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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-00370-01

Fecha
3 de octubre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-00370-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero.- Confirmar la sentencia proferida el seis (6) de junio de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por la señora María Luisa Escolar Sundheim Campo contra el Municipio de Medellín, la Personería Municipal de Medellín y UNE EPM Telecomunicaciones S.A. Segundo.- Condenar en costas, de segunda instancia, a la parte demandante. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2015-00370-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

3 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2015-00370-01 (4172-2019)
Demandante: María Luisa Escolar Sundheim
Demandado: Municipio de Medellín y Personería Municipal de Medellín

Temas: Disciplinario

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el seis (6) de junio de dos mil diecinueve (2019), por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, por medio de la cual
se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora María Luisa Escolar Sundheim formuló
demanda, en orden a que se declare la nulidad de los siguientes actos
administrativos: i) decisión disciplinaria de 14 de febrero de 2014, emitida, en
primera instancia, por la Personería Delegada 17D de la Personería Municipal de

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2015-00370-01 (4172-2019)
Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

Medellín, por medio de la cual se declaró responsable disciplinariamente a la señora
María Luisa Escolar Sundheim y se le impuso la sanción de suspensión en el
ejercicio del cargo por el término de 12 meses; y ii) fallo de 11 de julio de 2014,
proferido por el personero Municipal de Medellín, que confirmó la decisión inicial.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
condenar a la entidad demandada a reconocer y pagar la suma de $233.054.701.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado judicial de la demandante señaló los
siguientes:

i) El 20 de septiembre de 2010, el gerente de Gestión Humana de UNE le envió un
correo electrónico a Claudia María Rúa, en el que le indica que envié los datos de
las personas que van a ocupar los cargos de directores, señalando que en el caso
de María Luisa Escolar, la ausencia del posgrado requerido se homologará con
experiencia.

ii) El 5 de octubre de 2010, Julia Restrepo le envió un correo electrónico a la señora
Escolar Sundheim, indicándole requisitos para el ingreso a la empresa, frente a lo
cual la antes mencionada dio respuesta ese mismo día.

iii) El 2 de noviembre del mismo año, la señora María Luisa Escolar Sundheim
suscribió un contrato de trabajo con UNE.

iv) El 12 de julio de 2012, la Personería Delegada 17D de la Personería Municipal
de Medellín, previo informe de la Contraloría Municipal, dio apertura de investigación
disciplinaria en contra de la antes mencionada, señalando que, dolosamente, indujo
a error a los empleados encargados del trámite de su ingreso, por cuanto no cumplía
con los requisitos específicos para ocupar el cargo.

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Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

v) El 6 de junio de 2013, dicha dependencia formuló pliego de cargos en contra de
la señora Escolar Sundheim y Claudia María Rúa Puerta.

vi) El 14 de febrero de 2014, la Personería Delegada 17D de la Personería Municipal
de Medellín, en primera instancia, declaró responsable disciplinariamente a la
señora María Luisa Escolar, en su condición de directora de ventas corporativas de
UNE EPM, por haber incurrido en la falta grave dispuesta en el artículo 35 numeral
12 de la Ley 734 de 2002, a título de dolo; sancionándola con suspensión en el
ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de 12 meses.

vii) Contra dicha decisión la disciplinada interpuso recurso de apelación, el cual fue
resuelto el 11 de julio de 2014, por el personero municipal de Medellín, confirmando
la decisión inicial.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron las Leyes 734 de 2002, 1341 de 2009 y 1437 de 2011.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
siguientes argumentos:

i) Los actos administrativos cuestionados vulneraron el derecho al debido proceso
por falta de competencia, en la medida en que como la señora Escolar Sundheim
se vinculó a través de contrato de trabajo a UNE EPM, sociedad de economía mixta
cuyos actos y contratos se rigen por el derecho privado, la Personería Municipal de
Medellín no era competente para investigarla disciplinariamente.

ii) Se configuró la atipicidad de la conducta, toda vez que la disciplinada no era
sujeto disciplinable, pues, la presunta conducta reprochable fue cometida en su
calidad de particular y no se servidora pública.

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Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

iii) Se realizó una indebida valoración del material probatorio, dado que no se
demostró que la demandante tenía conocimiento de los requisitos generales para
su ingreso, ya que, además, no le fueron comunicados en debida forma.

iv) La Universidad de los Andes allegó dos certificaciones, una en la que refirió que
la señora María Luisa cursó 8.8 semestres de economía y, otra, en la que señaló
que ésta cursó 10 semestres, razón por la cual era necesario que se solicitara
nuevamente una prueba para esclarecer los hechos.

v) Los operadores disciplinarios realizaron, erróneamente, la imputación de los
agravantes para considerar la comisión de una falta grave, en la medida en que no
se señaló en momento alguno cuál fue el grado de culpabilidad imputado, si culpa
leve, grave, gravísima o dolo y no se configuró la perturbación del servicio.

vi) En atención a lo anterior, se incurrió en la vulneración del principio de la
proporcionalidad de la sanción.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. De la Personería Municipal de Medellín

La Personería Municipal de Medellín, por intermedio de apoderado, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda, por las razones que se expresan a
continuación:1

i) La falta disciplinaria que le fue endilgada a la actora se hizo bajo el principio de
legalidad y proporcionalidad, por cuanto se ajustó a los supuestos fácticos, la
normativa y jurisprudencia aplicable. Al respecto, sostuvo que la falta fue adecuada
y se determinó con base en las pruebas allegadas y debidamente valoradas.

1 Folios 642 a 659.

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Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

ii) No se vulneró el derecho al debido proceso, en tanto que a la disciplinada se le
brindaron las garantías procesales pertinentes, permitiéndole ejercer su derecho a la
defensa, al presentar solicitud de nulidad, de recusación, descargos, alegatos de
conclusión y los recursos pertinentes.

iii) No se configuró una falta de competencia, en la medida en que UNE EPM
Telecomunicaciones S.A. no obstante haber sido creada como una sociedad
anónima, las personas que en ella laboran son, por regla general, trabajadores
oficiales, salvo quienes ocupan cargos de dirección y confianza y, por lo tanto, todos
sus empleados, de conformidad con lo establecido en el artículo 123 de la
Constitución Política, están catalogados como servidores públicos y como tales son
destinatarios del régimen disciplinario, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25
de la Ley 734 de 2002.

iv) No es cierto que se haya configurado una atipicidad de la conducta, en tanto que
estuvo demostrado que la señora María Luisa Escolar Sundheim tuvo conocimiento
de los requisitos para acceder al cargo, pues, le fueron remitidos por correo
electrónico y aun así los allegó, omitiendo el título profesional como economista,
que, finalmente, de acuerdo a las pruebas obrantes, la disciplinada no tenía.

v) Así las cosas, teniendo en cuenta que el título profesional era un requisito
obligatorio para el ingreso al cargo al que la señora María Luisa fue contratada y
que ésta en momento alguno hizo referencia a su ausencia, es dable concluir que
la investigada incurrió en la falta grave que le fue imputada.

vi) Contrario a lo sostenido en el escrito de la demanda, la Personería Municipal de
Medellín realizó adecuadamente la imputación de los agravantes para considerar la
falta como grave, ya que se demostró que con su conducta la actora causó una
perturbación del servicio, fue cometida a título de dolo, porque pese a tener el
conocimiento de los requisitos generales, voluntariamente, omitió señalar que no
contaba con el título universitario de pregrado.

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Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

1.2.2. De UNE EPM Telecomunicaciones S.A.2

UNE EPM Telecomunicaciones S.A., por intermedio de apoderado, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda, por las razones que se expresan a
continuación:3

i) La Personería Municipal de Medellín sí era competente para investigar
disciplinariamente a la señora Escolar Sundheim, dado que como trabajadora oficial
le es aplicable el régimen disciplinario contenido en la Ley 734 de 2002.

ii) Como la falta imputada a la actora, esto es, haber omitido información tuvo
incidencia en su vinculación, la convierte en sujeto disciplinable.

1.2.3. Del Municipio de Medellín

El Municipio de Medellín, por intermedio de apoderada, se opuso a la prosperidad
de las pretensiones de la demanda, argumentando que la Personería Municipal de
Medellín era competente para adelantar la investigación disciplinaria, teniendo en
cuenta la calidad de sujeto disciplinable de la señora Escolar Sundheim.4

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia proferida el 6 de junio
de 2019, negó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en
estos términos:5

i) Teniendo en cuenta que la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones
es un servicio público; que desde el contrato de vinculación de la entidad de la

2 Dicha entidad fue vinculada como Litisconsorte necesario por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, mediante Auto de 15 de julio de 2015. (folios 608 y 609 del
cuaderno principal).
3 Folios 96 a 704.
4 Folios 634 a 641.
5 Folios 776 a 800.

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Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

señora María Luisa Escolar Sundheim se dispuso que su vinculación estaba regida
por las normas de derecho público que son aplicables al servidor público; que era
trabajadora oficial y, como tal, servidora pública; y, que cumplía funciones públicas,
era destinataria de la Ley disciplinaria y, por lo tanto, la Personería Municipal de
Medellín era competente para investigarla y sancionarla disciplinariamente.

ii) Si bien es cierto la calidad de servidor público se adquiere desde el momento en
que se toma posesión del empleo, debe tenerse en cuenta que cuando se investiga
el incumplimiento del deber y la incursión en la prohibición aludida, esto es, omitir
aportar los certificados de los estudios de pregrado e indicar en el formato de hoja
de vida de la Función Pública que tenía estudios de economía en la Universidad de
los Andes, se adquiere la condición de sujeto disciplinable, incluso sin tener el status
de servidora pública, pues la conducta está destinada a ser desarrollada por quien
está en proceso de acceder a esa condición.

iii) Se encontró demostrado, con correos electrónicos, que a la señora María Luisa
Escolar Sundheim le remitieron los documentos denominados «Requisito ingreso
UNE EPM Telecomunicaciones» y que, por lo tanto, tenía conocimiento de que, por
lo menos, debía contar con pregrado, frente a lo cual ésta guardó silencio,
afirmando, contrario a la verdad, en su hoja de vida, que había cursado economía
en la Universidad de los Andes, sin informar que no había terminado el programa
curricular, ni mucho menos que no se había graduado como economista.

iv) La Sala comparte la valoración efectuada por la Personería Municipal de Medellín
en cuanto a que la falta se debe considerar como grave a título de dolo y a la
imputación de los agravantes, dado que se tuvo en cuenta la posición de mando, el
nivel de confianza depositado en la señora María Luisa, el grado de perturbación
del servicio y el elemento de la culpabilidad.

1.4. El recurso de apelación

La señora María Luisa Escolar Sundheim, por conducto de apoderado, interpuso

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Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

recurso de apelación6 y lo sustentó así:

i) La Personería Municipal de Medellín carecía de competencia para investigar a la
señora María Luisa por cuanto el régimen jurídico de los empleados de UNE EMP
Telecomunicaciones S.A. es el privado y, por lo tanto, no es pasible de aplicársele
las normas disciplinarias contenidas en la Ley 734 de 2002.

ii) Los elementos probatorios obrantes dentro del expediente no fueron suficientes
para acreditar que la disciplinada conocía los requisitos generales para ingresar al
cargo, pues, en momento alguno se le envió el manual de funciones o requisitos del
cargo.

iii) No es cierto que la investigada aportara documentos falsos o que indujeran a
error a la empresa, razón por la cual se observa que el tribunal de primera instancia
no realizó un análisis juicioso de las pruebas obrantes dentro del expediente.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. La demandante7

La parte interesada insistió en los argumentos expuestos en el escrito inicial y en el
recurso de apelación.

1.5.2. Las demandadas

1.5.2.1. UNE EPM Telecomunicaciones S.A.8

La entidad demanda reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda.

1.5.2.2. Personería Municipal de Medellín

6 Folios 805 a 815.
7 Índice 23 de Samai.
8 Índice 22 de Samai.

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Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

La entidad demandada guardó silencio.

