante, toda vez que, por una parte, le disminuyó en un 30 % la asignación
básica mensual, por lo que liquidó todas sus prestaciones sociales con el 70 % del
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salario, y por otra, no le pagó la prima especial sin carácter salarial equivalente al 30
% de la remuneración básica, como una adición a la asignación mensual.
16. Adujo que en los actos acusados la entidad demandada aplicó incorrectamente
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, pues en lugar de efectuar a favor del demandante
el incremento del salario correspondiente al 30 % por concepto de prima especial, lo
redujo de la asignación básica en igual porcentaje. Lo anterior conllevó a la liquidación
de las prestaciones sobre el 70 % del salario básico, y no en un 100 % como
correspondía, vulnerando con ello los derechos adquiridos y a la igualdad; así como
los principios de favorabilidad, progresividad y no regresividad, remuneración vital y
móvil proporcional al trabajo.
17. Señaló que los actos administrativos no tuvieron en cuenta que de acuerdo con
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, la prima especial de servicios es un valor adicional
al salario, por lo que no era viable tomar un 30 % de la remuneración mensual para
considerarlo prima.
18. Manifestó que el accionante tiene derecho a que se le reconozca y pague en
debida forma la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992.
2.2. Contestación de la demanda
19. La entidad accionada se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones
de «ausencia de causa petendi; legalidad de los actos acusados y prescripción
trienal»3.
20. Indicó que la competencia general en materia salarial y prestacional para los
servidores del Estado está a cargo del Congreso de la República, según lo prevé la
Constitución Política en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f). En ejercicio de tal
potestad, se expidió la Ley 4 de 1992, que facultó al Gobierno nacional para fijar el
régimen salarial y prestacional de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial,
quien profiere anualmente los decretos en los que determina la remuneración mensual
para los servidores públicos de acuerdo con criterios propios.
21. Relató que el artículo 14 de la ley en mención creó la prima especial de servicios
sin carácter salarial, lo que significa que no constituye factor de salario para la
liquidación y pago de las primas de servicios, navidad, vacaciones, auxilio de cesantías
y bonificación por servicios prestados. No obstante, con la entrada en vigor de la Ley
332 de 1996, se estableció que tal emolumento tiene carácter salarial solo para la
cotización y liquidación de la pensión de jubilación. Esta última norma fue declarada
exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-279 de 1996.
3 Samai, índice 05, expediente digital, archivo ED_CUADERNO1_29CONTESTACIONDEMAND(.pdf).
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22. Manifestó que en la sentencia del 2 de abril de 2019 la Sala de Conjueces de
esta corporación rectificó su criterio frente a la prima especial, en el sentido de
considerar que debe entenderse como un fenómeno retributivo de carácter adicional
al salario.
23. Alegó que no es procedente efectuar la reliquidación de las prestaciones
incluyendo el 30 % por concepto de prima especial como factor salarial y disponer el
pago de las diferencias surgidas de la interpretación que tiene el accionante de la Ley
4 de 1992 y los decretos salariales anuales, toda vez que ello implicaría para la
administración desacatar el ordenamiento legal vigente.
2.3. Sentencia de primera instancia
24. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, mediante sentencia
del 15 de marzo de 2019, se declaró inhibida para resolver de fondo el asunto y no
condenó en costas4.
25. Explicó que el demandante solicitó a la accionada la reliquidación de sus
prestaciones laborales con base en el 100 % de la remuneración básica mensual,
incluyendo el 30 % descontado a título de prima especial sin carácter salarial, además
del pago de dicha prima como valor adicional al salario. Dicha solicitud fue resuelta
desfavorablemente mediante la Resolución DESAJMR 13-6216 del 24 de septiembre
de 2013, la cual se notificó al apoderado del demandante el 17 de octubre del mismo
año, y contra la que se interpuso recurso de apelación el 23 de octubre de 2013,
concedido por medio de la Resolución DESAJMR 13-6741 del 5 de diciembre de 2013,
sin que fuera resuelto por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
26. Sostuvo que, según se evidenció, el poder conferido por el demandante a su
apoderado hacía referencia expresa a la Resolución DESAJMR 13-6215 del 24 de
septiembre de 2013, y que, en igual sentido, en la demanda se solicitó la nulidad de la
Resolución DESAJMR 13-6215 del 24 de septiembre de 2013, esto es, un acto
administrativo distinto al que verdaderamente resolvió en forma desfavorable la
solicitud del demandante y contra el cual se interpuso el recurso de apelación. Tal
equivocación, reiterada en los tres numerales de la pretensión primera, demuestra que
toda la actuación procesal versa en torno a la nulidad de un acto que no corresponde
al debatido en la etapa de agotamiento de la actuación administrativa y que, además,
no se encuentra debidamente acreditado en el expediente.
