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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-00479-02

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2015-00479-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2015-00479-02 (6816-2024)
Demandante: Patricia Adriana Calderón Acevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

Tema: Nivelación salarial Decreto 1251 de 2009.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, el 30 de mayo de 2024,
que negó las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La demandante prestó sus servicios como juez municipal. Solicitó el reconocimiento y
pago de las diferencias salariales y prestacionales conforme al Decreto 1251 de 2009
[en armonía con el Decreto 610 de 1998], es decir, durante los años 2010, 2011, 2012
y 2013, con el 34.9 % del 70 % —o del 80 %— [según lo planteado en la demanda] de
lo que por todo concepto devengara un magistrado de alta corte. En el presente
proceso, pide la nulidad de los actos administrativos que le negaron lo solicitado.

Se confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones, pues los
cálculos demostraron que, entre 2010 y 2012, la demandante percibió una
remuneración superior al 34,9 % del 70 % de los ingresos anuales de un magistrado
de alta corte. Para 2013, tampoco acreditó diferencias salariales, aun con la inclusión
de la bonificación judicial.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. La señora Patricia Adriana Calderón Acevedo, por conducto de apoderado judicial,

Radicación: 05001-23-33-000-2015-00479-02 (6816-2024)
Demandante: Patricia Adriana Calderón Acevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial

presentó demanda el 6 de noviembre de 20131, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, de acuerdo con las pretensiones, hechos y
fundamentos jurídicos que a continuación se señalan.

2.1.1. Pretensiones

2. La demandante solicitó que se declare la nulidad de las resoluciones DESAJMR13-
3462 del 17 de enero de 2013 y 3546 del 22 de mayo de 2013, mediante las cuales la
entidad demandada negó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y
prestacionales reclamadas con fundamento en los decretos 1251 de 2009 y 610 de
1998.

3. Asimismo, pretendió que se inaplique, por inconstitucional, el artículo 4 del Decreto
1251 de 2009, así como cualquier disposición que impida el cumplimiento de sus
artículos 1, 2 y 3. En consecuencia, solicitó que su remuneración se determine con
base en el 80 % de lo percibido, por todo concepto, por un magistrado de alta corte y
que se ordene el pago de la diferencia correspondiente al 34,9 %.

4. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se reconozcan y paguen a
Patricia Adriana Calderón Acevedo las diferencias salariales y prestacionales
causadas durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013, así como las que se generen
mientras continúe desempeñando el mismo cargo u otro equivalente. Para el efecto,
solicitó incluir todos los factores salariales y prestacionales percibidos anualmente por
los magistrados de alta corte, entre ellos la asignación básica, los gastos de
representación, las primas, las bonificaciones, las cesantías y sus intereses.

5. Subsidiariamente, solicitó que su remuneración se determine con base en el 70 %
de lo percibido, por todo concepto, por un magistrado de alta corte y que, a partir de
ese parámetro, se reconozca y pague la diferencia correspondiente al 34,9 %, con
incidencia salarial y prestacional, desde 2010 y durante el tiempo que permanezca en
el cargo o en otro equivalente que le conceda el derecho. Finalmente, pidió que las
sumas reconocidas se actualicen y que se ordene el pago de los intereses moratorios
correspondientes, de conformidad con el artículo «178 del CCA».

2.1.2. Hechos

6. La Sala sintetiza los principales hechos de la demanda, así:

7.La señora Patricia Adriana Calderón Acevedo presta sus servicios en la Rama
Judicial, en calidad de juez 3 de civil municipal del circuito judicial de Medellín.

1
Expediente físico, folio 72.

2

Radicación: 05001-23-33-000-2015-00479-02 (6816-2024)
Demandante: Patricia Adriana Calderón Acevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial

8.El 25 de julio de 2012 2 le solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín, Antioquia, el reajuste de su salario y prestaciones
sociales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4 de 1992 y en el Decreto 1251
de 2009, respecto de la nivelación salarial equivalente al 34.9 % del valor
correspondiente al 70 % de lo que, por todo concepto, percibe anualmente un
magistrado de alta corte.

9. La entidad negó la reclamación mediante la Resolución núm. DESAJMR13-3462
del 17 de enero de 2013. Sostuvo, en síntesis, que liquidó el salario y las prestaciones
sociales de la demandante conforme a las normas aplicables y al incremento salarial
ordenado por el Gobierno nacional, por lo que pagó correctamente cada anualidad.

10. Inconforme con la decisión, presentó recurso de apelación. En virtud de lo anterior,
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través de la Resolución núm. 3546
del 22 de mayo de 2013, confirmó el acto administrativo impugnado.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

11. En la demanda se invocan las siguientes normas:

Ø De la Constitución Política, los artículos 13 y 53.
Ø Ley 4 de 1992, artículo 4.
Ø Decreto 610 de 1998.
Ø Decreto 1251 de 2009.

12. Al explicar el concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:

13. Indicó que, tras la expedición de la Ley 4 de 1992, se dictaron diversos decretos
orientados a la nivelación salarial dentro de la Rama Judicial. Los decretos 610 de
1998 y 4040 de 2004 dispusieron bonificaciones para magistrados de tribunal y cargos
afines, con el fin de aproximar sus ingresos a los percibidos por los magistrados de las
altas cortes. Posteriormente, el Decreto 3901 de 2008 extendió la nivelación a jueces
municipales y del circuito, asignándoles porcentajes proporcionales del ingreso de un
magistrado de estas altas corporaciones, sin afectar factores salariales ni alterar los
ingresos anuales de estos funcionarios.

14. Sostuvo que el Decreto 707 de 2009 introdujo restricciones que modificaron el
alcance del Decreto 3901 de 2008, al disponer que la diferencia frente al ingreso de
los magistrados de las altas cortes no constituía factor salarial ni prestacional. Tales
limitaciones, reproducidas en el Decreto 1251 de 2009, generaron afectaciones
económicas para los jueces, al desconocer criterios de equidad y la obligación de
respetar todos los componentes de lo percibido por los magistrados de alta corte.

2
Según el contenido del acto administrativo demandado, Resolución núm. DESAJMR13-3462 del 17 de enero de
2013, visible en el expediente físico. fl.39.

3

Radicación: 05001-23-33-000-2015-00479-02 (6816-2024)
Demandante: Patricia Adriana Calderón Acevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial

Asimismo, advirtió que en la práctica no se aplicaron los parámetros de liquidación
mensual previstos en el Decreto 1251 de 2009, lo cual incidió en la determinación de
la remuneración real de los jueces.

15. Alegó que la liquidación efectuada por la Rama Judicial otorgó incrementos mínimos
frente a lo reconocido a los magistrados de tribunal y de altas cortes, contrariando el
espíritu de la Ley 4 de 1992 y la prohibición legal de desmejorar salarios y
prestaciones. Ello repercutió negativamente en los ingresos de la funcionaria afectada,
alterando su salario, prestaciones y demás emolumentos, pese a que los parámetros
normativos ordenan atender la equidad, la escala salarial y el respeto por los derechos
adquiridos.