1.5.2.3. Municipio de Medellín

El Municipio de Medellín se abstuvo de pronunciarse

1.6. Concepto del ministerio público.

Guardó silencio.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones
2.1. Cuestión previa

De conformidad con el certificado de existencia y representación legal, se encuentra
que para el momento de la ocurrencia de los hechos, UNE EPM
Telecomunicaciones S.A., era una sociedad anónima pública de carácter comercial,
descentralizada por servicios, del orden municipal, con capital 100% público, filial
de la Empresa Industrial y Comercial del Estado EICE Empresas Públicas de
Medellín E. S. P.9

A su vez, en el expediente está demostrado que la demandante, la señora María
Luisa Escolar Sundheim se vinculó laboralmente el 2 de noviembre de 2010 a UNE
EPM Telecomunicaciones S.A., mediante contrato individual de trabajo.10

En este orden de ideas, la señora Escolar Sundheim ingresó en condición de
trabajadora oficial a la empresa UNE EPM Telecomunicaciones S.A., en virtud de
un contrato de trabajo para desempeñarse como directora de ventas corporativas.

9 Folios 612 a 622 del cuaderno N.º 4 de antecedentes administrativos.
10 Folios 246 y 247 del cuaderno N.º 2 de antecedentes administrativos.

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Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

Para el efecto, si bien, el Despacho del Magistrado Ponente de esta decisión ha
manifestado en reiteradas oportunidades que cuando se trata de una sanción
disciplinaria contra un trabajador oficial, el asunto puesto a consideración de esta
Corporación es de carácter laboral originado en un contrato de trabajo y que
conforme a los artículos 104, 105 y 152 del CPACA y 2 de la Ley 712 de 2001, la
materia objeto de estudio escapa al ámbito de competencia de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, también lo es que atendiendo a la providencia emitida
el 12 de junio de 2019, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura, la competencia para conocer esta clase de actos, le corresponde
a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual el Despacho
conocerá de fondo este asunto. Al respecto, la sentencia emitida, manifestó11:

Evidentemente el presente litigio surge por unos actos administrativos proferidos por
una entidad pública donde se halló disciplinariamente responsable al señor Tangarife
Álzate por infringir los deberes contenidos en los numeral 1 y 2 del artículo 34 de la
Ley 734 de 2002, incurriendo así en las prohibiciones normadas en los numerales 1
y 7 del artículo 35 de la misma ley (…) por falta de naturaleza gravísima a título de
dolo relacionada con un abandono de cargo, sancionado en virtud de ello con la
terminación de 10 años para el desempeño de cargos públicos; por ende, el litigio de
marras no se originó en virtud de una relación laboral de las partes en pleito, sino más
bien del proceso disciplinario efectuado a este.
Siguiendo este derrotero, se observa por la Sala que en todo caso al demandar un
acto administrativo o pronunciamiento de la administración pública que impuso al
servidor público la terminación del contrato de trabajo e inhabilidad por el término de
10 años para ejercer cargos públicos, se debe acudir a la acción propia descrita en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (…).

2.2. El problema jurídico

Se circunscribe a determinar si con la expedición de los actos administrativos
acusados, la entidad demandada incurrió en vulneración del derecho al debido
proceso, por, primero, falta de competencia de la Personería Municipal de Medellín
para adelantar la investigación disciplinaria; segundo, el material probatorio obrante
dentro del expediente era insuficiente para demostrar la falta endilgada; y, tercero,
en momento alguno la disciplinada aportó documentos falsos, por lo que no podría

11 Sentencia emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, de

22 de junio de 2019, expediente No. 11001010200020180252500, magistrado ponente: Pedro
Alonso Sanabria Buitrago.

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Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

hablarse de una responsabilidad disciplinaria en tal sentido.

2.3. Marco normativo

De conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, son fines esenciales del
Estado, «servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares».

En su artículo 6 se establece que los servidores públicos son responsables ante las
autoridades por infringir la Constitución Política y las Leyes, y por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Ahora, dentro de las garantías del derecho al debido proceso consagrado en el
artículo 29 de la Carta Política se encuentran las relacionadas a que «Nadie podrá
ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de
cada juicio (…) Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de
un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento;
a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a
controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria,
y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho».

Finalmente, debe resaltarse que el artículo 209 ibidem dispone como principios de
la función administrativa, la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad.

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Radicado: 05001-23-33-000-2015-00370-01 (4172-2019)
Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

Por su parte, la Ley 734 de 2002 consagra en cuanto al principio de legalidad, que
«el servidor público y el particular en los casos previstos en este código solo serán
investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén
descritos como falta en la Ley vigente al momento de su realización».

A su vez, respecto a la presunción de inocencia, el artículo 9 ibidem, señala que «a
quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare
su responsabilidad en fallo ejecutoriado. Durante la actuación toda duda razonable
se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla».

A su turno, el artículo 13 de dicha normativa señala en relación con la culpabilidad,
que «en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad
objetiva. Las faltas solo son sancionables a título de dolo o culpa».

Ahora, en cuanto a las pruebas, el Código Disciplinario Único señaló en su artículo
128, que toda decisión proferida dentro de la actuación disciplinaria debe fundarse
en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por petición de cualquier
sujeto procesal o de manera oficiosa, correspondiéndole la carga de la prueba al
Estado.

Finalmente, los artículos 141 y 142 ibidem, consagran que los medios probatorios
deben apreciarse conjuntamente, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, razón
por la cual, en toda decisión motivada, el juzgador disciplinario tiene la obligación de
señalar las pruebas en que se fundamenta, sin que sea dable emitir un fallo
sancionatorio en el que no obre prueba en el proceso que conduzca a la certeza en
cuanto a la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

2.4.1. En relación con la actuación disciplinaria

12

Radicado: 05001-23-33-000-2015-00370-01 (4172-2019)
Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

El 23 de noviembre de 2011, el presidente de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
en respuesta a derecho de petición para el ejercicio del control político presentado
por el concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, sostuvo:12

(…) en relación con el proceso subjetivo de manera previa a la suscripción del
correspondiente contrato de trabajo, le informo que analizada la hoja de vida de la
funcionaria María Luisa escolar se constató que cumplió a cabalidad con la
experiencia requerida: cinco años en cargos de dirección en empresas de más de 500
empleados o ingresos anuales o superiores a los 50 millones de dólares. Con relación
a la formación académica, en la presentación de su currículo informó, que había
cursado la carrera de economía en la Universidad de los andes y en aplicación del
decreto de equivalencias 1142 de 16 de mayo de 2001, expedido por el gerente
general de empresas públicas de Medellín, se convalidó el título de posgrado
requerido, con la experiencia relacionada por la servidora.

En la etapa de entrevista, se encontró que la candidata cumplía con la experiencia y
competencias requeridas como lo era estar en ese momento del proceso vinculada
con uno de los principales competidores del mercado de las telecomunicaciones en
Colombia, especialmente en el mercado de Bogotá, como lo es Telmex.

Atendiendo estas consideraciones, el 2 de noviembre de 2010 se vinculó a la señora
María Luisa escolar en el cargo de director de ventas corporativas.

En el mes de marzo del año en curso se realizó el proceso de aseguramiento de la
validez de documentos. Como parte del proceso de aseguramiento de la información
y documentación aportada por la señora escolar, el 22 de marzo de 2011 la
subdirección de desarrollo humano solicitó a la Universidad de los andes la
verificación del título académico en economía quien en respuesta del 25 del mismo
mes y año indicó que la señora María Luisa escolar había estado matriculada en el
programa de economía desde el segundo semestre de 1992 hasta el primer semestre
de 1997, habiendo cursado 8.8 semestres según los créditos académicos del
programa.

Una vez detectada la situación en la semana del 11 de abril la gerencia de gestión
humana se desplazó a la ciudad de Bogotá para reunirse con la directora académica
de la facultad de economía de la Universidad de los andes, a fin de contar con un
mayor contexto de la certificación recibida a finales del mes de marzo. En esta reunión
se ratificó que efectivamente la señora Luisa escolar no tenía título de economista,
aunque si había cursado los 10 semestres académicos.

Considerando que la empresa había sido inducida en un error, y sin posibilidad de
tomar medidas inmediatas ya que la funcionaria se encontraba en periodo de
gestación, la gerencia de gestión humana presentó el 2 de mayo de 2011 denuncia
penal ante la Fiscalía General de la nación y queja disciplinaria ante la Procuraduría
General de la nación.

12 Folio 4 del cuaderno N.º 1 de antecedentes administrativos.

13

Radicado: 05001-23-33-000-2015-00370-01 (4172-2019)
Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

Con dicha respuesta, se allegaron, entro otros, los siguientes documentos:

• Requisitos para el cargo de director de ventas corporativos, Código 10721,
Grado 757, en el que se señaló lo siguiente:13

Educación: título profesional en administración, economía, ingenierías, mercadeo o
carreras administrativas, más título de posgrado en mercadeo, administración,
gerencia o negocios.
Conocimientos complementarios: conocimiento del idioma inglés, conocimiento en
telecomunicaciones, conocimiento en tácticas de ventas.

Experiencia: cinco años o más en cargos de dirección en empresas del grupo o
vinculadas, o cinco años o más en cargos de dirección en empresas de más de 500
empleados o de ingresos anuales superiores a los 50 millones de dólares o seis
años o más de ejercicio profesional en procesos afines al área.

Función básica: planear, coordinar, dirigir y controlar los planes de ventas,
asegurando el logro de los objetivos de ingresos de la organización y garantizar la
rentabilidad de la dirección.

• Manual de funciones de dicho cargo.14
• Informe de 4 de octubre de 2010, de Requisitos y Valoración de
Competencias de la Subdirección de Desarrollo Humano de UNE EPM
Telecomunicaciones, del cargo de director de ventas corporativas de la
señora María Luisa Escolar Sundheim, en el que se señaló:15

Perfil del cargo Estudios y experiencia del aspirante
Título profesional en administración, Economía
economía, ingeniería, mercadeo o Universidad de los Andes
carreras administrativas. 1997

Ocho años de experiencia en cargos de (…)
dirección en empresas del grupo o
vinculadas o en cargos de dirección en
empresas de más de 500 empleados o
ingresos anuales superiores a los 50
millones de dólares o nueve años en
desempeño profesional en procesos
afines al área.

13 Folio 9 del cuaderno N.º
14 Folios 10 a 18 del cuaderno N.º 1 de antecedentes administrativos.
15 Folios 7 8 del cuaderno N.º 1 de antecedentes administrativos.

14

Radicado: 05001-23-33-000-2015-00370-01 (4172-2019)
Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

El 26 de noviembre de 2011, el concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra
Hoyos, solicitó ante la Personería Municipal de Medellín se procediera a investigar
la situación de vinculación laboral de la señora María Luisa Escolar Sundheim como
directora de ventas corporativas en la empresa UNE EPM, porque al parecer no
cumplía con los requisitos para ser nombrada en ese cargo.16

El 2 de enero de 2012, la Personería Delegada 17D de la Personería Municipal de
Medellín decidió abrir indagación preliminar en contra de Horacio Vélez de Bedout,
David Escobar Arango, Alfonso León Ossa Gómez, Claudia María Rúa Puerta y
Juan Guillermo Vélez Ospina con fundamento en la posible omisión en el
cumplimiento de sus deberes al no haber efectuado adecuadamente y
detalladamente el proceso de selección de personal, dentro del cual tuvo como
resultado final la vinculación de la señora María Luisa Escobar Sundheim.17

El 18 de enero de 2012, la personera delegada 17D de la Personería Municipal de
Medellín suscribió acta de visita administrativa a la Gerencia de Gestión Humana
de la Sociedad UNE EPM Telecomunicaciones S.A., en la que indicó:18

Se facilitó copia de los documentos que a continuación se relacionan: copia íntegra y
completa de la hoja de vida de la servidora María Luisa escolar que consta en 39
folios, copia íntegra y completa de las políticas de une para la selección de personal,
entre ellas copia de la disposición 326 de 2010 de la presidencia de une, decreto de
equivalencias 1142 de EPM, manual de procedimiento en el que consta el proceso
para seleccionar talento humano; copia del requerimiento de personal efectuado a la
gerencia de gestión humana, hoja de vida de la señora María Luisa escolar,
verificación de requisitos y competencias previo al ingreso, evaluación de valoración
de competencias posterior a su ingreso, resultados de las pruebas psicotécnicas, acta
de reunión del equipo de selección del 18 de febrero de 2011, acta de reunión de la
subdirección de desarrollo humano del 28 de marzo de 2011, solicitud de verificación
de título académico a la directora de admisiones y registro de la Universidad de los
andes, respuesta de la Universidad de los andes. Cruce de correos en los que le
solicitan a la señora María Luisa escolar la presentación de documentos para la
verificación de requisitos al momento de la vinculación, copia de los documentos en
los cuales interponen las denuncias en la Fiscalía General de la Nación y la
Procuraduría General de la Nación (…).

