Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2014-02088-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2014-02088-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2014-02088-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
28 de octubre de 2024
Radicado: 05001-23-33-000-2014-02088-01 (64575)
Demandante: Alexander Augusto Zuluaga Espinosa y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 05001-23-33-000-2014-02088-01 (64575)
Actor: Alexander Augusto Zuluaga Espinosa y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación
Medio de control: Reparación directa
Tema 1: Privación injusta de la libertad. Subtema 1.1. Criterios que rigen la imposición de medida de
aseguramiento. Subtema 1.2. Medida de aseguramiento cumplió con los principios de razonabilidad,
proporcionalidad, legalidad y necesidad. Subtema 1.3. Régimen objetivo de responsabilidad.
Subtema 1.4. Sentencia penal absolutoria porque el hecho no existió. Subtema 1.5. Perjuicios
morales por privación injusta de la libertad. Subtema 1.6. Daño emergente por privación injusta de la
libertad – honorarios profesionales de abogado. Subtema 1.7. Lucro cesante por privación injusta de
la libertad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Tercera de Oralidad, el cinco (5) de junio de dos mil diecinueve (2019), que negó las
pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS
Alexander Augusto Zuluaga Espinosa fue privado de la libertad dentro del proceso
penal en el que se le sindicaba autoría en el delito de secuestro extorsivo. El Tribunal
Superior de Medellín – Sala de Decisión Penal, en sentencia que puso fin a la causa
penal, lo absolvió del cargo por el que fue acusado y ordenó su libertad inmediata.
El señor Zuluaga Espinosa y su grupo familiar pretenden que esta jurisdicción
declare la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de la que
fue víctima el primero. El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de
Oralidad, en el fallo de primera instancia, negó las pretensiones de la demanda. En
el recurso de apelación, la parte actora insistió en que no existían pruebas para
afirmar que el hecho punible existió.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
Alexander Augusto Zuluaga Espinosa, Lina Marcela Traslaviña Parra, en
nombre propio y en representación de sus hijos Sebastián y María Alejandra
Acosta Traslaviña, Gustavo de Jesús Zuluaga Zuluaga y María Inés Espinosa
López, en nombre propio y en representación de su hija Karen Melisa Zuluaga
Espinosa, Gustavo Deibi Zuluaga Espinosa, Farley Daniel Zuluaga Espinosa y
Doris Andrea Zuluaga Espinosa, en nombre propio y en representación de su hija
Dulce María Castro Zuluaga, presentaron demanda1, en ejercicio del medio de
control de reparación directa, el siete (7) de noviembre de dos mil catorce (2014),
1 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 1061B3ED3938BFC1 AB986BB1EFEBC224
B8731226359237DB 16087F190D09AC90, ubicado en el índice 26 de SAMAI, página 2 a 28.
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Demandante: Alexander Augusto Zuluaga Espinosa y otros
con la que pretenden que esta jurisdicción profiera sentencia de condena a cargo
de la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación por los perjuicios
irrogados con motivo de la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el
primero de los referidos actores, desde el dieciséis (16) de enero de dos mil once
(2011) hasta el diez (10) de noviembre de dos mil trece (2013).
La parte demandante afirmó que la Fiscalía General de la Nación llevó a juicio al
señor Zuluaga Espinosa sin tener las pruebas que permitieran desvirtuar su
presunción de inocencia, y que el Tribunal Superior de Medellín – Sala de Decisión
Penal, mediante sentencia del ocho (8) de noviembre de dos mil trece (2013), lo
absolvió del cargo de secuestro extorsivo en atención a que las estipulaciones
probatorias sobre responsabilidad no están permitidas por el artículo 10 del Código
de Procedimiento Penal.
2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia
2.2.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en auto del nueve (9) de marzo de
dos mil quince (2015) 2 , admitió la demanda; decisión que fue notificada a las
entidades demandadas3.
2.2.2. La Nación – Rama Judicial 4 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones.
Destacó que las autoridades judiciales acataron la normatividad vigente y valoraron
las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, de ahí que sus actuaciones no
puedan calificarse como arbitrarias, desproporcionadas o violatorias de los
procedimientos legales, tal y como lo exige la atribución de responsabilidad por
privación injusta de la libertad.
Enfatizó que la diversidad de criterio entre la primera y la segunda instancia es la
expresión del principio constitucional de autonomía e independencia judicial y del
amplio poder discrecional del que gozan los jueces en el análisis probatorio. A su
juicio, es jurídicamente viable que existan dos providencias distintas, siempre y
cuando estén debidamente argumentadas y sustentadas.
En último término, adujo que la sola absolución no convierte en injusta la privación
de la libertad.
2.2.3. La Nación – Fiscalía General de la Nación 5 , al pronunciarse sobre la
controversia, solicitó que esta jurisdicción niegue las súplicas de la demanda.
Indicó que no existe prueba del daño, ya que no obra dentro del expediente el
certificado del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario donde conste el tiempo
de privación intramural que padeció Alexander Augusto Zuluaga Espinosa.
Sostuvo que, al tenor de la Ley 906 de 2004, la entidad dirige, coordina, controla y
ejerce la investigación y las actividades de policía judicial, mas no tiene la facultad
de privar de la libertad a las personas, salvo las excepciones dispuestas en el
2 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado B47CE47D7A91E13D 5D601EF963FE0D74
353B19FF847C391B D2D9252B5562DDBA, ubicado en el índice 26 de SAMAI.
3 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 2E5C562CE82DD6BE
9A57D27E3B69BD5D A45C7CBD5351AE8D E1C6EB57681CCDDB, ubicado en el índice 26 de SAMAI.
4 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 2E4C48BB79F3AD94 F85162E38726BEDD
1B99809097167B3D 49DAB02CCB596661, ubicado en el índice 26 de SAMAI.
5 Documentos contenidos en el expediente digitalizado con certificados 4527BFDEE591BF1D
DDEF47007FA147D0 F7428D7361A7F5B1 5EC30147F68CAA32 y 0376DE3A22DFACE4
262915C11BDA6938 883842E6A5169F98 D594B50454C53678, ubicados en el índice 26 de SAMAI.
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Demandante: Alexander Augusto Zuluaga Espinosa y otros
artículo 300. En ese sentido, explicó que, como el juez con función de control de
garantías es el encargado de imponer las medidas de aseguramiento
correspondientes, carece de legitimación en la causa por pasiva.
Expresó que, si bien participó en el proceso penal, no fue quien produjo el daño
alegado por los demandantes, y que, en todo caso, actuó en cumplimiento de sus
deberes legales y constitucionales.
Finalmente, recordó que la declaración de responsabilidad requiere que se estudien
las circunstancias particulares que rodearon la privación de la libertad, en tanto la
sola sentencia absolutoria no puede servir como único elemento para condenar a la
entidad.
2.2.4. Agotada la etapa probatoria, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en
proveído del quince (15) de mayo de dos mil diecisiete (2017)6, corrió traslado a las
partes y al Ministerio Público para que aquellas alegaran de conclusión y este
rindiera concepto de fondo; oportunidad que fue aprovechada por la demandante7
y por la Nación – Rama Judicial8.
2.3. La sentencia recurrida
El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Oralidad, en sentencia
del cinco (5) de junio de dos mil diecinueve (2019)9, negó las pretensiones de la
demanda.
A manera de motivación, rememoró que el proceso penal inició por denuncia
interpuesta por el señor “Darío” Colorado Rodríguez, quien dijo ser víctima del delito
de extorsión, y que fue en atención a esa circunstancia que la Policía Nacional se
dirigió al lugar de los hechos y capturó en situación de flagrancia, entre otros, a
Alexander Augusto Zuluaga Espinosa conforme lo permite la Ley 906 de 2004.
En criterio del cuerpo colegiado, la Fiscalía General de la Nación, en su calidad de
ente investigador, recolectó la evidencia física e información legalmente obtenida e
impuso al capturado medida restrictiva de la libertad que se revelaba necesaria,
adecuada, proporcional y razonable para proteger los bienes jurídicamente tutelados
de las víctimas de las conductas punibles. Denotó que si bien, en su fase final, hubo
orfandad de pruebas que permitieran inferir más allá de toda duda razonable la
comisión del hecho delictivo, ello no conducía automáticamente a una condena al
Estado por falla del servicio ya que la Fiscalía General de la Nación fue proactiva en
su labor de recaudar las pruebas necesarias y, además, no fue posible la localización
de las víctimas.
En suma, concluyó que la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial ejercieron
legítimamente la facultad sancionatoria del Estado de acuerdo con los artículos 250
de la Constitución Política y 306, 307 y 308 de la Ley 906 de 2004, y que, por tanto,
el daño objeto de las pretensiones de reparación no fue antijurídico.
2.4. El recurso de apelación
6 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 116D00FA61FA58EF C156287F290165D5
6626B1CD561408BD 8235C6747FA9C8D0, ubicado en el índice 26 de SAMAI.
7 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 93657354F967A8EE C188F13163007B86
9DB60BBC0A0C62CA 4B38D9F99BCD9E3B, ubicado en el índice 26 de SAMAI.
8 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado A9B88D5D12790F9F 3460162C9F68DF21
BD58605497A0D09F 43F2DFBDCCCCE5B6, ubicado en el índice 26 de SAMAI.
9 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado EF3489112251FB5D 28382B409A0CCF20
E553F3253D5F4377 0E47E00BB158D522, ubicado en el índice 26 de SAMAI.
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Demandante: Alexander Augusto Zuluaga Espinosa y otros
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia10. Para sustento de su impugnación protestó que el análisis realizado por
el a quo de la privación de la libertad no haya tenido en cuenta las actuaciones
llevadas a cabo luego de la imposición de la medida privativa. Arguyó, con apoyo en
la motivación de la sentencia de segunda instancia en sede penal, que aun cuando,
en principio, podrían existir razones para privar de la libertad al aquí demandante,
esos motivos desaparecieron al momento del juicio ante la ausencia de pruebas al
punto de denotar la inexistencia del hecho allí investigado. Pidió, cuando menos,
resarcimiento del daño causado a los demandantes desde el momento en que se
abrió la fase del juicio penal, momento en el que se puede percibir en forma cierta
que no había pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia y, pese
a ello, se prolongó injustamente la privación de la libertad. En lo atinente al juicio de
imputación, solicitó que se llevara por la cuerda del daño especial.
2.5. Trámite procesal relevante en segunda instancia
El despacho sustanciador, en auto del veintitrés (23) de octubre de dos mil
diecinueve (2019) 11 , admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante. En su momento, en proveído del nueve (9) de junio de dos mil veinte
(2020)12, corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión
y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo; oportunidad que fue
utilizada por la Nación – Fiscalía General de la Nación 13 , quien insistió en los
argumentos esgrimidos en su defensa en las etapas procesales precedentes.
III. PROBLEMAS JURÍDICOS
La Sala procederá, en función de los cargos de la alzada y la competencia que le
asiste, a dar respuesta al siguiente problema jurídico:
¿Probó la parte demandante la antijuridicidad del daño que causó la medida de
aseguramiento de detención preventiva de la que fue objeto Alexander Augusto
Zuluaga Espinosa, dentro del proceso identificado con radicado número 05001-60-
00715-2011-00009?
Si la contestación a esta cuestión es afirmativa, la Subsección avanzará al juicio de
imputación, y, en función de su resultado, eventualmente, establecerá si la parte
actora allegó los elementos de juicio necesarios para una tasación en concreto de
los perjuicios cuyo resarcimiento depreca.
