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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-00085-02

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-00085-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero: Revocar el numeral Segundo de la sentencia proferida el 24 de enero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que impuso costas en contra del demandante, por lo expuesto en este proveído. Segundo: Confirmar la sentencia, en lo demás. Tercero: Sin condena en costas de segunda instancia. Cuarto: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2015-00085-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

25 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2015-00085-02 (3575-2023)
Demandante: Manuel Márquez Pérez
Demandada: Departamento de Antioquia; Asamblea Departamental de
Antioquia

Temas: Cesantías anualizadas. Sanción moratoria. Diputados.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 24 de enero de 2023, por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que negó las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Manuel Márquez Pérez, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011,
formuló las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución 09
del 4 de febrero de 2013;y ii) Resolución 39 del 5 de febrero de 2014, ambas
proferidas por la Asamblea Departamental de Antioquia, mediante las cuales se
ordena la liquidación de cesantías de los años 2012 y 2013 respectivamente.

Que, a título de restablecimiento del derecho se condene a la entidad reliquidar las
cesantías y la sanción moratoria por el retardo en la consignación de las mismas
de los años 2012 y 2013, incluyendo en debida forma los factores salariales
correspondientes y realizando la indexación de tales sumas y, se condene en
costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el demandante fue elegido como diputado del departamento de Antioquia para
el periodo 2012 - 2015.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Que se encuentra afiliado al Fondo de Cesantías COLFONDOS S.A., por lo que le
es aplicable el régimen anualizado de cesantías de Ley 50 de 1990 -reglamentada
por el Decreto 1582 de 1998- en concordancia con la Ley 344 de 1996.

Que, durante los años solicitados, devengó los siguientes salarios y prestaciones
sociales:

Años Asignación Gastos/Transporte Prima de Auxilio Intereses
Mensual Navidad Cesantías Cesantías
2012 $17´001.000 $2´833.500 $17´001.000 $18´417.750 $2´203.997
2013 $17´685.000 $2´947.500 $17´685.000 $19´158.750 $2´299.050

Que, al liquidar y consignar el auxilio de cesantías de los años 2012 y 2013 en el
respectivo fondo, la Asamblea Departamental no incluyó todos los factores
salariales devengados que la integran (Auxilio de transporte, Prima de servicios,
Prima de vacaciones, etc.), ya que solo se tuvo en cuenta el factor salarial de la
prima de navidad, que a su vez se liquidó de forma incorrecta, ya que se realizó
sólo con base en la asignación básica.

Que los actos administrativos demandados no le fueron notificados personalmente,
por lo que procedió a notificarse por conducta concluyente.

Que dichos actos no fueron expedidos por la autoridad competente, pues de
conformidad con el numeral 1º del artículo 10 del reglamento interno vigente de la
Asamblea, el ordenador del gasto es el presidente de la Corporación.

Que, por cada día de retardo en la consignación completa de las cesantías, se debe
reconocer y pagar un día de salario, independientemente por cada año o periodo
de cesantías.

Que las demandadas deben reconocerle 930 días -645 por el año 2012 y 285 por
el año 2013- por concepto de indemnización por mora, debido a la errada
liquidación al no incluir todos los factores salariales.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

En auto del 27 de octubre del 2015, se admitió la demanda.

El Departamento de Antioquia- Asamblea Departamental, se opuso a las
pretensiones argumentando que la liquidación de las cesantías de los años 2012 y
2013 se realizó en debida forma, teniendo en cuenta que el régimen prestacional
de los diputados se encuentra inicialmente regulado por la Ley 48 de 1962 y los
Decretos 1723 de 1964 y 1222 de 1986, los cuales disponen que será el establecido
en la Ley 6 de 1945.

Que la Ley 617 del 2000, determinó que la remuneración los miembros de las
asambleas departamentales sería por mes de sesiones en el año 2001, de acuerdo
con la categoría del Departamento; sin embargo, afirma que como todavía no se ha
expedido la normatividad que regule el régimen de los diputados, debe seguir
aplicándose la Ley 6 de 1945 y sus normas aclaratorias y complementarias.