16. La accionante sostuvo que el acto administrativo que negó la solicitud de reajuste
salarial y prestacional incurrió en desconocimiento de los artículos 13 y 53 de la
Constitución Política.

2.2. Contestación de la demanda

17. La Rama Judicial, por intermedio de apoderada, se opuso a las pretensiones de la
demanda. Sostuvo que liquidó y pagó correctamente la remuneración de la
demandante conforme a los decretos expedidos por el Gobierno nacional y que, por
tanto, no adeuda suma alguna.

18. Como fundamento de la defensa, señaló que los artículos 150, numeral 19, literales
e) y f), de la Constitución Política y la Ley 4 de 1992 atribuyeron al Gobierno nacional
la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.
En ejercicio de esa facultad, se expidieron los decretos que regularon la nivelación
salarial de los funcionarios judiciales, en especial los decretos 3901 de 2008 y 1251
de 2009.

19. Explicó que, según el artículo 3 del Decreto 1251 de 2009, la remuneración anual
de los jueces municipales equivalía, para 2009, al 34,7 % del 70 % de lo percibido
anualmente por los magistrados de las altas cortes y, a partir de 2010, al 34,9 %.
Agregó que la diferencia resultante debía pagarse con cargo al rubro «otros conceptos
de servicios personales autorizados por ley» y que la entidad efectuó correctamente
esa liquidación.

20. Respecto de las cesantías, argumentó que no podían incluirse en los ingresos
anuales de los magistrados de las altas cortes para calcular la nivelación. Indicó que
el Decreto 10 de 1993 incorporó expresamente la prima de navidad dentro de los
ingresos permanentes, pero excluyó las demás prestaciones sociales, entre ellas las
cesantías, cuya finalidad es proteger al trabajador frente a la pérdida del empleo.

21. Finalmente, sostuvo que la administración no podía modificar los porcentajes,

4

Radicación: 05001-23-33-000-2015-00479-02 (6816-2024)
Demandante: Patricia Adriana Calderón Acevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial

destinatarios, condiciones ni fechas de causación fijados por el Gobierno nacional,
pues ello desconocería el principio de legalidad y comprometería indebidamente los
recursos públicos3.

2.3. Sentencia de primera instancia

22. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, mediante sentencia del
30 de mayo de 20244, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar
en costas.

23. Como fundamento de la decisión, el Tribunal consideró que la demandante no
tenía derecho a la nivelación salarial reclamada, porque el Decreto 610 de 1998 no
resultaba aplicable a los jueces y la remuneración prevista en el Decreto 1251 de 2009
debía calcularse anualmente sobre el 70 % de los ingresos totales de un magistrado
de alta corte. Aunque el auxilio de cesantías y sus intereses debían integrar esa base,
el comparativo de los ingresos de ambos cargos demostró que la actora había recibido
una remuneración acorde con el porcentaje correspondiente a los jueces municipales.
Por esta razón, negó las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho.

24. Para llegar a esta conclusión, el Tribunal estableció que la controversia consistía
en determinar si a la demandante, en su condición de juez municipal, podía aplicársele
—por analogía— el Decreto 610 de 1998 para calcular su remuneración sobre el 80 %
de lo percibido por un magistrado de alta corte. De manera subsidiaria, analizó cuáles
conceptos integraban la base del 70 % prevista en el Decreto 1251 de 2009, si la
comparación debía efectuarse mensual o anualmente y si los pagos recibidos desde
2010 correspondían a la nivelación ordenada por esa disposición.

25. Respecto del análisis normativo, explicó que la Constitución y la Ley 4 de 1992
habían atribuido al Gobierno nacional la determinación del régimen salarial y
prestacional de los servidores de la Rama Judicial, con atención a la categoría del
empleo, la responsabilidad y los requisitos exigidos para su desempeño. A partir de
esa competencia, el Decreto 610 de 1998 reguló la bonificación por compensación de
magistrados de tribunal y cargos equivalentes, mientras que el Decreto 1251 de 2009
fijó la remuneración de los jueces especializados, de circuito y municipales. Como los
destinatarios y niveles funcionales eran distintos, el Tribunal concluyó que no existía
un vacío normativo ni un trato discriminatorio que permitiera extender a los jueces la
base del 80 %. En consecuencia, rechazó la solicitud de inaplicar el porcentaje del 70
% por vía de excepción.

26. Respecto de los conceptos computables, el a quo sostuvo que la expresión «por
todo concepto» comprendía tanto ingresos salariales como prestacionales. Por ello,

3
Expediente físico, folio 122.
4
Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, 05001233300020150047900, índice 64, actuación
«Sentencia».

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Demandante: Patricia Adriana Calderón Acevedo
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acogió la jurisprudencia del Consejo de Estado según la cual las cesantías constituían
un ingreso laboral anual permanente y debían incluirse, junto con sus intereses, en la
remuneración de los magistrados de alta corte que servía como parámetro de
comparación. No obstante, precisó que esa misma metodología exigía incorporar las
cesantías y sus intereses dentro de los ingresos anuales del juez municipal. También
concluyó que la comparación debía efectuarse por vigencias anuales, pues el texto y
la finalidad del Decreto 1251 de 2009 habían establecido una nivelación sobre la
totalidad de lo percibido durante cada año, no sobre ingresos mensuales aislados.

27. Ahora bien, tuvo por probado que la demandante había ejercido como juez
municipal en distintos periodos desde octubre de 2010; que había solicitado la
reliquidación de su remuneración; y que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial había negado la reclamación mediante los actos acusados.
Para verificar los pagos, valoró las certificaciones sobre los periodos laborados, los
conceptos devengados por los magistrados de alta corte y la relación de ingresos
correspondiente a los jueces municipales. Con esos documentos calculó los ingresos
de las vigencias 2010, 2011 y 2012, incluidas las cesantías y sus intereses, y constató
que lo percibido por el cargo de juez municipal alcanzaba e incluso superaba el 34,9
% del 70 % de los ingresos anuales del magistrado de alta corte.

28. Igualmente, advirtió que la controversia no se refería a la equivalencia entre los
ingresos de los congresistas y los magistrados de las altas cortes, sino a la
comparación entre estos últimos —magistrados de alta corte— y los percibidos por la
demandante —como juez municipal—. En todo caso, aun bajo una interpretación
amplia de las pretensiones, el expediente no contenía pruebas que demostraran una
indebida liquidación de los ingresos anuales de los magistrados de las altas cortes ni
que justificaran modificar los valores utilizados para efectuar la comparación.

29. En consecuencia, el Tribunal concluyó que no había sumas pendientes por
reconocer durante las vigencias examinadas. Adicionalmente, indicó que para 2013 y
los años posteriores, observó que el Decreto 383 de 2013 había creado una
bonificación judicial permanente cuyo incremento gradual resultaba más favorable
para la demandante que la diferencia que habría producido la inclusión de las
cesantías en la base del Decreto 1251 de 2009. Por estas razones, mantuvo la
legalidad de los actos administrativos y negó las pretensiones principales y las
subsidiarias.