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito
10 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 794B0220786F3A89 D7684797CA7DBA95
AA07DC49371DD859 272913044A91B337, ubicado en el índice 26 de SAMAI.
11 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado DD13B32F5A99B281
A004AD751BC4F74B ACD6E26833D55EFD A924943BB9DD2499, ubicado en el índice 26 de SAMAI.
12 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 6D09D74499A21B98
7ED3E8DA7EE247BE 0E10B8734D5D2562 5ED3B64199CF5343, ubicado en el índice 26 de SAMAI.
13 Índice 10 de SAMAI.
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Demandante: Alexander Augusto Zuluaga Espinosa y otros
4.1.1. La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis habida
consideración de la competencia que le atribuyen los artículos 15014 y 152.615 de la
Ley 1437 de 2011, y al oportuno ejercicio que del medio de control hizo la parte
actora16, ya que radicó la demanda el siete (7) de noviembre de dos mil catorce
(2014), esto es, dentro de los dos (2) años siguientes al día en que quedó
ejecutoriada la decisión absolutoria dentro del proceso penal censurado. La
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Medellín – Sala de Decisión Penal, el
ocho (8) de noviembre de dos mil trece (2013), adquirió firmeza el dieciocho (18) de
febrero de dos mil catorce (2014)17, es decir, el plazo para acudir a la jurisdicción
vencía el diecinueve (19) de febrero de dos mil dieciséis (2016).
4.1.2. Dicha decisión tendrá tal alcance respecto de los siguientes demandantes que
la Subsección encuentra legitimados en la causa por activa: Alexander Augusto
Zuluaga Espinosa18, Lina Marcela Traslaviña Parra19, Sebastián Acosta Traslaviña20,
María Alejandra Acosta Traslaviña21, Gustavo de Jesús Zuluaga Zuluaga22, María
Inés Espinosa López23, Karen Melisa Zuluaga Espinosa24, Gustavo Deibi Zuluaga
Espinosa25, Farley Daniel Zuluaga Espinosa26 y Doris Andrea Zuluaga Espinosa27,
quienes acreditaron el parentesco alegado con la víctima. Por el contrario, declarará
la falta de legitimación en la causa por activa de Dulce María Castro Zuluaga, quien
no allegó, junto al escrito de demanda, su registro civil de nacimiento, y aunque
solicitó que se oficiara a la Notaría Primera de Rionegro – Antioquia para que
remitiera copia auténtica de dicho documento, y obtuvo el decreto de esa prueba y
la extensión de los oficios correspondientes, no gestionó la expedición y la remisión
del certificado al proceso.
4.1.2.1. Y en lo que atañe al extremo demandado en este litigio, la Nación está
legitimada en la causa por pasiva, representada por la Fiscalía General de la Nación,
entidad que solicitó la imposición de medida de aseguramiento y aportó las pruebas
recaudadas, y por la Rama Judicial, pues fue un juez de la República quien accedió
a la petición del ente fiscal y condenó, en primera instancia, al aquí actor.
4.2. Sobre el problema jurídico
De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, quien pretenda
una indemnización de perjuicios por la responsabilidad patrimonial del Estado deberá
14 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. <Artículo
modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. > El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia
por los tribunales administrativos (…)”.
15 “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: 6. De
los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando
la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
16 Incluso sin tomar en consideración la solicitud de conciliación extrajudicial radicada el diez (10) de junio de dos
mil catorce (2014); folio 100 del cuaderno 1.
17 Constancia de ejecutoria, folio 348 del cuaderno de pruebas 1.
18 Víctima directa.
19 Compañera permanente de la víctima directa (testimonios rendidos por Sandra Milena Bonolis González, Leidy
Catalina González Durango, Julio Ernesto Echeverry Gómez y Óscar Albeiro Salazar Ramírez).
20 Hijo de crianza de la víctima directa (testimonios rendidos por Sandra Milena Bonolis González, Leidy Catalina
González Durango, Julio Ernesto Echeverry Gómez y Óscar Albeiro Salazar Ramírez, y registro civil de
nacimiento en el que consta que es hijo de Lina Marcela Traslaviña Parra, folio 41 del cuaderno 1).
21 Hija de crianza de la víctima directa (testimonios rendidos por Sandra Milena Bonolis González, Leidy Catalina
González Durango, Julio Ernesto Echeverry Gómez y Óscar Albeiro Salazar Ramírez, y registro civil de
nacimiento en el que consta que es hijo de Lina Marcela Traslaviña Parra, folio 42 del cuaderno 1).
22 Padre de la víctima (registro de nacimiento de Alexander Augusto Zuluaga Espinosa, folio 36 del cuaderno 1).
23 Madre de la víctima (registro de nacimiento de Alexander Augusto Zuluaga Espinosa, folio 36 del cuaderno 1).
24 Hermana de la víctima (registro de civil de nacimiento de la nombrada, folio 37 del cuaderno 1).
25 Hermano de la víctima (registro civil de nacimiento del nombrado, folio 38 del cuaderno 1).
26 Hermano de la víctima (registro civil de nacimiento del nombrado, folio 39 del cuaderno 1).
27 Hermana de la víctima (registro civil de nacimiento de la nombrada, folio 40 del cuaderno 1).
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Radicado: 05001-23-33-000-2014-02088-01 (64575)
Demandante: Alexander Augusto Zuluaga Espinosa y otros
demostrar: (i) la existencia de un daño antijurídico y (ii) la imputación de este al
Estado, por la acción u omisión de las autoridades públicas.
El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento, es decir, toda afectación que no está amparada por la ley o el
derecho28, que contraría el orden legal29 o que está desprovista de una causa que la
justifique 30 . Dicho daño debe ser cierto, real, determinado o determinable e
indemnizable, so pena de configurarse como eventual e hipotético31.
En el caso concreto, está plenamente comprobado 32 que Alexander Augusto
Zuluaga Espinosa fue privado de su libertad por un periodo de dos (2) años, nueve
(9) meses y veinticinco (25) días. Desde luego, el demandante sufrió un menoscabo
en su libertad personal, derecho fundamental reconocido en el artículo 28
constitucional, detrimento este que, a su vez, trae consigo padecimientos morales a
los seres queridos más cercanos a quien resultó privado de su libre locomoción.
Así, la parte actora honró la carga de demostrar que padeció materialmente un daño,
es decir, un menoscabo a un interés jurídicamente relevante en cabeza suya y de
los demás actores.
Sin embargo, soportaba la carga de demostrar su antijuridicidad (del daño), vale
decir, para el caso, la inexistencia de título legal conforme al ordenamiento
constitucional que lo justificara o que lo legitimara, pues de ello depende la
configuración de la injusticia de la privación de la libertad a términos de lo que
preceptúa el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, según la condición que sobre su
exequibilidad dispuso la Corte Constitucional.
Ahora bien, esa injusticia, tratándose de un litigio que tiene como génesis la privación
de la libertad de una persona y su posterior absolución, no puede determinarse
linealmente a partir del resultado absolutorio o equivalente del juicio penal. La Corte
Constitucional33 y esta Corporación34, al estudiar asuntos atinentes a privación de la
libertad, han expuesto que el juez contencioso administrativo, independientemente
del título de atribución de responsabilidad que elija, debe definir si la decisión que
privó de la libertad a un ciudadano se apartó de los criterios que gobiernan la
imposición de medidas preventivas – razonabilidad, necesidad, proporcionalidad y
28 Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia del dos
(2) de marzo de dos mil (2000), radicación número 11945
29 Cfr. De Cupis, Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez Sarrión. 2ª ed.
Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A. 1975. Pág. 90.
30 Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencias del
once (11) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) y del veintisiete (27) de enero de dos mil
(2000), radicación números 11499 y 10867, respectivamente.
31 Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A,
sentencia del catorce (14) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), radicación número 20001-23-31-000-2010-
00355-01; Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección B,
sentencia del siete (7) de septiembre de dos mil veinte (2020), radicación número 13001-23-31-000-2010-00080-
01; y Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C, sentencia
del veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017), radicación número 73001-23-31-000-2008-00655-01.
32 Oficio del tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017), suscrito por el director encargado del Establecimiento
Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de La Dorada – Caldas, en el que certifica que Alexander
Augusto Zuluaga Espinosa, identificado con cédula de ciudadanía 80.228.181, permaneció recluido por un tiempo
de dos (2) años, nueve (9) meses y veinticinco (25) días; folio 272 del cuaderno 1.
33 Entre otras: Corte Constitucional, Sentencias SU-072 de 2018, T-045 de 2021, SU-363 de 2021, T-342 de
2022 y T-171 de 2023.
34 Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia del seis
(6) de agosto de dos mil veinte (2020), radicación número 66001-23-31-000-2011-00235-01; y Consejo de Estado
– Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C, sentencias del primero (1) de
noviembre de dos mil veintitrés (2023) y del trece (13) de marzo y del veinticuatro (24) de abril de dos mil
veinticuatro (2024), radicación números 25000-23-36-000-2013-01519-01, 50001-23-31-000-2010-00577-01 y
25000-23-36-000-2015-01195-01,respectivamente;
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Radicado: 05001-23-33-000-2014-02088-01 (64575)
Demandante: Alexander Augusto Zuluaga Espinosa y otros
legalidad –, dado que la sola sentencia absolutoria o la resolución de preclusión no
son suficientes para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado.
4.2.1. De suerte que, en primera medida, resulta ineludible estudiar los presupuestos
de razonabilidad, proporcionalidad, necesidad y legalidad de la medida, previa
memoria de los hechos relevantes que, conforme a las pruebas decretadas y
practicadas en el presente asunto, se encuentran debidamente acreditados.
4.2.1.1. Hechos probados:
4.2.1.1.1. El ciudadano Alexander Colorado Rodríguez, en llamada realizada el
dieciséis (16) de enero de dos mil once (2011) a la Policía Nacional35, informó que
en un parqueadero a la entrada del municipio de Copacabana se encontraba un
vehículo que fue hurtado la noche del once (11) de enero de la misma anualidad en
el sector de la Plaza Mayorista. Cuando la Fuerza Pública se dirigió a la ubicación
dada por el señor Colorado Rodríguez, encontró inconsistencias en la placa del
camión que allí estaba resguardado. Luego de una revisión de otros elementos
distintivos del vehículo, y de su contraste con los datos registrados en la central,
pudieron advertir que el rodante era propiedad del señor Dayro Colorado Rodríguez.
Entonces, un agente se comunicó telefónicamente con Dayro Colorado Rodríguez,
quien manifestó ser la víctima del delito y, además, refirió que su hermano era quien
lo conducía y que se encontraba secuestrado cerca de la Plaza Mayorista, sitio desde
el que recibió llamada de los captores que le pedían una suma de dinero a cambio
de la libertad de su hermano. Por lo tanto, entregó unos datos y el personal del Grupo
Gaula de la Policía Nacional se dirigió al lugar de los hechos.
4.2.1.1.2. El personal del Grupo Gaula de la Policía Nacional encontró en el lugar
indicado por Dayro Colorado Rodríguez a tres personas a quienes les pidió que se
identificaran. Una vez se identificaron dos (2) de ellos como Alexander Augusto
Zuluaga Espinosa y Óscar Antonio Espinosa Huérfano, el tercero, quien dijo ser
Alexander Colorado Rodríguez, manifestó estar secuestrado por los dos primeros,
motivo por el cual los agentes capturaron a los señalados secuestradores, en estado
de flagrancia, por secuestro extorsivo36. Esto ocurrió el dieciséis (16) de enero de
dos mil once (2011).