27. Precisó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley 1437
de 2011, cuando se demanda la nulidad de un acto administrativo, este debe
identificarse e individualizarse con toda precisión, sin lugar a confusiones; requisito
que no se satisface en el caso concreto. Señaló igualmente que, según la
jurisprudencia de las altas cortes, la inhibición procede únicamente en casos extremos,
4 Samai, índice 05, expediente digital, archivo ED_CUADERNO1_38FALLO(.pdf).
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cuando existe una razón jurídica valedera, objetiva y plenamente corroborable que
impide dictar sentencia de fondo con observancia del principio de congruencia entre el
objeto de la demanda, las causas que fundamentan las pretensiones y lo probado
dentro del proceso; y que tal era precisamente la situación configurada en el asunto
bajo estudio, en el que la resolución acusada no es el acto que resolvió
desfavorablemente la solicitud del accionante, ni tampoco el mencionado en el poder
conferido por este.
28. Decidió «abstenerse de formular declaración sobre la nulidad de la Resolución
DESAJMR 13-6215 del 24 de septiembre de 2013 y los actos fictos o presuntos
negativos configurados por la falta de respuesta al recurso de apelación interpuesto
contra la Resolución DESAJMR 13-6216» de la misma fecha, aclarando que dicha
providencia inhibitoria no constituye cosa juzgada y que, por tanto, permite al
demandante ejercer de nuevo el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho una vez subsanados los defectos señalados.
2.4. Recurso de apelación
29. La parte demandante solicitó que se revoque el fallo de primera instancia y, en
su lugar, se profiriera decisión de fondo que declare la nulidad de los actos acusados
y ordene el pago de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 —equivalente
al 30 % del salario básico como adición a este— y la reliquidación de las prestaciones
sociales con base en el 100 % de la asignación básica5.
30. Sostuvo que la inhibición del Tribunal obedeció a un error de digitación de un solo
dígito —el número 5 en lugar del 6 en el extremo final del número de la resolución
acusada—, y que elevar esa imprecisión a la categoría de vicio insubsanable
constituye un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, un defecto fáctico y
un defecto sustantivo, que en conjunto vulneran el debido proceso, el derecho de
acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial.
31. Destacó que el propio juez de primera instancia reconoció que la Resolución
DESAJMR 13-6216 del 24 de septiembre de 2013 —acto verdaderamente
demandado— obraba en el expediente y correspondía a la decisión con la que la
administración había resuelto desfavorablemente la solicitud del demandante, lo que
evidenciaba que todos los intervinientes en el proceso tenían plena claridad sobre cuál
era el acto cuya nulidad se pretendía. En ese orden, argumentó que si el mismo
Tribunal identificó el acto, lo dio por existente en el proceso y comprendió la intención
del accionante, no existía razón jurídica válida para abstenerse de fallar de fondo, pues
hacerlo implicaba dar prevalencia a una formalidad sobre la verdad jurídica objetiva.
32. Adujo, en primer lugar, que el exceso ritual manifiesto se configuró porque el
Tribunal, pese a tener a la vista la prueba documental que identificaba el acto
5 Samai, índice 05, expediente digital, archivo ED_CUADERNO1_41RECURSOAPELACIONP(.pdf).
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demandado, antepuso la lectura literal del artículo 163 del CPACA a la garantía de los
derechos del demandante, convirtiendo el procedimiento en un obstáculo para el
derecho sustancial. En segundo lugar, señaló que se incurrió en un defecto fáctico, al
indicar que el fallador realizó un falso juicio de existencia, en tanto omitió valorar una
prueba que física y materialmente reposaba en el expediente, a saber, la resolución
que contestó y negó las pretensiones del accionante en sede administrativa. En tercer
lugar, identificó el defecto sustantivo, consistente en la interpretación excesivamente
rigurosa del artículo 163 del CPACA, que conllevó a sacrificar la justicia material en
aras de un formalismo, cuando el mismo juez era consciente de que el acto
demandado estaba debidamente identificado y acreditado en el proceso.