2

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Que, en este sentido, las cesantías deben liquidarse con el último salario
devengado, a menos que haya tenido modificaciones en los últimos meses.

Que en lo que respecta a las vacaciones y a la prima de vacaciones, la
administración ha considerado que son improcedentes, por no existir norma que las
conceda, situaciones que igualmente se presenta con los factores de bonificación
por servicios y el auxilio de transporte.

El 11 de agosto de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial en la cual, entre otros,
se declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda frente a la pretensión
tendiente al reconocimiento y pago de la sanción moratoria e indemnización
moratoria, por no haberse agotado la reclamación previa; decisión que fue apelada
por el demandante y confirmada por el Consejo de Estado en proveído del 30 de
abril de 2019.

En auto del 25 de febrero de 2022 se incorporaron las pruebas recaudadas y se
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

En Sentencia del 24 de enero de 2023 1, el Tribunal Administrativo de Antioquia
negó las pretensiones y condenó en costas a la parte demandante.

Como fundamento de lo anterior, sostuvo que los diputados no tienen derecho al
reconocimiento y pago de las prestaciones reclamados, pues es a partir de la Ley
1871 de 2017 que “los diputados tienen derecho además de las cesantías e
intereses a las cesantías, al reconocimiento y pago de vacaciones y la prima de
vacaciones, por lo que tampoco procede la reliquidación de las cesantías ni la
sanción moratoria”.

Que, al analizar con detenimiento el citado régimen se evidencia que se reconocen
los emolumentos auxilio de cesantía, pensión vitalicia de jubilación, pensión de
invalidez, seguro por muerte, auxilio por enfermedad no profesional, asistencia
médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria y gastos de entierro; por tal motivo,
se puede concluir que ni la ley 6ª de 1945, ni las expedidas con posterioridad
hicieron referencia alguna a los conceptos que pretende el demandante tales como,
vacaciones, prima de vacaciones y prima de servicios, lo cual impide su
reconocimiento.

Que la Ley 617 de 2000 dispuso la remuneración de los diputados por mes de
sesión y en consideración a la categoría del departamento; pero dicha ley no reguló
el régimen de prestaciones sociales de los diputados, por lo que éste continúa
siendo el contenido en la Ley 6ª de 1945 y demás disposiciones modificatorias o
que la adicionen.

Que el auxilio de cesantías es una prestación a que tienen derecho los diputados y
su liquidación se realiza anualmente conforme lo establecido en la Ley 5ª de 1969
y la Ley 344 de 1996.

1
Respecto de la cual se solicitó adición que fue denegada en auto del 17 de abril de 2023.

3

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Que, si bien es cierto que, entre otros, las vacaciones y la prima de vacaciones son
factores salariales para liquidar cesantías, también lo es, dicho emolumentos se
incluyen en dicha liquidación si son devengados por el interesado, cosa que no
ocurre para los diputados, quienes, sólo tienen como prestaciones sociales las
cesantías, los intereses a las mismas y la prima de navidad, conforme lo establecido
en el artículo 3º de la ley 1871 de 2017.

Que, en estos términos, las cesantías reconocidas al demandante deben liquidarse
con la asignación básica y la doceava parte de la prima de navidad y, es por ello,
que no le asiste razón al solicitar la reliquidación, mucho menos el reconocimiento
de la sanción moratoria, por la no inclusión de factores como la prima de
vacaciones, las vacaciones y la prima de servicios, entre otros. Si bien los diputados
cuentan en la actualidad, con un régimen prestacional propio – Ley 1871 de 2017-
este no es aplicable al caso, ya que el mismo no se encontraba vigente para el
periodo reclamado, por ende, el régimen aplicable a estos servidores públicos, será
el general previsto en la ley 6ª de 1945 que no prevé las prestaciones reclamadas.