4.2.1.1.3. Con posterioridad a la captura, el señor Alexander Colorado Rodríguez
instauró denuncia37 en contra de Alexander Augusto Zuluaga Espinosa y de Óscar
Antonio Espinosa Huérfano, por secuestro extorsivo.
4.2.1.1.4. Las audiencias de legalización de captura, de formulación de imputación y
de imposición de medida de aseguramiento fueron llevadas a cabo el diecisiete (17)
de enero de dos mil once (2011)38. En estas diligencias, el Juzgado Veinticuatro
Penal Municipal de Medellín con Función de Control de Garantías declaró legal el
procedimiento de captura de ambos indiciados y la formulación de imputación
realizada por la Fiscalía General de la Nación, e impuso medida de aseguramiento
privativa de la libertad de detención preventiva en establecimiento de reclusión.
4.2.1.1.4.1. La Fiscalía General de la Nación sustentó la solicitud de imposición de
medida de aseguramiento privativa de la libertad en lo dispuesto en el numeral 2 del
35 Documento visible en el folio 51 del cuaderno de pruebas 3.
36 CD contentivo de la grabación de la audiencia de legalización de captura, folio 369 del cuaderno de pruebas
1.
37 Documento visible en el folio 64 del cuaderno de pruebas 3.
38 CD contentivo de las grabaciones de las audiencias, y el acta de las diligencias, folio 4 y 369 del cuaderno de
pruebas 1, respectivamente.
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artículo 308 de la Ley 906 de 2004, en concordancia con lo establecido en el artículo
310 ibidem. En lo que refiere a los elementos materiales probatorios enunció los
siguientes: (i) informe de captura en flagrancia; (ii) acta de incautación de equipos de
comunicaciones; (iii) entrevista realizada a Dayro Colorado Rodríguez, en la que
relató las llamadas extorsivas recibidas; (iv) entrevista realizada a Nelson Darío
Villadiego Trujillo, persona encargada del parqueadero en donde se recuperó el
camión hurtado; (v) comprobante de ingreso del automotor; (vi) denuncia por hurto
de vehículo; (vii) denuncia por secuestro extorsivo; y (viii) actuación desplegada por
el comandante de Policía Metropolitana del Valle de Aburrá de Medellín sobre la
recuperación del vehículo.
4.2.1.1.4.2. El Juzgado Veinticuatro Penal Municipal de Medellín accedió a imponer
la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento de reclusión
deprecada por la Fiscalía General de la Nación. Edificó su decisión así: (i) el
elemento objetivo contenido en el artículo 313 de la Ley 906 de 2004 se cumplía, en
atención a que el delito de secuestro extorsivo es investigable de oficio y la pena de
prisión imponible al responsable de este excedía de cuatro (4) años; (ii) encontró
satisfechos los elementos subjetivos prescritos en el artículo 308 ibidem y siguientes
habida consideración de la evidencia física recibida, y de los elementos materiales
probatorios e información legalmente obtenida que permitía inferir razonablemente
la autoría de la conducta delictiva que se investigaba. Además, estimó que los
imputados, según el artículo 31039, representaban un peligro para la seguridad de la
comunidad, por la gravedad y la modalidad de la conducta punible, así como por la
continuación de la actividad delictiva y por la existencia de sentencias condenatorias;
y (iii) indicó que los criterios constitucionales – necesidad, razonabilidad e idoneidad
– también estaban reunidos.
4.2.1.1.5. Alexander Augusto Zuluaga Espinosa y Óscar Antonio Espinosa Huérfano
fueron acusados y llevados a juicio, sede en la que el Juzgado Cuarto Penal del
Circuito Especializado de Medellín con Funciones de Conocimiento, en sentencia del
veinticinco (25) de enero de dos mil trece (2013)40, los condenó a la pena principal
de trescientos setenta y dos (372) meses y un (1) día de prisión y multa equivalente
a dieciséis mil doscientos cincuenta (16.250) SMLMV, por hallarlos penalmente
responsables en calidad de coautores de la conducta punible de secuestro extorsivo
agravado. Tal decisión fue objeto de apelación41.
4.2.1.1.6. El Tribunal Superior de Medellín – Sala de Decisión Penal, en fallo del ocho
(8) de noviembre de dos mil trece (2013)42, revocó la providencia del Juzgado Cuarto
Penal del Circuito Especializado de Medellín con Funciones de Conocimiento y, en
su lugar, absolvió a los señores Espinosa Huérfano y Zuluaga Espinosa. En síntesis,
consideró que:
“como la Fiscalía, por incuria o desconocimiento del proceso acusatorio, hizo poco
por allegar adecuadamente esa prueba fundamental, el precio que ha de pagar no
pode ser otro distinto al de ver decaer su pretensión, dado que, en estricto sentido,
no demostró la existencia del hecho punible y menos la responsabilidad penal de los
acusados en la comisión del mismo. Es por ello que se deberá revocar la sentencia
recurrida, para mutarla por una de carácter absolutorio, en tanto, según se ha
acreditado con suficiencia a lo largo de esta providencia, la presunción de inocencia
con la que los acusados llegaron al juicio no fue desvirtuada y, por el contrario, las
pruebas allegadas solamente arrojan dudas sobre lo realmente acaecido y su
responsabilidad en ello, estado de incertidumbre que ya no es posible dilucidar dada
39 Ibidem.
40 Documento visible en el folio 192 a 214, cuaderno de pruebas 1.
41 Documentos visible en el folio 217 a 225 y 226 a 231, cuaderno de pruebas 1.
42 Documento visible en el folio 316 a 337, cuaderno de pruebas 1.
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la fase procesal en que se encuentra la actuación, imponiéndose el deber judicial de
resolverla a su favor”.
4.2.1.2. Análisis de la prueba
4.2.1.2.1. La Ley 906 de 2004, vigente para el momento de los hechos, prescribe
medidas de aseguramiento privativas de la libertad43, cuando el juez de control de
garantías, a petición del fiscal44, infiera razonablemente que el imputado pueda ser
autor o participe de la conducta delictiva que se investiga45, siempre que la medida
resulte necesaria para evitar que el imputado obstruya la administración de justicia,
constituya un peligro para la sociedad o la víctima, o sea probable que no
comparezca al proceso o que no cumpla la sentencia46.
Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad pueden ser de detención
preventiva en establecimiento carcelario o en la residencia del imputado. La primera
procede cuando, entre otras razones, se trate de delitos cuya competencia
corresponda a los jueces penales de circuitos especializados o el delito investigado
tenga pena de cuatro (4) años o más47. Dicha medida puede ser sustituida por la de
detención en el lugar de residencia, en las circunstancias previstas en el artículo 314
del Código de Procedimiento Penal 48 . La definición del tipo de medida cautelar
impuesta debe atender a “juicios de necesidad y proporcionalidad - en sentido
estricto – o de ponderación –, que en cada caso específico debe aplicar el juez de
garantías, a efectos de establecer si la restricción de la los derechos fundamentales
43 “Artículo 307. Medidas de aseguramiento. Son medidas de aseguramiento: A. Privativas de la libertad. 1
Detención preventiva en establecimiento de reclusión. 2. Detención preventiva en la residencia señalada por el
imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento; (…)”.
44 En su redacción original, en vista de que la modificación introducida por la Ley 1435 de 2011 no había ocurrido
cuando fue impuesta la medida de aseguramiento al aquí actor. “Artículo 306. El fiscal solicitará al juez de control
de garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento
necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa
la controversia pertinente. Escuchados los argumentos del fiscal, Ministerio Público y defensa, el juez emitirá su
decisión. La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia”.
45 “Artículo 308. Requisitos. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su
delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia
física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el
imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga (…)”.
46 “Artículo 296. Finalidad de la restricción de la libertad. La libertad personal podrá ser afectada dentro de la
actuación cuando sea necesaria para evitar la obstrucción de la justicia, o para asegurar la comparecencia del
imputado al proceso, la protección de la comunidad y de las víctimas, o para el cumplimiento de la pena. (…)
Artículo 308. Requisitos. (…) siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos: 1. Que la medida
de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la
justicia. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. 3. Que resulte
probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia”.
47 En su redacción original, en vista de que la modificación introducida por la Ley 1435 de 2011 no había ocurrido
cuando fue impuesta la medida de aseguramiento al aquí actor. “Artículo 313. Satisfechos los requisitos
señalados en el artículo 308, procederá la detención preventiva en establecimiento carcelario, en los siguientes
casos: 1. En los delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados. 2. En los delitos
investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de cuatro (4) años. 3. En
los delitos a que se refiere el Título VIII del Libro II del Código Penal cuando la defraudación sobrepase la cuantía
de ciento cuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 4. <Numeral adicionado por el artículo 26
de la Ley 1142 de 2007.> Cuando la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito o
contravención, dentro del lapso del año anterior, contado a partir de la nueva captura o imputación, siempre que
no se haya producido la preclusión o absolución en el caso precedente”.
48 “Artículo 314. Sustitución de la detención preventiva. <Artículo modificado por el artículo 27 de la Ley 1142 de
2007.> La detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de la residencia
en los siguientes eventos: 1. Cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento
sea suficiente la reclusión en el lugar de residencia, aspecto que será fundamentado por quien solicite la
sustitución y decidido por el juez en la respectiva audiencia de imposición, en atención a la vida personal, laboral,
familiar o social del imputado. 2. Cuando el imputado o acusado fuere mayor de sesenta y cinco (65) años,
siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito hagan aconsejable su reclusión en el lugar de
residencia. 3. Cuando a la imputada o acusada le falten dos (2) meses o menos para el parto. Igual derecho
tendrá durante los seis (6) meses siguientes a la fecha de nacimiento. 4. Cuando el imputado o acusado estuviere
en estado grave por enfermedad, previo dictamen de médicos oficiales. (…)”.
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a la libertad de locomoción, intimidad y libertad general de acción es admisible o
no”49.
A la luz de los hechos probados, la Sala encuentra que la medida de aseguramiento
impuesta al señor Zuluaga Espinosa era legalmente procedente, en consideración
a que: (i) para esa etapa procesal, existían medios cognoscitivos que permitían inferir
razonablemente que el imputado podía ser autor del delito de secuestro extorsivo 50
– artículo 308 51 –; (ii) el imputado constituía un peligro para la seguridad de la
sociedad o de la víctima, no solo por la gravedad y modalidad de la conducta punible
y la pena imponible, sino por la continuación de la actividad delictiva y la existencia
de sentencias condenatorias en su contra – artículos 308 y 31052 –; y (iii) el delito de
secuestro extorsivo es de competencia de los jueces penales del circuito
especializado, es investigable de oficio y tiene una pena que excede los cuatro (4)
años – artículo 31353 –.
4.2.1.2.2. En lo que concierne al requisito de razonabilidad de la medida de
aseguramiento, esto es, que el juez de control de garantías tuviera como inferir
razonablemente que el señor Zuluaga Espinosa pudiera ser autor o participe de la
conducta punible de secuestro extorsivo, la Subsección observa que: (i) Dayro
Colorado Rodríguez informó a la Policía Nacional que su hermano estaba
secuestrado y que le estaban exigiendo una suma de dinero para su liberación; (ii)
cuando los miembros de la Policía Nacional arribaron al lugar referido por Colorado
Rodríguez se encontraron con tres personas, entre esas, Alexander Colorado
Rodríguez, quien manifestó que se encontraba secuestrado por Alexander Augusto
Zuluaga Espinosa y Óscar Antonio Espinosa Huérfano; (iii) el aquí demandante fue
capturado en flagrancia, modalidad permitida por el parágrafo del artículo 297 del
Código de Procedimiento Penal; y (iv) una vez fue dejado en libertad, Alexander
Colorado Rodríguez instauró denuncia en contra de los señores Zuluaga Espinosa y
Espinosa Huérfano por el delito de secuestro extorsivo.