33. Sustentó que los anteriores planteamientos se justificaban en jurisprudencia de
la Corte Constitucional —entre otras, las sentencias SU-573 de 2017, SU-454 de 2016,
SU-355 de 2017 y T-201 de 2015— que han definido el exceso ritual manifiesto como
una vía de hecho consistente en la renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva
por extremo rigor en la aplicación de las formas procesales.
34. Acreditada, a su juicio, la procedencia de un fallo de fondo, la parte accionante
sostuvo que se debía acceder a la totalidad de las pretensiones. Señaló que el
demandante pertenecía al régimen de acogidos del Decreto 57 de 1993 y que, desde
su vinculación, la entidad accionada fraccionó su remuneración básica en un 70 %
denominado sueldo y un 30 % denominado prima especial sin carácter salarial, con lo
cual liquidó todas sus prestaciones sobre la porción reducida, sin reconocer jamás la
prima como valor adicional al salario.
35. Afirmó que la anterior práctica contravino el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y el
artículo 2 de la misma ley, que prohíben desmejorar los salarios y prestaciones de los
servidores del Estado, así como los artículos 25 y 53 de la Constitución Política, el
principio de progresividad, el de no regresión salarial y el numeral 7 del artículo 152 de
la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
36. Sostuvo que los decretos anuales que tomaron el 30 % del salario básico para
denominarlo prima, lejos de reglamentar la prestación como un incremento al salario,
la configuraron como una deducción de este, lo cual resulta abiertamente
inconstitucional e ilegal conforme a las sentencias del Consejo de Estado del 2 de abril
de 2009 y del 29 de abril de 2014. En consecuencia, solicitó que se aplique la
excepción de inconstitucionalidad respecto de los artículos de los decretos 658 de
2008, 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de 2012 y 1024 de 2013, en
cuanto establecieron dicha prima como el 30 % de la asignación básica, en lugar de
reconocerla como adición a esta.
37. Argumentó, en relación con la excepción de prescripción trienal propuesta por la
entidad demandada, que el término no había comenzado a correr para ninguno de los
periodos reclamados, toda vez que el derecho se hace exigible solo a partir del
momento en que se retira del ordenamiento jurídico la norma que impedía reclamarlo;
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Radicación: 05001-23-33-000-2014-02055-02 (1672-2022)
Demandante: Hugo Alexander Bedoya Díaz
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de modo que, para los decretos anulados hasta 2007, el término solo empezó a
contarse desde la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014, y para los decretos
posteriores vigentes, la prescripción aún no había iniciado, en tanto dichas normas
continuaban en el ordenamiento jurídico, así fueran inaplicadas por inconstitucionales.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
38. Por medio de auto del 16 de junio de 2022, los magistrados entonces integrantes
de esta Subsección presentaron manifestación de impedimento, con sustento en el
numeral 1 del artículo 141 del CGP, esto es, tener interés directo en el proceso, porque
fueron beneficiarios de la prima especial en condición de funcionarios de la Rama
Judicial6.
39. A través de auto del 27 de octubre de 2022, la Subsección A de la Sección
Segunda de esta corporación declaró fundado el impedimento. A su vez, los
magistrados que conformaban esa Sala se manifestaron impedidos para conocer el
asunto, por la causal prevista en el numeral 1 del artículo 141 del CGP7.
40. En providencia del 2 de mayo de 2023, tres conjueces declararon fundado el
impedimento antes referido8.
41. Mediante auto del 3 de octubre de 2023, el conjuez ponente admitió el recurso
de apelación presentado por la parte demandante9.
42. Por medio de auto del 7 de mayo de 2024, se corrió traslado a las partes por el
término de 10 días para presentar alegatos finales, y luego de vencido este, al
Ministerio Público para rendir concepto10.
43. A través de auto del 1 de abril de 2025, el conjuez ponente del proceso ordenó
devolver el expediente al despacho de la magistrada titular, al que este fue inicialmente
repartido, atendiendo al cambio de composición de la Sección Segunda del Consejo
de Estado11.
