Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2015-00308-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2015-00308-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-33-000-2015-00308-02
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
26 de septiembre de 2024
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Radicado: 05001 23 33 000 2015 00308 02
Demandante: Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación núm.: 05001 23 33 000 2015 00308 02
Actor: Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada
Demandado: Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Tesis: Es nulo, por falta de competencia, el acto administrativo por medio del cual el
Área Metropolitana del Valle de Aburrá modificó la reglamentación que rige el Fondo de
Repotenciación y Reposición de equipos del transporte masivo en las modalidades
metro, cable y tranvía.
No es cierto que el juez de primera instancia: (i) empleara un concepto de la
Superintendencia de Puertos y Transporte para dirimir un conflicto de competencias;
(ii) determinara que el ente de inspección, vigilancia y control era la entidad
competente para expedir la resolución demandada, y (iii) aplicara una decisión con
supuestos de hecho y derecho que no resultaban equiparables con la controversia
definida en el caso concreto.
SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra
de la sentencia del 9 de marzo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que declaró la nulidad del acto demandado.
I. LA DEMANDA
En ejercicio del medio de control de nulidad de que trata el artículo 137 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
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Radicado: 05001 23 33 000 2015 00308 02
Demandante: Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada
CPACA), la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada (en adelante
la parte actora), por medio de apoderado judicial, interpuso demanda en contra del
Área Metropolitana del Valle de Aburrá1, en la que formuló la siguiente:
1.1. Pretensión
“Que se declare la Nulidad de la Resolución Metropolitana No. 000706 del 16 de
junio de 2014, proferida por el Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá,
“por la cual se modifica la reglamentación que rige el Fondo de Repotenciación y
Reposición, de equipos del transporte masivo en las modalidades Metro, Cable y
Tranvía”.”
1.2. Acto cuestionado
1.2.1. La Resolución número MO - 000706 del 16 de junio de 2014, que resolvió2:
“RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. MO - 000706
(16 JUN. 2014)
“Por la cual se modifica la reglamentación que rige el Fondo de Repotenciación y
Reposición de equipos del transporte masivo en las modalidades Metro, Cable y
Tranvía"
EL DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA
DEL VALLE DE ABURRÁ
En uso de sus facultades legales, en especial las previstas en la Constitución
Política de Colombia, las Leyes 105 de 1993, 336 de 1996 y 1625 de 2013, el
Decreto Nacional 3109 de 1997, los Acuerdos Metropolitanos No. 019 de 2002 y
10 de 2013 y,
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolución No. MO - 0001662 de 2013, el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá estableció los parámetros bajo los cuales se regula el Fondo de
Repotenciación y Reposición de equipos del transporte masivo constituido con los
recursos provenientes de la tarifa del modo Metro, Cables, tranvías y servicios
alimentadores que se integran en la porción referida a éstos.
Que el artículo 14 la Ley 86 de 1989 estableció que las tarifas del transporte
masivo deben ser suficientes para cubrir costos de operación, administración,
mantenimiento y reposición de equipos y en tal virtud, le corresponde a las
autoridades competentes elaborar los estudios de costos que servirán de base
para la fijación de las tarifas en materia de transporte, de conformidad con lo
señalado en los artículos 12, 29 y 30 de la Ley 336 de 1996.
1
El expediente digitalizado se encuentra visible en el índice núm. 25 de Samai.
2
Ibidem.
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Radicado: 05001 23 33 000 2015 00308 02
Demandante: Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada
Que al analizar los planteamientos presentados por la Empresa de Transporte
Masivo del Valle de Aburré Limitada, como operador de los modos férreo, cables
y tranvía relativos al manejo de los recursos del Fondo de Repotenciación y
Reposición y, con la finalidad de garantizar la disponibilidad de los recursos al
momento que surjan las necesidades propias de la reposición y repotenciación de
los equipos se considera procedente modificar incorporar las condiciones de
operación y manejo de los recursos destinados en la tarifa para el efecto.
Que para una mejor comprensión de las modificaciones que se desprenden de la
Resolución Metropolitana No. MO - 0001662 de 2013, se considera procedente
adoptar en un solo texto la regulación que adopta todos los parámetros del Fondo
de Repotenciación y Reposición de equipos del transporte masivo en las
modalidades Metro, Cable y Tranvía.
RESUELVE
ARTICULO 1°. OBJETO DEL REGLAMENTO: Establézcanse los parámetros
bajo los cuales se regula el Fondo de Repotenciación y Reposición de equipos,
en el cual se administrarán los recursos provenientes de la tarifa del modo masivo
en sus modalidades férreo, cables aéreos y tranvías, para todos los perfiles de
usuarios.
ARTICULO 2°. DEFINICIONES: Los términos utilizados en este Reglamento
tendrán el significado que se les otorga a continuación:
a. TREN: Vehículo ferroviario destinado al transporte masivo de pasajeros, que
hace uso exclusivo de la vía férrea con sus unidades vehiculares, compuestos
por locomotoras y vagones.
b. METRO: Modo ferroviario destinado al transporte masivo de pasajeros en las
zonas urbanas, que hace uso exclusivo de la vía férrea
c. CABLE: Modo destinado al transporte masivo de pasajeros, compuesto por uno
o más cables que sostienen y mueven las cabinas que van suspendidas en el
aire, las cuales tienen capacidad de albergar un grupo de pasajeros.
d. TRANVÍA: Modo destinado al transporte masivo de pasajeros, que hace uso
exclusivo o compartido de la vía férrea, interactuando con semáforos, peatones,
autos, motos y demás actores de ésta.
e. REPOTENCIACIÓN: Reparación o cambio de algunos o todos los elementos
de los equipos con el fin de aumentar su vida útil.
f. REPOSICIÓN: Renovación, sustitución o cambio de los equipos por haber
completado o surtido su vida útil, por elevados costos en su ciclo de vida y por
obsolescencia tecnológica.
g. CICLO DE VIDA: Tiempo durante el cual un equipo se concibe, se diseña, se
fabrica, opera o produce, se mantiene y se retira del servicio. Dicho ciclo es
variable en el tiempo y se afecta por el estado del arte, su entorno y la vigencia
tecnológica de sus partes o subsistemas, por lo tanto debe evaluarse de manera
sistemática durante sus fases de madurez y decadencia para determinar
alternativas de reposición, repotenciación o actualización tecnológica.