Atendió legalmente, entonces, el juez de control de garantías, la solicitud que en tal
sentido le hizo la Fiscalía General de la Nación con fundamento en los medios
cognoscitivos que había recabado hasta esa etapa, que dejaban ver un posible
compromiso de los sindicados con el secuestro de Alexander Colorado Rodríguez, y
esa medida se revela razonable, para el momento en que fue inicialmente impuesta.
Para mejor comprensión de la anterior inferencia, importa denotar que, en el
procedimiento penal, el nivel de certidumbre sobre la responsabilidad del imputado
debe incrementarse a medida que avanza la causa, pasando de la inferencia
razonable, al formular la imputación54, a la probabilidad de verdad de la existencia
de la conducta delictiva y la autoría o participación del imputado, cuando se acuse55,
49 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, auto del once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021),
AP3483-2021, radicación 59710.
50
Según los elementos que fueron enunciados en el numeral 4.1.1.4.1. de esta providencia.
51 Ley 906 de 2004.
52 Ley 906 de 2004.
53 Ley 906 de 2004.
54 Ley 906 de 2004. “Artículo 287. Situaciones que determinan la formulación de la imputación. El fiscal hará la
imputación fáctica cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información
legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se
investiga. De ser procedente, en los términos de este código, el fiscal podrá solicitar ante el juez de control de
garantías la imposición de la medida de aseguramiento que corresponda”.
55 Ley 906 de 2004. “Artículo 336. Presentación de la acusación. El fiscal presentará el escrito de acusación ante
el juez competente para adelantar el juicio cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o
información legalmente obtenida, se pueda afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió
y que el imputado es su autor o partícipe”.
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y luego al convencimiento que supere la duda razonable 56 requerido para dictar
sentencia condenatoria57. De ahí que, al estar en la etapa de imposición de medida
de aseguramiento, el material que sirvió de sustento para privar de la libertad a
Alexander Augusto Zuluaga Espinosa fue suficiente según lo que exige la norma
para esa fase.
También, recuérdese que la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal ha
precisado que la Ley 906 de 2004 reguló unos medios cognoscitivos propios de la
fase de indagación e investigación en la que, al no haberse celebrado la audiencia
pública en la que se surte la contradicción, no son pruebas propiamente dichas, pero
sí tienen la capacidad para fundamentar decisiones que en esa etapa temprana del
proceso se adopten. De tales medios cognoscitivos forma parte lo que dicha
corporación designa como “la información”, que “comprende los denominados
informes de investigador de campo y de investigador de laboratorios, conocidos
también como informes policiales e informes periciales (…) y toda fuente de
información legalmente obtenida que no tenga cabida en la definición de elemento
material probatorio y evidencia física, como las entrevistas realizadas por la policía
judicial, las exposiciones tomadas por la fiscalía (artículo 347) y las declaraciones
juradas rendidas ante los Alcaldes, los inspectores de Policía o los Notarios Públicos,
a instancias de la defensa (artículo 272)”58.
4.2.1.2.3. En lo atinente a la necesidad de la medida de detención preventiva, debe
anotarse que el artículo 296 del Código de Procedimiento Penal preceptúa que la
libertad personal podrá ser afectada dentro de la actuación cuando sea necesaria
para evitar la obstrucción de la justicia, o para asegurar la comparecencia del
imputado al proceso, la protección de la comunidad y de las víctimas, o para el
cumplimiento de la pena. A su vez, el artículo 308 ibidem dispone que el juez de
control de garantías decretará la medida de aseguramiento cuando, además de
contar con los elementos materiales probatorios que permitan inferir razonablemente
que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga,
aquel constituya un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.
Para poder evaluar si una persona es un peligro para la comunidad debe acudirse al
artículo 310 59 del citado código, disposición que establece que la gravedad y
modalidad de la conducta punible es suficiente para estimar que la libertad del
imputado resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad. Sin embargo, de
acuerdo con el caso, el juez podrá valorar adicionalmente alguna de las siguientes
circunstancias: (i) la continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación
con organizaciones criminales; (ii) el número de delitos que se le imputan y la
naturaleza de los mismos; (iii) el hecho de estar acusado, o de encontrarse sujeto a
alguna medida de aseguramiento, o de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo
de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional; y (iv) la
56 Ley 906 de 2004. “Artículo 372. Fines. Las pruebas tienen por fin llevar al conocimiento del juez, más allá de
duda razonable, los hechos y circunstancias materia del juicio y los de la responsabilidad penal del acusado
como autor o partícipe”.
57 Sobre el particular, consultar: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera
– Subsección C, sentencia del primero (1) de octubre de dos mil dieciocho (2018), radicación número 44001-23-
31-000-2011-00099-01.
58 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, auto del quince (15) de octubre de dos mil ocho (2008),
revisión número 29626
59 Redacción con la modificación de la Ley 1142 de 2007. La Corte Constitucional declaró exequible aparte “será
suficiente la gravedad y modalidad de conducta punible. Sin embargo, de acuerdo con el caso, el juez podrá
valorar adicionalmente alguna de las siguientes circunstancias:”, contenido en el artículo 24 de la Ley 1142 de
2007, que modificó el artículo 310 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que para determinar el peligro que
el imputado representa para la comunidad, además de la gravedad y la modalidad de la conducta punible, el juez
debe valorar si se cumplen los fines constitucionales de la detención preventiva señalados en los artículos 308 y
310 de la Ley 906 de 2004.
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existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o
preterintencional.
La medida de aseguramiento impuesta a Alexander Augusto Zuluaga Espinosa se
revela necesaria para proteger a los miembros de la sociedad, en vista de que el
secuestro extorsivo es una conducta punible grave y, además, quedó probado, al
interior del proceso penal, la continuación de la actividad delictiva y la existencia de
sentencias condenatorias.
Tan cierto es que, al decidir la solicitud de imposición de medida de aseguramiento,
el único camino que podía tomar el juez de control de garantías era el de acceder a
la petición, que la defensora de confianza del señor Zuluaga Espinosa no se opuso
a su decreto. Todo lo contrario, la respectiva abogada manifestó60 que, en efecto,
tanto el criterio objetivo como el subjetivo se cumplían; distinto es que planteara la
posibilidad de que la medida preventiva se cumpliera en el lugar de residencia del
entonces imputado. Vale decir, de una vez, que Zuluaga Espinosa cumplió una parte
de la detención preventiva en su lugar de residencia por razones de salud61.
4.2.1.2.4. En lo atinente a la proporcionalidad de la medida, exigencia que debe regir
a lo largo de la función persecutoria del Estado, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos62, de tiempo atrás, ha precisado que la privación de la libertad no debe
tener una duración que equivalga a la pena de prisión ya que el imputado soportaría
una medida tan gravosa como la que habría de imponerse a una persona condenada.
En ese mismo sentido, ha dicho que, aun cuando medien motivos para mantener a
una persona en prisión preventiva, debe garantizarse que el periodo de detención no
exceda el límite de lo razonable ni sobrepase la persistencia de la causal que se
invocó para justificarla.
En el asunto bajo análisis, Alexander Augusto Zuluaga Espinosa vio restringida su
libre locomoción por un lapso de dos (2) años, nueve (9) meses y veinticinco (25)
días, tiempo que en modo alguno puede considerarse equivalente a la pena prescrita
por el Código Penal para el delito de secuestro extorsivo, que oscila entre trescientos
60 “(…) se da el requisito objetivo contemplado en el artículo 313, pues esta pena parte de 26.6 años a 42, pues
obviamente el requisito objetivo se da a cabalidad (…) hecho [sobre considerar a los imputados peligrosos para
la sociedad] que la defensa no debate por lealtad procesal, toda vez que queda probado por parte de la fiscalía
una continuación de la actividad delictiva (…) la defensa por ello no debate que se imponga esta medida, que se
imponga una medida de aseguramiento por estas personas representar un peligro para la sociedad (…) que la
conducta es grave, sí, sí es grave, que se debe imponer una medida, la defensa no solicita que no se imponga
una medida. Reconoce la gravedad y modalidad de la conducta a investigar (…) pero si considera que debe ser
una medida menos lesiva (…) reitero la defensa no va a solicitar no se imponga, sabemos que se debe imponer,
pero entonces, de manera respetuosa, solicito que se haga un análisis más a fondo de la medida que se impone
de acuerdo a las circunstancias (…) dejo a su criterio cuál de las dos medidas es necesario imponer en este caso
para mis defendidos (…)”. Audiencia de imposición de medida de aseguramiento.
61 El Juzgado 29 Penal Municipal de Medellín con Función de Control de Garantías, en la audiencia de sustitución
de medida de aseguramiento celebrada el veintiuno (21) de junio de dos mil once (2011), concedió la sustitución
de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la del lugar de la residencia.
62 “122. La prisión preventiva se halla limitada, asimismo, por el principio de proporcionalidad, en virtud del cual
una persona considerada inocente no debe recibir igual o peor trato que una persona condenada. El Estado debe
evitar que la medida de coerción procesal sea igual o más gravosa para el imputado que la pena que se espera
en caso de una condena. Esto quiere decir que no se debe autorizar la privación cautelar de la libertad, en
supuestos en los que no sería posible aplicar la pena de prisión, y que aquélla debe cesar cuando se ha excedido
la duración razonable de dicha medida. El principio de proporcionalidad implica, además, una relación racional
entre la medida cautelar y el fin perseguido, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a
la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción”. Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Caso Barreto Leiva Vs Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia del diecisiete (17) de noviembre de dos mil nueve (2009). Serie C No. 206, párr. 122; “Las
características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos,
justificación suficiente de la prisión preventiva. No obstante lo anterior, aun cuando medien razones para
mantener a una persona en prisión preventiva, el artículo 7.5. garantiza que aquella sea liberada si el periodo de
detención ha excedido el límite de lo razonable”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Bayarri Vs.
Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del treinta (30) de octubre de dos mil
ocho (2008). Serie C No. 187, párr. 74.
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veinte (320) y quinientos cuatro (504) meses, sin consideración a las circunstancias
de agravación punitiva; y, como el señor Zuluaga Espinosa fue dejado en libertad
una vez fue absuelto por el Tribunal Superior de Medellín – Sala de Decisión Penal,
es decir, la privación de la libertad se mantuvo hasta tanto la autoridad judicial
correspondiente así lo ordenó, la medida observó, en principio, la proporcionalidad
debida.
Hasta aquí ha quedado establecido que la privación de la libertad padecida por
Alexander Augusto Zuluaga Espinosa respetó, al momento de su decreto –
audiencias preliminares –, los criterios que gobiernan las medidas preventivas.
Ahora, en observancia de las distintas etapas dispuestas en la Ley 906 de 2004, este
juzgador no puede pasar por alto que el Tribunal Superior de Medellín – Sala de
Decisión Penal, autoridad judicial que profirió la sentencia absolutoria que puso fin al
mentado proceso penal, edificó su decisión en la inexistencia del hecho investigado,
veamos:
Básicamente, las pruebas que obraban en la causa penal eran unos testimonios de
agentes de la Policía Nacional y un análisis efectuado a las comunicaciones
originadas en los teléfonos celulares de los acusados.