44. En este escenario, se estima pertinente precisar que las subsecciones A y B de
la Sección Segunda, en providencias recientes, han declarado infundado el
impedimento manifestado por magistrados de distintos tribunales del país en asuntos
relacionados con el reconocimiento de la prima especial de servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
6 Samai, índice 03, expediente digital, archivo MANIFESTACIONDEIMPEDIMENTO(.docx).
7 Samai, índice 11, expediente digital, archivo AUTOQUERESUELVEIMPEDIMENTOORECUSACION(.pdf).
8 Samai, índice 19, expediente digital, archivo AUTOQUERESUELVEIMPEDIMENTO(.docx).
9 Samai, índice 25, expediente digital, archivo AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.docx).
10 Samai, índice 33, expediente digital, archivo 74Auto que corre _TRASLADOL16722022doc(.docx).
11 Samai, índice 44, expediente digital, archivo 87Autoqueordena_remitedes_16722022remiteDraBec(.pdf).
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45. La mayoría de los integrantes de la Sala, en sesión celebrada el 29 de agosto de
2024, decidieron en igual sentido los impedimentos manifestados por los integrantes
de esta, en procesos con supuestos similares al que se analiza en el presente asunto,
por tres razones, a saber:
(1) Las manifestaciones de impedimento se sustentan en consideraciones
generales que resultan insuficientes para encuadrar el caso particular en el
supuesto descrito en la causal;
(2) no exponen situaciones actuales y concretas que acrediten la configuración
de la causal;
(3) no mencionan el beneficio que sustenta «el interés directo o indirecto en el
proceso» ni precisan cómo la decisión del caso puede resultar útil para los
intereses de quien manifiesta el impedimento.
2.6. Alegatos de conclusión
2.6.1. Parte demandante
46. Solicitó que se revoque la sentencia inhibitoria de primera instancia y, en su lugar,
se profiera fallo de fondo que declare la nulidad de los actos acusados y ordene el
reconocimiento y pago de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 —
equivalente al 30 % del salario básico como adición a este— y la reliquidación de las
prestaciones sociales con base en el 100 % de la asignación básica 12.
47. Reiteró los argumentos del recurso de apelación. Señaló que el Tribunal incurrió
en exceso ritual manifiesto, defecto fáctico y defecto sustantivo, al considerar como
vicio insubsanable un simple error de digitación de un dígito en el número de la
resolución acusada, pese a reconocer que el acto verdaderamente demandado obraba
en el expediente, fue identificado por todas las partes y correspondía precisamente a
la decisión con la que la administración respondió la solicitud del accionante.
2.6.2. Parte demandada
48. La entidad accionada presentó alegatos de conclusión solicitando, en primer
lugar, confirmar la sentencia inhibitoria de primera instancia, y en subsidio, negar las
pretensiones de la demanda13.
49. Señaló que el demandante individualizó incorrectamente el acto acusado al
identificar la Resolución DESAJMR 13-6215 en lugar de la Resolución DESAJMR 13-
6216, que fue la que realmente negó su solicitud y con la que se agotó la «vía
gubernativa», incumpliendo así el requisito exigido por el artículo 163 del CPACA.
12 Samai, índice 40, expediente digital, archivo 84RECIBE MEMORIAL_16722022ALEGATOSDECO(.pdf).
13 Samai, índice 37, expediente digital, archivo 76_MemorialWeb_Alegatos-12HUGOALEXANDERB(.pdf).
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Demandante: Hugo Alexander Bedoya Díaz
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50. En caso de fallarse de fondo, sostuvo que el demandante, en su condición de
magistrado de tribunal, no tenía derecho a la prima especial del artículo 14 de la Ley
4 de 1992, sino únicamente a la bonificación por compensación, conforme a la
sentencia SUJ-016-CE-S2-2019. Asimismo, adujo que operó la prescripción trienal
respecto de los periodos anteriores al 8 de julio de 2010, dado que el derecho fue
exigible desde la entrada en vigor del Decreto 57 de 1993, y la reclamación
administrativa se presentó el 8 de julio de 2013. Por último, afirmó que resultaba
presupuestalmente inviable reconocer obligaciones anteriores al 1 de enero de 2021,
pues el Ministerio de Hacienda no había asignado los recursos correspondientes, lo
que impedía asumir compromisos sobre apropiaciones inexistentes, conforme a las
normas orgánicas del presupuesto.
2.7. Ministerio Público
51. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado14 no rindió
concepto.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
52. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problemas jurídicos
53. De acuerdo con el recurso de apelación y teniendo en cuenta que, según el
artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la alzada, corresponde a
la Sala definir si:
54. ¿El Tribunal incurrió en un exceso ritual manifiesto al considerar que el acto
acusado no estaba debidamente identificado e inhibirse para conocer de fondo el
asunto?
55. En caso de que la respuesta sea positiva, ¿qué medidas debe adoptar la Sala
para garantizar los principios de acceso material a la administración de justicia y doble
instancia, debido a que en primera instancia no se analizó el fondo del asunto?