16 Folio 2 del cuaderno N.º 1 de antecedentes administrativos.
17 Folio 1 del cuaderno N.º 1 de antecedentes administrativos.
18 Folio 49 del cuaderno N.º 1 de antecedentes administrativos.

15

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Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

Con dicha Acta, se anexaron los siguientes documentos:

• Disposición N.º 326 de 9 de agosto de 2010, emitida por el presidente
suplente segundo de UNE EMP Telecomunicaciones S.A., por la cual se
reglamenta la política adoptada por la junta directiva para la selección de
personal de quienes ingresan al servicio de UNE EPM telecomunicaciones,
la cual consagra:19

(…) Noveno. Cumplimiento de requisitos. Los aspirantes a ocupar un cargo
mediante un proceso de selección, deben cumplir las condiciones y requisitos
definidos en el requerimiento y especificados en la respectiva invitación. El
incumplimiento de uno de los requisitos da lugar a la nueva admisión en el proceso.
(…)
Décimo. Cumplimiento de requisitos de educación aún no certificados. Cuando una
persona ha terminado los estudios que le permiten cumplir con los requisitos de
educación exigidos para el cargo, pero aún no obtenido el título académico
requerido, debe presentar la certificación original de la institución educativa, en la
que se especifique la fecha de la ceremonia de grado y el cumplimiento de todos los
requisitos para optar al título de pregrado posgrado, además de la copia de la factura
de pago de los derechos de grado. Una vez obtenido el título, debe entregar al área
de selección, las copias del diploma y el acta de grado respectivos.
(…)

• Decreto 1142 de 16 de mayo de 2001, emitido por el gerente general de las
empresas públicas de Medellín, por medio del cual se actualizan las
funciones específicas de los empleados correspondientes a la estructura
administrativa, se fijan requisitos para su desempeño, se establece el sistema
de equivalencias general de requisitos para todos los empleados de la
organización y se adoptan las directrices del esquema organizacional
incluyendo los equipos de trabajo, dentro del cual se estableció:20

Artículo dos. Establecer el siguiente sistema de equivalencias de requisitos para el
desempeño de todos los empleos de las empresas públicas de Medellín:

19 Folios 51 a 55 del cuaderno N.º 1 de antecedentes administrativos.
20 Folios 103 y 104 del cuaderno N.º 1 de antecedentes administrativos.

16

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Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

1. Título de formación avanzada o de posgrado y su correspondiente formación
académica por:

3 años de experiencia profesional específica y viceversa, siempre que se acredite
el título universitario; o
Título universitario adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre
y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o
Terminación aprobación de estudios universitarios adicionar al título universitario
exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha información
adicional sea afín con las funciones del cargo y un año de experiencia profesional
específica o relacionada.

2. Un año de educación superior, por: dos años de experiencia específica o
relacionada y viceversa, o por un año de experiencia específica o relacionada y
curso específico de mínimo 60 horas de duración y viceversa.
3. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por: aprobación de cuatro años de
educación básica secundaria y un certificado de aptitud profesional en el oficio.

• Hoja de vida de la señora María Luisa Escolar Sundheim, allegada a UNE
EPM Telecomunicaciones, en la que se señaló:21

Profesional orientada a los resultados con y al trabajo en equipo con experiencia de
ocho años en áreas comerciales (…)
Educación

Diplomado en negociación, Cesa, Bogotá 2004.
Economía, Universidad de los Andes, Bogotá 1997.
Seminarios varios de ventas
Seminarios varios de telecomunicaciones
Certificado en modulo facturación
Seminarios varios de manejo de cartera

• Correo electrónico dirigido a la señora María Luisa Escolar Sundheim, el 5
de octubre de 2010, por Julia Restrepo Vélez, dentro del cual se indicó:22

Datos adjuntos: certificado de ingresos devengados último año; consignación por
nómina personal activo; declaraciones vienes; formato único hoja de vida personal
natural; requisitos de ingreso vinculados une; indicaciones afiliación a Seguridad
Social pensiones cesantías; nuevo formato solicitud de inscripción.
Buenos días María Luisa: le envío los requisitos para su vinculación a UNE EPM
telecomunicaciones. En el archivo requisitos de ingreso encontrará los pasos a
seguir. Por favor adelantarlo referente a la documentación necesaria, incluyendo la
solicitud de inscripción a procesos de selección, en la cual se consigna la
información requerida en la hoja de vida.

21 Folios 112 a 114 del cuaderno N.º 1 de antecedentes administrativos.
22 Folio 129 del cuaderno N.º 1 de antecedentes administrativos.

17

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Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

• Requisitos de ingreso para la vinculación:23

(…)
Fotocopia del diploma de bachillerato y de los títulos profesionales y/o actas de
grado, además de las fotocopias de los certificados de estudios o de cursos de
capacitación que no se anexaron durante el proceso.

• Formato único de hoja de vida suscrito por la señora María Luisa Escolar
Sundheim, dentro del cual ella señaló:24

Educación superior (pregrado y postgrado)
Diligencie este punto en estricto orden cronológico, en modalidad académica
escriba:
(…) UN (Universitaria)
Modalidad No. Graduado Nombre Terminación: No. De
Semestres de los mes y año tarjeta
aprobados estudios profesional
o título
obtenido
UN 1º Economía Mes: 6
Año: 1997

• Contrato de trabajo N.º 041-2010 de 2 de noviembre de 2010, suscrito entre
María Luisa Escolar Sundheim y UNE EPM Telecomunicaciones, para
desempeñar el cargo de directora de ventas corporativas.25

• Oficio de 25 de marzo de 2011, suscrito por la jefe de Oficina de Registro de
la Universidad de los Andes, dentro del cual se manifestó: «en respuesta a
su comunicación me permito informarles que nuestra base de datos figura
que la señora María Luisa Escolar Sundheim estuvo matriculada en jornada
diurna en el programa de economía de esta universidad desde el segundo
semestre de 1992 hasta el primer semestre de 1997 y cursó el 8.8 semestre
según créditos del mencionado programa».26

23 Folio 130 del cuaderno N.º 1 de antecedentes administrativos.
24 Folios 235 a 237 del cuaderno N.º 2 de antecedentes administrativos.
25 Folios 246 y 247 del cuaderno N.º 2 de antecedentes administrativos.
26 Folio 127 del cuaderno N.º 1 de antecedentes administrativos.

18

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El 18 de enero de 2012, el señor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos presentó
ampliación de denuncia bajo juramento, dentro de la cual afirmó:27

(…) a mi oficina en el Consejo de la ciudad de Medellín, llegó información en la que
se relata el nombramiento el 2 de noviembre de 2010 de la directora de ventas
corporativas María Luisa Escolar Sundheim la documentación daba cuenta del
incumplimiento de los requisitos de pregrado para poder acceder al cargo, como
economista de la Universidad de los andes, dicho cargo exige por su responsabilidad
dentro de la estructura de une telecomunicaciones, título profesional, experiencia en
el mismo y posgrado que podía ser homologado, se me informó igualmente que la
señora no poseía título profesional, que había sido nombrada sin el lleno de requisitos
y sin la documentación necesaria que debió haber evaluado antes de su
nombramiento el jefe de recursos humanos, que su sueldo ascendía a 18 millones de
pesos mensuales (…) que a la señora no se le había exigido documentación que
avalar a su recorrido académico y que sólo se le vino a solicitar cuatro meses después
de su vinculación, que luego de qué la empresa detectó que no era profesional se le
solicitó el retiro y ella no accedió y puso de presente su estado de embarazo (…).

El 15 de junio de 2012, la personera delegada 17D de la Personería Municipal de
Medellín incorporó las diligencias adelantadas por la Oficina de Control Interno
Disciplinario de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., bajo el radicado N.º 056-2011,
las cuales fueron las siguientes:28

• Oficio N. 01-70-24-01-2012-0002070700 de 24 de enero de 2012, suscrito
por el presidente de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., dirigido a la
Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal de Telecomunicaciones, con los
siguientes argumentos:29

Ahora bien, en tratándose de la señora Escolar Sundheim en su calidad de directora
de ventas corporativas, se le aplica el estatuto directivo, el cual es un compendio de
normas que regulan las prestaciones mínimas a las cuales tienen derecho los
directivos o ejecutivos que no se encuentran amparados por otro régimen extra
legal. En este orden de ideas la situación laboral actual de la servidora María Luisa
Escolar corresponde a la de Empleada activo de EPM telecomunicaciones desde el
2 de noviembre de 2010 en fecha desde la cual se le vienen pagando las
prestaciones y salarios causados por los servicios prestados.

Desde el mes de diciembre 2010 hasta el mes de septiembre 2011, estuvo en estado
de embarazo; posteriormente hizo uso de licencia de maternidad entre el 15 de

27 Folios 273 a 275 del cuaderno N.º 2 de antecedentes administrativos.
28 Folio 407 del cuaderno N.º 3 de antecedentes administrativos.
29 Folio 506 del cuaderno N.º 3 de antecedentes administrativos.

19

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Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

septiembre de 2011 y el 21 de diciembre de 2011 igualmente disfrutó de vacaciones
desde el 22 de diciembre de 2011 hasta el 29 de diciembre de la misma anualidad.
De otro lado, le informo que la subdirección oficina de control disciplinario adelanta
una averiguación preliminar para determinar eventuales faltas disciplinarias por
hechos relacionados con su vinculación a la empresa. Igualmente se realiza
investigación por parte de la Procuraduría General y la Fiscalía General de la Nación
frente a la actuación de María Luisa Escolar.

• Oficio N.º 01700 de 7 de febrero de 2012, suscrito por la Contraloría de
Medellín ante la Procuraduría General de la Nación, dentro del cual se
señaló:30

Para lo de su competencia, en ejercicio de la ley 734 de 2002, este ente de control
corre traslado a la Procuraduría General de la nación, para que con basamento en
los presupuestos mencionados atrás y los contenidos legales regulados en el
artículo 23 del código único disciplinario mencionado se evalúe y de ser conducente,
se tipifiquen conductas disciplina hables por la presunta violación en la aplicación
del proceso de selección del talento humano establecido por UNE EPM
telecomunicaciones; determinando si existe un eventual incumplimiento a sus
deberes como servidores públicos, alguna extralimitación de funciones en el
ejercicio de sus cargos, así como la posibilidad de haber omitido acciones oportunas
conducentes a subsanar las irregularidades del particular proceso de selección de
la señora María Luisa Escolar para el cargo de directora de ventas corporativas.

• Declaración de la señora Luz Stella Henao Calderón:31

Yo sólo había sido el puente en recibir los documentos y dar la orden de exámenes
médicos… Yo no sabía que ella no había entregado el diploma… Cuando la persona
ingresa se hace una verificación con la universidad que acredita el título que
presentaron. Esto lo hace el auxiliar de gestión humana y tampoco se quien haya
sido en ese momento. Dentro del proceso de vinculación si tenemos incidencia
porque nosotros apoyamos el proceso verificando el cumplimiento de los requisitos
de la persona a la cual nombré, y esto lo hace la auxiliar administrativa o la persona
a la que le haya sido asignada el proceso de vinculación independientemente que
sea un directivo, profesional, asistente o auxiliar. En lo que yo conozco por el
proceso de vinculación de directivos en Bogotá, pienso que en la mayoría se ha
hecho como debe ser, el único caso que yo veo que de pronto fue muy acelerado y
diferente fue el de María Luisa escolar, pienso que es diferente porque por lo general
a nosotros como equipo de selección nos informan las personas que van a ingresar
y para este caso no fue así, porque como lo dije yo sólo me enteré de ese ingreso
por un correo, otra situación que se presentó fueron los altibajos con la entrega de
papeles y que no podía hacerse los exámenes médicos, ese proceso con ella fue
muy accidentado y traumático por los problemas que se presentaron, pues incluso

30 Folios 501 a 505 del cuaderno N.º 3 de antecedentes administrativos.
31 Folios 71 y 72 de anexos.

20

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Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

no está bien visto que ella entregará documentos el día que entró a la compañía a
vincularse.