Los miembros de la Fuerza Pública relataron cómo fue el procedimiento de captura
de los señores Zuluaga Espinosa y Espinosa Huérfano, pero más allá de eso no
pudieron aportar valor a la teoría del caso de la Fiscalía General de la Nación, ya
que nada les constaba directamente, sino que lo que conocían provenía de los dichos
de los hermanos Colorado Rodríguez. Tanto es así que los agentes, al declarar en
el juicio oral, reconocieron que, al momento de la captura, los acusados no contaban
con armas y que no podían afirmar que el señor Alexander Colorado Rodríguez
estuviera retenido físicamente.
De igual manera, del referido análisis de las comunicaciones nada puede concluirse
frente a la existencia del hecho, pues demostró un cruce de llamadas entre distintos
números de teléfono, sin que aquellas incluyeran alguna comunicación entre los
hermanos Colorado Rodríguez y los acusados.
Por ser relevante, a continuación, la Subsección citará apartes de la sentencia
absolutoria dictada por el Tribunal Superior de Medellín – Sala de Decisión Penal.
Las consideraciones fueron las siguientes:
“(…) el testimonio de los agentes del Gaula, como prueba directa, no puede dar
cuenta más que de la captura de dos personas, en un lugar público, sin que se les
hubiera decomisado arma o instrumento de intimidación alguno. Los mismos agentes
aseguraron en el juicio que las personas que capturaron las advirtieron expectantes,
en actitud de espera, pero en ningún momento percibieron directamente que la
persona que dijo encontrarse secuestrada se encontrara coaccionada o reducida su
libertad de locomoción en alguna forma. De ahí, que dicha prueba directa no puede
dar cuenta sino de la aprehensión de dos hombre en compañía de un tercero,
sin que nada puedan indicar de los momentos previos a tal acontecimiento, que
no sea prueba de referencia. (…) si las estipulaciones probatorias quedaron
reducidas a su mínima expresión, habrá que aceptar que el conocimiento sobre los
hechos y la responsabilidad de los acusados se deriva todo de prueba de referencia,
pues ni el propietario del camión (…) que se dice víctima del secuestro extorsivo
que se juzga, ni su hermano, el conductor de dicho vehículo (…) concurrieron
a declarar en el juicio oral, ni su denuncia o entrevista fue autorizada que se
introdujera como prueba de referencia (…) el análisis link efectuado a las
comunicaciones realizadas entre los acusados y Fredy Medina [quién llevó el
camión hurtado al sitio donde fue encontrado por la Policía Nacional] sólo da cuenta
de llamadas entrantes y salientes entre éstos, pero de ninguno de los teléfonos
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examinados, que les fueron incautados a los acusados, aparecen registradas
llamadas a los hermanos Colorado Rodríguez, que de algún modo pudiera
indicar el origen de la exigencia extorsiva. (…) Con razón al momento de declarar
en el juicio oral los mismos [los agentes del Gaula] fueron incapaces de asegurar
que el señor Alexander Colorado se encontraba retenido o secuestrado (…)
pues nada de ello percibieron directamente (…) fue observado cuando deambulaba
por la vía pública, sin que ningún arma le encontraran a los capturados. (…) De ahí
que este es el momento que se ignore lo realmente ocurrido aquel domingo 16
de enero de 2011, así como las razones por las cuales se reunieron los acusados
con el señor (…) Colorado Rodríguez y, sobre todo, los motivos por los cuales una
vez ubicado el sitio donde se encontraba oculto el vehículo automotor, el propietario
del mismo siguió en compañía de los hoy acusados (…) las inferencias que hace la
juzgadora sobre lo acontecido entre el señor Colorado y los acusados ese día es
producto de la especulación, pues nada permite afirmar que el señor Alexander
Colorado Rodríguez estuvo secuestrado en algún momento por parte de los
hoy acusados y que por su liberación se estuviera exigiendo cantidad de dinero
alguna. (…) Como la Fiscalía, por incuria o desconocimiento del proceso
acusatorio, hizo poco por allegar adecuadamente esa prueba fundamental, el
precio que ha de pagar no puede ser otro distinto al de ver decaer su pretensión,
dado que, en estricto sentido, no demostró la existencia del hecho punible y
menos la responsabilidad penal de los acusados en la comisión del mismo.
(…)” (negrilla fuera del texto).
La antedicha circunstancia impone determinar el momento en que la
proporcionalidad y la razonabilidad, criterios que están estrechamente ligados, se
desvanecieron en tanto sobrevino la inexistencia del hecho investigado. Es decir,
procede esclarecer en qué punto del proceso penal era posible observar que el
hecho punible no existió y, por lo tanto, mantener la privación de la libertad de
Alexander Augusto Zuluaga Espinosa resultaba irrazonable y desproporcionado.
Para lo que es relevante en este asunto, el proceso penal consta de dos etapas
principales, a saber: (i) la investigación; y (ii) el juicio.
En síntesis, en una primera fase, la Fiscalía General de la Nación determina la
ocurrencia de los hechos y delimita los aspectos generales del supuesto ilícito y, una
vez cuente con los elementos materiales de prueba, la evidencia física o la
información legalmente obtenida que permitan inferir razonablemente la existencia
de la conducta punible, procede a formular la imputación63, y es allí cuando inicia la
etapa de investigación que se extiende hasta la presentación del escrito de
acusación ante el juez de conocimiento. A partir de la formulación de la imputación,
el fiscal del caso podrá radicar el escrito de acusación, solicitar la preclusión o aplicar
el principio de oportunidad64.
Si el fiscal correspondiente encuentra que, de los elementos materiales probatorios
y de la evidencia física o información legalmente obtenida, se puede afirmar 65, con
probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que el imputado es su
autor o partícipe, está llamado a efectuar la acusación formal en su contra66.
63 Artículo 287 del Código de Procedimiento Penal.
64 Artículo 294 del Código de Procedimiento Penal.
65 “(…) afirmación que corresponde ser realizada por la Fiscalía, luego de un proceso de valoración de tales
elementos de convicción, gracias al cual dicho sujeto procesal evalúa si se satisface la exigencia probatoria
prevista por el mencionado precepto para convocar el juicio mediante la presentación del mencionado escrito
(…)”. Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, auto del dieciocho (18) de abril de dos mil doce
(2012), radicación número 38521.
66 Artículo 336 del Código de Procedimiento Penal.
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Radicado: 05001-23-33-000-2014-02088-01 (64575)
Demandante: Alexander Augusto Zuluaga Espinosa y otros
Por su parte, el juicio, como fase final del proceso penal, inicia con la presentación
del escrito de acusación y se extiende hasta la audiencia de individualización de la
pena y en la que se profiere sentencia.
A diferencia del sistema de tendencia inquisitiva, en el que la Fiscalía General de la
Nación ejercía simultáneamente funciones acusatorias y jurisdiccionales, en el nuevo
modelo procesal penal el rol del ente de investigación se ejerce con decidido énfasis
acusatorio, por consiguiente, pese a que su participación no renuncia definitivamente
a la realización de la justicia material, el papel del fiscal se enfoca en la búsqueda de
evidencias destinadas a desvirtuar la presunción de inocencia del procesado. Por
ello, el fiscal actúa eminentemente como órgano de acusación, es decir, como una
parte más de la causa, y no está obligado a recaudar evidencias que puedan liberar
de responsabilidad penal al imputado67.
Mientras que el rol del juez está centrado en el control de los actos en los que se
requiera ejercicio de la potestad jurisdiccional o que impliquen restricción de
derechos o una calificación jurídica de los hechos. Específicamente, el juez de
conocimiento tiene la responsabilidad de adelantar el juicio penal con todas las
garantías procesales y sustanciales propias del debido proceso68.
4.2.1.2.4.1. De las distintas alternativas que podía tomar la Fiscalía General de la
Nación posterior a la formulación de imputación, aquella decidió acusar al señor
Zuluaga Espinosa, y lo hizo con base en los siguientes elementos de prueba: (i)
testimonios de Alexander y Dayro Colorado Rodríguez, victimas del ilícito, Pedro Nel
Díaz Torres, miembro de la Policía Nacional, Edwin Lara Fernández, miembro de la
Policía Nacional, Jhon Jairo Velásquez, miembro de la Policía Nacional, Julián
Guerra, miembro de la Policía Nacional, Alexander Álvarez, miembro de la Policía
Nacional, Nelson Darío Villadiego, testigo de los hechos, Edwin Fernando Beltrán,
miembro de la Policía Nacional, Jorge Alberto Diaz, testigo técnico, y Nelson Diaz
Cortes, miembro de la Policía Nacional; (ii) denuncia de Alexander Colorado
Rodríguez; (iii) entrevista de Dayro Colorado Rodríguez; (iv) informe de
procedimiento de captura y de liberación de la víctima; (v) actuaciones de Jhon Jairo
Velásquez y Julián Guerra; (vi) acta e informe de lofoscopia e identificación; (vii)
entrevista de Nelson Darío Villadiego Trujillo; (viii) informe suscrito por Edwin
Fernando Beltrán Beltrán; (ix) entrevista, informe y DVD que explicaría el técnico; (x)
informe policial; y (xi) informe de campo y sus anexos.
En este punto, vale la pena precisar que el material de convicción, la evidencia o el
material probatorio que tanto la Fiscalía General de la Nación como la defensa
recaudan en el transcurrir de la investigación, se convierte en prueba solo a partir del
momento en que son decretadas por el juez de conocimiento, esto es, en la audiencia
preparatoria. En consideración a lo anterior, era factible que el fiscal del caso, con
los medios con los que contaba para el momento de decidir acusar o no al señor
Zuluaga Espinosa, pudiera afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta
delictiva existió y que el imputado era su autor o partícipe.
Más adelante, en la audiencia preparatoria, el fiscal solicitó los siguientes
testimonios: (i) Edwin Rodrigo Lara Fernández, Pedro Nel Díaz Torres, Jhon Jairo
Ortiz, Jhon Jairo Velásquez, Rodrigo Julián Guerra, Juan Galicia, Nelson Díaz Cortes
Eliber Peláez Ochoa y José Eliecer Mora Cárdenas, todos miembros de la Fuerza
Pública; (ii) Alexander Colorado Rodríguez, víctima del delito de secuestro extorsivo,
y Dayro Colorado Rodríguez, hermano de la víctima y víctima del hurto del vehículo;
(iii) Jorge Elías Martínez, amigo de la víctima, y Luis Eduardo Acosta, primo de la
67 Corte Constitucional, Sentencia C-1194 de 2005.
68 Corte Constitucional, Sentencia C-396 de 2007.
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Demandante: Alexander Augusto Zuluaga Espinosa y otros
víctima; (iv) Nelson Darío Villadiego Trujillo, vigilante del parqueadero donde
encontraron el vehículo hurtado; (v) Ricardo Chaparro Bohórquez y de Ángela Correa
Garzón, encargados del área de peticiones judiciales de Comcel y de Tigo,
respectivamente; y (vi) Edwin Rodrigo Lara Fernández, analista de comunicaciones
del Gaula. Además, pidió el decreto de documentos: (i) informe ejecutivo del dieciséis
(16) de enero de dos mil once (2011); (ii) informe de captura; (iii) formato único de
noticia criminal; (iv) informe de investigador de campo del trece (13) de marzo de dos
mil once (2011); (v) informe de investigador de campo del primero (1) de abril de dos
mil once (2011); (vi) informe de investigador de campo del quince (15) de abril de
dos mil once (2011); y (vii) registro de cadena de custodia que contiene búsqueda
selectiva en base de datos.
Por su parte, el defensor del señor Zuluaga Espinosa requirió el decreto de los
testimonios de Yesenia Ayazo Vario, residente del inmueble que visitaron el aquí
actor y Alexander Colorado Rodríguez, Lina Marina García, quien se encontraba en
el bien antes mencionado cuando ocurrieron los hechos materia de investigación, y
Alexander Augusto Zuluaga Espinosa, persona acusada.