14 Samai, índice 30, expediente digital, archivo Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf).
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3.3. Hechos probados relevantes
56. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
57. El 9 de julio de 2013, el señor Hugo Alexander Bedoya Díaz, en calidad de
magistrado de tribunal, le solicitó a la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Antioquia la reliquidación y pago de los salarios y de las prestaciones sociales con
la inclusión de la prima especial de servicios, dado que la base salarial se redujo en
un porcentaje del 30 % por concepto de tal emolumento15.
58. Mediante la Resolución DESAJMR 13-6216 del 24 de septiembre de 2013, la
entidad negó lo pretendido16.
59. El 23 de octubre de 2013, el demandante interpuso recurso de apelación contra
la anterior decisión17, el cual fue concedido por medio de la Resolución DESAJMR 13-
6741 del 5 de diciembre de 2013; sin embargo, la entidad demandada no lo resolvió18.
3.4. Caso concreto
3.4.1. Del exceso ritual manifiesto en el presente asunto
60. La parte accionante apeló la sentencia de primera instancia, en síntesis, porque
en su criterio al tenerse como indebidamente identificado el acto acusado, se incurrió
en un exceso ritual manifiesto, en tanto se aplicó de manera rigurosa el artículo 163
del CPACA, dando prevalencia al derecho formal sobre el sustancial.
61. Alegó que si bien el acto que se indicó como acusado en las pretensiones de la
demanda fue la Resolución DESAJMR 13-6215 del 24 de septiembre de 2013, aunque
el que decidió su situación jurídica fue la Resolución DESAJMR 13-6216 del 24 de
septiembre de 2013, lo cierto es que la diferencia entre uno y otro se suscitó en un
error de digitación al haberse cambiado un número 6 por un 5. Ello, máxime cuando
se aportó al expediente el último acto, el cual a su vez era conocido por la autoridad
judicial.
62. En punto, se tiene que el Tribunal Administrativo de Antioquia se declaró inhibido
para analizar el fondo del asunto, en la medida que consideró que no se había dado
cumplimiento al artículo 163 del CPACA, comoquiera que no se identificó de manera
precisa el acto que negó el derecho que se reclama. Al respecto, señaló que el poder
conferido por el demandante hacía mención expresa a la Resolución DESAJMR 13-
15 Según la Resolución DESAJMR 13-6216 de 2013, la reclamación administrativa se presentó el 9 de julio de 2013,
ver: Samai, índice 05, expediente digital, archivo ED_CUADERNO1_02ANEXOS(.pdf), págs. 3 a 7.
16 Samai, índice 05, expediente digital, archivo ED_CUADERNO1_02ANEXOS(.pdf), págs. 7 a 11.
17 Conforme con la Resolución DESAJMR 13-6741 de 2013, el recurso de apelación se presentó el 23 de octubre
de 2013, ver: Samai, índice 05, expediente digital, archivo ED_CUADERNO1_02ANEXOS(.pdf), págs. 13 a 20.
18 Así se sostuvo en los hechos de la demanda, sin que la parte accionada lo hubiese controvertido.
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6215 del 19 de septiembre de 2013, y que, en igual sentido, en la demanda se solicitó
la nulidad de tal resolución, esto es, un acto administrativo distinto al que
verdaderamente resolvió, en forma desfavorable, su solicitud, el cual se encuentra
contenido en la Resolución DESAJMR 13-6216 del 24 de septiembre de 2013.
63. En este orden de ideas, resulta oportuno indicar que el artículo 228 de la
Constitución Política prevé el principio de la prevalencia del derecho sustancial19, en
virtud del cual «las formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad
del derecho sustancial, sino que deben propender por su realización. Es decir, que las
normas procesales son un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos
y no fines en sí mismas»20.
64. Por su parte, los artículos 11 y 12 del Código General del Proceso, que
desarrollaron el principio constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal,
establecen de manera general las siguientes reglas interpretativas de las normas
procesales:
Artículo 11. Interpretación de las normas procesales. Al interpretar la ley procesal, el juez
deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los
derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de
las normas del presente código deberán aclararse mediante la aplicación de los
principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso
el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos
constitucionales fundamentales. El juez se abstendrá de exigir y de cumplir
formalidades innecesarias. (Negrilla fuera del texto)
Artículo 12. Vacíos y deficiencias del código. Cualquier vacío en las disposiciones del
presente código se llenará con las normas que regulen casos análogos. A falta de estas,
el juez determinará la forma de realizar los actos procesales con observancia de los
principios constitucionales y los generales del derecho procesal, procurando hacer
efectivo el derecho sustancial.