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Demandante: Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada
h. EQUIPOS: Colección de partes para un fin determinado en la operación de un
sistema del transporte masivo. Hacen parte de los equipos del fondo de
repotenciación y reposición los vehículos de operación, auxiliares de
mantenimiento y actualización tecnológica: Equipos de señalización, catenaria,
subestaciones, sistemas contra incendio, sistema de comunicaciones, en las
modalidades del Masivo: Metro, Cables y Tranvías.
i. COMPONENTE DE LA TARIFA: Hacen parte de la tarifa técnica para los
modos mencionados, los costos operacionales, de administración,
mantenimiento y reposición. Para la reposición, la empresa debe hacer los
aprovisionamientos financieros anuales de acuerdo con el valor comercial y vida
útil de los equipos necesarios para asegurar la operación.
j. FONDO: Es el Fondo de Repotenciación y Reposición de equipos constituido
por la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada con los
dineros provenientes de la tarifa, los cuales se aprovisionan anualmente en el
estudió de costos elaborado para la determinación de la tarifa técnica para el
modo masivo en sus modalidades metro, cables y tranvías.
k. PRTO: Corresponde al Plan Rector de Tecnología Operativa desarrollado por
la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada para todos los
equipos necesarios para garantizar la prestación del servicio.
l. RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Es la rentabilidad que se origina en la
correcta administración de los recursos que conforman el Fondo de
Repotenciación y Reposición y que hacen parte constitutiva del mismo.
m. PORTAFOLIO DE INVERSIONES. Conjunto de títulos valores que generan
rentabilidad en los cuales les es permitido invertir a las entidades públicas
conforme a la normatividad vigente.
n. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE: Sistema de movilidad integrado por
un conjunto de bienes tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren
relacionados con este, el cual está bajo la vigilancia y control del Estado, y se
organiza de manera estable para permitir el traslado de las personas, los bienes
y los servicios, el acceso y la integración de las diferentes zonas del país y que
propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de
los ciudadanos, (artículo 2 de la Ley 1682 de 2013).
o. PROVISIONES ó APROVISIONAMIENTOS: Porción establecida como un
costo dentro de la tarifa que tiene como destino exclusivo la protección de los
activos establecidos en el Plan Rector de Tecnología Operativa (PRTO), los
cuales deben ser administrados en el Fondo de Repotenciación y Reposición.
ARTICULO 3°. CONSTITUCIÓN Y DESTINACIÓN DEL FONDO: El Fondo de
Repotenciación y Reposición estará constituido con los recursos de la provisión
determinada para repotenciación y reposición de equipos contenidos en el Plan
Rector de Tecnología Operativa (PRTO), los cuales provienen de la tarifa
establecida para la prestación del servicio de transporte masivo de los modos
metro, cables y tranvías.
La destinación de estos recursos se dará exclusivamente para la repotenciación y
reposición de todos los equipos necesarios para la prestación del servicio en
condiciones de seguridad y eficiencia, relacionados en el Plan Rector de
Tecnología Operativa (PRTO).
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Demandante: Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada
ARTICULO 4. PROYECCIONES FINANCIERAS: La Empresa de Transporte
Masivo del Valle de Aburrá Limitada elaborará las estimaciones de las anualidades
que conlleven a satisfacer las necesidades de recursos para repotenciación y
reposición de equipos establecidos en el Plan Rector de Tecnología Operativa
(PRTO), de acuerdo al valor comercial y ciclo de vida de los diferentes equipos
necesarios para garantizar la operación.
Las proyecciones deberán considerar la técnica de ingeniería económica del valor
del dinero en el tiempo, con la finalidad de que la tasa de descuento utilizada en
las estimaciones contribuya al logro de los objetivos de la necesidad de los
recursos del Fondo.
Parágrafo 1°: Dichas estimaciones no podrán ser equivalentes al capital o
principal de los recursos requeridos para las inversiones que se desprendan del
Plan Rector de Tecnología Operativa (PRTO), teniendo en cuenta que hacen parte
de éstas, los rendimientos financieros.
Parágrafo 2°: Las proyecciones podrán ser objeto de revisión y ajuste
dependiendo del comportamiento de variables determinantes tales como las tasas
de interés del mercado y la variación de los precios de los activos establecidos en
el Plan Rector de Tecnología Operativa (PRTO).
ARTICULO 5°. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: Los recursos que
conforman el Fondo se manejarán en un Portafolio de Inversiones constituido por
la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada, atendiendo lo
previsto en el Decreto 1525 de 2008 y sus modificaciones, así como la
normatividad que disponga la Superintendencia Financiera y estará sujeta a las
siguientes actividades:
a. Traslado oportuno de los recursos recaudados por la Empresa de Transporte
Masivo del Valle de Aburrá Limitada.
b. Inversión de los recursos del Fondo de acuerdo a las necesidades determinadas
en el Plan Rector de Tecnología Operativa (PRTO).
c. Desembolso en los tiempos contractuales de los recursos u obligaciones en
cuyo objeto, alcance se desprenda la repotenciación y reposición de los
equipos.
d. Las demás que resulten necesarias para el eficaz cumplimiento de la finalidad
y objetivos del presente Reglamento.
e. Remisión semestral al Área Metropolitana del Valle de Aburrá de los informes
de gestión y financieros que den cuenta del Fondo.
Parágrafo 1°. Los recursos del Fondo no podrán ser utilizados como
apalancamiento de inversiones diferentes a los establecidos en el Plan Rector de
Tecnología Operativa (PRTO) vigente.
Parágrafo 2°. En caso de presentarse modificaciones al Plan Rector de
Tecnología Operativa (PRTO), deberán informarse al Área Metropolitana del Valle
de Aburrá.
ARTICULO 6°. TRASLADO DE LOS RECURSOS AL FONDO: La Empresa de
Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada invertirá mensualmente dentro los
cinco (5) primeros días hábiles del mes en el Portafolio de Inversiones del Fondo
de Repotenciación y Reposición, los valores que por este concepto se obtengan
de la tarifa de los servicios de transporte de los modos Metro, Cables y tranvías
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Demandante: Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada
en el mes inmediatamente anterior. Al cierre de cada vigencia fiscal, el portafolio
contará con los recursos totales que corresponden a este concepto.
Parágrafo: La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada deberá
además, depositar en el Portafolio de Inversiones correspondiente al Fondo de
Reposición y Repotenciación los recursos que por este concepto se han
establecido en las tarifas fijadas por la autoridad competente durante los años que
ha venido operando el Metro y Cables.
ARTICULO 7°. FUENTES DEL FONDO DE REPOTENCIACIÓN Y REPOSICIÓN:
Los ingresos del Fondo para la Repotenciación y Reposición son los siguientes:
a. Monto de la tarifa con destino a la reposición y repotenciación de equipos según
lo proyectado de acuerdo al ciclo de vida y al valor de los mismos.
b. Los rendimientos financieros generados, los cuales deberán ser capitalizados
en el mismo Fondo.
c. Los valores de salvamento de los equipos cuyo ciclo de vida haya finalizado y
que se puedan vender en el mercado.
d. Los recursos adicionales a los anteriores provenientes de otras fuentes y que
sean requeridos en su momento para atender la repotenciación y reposición de
los equipos y demás bienes que estén contemplados en el Plan Rector de
Tecnología Operativa (PRTO) y que cuando por alguna razón la tarifa al usuario
no sea igual a la tarifa técnica o el flujo de caja de la empresa no alcance a
cubrir dicho desembolso.