Todos los medios probatorios referidos en precedencia fueron decretados por el juez
de conocimiento.
4.2.1.2.4.2. Esta Sala estima que, tratándose en su gran mayoría de pruebas
testimoniales y en vista de que no podía preverse que los principales deponentes –
Alexander y Dayro Colorado Rodríguez – no iban a comparecer al proceso, solo
hasta que la totalidad de los medios de convicción fueron practicados y objeto de
contradicción en el juicio oral, fue perceptible que los fundamentos de la medida de
detención preventiva desaparecieron, puesto que, ante las fallas en las pruebas
obtenidas por el Estado, no era posible establecer la existencia del hecho punible y,
mucho menos, la responsabilidad del señor Zuluaga Espinosa.
Luego, a partir de la fecha en que fue dictada la sentencia de primera instancia, la
privación de la libertad de Zuluaga Espinosa se tornó desproporcionada e
irrazonable y, por ende, injusta; motivo por el que habrá de declararse la
responsabilidad del Estado, en cabeza de la Rama Judicial, en vista de que el
juzgado que conoció en primera instancia el proceso penal adelantado en contra de
Zuluaga Espinosa, una vez analizadas la totalidad de las pruebas practicadas en el
juicio oral, no tenía otra opción que absolverlo de toda responsabilidad ante la
imposibilidad de la Fiscalía General de la Nación de probar, siquiera, la existencia
del hecho investigado.
Cabe aclarar que si bien la Fiscalía General de la Nación fue quien solicitó la
imposición de medida de aseguramiento y, además, allegó los medios cognoscitivos
para su decreto, lo cierto es que el ente fiscal, con los elementos que tenía a su
alcance en cada etapa, actuó con arreglo a la ley, y solo fue hasta que se llevó a
cabo el debate probatorio en el juicio oral que vio decaer su tesis del caso, de ahí
que le correspondiera a la autoridad judicial proferir un fallo absolutorio.
En el esquema procesal penal anterior, el fiscal tenía la posibilidad de relacionarse
de manera más directa con la prueba, sin embargo, la Ley 906 de 2004 cambió el
protocolo procesal e investigativo de tal manera que la inmediación probatoria quedó
como asunto reservado al juez de conocimiento, y, en ese orden, una investigación
que, en principio, parecía sólida, podría perder vigor en el juicio oral.
En el modelo actual, que se cimienta en actos de investigación a cargo
principalmente de la policía judicial y en el que la contradicción y la valoración de la
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Demandante: Alexander Augusto Zuluaga Espinosa y otros
prueba se materializan en el juicio oral, es desproporcionado exigirle al fiscal y al
juez con función de control de garantías que hagan estudios propios de otras fases
procesales a efectos de definir, en épocas tan tempranas y a partir de elementos con
vocación probatoria que se mostraban uniformes, la imposibilidad de que el sindicado
hubiera ejecutado la conducta, ya que quien tiene la competencia para decidir
acerca de la contundencia demostrativa de aquellos elementos es un funcionario
judicial que actúa en etapas posteriores69.
4.3. Consideraciones relativas a los perjuicios
4.3.1. Perjuicios inmateriales
4.3.1.1. Perjuicios morales
El perjuicio moral ha sido definido por la Sección Tercera de esta Corporación como
“el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja,
desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un
daño antijurídico, individual o colectivo”70.
Esta misma Sección, en sentencia de unificación71, fijó las reglas para determinar el
monto de los perjuicios morales causados como consecuencia de la privación injusta
de la libertad, así: (i) la indemnización se debe tasar en salarios mínimos mensuales
vigentes en consideración al tiempo que haya durado la detención; (ii) la privación
injusta de la libertad será indemnizada a favor de la víctima directa según la duración
de la restricción, desde 5MLMV hasta 100 SMLMV, conforme lo dispuesto en la tabla
contenida en el referido fallo; (iii) en casos de detención domiciliaria la cuantía de los
perjuicios morales sufridos por la víctima directa se disminuirá en 50%; (iv) respecto
de los parientes en el primer grado de consanguinidad del detenido, su cónyuge o
su compañero o compañera permanente, la prueba de tales calidades constituye
presunción del perjuicio moral para ellos. Las demás víctimas indirectas deberán
acreditar la existencia del perjuicio moral derivado de la existencia de una relación
estrecha con el detenido de la cual pueda inferirse la existencia de la afectación
moral; y (v) para los primeros, esto es, parientes en el primer grado de
consanguinidad del detenido, su cónyuge o su compañero o compañera permanente,
la indemnización será equivalente al cincuenta por ciento (50%) de lo que le
corresponda a la víctima directa, y para los demás que acrediten los perjuicios
morales el monto es del treinta por ciento (30%) de lo que le corresponde a la víctima
directa.
En el presente asunto, ha de tenerse en cuenta que Alexander Augusto Zuluaga
Espinosa fue privado de la libertad por un periodo de dos (2) años, nueve (9) meses
y veinticinco (25) días72, y que, de ese lapso, estuvo diecinueve (19) meses y tres (3)
días73 en detención domiciliaria. No obstante, solo será objeto de indemnización el
periodo que vio restringida su libertad desde el día en que fue proferida la sentencia
69 Corte Constitucional, Sentencia SU-072 de 2018.
70
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, expedientes 26.251,
32.988,27.709,31.172,36.149, 28.804, 31.170 y 28.832.
71 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia del veintinueve (29)
de noviembre de dos mil veintiuno (2021), radicación número 18001-23-31-001-2006-00178-01.
72 Oficio del tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017), suscrito por el director encargado del Establecimiento
Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de La Dorada – Caldas, en el que certifica que Alexander
Augusto Zuluaga Espinosa permaneció recluido por un tiempo de dos (2) años, nueve (9) meses y veinticinco
(25) días; folio 272 del cuaderno 1.
73 El Juzgado 29 Penal Municipal de Medellín con Función de Control de Garantías, en la audiencia de sustitución
de medida de aseguramiento celebrada el veintiuno (21) de junio de dos mil once (2011), concedió la sustitución
de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la del lugar de la residencia. La anterior medida fue
revocada, en sentencia del veinticinco (25) de enero de dos mil trece (2013), por el Juzgado Cuarto Penal del
Circuito Especializado de Medellín con Funciones de Conocimiento.
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Demandante: Alexander Augusto Zuluaga Espinosa y otros
de primera instancia74 y hasta su liberación, es decir, nueve (9) meses y dieciséis
(16) días75.
De acuerdo con los lineamientos trazados por esta Corporación en sede de
unificación, la Subsección condenará al pago de los siguientes montos, por concepto
de perjuicios morales:
Nombre Calidad Indemnización
Alexander Augusto Víctima
47.6676 SMLMV
Zuluaga Espinosa
Lina Marcela Traslaviña Compañera
23.83 SMLMV
Parra permanente
Sebastián Acosta Hijo de crianza
23.83 SMLMV
Traslaviña
María Alejandra Acosta Hija de crianza
23.83 SMLMV
Traslaviña
Gustavo de Jesús Padre
23.83 SMLMV
Zuluaga Zuluaga
María Inés Espinosa Madre 23.83 SMLMV
López
Es conveniente precisar que, frente a los padecimientos morales soportados por la
víctima directa, su compañera permanente, sus hijos77 y sus padres (parientes de
primer grado), esta Sala aplica los lineamientos de unificación, motivo por el que la
prueba del parentesco constituye presunción del perjuicio moral para ellos.
En relación con los perjuicios morales que sufrieron sus hermanos, debe
puntualizarse lo siguiente:
Esta Sección, en la mentada sentencia de unificación, indicó que “como a partir de
la sentencia del 28 de agosto de 2013 puede deducirse que, en relación con los
hermanos de la víctima directa era suficiente acreditar el parentesco para tener por
demostrado el perjuicio moral, y en la gran mayoría de los fallos tal presunción viene
aplicándose, la Sala estima procedente establecer la siguiente regla: en relación con
las demandas presentadas desde el 28 de agosto de 2013 y hasta la fecha de
expedición de la presente sentencia, en las cuales el juez advierta que se
presentaron fundándose en la jurisprudencia existente y no se solicitaron pruebas
para acreditar los perjuicios morales de los parientes en segundo grado de
consanguinidad, podrá hacer uso de las facultades probatorias que le otorga la ley
para garantizar su derecho al debido proceso. Esta determinación se adoptará sin
importar la instancia en la que se encuentre el proceso”.
Revisada la demanda objeto de análisis, esta Sala estima que aquella se fundó en
las presunciones jurisprudenciales establecidas en la sentencia de unificación del
veintiocho (28) de agosto de dos mil trece (2013), pero también solicitaron la práctica
de testimonios para acreditar los perjuicios morales irrogados, así: (i) Leidy Catalina
González Durango, Rosa Elena Vasco González y Sandra Milena Bonolis González
“para que se sirvan declarar sobre la relación como compañeros permanentes,
74 Sentencia proferida el veinticinco (25) de enero de dos mil trece (2013).
75 Periodo completo en establecimiento carcelario.
76 Fórmula: PM= (número de meses x 5 SMLMV) + (fracción adicional de días x 0.166 SMLMV).
77 Comoquiera que quedó acreditado que los hermanos Acosta Traslaviña son hijos de crianza del señor Zuluaga
Espinosa, deben recibir el mismo trato que un hijo biológico y, por tanto, les asiste la misma indemnización –
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Demandante: Alexander Augusto Zuluaga Espinosa y otros
convivencia, ayuda mutua, y el hogar existente entre Alexander Augusto Zuluaga
Espinosa y Lina Marcela Traslaviña Parra, y los perjuicios causados”; y (ii) María
Yiseli Castaño Giraldo, Julio Echeverry Gómez, Diego Luis Rodríguez Atehortúa y
Óscar Albeiro Salazar Ramírez “para que se sirvan declarar sobre la convivencia,
ayuda mutua, y los perjuicios causados a los miembros del grupo familiar de
Alexander Augusto Zuluaga Espinosa”.
Para mayor ilustración, la Subsección considera pertinente referirse a cada uno de
los testimonios rendidos en el curso de este medio de control.
(i) Sandra Milena Bonolis González, amiga de Lina Marcela Traslaviña Parra desde
el dos mil siete (2007) y de Alexander Augusto Zuluaga Espinosa desde el dos mil
diez (2010), relató lo que le constaba sobre la relación de pareja que tenían los
señores Traslaviña Parra y Zuluaga Espinosa desde el año dos mil diez (2010). Narró
que, desde junio de dos mil diez (2010), Alexander Augusto Zuluaga Espinosa vivía
en una casa integrada por: Lina Marcela Traslaviña Parra, María Alejandra y
Sebastián Acosta Traslaviña, una hermana y la madre de Lina Marcela; y que, desde
el dos mil trece (2013), solo vive el núcleo familiar más cercano, es decir, la pareja y
los hijos. Especificó que, para la fecha del testimonio, Alexander Augusto Zuluaga y
Lina Marcela Traslaviña Parra llevaban aproximadamente seis (6) años y medio de
convivencia.
Aseguró que Lina Marcela Traslaviña Parra la llamaba llorando y angustiada cuando
capturaron a Zuluaga Espinosa, y luego cuando lo enviaron nuevamente a un
establecimiento carcelario. Afirmó que aquellos eran reconocidos socialmente como
esposos, y que comparten los gastos como cualquier pareja. Finalmente, refirió que
la detención afectó económica y emocionalmente a la familia; concretamente, a Lina,
teniendo en cuenta que era viuda, entonces sintió que había perdido nuevamente a
su pareja, y Sebastián y María Alejandra, pues veían a Zuluaga Espinosa como su
papá, incluso el primero de los nombrados debió recibir ayuda psicológica.