65. El contenido de las citadas normas permite advertir que, con base en el principio
de supremacía de la Constitución (artículo 4), las normas procesales con las que se
rigen las actuaciones judiciales deben interpretarse en consonancia con los principios
constitucionales, entre estos, el de prevalencia del derecho sustancial. Esto es así, por
cuanto la finalidad de la ley procesal, en concordancia con el derecho de acceso a la
administración de justicia, no es otra que la garantía de una verdadera tutela judicial
efectiva.
19 «Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su
funcionamiento será desconcentrado y autónomo».
20 Corte Constitucional, Sentencia T-429 de 1994. Reiterada en la sentencia T-618 de 2013.
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66. Respecto al principio de prevalencia del derecho sustancial como garantía del
derecho al debido proceso, se ha pronunciado la Corte Constitucional, que ha
manifestado lo siguiente:
por disposición del artículo 228 Superior [sic], las formas no deben convertirse en un
obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su
realización. Es decir, que las normas procesales son un medio para lograr la efectividad
de los derechos subjetivos y no fines en sí mismas.
[…]
Ahora bien, con fundamento en el derecho de acceso a la administración de justicia y en
el principio de la prevalencia del derecho sustancial, esta corporación ha sostenido que
en una providencia judicial puede configurarse un defecto procedimental por “exceso
ritual manifiesto” cuando hay una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva
evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales21.
67. Precisado lo anterior, se destaca que, pese a que las normas procesales han sido
instituidas para garantizar el derecho al debido proceso, no pueden convertirse en un
límite infranqueable para la consecución del derecho subjetivo en discusión. Por
expresa disposición constitucional y legal, el principio de prevalencia de lo sustancial
sobre lo formal es una norma rectora de la ley procesal, y de obligatoria observancia
para las autoridades judiciales. De manera que, cuando un juez adopta una decisión
que desconoce el citado principio, viola el derecho fundamental al debido proceso de
la parte.
68. Descendiendo al caso concreto, se tiene que, revisado el escrito de la demanda,
el accionante formuló, entre otras, las siguientes pretensiones:
Primera: Cumplida con la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para
haber podido formular el presente medio de control, pido:
a) Declarar la nulidad del Acto Administrativo: Resolución No. DESAJMR 13-6215 del
24/09/2013. notificado el 17/10/2013, Acto Administrativo emanado de la Rama Judicial-
Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial - Dirección Seccional de Administración Judicial de Antioquia -
Chocó, del (sic), mediante el cual se le negó a Hugo Alexander Bedoya Díaz, Magistrado
del Tribunal Superior de Medellín Sala de Decisión Laboral, la reliquidación de sus
prestaciones sociales y laborales y el reconocimiento y pago de las diferencias salariales
existentes entre lo liquidado hasta ahora por la Administración con el 70 % de su salario
básico y la liquidación que resulte teniendo como base 100 % de su salario básico,
incluyendo el 30 % de este, que la misma Administración ha tomado para darle el título
de prima especial sin carácter salarial y el reconocimiento y pago de la prima especial
sin carácter salarial, como adición o agregado a la asignación básica, prevista en el
artículo 14 de la ley 4a de 1992.
21 Corte Constitucional, sentencias T-268 de 2010 y T-154 de 2018.
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b) Declarar la ocurrencia y existencia del Acto Administrativo Ficto o Presunto Negativo,
fruto del silencio administrativo de la Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura
• Sala Administrativa - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Dirección
Seccional de Administración Judicial de Antioquia - Chocó, por haber dejado de resolver
el recurso de apelación, hasta el día de hoy, en resolución alguna que hubiera sido
notificada, recurso interpuesto el día 23/10/2013 contra el Acto Administrativo
Resolución No. DESAJMR 13-6215 de fecha 24/09/2013, Acto Administrativo notificado
el 17/10/2013, que negó la reliquidación y la prima solicitada.
c) Declarar la nulidad del acto administrativo ficto o presunto negativo, fruto del silencio
administrativo de la Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Sala
Administrativa - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Dirección Seccional de
Administración Judicial de Antioquia - Chocó, por haber dejado de resolver el recurso de
apelación, hasta el día de hoy, en resolución alguna que hubiera sido notificada, recurso
interpuesto el día 23/10/2013 contra el Acto Administrativo Resolución No. DESAJMR13-
6215 de fecha 24/09/2013, por lo que se entiende confirmado este último Acto
Administrativo y negada consecuencialmente a mi poderdante el reconocimiento y pago
de las diferencias salariales y prestacionales que resulten de la reliquidación de sus
prestaciones sociales y laborales y el pago de la prima especial sin carácter salarial. (Sic
para la cita).