ARTICULO 8°. EGRESOS DEL FONDO DE REPOTENCIACIÓN Y
REPOSICIÓN: Los recursos que conforman el Fondo se destinarán al pago de las
siguientes obligaciones:
a. Pago de obligaciones derivadas de la repotenciación: Recursos necesarios
para cumplir oportunamente con el pago del valor total de las obligaciones
adquiridas con los proveedores por la repotenciación de los equipos.
b. Pago de obligaciones derivadas de la reposición: Recursos necesarios para
cumplir oportunamente con el pago del valor total de las obligaciones adquiridas
con los proveedores por la reposición de los equipos.
c. Pago de obligaciones derivadas del Plan Rector de Tecnología Operativa
(PRTO): Recursos necesarios para cumplir oportunamente con el pago del valor
total de las obligaciones adquiridas con los proveedores por el Plan Rector de
Tecnología Operativa (PRTO).
d. Pago de obligaciones fiscales: Con recursos del Fondo, se cumplirá con las
obligaciones fiscales a que haya lugar en relación con las operaciones, activos,
pasivos, pagos y comisiones que se realicen por causa de la ejecución de este
programa, de acuerdo con las normas tributarias vigentes, o los que hayan sido
previstos como costos a cargo del Fondo, conforme al manejo del Portafolio y
al presente Reglamento.
e. Otros egresos: Igualmente con los recursos del fondo se podrán atender los
pagos y obligaciones que se generen por la consecución de recursos o
financiamientos adicionales para cubrir las necesidades del Plan Rector de
Tecnología Operativa (PRTO).
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ARTICULO 9°. RENDIMIENTOS FINANCIEROS: La rentabilidad de los recursos
que integran el Fondo estará sujeta al régimen de inversiones estipulado con las
entidades correspondientes y deberán ser capitalizados en el mismo.
ARTICULO 10°. CONDICIONES PARA LA REPOTENCIACIÓN Y REPOSICIÓN
DE EQUIPOS: Los equipos a repotenciar y reponer son los definidos por la
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada en el Pian Rector de
Tecnología Operativa (PRTO). Su ciclo de vida estará definido por los manuales
de los proveedores o en su defecto por las revisiones periódicas de los equipos y
el valor de los mismos estará definido por las cotizaciones presentadas por los
proveedores.
ARTÍCULO 11°. PRELACIÓN DE PAGOS: Los pagos que debe realizar la
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá con los recursos del Fondo
tendrán el siguiente orden de prioridad:
a. Pago de obligaciones fiscales.
b. Pago a los diferentes proveedores por la repotenciación y reposición de equipos
establecidos en el Plan Rector de Tecnología Operativa (PRTO).
c. Pagos de las obligaciones que se generen por la consecución de fondos o
financiamientos adicionales, en caso de requerirse para el cubrimiento de lo
establecido en el Plan Rector de Tecnología Operativa PRTO.
ARTICULO 12°. CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLE DEL FONDO: Los
recursos que hacen parte del Fondo deberán reflejarse en la liquidación definitiva
del presupuesto, en los estados financieros y en la ejecución presupuestal a nivel
de proyectos por fuente de financiamiento; en la contabilidad por centro de costos
y en las cuentas de provisión establecidas en el Plan General de Contabilidad
Pública a fin de que se proporcione la identificación plena y los controles
respectivos por la administración de la Empresa, la Autoridad de Transporte y los
Entes de Control. Dichos controles permitirán:
ARTICULO 13°. DUPLICIDAD DE PROVISIONES: No podrá realizarse duplicidad
de provisiones para la reposición de los activos definidos en el Plan Rector de
Tecnología Operativa (PRTO).
ARTÍCULO 14°. AUDITORÍA: El Fondo de Repotenciación y Reposición de
equipos deberá contar con una auditoría, la cual será ejercida por la revisoría fiscal
de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada o la firma
auditora que contraten para el efecto.
La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada deberá remitir
anualmente al Área Metropolitana del Valle de Aburrá el informe Anual de la
Auditoria realizada.
ARTÍCULO 15°. FACULTADES DEL ÁREA: El Área Metropolitana del Valle de
Aburrá, en su calidad de autoridad de transporte masivo, podrá adoptar mediante
Resolución Metropolitana, las modificaciones que se requieran al Reglamento del
Fondo de Repotenciación y Reposición de equipos del transporte masivo en las
modalidades Metro, Cable y Tranvía y adicionalmente podrá solicitar los informes
a que haya lugar para que, en ejercicio de sus funciones, pueda realizar el debido
seguimiento al Fondo.
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ARTÍCULO 16. PLAZO: Por la continua prestación del servicio de transporte
masivo que se desprende de los modos metro, cables y tranvías, la vigencia del
Fondo de Repotenciación y Reposición se torna permanente e indefinida.
ARTÍCULO 17°. VIGENCIA DEL REGLAMENTO: La presente Resolución
Metropolitana rige a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Municipio de
Medellín y deroga el articulado contenido en la Resolución Metropolitana No. MO
• 0001662 de 2013. En todo caso, el artículo 12 de la presente Resolución entrará
en vigor el primero de octubre del 2014.”.
1.3. Normas violadas y concepto de violación
La parte actora invocó las Leyes 105 de 1993, 336 de 1996 y 1625 de 2013, el Decreto
Nacional 3109 de 1997 y los Acuerdos Metropolitanos 19 de 2002 y 10 de 2013.
La parte actora argumenta que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá carecía de
competencia para expedir la Resolución núm. MO – 000706 del 16 de junio de 2014,
debido a que las normas invocadas como sustento, a saber, las Leyes 105 de 1993,
336 de 1996, 1625 de 2013, el Decreto 3109 de 1997 y los Acuerdos Metropolitanos
019 de 2002 y 10 de 2013, no conferían la facultad necesaria para emitir el acto
administrativo cuestionado.
En particular, señaló que el artículo 6º de la Ley 1625 de 2013 establece las
competencias de las Áreas Metropolitanas y el artículo 7º detalla sus funciones. Sin
embargo, estas disposiciones no otorgaban al Área Metropolitana del Valle de Aburrá
la competencia para reglamentar o modificar el fondo de repotenciación y reposición,
ya que dichos fondos fueron creados por el legislador, sin contemplar su aplicación a
medios de transporte como metros, cables o tranvías.
Adicionalmente, citó el Decreto 170 de 2001, “Por el cual se reglamenta el servicio de
transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital y municipal de
pasajeros”, el cual otorga al Gobierno Nacional la competencia para regular los fondos
de reposición, sin prever la posibilidad de delegar dicha competencia.
