Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-00404-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2015-00404-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-00404-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2015-00404-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 05001-23-33-000-2015-00404-01 (2881-2021)
Demandante: Fanny de Jesús Franco Silva
Demandado: ESE Hospital San Juan de Dios de Rionegro (Antioquia)
Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
Decisión: Revoca parcialmente la sentencia de primera instancia en el
sentido de negar las pretensiones relativas a la declaratoria
de existencia de una relación laboral y el pago consecuente
de prestaciones sociales, perjuicios, «salarios», sanción
moratoria y aportes a salud y pensión
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia de primera instancia del 24 de mayo de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La actora interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad de los
Oficios 61-11.13 RF 20140272 del 19 de marzo de 2014 y 61-11.13 RF 20140471
del 19 de mayo de 2014, expedidos por la entidad accionada, por medio de los
cuales se negó el pago de unas prestaciones sociales, sanciones moratorias y
una pensión de sobrevivientes con ocasión al deceso de su hijo Alberto Armando
Gil Franco (q.e.p.d.), quien habría tenido un vínculo laboral con la demandada.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) declarar que entre su
hijo fallecido y la entidad accionada existió una relación laboral desde el 1.° de
abril de 2003 hasta el 29 de febrero de 2004; ii) declarar que tiene derecho a que
la entidad demandada le pague una pensión de sobrevivientes a partir del 29 de
febrero de 2004, con inclusión de las mesadas adicionales y los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; iii) pagar los
perjuicios que se le han generado; iv) liquidar y pagar a su favor las prestaciones
sociales a las que tenía derecho su hijo1, más los salarios adeudados y las
sanciones moratorias causadas por el retardo en el pago de las prestaciones y
los sueldos; v) indexar las sumas que se reconozcan; vi) condenar en costas a
la parte demandada; vii) dar cumplimiento a la sentencia en los términos del
artículo 309 de la Ley 1437 de 2011; y viii) efectuar las condenas extra y ultra
petita a que haya lugar.
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Cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de servicio, vacaciones y auxilio de transporte.
1
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Demandante: Fanny de Jesús Franco Silva
3. Relató que dependía económicamente de su hijo fallecido, quien no tuvo
descendientes ni pareja sentimental; y que su hijo estuvo vinculado a la ESE
demandada mediante contratos de prestación de servicios sucesivos, en el
marco de los cuales desarrolló funciones de auxiliar de administración desde el
1.° de abril de 2003 hasta el 29 de febrero de 2004 (cuando fue asesinado
mientras se dirigía a su sitio de trabajo).
4. Manifestó que su hijo cumplía horarios de 7:00 a. m., a 7:00 p. m., o
viceversa, realizaba las mismas tareas que el personal vinculado, atendía
instrucciones sobre la ejecución de los contratos y acataba el reglamento interno
de la institución contratante, quien le proveía los espacios físicos y los elementos
de trabajo, lo que indica que estuvo sujeto a una subordinación continuada.
5. Señaló que la entidad accionada no cumplió los deberes de realizar los
aportes a pensión de su trabajador ni verificar la afiliación del contratista al
sistema de seguridad social, motivo por el cual tiene que responder por las
prestaciones respectivas y la pensión de sobrevivientes conforme a los artículos
46 y 47 de la Ley 100 de 1993, ya que, si aquella hubiera afiliado a su hijo una
administradora de fondos de pensiones, esta última habría reconocido las
prestaciones económicas solicitadas.
6. Como concepto de violación argumentó que los actos acusados
infringieron normas superiores2, teniendo en cuenta que la demandada vulneró
sus derechos fundamentales e incurrió en enriquecimiento sin causa.
Contestación de la demanda
7. La entidad accionada se opuso a las pretensiones argumentando que si
bien suscribió varios contratos de prestación de servicios con el señor Alberto
Armando Gil Franco para desarrollar actividades propias de auxiliar de
administración, en la planta de personal no existía un cargo con esa
denominación.
8. Sostuvo que dentro de la coordinación de las actividades con el contratista
se pactó un cuadro de turnos; y que no se configuraron los elementos propios de
una relación laboral durante la ejecución de los contratos de prestación de
servicios.