69. En este orden de ideas, se observa que, en efecto, conforme lo señaló el Tribunal,
la parte accionante solicitó la nulidad de la Resolución DESAJMR13-6215 del 24 de
septiembre de 2013 y del acto ficto que se configuró dada la falta de respuesta al
recurso de apelación interpuesto en su contra.
70. No obstante, revisados los documentos que obran en el plenario, se tiene que,
junto con el escrito de la demanda, la parte accionante no allegó copia de la resolución
en mención, sino de la Resolución DESAJMR13-6216 del 24 de septiembre de 2013,
que como se dijo en el acápite de hechos probados relevantes de esta providencia, es
el acto administrativo que contiene la decisión de la administración de negarle al
demandante la reliquidación y pago de los salarios y de las prestaciones sociales con
la inclusión de la prima especial de servicios, dado que la base salarial se redujo en
un porcentaje del 30 % por concepto de tal emolumento; derecho que conforme se vio
en precedencia es el reclamado por el señor Hugo Alexander Bedoya Díaz en la
demanda de la referencia.
71. Lo anterior evidencia que la parte demandante identificó erróneamente el acto
administrativo acusado en el acápite de pretensiones de la demanda, dado que
modificó el último dígito de la resolución que le negó el derecho reclamado, el cual
correspondía al número 6 y no al 5, como se vio en precedencia.
72. Ahora bien, el Tribunal al advertir el referido error consideró que el acto
administrativo acusado no se había identificado conforme lo exige el artículo 163 del
CPACA, el cual dispone lo siguiente:
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Artículo 163. Individualización de las pretensiones. Cuando se pretenda la nulidad de un
acto administrativo este se debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto
de recursos ante la administración se entenderán demandados los actos que los
resolvieron.
73. Con fundamento en tal disposición, el fallador de primera instancia decidió
declararse inhibido para estudiar de fondo el asunto, lo que demuestra que sobrepuso
una norma de rango legal por encima del principio constitucional de prevalencia del
derecho sustancial y, en consecuencia, convirtió el que se advierte fue un error
involuntario de digitación, en un obstáculo para la satisfacción de los derechos
sustanciales. Por tal razón, se estima que incurrió en un exceso ritual manifiesto que
vulnera la garantía fundamental del accionante al acceso efectivo a la administración
de justicia.
74. En tal sentido, pese a encontrar acreditado que en el plenario obraba la
resolución que negó el derecho pretendido por el accionante, la cual variaba en un
dígito con la denominación que se le dio en la demanda al acto acusado, decidió aplicar
de manera estricta y rigurosa el artículo 163 del CPACA, absteniéndose de resolver la
litis.
75. Sumado a lo expuesto, no es de recibo para la Sala la decisión adoptada en
primera instancia, comoquiera que el a quo no ejerció las potestades de saneamiento
de las cuales goza el juez de lo contencioso-administrativo, por virtud del artículo 103
del CPACA que prevé como finalidad del proceso la efectividad de los derechos.
76. Sobre el particular se destaca que el juez tiene amplias facultades de
saneamiento con el fin de que el proceso se encause conforme al procedimiento legal
y se profiera una sentencia de mérito al verificarse el cumplimiento de los presupuestos
de validez y eficacia; esto, por ejemplo, al momento de estudiarse la admisión de la
demanda o en la audiencia inicial (numeral 5 del artículo 180 del CPACA), donde de
oficio o a petición de parte, se deben decidir los vicios que se hayan presentado y
adoptar las medidas de saneamiento para evitar sentencias inhibitorias22.
77. Así las cosas, al considerarse que el Tribunal incurrió en un exceso ritual
manifiesto al darle prevalencia a lo formal sobre lo sustancial, máxime cuando tenía
amplias facultades para sanear el proceso, se estima que, en aras de garantizar la
tutela judicial efectiva del accionante, debió tener por demandada la Resolución
DESAJMR13-6216 del 24 de septiembre de 2013, que fue aquella que según se probó
en el expediente, negó el derecho reclamado, y en tal sentido, emitir una sentencia de
mérito.