También arguyó que, además de la falta de competencia, la parte demandada
pretendía coadministrar el metro, ya que, mediante el acto administrativo objeto de
reproche, se estaba interviniendo en la gestión de una Empresa Industrial y Comercial
del Estado, vulnerando así su autonomía.
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Demandante: Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada
Asimismo, destacó que los recursos del Fondo de Reposición y Repotenciación
pertenecen al metro, ya que estos se generan por la prestación del servicio de
transporte, y la administración conjunta de dichos recursos está prohibida por la Ley
489 de 1998.
Subrayó que el Fondo Nacional para la Reposición del Parque Automotor del Servicio
Público de Transporte Terrestre nació con la Ley 688 de 2001.
En consecuencia, concluyó que con la expedición de la Resolución núm. MO – 000706
de 2014 la entidad demandada incurrió en violación directa de la autonomía de las
Empresas Industriales y Comerciales del Estado, falsa motivación, dado que el
Decreto 3109 de 1997 únicamente facultaba a las Áreas Metropolitanas y demás
autoridades de transporte a verificar las condiciones de operación conforme a la
habilitación conferida, y en desviación de poder, al no corresponder las normas
invocadas con el contenido del acto impugnado.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá sostuvo que actúa como autoridad en
materia de transporte masivo y, por ende, le compete ejercer las facultades de
planificación, organización, inspección, control y vigilancia, tal como lo establecen la
Ley 1625 de 2013, el Decreto 3109 de 1997 (hoy Decreto 1079 de 2015), la Resolución
1371 de 2008 del Ministerio de Transporte, así como los Acuerdos Metropolitanos 019
de 2002 y 10 de 2013.
Aclaró que su actuación se ajusta estrictamente a lo dispuesto en el artículo 12 de la
Ley 336 de 1996, por lo que el contenido y alcance de las disposiciones que regulan
el Fondo de Repotenciación y Reposición son un desarrollo normativo derivado de las
competencias que le asisten como autoridad de transporte. Esto le permite adoptar
políticas y establecer parámetros necesarios para asegurar la prestación del servicio
de transporte en las condiciones previstas en el artículo 3 de la Ley 105 de 1993.
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Reafirmó que tiene competencia para la expedición del acto administrativo
demandado, ya que tiene el deber legal y reglamentario de ejercer las funciones de
autoridad de transporte masivo y metropolitano. Esto implica planificar, controlar,
vigilar y sancionar todo lo relacionado con esta actividad y sus diversas modalidades
dentro de su jurisdicción.
En cuanto a las excepciones propuestas, señaló las siguientes: i) actuación bajo el
principio de legalidad; ii) las pretensiones desconocen la realidad jurídica y material
del fondo de reposición y repotenciación; iii) falta de elementos probatorios; y iv)
aplicación incorrecta de la hermenéutica jurídica.
Sobre la primera excepción, manifestó que las actuaciones del Área Metropolitana del
Valle de Aburrá se enmarcan en sus funciones y competencias legales y
constitucionales, por lo que ha obrado en todo momento bajo el principio de legalidad.
Respecto a la segunda excepción, sostuvo que la parte demandante carece de
fundamento en sus alegaciones, ya que desconoce los fines y la transparencia en la
expedición de la resolución.
En relación con la tercera excepción, señaló que la parte demandante no aportó
ningún elemento que justifique la alegada desviación de poder.
Finalmente, en cuanto a la cuarta excepción, argumentó que la parte demandante no
distingue adecuadamente entre las diferentes modalidades de transporte y realizó una
interpretación subjetiva del artículo 12 de la Ley 336 de 1996, que establece la
obligatoriedad de contar con fondos de reposición de equipos. Asimismo, ignoró que,
ante la ausencia de lineamientos específicos, las autoridades competentes pueden
diseñar y reglamentar los asuntos bajo su responsabilidad.
III. LA SENTENCIA APELADA
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Mediante sentencia del 9 de marzo de 20173, el Tribunal Administrativo de
Antioquia declaró la nulidad de la Resolución Metropolitana No. MO – 000706 del 16
de junio de 2014, con base en los siguientes argumentos:
Al delimitar la controversia observó que, si bien la parte actora hacía referencia a la
violación de normas superiores, falsa motivación y desviación de poder, los reparos
se concentraban principalmente en el cargo por falta de competencia.
En consecuencia, procedió a analizar las normas que, según el acto impugnado,
otorgaban a la entidad demandada la facultad para regular el Fondo de
Repotenciación y Reposición de equipos en las modalidades de Metro, Cable y
Tranvía.
En ese marco, advirtió que el artículo 12 de la Ley 336 de 1996, la Ley 1625 de 2013,
el artículo 18 del Decreto Nacional 3109 de 1997, la Resolución núm. 1371 de 2008
del Ministerio de Transporte y los Acuerdos Metropolitanos 019 de 2002 y 10 de 2013,
no conferían al Área Metropolitana la facultad para expedir la resolución cuestionada.
Tras dicho análisis, concluyó que la entidad demandada carecía de competencia para
emitir el acto objeto del debate, comoquiera que no existía en el marco constitucional
ni legal disposición alguna que la habilitara para realizar modificaciones
reglamentarias sobre ese particular.
Con base en la legislación mencionada, precisó que, aunque el Área Metropolitana
del Valle de Aburrá ejercía funciones como autoridad de transporte en su jurisdicción,
encargada de la vigilancia y control del Sistema Integrado de Transporte Masivo del
Valle de Aburrá, esto no implicaba la atribución para coadministrar los recursos de la
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá. De hecho, entendió que la
modificación de la reglamentación del Fondo de Repotenciación y Reposición de
equipos de transporte masivo resultaba en una coadministración de estos recursos.
Añadió que, en caso de que la Empresa del Metro de Medellín no realizara una
adecuada inversión de los recursos del fondo mencionado, la autoridad demandada
3
Visible en el índice núm. 23 de Samai.
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podía llevar a cabo los procedimientos ajustados al ordenamiento jurídico. Sin
embargo, esto no le confería la facultad para tomar decisiones de carácter económico
o disponer de los recursos obtenidos por la demandante a través de la prestación del
servicio.
Expuso los argumentos contenidos en el auto del 4 de agosto de 2016, proferido en
el presente trámite, mediante el cual esta Sección confirmó la suspensión provisional
de los efectos del acto demandado.
Y, finalmente, enfatizó en la "respuesta-concepto", aportada con la demanda como
prueba documental, emitida por la Superintendencia de Puertos y Transporte el 17 de
diciembre de 2014 al Gerente General de Metroplús, en la cual se interpretó que el
Área Metropolitana no tenía facultades ni competencia para modificar la
reglamentación que rige el Fondo de Repotenciación y Reposición de equipos de
transporte masivo en las modalidades de Metro, Cable y Tranvía. Dicho criterio fue
ratificado por la Superintendencia con oficio del 29 de julio de 2015, allegado al
proceso por el apoderado de la parte actora y referido en el fallo de primera instancia.