9. Afirmó que la obligación de afiliación al sistema de seguridad social estaba
a cargo del contratista, la cual era verificada por la contratante; y que por la
duración de la vinculación no se hizo exigible dicha afiliación antes de la
suscripción de los contratos.
10. En ese escenario, propuso las excepciones de prescripción, inexistencia
de la obligación, buena fe y compensación.
2
Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13, 25, 38, 48, 53, 58 y 125 de la Constitución Política; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 46, 47, 48, 50, 141, 142, 288 y 289 de la Ley 100 de 1993; 1, 2, 3, 9, 12, 14, 38 y 39
de la Ley 712 de 2001; 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo; 1, 7, 9, 15, 25, 34, 43 y 74 del Código de
Procedimiento Laboral; 1, 6, 7, 9, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 39, 42 y 50 del Decreto 758 de 1990; las Leyes 80
de 1993 y 797 de 2003; y los Decretos 546 de 1971, 1660 de 1978, 691 de 1994, 1919 de 1994 y 2150 de
1995.
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Sentencia apelada
11. Mediante sentencia del 24 de mayo de 2021, el Tribunal declaró probada
la excepción de prescripción extintiva de las prestaciones sociales reclamadas y
negó el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes. Asimismo, decidió no
imponer condena en costas porque la demanda no se presentó con manifiesta
carencia de fundamento legal.
12. Consideró que no era necesario pronunciarse sobre la existencia de una
relación laboral entre el señor Alberto Armando Gil Franco y la entidad
demandada, pues en todo caso ocurrió la prescripción extintiva de las
prestaciones sociales, teniendo en cuenta que entre el deceso de aquel (29 de
febrero de 2004) y la reclamación administrativa (24 de febrero de 2014)
transcurrieron más de tres (3) años, sumado a que la demanda se interpuso el
12 de febrero de 2015.
13. Precisó que la prescripción extintiva no operaba sobre la pretensión
relacionada con la pensión de sobrevivientes; sin embargo, la obligación de
afiliación al sistema de seguridad social estaba a cargo del contratista, por lo que
las consecuencias de su incumplimiento afectan a este último, mas no a la
entidad contratante.
14. Afirmó que la parte demandada incumplió el deber de verificar que el
contratista realizara los aportes a pensión; no obstante, la consecuencia de esta
situación es que la entidad debía retener el valor de las cotizaciones al momento
de liquidar los contratos y efectuar directamente los giros al sistema, conforme al
artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Así pues, la obligación a cargo de la entidad
pública es de retención, mas no de realizar los aportes con sus propios recursos
ni de asumir las prestaciones que se hubieran dejado de causar.
15. Agregó que, aun si la entidad accionada tuviera que asumir las
prestaciones por la falta de pago de los aportes a cargo del contratista, no sería
procedente el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a favor de la
actora, pues su hijo trabajó durante once (11) meses, lo que equivale a 47,19
semanas de cotización, y el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 exige cincuenta
(50) semanas dentro de los tres (3) años anteriores al deceso para que dicha
pensión se conceda a los miembros del grupo familiar.
Recurso de apelación
16. Inconforme con la decisión, la demandante interpuso recurso de apelación
argumentando que, aunque le asiste razón al Tribunal en cuanto a la prescripción
extintiva de las prestaciones sociales, se debió analizar la existencia de la
relación laboral para efectos de ordenar el pago de los aportes a seguridad social
y la consecuente pensión de sobrevivientes.
17. Sostuvo que, si se hubiera estudiado y declarado la existencia del vínculo
de trabajo, luego se habría determinado que la entidad accionada debía realizar
los aportes a pensión y salud y asumir el 100 % de la pensión de sobrevivientes
a título sancionatorio.
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18. Invocó el principio de favorabilidad y adujo que la Ley 100 de 1993 prevé
condiciones más beneficiosas para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, en tanto exige veintiséis (26) semanas de cotización en el año
anterior al fallecimiento en tratándose de personas menores de veinte (20) años,
criterio que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la
Corte Constitucional «han extendido sin fijar edad» a los jóvenes que cuentan
con poca historia laboral y no acumulan los aportes suficientes para alcanzar la
pensión referida.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
19. Por auto del 14 de septiembre de 2021 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.
20. Mediante auto del 21 de marzo de 2024 se declaró fundado el
impedimento que manifestó el consejero de Estado Jorge Iván Duque Gutiérrez,
razón por la cual fue separado del conocimiento del presente asunto.