RECURSO DE APELACIÓN

El demandante consideró que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico por no
valorar todas las pruebas, pues centró su atención en los factores salariares
solicitados, pero desatendió lo percibido mensualmente por el demandante como
factor salarial, esto es, un auxilio de transporte como ingreso o retribución ordinaria
y permanente por el servicio prestado como diputado, por un valor de $2´833.500
en 2012 y 2´947.500 en 2013; además de otros factores como la remuneración por
sesiones extras.

Que dicha Corporación consideró que, de acuerdo con el régimen prestacional de
los diputados, para la liquidación del auxilio de cesantías debe incluirse lo
devengado como salario y cualquier concepto que implique directa o indirectamente
retribución ordinaria y permanente de servicios, como las vacaciones.

Que, de aceptarse tal afirmación, los empleados u obreros tienen derecho a 15 días
continuos de vacaciones remuneradas, por cada año de servicio que se preste a
partir del 16 de octubre de 1994.

Que esta Corporación ha dicho que las prestaciones a que tienen derecho los
diputados son las contenidas en Ley 6 de 1945, teniendo en cuenta sus
modificaciones establecidas en las leyes 344 de 1996 y 362 de 1997 y lo
consagrado en materia de seguridad social en la Ley 100 de 1993, por lo que el
juez ha debido tener en cuenta la normatividad adicional.

Que, para liquidar el auxilio de cesantías de los diputados, se tomará como base el
último sueldo devengado, a menos que haya tenido modificaciones en los 3 últimos
meses, en cuyo caso, la liquidación se hará por el promedio devengado en los
últimos 12 meses o en todo el tiempo de servicio. Dicho computo se hará teniendo
en cuenta tanto el salario fijo, como todo lo que reciba el trabajador a cualquier título
y que implique directa o indirectamente, como se ha dicho, retribución ordinaria y
permanente de servicios.

4

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Que, con relación a la prima de navidad, el Decreto 1045 de 1978 en su artículo 32,
estableció que será el equivalente a un mes de salario, que corresponda al cargo
desempeñado a 30 de noviembre de cada año, por año de servicio o
proporcionalmente al tiempo laborado y se pagará en la primera quincena del mes
de diciembre. Que dicha prestación, se liquidará teniendo en cuenta los factores
salariales de asignación básica mensual, auxilio de alimentación, auxilio de
transporte, prima de servicios, prima de vacaciones y bonificación por servicios.
Que igual consideración se da respecto del auxilio de cesantías.

Que la sanción moratoria consagrada en Ley 50 de 1990, opera automáticamente,
es decir, basta con que el auxilio de cesantías no se consigne o se consigne de
forma incompleta para que haya lugar a tal indemnización.

Con respecto a la condena en costas, afirma que la demanda no careció de
fundamento legal y que, además, dentro del expediente no se encuentra
demostrada su causación, por lo que dicha condena resulta ilegal.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

En auto del 31 de julio de 2023 se admitió el recurso de apelación.

Las partes y el agente del Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

El problema jurídico se resume en determinar si el demandante, en calidad de
Diputado del departamento de Antioquia para el periodo 2012-2015, tiene derecho
a la reliquidación del Auxilio de Cesantías correspondiente a los años 2012 y 2013
con la inclusión las vacaciones, prima de servicios y prima de vacaciones, como
factores salariales.

Régimen de Cesantías de los Diputados:

La Constitución Política de 1991 previó en el artículo 150, numeral 19, literal e), que
corresponde al Congreso de la República dictar normas generales y señalar en
ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para
regular, entre otras materias, el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, de los miembros de la Rama Legislativa y de la Fuerza Pública.

De esta manera, se fijó una competencia compartida entre el legislador y el
ejecutivo en la determinación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos así: i) el Congreso establece unos marcos generales y unos lineamientos
que le circunscriben al ejecutivo la forma cómo debe regular la materia y; ii) el
Gobierno Nacional desarrolla la actividad reguladora, es decir, define directamente
los salarios y prestaciones sociales de todos los empleados públicos con
fundamento en los criterios que, para el efecto, señale el legislador.