IV. El RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada4, por intermedio de apoderado judicial, interpuso
oportunamente recurso de apelación en el que expuso lo siguiente:
Indicó que la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada es una
empresa industrial y comercial del Estado y que su naturaleza jurídica la define como
prestadora del servicio público de transporte masivo. Para ello, cuenta con la
habilitación y el permiso de operación del Sistema Integrado de Transporte del Valle
de Aburrá.
De esa forma, señaló que la parte actora era responsable de la prestación de un
servicio público esencial, por lo cual al Estado le correspondía garantizar la prestación
eficiente, conforme a lo establecido en el artículo 365 de la Constitución Política.
Además, ese mandato implicaba asegurar la continuidad y regularidad del servicio,
4
Ibidem.
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motivo por el cual las autoridades debían intervenir en la planeación, regulación,
control y vigilancia del transporte y sus actividades relacionadas.
En este contexto, afirmó que las autoridades competentes estaban encargadas de fijar
las tarifas de transporte, considerando en su estructura los costos asociados a la
repotenciación y reposición de los equipos de transporte, cuyos recursos provenían
de los usuarios y eran gestionados por la empresa prestadora para dichos fines.
En consecuencia, calificó como incorrecta la consideración del Tribunal relacionada
con que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, por medio del acto demandado,
pretendía administrar los recursos de la mencionada empresa.
Así, manifestó que el a quo se equivocó al sostener que, como autoridad de transporte,
al ejercer sus funciones legales de control, regulación y supervisión, estaba
administrando los recursos de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá
Limitada.
Precisó que no se trataba de una coadministración entre la autoridad y una empresa
industrial y comercial del Estado, sino de la intervención reguladora en la prestación
de servicios públicos esenciales, evento en el cual era imperioso dar prevalencia al
interés general sobre el particular o empresarial.
Por último, reprochó que el Tribunal hubiese acudido al concepto de la
Superintendencia de Puertos y Transporte para dirimir “un conflicto de competencias”,
pues ello desconocía el principio básico del derecho procesal según el cual las
controversias deben ser resueltas por un superior jerárquico y no por una de las
autoridades en conflicto. En este punto agregó que “se apoya el mismo Tribunal en un
concepto de la Superintendencia de Puertos y Transporte para decir que es ella la
competente, porque ella misma así lo considera”.
Y en todo caso, discutió la ausencia de análisis del concepto de la Superintendencia
que “trae a colación una decisión del Consejo de Estado que resolvió un conflicto de
competencias entre la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de
Transporte, pero este no puede aplicarse analógicamente porque los supuestos y
partes no son equiparables.”.
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V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
5.1. Mediante auto del 15 de mayo de 20185, el Despacho Sustanciador admitió el
recurso de apelación interpuesto y sustentado oportunamente por la entidad
demandada en contra de la sentencia del 09 de marzo de 2017.
5.3. Con auto del 14 de febrero de 20196, se corrió el traslado para alegar de
conclusión y se otorgó el término correspondiente al Ministerio Público para que, de
considerarlo pertinente, presentara su intervención.
5.4. La parte actora, el 27 de febrero de 2019, por intermedio de apoderada judicial,
envió escrito en el cual reiteró los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos a lo largo
del proceso, por lo que solicitó confirmar el fallo proferido en primera instancia.
5.5. La entidad demandada guardó silencio.
VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Agente del Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto.
VII. DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
el asunto sub lite, previas las siguientes
VIII. CONSIDERACIONES
8.1. Competencia
5
Ibidem.
6
Ibidem.
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De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de lo
previsto en los artículos 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia,
así como de lo expuesto en el artículo 150 del CPACA y del artículo 13 del Acuerdo
080 de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado
es competente para conocer del asunto de la referencia.
8.2. Planteamiento
Para resolver el recurso de apelación, la Sala advierte que el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá discute dos (2) aspectos. El primero, relativo a la competencia para
expedir la regulación que rige el Fondo de Repotenciación y Reposición de equipos
del transporte masivo en las modalidades metro, cable y tranvía. Y el segundo,
concerniente al uso por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, en el fallo de
primera instancia, de la respuesta dada el 29 de julio de 2015 por la Superintendencia
de Puertos y Transporte al Gerente General de la Empresa de Transporte Masivo del
Valle de Aburrá.
Con respecto al primer punto, la recurrente es del criterio que, por la naturaleza de
empresa industrial y comercial del Estado que ostenta la parte actora y como autoridad
del sector, se encuentra facultada para expedir la Resolución núm. MO – 000706 del
16 de junio de 2014, comoquiera que le corresponde reglamentar, controlar y vigilar
los recursos recaudados para garantizar la prestación del servicio público. Mientras
que el Tribunal considera que las atribuciones de vigilancia y control del Sistema
Integrado de Transporte Masivo del Valle de Aburrá no conllevan la posibilidad para
el Área Metropolitana de coadministrar los dineros que la Empresa de Transporte
Masivo del Valle de Aburrá gestiona en el Fondo de Repotenciación y Reposición de
equipos de transporte.
En cuanto a lo segundo, la apelante refiere, por un lado, que el juez de primera
instancia acudió a un concepto de la Superintendencia de Puertos y Transporte para
dirimir un conflicto de competencias. Y, por el otro, argumenta que, con apoyo en la
respuesta dada el 29 de julio de 2015, inaplicable al caso, se determinó
equivocadamente que la Superintendencia era competente. Entre tanto, para el a quo,
del documento precitado era dable concluir que la autoridad demandada carecía de
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competencia para expedir la resolución controvertida en razón a que sus facultades
no le permitían modificar la reglamentación del fondo antes señalado.
Los cargos se pasarán a resolver en el orden propuesto.
8.3. De la falta de competencia
La Sala deberá definir si es nulo, por falta de competencia, el acto administrativo por
medio del cual el Área Metropolitana del Valle de Aburrá modificó la reglamentación
que rige el Fondo de Repotenciación y Reposición de equipos del transporte masivo
en las modalidades metro, cable y tranvía, si, en criterio de la entidad demandada,
como autoridad del sector y ante la naturaleza de la Empresa de Transporte Masivo
del Valle de Aburrá, se encuentra facultada para regular, controlar y vigilar los recursos
recaudados como consecuencia de la prestación del servicio público.