• Declaración del señor Juan Guillermo Vélez Ospina, vicepresidente de
Gestión Operativa de UNE:32

Preguntado. Indique a este despacho con base en su anterior respuesta, de dónde
se infiere el hecho de que la señora María Luisa escolar tenga título en economía
de la Universidad de los andes, desde el año 1997. Contestó. Esto se infiere de su
hoja de vida que decía que era economista. La hoja de vida que hago mención es
la que María Luisa me entregó a mí y esa misma fue la que le envía a Ana María
Calle.

• Declaración de Claudia María Rúa Puerta, subdirectora de Desarrollo
Humano de UNE:33

Preguntado. Dentro de los documentos que aportó la señora María Luisa escolar,
previa su vinculación aún, se encuentra el formato único de hoja de vida,
diligenciado por ella y obrante a folio 33 del expediente. Se le exhibe al declarante
a fin de que se sirva indicarle al despacho si considera usted que dicho documento
se encuentra debidamente diligenciado, esto es de manera completa y quien debe
asegurarse de qué el contenido que dice plasmo, estuviese completo. Contestó. No,
el documento no se encuentra diligenciado de manera completa, pues falta que la
señora María Luisa hubiese indicado si era graduada o no. No tengo claro quien
debió haber hecho la revisión de si estaba diligenciado de manera completa o no.

• Declaración de Ángela María Ramírez Pérez:34

El formato único de hoja de vida, se consigna información personal de experiencia
laboral y académica; recuerdo que en el aparte de lo académico ella coloca creo
que economista, en el espacio de número de semestres creo que pone 10 y
recuerdo que hay un espacio que dice si es graduado o no, ella en ese campo no
puso nada. Cuando detecté esto no hice nada, porque pensé que había sido un
olvido de María Luisa y no le contesta nadie. Luz Estela y no cuando me lo mandó
tampoco me advirtió de esa situación y Julia Restrepo tampoco me dijo nada de eso.

• Declaración de Julia Estela Restrepo Vélez:35

Sin haber terminado de entregar la documentación y por lo tanto sin firmar contrato
de trabajo se presentó a laborar el día 2 de noviembre de 2010, de esta situación
no se enteramos en Medellín por los Stella Henao, quien me llama y me dice que
ella ves que María Luisa estaba ahí en reunión y me pregunta que porque si ella no
había terminado de entregar documentos, ni había firmado contrato. Aló cual yo

32 Folio 88 de anexos.
33 Folio 239 de anexos.
34 Folio 385 de anexos.
35 Folio 183 de anexos.

21

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Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

puse en conocimiento a Adriana a Vergara quien estaba recién llegada como
subdirectora de relaciones laborales Y quien hace la advertencia que María Luisa
no debe estar trabajando sin hacer los trámites de Seguridad Social; ante lo cual
inmediatamente Luz Estela comunicación con Rene Meneses le solicita los datos a
María Luisa escolar para los trámites de Seguridad Social y se ve obligada a
acompañarla a realizar unas diligencias para asegurarse de qué este trámite se
hiciera. Tal vez por esa falta de comunicación entre todos los involucrados se pudo
haber presentado esta inconsistencia, porque al tener que acelerar los trámites,
porque de hecho María Luisa ya se había presentado a trabajar pudo haberse
olvidado los trámites que faltaban. (…) el check List debió haberlo hecho Luz Estela
y no, para la firma del contrato de trabajo entre un y María Luisa escolar debió haber
estado el diploma del título de pregrado de la servidora en mención, sin este no se
debió a hacer la firma del mismo, sin embargo ante la inminente situación de qué la
señora escolar se presentó a trabajar el día 2 de noviembre sin terminar de entregar
los documentos, ni firmar contrato de trabajo, lo cual hizo que se aceleraron los
trámites de vinculación, esto originó la inconsistencia de ese requisito.

El 12 de julio de 2012, la Procuraduría Delegada 17D de la Personería Municipal de
Medellín dio apertura de investigación disciplinaria en contra de la señora María
Luisa Escolar Sundheim, en su condición de directora de ventas corporativas de
UNE EPM Telecomunicaciones S.A., radicada bajo el N.º 06475 de 2012.36

El 15 de agosto de 2012, la Procuraduría Delegada 17D de la Personería Municipal
de Medellín decidió abrir investigación disciplinaria en contra de la señora Claudia
María Rúa Puerta, en su condición de subdirectora de desarrollo humano de UNE
EPM Telecomunicaciones S.A. y archivar la indagación preliminar en contra de los
demás, bajo el radicado N.º 13105-2011.37

El 26 de septiembre de 2012, el señor Alonso León Ossa Gómez rindió su
declaración, dentro de la cual adujo:38

… Yo entiendo que el caso de la doctora escolar y obrando de buena fe como se hace
en casi todas las empresas de este país se partió la información consignada en la
hoja de vida de la señora escolar que le hizo llegar al doctor Juan Guillermo Vélez,
vicepresidente de gestión operativa y quien era el encargado de buscar las posibles
o posible persona para el cargo, quiero puntualizar también al Despacho que la
primera palabra que aparece en la hoja de vida de la señora escolar es la palabra
profesional lo que sin lugar a dudas hizo incurrir en error a todas las personas que de
una u otra manera tuvieron la mencionada hoja de vida en sus manos, además el

36 Folios 490 a 495 del cuaderno N.º 3 de antecedentes administrativos.
37 Horacio Vélez De Bedout, David Escobar Arango, Alfonso León Rosa Gómez y Juan Guillermo

Vélez Ospina. Folios 433 a 442 del cuaderno N.º 3 de antecedentes administrativos.
38 Folios 590 a 592 del cuaderno N.º 3 de antecedentes administrativos.

22

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despacho puede corroborar en esa misma hoja de vida que al momento de colocar la
información sobre educación la señora escolar se limita a colocar economía
Universidad de los andes, Bogotá 1997, lo que sin lugar a dudas hace pensar que se
trataba de una persona debidamente graduada y en cuanto quién era la persona
responsable del proceso de selección o de los trámites tal y como lo anota la
disposición antes mencionada era la doctora Claudia María rúa puerta como
subdirectora de desarrollo humano, proceso que obviamente fue adelantado por su
equipo en particular por la doctora Julia Restrepo Coordinadora de selección y por
quienes hacen parte del mismo equipo… Preguntado. Teniendo en cuenta que hasta
el momento es claro que se omitió por parte de un servidor público el deber de verificar
el cumplimiento de requisitos para el desarrollo del cargo, en forma previa a la
vinculación por que al momento de formular la queja y aún hoy se insiste que la señora
María Luisa indujo a un error si nunca fue verificada la información y ese era el
momento en que UNE podía haber controlado la situación y no haber celebrado
contrato. Contestó. Se insiste en que indujo a un error porque aunque es claro que
alguien omitió verificar una información también es claro y más que evidente que
existió alguna intención de inducir en error al colocar en su hoja de vida que era
profesional, debo anotar de todos modos que la subdirección oficina de control
disciplinario de UNE adelanta investigación por la omisión y la verificación de
requisitos buscando encontrar al servidor público responsable de tal hecho.
Preguntado. Sírvase decirle al Despacho a usted la expresión profesional que alcance
tiene. Contestó. Para mí la de una persona debidamente graduada en una
Universidad de este país o en cualquier parte del mundo preguntado. Teniendo en
cuenta que en la hoja de vida suministrada por la señora María Luisa no expresa que
tiene título profesional alguno, porque se desprende de la misma que indujo a error
por el hecho de qué la hoja de vida presentada informalmente diga que es profesional
orientada a los resultados con y al trabajo en equipo… Contestó. Por lo mismo que
dice la pregunta, porque de haber colocado que era titulada no estaríamos hablando
de una simple inducción al error sino de una falsedad en documento privado que no
es el hecho acá. Preguntado. La hoja de vida suministrada por la señora María Luisa
de la que estamos hablando fue recibida antes o después de que la señora María
Luisa conocieran los requisitos necesarios para ingresar a UNE. Contestó. Eso es
cierto, pero también es cierto que conoció los requisitos con más de 20 días de
anticipación al momento de la vinculación Y según entiendo no manifestó ninguna
oportunidad al personal del área de selección sobre la carencia de acta o diploma
profesional. Preguntado. Tiene algo más que agregar, suprimir, corregir o enmendar
a la presente declaración. Contestó. Debo anotar que para el momento de
conocimiento de la no existencia del diploma de grado la empresa ya conocida del
estado de gravidez o embarazo de la señora escolar lo que nos impedía tomar
cualquier tipo de acción diferente a la denuncia que interpuesta, eso es lo que a lo
laboral se refiere, debo anotar de otro lado que aquí no se discute el desempeño de
la doctora escolar pues además de ser excelente ratifica que los conocimientos
adquiridos en empresas anteriores le han dado las competencias necesarias para
desempeñar su cargo con altos estándares de desempeño.

El 1 de noviembre de 2012, la directora de Oficina de Admisiones y Registro de la
Universidad de los Andes, allegó Oficio N.º 0100-866093, en el que consta lo
siguiente: «Me permito informarles que en nuestra base de datos figura que la
señora María Luisa escolar estuvo matriculada en jornada diurna en el programa de

23

Radicado: 05001-23-33-000-2015-00370-01 (4172-2019)
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economía de esta universidad desde el segundo semestre del año 1992 hasta el
primer semestre del año 1997. Posteriormente la estudiante continúa matriculada
en el programa de economía desde la escuela de verano del año 2011 hasta el
primer semestre del año 2012, cuyas clases iniciaron el 23 de enero y finalizar el 28
de mayo. Para culminar el mencionado programa y recibir el título correspondiente
la señora escolar tiene pendiente la siguiente materia: memoria de grado (4
créditos).»39

El 7 de noviembre de 2012, la señora María Luisa Escolar Sundheim rindió su
versión libre, en la que sostuvo:40

En septiembre del año 2010 fui contactada por un ejecutivo de UNE, era el
vicepresidente de gestión operativa de une en ese momento Juan Guillermo Vélez,
me comentó que estaba buscando personas para un perfil similar al mío para una
vacante en la organización, yo le dije que yo estaba bien donde estaba, pero que
podía escuchar una oferta en el caso que a él le pareciera correcto, el día 21 de
septiembre recibí vía correo electrónico un resumen de la oferta de UNE para el cargo
que necesitaba llenar, documento que aportó al proceso en esta oportunidad, el
correo hacía referencia básicamente a oferta salarial y en ella me reiteraron que yo
cumplía el perfil que estaban buscando, a partir de allí conversé telefónicamente con
el gerente de gestión humana de UNE en ese momento Alonso Osa, básicamente en
esa conversación me aclaró el correo que me había enviado y me preguntó por una
fecha tentativa en la cual podía realizar labores en une, la fecha y acordamos
mutuamente porque yo no había renunciado a la empresa anterior y debía entregar
mis responsabilidades, la fecha que acordamos fue 2 de noviembre de 2010, el día 1
de octubre recibí otro correo en el que me confirman que cumplo el perfil para ingresar
y me remiten a una persona del equipo de gestión humana para hacer los trámites
necesarios, ese correo es de fecha 1 de octubre y está en la prueba que voy a portar;
una vez me puse en contacto con la persona que asignaron de recursos humanos
recibí un correo electrónico de fecha 5 de octubre de 2010 con unos formatos propios
del procedimiento de UNE y pedían los datos médicos básicos … yo presenté las
pruebas, hice la entrevista y no recibí ningún resultado, después de unos días debió
ser después de marzo, recibí una llamada de gestión humana donde me solicitaba
portar el título profesional, a través de mi jefe directo en esa época confirmé que
aunque mis estudios estuviesen completos no tenía el título como tal, yo le informé
eso a mi jefe, de cuál era mi situación, mi jefe se llamaba David Escobar, yo pedí una
cita en la universidad para ir en compañía del gerente de gestión humana y en esa
cita le reiteraron al gerente la situación académica tal cual la había manifestado yo,
ese mismo día que fue el 13 de abril de 2011, el gerente de gestión humana me citó
en la ciudad de Bogotá una reunión en la que me informó que tenía dos horas para
pasar mi renuncia, so pena de consecuencias varias… Preguntado. Diga si conoce el
manual de descripción de cargos de la compañía UNE EPM telecomunicaciones,
específicamente en el aspecto relacionado con el perfil de competencias. Contestó.