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En lo relativo al régimen prestacional y salarial de los empleados públicos del orden
territorial, el Congreso de la República, en el artículo 12 2 de la Ley 4ª de 1992,
estableció:

«[…] El régimen prestacional de los servidores públicos de las Entidades
Territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas,
criterios y objetivos contenidos en la presente Ley.

En consecuencia, no podrán las Corporaciones Públicas Territoriales arrogarse
esta facultad.

Parágrafo. - El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores
guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional. […]».

De acuerdo con la normativa citada, el Gobierno Nacional tiene la competencia para
determinar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos del orden
territorial, con atención al marco que le fije el Congreso de la República. Así mismo,
debe precisar el límite salarial máximo de estos empleados públicos guardando
equivalencias con cargos similares a nivel nacional.

En virtud de lo expuesto y en ejercicio de su autonomía, a las asambleas
departamentales y a los concejos municipales les corresponde, según artículos 300
ordinal 7.º y 313 ordinal 6.º constitucionales, fijar la escala salarial de remuneración
correspondientes a las distintas categorías de empleos dentro de su jurisdicción.
Por su parte, a los gobernadores y alcaldes les compete determinar los
emolumentos de los empleos de sus dependencias, según las facultades previstas
en los artículos 305 ordinal 7.º y 315 ordinal 7.º de la Constitución.

A su turno, el artículo 7° de la Ley 48 de 1962 3 previó que los miembros de las
asambleas departamentales gozarían de las mismas prestaciones e
indemnizaciones sociales consagradas para los servidores públicos en la Ley 6.ª
de 1945 y demás normas que la adicionen o reformen.

En efecto, el artículo 17 de la Ley 6.ª de 1945 4 determinó cuáles son aquellos
emolumentos de los cuales son beneficiarios, en este caso, los diputados, a saber:

«Artículo 17º.- Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente
gozarán de las siguientes prestaciones:

a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de
servicio. Para la liquidación de este auxilio solamente se tendrá en cuenta el
tiempo de servicios prestados con posterioridad al 1 de enero de 1942.

b) Pensión vitalicia de jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado o
llegue a cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de servicio

2
Condicionalmente exequible. Corte Constitucional, Sentencia C-315-95 del 19 de julio de 1995, en la cual se indicó:"...
siempre que se entienda que las facultades conferidas al gobierno se refieren, en forma exclusiva, a la fijación del régimen
prestacional de los empleados públicos territoriales, al régimen prestacional mínimo de los trabajadores oficiales territoriales
y al límite máximo salarial de los empleados públicos de las entidades territoriales ...".
3
«Por la cual se fijan unas asignaciones, se aclara la Ley 172 de 1959, y se dictan otras disposiciones.» Dicha disposición
fue reiterada en el artículo 6 del Decreto 1723 de 1964 a través del cual
4
«Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos
colectivos y jurisdicción especial de trabajo.»

6

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continuo o discontinuo, equivalente a las dos terceras partes del promedio de
sueldos o jornales devengados, sin bajar de treinta pesos ($30) ni exceder de
doscientos pesos ($200) en cada mes. La pensión de jubilación excluye el
auxilio de cesantía, menos en cuanto a los anticipos, liquidaciones parciales o
préstamos que se le hayan hecho lícitamente al trabajador, cuya cuantía se ira
deduciendo de la pensión de jubilación en cuotas que no excedan del 20% de
cada pensión.

c) Pensión de invalidez al empleado u obrero que haya perdido su capacidad
de trabajo para toda ocupación u oficio, mientras dure la incapacidad,
equivalente a la totalidad del último sueldo o salario devengado, sin bajar de
cincuenta pesos ($50) ni exceder de doscientos pesos ($200).

La pensión de invalidez excluye la cesantía y la pensión de jubilación.

d) Seguro por muerte del empleado u obrero, equivalente a la cesantía que le
hubiere correspondido y que se pagará a sus beneficiarios o herederos.

e) Auxilio por enfermedad no profesional contraída por el empleado u obrero
en desempeño de sus funciones, hasta por ciento ochenta (180) días de
incapacidad comprobada para trabajar, así: las dos terceras partes del sueldo
o jornal durante los primeros (90) días, y la mitad por el tiempo restante.

f) Asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria en los casos a que
haya lugar, sin pasar de seis (6) meses.

g) Los gastos indispensables del entierro del empleado u obrero.