21. La parte demandada no se pronunció sobre la alzada y el ministerio público
no rindió concepto en esta fase procesal.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
22. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.
Problema jurídico
23. La Sala debe definir si acertó el Tribunal al declarar la prescripción extintiva
de prestaciones sociales y negar el reconocimiento de una pensión de
sobrevivientes sin haber analizado la desnaturalización de los contratos de
prestación de servicios en el marco del principio de primacía de la realidad sobre
las formalidades. En caso negativo, se realizará dicho estudio y se determinará
el mérito de las pretensiones formuladas de manera consecuencial.
Análisis del problema jurídico
24. La Sala revocará parcialmente la decisión apelada en el sentido de negar
las pretensiones relativas a la declaratoria de existencia de una relación laboral
y el pago consecuente de prestaciones sociales, perjuicios, «salarios», sanción
moratoria y aportes a salud y pensión porque las pruebas aportadas al expediente
no permiten acreditar que el señor Alberto Armando Gil Franco ejecutó las tareas
convenidas en los contratos de prestación de servicios bajo continuada
subordinación.
25. Con el fin de sustentar la anterior conclusión, la Sala estima necesario
destacar que el señor Gil Franco se desempeñó como auxiliar administrativo y
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auxiliar de facturación en la ESE Hospital San Juan de Dios de Rionegro,
vinculado a través de los siguientes contratos de prestación de servicios:
Contrato de prestación de servicios Plazo o duración Objeto
3 Sin determinar porque se aportó Auxiliar de
1502 del 1.° de abril de 2003
una copia incompleta del contrato administración
«176 horas durante el mes de
1646 del 1.° de junio de 20034 Auxiliar administrativo
junio de 2003»
«216 horas durante el mes de
1753 del 1.° de julio de 20035 Auxiliar administrativo
julio de 2003»
«192 horas durante el mes de
1871 del 1.° de agosto de 20036 Auxiliar administrativo
agosto de 2003»
«200 horas durante el mes de
2007 del 1.° de septiembre de 20037 Auxiliar administrativo
septiembre de 2003»
«208 horas durante el mes de
2242 del 1.° de octubre de 20038 Auxiliar administrativo
octubre de 2003»
«184 horas durante el mes de
2307 del 1.° de noviembre de 20039 Auxiliar administrativo
noviembre de 2003»
«200 horas durante el mes de
2456 del 1.° de diciembre de 200310 Auxiliar administrativo
diciembre de 2003»
«200 horas durante el mes de
19 del 1.° de enero de 200411 Auxiliar de facturación
enero de 2004»
«192 horas durante el mes de
174 del 1.° de febrero de 200412 Auxiliar de facturación
febrero de 2004»
26. Adicionalmente, la entidad demandada certificó que el señor Alberto
Armando Gil Franco laboró como «auxiliar de administración» en dicha institución
desde el 1.° de abril de 2003 hasta el 28 de febrero de 2004, a través de contratos
de prestación de servicios, y que tuvo una interrupción en mayo de 200313.
27. Asimismo, el Fondo de Pensiones Obligatorias Protección S.A., al cual se
encontraba afiliado el señor Alberto Armando Gil Franco, certificó que este no
realizó aportes a pensión durante los años gravables 2003 y 200414.
28. En línea con lo anterior, la entidad accionada certificó que el señor Alberto
Armando Gil Franco no realizó aportes a pensión entre el 1.° de abril de 2003 y
el 28 de febrero de 2004 porque sus contratos de prestación de servicios tuvieron
vigencia inferior a tres (3) meses cada uno, razón por la cual no era obligatorio
que este realizara aportes, de conformidad con los artículos 282 de la Ley 100
de 1993 y 114 del Decreto 2150 de 1995 y el Decreto 1919 de 199415.
29. También está demostrado que el señor Alberto Armando Gil Franco era
hijo de la señora Fanny de Jesús Franco Silva16 y que falleció el 29 de febrero de
2004 al frente de las instalaciones de la entidad demandada, aproximadamente
a las 7:00 a. m., por impacto de arma de fuego17.