39 Folio 616 del cuaderno N.º 4 de antecedentes administrativos.
40 Folios 604 a 606 del cuaderno N.º 4 de antecedentes administrativos.

24

Radicado: 05001-23-33-000-2015-00370-01 (4172-2019)
Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

Lo conocí en abril de 2011, puesto que cuando ingresé en la compañía no había un
proceso de inducción formal a través del cual hubiera podido conocer esos temas tan
corporativos que no supe. Preguntado. Sabe usted si para acceder al cargo de
director de ventas corporativo de UNE EPM telecomunicaciones, era requisito
necesario acreditar el título de pregrado. Contestó. En este momento si, en
septiembre de 2010 no sabía (…) preguntado. En declaración rendida este despacho
dentro del proceso seguido en su contra, distinguido con el radicado 06475-2012, en
fecha 26 de septiembre del año que cursa, el señor Luis Alfonso osa Gómez manifestó
haciendo mención a los trámites que correspondían a la subdirección de desarrollo
humano para llevar a cabo la contratación a la compañía une, que entiendo que la
señora Julia Estela Restrepo le envía un correo electrónico en el que constaba no
sólo los requisitos que debía cumplir sino también los documentos que debía aportar,
que tiene para decir frente a esta afirmación. Contestó. El correo efectivamente existe
y es el que aporté anteriormente… se le concede la palabra a la doctora… En calidad
de apoderado de la señora María Luisa escolar… Preguntado. Sírvase decirle al
Despacho cuando y con quien asistió a la Universidad de los Andes para efectos de
que la administración UNE conociera su situación académica. Contestó. La reunión
se celebró el día 13 de abril de 2011 en la facultad de economía de la Universidad de
los Andes y asistí con el doctor Alfonso Osa. Preguntado. Dígale al despacho si en la
hoja de vida suministrada por usted a UNE previa a su vinculación y puesta
disposición para su examen y verificación se relaciona, se expresa que usted tenga
título profesional. Contestó. No. Preguntado. Usted manifiesta al inicio de la diligencia
que usted es vendedora y que estudió economía, dígale al despacho si se considera
una vendedora profesional y para usted que alcance tiene la expresión profesional.
Contestó. La respuesta es sí, porque profesional es aquel que desarrolla un oficio,
una tarea con competencia, calidad y dedicación.

El 27 de noviembre de 2012, la Procuraduría Delegada 17D de la Personería
Municipal de Medellín, dentro de la investigación N.º 06475-2012, ordenó la
suspensión provisional, por el término de 3 meses y sin remuneración, de la señora
María Luisa Escolar, vinculada a UNE EPM Telecomunicaciones en el cargo de
directora de ventas corporativo.41

El 23 de enero de 2013, la Procuraduría Delegada 17D de la Personería Municipal
de Medellín decidió acumular las dos investigaciones disciplinarias adelantas por
los mismos hechos a Claudia María Rúa Puerta (N.º 13105-2011) y María Luisa
Escolar Sundheim (N.º 06475-2012).42

El 18 de febrero de 2013, la subdirectora de Relaciones Laborales de UNE EPM
Telecomunicaciones S.A. remitió oficio N.º 0100-909538 a la Personería Delegada

41 Folios 621 y 622 del cuaderno N.º 4 de antecedentes administrativos.
42 Folio 678 del cuaderno N.º 4 de antecedentes administrativos.

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Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

17D de la Personería Municipal de Medellín, con la siguiente información: «La
señora Escolar Sundheim ostenta la calidad de servidora pública, vinculada
mediante contrato individual de trabajo como directora de ventas corporativo, cargo
del nivel directivo y por hallarse vinculada a un EPM telecomunicaciones, empresa
perteneciente al sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones,
su relación se rige por las normas del código sustantivo del trabajo, al tenor de lo
dispuesto por el artículo 55 de la ley 1341 de 2009».43

El 25 de febrero de 2013, la Personería Delegada 17D de la Personería Municipal
de Medellín prorrogó el término de la suspensión provisional impuesta a la señora
María Luisa Escolar Sundheim.44

El 1.º de abril de 2013, la señora María Luisa Escolar Sundheim rindió ampliación
de su versión libre, dentro de la cual señaló:45

Preguntado. Le puede aclarar al despacho luego de la oferta qué documentos le
solicitaron, qué información le entregaron y cómo se desarrolló el papeleo. Contestó.
Vía correo electrónico me enviaron una serie de formatos que se debían diligenciar y
enviar a UNE, los primeros envíos los hice un mes antes de mi vinculación y sobre
ellos no hubo comentario alguno o solicitud de corrección antes del 2 de noviembre
de 2010 ni durante el periodo de prueba que duró hasta el 2 de enero de 2011.
Preguntado. Dentro de los documentos que le enviaron hubo formatos de la entidad
que usted debía diligenciar para su ingreso. Contestó. Si hubo recuerdo claramente
los siguientes: formato interno de hoja de vida, un formato de nómina, una declaración
de bienes sino estoy mal, eso es lo que recuerdo claramente. Preguntado. En el
formato de hoja de vida usted que relacionó en referencia a su escolaridad. Contestó.
Referencia estudios de economía, primaria y bachillerato. Se le exhibe a la señora
Escolar Sundheim los folios 107 y 108 a lo cual se le pregunta y reconoce esta letra
como la suya. Contestó. Sí señor. Preguntado. En el recuadro que dice selección
superior pregrado y posgrado, puede señalar al despacho que fue lo que usted señaló
casilla por casilla. Contestó. Modalidad académica UN qué quiere decir estudios
universitarios, número de semestres aprobados 10, graduado si-no no está marcado,
nombre de los estudios o título obtenido economía y terminación, mes, seis, año,
1997, número de tarjeta profesional no está marcado. Preguntado. Cuando usted
diligencia el formato de la hoja de vida tenía conocimiento de los requisitos que exigía
une para desempeñar el cargo para el cual fue contratada. Contestó. No, los conocí
en la intranet de la empresa varios meses después de la vinculación.

43 Folios 733 y 734 del cuaderno N.º 4 de antecedentes administrativos.
44 Folio 745 del cuaderno N.º 4 de antecedentes administrativos.
45 Folios 816 a 819 del cuaderno N.º 5 de antecedentes administrativos.

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El 6 de junio de 2013, la Personería Delegada 17D de la Personería Municipal de
Medellín formuló pliego de cargos en contra de, entre otras, la señora María Luisa
Escolar Sundheim, en su condición de directora de ventas corporativa de UNE EPM
Telecomunicaciones S.A., así:46

El cargo presuntamente imputado lo constituye el hecho de qué la señora escolar
omitió informar que no contaba con título universitario, a sabiendas, como se
encuentra aprobado en el proceso, que tenía conocimiento de qué este era un
requisito para vincularse a la empresa UNE y teniendo en cuenta además que en la
hoja de vida manifiesta ser profesional y en la hoja de vida de la función pública
manifiesta haber estudiado 10 semestres de economía en la Universidad de los
Andes.

En atención a lo anterior, se estableció que la disciplinada incurrió en una falta grave
por el incumplimiento de la prohibición contemplada en el artículo 35 numeral 12 de
la Ley 734 de 2002, a título de dolo.

El 26 de junio de 2013, la investigada, a través de apoderada judicial, presentó sus
descargos.47

El 14 de febrero de 2014, la Personería Delegada 17D de la Personería Municipal
de Medellín, en primera instancia, declaró responsable disciplinariamente a la
señora María Luisa Escolar Sundheim, en su condición de directora de ventas
corporativas de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., por haber incurrido en una
falta grave por el incumplimiento de lo establecido en el artículo 35 numeral 12 de
la Ley 734 de 2002, a título de dolo; sancionándola con suspensión en el ejercicio
del cargo e inhabilidad especial por el término de 12 meses.48

Contra dicha decisión la disciplinada interpuso recurso de apelación, el cual fue
resuelto el 11 de julio de 2014, por la Personería Municipal de Medellín, confirmando
la decisión inicial.49

46 Folios 963 a 977 del cuaderno N.º 5 de antecedentes administrativos.
47 Folios 978 a 1043 de los cuaderno N.º 5 y 6 de antecedentes administrativos.
48 Folios 1628 a 1648 del cuaderno N.º 9 de antecedentes administrativos.
49 Folios 1853 a 1925 del cuaderno N.º 10 de antecedentes administrativos.

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2.5. Caso concreto – Análisis de la Sala

2.5.1. Análisis integral de la actuación disciplinaria, dentro del proceso
contencioso administrativo

El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho tiene como finalidad
restaurar el ordenamiento jurídico transgredido con ocasión de la expedición de un
acto administrativo que quebranta las normas legales o constitucionales con la
consecuente decisión de restablecer el derecho vulnerado. Esta competencia ha de
estar en consonancia con la previsión contenida en el artículo 103 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que señala como
objeto de esta jurisdicción la efectividad de los derechos reconocidos en la
Constitución y la ley y la preservación del orden jurídico e impone la observancia de
los principios constituciones y del derecho procesal.

La anterior previsión encuentra sustento constitucional en los artículos 1, 2, 4, 29,
228 y 230, normas contentivas de principios y valores que imponen su acatamiento
como presupuesto de legitimidad institucional y legalidad de los actos jurídicos que
sus representantes profieren. De modo que toda manifestación de voluntad estatal
conecta indiscutiblemente con la nueva realidad del Estado que no sólo ha de ser
percibido en su papel de represor y vigilante, sino en su sentido más significativo de
garante y constructor de aquellas realidades que tienen como propósito el bienestar
del individuo como fin en sí mismo.

Por ello, el papel del juzgador no puede quedar relegado al de simple verificador,
condicionado por los formalismos que imponen restringir su ámbito de razonamiento
a los términos de una demanda o de los mismos actos, frente a los cuales no es
dable simplemente declarar su conformidad o disonancia con el ordenamiento
jurídico, con la posibilidad de que la decisión de la controversia jurídica resulte
insuficiente para los fines mismos de la justicia. El salto cualitativo que imprimió al
juzgador la Constitución de 1991, permite anteponer el análisis pleno, integral del
caso.

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Sobre este tema, esta Subsección en sentencia de 26 de marzo de 2014, con
ponencia del magistrado Gustavo Gómez Aranguren razonó en los siguientes
términos:

3.4. Alcance del control judicial frente a procesos disciplinarios.

El control que ejerce la jurisdicción contencioso-administrativa sobre los actos
administrativos disciplinarios proferidos por la Administración Pública o por la
Procuraduría General de la Nación es un control pleno e integral, que se efectúa
a la luz de las disposiciones de la Constitución Política como un todo y de la ley en
la medida en que sea aplicable, y que no se encuentra restringido ni por aquello que
se plantee expresamente en la demanda, por ende no serán de recibo las
interpretaciones restrictivas que limiten la función disciplinaria a simplemente
garantizar el pleno apego con el orden jurídico como garantía de legitimidad de estas
potestades públicas.

La entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, con su catálogo de
derechos fundamentales y sus mandatos de prevalencia del derecho sustancial en
las actuaciones de la administración de justicia (art. 228, C.P.) y de primacía
normativa absoluta de la Constitución en tanto norma de normas (art. 4, C.P.),
implicó un cambio cualitativo en cuanto al alcance, la dinámica y el enfoque del
ejercicio de la función jurisdiccional, incluyendo la que ejercen los jueces de la
jurisdicción contencioso-administrativa (incluyendo al Consejo de Estado). En
efecto, según lo han precisado tanto el Consejo de Estado como la Corte
Constitucional, la plena vigencia de los derechos y garantías fundamentales
establecidos por el constituyente exige, en tanto obligación, que los jueces
sustituyan un enfoque limitado y restrictivo sobre el alcance de sus propias
atribuciones de control sobre los actos de la administración pública, por un enfoque
garantista de control integral, que permita a los jueces verificar en casos concretos
si se ha dado pleno respeto a los derechos consagrados en la Carta Política.