78. Lo anterior quiere decir que la Sala se aparta de la conclusión a la que llegó el
juez de primera instancia que se declaró inhibido para dictar una decisión de fondo al
22 Consejo de Estado, Sala de Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 26 de septiembre de
2013, exp. 08001-23-333-004-2012-00173-01(20135), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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determinar que el acto acusado no estaba debidamente identificado. En consecuencia,
se procederá al estudio del segundo problema jurídico, que gira en torno a las medidas
que deben adoptarse para garantizar los principios de acceso material a la
administración de justicia y doble instancia del demandante.
3.4.2. Resolución del segundo problema jurídico
79. Se observa que en el transcurso del proceso las partes expusieron
oportunamente sus argumentos para que a través de sentencia de primera instancia
el a quo resolviera la solicitud de reliquidación y pago de los salarios y de las
prestaciones sociales con la inclusión de la prima especial de servicios, toda vez que
la base salarial se redujo en un porcentaje del 30 % por concepto de tal emolumento.
No obstante, el anterior análisis no se surtió dentro de la actuación de la referencia,
puesto que el Tribunal se declaró inhibido para decidir las pretensiones de la demanda.
80. Por consiguiente, desvirtuada la circunstancia por la que el Tribunal
Administrativo de Antioquia no estudió el fondo de la controversia, en aplicación de los
principios de acceso material a la administración de justicia, doble instancia y debido
proceso, la Sala estima necesario que el expediente retorne a la referida autoridad, a
fin de que se analicen de fondo los argumentos de hecho y derecho expuestos por las
partes, así como sus pretensiones y excepciones perentorias, so pena de que estos
solo se estudien ante el Consejo de Estado, aunque el ordenamiento jurídico prevé
que la discusión puede adelantarse en dos instancias, lo que implica que en ambas,
no solo en una de ellas, se efectúe el análisis integral de las principales razones de los
sujetos procesales.
81. Este criterio de administración de justicia y garantía de la doble instancia ha sido
aplicado con anterioridad por esta Subsección, por ejemplo, en sentencia del 25 de
mayo de 202323, en la que dispuso revocar el fallo inhibitorio proferido en primera
instancia y, en su lugar, que el a quo se pronunciara de fondo. En dicha oportunidad
se indicó:
Ahora bien, al desvirtuarse el impedimento para emitir decisión de fondo,
correspondería examinar los cargos propuestos en la demanda. No obstante, se
encuentra que no es posible emitir pronunciamiento sobre los reproches de nulidad
presentados por la parte actora, habida cuenta que aquellos no fueron analizados por
el Tribunal de primera instancia, autoridad a la que le correspondía adelantar dicho
examen.
Efectivamente en el caso sub lite, se debe devolver el expediente al a quo para que
estudie los cargos de la demanda que no realizó, pues resolver de fondo la controversia
en segunda instancia, equivaldría a convertirla en única instancia, privando de esta
manera a la parte desfavorecida del derecho fundamental de ejercer legítimamente su
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, exp. 18001-23-33-000-2014-00002-01 (0317-2021), M.P.
César Palomino Cortés.
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defensa y contradicción, íntimamente ligado al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.
82. Así las cosas, en garantía de los principios invocados se revocará la sentencia
impugnada proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, a quien se devolverá
el expediente para que dicte un nuevo fallo sobre la controversia, con la prioridad que
demanda el presente caso.
3.5. Conclusión de la decisión
83. En atención a lo expuesto, la Sala concluye que como el juez de primera
instancia incurrió en un exceso ritual manifiesto al no analizar de fondo las
pretensiones de la demanda, se debe revocar el fallo apelado y devolver el expediente
al Tribunal de origen, para que, en aplicación de los principios de acceso material a la
administración de justicia, doble instancia y debido proceso, estudie de fondo los
argumentos de hecho y derecho expuestos por las partes, así como sus pretensiones
y excepciones de mérito, con la prioridad que demanda el presente caso.
3.6. Costas
84. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 24 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
24 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01(1291-2014).
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Demandante: Hugo Alexander Bedoya Díaz
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Falla:
Primero. Revocar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala de Conjueces, el 15 de marzo de 2019, que se declaró inhibida para resolver de
fondo el asunto, por las razones expuesta en esta providencia.
Segundo. Devolver el expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia, para que
resuelva de fondo y dicte sentencia sobre el presente asunto, con la prioridad que
demanda el caso.
Tercero. Sin condena en costas.
Cuarto. Reconocer personería a la abogada Dorian Esned Tabares López, identificada
con la cédula de ciudadanía 43.088.862, portadora de la tarjeta profesional 249.436
del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderada de la Nación,
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en los términos del
poder conferido, que obra a índice 37 de Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
18
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