8.3.1. En dirección a resolver la pregunta formulada, en primer lugar, es menester
referirse a la Ley 1625 de 2013, “Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994
y se expide el Régimen para las Áreas Metropolitanas”. Los literales n), o) y p) del
artículo 7º ibidem, disponen:
“Artículo 7°. Funciones de las Áreas Metropolitanas. De conformidad con lo
establecido en el artículo 319 de la Constitución Política, son funciones de las
Áreas Metropolitanas, además de las conferidas por otras disposiciones legales,
las siguientes:
(…)
n) Ejercer la función de autoridad de transporte público en el área de su jurisdicción
de acuerdo con la ley, las autorizaciones y aprobaciones otorgadas conforme a
ella;
o) Formular y adoptar instrumentos para la planificación y desarrollo del transporte
metropolitano, en el marco del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento
Territorial;
p) Planificar la prestación del servicio de transporte público urbano de pasajeros
en lo que sea de su competencia, para la integración física, operacional y tarifaria
de los distintos modos de transporte, en coordinación con los diferentes Sistemas
de Transporte Masivo, los SIT y los Sistemas Estratégicos de Transporte, donde
existan”.
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Igualmente, es indispensable traer a colación el Decreto 3109 de 1997, “Por el cual se
reglamenta la habilitación, la prestación del servicio público de transporte masivo de
pasajeros y la utilización de los recursos de la Nación”, expedido por el Ministerio de
Transporte, que en sus artículos 5º, 6º, 11 y 18, establece:
“Artículo 5º.- Autoridad competente. La habilitación para prestar el servicio
público de transporte masivo se expedirá por parte de la autoridad única de
transporte constituida para el efecto por el ente territorial o administrativo
correspondiente, la cual ejercerá funciones de planificación, organización, control
y vigilancia, bajo la coordinación institucional del Ministerio de Transporte. En
ningún caso podrá ser un operador o empresa habilitada.
Artículo 6º.- La ejecución de las funciones de la autoridad única de transporte
deberá obedecer a criterios unificados de planificación urbana, obras públicas y
tránsito y transporte.
(…)
Artículo 11º.- La autoridad única de transporte determinará las necesidades del
servicio. Para este efecto se elaborarán estudios para establecer la demanda
existente y potencial en áreas, zonas de operación y corredores, como también la
asignación de rutas y equipos.
(…)
Artículo 18º.- La autoridad única de transporte ejercerá las funciones de vigilancia
y control del cumplimiento de las condiciones de habilitación y operación
establecidas en el presente Decreto.”.
También es importante mencionar el artículo 2º de la Resolución 1371 de 2008, “Por
la cual se define el Área de Influencia del Sistema Integrado de Transporte Masivo del
Valle de Aburrá y se aprueba la autoridad de transporte en relación con el tren
suburbano, metro, cable (masivo de alta capacidad), bus rápido (masivo de mediana
capacidad) y buses alimentadores presentes y futuros”, expedida por el Ministerio de
Transporte, cuyo contenido es del siguiente tenor literal:
“Artículo segundo. Aprobar como autoridad de transporte para la administración
del Sistema Integrado de Transporte Masivo del Valle de Aburra al Área
Metropolitana del Valle de Aburrá en relación con todos sus componentes Tren
Suburbano Metro Cable. Bus Rápido (masivo de mediana capacidad) y Buses
Alimentadores presentes y futuros.
Parágrafo. La aprobación como autoridad de transporte de que trata el presente
artículo, tendrá vigencia mientras permanezcan los requisitos y condiciones que
le dieron origen.”.
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A partir de la lectura de las disposiciones mencionadas, se evidencia que las Áreas
Metropolitanas tienen la facultad de actuar como autoridades únicas de transporte
público dentro de su jurisdicción. Esta potestad les permite formular y adoptar planes
de transporte metropolitano en el marco del Plan Estratégico de Ordenamiento
Territorial; planificar la prestación del servicio de transporte público y expedir las
habilitaciones necesarias para la operación del transporte masivo. Asimismo, están
encargadas de planificar, organizar, controlar y vigilar dicho servicio, bajo la
coordinación del Ministerio de Transporte, así como de velar por el cumplimiento de
las condiciones de habilitación y operación. Adicionalmente, deben determinar las
necesidades del servicio mediante estudios que evalúen la demanda actual y potencial
y gestionar la asignación de rutas y equipos.
8.3.2. De este modo, contrario a lo sostenido por la recurrente, para la Sala es claro
que las Áreas Metropolitanas no tienen la atribución de regular, controlar ni vigilar los
recursos obtenidos en la prestación del servicio de transporte. Por lo tanto, se
concluye que carecen de la facultad para establecer parámetros sobre los fondos
destinados a la repotenciación y reposición de equipos.
Aunque el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ejerce la función de autoridad de
transporte público en su jurisdicción, el principio de legalidad impide asumir que, de
manera general y sin una norma que le otorgue dicha competencia, tenga la potestad
de tomar decisiones como la contenida en la resolución objeto de la demanda.
Siguiendo esta lógica, la Sala también rechaza el argumento expuesto en el recurso,
según el cual, debido a que la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá es
una empresa industrial y comercial del Estado, encargada de la prestación del servicio
público de transporte, la entidad demandada estaría obligada, en virtud del artículo
365 de la Constitución Política, a garantizar la continuidad y regularidad del servicio,
pues no puede asumir, al amparo de tal disposición, las funciones de regulación,
control y vigilancia sobre todas las actividades relacionadas con el mencionado
servicio, ya que la norma constitucional no le otorga tal competencia.
En dirección a confirmar lo expuesto, la Sala observa que el artículo 10 del Decreto
2741 de 2001, expedido por el Ministerio de Transporte, dispone que corresponde a
la Superintendencia Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor la
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inspección, vigilancia y control de los fondos creados para la reposición del parque
automotor:
“Artículo 10. Modifica el artículo 14 del Decreto 1016 de 2000. Derogado por el art.
28 del Decreto Nacional 2409 de 2018. Modificar el artículo 14 del Decreto 1016
de 2000, el cual quedará así:
"Artículo 14. Superintendencia Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre
Automotor. Son funciones de la Superintendencia Delegada de Tránsito y
Transporte Terrestre Automotor, sin perjuicio de las que corresponden a las
entidades territoriales y demás autoridades, las siguientes:
(…)
10. Coordinar y ejecutar la inspección, vigilancia y control en el cumplimiento de
las normas sobre reposición del parque automotor y de los fondos creados para
el efecto y aplicar las sanciones de conformidad con la ley.”
En ese orden, queda absolutamente despejado el interrogante inicialmente planteado
y se debe concluir que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá no tenía competencia
para expedir la Resolución núm. MO – 000706 del 16 de junio de 2014.
Por las razones esgrimidas el cargo no prospera.