(ii) Leidy Catalina González Durango, hermana del difunto padre de los menores
Acosta Traslaviña, manifestó que, desde el dos mil diez (2010), Lina Marcela
Traslaviña Parra y Alexander Augusto Zuluaga Espinosa eran pareja y convivían
juntos. Expresó que, en primer lugar, vivían con una tía y la mamá de Lina y con los
niños, y luego solo el núcleo cercano. Contó que, prácticamente, el señor Zuluaga
Espinosa se convirtió en el papá de los menores, y que se hizo cargo de básicamente
todos los gastos de aquellos. Informó que Lina y los niños se vieron muy afectados
con la privación de la libertad de Zuluaga Espinosa, especialmente Lina, tanto por
temas económicos como emocionales. Puso de presente que Sebastián tuvo terapia
psicológica. En último término, sostuvo que Traslaviña Parra y Zuluaga Espinosa
llevaban seis (6) años de relación.
(iii) Julio Ernesto Echeverri Gómez, amigo de la familia al haber coincidido en un
grupo de oración, declaró, en particular, sobre la tristeza que embargaba a los papás
de Alexander Augusto Zuluaga Espinosa debido a la privación de la libertad de este
último. Añadió que Melisa, la menor de los hermanos, lloraba mucho, y Daniel
también, que a todos se les notaba la tristeza. Explicó que, en la casa de los padres,
ubicada en Santuario, Antioquia, vivían también los hermanos Karen Melissa y
Daniel, y que Zuluaga Espinosa iba de visita dos (2) o tres (3) veces al mes.
(iv) Óscar Albeiro Salazar Ramírez, compañero de colegio de Alexander Augusto
Zuluaga Espinosa, narró que es muy allegado a la familia de su amigo, de ahí que
conoció que su papá, su mamá y sus hermanos sufrieron mucho con la privación de
la libertad del aquí actor. Refirió que el hogar de Santuario, Antioquia, está
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Demandante: Alexander Augusto Zuluaga Espinosa y otros
conformado por los padres y por los hermanos Melissa y Farley Daniel, ya que Deibi
y Doris tienen su propia casa, y que Zuluaga Espinosa los visitaba cada quince (15)
días, o, si no podía, al mes siguiente iba dos (2) o tres (3) veces.
Tal como lo ha sostenido esta Sección, la existencia del daño moral indemnizable,
entendido como el dolor, la aflicción o el desasosiego que una persona siente por la
privación de la libertad de otra no es un hecho que pueda acreditarse de manera
directa, ni que pueda demostrarse plenamente o con certeza, dado que pertenece a
su fuero interno. Es un hecho que se infiere de circunstancias externas que permitan
considerar, con un grado de probabilidad suficiente, que el demandante sufrió un
perjuicio moral indemnizable.
La existencia del perjuicio moral indemnizable puede inferirse de una relación de
cercanía, solidaridad y apoyo entre el detenido y los demandantes, la que puede
acreditarse mediante distintos medios de prueba. Quienes vienen a la jurisdicción
pueden demostrar con testimonios o documentos la existencia de una relación
estrecha con el detenido y la forma como lo afectó su detención, la manera como
demostró su solidaridad durante el tiempo de la privación de la libertad, incluyendo
las visitas que le hicieron en el lugar de reclusión, o la forma como le brindaron su
apoyo.
Analizadas las declaraciones rendidas por cada una de las personas que
comparecieron en la etapa procesal correspondiente, es forzoso concluir que, aun
cuando los deponentes Echeverri Gómez y Salazar Ramírez refirieron el dolor que
padecieron los miembros de la familia de Zuluaga Espinosa, esas afirmaciones son
generales y abstractas y no dan cuenta de la cercanía que tenía Alexander Augusto
con cada uno de los integrantes de su familia, no obstante, en vista de que la
demanda fue presentada cuando el criterio vigente consistía en que el solo vinculo
de consanguinidad permitía el reconocimiento de perjuicios y esa presunción no fue
desvirtuada por la demandada, será en línea con esa postura que la Sala reconocerá,
por concepto de perjuicios morales, los siguientes valores:
Nombre Calidad Indemnización78
Karen Melisa Zuluaga Hermana
14.29 SMLMV
Espinosa
Gustavo Deibi Zuluaga Hermano
14.29 SMLMV
Espinosa
Farley Daniel Zuluaga Hermano
14.29 SMLMV
Espinosa
Doris Andrea Zuluaga Hermano
14.29 SMLMV
Espinosa
4.3.1.2. Daño a la vida de relación
En lo atinente a este concepto solicitado en la demanda, la Subsección, en
consonancia con su jurisprudencia79, reitera que el daño a la vida de relación “es una
categoría de daño superada y que actualmente los daños inmateriales o
extrapatrimoniales se reducen a tres: i) aquellos que afectan directamente la esfera
interna y espiritual del individuo, es decir, los morales; (ii) los derivados de la
78 Valores determinados en observancia de los topes fijados por la sentencia de unificación vigente a la fecha –
treinta por ciento (30%) de lo que le corresponda a la víctima directa –.
79 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C, sentencia del
veintinueve (29) de marzo de dos mil diecinueve (2019), radicación número 23001-23-31-000-2007-00548-01.
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Demandante: Alexander Augusto Zuluaga Espinosa y otros
afectación psicofísica de la salud, o sea, el daño a la salud; (iii) y los relacionados
con la afectación directa de bienes convencional y constitucionalmente protegidos80”.
Sobre el citado pedimento, los actores manifestaron que el señor Zuluaga Espinosa
y cada uno de los integrantes de su familia tuvieron que padecer el escándalo social
y el despliegue publicitario propio de un “supuesto hecho tan bochornoso como lo es
la detención y sindicación por la presunta comisión de un delito tan grave como lo es
el secuestro extorsivo, causándose una grave afectación extrapatrimonial en la vida
exterior de la persona privada de su libertad, y la de su respectiva familia”.
Entonces, en principio, podría adecuarse la pretensión a una vulneración a bienes
constitucional y convencionalmente protegidos, específicamente por una
transgresión al derecho al honor y al buen nombre. Sin embargo, no existe prueba
alguna que corrobore que existió un “escándalo social” y un “despliegue publicitario”
con ocasión de la privación de la libertad de Alexander Augusto Zuluaga Espinosa,
de ahí que tales asertos no pasen de ser manifestaciones abstractas y que no dan
cuenta de una situación particular en la que se hubiera reflejado el descrédito social
del señor Zuluaga Espinosa o de su familia. En consecuencia, la Subsección negará
lo referente a este punto.
4.3.2. Perjuicios materiales
4.3.2.1. Daño emergente
4.3.2.1.1. La parte demandante solicita que esta jurisdicción condene a las entidades
demandadas al pago de cincuenta millones de pesos ($50.000.000), debidamente
actualizados a la fecha de ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso, con
ocasión de los gastos en que tuvo que incurrir por concepto de honorarios
profesionales para la representación de Alexander Augusto Zuluaga Espinosa en el
proceso penal.
A efectos de probar la ocurrencia de este perjuicio, aportó: (i) el contrato de
prestación de servicios profesionales suscrito entre el aquí actor y el abogado Juan
Carlos Sánchez Gómez; y (ii) letra de cambio otorgada al abogado Juan Carlos
Sánchez Gómez; y solicitó el testimonio del profesional Juan Carlos Sánchez
Gómez.
El contrato de prestación de servicios celebrado, según lo plasmado en el documento
allegado, el treinta (30) del dos mil doce (2012) – sin mes –, fue suscrito por
Alexander Augusto Zuluaga Espinosa y por Juan Carlos Sánchez Gómez. Las
partes, en la cláusula cuarta, convinieron que el valor a pagar por concepto de
honorarios sería de veinte millones de pesos ($20.000.000), obligación que debía
cumplirse durante el término de duración del proceso penal, y una suma de ciento
ochenta millones de pesos ($180.000.000) en caso de obtener una sentencia
favorable.
Por su parte, la letra de cambio aportada a este contencioso establece: (i) que será
pagada a la orden de Juan Carlos Sánchez Gómez; (ii) que quien tiene la obligación
crediticia es Alexander Augusto Zuluaga Espinosa; y (iii) que es por una suma de
sesenta millones de pesos ($60.000.000). El título valor no tiene fecha.
Y, finalmente, en testimonio rendido ante el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Juan Carlos Sánchez Gómez relató que suscribió un contrato de prestación de
80 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia del catorce (14) de
septiembre de dos mil once (2011) y del veinte (20) de octubre de dos mil catorce (2014), expedientes 19.031,
38.222 y 40.060, respectivamente.
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Radicado: 05001-23-33-000-2014-02088-01 (64575)
Demandante: Alexander Augusto Zuluaga Espinosa y otros
servicios, aproximadamente al inicio del año dos mil doce (2012), en el que Zuluaga
Espinosa acordó pagarle veinte millones de pesos ($20.000.000) a la firma del
negocio jurídico, y, si ganaban el caso, le haría el pago de ciento ochenta millones
($180.000.000), que se garantizaron con tres (3) letras de cambio. Narró que le ha
pagado, incluyendo el monto inicial, sesenta millones de pesos ($60.000.000), y que
los pagos se hacían en efectivo. Cuando la magistrada sustanciadora le preguntó si
esa plata estaba reportada ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,
su respuesta no fue afirmativa.
4.3.2.1.2. Antes de referirse al mérito probatorio de los medios de convicción, es
necesario aclarar que el estudio subsiguiente debe partir de una premisa
trascendental: con arreglo a las consideraciones expuestas ampliamente en esta
providencia, la privación de la libertad del señor Zuluaga Espinosa observó los
criterios de legalidad, proporcionalidad, necesidad y razonabilidad hasta que fue
dictada la sentencia de primera instancia. En otros términos, la restricción que
padeció Alexander Augusto Zuluaga Espinosa fue justa y, por consiguiente, era una
carga que debía soportar, salvo el periodo ulterior a la decisión de primera instancia.
Al punto:
Pese a que está acreditado que el abogado Juan Carlos Sánchez Gómez representó
al señor Zuluaga Espinosa en el proceso penal objeto de esta demanda y,
concretamente, en el estadio procesal al que alude su respectiva certificación 81, la
realidad es que tal certificación, así como la manifestación de haber recibido el pago
de honorarios, en principio, no son suficientes para dar por acreditado el perjuicio.
Sobre el particular, la jurisprudencia unificada de esta Corporación ha indicado que,
“en armonía con las referidas normas tributarias, en los eventos de privación injusta
de la libertad, cuando el demandante pretenda obtener la indemnización del daño
emergente derivado del pago de honorarios profesionales cancelados al abogado
que asumió la defensa del afectado directo con la medida dentro del proceso penal,
quien haya realizado el pago deberá aportar: i) la prueba de la real prestación de los
servicios del abogado y ii) la respectiva factura o documento equivalente expedido
por éste, en la cual se registre el valor de los honorarios correspondientes a su
gestión y la prueba de su pago, de suerte que, si solo se aporta la factura o solo se
allega la prueba del pago de la misma y no ambas cosas, no habrá lugar a reconocer
la suma pretendida por concepto de este perjuicio”82.