Parágrafo. - Los empleados que hayan prestado sus servicios al Congreso
durante veinte legislaturas continúas o discontinuas, tendrán derecho a todas
las prestaciones sociales contenidas en este artículo. […]».

De igual forma, el artículo 56 del Decreto Ley 1222 de 1986 5 señaló que los
miembros de las asambleas departamentales gozarían de las mismas prestaciones
e indemnizaciones sociales consagradas para los servidores públicos en la Ley 6.ª
de 1945 y demás normas que la adicionen o reformen.

Ahora, en el artículo 299 constitucional se previó, inicialmente6, que los diputados
tendrían derecho a honorarios por su asistencia a las correspondientes sesiones,
pero con posterioridad se expidió el Acto Legislativo 01 de 1996 que reformó dicho
canon superior, eliminándose el pago de honorarios a favor de los diputados e
introduciéndose un régimen laboral a favor de estos, pues de un lado, instituyó una
remuneración durante las sesiones correspondientes, y de otro, fijó un régimen de
seguridad social y de prestaciones en los términos que fijara la ley.

En estos términos, el Acto Legislativo 01 de 1996 consagró, entonces, una nueva
condición para los diputados desde la órbita de sus derechos salariales y
prestacionales, en tanto que, a partir de su entrada en vigencia, tendrían derecho a
una remuneración durante las sesiones correspondientes y estarían amparados por

5
«Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental.»
6
Dado que fue objeto de algunas reformas.

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el régimen prestacional y de seguridad social que determinara la ley y trasladó al
legislador la fijación de la remuneración respectiva.

La Ley 617 del 6 de octubre de 20007 señaló la remuneración de los diputados de
conformidad con una tabla estandarizada según la categoría de los departamentos;
sin embargo, no se refirió al régimen prestacional de aquellos. Al respecto:

«Artículo 29. Sesiones de las Asambleas. El artículo 1.º de la Ley 56 de 1993,
quedará así:

[…]

Parágrafo 1o. La remuneración de los diputados es incompatible con cualquier
asignación proveniente del tesoro público, excepto con aquellas originadas en
pensiones o sustituciones pensionales y las excepciones establecidas en la Ley
4ª de 1992.

Parágrafo 2o. Los Diputados estarán amparados por el régimen de seguridad
social previsto en la Ley 100 de 1993 y sus disposiciones complementarias. En
todo caso se les garantizará aseguramiento para salud y pensiones. El
Gobierno Nacional reglamentará la materia. […]»

El artículo 299 constitucional fue objeto de una última modificación a través del Acto
Legislativo 01 de 2007, quedando vigente el siguiente tenor literal:

«Artículo 299. En cada departamento habrá una corporación político-
administrativa de elección popular que se denominará asamblea
departamental, la cual estará integrada por no menos de 11 miembros ni más
de 31. Dicha corporación gozará de autonomía administrativa y presupuesto
propio, y podrá ejercer control político sobre la administración departamental.
[…]

Los miembros de la Asamblea Departamental tendrán derecho a una
remuneración durante las sesiones correspondientes y estarán
amparados por un régimen de prestaciones y seguridad social, en los
términos que fijen la ley. […]» (Negritas fuera del texto original).

Nótese que el Acto Legislativo 01 de 2007, en lo atinente al régimen salarial y
prestacional no introdujo modificación alguna, en tanto mantuvo la misma
descripción contenida en el Acto Legislativo 01 de 1996 y, por tal motivo, hasta
tanto el legislador no se pronuncie, de conformidad con lo señalado en el artículo
299 de la Constitución Política de Colombia y la ley que lo desarrolle, el régimen
prestacional de los diputados seguiría siendo el previsto en la Ley 6.ª de 1945 y
demás normas que la adicionen o la reformen 8.