8.4. Del concepto de la Superintendencia de Puertos y Transporte
En relación con el segundo cargo de la alzada, la Sala deberá verificar si es cierto que
el juez de primera instancia: (i) empleó un concepto de la Superintendencia de Puertos
y Transporte para dirimir un conflicto de competencias; (ii) determinó que el ente de
inspección, vigilancia y control era competente, y (iii) aplicó una decisión con
supuestos de hecho y derecho que no resultaban equiparables con la controversia
definida en el caso concreto.
Para descartar los fundamentos que en este punto propone el recurso resulta
suficiente con reiterar que la tesis central del Tribunal Administrativo de Antioquia para
declarar la nulidad de la Resolución núm. MO – 000706 del 16 de junio de 2014, se
respalda en la falta de competencia de la entidad demandada.
Para demostrar tal conclusión el a quo dedicó en la parte inicial de la sentencia del 9
de marzo de 2017, un espacio de análisis detallado de las normas pertinentes sobre
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la materia, y, pese a que, de manera secundaria, expuso en extenso el contenido del
documento emanado de la Superintendencia de Puertos y Transporte que data del 29
de julio de 2015, en realidad dicha respuesta no constituyó la razón principal de la
decisión objeto de la apelación, pues con la cita sencillamente buscó revalidar la
inferencia a la cual había llegado previamente en la misma providencia.
De cualquier forma, la Sala debe precisar que no es cierto, como de forma literal lo
sostiene la entidad recurrente, que en el proceso de la referencia se hubiese dirimido
un conflicto de competencias, mucho menos que en el fallo de primera instancia se
hubiese afirmado que la competencia la ostentaba la Superintendencia de Puertos y
Transporte o que se aplicara la interpretación fijada en el precitado oficio, pasando por
alto las diferencias fácticas y jurídicas con el pronunciamiento del Consejo de Estado
que allí se mencionó.
En efecto, el Tribunal Administrativo de Antioquia aludió a la prueba aportada por la
parte actora de la siguiente forma:
“4. De la respuesta dada por la Superintendencia de Puertos y Transporte
Finalmente, considera el Tribunal relevante acudir a la respuesta- concepto dada
por la Superintendencia de Puertos y Transportes el 29 de julio de 2015, dirigida
a la Gerente General de Metroplús:
“De conformidad con el numeral 50 del artículo 2° de la Ley 310 de 1996,
por medio de la cual se modifica la Ley 86 de 1989, normatividad que
regula el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de
Pasajeros, para la existencia y cofinanciación de los sistemas masivos de
transporte, se requiere, entre otros requisitos: "Que esté formalmente
constituida una autoridad Única de Transporte para la administración del
Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros
propuesto".
Por su parte, el artículo 5° del Decreto 3109 de 1997, por medio del cual
se reglamenta la habilitación y la prestación del servicio público de
transporte masivo de pasajeros, otorga la facultad a la Autoridad Única
de Transporte masivo para ejercer "funciones de planificación,
organización, control y vigilancia, bajo la coordinación, institucional del
Ministerio de Transporte". (Negrillas fuera del texto).
Nótese entonces, que la existencia de las autoridades únicas de
transporte, es decir las Áreas Metropolitanas, como la del Valle de Aburrá,
está avalada por regulación legal. Sin embargo, para ejercer sus
facultades tanto de planificación, organización, control y vigilancia deben
estar coordinadas con la máxima autoridad de Transporte, es decir, con
el Ministerio de Transporte.
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Así las cosas, es indudable que el Área Metropolitana del Valle de Aburra
tiene competencia sobre las empresas que se dedican a la prestación del
servicio de transporte masivo, como para el caso en estudio la Empresa
de Transporte Masivo del Valle de Aburra Limitada, pero estas facultades
no son absolutas o exclusivas.
En efecto, podemos decir que la Autoridad Única de Transporte Masivo
es de aquellas entidades que conforman el Sistema Nacional de
Transporte de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del
artículo 1 de la Ley 105 de 19932 y, que ésta tiene jurisdicción en el
servicio público de transporte masivo, sin embargo, sus facultades deben
ser coordinadas con el Ministerio de Transporte, principio constitucional
dispuesto en el inciso segundo del artículo 288 de la Constitución Política
de Colombia, el cual establece: "Las competencias atribuidas a los
distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que
establezca la ley".
Al respecto, el artículo 4 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo
3 de la Ley 1551 de 2012, establece: (...)
Establecidos los límites de las competencias del Área Metropolitana,
procederemos a analizar tres disposiciones que concretan el alcance de
las funciones que corresponden a las Áreas Metropolitanas como,
Autoridades Únicas de Transporte Masivo frente a dichos sistemas
(Masivos):
1. El numeral 5° del artículo 2° de la Ley 310 de 1996, modificatoria de la
Ley 86 de 1989, por medio de la cual se regula el servicio público de
Transporte Masivo, dispone que para la cofinanciación de los sistemas
masivos por parte de la Nación se requiere:
"5. Que esté formalmente constituida una autoridad Única de Transporte
para la administración del Sistema de Servicio Público Urbano de
Transporte Masivo de Pasajeros propuesto".
La ley 336 de 1996 (Estatuto Nacional de Transporte), en su artículo 86,
inciso segundo establece:
"Así mismo el Ministerio citado constituirá la autoridad de transporte para
la administración de sistemas de transporte masivo de acuerdo con los
criterios de coordinación institucional y la articulación de los diferentes
modos de transporte".
El artículo 50 del Decreto 3109 de 1997 (por medio del cual se reglamenta
el servicio público de transporte masivo) señala:
"Autoridad competente. La habilitación para prestar el servicio público de
transporte masivo se expedirá por parte de la autoridad única de
transporte constituida para el efecto por el ente territorial o administrativo
correspondiente, la cual ejercerá funciones de planificación,
organización, control y vigilancia, bajo la coordinación institucional del
Ministerio de Transporte. En ningún caso podrá ser un operador o
empresa habilitada".
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Así, conforme hemos dicho, por disposición del legislador, la Autoridad
Única de Transporte se conforma para la administración del sistema y de
acuerdo con el reglamento, se le otorgan facultades de planificación,
organización, control y vigilancia, para ejercer bajo la coordinación
institucional del Ministerio de Transporte.
Es entonces, como no puede aquí invocarse las facultades en el contexto
general recogido en el artículo 8 de la Ley 336 de 1996, toda vez que
aquella trata de las competencias de las autoridades de transporte en su
jurisdicción, respondiendo a la autonomía propia de un modelo de Estado
Unitario Descentralizado, y el Sistema Integrado de Transporte Masivo
del Valle de Aburra se desarrolla más allá de la jurisdicción del Área
Metropolitana al involucrar Municipios que no la conforman,
constituyéndose en un servicio que se presta en el perímetro
departamental, en atención a lo establecido en el artículo 11 de la Ley
105 de 1993. Además de lo anterior, el transporte masivo, por las
inversiones que representa, los intereses que satisface y las
repercusiones de su colapso, son un asunto que forma parte del interés
Nacional.