30. En materia de costas, el Tribunal se abstuvo de imponer su condena, dado que no
se había acreditado su causación.

2.4. Recurso de apelación

31.La parte demandante, por intermedio de apoderado, interpuso recurso de
apelación con el propósito de que se revocara la sentencia de primera instancia, y en

6

Radicación: 05001-23-33-000-2015-00479-02 (6816-2024)
Demandante: Patricia Adriana Calderón Acevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial

su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda. Como fundamento central,
sostuvo que el Tribunal interpretó de manera equivocada el Decreto 1251 de 2009 al
comparar los ingresos anuales de los magistrados de las altas cortes con los
percibidos anualmente por la demandante en su condición de juez municipal.

32. Explicó que, para establecer la remuneración mensual de una juez municipal,
debía tomarse el total anual percibido por un magistrado de alta corte, calcular sobre
esa suma el 70 % y aplicar al resultado el porcentaje del 34,9 % previsto en el artículo
3 del Decreto 1251 de 2009; luego, el valor obtenido debía dividirse entre doce, pues
correspondía a una remuneración mensual.

33. Así, para 2010, partió de $300.270.566, cuyo 70 % equivalía a $210.189.396;
sobre esta suma aplicó el 34,9 %, lo que arrojó $73.356.099 anuales y, al dividirlos
entre doce, una remuneración mensual de $6.113.008. Con la misma operación
calculó $6.306.790 para 2011 y $6.622.129 para 2012, valores que comparó con las
sumas efectivamente pagadas por asignación básica y prima especial de servicios,
correspondiente a $4.105.560, para sostener que existían diferencias salariales
pendientes de reconocimiento.

34. Alegó que las cesantías y sus intereses debían incluirse entre los conceptos
percibidos anualmente por los magistrados de las altas cortes. Sin embargo, precisó
que no procedía agregar esos mismos factores a los ingresos anuales de la juez para
efectuar una comparación entre ambos cargos, pues el Decreto 1251 de 2009 no
estableció una equivalencia entre ingresos anuales, sino una fórmula destinada a fijar
la remuneración mensual de los jueces. Como respaldo, invocó decisiones del Tribunal
Administrativo de Antioquia que habrían reconocido la nivelación salarial con inclusión
de las cesantías en la base de cálculo.

35. Finalmente, sostuvo que el Decreto 383 de 2013 no derogó el Decreto 1251 de
2009, porque la bonificación judicial prevista en aquel tenía una naturaleza distinta de
la nivelación salarial regulada por este. Por ello, solicitó reconocer las diferencias
causadas desde 2009 y durante el tiempo en que la demandante continuara
desempeñando el mismo cargo o uno similar, así como condenar en costas a la entidad
demandada en ambas instancias.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

36. Asignado por reparto el proceso de la referencia, esta corporación dictó auto el 9
de abril de 2025 5 , en el que admitió el recurso de apelación de la demandante y
prescindió del periodo para correr traslado a las partes, de acuerdo con el numeral 5
del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. El Ministerio Público no emitió concepto.

5
Samai, índice 5.

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-00479-02 (6816-2024)
Demandante: Patricia Adriana Calderón Acevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial

3. Consideraciones

3.1. Competencia

37. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce
en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

38. Según lo expuesto en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera
instancia, que negó las pretensiones de la demanda, corresponde resolver lo siguiente:

39. ¿Es procedente reconocer y pagar a la demandante, en su condición de juez
municipal, las diferencias salariales y prestacionales previstas en el artículo 3 del
Decreto 1251 de 2009, para lo cual debe establecerse si su remuneración mensual se
calculaba sobre el total anual percibido por un magistrado de alta corte —incluidas las
cesantías—, aplicando sucesivamente el 70 % y el 34,9 % y dividiendo el resultado
entre doce, o si correspondía comparar la totalidad de los ingresos anuales percibidos
en ambos cargos?

40.Con el fin de resolver el problema jurídico planteado se abordarán los siguientes
aspectos: de la nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009, hechos probados y caso
concreto.

3.2.1. De la nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009

41. El presidente de la República, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley
4 de 1992, expidió los decretos 3901 del 7 de octubre de 2008, 707 del 6 de marzo de
2009 y 1251 del 14 de abril de 2009, mediante los cuales dictó disposiciones en materia
salarial para los empleados de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación.

42. Así, los artículos 1 al 3 del Decreto 3901 del 7 de octubre de 20086, reglamentaron,
entre otros, la remuneración que por todo concepto perciben los jueces y fiscales, en
los siguientes términos:

ARTÍCULO 1°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez Penal del Circuito Especializado, el Coordinador de Juzgado Penal del
Circuito Especializado y el Fiscal Delegado ante Juez Penal de Circuito Especializado
será igual al cuarenta y siete punto siete por ciento (47.7%) del valor correspondiente
al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el

6
«Por el cual se dictan disposiciones en materia salarial».

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Magistrado de las Altas Cortes.

A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al
cuarenta y siete punto nueve por ciento (47.9%) del valor correspondiente al setenta
por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las
Altas Cortes.

ARTÍCULO 2°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez del Circuito y Fiscal Delegado ante Juez del Circuito será igual al
cuarenta y tres por ciento (43%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%)
de lo que por todo concepto perciba anualmente el magistrado de las Altas Cortes.

A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al
cuarenta y tres punto dos por ciento (43.2%) del valor correspondiente al setenta por
ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas
Cortes.

ARTÍCULO 3°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez municipal y el Fiscal Delegado ante Juez y Promiscuo será igual al
treinta y cuatro punto siete por ciento (34.7%) del valor correspondiente al setenta por
ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas
Cortes.

A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al
treinta y cuatro punto nueve por ciento (34.9%) del valor correspondiente al
setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el
Magistrado de las Altas Cortes (negrillas por la Sala).

43.Por su parte, el Decreto 707 del 6 de marzo de 2009, estableció dicha
remuneración en el siguiente sentido:

ARTÍCULO 1°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez Penal del Circuito Especializado, el Coordinador de Juzgado Penal del
Circuito Especializado, el Fiscal Delegado ante Juez Penal de Circuito Especializado,
el Juez de Dirección o de Inspección y el Fiscal ante Juez de Dirección o de Inspección
será igual al cuarenta y siete punto siete por ciento (47.7%) del valor correspondiente
al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el
Magistrado de las Altas Cortes.

A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al
cuarenta y siete punto nueve por ciento (47.9%) del valor correspondiente al setenta
por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las
Altas Cortes.

ARTÍCULO 2°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez del Circuito, el Fiscal Delegado ante Juez del Circuito, el Juez de
División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana y el Fiscal
ante Juez de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-00479-02 (6816-2024)
Demandante: Patricia Adriana Calderón Acevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial

Metropolitana será igual al cuarenta y tres por ciento (43%) del valor correspondiente
al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el
Magistrado de las Altas Cortes.