Ahora, recientemente a través de la Ley 1871 de 2017 se fijó el régimen de
remuneración, prestacional y seguridad social de los miembros de las Asambleas
Departamentales de la siguiente manera:

7
“por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica
de Presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización y se dictan
normas para la racionalización del gasto público nacional”
8
La ley 344 de 1996 modificó el régimen de cesantías, a partir de la fecha de su publicación.

8

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«Artículo 3°. Régimen prestacional de los diputados. El servidor público que
ejerza como diputado tendrá derecho a seguro de vida con cargo a la sección
presupuestal del sector central del Departamento y a percibir las siguientes
prestaciones:

1. Auxilio de cesantía e intereses sobre las cesantías, cuya liquidación se
orientará por los artículos 3º y 4º de la Ley 5ª de 1969 y el artículo 13 de la Ley
344 de 1996 o por las normas que lo adicionen o modifiquen.

2. Prima de Navidad, se reconocerá de conformidad con lo establecido en el
artículo 11 de la Ley 4a de 1966.

Parágrafo 1°. A partir de la presente ley, cada Departamento deberá homologar
las prestaciones que hubiere reconocido hasta el momento y reemplazarla con
las establecidas en el presente régimen.
[…]

Artículo 5°. Derechos de los diputados. Los diputados tendrán derecho a:

1. Vacaciones y prima de vacaciones. La cuantía y término se reconocerá de
conformidad con lo establecido en la Decreto número 1045 de 1978 y se hará
en forma colectiva. Para el reconocimiento se tendrá en cuenta como si se
hubiese sesionado todo el año.

2. Capacitación. Se extenderá a los diputados y directivos de federaciones y
confederaciones de diputados lo dispuesto en los artículos 25, 26, 27 y 28 de
la Ley 1551 de 2012

3. Gasto de Viaje. Las asambleas departamentales podrán pagar del rubro de
gasto de funcionamiento, los gastos de viajes de sus Diputados con ocasión
del cumplimiento de comisiones oficiales dentro y fuera del departamento.
[…]».

Conforme a ello es posible concluir que solo a partir del momento en que entró a
regir la Ley 1871 de 2017, los diputados tienen derecho además de las cesantías e
intereses a las cesantías, al reconocimiento y pago de vacaciones, prima de
vacaciones, capacitación, y gastos de viaje.

Resolución al caso concreto

Con la prueba recaudada se encuentra acreditado:

Que, en Resolución No. 09 del 4 de febrero de 2013, se reconoció a favor del señor
Márquez Pérez la suma de $18.417.750 por concepto de cesantías del periodo
comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2012; liquidación para la
cual se tuvo en cuenta el sueldo y el promedio variable de la sumatoria de las
doceavas partes de la prima de Navidad.

Que, en Resolución No. 39 del 5 de febrero de 2014, se reconoció en su favor la
suma de $19.158.750 por concepto de cesantías del periodo comprendido entre el
1º de enero y el 31 de diciembre de 2012; liquidación para la cual se tuvo en cuenta
los mismos conceptos que la anterior.

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Que, conforme certificación expedida por la Sección Financiera de la Asamblea
Departamental de Antioquia, fue diputado electo para el periodo constitucional
2012-2015 y, que para el año 2014, su remuneración ascendía a la suma de
$18.480.000 en periodo de sesiones ordinarias y extraordinarias, mas, un auxilio
de transporte equivalente a 5 salarios mínimos.

Que, conforme certificación expedida por el Secretario General de la Asamblea
Departamental de Antioquia, devengó desde el 1º de enero de 2012, los siguientes
salarios y prestaciones sociales:

Que, de acuerdo con certificación expedida por Colfondos, se encuentra afiliado a
dicho fondo desde el 17 de febrero de 2012.

Teniendo en cuenta lo considerado y lo acreditado, concluye la Subsección que no
hay lugar a la reliquidación de las cesantías del actor, de los años 2012 y 2013, con
la inclusión de las vacaciones, prima de servicios y prima de vacaciones; dado que,
ni la Ley 6.ª de 1945 ni las normas que la modifican o adicionan tanto especiales
como generales, prevén dichos emolumentos a favor de los diputados.