Por otra parte, ser autoridad única de transporte masivo, no es una
facultad que por naturaleza corresponde a las Área Metropolitanas; y en
el caso que nos ocupa, aun cuando una misma entidad ejerce ambas
funciones, las competencias que le son propias como una, no resultan
fundamento para el ejercicio de las otras, por lo cual invocar
indistintamente las competencias que a una y otra corresponden, es una
confusión inaceptable.
De lo anterior y en una interpretación sistémica, podemos afirmar, que las
facultades de la Autoridad Única de Transporte se dirigen a la
administración del sistema, cuyo contenido se encuentra estructurado en
unos términos aprobados previamente con participación de diferentes
Entidades del Nivel Central, por lo que aquellas que corresponden para
la planeación y organización, no solo deben respetar las condiciones en
que ha sido estructurado el servicio, sino además, ejercerse bajo la
coordinación institucional del Ministerio de Transporte, el que resulta ser,
de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 336 de 1996,
en los términos de la lectura dada al precepto por la Corte Constitucional
en Sentencia C - 066 de 1999, la autoridad de transporte Masivo.
Por lo anterior, ratificamos nuestra posición, que en manera alguna
resulta vinculante, que la reglamentación de los fondos de reposición
desborde el marco de competencias que para la organización del
transporte masivo compete a la Autoridad Única de Transporte, en éste
caso ejercida por el Área Metropolitana del Valle de Aburra. Y es que aún
en el escenario más próximo a la posición conceptual sostenida al
respecto por dicha autoridad, tal competencia debió en todo caso
ejercerse bajo la coordinación institucional del Ministerio de Transporte y
no con la autonomía sostenida por esta entidad.
La Sala Plena del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2001,
Consejero Ponente Alberto Arango Mantilla, dentro de la acción de
definición de competencias administrativas radicación número C-746, a
partir de un recuento de los fundamentos constitucionales y
reglamentarios de las competencias de la Superintendencia de Puertos y
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Transporte, las de carácter reglamentario posteriores al Decreto 3109 de
1997 y de la misma jerarquía normativa, se afirmó:
“Si bien el legislador puede atribuir a una superintendencia
algunas funciones de inspección, vigilancia y control y otras, a
otra superintendencia, así como el Presidente de la República
delegarlas así; respecto de sociedades o personas que prestan
un mismo servicio público, es lo importante y lo que debe
examinarse al definir competencias administrativas que la
asignación expresa de funciones y la claridad de cualquier
delegación de las mismas, permita un preciso deslinde de las
labores que a los organismos de control y vigilancia
corresponden sobre los servicios públicos y las personas que los
prestan. Esto es lo que observa la Sala que se presenta, en el
caso del control integral que le ha sido atribuido a la
Superintendencia de Puertos y Transporte en relación con el
servicio público de transporte y con las personas que lo prestan,
en particular con la Sociedad Metro de Medellín Ltda.
En presencia de esta norma constitucional y dado el conjunto de
atribuciones o funciones delegadas a la Supertransporte en
relación con las personas que presten el servicio público de
transporte, así como las diferentes disposiciones legales que se
han examinado, puede concluirse que en relación con la
sociedad Metro de Medellín Ltda., la función de la
Supertransporte es integral y que cualquier irregularidad jurídica,
contable, económica o administrativa que se presente en el caso
del Metro de Medellín, entidad prestadora del servicio público de
transporte, ha de ser objeto de inspección, control y vigilancia
por parte de dicha Superintendencia con las atribuciones que
expresamente se le delegaron precisamente para asegurar la
prestación eficiente del servicio, que puede verse afectado no
solo en el plano eminentemente objetivo de la prestación misma
sino en el subjetivo, que tiene que ver con la persona que los
presta, su formación, su naturaleza y sus características, su
capacidad económica y financiera etc".
Como se manifiesta en el antecedente citado, dicho proceso define
"competencias administrativas sobre casos concretos y particulares o
individuales". En aquella oportunidad, se pronunció sobre la competencia
de la Superintendencia de Puertos y Transporte para la Inspección,
Vigilancia y Control de la Sociedad Metro de Medellín Ltda., caso
concreto y particular en el cual concluyó que la misma corresponde
Integralmente a ésta Superintendencia, incluidos los aspectos contables,
económicos y administrativos.
Aunque ya ha sido mencionado, vale la pena enfatizar y tener en cuenta
a la hora de la lectura integral del pronunciamiento de la corporación, que
los fundamentos normativos del mismo y de los cuales se extraen las
competencias de esta Superintendencia, se configuran en normas de
carácter especial y de expedición posterior, dispuestas con total claridad
y precisión, sin requerir para la extracción de las competencias de la
entidad, de agotadores y subjetivos procesos de argumentación, como
los desarrollados por el Área Metropolitana en defensa de sus actos
administrativos.”
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Radicado: 05001 23 33 000 2015 00308 02
Demandante: Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada
Queda claro entonces que la interpretación de la Superintendencia de Puertos y
Transportes es considerar que el Área Metropolitana por sí misma no tiene
facultades o competencia para modificar la reglamentación que rige el Fondo de
Repotenciación y Reposición de equipos del transporte masivo en las
modalidades Metro, Cable y Tranvía.
Por las anteriores consideraciones, se llega a la conclusión que el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá no tenía competencia para expedir la Resolución
Metropolitana N° MO -000706 del 16 de junio de 2014, pues no hay norma que se
la confiera. Por lo anterior, será decretada la nulidad de la Resolución
Metropolitana N° MO -000706 del 15 de junio de 2014.”
En ese orden, la Sala advierte que, si bien el Tribunal trajo a colación la “respuesta –
concepto” emitida por la Superintendencia de Puertos y Transporte, lo cierto es que
no empleó su contenido para, en palabras del recurrente: “dirimir un conflicto de
competencias” y tampoco consideró que el ente de inspección, vigilancia y control era
competente, al tiempo que no aplicó una decisión del Consejo de Estado que
resolviera un conflicto de competencias entre “entre la Superintendencia de
Sociedades y la Superintendencia de Transporte”.
Corolario de lo dicho, el cargo no prospera.
Costas
Visto el artículo 188 del CPACA7, la Sala considera que no hay lugar a imponer
condena en costas teniendo en cuenta que el presente asunto fue promovido en
ejercicio del medio de control de nulidad, el cual tiene por objeto la protección del
ordenamiento jurídico en abstracto, donde el interés que mueve al actor es público y
no es otro distinto al de defender la prevalencia del principio de legalidad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
7
“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil.”
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Radicado: 05001 23 33 000 2015 00308 02
Demandante: Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de marzo de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró la nulidad del acto demandado, por
las razones señaladas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas, en atención a lo señalado en precedencia.
TERCERO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 26
de septiembre de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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