Esta postura judicial supone evidentemente una rectificación a la posición doctrinal
y jurisprudencial prevaleciente con anterioridad, en cuyo alero las atribuciones del
juez contencioso-administrativo son formalmente limitadas y se restringen a la
protección de aquellos derechos y normas expresamente invocados por quienes
recurren a la justicia, que otorgaba un alcance excesivamente estricto al principio
de jurisdicción rogada en lo contencioso-administrativo. Este cambio,
constitucionalmente impuesto y de gran calado, se refleja nítidamente en un
pronunciamiento reciente del Consejo de Estado, en el cual la Sección Segunda -
Subsección B de esta Corporación, y dando aplicación directa a los mandatos de
la Carta, rechazó expresamente una postura restrictiva que limitaba las facultades
garantistas del juez contencioso-administrativo en materia de control de las
decisiones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación con base en el
principio de jurisdicción rogada, y adoptó en su reemplazo una postura
jurisprudencial que exige a las autoridades jurisdiccionales realizar, en tanto
obligación constitucional, un control sustantivo pleno que propenda por

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materializar, en cada caso concreto, el alcance pleno de los derechos
establecidos en la Constitución.50

Lo que resulta aún más importante es que el control pleno por la jurisdicción
contenciosa forma parte de las garantías mínimas del debido proceso a las que tiene
un derecho fundamental el sujeto disciplinado, según la Corte Constitucional, por lo
cual este control judicial contencioso-administrativo no puede ser objeto de
interpretaciones que restrinjan su alcance.

El planteamiento indicado resulta confirmado por la amplísima jurisprudencia de la
Corte Constitucional en materia de procedencia de la acción de tutela, en la cual se
ha explícitamente afirmado que las acciones ante la jurisdicción contenciosa -en
nulidad o nulidad y restablecimiento- son, los medios judiciales idóneos para proteger
los derechos fundamentales de quienes estén sujetos a un proceso disciplinario. En
efecto, la Corte Constitucional en jurisprudencia repetitiva ha explicado que los actos
de la procuraduría son actos administrativos sujetos a control judicial por la
jurisdicción contenciosa, regla que ha sido aplicada en incontables oportunidades
para examinar la procedencia de la acción de tutela en casos concretos, en los que
se ha concluido que ante la existencia de otros medios de defensa judicial, la tutela
se hace improcedente salvo casos de perjuicio irremediable -que por regla general
no se configuran con las decisiones sancionatorias de la procuraduría-. Se puede
consultar a este respecto la sentencia T-1190 de 2004, en la cual la Corte afirmó que
el juez de tutela no puede vaciar de competencias la jurisdicción contencioso-
administrativa, encargada de verificar la legalidad de los actos administrativos
proferidos por la Procuraduría en ejercicio de sus potestades disciplinarias. La lógica
jurídica aplicada por la Corte Constitucional al declarar improcedentes acciones de
tutela por ser idóneos los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho para
ventilar las pretensiones de anulación de decisiones disciplinarias por violación de la
Constitución, es la misma lógica jurídica que sustenta el ejercicio de un control más
que meramente formal por la jurisdicción contencioso-administrativa sobre estos
actos administrativos.
(…)

Posteriormente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de
unificación, dejó sentado que el control de legalidad de actos de carácter
sancionatorio como los proferidos en el marco de una actuación disciplinaria,
conlleva, entre otras cosas, el estudio encaminado a verificar que dentro del trámite
correspondiente se hubieran observado las garantías constitucionales que le
asisten al sujeto disciplinado y, en general, comporta un control judicial integral. Dijo
la Sala:

«b) EI control judicial integral de la decisión disciplinaria. Criterios de unificación. El
control que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce sobre los actos

50Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 19 de agosto de 2010. Radicación No. 76001-23-31-000-2000-02501-01(1146-05).
Actor: Milton José Mora Lema. Demandado: Procuraduría General de la Nación. consejera ponente:
Bertha Lucía Ramírez de Páez.

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administrativos disciplinarios, es integral. Ello, por cuanto la actividad del juez de lo
contencioso administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su
lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se
realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los
derechos fundamentales.
(…)
Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se
entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es
plena, sin "deferencia especial" respecto de las decisiones adoptadas por los titulares
de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo
sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un
procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo
restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria
hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por
el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e
imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo
es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control
judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El
juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.»51

En consecuencia, el estudio integral de los actos disciplinarios cuestionados en esta
controversia, se hará dentro del marco planteado en la sentencia previamente
trascrita.

2.5.2. Violación del derecho al debido proceso

Los artículos 29 de la Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002, disponen que
el debido proceso se aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter
administrativo, e implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez competente, y con observancia
de las formas propias de cada juicio.

La Corte Constitucional respecto al mencionado derecho, ha manifestado que en
materia disciplinaria las actuaciones deben estar acordes a este, en garantía de un
orden justo, la seguridad jurídica, los derechos fundamentales del investigado y el
control de la potestad estatal disciplinaria52.

51 Sentencia proferida el 9 de agosto de 2016 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del

Consejo de Estado, consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez (E), referencia:
110010325000201 100316 00 Núm. interno: 1210-11, demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz.
52 Sentencia C-708 de 22 de septiembre de 1999, magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis.

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Aunado a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido
proceso como el «conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a
través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido
proceso: (i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre
e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado
como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en
determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la
calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la
ley; (iii) el derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las
demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público,
desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la
actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el
derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores
públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen
funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el
derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre
deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del
orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias
ilícitas»53.

Frente a este cargo, la demandante sostiene que se vulneró el derecho al debido
proceso, en la medida en que, primero, la Personería Municipal de Medellín no tenía

53 Sentencia C- 341 de 4 de junio de 2014, magistrado ponente Mauricio González Cuervo.

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competencia para investigarla ni sancionarla disciplinariamente; segundo, el
material probatorio resultaba deficiente para demostrar la falta endilgada, pues no
se acreditó que ella conociera los requisitos de ingreso a la entidad; y, tercero, no
puedo hablarse de una falsedad, en tanto la investigada no allegó un documento
contrario a la verdad.

2.5.2.1. De la falta de competencia

El artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo establece como causales de nulidad de todo acto administrativo, las
siguientes: «Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas
en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación,
o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió».

Respecto a la competencia, la doctrina la ha definido como «el conjunto de
facultades, de poderes y de atribuciones que corresponden a un determinado
órgano en relación con los demás»54 «Potestad, aptitud habilidad, idoneidad,
disposición, etc. que pueda tener una autoridad administrativa para ejercer
determinada función. En derecho administrativo colombiano, la autoridad
genéricamente designada debe estar revestida de las atribuciones necesarias
cuando cumpla funciones administrativas, de lo contrario los actos administrativos
que ella expida estarán viciados de ‘incompetencia’».55

2.5.2.1.1. De la competencia para adelantar investigaciones disciplinarias

De conformidad con lo manifestado por la Corte Constitucional, la finalidad del
control disciplinario es garantizar que la función pública sea llevada a cabo en
beneficio de la comunidad y para proteger los derechos y libertades de los

54 García Trevijano Fos, José Antonio. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. Madrid. Editorial

Revista Derecho Privado 1970
55 Arnanz, Rafael A. De la competencia administrativa. Madrid. Editorial Montezorro, 1967.

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asociados56. Dicha potestad es ejercida tanto por la Procuraduría General de la
Nación, como por las Personerías y por las entidades a través de las oficinas de
control disciplinario. Al respecto, el artículo 2 de la Ley 734 de 2002, dispone:

Artículo 2°. Titularidad de la acción disciplinaria. Sin perjuicio del poder disciplinario
preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las Personerías Distritales y
Municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los
funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del
Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus
dependencias.
El titular de la acción disciplinaria en los eventos de los funcionarios judiciales, es la
jurisdicción disciplinaria.
La acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que pueda surgir de la
comisión de la falta. (Negrilla fuera de texto).

En atención a esta norma, la acción disciplinaria se lleva a cabo, preferentemente,
por la Procuraduría General de la Nación a través de un control externo por parte
del procurador general de la nación, los procuradores delegados, regionales y
provinciales, conforme a sus competencias establecidas en el Decreto 262 de 2000.

De igual forma, esta facultad punitiva del Estado también puede ser ejercida por
cada entidad pública, para lo cual debe contar con una oficina de control interno
disciplinario encargada de conocer de los trámites disciplinarios iniciados en contra
los servidores públicos de sus dependencias; y por las Personerías Municipales y
Distritales.

Ahora bien, la competencia en materia disciplinaria, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 74 ibidem, se determina por: la calidad del sujeto disciplinable, la
naturaleza del hecho, el territorio donde se cometió la falta, el factor funcional y el
de conexidad.

Frente a la competencia por la calidad del sujeto disciplinable, el artículo 75 ibidem
prevé que «corresponde a las entidades y órganos del Estado, a las
administraciones central y descentralizada territorialmente y por servicios,
disciplinar a sus servidores y miembros».

56 Ver sentencias de la Corte Constitucional C-417 de 1993, C-251 de 1994, C-427 de 1994.

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Por su parte, frente al control disciplinario interno57 de las diferentes entidades del
Estado, el artículo 76 del Código Único Disciplinario, consagra:

Toda entidad u organismo del Estado, con excepción de las competencias de los
Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, deberá organizar una unidad u
oficina del más alto nivel, cuya estructura jerárquica permita preservar la garantía de
la doble instancia, encargada de conocer y fallar en primera instancia los procesos
disciplinarios que se adelanten contra sus servidores. Si no fuere posible garantizar
la segunda instancia por razones de estructura organizacional conocerá del asunto la
Procuraduría General de la Nación de acuerdo a sus competencias.
En aquellas entidades u organismos donde existan regionales o seccionales, se
podrán crear oficinas de control interno del más alto nivel, con las competencias y
para los fines anotados.
En todo caso, la segunda instancia será de competencia del nominador, salvo
disposición legal en contrario. En aquellas entidades donde no sea posible organizar
la segunda instancia, será competente para ello el funcionario de la Procuraduría a
quien le corresponda investigar al servidor público de primera instancia.
(…)
PARÁGRAFO 2o. Se entiende por oficina del más alto nivel la conformada por
servidores públicos mínimo del nivel profesional de la administración.

Bajo los parámetros expuestos, puede concluirse que: i) toda entidad del Estado
está en la obligación de establecer dentro de su organigrama, una oficina de control
interno disciplinario, la cual tiene a su cargo el ejercicio de la función disciplinaria;
ii) esta debe estar conformada por servidores públicos, mínimo del nivel profesional;
iii) su estructura jerárquica debe permitir la doble instancia; iv) donde existan
regionales o seccionales, las entidades podrán crear oficinas de control interno
disciplinario con las competencias pertinentes: v) la segunda instancia, es
competencia exclusiva del nominador, salvo disposición legal en contrario; y vi)
estas medidas no vulneran el debido proceso del disciplinado porque este cuenta
con las mismas garantías y derechos a presentar descargos, solicitar pruebas,
controvertirlas, incoar recursos, recusaciones, nulidades etc.

Respecto a este cargo, la demandante sostiene que la Personería Municipal de
Medellín no era la competente para haberla investigado ni sancionado

57 Artículo 77 de la Ley 734 de 2002: Cuando en este código se utilice la locución "control disciplinario

interno" debe entenderse por tal, la oficina o dependencia que conforme a la ley tiene a su cargo el
ejercicio de la función disciplinaria.

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disciplinariamente, en tanto que por su vinculación laboral con UNE EPM
Telecomunicaciones, su régimen laboral era eminentemente privado y, por lo tanto,
no era destinataria de la Ley disciplinaria.

2.5.2.1.2. Del sujeto disciplinable

El régimen disciplinario en Colombia ha tenido una evolución tanto constitucional
como legal, toda vez que su origen se fundamentó en los deberes que tenía un
empleado público y cómo su incumplimiento generaba un reproche por parte de la
Administración, para luego llegar a establecer los principios rectores de toda
actuación disciplinaria, faltas y sanciones específicas, los procedimientos a través
de los cuales se surte la investigación disciplinaria, contenido de cada una de las
actuaciones que se surten, entre otros. Fue así como se expidió, finalmente, la Ley
734 de 2002 con el fin de «armonizar la legislación disciplinaria y la dotaba de una
estructura lógica que garantiza a sus destinatarios la seguridad jurídica que se
deriva de interpretaciones inspiradas en criterios uniformes y coherentes»58.