Tampoco es procedente dar aplicación al Decreto 1919 de 2002, a través del cual
se señaló que los empleados públicos del nivel territorial gozarían del régimen de
prestaciones de los del orden nacional, toda vez que dicha norma no se refiere a
los diputados. Sobre el tema, esta Corporación 9, consideró:

«[…] El decreto 1919 del 27 de agosto del 2002 fue expedido por el Presidente
de la República en desarrollo de las facultades otorgadas por los artículos 150,
numeral 19 letras e) y f) de la Constitución y 12 de la ley 4ª de 1992. Si bien en
su artículo 1º se refiere a las Asambleas Departamentales como objeto de su
aplicación, cabe señalar que las prestaciones en él dispuestas rigen
únicamente para los empleados públicos y trabajadores oficiales de tales
corporaciones. Es decir, se exceptúan los Diputados, cuya remuneración y
régimen prestacional y de seguridad social, por expresa disposición del artículo
299 de la Carta Política, corresponde fijarlo al legislador […]».

No pasa por alto la Sala que durante el tiempo en que el demandante mantuvo la
calidad de diputado le fueron reconocidas y pagadas la prima navidad y el auxilio
de transporte; conceptos de los cuales, al momento de liquidar las cesantías, solo
fue tenido en cuenta el primero.

Sin embargo, dicho emolumento -auxilio de transporte- tampoco podía ser tomado
para la liquidación del auxilio en comento; tema respecto del cual, se pronunció esta
9
Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1501 de 2003.

10

05001-23-33-000-2015-00085-02 (3575-2023)

Corporación en Sentencia de 1º de septiembre de 2022 10, concluyendo:

“(…) En este sentido, se observa que, entre otros, el auxilio de transporte, las
vacaciones y las primas de vacaciones y de navidad son factores salariales
para liquidar las cesantías. No obstante, lo anterior, es importante precisar, que
estos emolumentos serán incluidos en la liquidación, siempre y cuando el
empleado tenga derecho a ellos en razón de su régimen laboral y
prestacional11.

Se reitera, que los diputados no tienen derecho a las vacaciones, al auxilio de
transporte, ni a las primas de vacaciones ni de servicios como factores
salariales o prestacionales, y así lo confirmó el legislador, luego de un largo
período de omisión legislativa respecto del desarrollo del artículo 299
constitucional, al determinar en el artículo 3.° de la Ley 1871 de 2017 que las
prestaciones sociales de dichos funcionarios son solo el auxilio de las
cesantías, los intereses de la misma, y la prima de navidad, y así se entiende
de los debates llevados a cabo en ambas cámaras del Congreso cuando se
discutía el proyecto de ley12.

Conforme a lo anterior, el régimen aplicable para la liquidación de las cesantías
de los empleados territoriales, entre ellos, los diputados, es el comprendido en
los artículos 3.º y 4.º de la Ley 5.ª de 1969 y el 13 de la Ley 344 de 1996, así
como las demás que lo modifiquen o adicionen. Aunado a ello, para la fecha en
que el apelante se desempeñó como diputado desde el 1. ° de enero de 2012,
las Leyes 100 de 1993 y 344 de 1996 ya habían entrado en vigencia, razón por
la cual, no se puede considerar un régimen diferente.

En suma, tanto la reciente Ley 1871 de 2017, como las Leyes 6.ª de 1945
(artículo 17), 344 de 1996 y 362 de 1997 (régimen de cesantías del orden
territorial), que fueron aplicables hasta la expedición de la primera norma en
comento que desarrolló el artículo 299 Superior, determinan una tesis jurídica
que ha sido históricamente clara en señalar que los diputados solo tienen
derecho a las prestaciones sociales anotadas (la prima de navidad, las
cesantías y los intereses de las cesantías), y que por lo tanto, dicho auxilio
contemplado para estos servidores públicos se liquida exclusivamente con
base en la asignación básica y la prima de navidad.13 De acuerdo con este
postulado, es inviable hacer extensivas disposiciones normativas que rigen a
otra clase de funcionarios, por ejemplo, como las que cita el demandante.