Con todo, en el presente caso, debe tenerse en cuenta que para la época en que fue
suscrito el contrato de prestación de servicios, la noción de factura y/o documento
equivalente difería de la que actualmente exige la normatividad comercial y tributaria;
además, si se considera la fecha en que el Tribunal Superior de Medellín profirió la
sentencia absolutoria en favor de Alexander Augusto Zuluaga Espinosa, esto es, en
noviembre de dos mil trece (2013), y los días que, según lo consignado en la parte
trasera de la letra de cambio, Zuluaga Espinosa abonó parte de la deuda – trece (13)
de diciembre de dos mil trece (2013) y once (11) de abril y veintidós (22) de agosto
de dos mil catorce (2014) –.
La redacción que tenía en ese momento el artículo 616.1 del Estatuto Tributario,
texto adicionado por la Ley 223 de 1995, y modificado sucesivamente por los
Decretos 2587 de 1999 y 2661 de 2000, era la siguiente:
81 Folio 365, cuaderno pruebas 1.
82 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia del dieciocho (18)
de julio de dos mil diecinueve (2019), radicación número 73001-23-31-000-2009-00133-01.
22
Radicado: 05001-23-33-000-2014-02088-01 (64575)
Demandante: Alexander Augusto Zuluaga Espinosa y otros
“ARTÍCULO 616-1. FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE. La factura de venta
o documento equivalente se expedirá, en las operaciones que se realicen con
comerciantes, importantes o prestadores de servicios o en las ventas a consumidores
finales. Son documentos equivalentes a la a la factura de venta: El tiquete de máquina
registradora, la boleta de ingreso a espectáculos públicos, la factura electrónica y los
demás que señale el Gobierno Nacional. (…)”.
Asimismo, aunque el artículo 615 del Estatuto Tributario preceptúa que las personas
que ejercen profesiones liberales están obligadas a expedir factura o documento
equivalente, para ese momento, las personas pertenecientes al régimen simplificado
no estaban obligadas a expedir factura o documento equivalente, tal como lo
disponía el artículo 616.2 ibidem. Luego, sin menoscabo de la regla de unificación,
sino, antes bien, aplicando aquella en el contexto de los hechos y las normas
vigentes para la época, es posible que los mencionados elementos de convicción
tengan vocación para probar el daño emergente, por cuanto: (i) en el expediente
existen registros de la actuación del abogado que prueba la efectiva prestación del
servicio; (ii) el mencionado abogado no estaba obligado a expedir factura electrónica
o documento equivalente; y (iii) el alcance del documento equivalente en ese
momento era mucho más reducido del que se concibe actualmente, pues se limitaba
al tiquete de máquina registradora, a la boleta de ingreso a espectáculos públicos, a
la factura electrónica y a los demás indicados por la ley, en cuyo proceso de
búsqueda normativa no se encontró una exigencia legal para la prestación de
servicios de representación y de asesoría jurídica.
Por otro lado, jurisprudencialmente se han acogido como criterios para establecer la
proporcionalidad del cobro de honorarios constitutivos de daño emergente, los
siguientes: “(i) el trabajo efectivamente desplegado por el litigante, (ii) el prestigio del
mismo, (iii) la complejidad del asunto, (iv) el monto o la cuantía, (v) la capacidad
económica del cliente. Cabe recordar que las tarifas fijadas por los colegios de
abogados son fuente auxiliar de derecho, en cuanto a la fijación de honorarios se
refiere”83.
Así las cosas, aun cuando se desconoce el prestigio del togado, se encuentra
demostrado: (i) que se trató de un asunto por la probable comisión del delito de
secuestro extorsivo, punible de gravedad y con una pena considerable de prisión; (ii)
que Juan Carlos Sánchez Gómez representó a Alexander Augusto Zuluaga Espinosa
desde la fecha en que fue radicado el escrito de acusación – dieciséis (16) de febrero
de dos mil once (2011) – y hasta que fue dictada la sentencia absolutoria de segunda
instancia – ocho (8) de noviembre de dos mil trece (2013) –; y (iii) que el señor
Zuluaga Espinosa gozaba de buen poder adquisitivo84.
En función de lo expuesto, pero considerando que los honorarios que convino el
señor Zuluaga Espinoza con el abogado Sánchez Gómez constituían la retribución
por su actuación en toda la etapa del juicio; que la comisión de éxito habría de
causarse en caso de decisión favorable, lo que podía ocurrir en primera o en segunda
instancia; que la privación de la libertad del primero solo se ha encontrado injusta a
partir de la sentencia de primera instancia, y que no hay elementos de juicio en la
prueba documental y testimonial traída al proceso que permita establecer el monto
de los honorarios que causó la segunda instancia, esta Sala obrará de conformidad
con la tasa de honorarios que de manera indicativa fijaba para el momento de los
hechos la Corporación Colegio Nacional de Abogados de Colombia, particularmente
83 Corte Constitucional, Sentencia T- 1143 de 2003.
84 Declaración privada de industria y comercio de los 2011, 2012 y 2013 para el establecimiento “Grill y
Residencias Los Colegas # 1, folios 97, 98 y 99 y 241 a 244 del cuaderno 1. Aunque el demandante vendió el
establecimiento de comercio en enero del dos mil doce (2012) y registraron la venta un (1) año después, esas
declaraciones muestran un promedio de los ingresos de ese negocio.
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Radicado: 05001-23-33-000-2014-02088-01 (64575)
Demandante: Alexander Augusto Zuluaga Espinosa y otros
por la interposición de recurso ordinario ante un juez penal especializado, y con base
en esta, estima que el daño emergente corresponde a cinco millones seiscientos
sesenta y siete mil pesos ($5.667.000)85, cifra que traerá a valor presente, así:
Ra = Rh índice final
índice inicial
Ra = 5.667.000 X 143.67 (julio de 2024)
76.75 (enero de 201286)
Ra = $10.608.181
Total reconocimiento por daño emergente: diez millones seiscientos ocho mil ciento
ochenta y un pesos ($10.608.181).
4.3.2.2. Lucro cesante
Los actores pretenden que esta jurisdicción condene a las entidades demandadas a
pagarle al señor Zuluaga Espinosa por este concepto, con motivo del dinero que dejó
de percibir por la explotación del establecimiento de comercio de su propiedad “Grill
y Residencias Los Colegas # 1”, negocio que, dicen, debió enajenar para solventar
los gastos propios y los de su familia.
Al respecto, es suficiente decir que no existe prueba en el expediente que permita
siquiera inferir que el establecimiento de comercio en mención fue vendido por
problemas económicos derivados de la privación de la libertad, máxime cuando
Isbelia Ochoa Luna y Walter Javier Piedrahita González, quienes trabajaban en ese
local, al rendir testimonio en este contencioso, reconocieron que el negocio continuó
su funcionamiento mientras Alexander Augusto Zuluaga Espinosa estaba detenido.
Por ello, es posible afirmar que el señor Zuluaga Espinosa continuó recibiendo los
ingresos que percibía por la actividad del establecimiento de comercio, hasta que
decidió voluntariamente venderlo, por lo que no es procedente que busque
indemnización por esa circunstancia.
Entonces, la Sala negará las pretensiones encaminadas a obtener el pago de
perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.
85 Para los años 2012 y 2013, la tarifa de honorarios para el ejercicio de la profesión del derecho, específicamente
para la interposición de recursos ordinarios ante juzgados penales del circuito especializados, correspondía a
diez salarios mínimos mensuales legales vigentes. El salario mínimo mensual legal vigente para el año 2012
respondía a la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos ($566.700).
86 El abogado Sánchez Gómez, en su testimonio, aseguró que los veinte millones de pesos ($20.000.000) se le
pagaron cuando suscribió el contrato. En el contrato no se especificó el mes en que fue celebrado, pero como
el profesional del derecho afirmó que el negocio jurídico fue celebrado iniciando el año dos mil doce (2012) y
obra en el expediente penal una actuación realizada por él en el mes de febrero de esa anualidad, la Sala
entiende que el contrato fue suscrito el treinta (30) de enero de dos mil doce (2012).
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Radicado: 05001-23-33-000-2014-02088-01 (64575)
Demandante: Alexander Augusto Zuluaga Espinosa y otros
V. COSTAS
El artículo 361 del Código General del Proceso dispone que “las costas están
integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso y por las agencias en derecho”. A su vez, los artículos 365.1 87 y 366 88
ibidem, aplicables por remisión expresa del artículo 188 89 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, prescriben que se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación. Su liquidación se realiza, de manera
concentrada, por la secretaría del juzgador que haya conocido el proceso en primera
instancia, sin embargo, en este escenario corresponde la fijación de las agencias en
derecho, de acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura.
Bajo tales supuestos, la Sala condenará en costas a la parte demandada dado que
sus pretensiones fueron despachadas en forma desfavorable. El Tribunal
Administrativo de Antioquia deberá efectuar la correspondiente liquidación y
tasación. En esta instancia no se fijarán agencias en derecho puesto que los
demandantes no actuaron ante esta Corporación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Tercera de Oralidad, el cinco (5) de junio de dos mil diecinueve (2019), para, en su
lugar, disponer:
PRIMERO: DECLARÁSE la falta de legitimación en la causa por activa de Dulce
María Castro Zuluaga, de conformidad con las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARÁSE administrativamente responsable a la Nación – Rama
Judicial por la privación injusta de la libertad de Alexander Augusto Zuluaga
Espinosa.
TERCERO: CONDENÁSE a la Nación – Rama Judicial a pagar, por concepto de
perjuicios morales, en favor de los demandantes, las siguientes sumas de dinero:
87 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
Además, se condenará en costas a quien se le resuelve de manera desfavorable un incidente, la formulación de
excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación
con la temeridad o mala fe. (…)”.
88
“Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con
sujeción a las siguientes reglas: (…) 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia,
los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan
comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho
que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. (…) 6. Cuando la condena se
imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y revisión o se haga a favor o en contra de un
tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva providencia o la notificación del
auto de obedecimiento al superior, según el caso”.
89 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil. (…)”.
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Radicado: 05001-23-33-000-2014-02088-01 (64575)
Demandante: Alexander Augusto Zuluaga Espinosa y otros
Nombre Calidad Indemnización
Alexander Augusto Víctima
47.66 SMLMV
Zuluaga Espinosa
Lina Marcela Traslaviña Compañera
23.83 SMLMV
Parra permanente
Sebastián Acosta Hijo de crianza
23.83 SMLMV
Traslaviña
María Alejandra Acosta Hija de crianza
23.83 SMLMV
Traslaviña
Gustavo de Jesús Padre
23.83 SMLMV
Zuluaga Zuluaga
María Inés Espinosa Madre 23.83 SMLMV
López
Karen Melisa Zuluaga Hermana
14.29 SMLMV
Espinosa
Gustavo Deibi Zuluaga Hermano
14.29 SMLMV
Espinosa
Farley Daniel Zuluaga Hermano
14.29 SMLMV
Espinosa
Doris Andrea Zuluaga Hermano
14.29 SMLMV
Espinosa
CUARTO: CONDÉNASE a la Nación – Rama Judicial a pagar, por concepto de daño
emergente, a favor de Alexander Augusto Zuluaga Espinosa, la suma de diez
millones seiscientos ocho mil ciento ochenta y un pesos ($10.608.181).
QUINTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con
las razones expuestas en esta providencia.
SEXTO: CONDÉNASE en costas de esta instancia a la parte demandada, que serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal Administrativo de Antioquia de
acuerdo con el artículo 366 del Código General del Proceso.
SÉPTIMO: En firme este proveído, ENVÍESE el expediente al Tribunal
Administrativo de Antioquia para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.
Cópiese, notifíquese y cúmplase
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente
Firmado electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
CAOP
26
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