3
Folio 30.
4
Folio 31.
5
Folio 32.
6
Folio 33.
7
Folio 34.
8
Folio 35.
9
Folio 36.
10
Folio 37.
11
Folio 38.
12
Folio 39.
13
Folio 40.
14
Folios 131, 134 y 135.
15
Folio 42.
16
Registro Civil de Nacimiento 3338264 de la Notaría Tercera de Medellín (Antioquia). Folio 64.
17
Constancia del 21 de abril de 2004 expedida por el técnico judicial II de la Fiscalía Seccional de Rionegro
(Antioquia) y Registro Civil de Defunción con indicativo serial 04152458 de la Notaría Segunda de Rionegro
(Antioquia). Folios 43 y 66.
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30. Por otro lado, en primera instancia se recibió la declaración de la
demandante y los testimonios de las señoras Sandra Yaned García Agudelo,
Liliam Amparo Holguín Sosa, Carmenza Ramírez Rendón y Beatriz Montaño
Damián, de los cuales se destaca lo siguiente:
i) La accionante relató que su hijo laboraba doce (12) horas en la entidad
demandada, en horarios que iban de 7:00 a. m., a 7:00 p. m., o viceversa;
que su hijo desempeñaba funciones de auxiliar administrativo; que tardó
en presentar la demanda porque no tuvo asesoría jurídica sobre su
derecho a la pensión; que no tiene más hijos; que en los años 2003 y 2004
ella no tuvo ningún empleo o fuente de ingreso, pero desde el deceso de
su hijo realiza aseo en las casas donde le resulte alguna oportunidad; que
antes del año 2003 su hijo trabajaba en el Policlínico; que la entidad
accionada no le exigió a su hijo que realizara las cotizaciones a pensión y
salud; y que en 2004 le reclamó al fondo Porvenir los saldos
correspondientes a los aportes que había efectuado su hijo, petición por la
cual le devolvieron un poco más dos millones de pesos.
ii) La señora Sandra Yaned García Agudelo señaló que entre 2001 y 2005
laboró como jefe de cartera (empleada de libre nombramiento y remoción)
en la entidad accionada y allí conoció al señor Alberto Armando Gil Franco,
quien se desempeñó como auxiliar administrativo vinculado por contrato
de prestación de servicios desde marzo o abril de 2003 hasta el 29 de
febrero de 2004 cuando fue asesinado; que el hijo de la demandante
trabajaba en las instalaciones de la entidad, con los elementos que esta le
proveía y dentro del cuadro de turnos que iba de 7:00 a. m., a 7:00 p. m.,
y viceversa; que no sabe si a este último le exigían el pago de la seguridad
social; que las funciones de auxiliar administrativo comprendían la
admisión, verificación de derechos y facturación del servicio que se les
prestaba a los pacientes; y que el señor Gil Franco utilizaba el uniforme y
la escarapela distintivos del hospital y no podía delegar su tareas a otra
persona.
Agregó que el señor Alberto Armando Gil Franco debía pedir permiso al
jefe de facturación para poder ausentarse; que el cargo de auxiliar
administrativo también era desempeñado por personal de planta y entre
estos y los contratistas no había diferencias en cuanto a las tareas, el trato,
las órdenes y los horarios; que el personal de planta sí era suficiente para
desarrollar las funciones que ejecutaba el hijo de la actora, pero los
empleados de carrera tienden a ser menos eficientes; y que el causante
era hijo único y le brindaba todo el apoyo económico, sentimental, etc., a
su mamá (la demandante).
iii) La señora Liliam Amparo Holguín Sosa manifestó que ella laboró en
facturación en las áreas de urgencias y consulta externa entre 2001 y
2004, vinculada a través de contratos de prestación de servicios, por lo
que le tocaba asumir el pago de su seguridad social, obligación que
verificaba el hospital antes de pagarle sus honorarios; que el señor Alberto
Armando Gil Franco trabajó como auxiliar administrativo desde abril de
2003 hasta el 29 de febrero de 2004, cargo que implicaba atender el
ingreso de los pacientes y la facturación en el área de urgencias; que el
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hijo de la demandante cumplía un horario definido en el cuadro de turnos
y desarrollaba sus tareas en las instalaciones de la entidad, con los
elementos que esta le proveía; que el causante no podía delegar sus
funciones ni ausentarse sin permiso de sus jefes; que había personas de
planta cumpliendo los mismos deberes que el señor Gil Franco, quienes
recibían el mismo trato que los contratistas; que estos últimos trabajaban
un (1) año, descansaban quince (15) días y luego volvían a firmar contrato;
y que el hijo de la actora usaba la escarapela y el uniforme distintivos del
hospital.