A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al
cuarenta y tres punto dos por ciento (43.2%) del valor correspondiente al setenta por
ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas
Cortes.

ARTÍCULO 3°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez Municipal, el Fiscal Delegado ante Juez Municipal y Promiscuo, el
Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o
de Departamento de Policía, el Fiscal ante Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de
Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o de Departamento de Policía y el Juez de
Instrucción Penal Militar será igual al treinta y cuatro punto siete por ciento (34.7%) del
valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba
anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al
treinta y cuatro punto nueve por ciento (34.9%) del valor correspondiente al
setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el
Magistrado de las Altas Cortes.

ARTÍCULO 4°. La diferencia entre el ingreso anual, por todo concepto, de los
funcionarios a que se refiere el presente decreto y el valor en pesos resultante de la
aplicación de los porcentajes señalados en los artículos 1° a 3° de este decreto
respecto del 70% de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las
Altas Cortes, no constituye factor salarial ni prestacional para ningún efecto legal y su
pago se imputará con cargo al ordinal Otros de la cuenta de Gastos de Personal
(Negrillas por la Sala).

44. El Decreto 1251 del 14 de abril de 2009 estableció, a partir de 2010 y en adelante,
para el juez municipal, el 34.9 % y respecto a juez de circuito 43.2 %, del valor
correspondiente al 70 % de lo que, por todo concepto, percibe anualmente un
magistrado de alta corte:

ARTÍCULO 1°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez Penal del Circuito Especializado, el Coordinador de Juzgado Penal del
Circuito Especializado, el Fiscal Delegado ante Juez Penal de Circuito Especializado,
el Juez de Dirección o de Inspección y el Fiscal ante Juez de Dirección o de Inspección
será igual al cuarenta y siete punto siete por ciento (47.7%) del valor correspondiente
al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el
Magistrado de las Altas Cortes.

A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al
cuarenta y siete punto nueve por ciento (47.9%) del valor correspondiente al setenta
por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las
Altas Cortes.

10

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Demandante: Patricia Adriana Calderón Acevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial

ARTÍCULO 2°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez del Circuito, el Fiscal Delegado ante Juez del Circuito, el Juez de
División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana y el Fiscal
ante Juez de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía
Metropolitana será igual al cuarenta y tres por ciento (43%) del valor correspondiente
al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el
Magistrado de las Altas Cortes.

A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al
cuarenta y tres punto dos por ciento (43.2%) del valor correspondiente al setenta por
ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas
Cortes.

ARTÍCULO 3°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto
perciba el Juez Municipal, el Fiscal Delegado ante Juez Municipal y Promiscuo, el
Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o
de Departamento de Policía, el Fiscal ante Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de
Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o de Departamento de Policía y el Juez de
Instrucción Penal Militar será igual al treinta y cuatro punto siete por ciento (34.7%) del
valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba
anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al
treinta y cuatro punto nueve por ciento (34.9%) del valor correspondiente al
setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el
Magistrado de las Altas Cortes.

ARTÍCULO 4°. El pago de la diferencia entre el ingreso anual, por todo concepto, de
los funcionarios a que se refiere el presente decreto y el valor en pesos resultante de
la aplicación de los porcentajes señalados en los artículos 1 a 3 de este decreto
respecto del 70% de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las
Altas Cortes, se imputará con cargo al ordinal Otros - Otros conceptos de servicios
personales autorizados por ley. (Negrillas por la Sala).

45. En consonancia con lo anterior, resulta pertinente precisar que los magistrados de
las altas cortes tienen un régimen salarial especial, el cual dispone que sus ingresos
totales anuales deben coincidir con los ingresos totales anuales permanentes de los
congresistas de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la
Ley 4 de 1992, así:

ARTÍCULO 15. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> 7 Los Magistrados del Consejo
Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional,
del Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la
República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador
Nacional del Estado Civil tendrán una prima especial de servicios, sin carácter salarial,

7
Aparte tachado 'sin carácter salarial' declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-
681-03 de 6 de agosto de 2003, Conjuez Ponente Dra. Ligia Galvis Ortiz.

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Demandante: Patricia Adriana Calderón Acevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial

que sumada a los demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad,
por los miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere. El
Gobierno podrá fijar la misma prima para los Ministros del Despacho, los Generales y
Almirantes de la Fuerza Pública.

46. El Decreto 10 de 1993, en sus artículos 1 y 2 reglamentó la prima especial de
servicios, así:

ARTICULO 1o. La prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4ª
de 1992, será igual a la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales recibidos
por los miembros del Congreso y los que devenguen los funcionarios que tienen
derecho a ella.

ARTICULO 2o. Para establecer la prima especial de servicios prevista en el presente
Decreto, se entiende que los ingresos laborales totales anuales percibidos por los
Miembros del Congreso son los de carácter permanente, incluyendo la prima de
Navidad (…).

47. De lo anterior, se advierte que los magistrados de las altas cortes tienen derecho
a la prima especial de servicios que, sumada a los demás ingresos laborales, debe
igualar a los percibidos en su totalidad por los miembros del Congreso de la República,
sin que en ningún evento lo superen; por ello se debe tener en cuenta los ingresos
laborales totales anuales percibidos por los congresistas.

48. En atención a la normativa expuesta, se desprende que la remuneración de los
jueces del circuito y municipales, así como de los fiscales delegados ante dichos
jueces, depende directamente de lo percibido por un magistrado de alta corte, y a su
vez, de los ingresos anuales de los miembros del Congreso.

49. Ahora, el Decreto 1251 de 2009 establece que ciertos servidores públicos recibirán
su remuneración según el porcentaje que por todo concepto perciba anualmente un
magistrado de las altas cortes; por ello, es necesario establecer cuáles son los
conceptos devengados por estos. Sobre el particular, la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 4 de mayo de 20098, señaló
lo siguiente:

Al referirse, tanto la Ley 4ª de 1992 como el Decreto 10 de 1993 a ingresos laborales
totales anuales, dicha expresión engloba todo aquello que en el año percibe en
ejercicio de la relación laboral el congresista como tal, sin tener en cuenta si dicha
partida es factor de salario o por el contrario corresponde a una prestación social.

En consecuencia, no le es dable al juzgador, distinguir donde la Ley no lo hace, siendo
claro que dentro de tal concepto deben incluirse tanto los salarios como las prestaciones
sociales
[…]

8
Proceso 250002325000200405209 02 (0552-07) M.P. Luis Fernando Velandia Rodríguez

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Demandante: Patricia Adriana Calderón Acevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial

Ahora bien, los servidores indicados en el Decreto 10 de 1993, entre ellos los Magistrados
de las Altas Cortes, tienen derecho a una “prima especial de servicios”, que sumada a los
demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad por los miembros del
Congreso.