Incluso, el hecho de que la Ley 1871 de 2017 (que fue proferida en
cumplimiento de la Constitución Política para definir el régimen salarial y
prestacional de los miembros de asambleas departamentales), confirmara que
aquellos solo accederían a título de prestaciones a las cesantías y a la prima
de navidad, los cuales eran precisamente los emolumentos a los que estos ya

10
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Bogotá D.C., primero (1. °) de septiembre de dos mil veintidós
(2022) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 05001-23-33-000-2015-00086-01 (0401-
2019) Demandante: BAYRON DE JESÚS CARO LUJÁN Demandada: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL
11
En igual sentido se pronunció esta Corporación en sentencia del 17 de mayo de 2018, radicación: 81001-23-39-000-2015-
00052-01(4728-16).
12
Sobre el proyecto de ley 260 de 2017 Cámara, 134 de 2016 Senado 12, que inicialmente las tenía comprendidas en el
artículo 3º, pero que desde el primer debate fueron excluidas porque «[…] las vacaciones y prima de vacaciones no tienen
el carácter prestacional» y quedaron comprendidas en el artículo 5º como unos derechos de los diputados.
13
Al respecto ver Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 17 de mayo de 2008. Radicación: 81001-23-39-000-2015-
00052-01(4728-16), y sentencia reciente del 4 de febrero de 2021 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A en el proceso radicado: 73001-23-33-000-2014-00512-01(4590-15).

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05001-23-33-000-2015-00085-02 (3575-2023)

tenían derecho en vigencia del régimen de la Ley 6.ª de 1945, demuestra que
no es procedente atender favorablemente el argumento del apelante tendiente
a que se observe en su caso específico la excepción de inconstitucionalidad
derivada del artículo 4.° superior. En su recurso, la parte activa busca que en
virtud de la mentada figura jurídica se inaplique la aludida regulación general,
esto para que en su lugar se prefiera la del artículo 45 del Decreto 1045 de
1978.

Pues bien, tal postura no halla eco favorable, habida cuenta de que ante la
cohesión jurídica entre la Ley 6.ª de 1945 y la Ley 1871 de 2017 respecto del
régimen prestacional de los diputados, se advierte que el Legislador buscó
mantener la especialidad de estos que los hace diferentes a los empleados
públicos (…)”

Corolario de todo lo dicho, se impone la confirmación de la sentencia de primera
instancia.

Finalmente, en el recurso de apelación la parte demandante afirma que la sanción
moratoria contemplada en Ley 50 de 1990, opera automáticamente; argumento
sobre el cual no se pronunciará la Subsección, toda vez que, en la audiencia inicial
celebrada el 11 de agosto de 2016 se declaró probada de oficio la excepción de
inepta demanda frente a esta pretensión; decisión que fue apelada y confirmada
por el Consejo de Estado el 30 de abril de 2019.

De la condena en costas:

En el escrito de alzada, la parte actora afirma que en el asunto no se causaron
costas, como quiera que la demanda no careció de fundamento legal, por lo que, la
impuesta en primera instancia, resulta ilegal.

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las
partes actuaron de manera temeraria, mal intencionado o de mala fe, no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normatividad se deberá analizar la conducta
realizada por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2° del art. 188 de la
Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa de los
fundamentos de la demanda y del recurso de apelación que no se presenta una
carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario
a ello, el apelante en su escrito expuso argumentos razonables en defensa jurídica

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de sus intereses, en consecuencia, se revocará la condena en costas impuesta en
primera instancia.

Con los mismos argumentos, esa Subsección se abstendrán de condenar en
costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

F A L L A:

Primero: Revocar el numeral Segundo de la sentencia proferida el 24 de enero de
2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que impuso costas en contra del
demandante, por lo expuesto en este proveído.

Segundo: Confirmar la sentencia, en lo demás.

Tercero: Sin condena en costas de segunda instancia.

Cuarto: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

13

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