iv) La señora Carmenza Ramírez Rendón indicó que conoce a la demandante
desde hace veintiséis (26) años, pues ella (la testigo) vivió en el primer
piso y la actora en el segundo piso de la misma casa; que conoció al señor
Alberto Armando Gil Franco cuando este tenía diez (10) años de edad.
Que este falleció el 29 de febrero de 2004 a los veinticuatro (24) años de
edad; que el hijo de la actora pagaba el arriendo donde ambos vivían junto
con unos familiares; que el señor Gil Franco laboraba en la entidad
accionada en horarios de 7:00 a. m., a 7:00 p. m., o viceversa, y lo
asesinaron cuando iba en camino al hospital; que la demandante no
devenga pensión alguna ni heredó bienes que le generen rentabilidad; que
el causante no tenía pareja sentimental ni hijos, pero velaba por el
sostenimiento económico de su mamá (la accionante), quien no recibe
apoyo de ninguna otra persona; que la demandante «se ayuda» con las
labores de aseo que realiza en algunas casas desde que falleció su hijo; y
que el causante también trabajó en Pintuco y el Policlínico.
v) La señora Beatriz Montaño Damián expuso que llegó a Rionegro en 1997
y vivió frente a la casa en la que vivían la demandante y el señor Alberto
Armando Gil Franco junto con unos familiares; que el hijo de la actora
falleció el 29 de febrero de 2004 cuando trabajaba para el hospital; que el
causante le colaboraba en todo a su mamá (la accionante), como en el
pago del arriendo, la alimentación, el vestido, la recreación y el
sostenimiento económico, y no le dejó ningún bien que le generara
ingresos; que la actora no tiene pensión y desde el deceso de su hijo se
ha «rebuscado» la vida haciendo aseo en ciertas casas y vendiendo
productos de revistas de catálogo; que ningún tercero le colabora a la
accionante con su sostenimiento; y que el señor Gil Franco trabajó en otros
lugares antes de ingresar al hospital.
31. De entrada, la Sala considera que el Tribunal no podía declarar la
prescripción extintiva de las prestaciones sociales a las que pudo haber tenido
derecho el señor Alberto Armando Gil Franco por los servicios que le prestó a la
entidad accionada entre 2003 y 2004, pues no es posible concluir que se ha
extinguido un derecho que solo surge si previamente se declara la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios en el marco del
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.
32. Así las cosas, era necesario establecer, en primer término, la existencia
de un vínculo laboral, para luego determinar si había operado o no la prescripción
extintiva de las prestaciones sociales y, finalmente, resolver las pretensiones
relacionadas con los aportes al sistema de seguridad social y con la pensión de
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sobrevivientes, en la medida en que estos últimos aspectos se derivan de la
declaración de la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios.
33. Una vez precisado lo anterior, la Sala realizará el estudio sobre este
aspecto a continuación:
34. La prueba documental (contratos y certificaciones) y testimonial da cuenta
de que el señor Alberto Armando Gil Franco se desempeñó como auxiliar
administrativo y de facturación de la entidad demandada desde el 1.° de abril de
2003 hasta el 28 de febrero de 2004, de manera discontinua, pues en mayo de
2003 no se registra ningún vínculo, labor por la cual recibió una retribución, de tal
manera que se acreditó la prestación personal del servicio y la remuneración.
35. En este punto vale la pena aclarar que en los contratos se pactó el
cumplimiento de un número de horas18, sin especificar las fechas exactas de
inicio y terminación de la ejecución de cada contrato; no obstante, la entidad
demandada certificó que la prestación del servicio tuvo lugar desde el 1.° de abril
de 2003 hasta el 28 de febrero de 2004, con interrupción en mayo de 2003,
información de la cual se desprende que el señor Armando Gil Franco desarrolló
los objetos contractuales desde el 1.° hasta el 30 de abril de 2003 y del 1.° de
junio de 2003 al 28 de febrero de 2004.