Surge esencial, en consecuencia, aclarar que tratándose de la prima especial de servicios,
regulada en el Decreto 10 de 1993 que desarrolló el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, fue
el mismo Legislador quien al expedir las disposiciones contenidas en la Ley 4ª de 1992
equiparó los derechos salariales de los de Magistrados de Alta Corte con los Congresistas,
cosa que hizo en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, resultando entonces, que los ingresos
laborales totales anuales de los Magistrados deben ser iguales a los ingresos laborales
totales anuales de los Congresistas, por cuanto la Ley los ubicó en una misma situación
de hecho, siendo necesario aclarar en este punto, lo siguiente:
[…]
Se concluye en consecuencia que la suma recibida por los congresistas por concepto de
ingresos laborales totales anuales, debe ser la misma que la recibida por los magistrados
de las Altas Cortes y que éstos últimos, que es situación diferente, tienen entre sí, iguales
remuneración, prestaciones sociales y derechos laborales. (Negrillas y subrayado por la
Sala)

50. De otro lado, en sentencia del 18 de mayo de 2016 proferida por la Sala de
Conjueces de esta corporación9 , se determinó que para la liquidación de la prima
especial de servicios y de la bonificación por compensación, debe considerarse el
auxilio a las cesantías, así:

Las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República han sido
consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la jurisprudencia del Consejo
de Estado en ocasiones anteriores, lo que tiene plena razón de ser pues se trata de una
erogación que realiza el empleador anualmente a favor de su trabajador y que se causa
por cada día de trabajo del empleado.

De allí que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe ser tenido
en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios de los
funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes tienen derecho
a percibir una suma equivalente a lo que por todo concepto devengan los congresistas.
[…]
En este sentido, y teniendo en cuenta que la prima especial de servicios no solo es un
ingreso laboral sino que también cuenta con un carácter salarial limitado en atención a lo
decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-681 del 6 de agosto de 2003, habría
que señalarse que no existen razones para que se haga abstracción de la misma, o de
cualquiera de los factores que se tienen en cuenta para su liquidación, al momento de fijar
el monto a cancelar por concepto de bonificación por compensación a favor de los
servidores mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998. Habiendo señalado
que el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera permanente por los
jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente que resultaría violatorio
del principio de igualdad que surge del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia

9
Consejo de Estado, Sala de Conjueces, Sección Segunda, sentencia del 18 de mayo de 2016, proceso .
250002325000201000246-02, (0845)

13

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Demandado: Nación, Rama Judicial

el señalar que esta prestación social carece de tal naturaleza únicamente con el propósito
de disminuir la base de liquidación de la bonificación por compensación de la que son
acreedores los funcionarios mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998.

En consecuencia, se concluye que únicamente teniendo en cuenta los pagos que el
Estado debe realizar a los Congresistas por concepto de cesantías puede calcularse la
diferencia total entre lo que ellos perciben y la asignación de los Magistrados de las Altas
Cortes para, así, determinar el valor de la prima especial de servicio a la que tienen
derecho estos últimos.

51. Por lo anterior, se puede desprender que el auxilio de cesantías debe tenerse en
cuenta al momento de efectuar la liquidación de la prima especial de servicios de los
funcionarios mencionados en la Ley 4 de 1992, beneficio que a su vez incide en el
porcentaje que estableció los artículos 2 y 3 del Decreto 1251 de 2009 para los jueces
del circuito y municipales y fiscales delegados ante estos funcionarios.

52. Sobre el particular, la Sala de Conjueces de esta corporación10 se ha pronunciado
respecto a la nivelación salarial establecida en el Decreto 1251 de 2009, en los
siguientes términos:

[E]s patente que el monto de base o de referencia para el cálculo de los salarios y
beneficios salariales de los funcionarios de la Rama Judicial reglados por el Decreto 1251
de 2009 impone tener en cuenta los pagos que el Estado debe realizar a los Congresistas
por concepto de cesantías, fruto de ser ello imperioso para los beneficiarios de la prima
del artículo 15 de la Ley 4 de 1992.

53. En conclusión, el Decreto 1251 del 14 de abril de 2009, estableció un monto al que
deben ascender los ingresos que por todo concepto deben recibir los jueces del circuito
y municipales y fiscales delegados ante estos funcionarios, sin que dichos porcentajes
puedan ser desconocidos en virtud del principio de progresividad de los derechos
laborales.

3.3. Hechos probados

54.Obra certificación del 14 de diciembre de 2012 11 , proferida por el director
administrativo de la división de tesorería de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Antioquia, según la cual la señora Patricia Adriana Calderón
Acevedo desempeñó los cargos de secretario y juez, en los siguientes periodos:

Cargo Despacho Fecha inicial Fecha final
Secretario municipal Provisionalidad Juzgado 002 Civil 01/07/2011 09/10/2011
Municipal de Itagüí
Juez municipal 00 Descongestión - Juzgado 03 Civil 10/10/2011 31/12/2011

10
Consejo de Estado, Sala de Conjueces, Sección Segunda, sentencia del 3 de diciembre de 2024, proceso 25000-
23-42-000-2015-00244-02 (6490-2019) CP Héctor Santaella Quintero
11
Expediente físico, folio 29 a 38.

14

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Demandante: Patricia Adriana Calderón Acevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial

Municipal adjunto de Medellín
Juez municipal 00 Descongestión - Juzgado 03 Civil 01/01/2012 31/12/2012
Municipal adjunto de Medellín
Tabla 1. Relación cargos desempeñados por la demandante.

55. En estos mismos términos, mediante constancia del 20 de febrero de 201812 la
Oficina de Administración Documental de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Antioquia certificó los cargos desempeñados por la señora
Patricia Adriana Calderón Acevedo, de los cuales se destacan los ocupados desde el
2010, en atención a la naturaleza de las pretensiones:

Cargo Despacho Fecha inicial Fecha final
Oficial mayor municipal 00 Provisionalidad – Juzgado 020 Civil Municipal de Medellín 01/09/2006 28/02/2010
Secretario municipal 00 Provisionalidad – Juzgado 020 Civil Municipal de Medellín 01/03/2010 30/09/2010
Juez municipal 00 Provisionalidad – Juzgado 020 Civil Municipal de Medellín 01/10/2010 31/10/2010
Secretario municipal 00 Provisionalidad – Juzgado 020 Civil Municipal de Medellín 01/11/2010 15/12/2010
Oficial mayor municipal 00 Propiedad – Juzgado 020 Civil Municipal de Medellín 16/12/2010 30/06/2011
Secretario municipal 00 Provisionalidad – Juzgado 002 Civil Municipal de Itagüí 01/07/2011 09/10/2011
Juez municipal 00 Descongestión – Juzgado 03 Civil Municipal Adjunto de Medellín 10/10/2011 31/07/2013
Oficial mayor municipal 00 Propiedad – Juzgado 020 Civil Municipal de Medellín 01/08/2013 03/02/2014
Descongestión – Juzgado 751 Civil Municipal Medellín
Juez municipal 00 04/02/2014 02/04/2014
Descongestión
Oficial mayor municipal 00 Propiedad – Juzgado 020 Civil Municipal de Medellín 03/04/2014 03/04/2014
Descongestión – Juzgado 751 Civil Municipal Medellín
Juez municipal 00 04/04/2014 04/05/2014
Descongestión
Juez municipal 00 Encargo – Juzgado 012 Civil Municipal de Medellín 05/05/2014 30/06/2014
Juez municipal 00 Provisionalidad – Juzgado 025 Civil Municipal de Medellín 01/07/2014 26/08/2014
Descongestión – Juzgado 754 Pequeñas Causas y Competencia
Juez municipal 00 27/08/2014 03/11/2015
Múltiple Santo Domingo Medellín
Descongestión – Juzgado 754 Pequeñas Causas y Competencia
Juez municipal 00 04/11/2015 30/11/2015
Múltiple Santo Domingo Medellín
Oficial mayor municipal 00 Propiedad – Juzgado 020 Civil Municipal de Medellín 01/12/2015 03/12/2015
Provisionalidad – Juzgado 004 Pequeñas Causas y Competencias
Juez municipal 00 04/12/2015 A la fecha
Múltiples de Medellín
Tabla 2. Relación cargos desempeñados por la demandante.