A su turno, el artículo 25 del Código Único Disciplinario señala que «son destinatarios
de la ley disciplinaria los servidores públicos aunque se encuentren retirados del
servicio y los particulares contemplados en el artículo 53 del libro tercero de este
código».

En tal sentido, la Ley disciplinaria contenida en la Ley 734 de 2002, se aplica para
los servidores públicos, esto es, empleados públicos y trabajadores oficiales, y
particulares en ejercicio de funciones públicas.59

58 Exposición de motivos del proyecto de ley reformatorio del Código Disciplinario Único, presentado

por el Procurador General de la Nación.
59 «El presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoría en los

contratos estatales; que ejerzan funciones públicas, en lo que tiene que ver con estas; presten
servicios públicos a cargo del Estado, de los contemplados en el artículo 366 de la Constitución
Política, administren recursos de este, salvo las empresas de economía mixta que se rijan por el
régimen privado».

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Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

En el asunto sometido a consideración se observa que, como se mencionó
anteriormente, la señora María Luisa Escolar Sundheim se vinculó laboralmente a
UNE EPM Telecomunicaciones, S.A. a través de contrato individual de trabajo N.º
041-2010 de 2 de noviembre de 2010, para desempeñar el cargo de directora de
ventas corporativas.60 La cláusula primera de dicho contrato establecía lo siguiente:
«naturaleza del contrato y obligaciones principales del trabajador: este contrato es
de naturaleza laboral regido por las normas generales del derecho laboral privado y
por las normas del derecho público que son aplicables al servidor público, al
ser esta la condición del trabajador, por la naturaleza de la empresa».

El 18 de febrero de 2013, la subdirectora de Relaciones Laborales de UNE EPM
Telecomunicaciones S.A. remitió oficio N.º 0100-909538 a la Personería Delegada
17D de la Personería Municipal de Medellín, con la siguiente información: «La
señora Escolar Sundheim ostenta la calidad de servidora pública, vinculada
mediante contrato individual de trabajo como directora de ventas corporativo (…)».61

En consideración a lo anterior, teniendo en cuenta que la señora María Luisa
Escolar Sundheim, como directora de ventas corporativa de UNE EPM
Telecomunicaciones S.A. tenía la condición de servidora pública, de conformidad
con el artículo 25 de la Ley 734 de 2002, era destinataria de la Ley disciplinaria,
independientemente de que su relación laboral se rigiera por el derecho privado bajo
las normas del Código Sustantivo del Trabajo.

Ahora, si bien, en principio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la Ley
734 de 2002, toda entidad del Estado está en la obligación de establecer dentro de
su organigrama, una oficina de control interno disciplinaria que esté a cargo del
ejercicio de la función disciplinaria, que en este asunto sería la Oficina de Control
Interno Disciplinario de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., de las pruebas
obrantes dentro del expediente se observa que pese a que el 29 de noviembre de
2011, dicha dependencia dio apertura de indagación preliminar en averiguación de

60 Folios 246 y 247 del cuaderno N.º 2 de antecedentes administrativos.
61 Folios 733 y 734 del cuaderno N.º 4 de antecedentes administrativos.

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Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

responsables bajo los mismos supuestos fácticos aquí investigados, el 23 de marzo
de 2012, decidió remitir los documentos pertinentes a la Personería Municipal de
Medellín para que ejerciera el poder preferente.62

Respecto al poder disciplinario preferente, el artículo 3.º de la Ley 734 de 2002,
prevé que «La Procuraduría General de la Nación es titular del ejercicio preferente
del poder disciplinario en cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier
investigación o juzgamiento de competencia de los órganos de control disciplinario
interno de las entidades públicas. Igualmente podrá asumir el proceso en segunda
instancia. En virtud de la misma potestad, mediante decisión motivada, de oficio o
a petición de cualquier persona, podrá avocar el conocimiento de aquellos asuntos
que se tramitan internamente en las demás dependencias del control disciplinario.
También se procederá en la misma forma cuando se desprenda del conocimiento
de un proceso (…) Las personerías municipales y distritales tendrán frente a la
administración poder disciplinario preferente».

Por su parte, la doctrina considera frente a este poder, lo siguiente63:

Dada su naturaleza, este poder está puesto por encima de las oficinas disciplinarias
de todas las entidades y organizamos, por lo que ellas no se pueden oponer a su
ejercicio; deben hace entrega de las actuaciones disciplinarias cuando se lo requieran
en ejercicio de dicho poder y no está previsto que contra esta decisión proceda
ninguna clase de recurso.
(…)
Lo anterior lleva a que sean las propias entidades, en primer lugar, las que tienen que
adelantar las actuaciones disciplinarias sobre sus funcionarios, dado que son las
responsables de garantizar que se cumplan bien sus funciones. Esto, en razón del
denominado principio de auto tutela administrativa. Por dicho principio, la entidad es
la responsable de la adecuada atención de las funciones que tiene encomendadas.
(…)
Esto lleva igualmente a que las entidades públicas no se puedan desprender de esos
deberes y obligaciones. Por tanto, no les es dado entregar las actuaciones
disciplinarias que adelantan, si no les son requeridas en ejercicio del poder preferente,
por la entidad que lo puede ejercer. Por eso la entidad no se puede despojar por su
propia iniciativa de su competencia y entregar una actuación disciplinaria a la
dependencia que pueda ejercer el poder preferente, si no les solicitado expresamente.

62 Folio 636 de anexos.
63 Régimen Disciplinario. Fernando Brito Ruíz. Cuarta edición. Páginas 16 y 17.

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Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

En ese orden de ideas, considera la Sala que no se vulneró el derecho al debido
proceso, toda vez que la Personería Municipal de Medellín sí tenía competencia
para investigar y sancionar disciplinariamente a la señora Escolar Sundheim,
teniendo en cuenta, primero, que era destinataria de la Ley disciplinaria por su
condición de servidora pública; y, segundo, que esta entidad, ejerció el poder
preferente para adelantarla, facultad que le otorga el Código Único Disciplinario.

2.5.2.2. Del régimen probatorio en materia disciplinaria

El artículo 128 del Código Único Disciplinario, prevé que toda decisión que se emita
dentro de la investigación disciplinaria debe fundarse en pruebas legalmente
producidas y aportadas al proceso, por petición de cualquier sujeto procesal o en
forma oficiosa; y que la carga de la prueba le corresponde al Estado.

Por su parte, la doctrina sostiene frente a la carga de la prueba, que «dado que el
régimen disciplinario es de derecho público y tiene por misión esencial procurar el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado- en especial para garantizar la
vigencia de los derechos y las garantías de todos los asociados – el artículo 1.º del
Código Disciplinario Único prevé que el titular de la potestad disciplinaria es el
Estado. De igual manera, el artículo 12 de dicha ley dispone que corresponde al
funcionario competente impulsar oficiosamente la actuación disciplinaria, en tanto el
artículo 128 de esta Ley 734 de 2002 determina que la ‘carga de la prueba le
corresponde al Estado, lo que se traduce en que el funcionario instructor del proceso
es quien debe adelantar las actuaciones para aclarar los hechos, recaudar las
pruebas y establecer la realidad de lo sucedido, así como para tomar la decisión que
corresponda, lo que lo hace un proceso de carácter inquisitivo. En estas condiciones,
es al Estado, a través de sus funcionarios o de las personas que tiene asignada la
función disciplinaria, al que le corresponde establecer los hechos y las circunstancias
como se han presentado las actuaciones de los servidores públicos catalogadas de
faltas disciplinarias, para determinar si ha existido, si se ha incurrido en ella y el tipo
de sanción que debe imponer»64.

64 Régimen Disciplinario. Fernando Brito Ruíz. Edición Cuarta. Páginas 290 y 291.

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Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

En el sub examine la Personería Delegada 17D de la Personería Municipal de
Medellín al formular pliego de cargos en contra de la señora María Luisa Escolar
Sundheim, en su condición de directora de ventas corporativas, consideró que
incurrió en una falta grave por el incumplimiento de la prohibición establecida en el
artículo 35 numeral 12 de la Ley 734 de 2002, que consagra:

A todo servidor público le está prohibido:
(…)
12. Proporcionar dato inexacto o presentar documentos ideológicamente falsos u
omitir información que tenga incidencia en su vinculación o permanencia en el cargo
o en la carrera, o en las promociones o ascensos o para justificar una situación
administrativa.

Ahora bien, los elementos básicos de la conducta típica descritos en la falta
imputada a la parte actora, son: 1) tres verbos rectores consistentes en
proporcionar65 datos inexactos, presentar documentos ideológicamente falsos y
omitir66; y 2) información que tenga incidencia tanto en la vinculación como en la
permanencia en el cargo o la carrera, en los ascensos o para justificar una situación
administrativa.

Al respecto, debe resaltarse que, con la valoración integral de las pruebas antes
mencionadas, es dable determinar que:

(i) El 5 de octubre de 2010, Julia Restrepo Vélez, funcionaria de UNE EPM
Telecomunicaciones, por correo electrónico, le informó a la señora María Luisa
Escolar Sundheim, los requisitos establecidos para ser contratada como directora
de ventas corporativas, así:67

Datos adjuntos: certificado de ingresos devengados último año; consignación por
nómina personal activo; declaraciones de bienes; formato único hoja de vida

65 De conformidad con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, proporcionar es

«poner en aptitud o disposición las cosas, a fin de conseguir lo que se desea; poner a
disposición de alguien lo que necesite o le conviene».
66 Ibídem «Abstenerse de hacer algo; pasar en silencio algo».
67 Folio 129 del cuaderno N.º 1 de antecedentes administrativos.

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Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

personal natural; requisitos de ingreso vinculados une; indicaciones afiliación a
Seguridad Social pensiones cesantías; nuevo formato solicitud de inscripción.
Buenos días María Luisa: le envío los requisitos para su vinculación a UNE EPM
telecomunicaciones. En el archivo requisitos de ingreso encontrará los pasos a
seguir. Por favor adelantarlo referente a la documentación necesaria, incluyendo la
solicitud de inscripción a procesos de selección, en la cual se consigna la
información requerida en la hoja de vida.

Dentro del documento adjunto denominado «requisitos de ingreso vinculados
UNE», que le fue enviado a la investigada, estaba señalado que uno de los
requisitos para su vinculación, era la «Fotocopia del diploma de bachillerato y de los
títulos profesionales y/o actas de grado, además de las fotocopias de los certificados
de estudios o de cursos de capacitación que no se anexaron durante el proceso».68

Ahora bien, dentro de los documentos antes mencionados, la señora Escolar
Sundheim allegó dos hojas de vida, una, realizada directamente por ella y, otra,
diligenciada en el formato de la función pública, dentro de las cuales se mencionada,
respectivamente, lo siguiente: 69

Hoja de vida personal70 Hoja de vida formato Función Pública
Profesional orientada a los resultados con - Modalidad: UN (Universitaria).
y al trabajo en equipo con experiencia de
• Nro. de semestres aprobados: 10
ocho años en áreas comerciales (…)
• Graduado: (En blanco)
Educación
• Nombre de los estudios o título obtenido:
Diplomado en negociación, Cesa, Bogotá Economista
2004.
• Terminación: mes (6), año (1997)
Economía, Universidad de los Andes,
Bogotá 1997. - Nro de tarjeta profesional: (en blanco)
Seminarios varios de ventas
Seminarios varios de telecomunicaciones
Certificado en modulo facturación
Seminarios varios de manejo de cartera

68 Folio 130 del cuaderno N.º 1 de antecedentes administrativos.
69 Folios 235 a 237 del cuaderno N.º 2 de antecedentes administrativos.
70 Folios 112 a 114 del cuaderno N.º 1 de antecedentes administrativos.

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Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

De lo anterior, es decir, al observar dichas hojas de vida, la señora María Luisa
Escolar Sundheim daba a entender que cumplía con los requisitos para el cargo,
los cuales eran:71

Educación: título profesional en administración, economía, ingenierías, mercadeo
o carreras administrativas, más título de posgrado en mercadeo, administración,
gerencia o negocios.
Conocimientos complementarios: conocimiento del idioma inglés, conocimiento en
telecomunicaciones, conocimiento en tácticas de ventas.

Experiencia: cinco años o más en cargos de dirección en empresas del grupo o
vinculadas, o cinco años o más en cargos de dirección en empresas de más de 500
empleados o de ingresos anuales superiores a los 50 millones de dólares o seis
años o más de ejercicio profesional en procesos afines al área.