36. Una vez precisado lo anterior, resulta necesario explicar que de acuerdo
con una interpretación armónica de los artículos 3, 4 (numerales 1 y 4), 5
(numeral 2) y 14 de la Ley 80 de 1993, entre los contratistas y las entidades
públicas debe existir una relación de entendimiento y coordinación que apunte a
la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual, lo cual implica para los
primeros el deber de acatar algunas directrices que les impartan las contratantes
durante el desarrollo del contrato19 y colaborar para que lo convenido se cumpla
de la mejor manera; para las segundas, el deber de ejercer la dirección general,
el control y la vigilancia de la ejecución, lo que les permite exigir al contratista la
correcta realización del objeto pactado y adelantar las revisiones periódicas de
los servicios prestados para verificar que estos se desarrollen en condiciones de
calidad.
37. Mención especial merecen los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011,
conforme a los cuales las entidades contratantes están obligadas a vigilar
permanentemente la ejecución correcta del objeto convenido a través de
supervisores o interventores, quienes tienen a su cargo la labor de hacer
«seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional» a cargo del contratista,
misión en razón de la cual están facultados para solicitar informes, aclaraciones
y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual.
18
A excepción del contrato de prestación de servicios 1502 del 1.° de abril de 2003, pues no se aportó copia
completa de él; sin embargo, la certificación expedida por la entidad demandada el 26 de abril de 2013 da
cuenta del período de ejecución contractual.
19
Numeral 2 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993: «2. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que
sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las
órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad
y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran
presentarse».
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38. Dicho eso, quien solicite la declaración de la desnaturalización de los
contratos de prestación de servicios en el marco del principio de primacía de la
realidad sobre las formas debe demostrar la ejecución de las tareas bajo
continuada subordinación; sin embargo, del análisis integral de las pruebas
recaudadas, la Sala concluye que la accionante no acreditó dicho aspecto por las
siguientes razones:
39. La continuada subordinación denota el «poder jurídico permanente de que
es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador, a través de
la expedición de órdenes e instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo
relativo a la manera como este debe realizar las funciones y cumplir con las
obligaciones que le son propias […] se destaca dentro del elemento de
subordinación, no solamente el poder de dirección, que condiciona la actividad
laboral del trabajador, sino el poder disciplinario que el empleador ejerce sobre
este […]»20.
40. Ahora bien, ninguna de las pruebas que obran en el expediente
(documental y testimonial) da cuenta de que la entidad accionada le realizaba
llamados de atención al señor Alberto Armando Gil Franco, le emitía órdenes
tendientes a determinar el modo en que tenía que cumplir sus tareas o le imponía
reglamentos y regímenes disciplinarios o correctivos durante los períodos en que
desarrolló actividades de auxiliar administrativo y de facturación.
41. Aunque las testigos Sandra Yaned García Agudelo y Liliam Amparo
Holguín Sosa mencionaron algunos aspectos relacionados con la ejecución de
los contratos de prestación de servicios por parte del señor Gil Franco, ni ellas ni
las demás testigos afirmaron que este último recibía órdenes o instrucciones que
definieran el modo en que cumplía sus tareas, por lo cual no puede concluirse
que este último vio comprometida su autonomía durante el desarrollo de sus
actividades.
42. Adicionalmente, la presencia de personas que supervisan la ejecución
contractual, la concertación de permisos para evitar la indisponibilidad del
servicio y el desarrollo de actividades en ciertos horarios y dentro de las
instalaciones de la entidad contratante, con los equipos y elementos que esta
proveía (entre ellos los uniformes y escarapelas de identificación), son
circunstancias que por sí solas no permiten deducir la subordinación continuada,
pues solo reflejan la coordinación que existe en el marco de los contratos de
prestación de servicios, la cual supone el entendimiento entre las partes
contratantes a fin lograr el cumplimiento de los objetos convenidos en
condiciones óptimas, como se explicó previamente.