56. Mediante constancia del 20 de febrero de 2018 13 , el coordinador de Asuntos
Laborales de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia
certificó los cargos desempeñados por Patricia Adriana Calderón Acevedo, así como
los pagos y descuentos efectuados por nómina durante los años 2010 a 2013.

57. A través del certificado expedido por la División de Recursos Humanos de la
demandada, del 17 de diciembre de 201214, se identificaron los salarios devengados
por la señora Patricia Adriana Calderón Acevedo en los cargos que desempeñó en la
entidad desde el año 2010 al 2012.

58. Se allegó constancia núm. DEAJRH12-8905 del 18 de octubre de 2012, en la que

12
Expediente físico, folio 172.
13
Expediente físico, folio 173.
14
Expediente físico, folio 48.

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Demandante: Patricia Adriana Calderón Acevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial

el director administrativo de División de Asuntos Laborales de la demandada hizo
constar los ingresos mensuales y anuales de los magistrados de altas cortes desde el
año 2010 al 201215.

59. Por otro lado, se aportó la constancia núm. DEAJRH12-7989 del 21 de septiembre
de 201216, en la que igualmente el director administrativo de la División de Asuntos
Laborales de la entidad demandada certificó los ingresos mensuales y anuales de los
magistrados de las altas cortes, para 2008 a 2012.

60. La misma dependencia también consignó esta información respecto de esos altos
funcionarios en la constancia núm. DEAJRHO18-3077 del 14 de abril de 2018 17 ,
correspondiente a los años 2011 a 2013.

61. Según el contenido de la Resolución núm. DESAJMR13-3462 del 17 de enero de
2013 18 , la parte actora presentó petición el 25 de julio de 2012 ante la entidad
demandada, para obtener el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y
prestacionales, así:

4. Se certifique el valor que percibió efectivamente por todo concepto anual, de manera
detallada, el (la) Dr. (a). PATRICIA ADRIANA CALDERON ACEVEDO en su calidad de
Juez 3° Civil Municipal Adjunta, en cargos ejercidos durante los últimos tres años 2010,
2011 y 2012.

5. Del ejercicio anterior, de resultar saldos a favor, entre lo que debió percibir en la
forma certificada en el numeral 2 de esta petición y lo efectivamente percibido por todo
concepto de remuneración anual, (numeral 4° de esta petición) el (la) Dr. PATRICIA
ADRIANA CALDERON ACEVEDO en su calidad de Juez 3° Civil Municipal Adjunta, en
cargos ejercidos durante los últimos tres años 2010, 2011 y 2012; se ordene la
reliquidación y pago efectivo del saldo a favor, en el cual, se incluya todos los saldos
dejados de percibir, y se extiendan dichos montos a la reliquidación de todas sus
prestaciones sociales legales y extralegales, que efectivamente debió percibir el (la)
Dr. (a) PATRICIA ADRIANA CALDERON ACEVEDO.

62. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia, mediante
la Resolución núm. DESAJMR13-3462 del 17 de enero de 2013, negó la petición
presentada por la accionante, al afirmar que la remuneración se realizó según a la
normativa aplicable, y en virtud al Decreto 1251 de 2009.

63. Inconforme con la decisión, la peticionaria presentó recurso de apelación. En virtud
de lo anterior, la entidad, a través de la Resolución núm. 3546 del 22 de mayo de
201319, confirmó el acto administrativo impugnado.

15
Expediente físico, folio 67.
16
Expediente físico, folio 68.
17
Expediente físico, folio 183.
18
Expediente físico, folio 16.
19
Expediente físico, folio 28.

16

Radicación: 05001-23-33-000-2015-00479-02 (6816-2024)
Demandante: Patricia Adriana Calderón Acevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial

3.4. Caso concreto

3.4.1. Del derecho a la nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009

64. La demandante solicitó la nulidad de los actos administrativos que le negaron el
reconocimiento y pago de los reajustes salariales y prestacionales conforme al Decreto
1251 de 2009 [en armonía con el Decreto 610 de 1998], es decir, durante los años
2010, 2011, 2012 y 2013, con el 34.9 % del 70 % —o del 80 %— [según lo planteado
en la demanda] de lo que por todo concepto devengara un magistrado de alta corte.

65. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria negó las pretensiones, al
concluir que el Decreto 610 de 1998 no era aplicable a los jueces y que la
remuneración de la demandante debía establecerse conforme al Decreto 1251 de
2009, mediante una comparación anual entre sus ingresos y el 34,9 % —para el año
2010— del 70 % de lo percibido por los magistrados de las altas cortes. Aunque incluyó
las cesantías y sus intereses dentro de los ingresos de ambos cargos, las pruebas
demostraron que, durante las vigencias 2010 a 2012, la actora recibió una
remuneración igual o superior a la prevista legalmente, sin que existieran elementos
que acreditaran una indebida liquidación de los ingresos de los magistrados. Para 2013
y los años posteriores, consideró que la bonificación judicial creada por el Decreto 383
de 2013 resultaba más favorable, por lo que mantuvo la legalidad de los actos
acusados.

66. Inconforme con esta decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación
y, como argumentos centrales de la alzada, sostuvo que el Tribunal interpretó
erróneamente el Decreto 1251 de 2009. Sostuvo que la remuneración de la juez
municipal debía calcularse mensualmente a partir del 34,9 % del 70 % de los ingresos
anuales de un magistrado de alta corte, dividido entre doce, lo que evidenciaba
diferencias frente a las sumas efectivamente pagadas. Agregó que las cesantías y sus
intereses debían incluirse únicamente en los ingresos de los magistrados, no en los de
la juez, pues la norma no ordenaba comparar ingresos anuales entre ambos cargos.
Asimismo, afirmó que el Decreto 383 de 2013 no derogó el Decreto 1251 de 2009, por
tratarse de beneficios de distinta naturaleza, y pidió el reconocimiento de las
diferencias salariales desde 2010, junto con la condena en costas.