Función básica: planear, coordinar, dirigir y controlar los planes de ventas,
asegurando el logro de los objetivos de ingresos de la organización y garantizar la
rentabilidad de la dirección.

Por tal motivo, el 2 de noviembre de 2010, se suscribió contrato de trabajo N.º 041-
2010, entre María Luisa Escolar Sundheim y UNE EPM Telecomunicaciones, para
desempeñar el cargo de directora de ventas corporativas.72

(iii) Posteriormente, de acuerdo con lo manifestado por el señor Alfonso Ossa
Gómez, 73 «la empresa… Detecta al revisar las hojas de vida de las personas
ingresadas en el año inmediatamente anterior, que hacía falta el diploma de
pregrado de la señora escolar, ante esta situación la señora Claudia María Rúa
comienza a comunicarse con la señora escolar a fin de que le haga llegar el diploma
en cuestión obteniendo en repetidas ocasiones como respuesta que en los próximos
días se lo haría hacer llegar, pasado aproximadamente un mes, entiendo y ante el
afán de poder tener en orden la documentación para la auditoría antes mencionada,
la señora Claudia María me informa sobre esta situación por lo que me comunico
con el doctor David Escobar vicepresidente del área de mercados corporativos y
jefe inmediato de la doctora Escolar a fin de que me ayudara con la consecución del
mismo, le manifesté que la doctora Claudia Rúa en repetidas ocasiones se había

71 Folio 9 del cuaderno N.º
72 Folios 246 y 247 del cuaderno N.º 2 de antecedentes administrativos.
73 Folios 590 a 592 del cuaderno N.º 3 de antecedentes administrativos.

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Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

comunicado con la doctora Escolar pero ante la ausencia del documento y la
repetidas excusas de la señora Escolar, necesitaba su ayuda. Ante esta situación
el doctor David Escobar me comunicó que había hablado con ella y que en unos
días me lo haría hacer llegar a la oficina; transcurrieron algunos días y ante la no
llegada el documento volví a insistir al doctor Escobar por su ayuda, paralelamente
y en reunión con la doctora Claudia Rúa consideramos pertinente solicitar a la
Universidad de los Andes no certifica si esta persona había estudiado o no en dicha
institución».

(iv) Así, la Universidad de los Andes, allegó las siguientes certificaciones en las que
constaba que si bien la señora María Luisa Escolar Sundheim había cursado
algunos semestres de Economía en dicha institución educativa, no había obtenido
el título porque le faltaba cursar una asignatura:

• Oficio de 25 de marzo de 2011, suscrito por la jefe de Oficina de Registro de
la Universidad de los Andes, dentro del cual se manifestó: «en respuesta a
su comunicación me permito informarles que nuestra base de datos figura
que la señora María Luisa Escolar Sundheim estuvo matriculada en jornada
diurna en el programa de economía de esta universidad desde el segundo
semestre de 1992 hasta el primer semestre de 1997 y cursó el 8.8 semestre
según créditos del mencionado programa».74

• Certificación de 1 de noviembre de 2012, emitida por la directora de Oficina
de Admisiones y Registro de la Universidad de los Andes, en la que consta
lo siguiente: «Me permito informarles que en nuestra base de datos figura
que la señora María Luisa escolar estuvo matriculada en jornada diurna en
el programa de economía de esta universidad desde el segundo semestre
del año 1992 hasta el primer semestre del año 1997. Posteriormente la
estudiante continúa matriculada en el programa de economía desde la
escuela de verano del año 2011 hasta el primer semestre del año 2012,

74 Folio 127 del cuaderno N.º 1 de antecedentes administrativos.

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Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

cuyas clases iniciaron el 23 de enero y finalizar el 28 de mayo. Para culminar
el mencionado programa y recibir el título correspondiente la señora escolar
tiene pendiente la siguiente materia: memoria de grado (4 créditos).»75

(v) Así, pese a que uno de los requisitos para el ingreso al cargo de directora de
ventas corporativas en UNE EPM Telecomunicaciones S.A., era el título profesional
en administración, economía, ingeniería, mercadeo o carreras administrativas, la
disciplinada al momento de su vinculación omitió informar que ella no cumplía con
dicho ítem, en la medida en que no tenía un título universitario, pues, si bien cursó
algunos semestres de economía, no culminó la carrera.

Lo anterior, se puede constatar con el correo electrónico que le fue enviado a la
señora Escolar Sundheim el 5 de octubre de 2010, dentro del cual, como archivo
adjunto, estaban los requisitos de ingreso para la vinculación, siendo uno de ellos:
«Fotocopia del diploma de bachillerato y de los títulos profesionales y/o actas
de grado, además de las fotocopias de los certificados de estudios o de cursos de
capacitación que no se anexaron durante el proceso».76

Ahora, si en gracia de discusión ella no hubiera recibido dicha información, al
someterse a un proceso de vinculación en una empresa, teniendo conocimiento que
sería servidora pública, tenía la obligación de verificar cuáles eran los requisitos que
se exigían para el cargo y observar que, efectivamente, los cumpliera.

Es de resaltar, además, que si en realidad hubiera existido un desconocimiento de
su parte, como la actora lo infiere en el recurso de apelación, no entiende la Sala
por que en las 2 hojas de vida que presentó ante UNE EPM Telecomunicaciones
S.A. al momento de su ingreso, se señaló que era profesional bajo el título
universitario en economía, cuando, se reitera, no lo tenía, aunado al hecho que por
su preparación y alta experiencia ella era conocedora de que el estudio de algunos
semestres de una carrera no la hacían acreedora de un título.

75 Folio 616 del cuaderno N.º 4 de antecedentes administrativos.
76 Folio 130 del cuaderno N.º 1 de antecedentes administrativos.

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Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

De conformidad con la Ley 30 de 1992, la educación superior está conformada por
dos niveles, el pregrado y posgrado. Por su parte, el pregrado tiene 3 niveles a
saber, el nivel técnico profesional, nivel tecnológico y el nivel profesional, que hace
referencia a programas profesionales universitarios, formación en investigación
científica o tecnológica, formación en disciplinas y la producción, desarrollo y
transmisión del conocimiento.

En tal sentido, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, ha
manifestado lo siguiente:77

Las precisiones señaladas son importantes en cuanto la educación superior, si bien
es una sola, tiene las tres modalidades antes referidas y quienes acceden a cada una
de ellas tienen tratamiento diferente. De ahí que la norma distinga entre estudiantes
universitarios, técnicos y tecnólogos, pues si bien existen instituciones universitarias
o escuelas tecnológicas, así denominadas y diferentes de las universidades, se debe
tener en claro que unos son los estudiantes universitarios que pertenecen a las
universidades, finalmente serán profesionales, otros los estudiantes de
instituciones universitarias que finalmente obtendrán el título de tecnólogos y otros los
estudiantes de instituciones técnicas profesionales que son aquellos que obtendrán
el título de técnicos.

Ahora bien, de acuerdo con las directrices del Ministerio de Educación la
legalización de documentos de la educación superior de hace a través del acta de
grado, certificado de asignatura, certificado de calificaciones, diploma de grado,
entre otros.78

(vi) Por otra parte, cabe resaltar que pese a que dentro de la empresa, existía la
disposición N.º 326 de 9 de agosto de 2010, emitida por el presidente suplente
segundo de UNE EMP Telecomunicaciones S.A., por la cual se reglamenta la
política adoptada por la junta directiva para la selección de personal de quienes
ingresan al servicio de UNE EPM telecomunicaciones, que posibilita la vinculación
sin tener título académico, también lo es que esto se condicionaba a lo siguiente:

77 Sentencia de 6 de agosto de 2009, radicado N.º 2080-03, consejero ponente: Alfonso Vargas

Rincón.
78 https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Especiales-Prensa/391899:Legalizar-
documentos-de-Educacion-Superior-ahora-es-mas-facil

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Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

«Cuando una persona ha terminado los estudios que le permiten cumplir con los
requisitos de educación exigidos para el cargo, pero aún no obtenido el título
académico requerido, debe presentar la certificación original de la institución
educativa, en la que se especifique la fecha de la ceremonia de grado y el
cumplimiento de todos los requisitos para optar al título de pregrado posgrado,
además de la copia de la factura de pago de los derechos de grado. Una vez
obtenido el título, debe entregar al área de selección, las copias del diploma y el
acta de grado respectivos»; 79 circunstancias que no demostró la señora Escolar
Sundheim al momento de su vinculación ni posterior a ello.

Así las cosas, considera la Sala que, contrario a lo manifestado por la demandante,
la Personería Municipal de Medellín emitió los actos ahora acusados teniendo en
cuenta en su integridad los elementos materiales probatorios obrantes dentro del
expediente disciplinario, con los cuales se demostró, primero, que UNE EPM
Telecomunicaciones S.A. requería como requisito para el ingreso al cargo de
director de ventas corporativas, entre otras cosas, «Educación: título profesional en
administración, economía, ingenierías, mercadeo o carreras administrativas, más
título de posgrado en mercadeo, administración, gerencia o negocios»; segundo la
señora María Luisa Escolar Sundheim al momento de su vinculación omitió
información, pues, no señaló que no contaba con título universitario; y, tercero,
dicha omisión tuvo incidencia en su vinculación, toda vez que de haber manifestado
la inexistencia de su título, no hubiera podido ingresar, por ser este un requisito
obligatorio.

Lo anterior, permite considerar que la Personería Municipal de Medellín sí tenía los
elementos de juicio suficientes para endilgar responsabilidad a la parte actora, que
las pruebas fueron valoradas en el marco de las reglas de la sana crítica y que la
interpretación que de ellas hizo el juzgador disciplinario, llevaron a la conclusión de
que la falta disciplinaria sí se cometió y la señora Escolar Sundheim fue responsable
de ella, razón por la cual este cargo no tiene vocación de prosperidad.

79 Folios 51 a 55 del cuaderno N.º 1 de antecedentes administrativos.

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Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

Es importante advertir, además, que al revisar la actuación disciplinaria no se
vislumbra sesgo en el decreto y práctica de las pruebas; por el contrario, se hizo
evidente que el único objetivo del investigador disciplinario consistía en encontrar la
verdad real de los hechos y para ello hizo uso de todos los medios que estimó
pertinentes y conducentes para su esclarecimiento. Ahora bien, una vez realizó la
valoración integral de las pruebas, concluyó que la actora no logró desvirtuar el
cargo que le fue endilgado. Así bajo tales circunstancias, no se demuestra que los
actos acusados hayan carecido de pruebas suficientes, sino, por el contrario, las
recaudadas fueron valoradas dentro del marco de autonomía y sana crítica del
operador disciplinario.

Finalmente, no es dable entrar a analizar la afirmación de la actora en relación a
que como no allegó documentos falsos no podía ser declarada responsable
disciplinariamente, en la medida en que éste no fue un argumento al imputarle la
falta ni al sancionarla, ya que, se insiste, el reproche se hizo por haber omitido
información esencial para su vinculación a UNE EPM Telecomunicaciones S.A..

3. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201680, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

80 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01

(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi.

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Radicado: 05001-23-33-000-2015-00370-01 (4172-2019)
Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado
a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias
en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en los numerales 1 y 8
del artículo 365 del Código General del Proceso81, la Sala condenará en costas de
segunda instancia a la demandante, teniendo en cuenta que el recurso de apelación
interpuesto no prosperó y el apoderado de una de las entidades vinculadas a la
contraparte, UNE EPM Telecomunicaciones S.A., presentó alegatos de conclusión.

4. Conclusión

Con base en los anteriores planteamientos se concluye que la parte actora no logró
desvirtuar la legalidad de los actos demandados, por lo que, en consecuencia, se
confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

81«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

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Radicado: 05001-23-33-000-2015-00370-01 (4172-2019)
Demandante: María Luisa Escolar Sundheim

F A L L A:

Primero.- Confirmar la sentencia proferida el seis (6) de junio de dos mil diecinueve
(2019) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, que
negó las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por la señora María
Luisa Escolar Sundheim Campo contra el Municipio de Medellín, la Personería
Municipal de Medellín y UNE EPM Telecomunicaciones S.A.

Segundo.- Condenar en costas, de segunda instancia, a la parte demandante.

Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 186 del CPACA.

GMSM

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