43. Asimismo, el hecho de que el señor Alberto Armando Gil Franco no hubiera
podido delegar sus tareas ni designar su reemplazo en casos de ausencia
tampoco denota subordinación. Al respecto, basta con recordar que los contratos
estatales, como el de prestación de servicios, son intuito personae, es decir, que
las calidades y cualidades personales del contratista son esenciales para la
celebración del acuerdo, de tal manera que el cambio de la persona que ocupa
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
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dicha posición no puede estar sujeto al criterio unilateral de esta, sino al convenio
de las partes.
44. Las testigos Sandra Yaned García Agudelo y Liliam Amparo Holguín Sosa
también relataron que el señor Alberto Armando Gil Franco cumplía sus tareas
en igualdad de condiciones al personal de planta. Sobre el particular, vale la pena
recordar que el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la
celebración de contratos de prestación de servicios para el desarrollo de
actividades de administración y funcionamiento de las entidades públicas, de
suerte que una manifestación general acerca de la similitud entre los quehaceres
del contratista y los empleados de planta no es prueba suficiente de la continuada
subordinación.
45. Si bien la Sala ha considerado que este tipo de tareas de auxiliar de
administración y facturación suelen desarrollarse en escenarios de subordinación
continuada, también ha precisado que la decisión de los casos depende de las
particularidades de cada controversia21, especialmente del cumplimiento de la
carga probatoria que le asiste a la parte demandante conforme al artículo 167 del
Código General del Proceso; y en esta ocasión las pruebas aportadas y
practicadas no generan un convencimiento mínimo en el sentido de que la
entidad accionada hubiera realizado acciones que determinaran el modo en que
el señor Gil Franco desarrollaba sus actividades, al punto de que se desdibujaba
su autonomía.
46. Con base en las razones expuestas, la Sala concluye que la parte actora
no acreditó el elemento de la subordinación continuada y, por ende, tampoco
demostró la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios en el
marco del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, motivo por
el cual se revocará el ordinal primero22 de la parte resolutiva de la sentencia
apelada, que declaró probada la excepción de prescripción extintiva. En su lugar,
se negarán las pretensiones relativas a la declaratoria de existencia de una
relación laboral y al pago consecuente de prestaciones sociales, «salarios»,
perjuicios, sanción moratoria y aportes a pensión y salud23.
47. Por otro lado, la actora solicitó condenar a la parte demandada a pagarle
una pensión de sobrevivientes a modo de sanción por no haber realizado aportes
pensionales como empleadora ni verificado que su hijo los efectuara como
contratista, que depende del reconocimiento de la desnaturalización de los
contratos de prestación de servicios, por lo que se negará.
48. Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala concluye que la entidad
accionada no está obligada a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a
21
En sentido similar ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 16 de octubre de 2025, expediente 50001-23-33-000-2019-00194-01 (2746-
2022).
22
En el cual se había resuelto lo siguiente: «DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN
EXTINTIVA DEL DERECHO a las prestaciones sociales con ocasión de los contratos de prestación de
servicios suscritos por el señor Alberto Armando Gil Franco con la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de
Rionegro – Antioquia, entre el 1° de abril de 2003 y el 29 de febrero de 2004, de conformidad con lo expuesto
en la parte motivad e (sic) esta providencia».
23
De acuerdo con el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los contratos de prestación de servicios
no generan relación laboral ni prestaciones sociales.
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favor de la actora; en consecuencia, se confirmará la sentencia apelada, en
cuanto negó dicha pretensión.
La condena en costas de segunda instancia
49. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
50. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
51. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
52. En consecuencia, teniendo en cuenta que las peticiones planteadas en el
recurso de apelación no prosperaron, se impondrán costas a la parte
demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Antioquia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia
del 24 de mayo de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Decisión, que declaró probada la excepción de prescripción
extintiva. En su lugar, NEGAR las pretensiones relativas a la declaratoria de
existencia de una relación laboral y al pago consecuente de prestaciones
sociales, «salarios», perjuicios, sanción moratoria y aportes a salud y pensión.
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
TERCERO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la señora Fanny de
Jesús Franco Silva, a favor de la ESE Hospital San Juan de Dios de Rionegro
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(Antioquia). Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Con impedimento fundado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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