67. Ahora bien, con el objeto de resolver el problema jurídico, en el proceso se acreditó
que la accionante presta sus servicios para la Rama Judicial como juez municipal,
desde el 1 al 31 de octubre de 2010; del 10 de octubre de 2011 al 31 de julio de 2013;
del 4 de febrero de 2014 al 2 de abril de 2014; del 4 de abril de 2014 al 30 de noviembre
de 2015; y del 4 de diciembre de 2015 a la fecha del certificado correspondiente [20
de febrero de 2018]. Aunado a lo anterior, se allegaron los certificados salariales de
los que se desprende que a la señora Patricia Adriana Calderón Acevedo se le ha
liquidado y pagado su salario, desde 2010 a 2013, conforme al cargo antes señalado.

68. Por otro lado, se allegaron certificaciones expedidas por el director administrativo

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de la División de Asuntos Laborales de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, en las que se hicieron constar lo percibido por los magistrados de altas cortes,
para los años 2008 a 2013.

69. Al descender al caso bajo estudio, se advierte que en virtud de lo señalado en el
artículo 3 del Decreto 1251 del 14 de abril de 2009, para los funcionarios allí señalados,
entre los que se encuentran los jueces municipales, les asiste el derecho a recibir una
remuneración del 34.7 % del valor del 70 % que por todo concepto reciba un
magistrado de alta corte; porcentaje que se incrementa al 34.9 % desde el 2010 y en
adelante. En ese orden de ideas, resulta evidente que la señora Patricia Adriana
Calderón Acevedo se encuentra en el supuesto consignado en la norma en cita, al
acreditarse que desde el año 2010 desempeña el anterior empleo.

70. Por lo anterior, la demandada se encontraba en la obligación de pagar, teniendo
en cuenta el cargo que desempeñó la parte actora, como mínimo, por todo concepto
laboral y prestacional, los porcentajes equivalentes que fueron señalados en el Decreto
1251 de 2009, para los años 2010 y siguientes.

71. Conforme a lo expuesto, la remuneración de un juez municipal —cargo que ocupó
la parte demandante— dependía directamente de lo percibido por un magistrado de
alta corte, que a su vez debe considerar, entre otras prestaciones, las cesantías. Lo
anterior, se itera, en los términos de la pretensión formulada en el presente medio de
control y en virtud de los fundamentos de la apelación.

72. Según se expuso anteriormente, la entidad mediante los actos demandados negó
la nivelación salarial conforme al Decreto 1251 de 2009, al afirmar que la remuneración
se realizó según la normativa aplicable.

73. Como se ilustra a continuación, en lo referente a la forma en que se liquidó el
salario de la demandante, durante el periodo en el que se desempeñó en el cargo de
juez de la República, se destaca que la entidad demandada en el trámite judicial aceptó
que se le calculó sin tener en cuenta las cesantías, pero que la diferencia resultante
para la debida liquidación acorde con el Decreto 1251 de 2009, debía pagarse con
cargo al rubro «otros conceptos de servicios personales autorizados por ley».

74. En efecto, en el acto administrativo demandado20, indicó que en los siguientes
términos realizó la liquidación salarial:

INGRESOS ANUALES MAGISTRADO ALTA CORTE 2010
Asignación Básica 37.285.392,00
Gastos de Representación 66.285.120,00
Prima Especial de Servicios 177.597.048,00
Prima de Navidad 8.630.876,00
TOTAL ANUAL 289.798.436,00
70% DEL TOTAL DE LOS INGRESOS 202.858.905,00

20
Expediente físico, folio 33.

18

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Demandante: Patricia Adriana Calderón Acevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial

34.9% del 70% DEL TOTAL DE INGRESOS 70.797.757,00
INGRESOS JUEZ MUNICIPAL AÑO 2010
FACTORES MENSUAL ANUAL
Asignación Básica 3.158.123,00 37.897.476,00
Prima Especial 947.437,00 11.369.244,00
Sub - Total Mensual 4.105.560,00
Bonificación de Actividad Judicial [semestral] 6.724.631,00 [2]
Bonificación por servicios 1.105.343,00
Prima de Servicios 1.625.117,00
Prima de Vacaciones 1.692.831,00
Prima de Navidad 3.526.731,00
Total Ingresos Anuales Juez Municipal sin Otros 70.666.004,00
Servicios Personales autorizados por ley.
34.9% del 70% Ingreso Magistrado Alta Corte 70.797.757,00
Diferencia anual entre ingresos Juez Municipal y el 131.754,00
34.9% del 70% del ingreso anual del Magistrado Alta
Corte – valor anual Otros Servicios Personales
autorizados por ley.
Diferencia Mensual $10.979,50
Tabla 3. Cuadro contentivo en el acto administrativo demandado.

75. En virtud de lo expuesto, se constata que la entidad efectuó la liquidación conforme
a lo previsto en el Decreto 1251 de 2009, esto es, calculando el 34,9 % del 70 % de lo
que por todo concepto perciben los magistrados de alta corte. Para tal efecto, tuvo en
cuenta los siguientes conceptos: «asignación básica», «gastos de representación»,
«prima especial de servicios», «bonificación por servicios» y «prima de navidad». Sin
embargo, no se advierte que se hubiera incluido concepto alguno relacionado con
cesantías.

76. Así, durante el período en que la demandante se desempeñó como juez de la
República, desde el año 2010, su remuneración también dependía de lo que percibían
los magistrados de alta corte, que debía incluir las cesantías. Sin embargo, para la
liquidación en el presente asunto, dentro de los ingresos devengados por dichos altos
funcionarios no se incluyó concepto alguno por cesantías. Tal circunstancia se
desprende de lo acreditado por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de
conformidad con las constancias núm. DEAJRH12-8905 del 18 de octubre de 2012 y
DEAJRHO18-3077 del 14 de abril de 2018, a través de las cuales se certificaron los
ingresos mensuales y anuales de los magistrados de las altas cortes desde 2010 a
2013, en los que sí se relaciona el concepto de cesantías. A efectos explicativos, se
relacionarán los años en comento, como aparece en los documentos, así:

Año 2010
Magistrados alta corporación
Asignación básica anual $37.285.392,00
Gastos de representación anual $66.285.120,00
Prima especial $177.597.048,00
Prima de navidad $8.630.876,00
Total ingresos anuales $289.798.436,00
70% del total de los ingresos $202.858.905,00
Cesantías $9.350.116,00

19

Radicación: 05001-23-33-000-2015-00479-02 (6816-2024)
Demandante: Patricia Adriana Calderón Acevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial

Intereses de cesantías (12% anual) $1.122.014,00
Total anual incluidas las cesantías $300.270.566,00
Tabla 4. Remuneración magistrado alta corte 2010.

Año 2011
Magistrados alta corporación
Asignación básica anual $38.467.344,00
Gastos de representación anual $68.386.356,00
Prima especial $183.226.860,00
Prima de navidad $8.904.475,00
Total ingresos anuales $298.985.035,00
Cesantías $9.646.515,00
Intereses de cesantías (12% anual) $1.157.582,00
Total anual incluidas las cesantías $309.789.132,00
Tabla 5. Remuneración magistrado alta corte 2011.

Año 2012
Magistrados alta corporación
Asignación básica anual $40.390.716,00
Gastos de representación anual $71.805.672,00
Prima especial $192.388.200,00
Prima de navidad $9.349.699,00
Total ingresos anuales $313.934.287,00
Cesantías $10.128.841,00
Intereses de cesantías (12% anual) $1.215.461,00
Total anual incluidas las cesantías $325.278.589,00
Tabla 6. Remuneración magistrado alta corte 2012.

Año 2013
Magistrados alta corporación
Asignación básica anual $41.780.148,00
Gastos de representación anual $74.275.800,00
Prima especial $199.006.440,00
Prima de navidad $9.671.329,00
Total ingresos anuales $324.733.717,00
Cesantías $10.477.273,00
Intereses de cesantías (12% anual) $1.257.273,00
Total anual incluidas las cesantías $336.468.263,00
Tabla 7. Remuneración magistrado alta corte 2013.

77. Ahora bien, aunque la entidad demandada no liquidó adecuadamente la remuneración
de los jueces, pues omitió incluir las cesantías dentro de los ingresos anuales de los
magistrados de las altas cortes —concepto que podía incidir directamente en la
remuneración de la demandante—, el a quo contempló dicho rubro al efectuar los
cálculos correspondientes. A partir de ese ejercicio, concluyó que la remuneración
percibida por la demandante en su condición de juez municipal — incluyendo también
las cesantías para ese cargo—, no implicó reconocer sumas inferiores a las que
resultan de la aplicación de los porcentajes establecidos en el Decreto 1251 de 2009,
cálculo que verificará esta Subsección. Para efectos explicativos se realizará los
siguientes cuadros explicativos:

20

Radicación: 05001-23-33-000-2015-00479-02 (6816-2024)
Demandante: Patricia Adriana Calderón Acevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial

Año 2010
Magistrados alta corporación Juez municipal
Asignación básica anual $37.285.392,00 Factores Mensual Anual
Gastos de representación anual $66.285.120,00 Asignación $3.158.123,00 $37.897.476,00
básica
Prima especial $177.597.048,00 Prima especial $947.437,00 $11.369.244,00
Prima de navidad $8.630.876,00 Sub - total $4.105.560,00
mensual
Total ingresos anuales $289.798.436,00 Bonificación de [semestral] $6.724.631,00
actividad judicial (multiplicado
por 2 =
$13.449.262)
Cesantías $9.350.116,00 Bonificación por $1.105.343,00
servicios
Intereses de cesantías (12% $1.122.014,00 Prima de $1.625.117,00
anual) servicios
Total anual incluida las $300.270.566,00 Prima de $1.692.831,00
cesantías vacaciones
Cálculo Decreto 1251 de 2009 Prima de $3.526.731
navidad
70% del total de los ingresos de $202.858.905,00 Total ingresos (Cesantías $70.666.004,00
magistrados, sin cesantías anuales juez $3.158.123)
municipal, sin
otros servicios
personales
autorizados por
ley.
34.9% del 70% del ingreso $70.797.757,91 Total ingresos $73.824.127
magistrado alta corte, sin anuales juez,
cesantías con cesantías
70% del total de los ingresos de $210.189.396,2 Conclusión: la demandante, teniendo en cuenta las
magistrados con cesantías cesantías, devengó al menos $468.028 más del
34.9% del 70% ingreso $73.356.099 34.9 % del 70 % del ingreso de magistrado de alta
Magistrado alta corte, con corte, incluyendo cesantías
cesantías
Tabla 8. Cuadro comparativo aplicando los porcentajes del Decreto 1251 de 2009, para 2010.

Año 2011
Magistrados alta corporación Juez municipal
Asignación básica anual $38.467.344,00 Factores Mensual Anual
Gastos de representación anual $68.386.356,00 Asignación
$3.258.236,00 $39.098.832,00
básica
Prima especial $183.226.860,00 Prima especial $997.471,00 $11.729.652,00
Prima de navidad $8.904.475,00 Sub - total
$4.255.707,00
mensual
Total ingresos anuales $298.985.035,00 Bonificación de
$13.875.604,00
actividad judicial
Cesantías $9.646.515,00 Bonificación por
$1.140.383,00
servicios
Intereses de cesantías (12% $1.157.582,00 Prima de
$1.676.634,00
anual) servicios
Total anual incluidas las $309.789.132,00 Prima de
$1.746.494,00
cesantías vacaciones
Cálculo Decreto 1251 de 2009 Prima de $3.638.529,00
navidad
70% del total de los ingresos de $209.289.524,5 Total ingresos
$72.906.128,00
magistrados, sin cesantías anuales juez

21

Radicación: 05001-23-33-000-2015-00479-02 (6816-2024)
Demandante: Patricia Adriana Calderón Acevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial

municipal, sin
otros servicios
personales
autorizados por
ley.
34.9% del 70% del ingreso $73.042.044,05 Total ingresos (Cesantías $76.164.364
magistrado de alta corte, sin anuales juez, $3.258.236,00)
cesantías con cesantías
70% del total de los ingresos de $216.852.392,4 Conclusión: la demandante teniendo en cuenta las
magistrados, con cesantías cesantías, devengó al menos $482.880 más del
34.9% del 70% Ingreso $75.681.484 34.9 % del 70 % del ingreso de magistrado de alta
Magistrado Alta Corte, con corte, incluyendo cesantías
cesantías
Tabla 9. Cuadro comparativo aplicando los porcentajes del Decreto 1251 de 2009, para 2011.

Año 2012
Magistrados alta corporación Juez municipal
Asignación básica anual $40.390.716,00 Factores Mensual Anual
Gastos de representación anual $71.805.672,00 Asignación
$3.421.148,00 $41.053.776,00
básica
Prima especial $192.388.200,00 Prima especial $1.026.345,00 $12.316.140,00
Prima de navidad $9.349.699,00 Sub - total
$4.447.493,00
mensual
Total ingresos anuales $313.934.287,00 Bonificación de
$14.569.386,00
actividad judicial
Cesantías $10.128.841,00 Bonificación por
$1.197.402,00
servicios
Intereses de cesantías (12% $1.215.461,00 Prima de
$1.760.466,00
anual) servicios
Total anual incluidas las $325.278.589,00 Prima de
$1.833.819,00
cesantías vacaciones
Cálculo Decreto 1251 de 2009 Prima de
$3.820.455,00
navidad
70% del total de los ingresos de $219.754.000,9 Total ingresos
magistrados, sin cesantías anuales juez
municipal, sin
otros servicios 476.551.444,00
personales
autorizados por
ley.
34.9% del 70% del ingreso de $76.694.146,31 Total ingresos $79.972.592
(Cesantías
magistrado alta corte, sin anuales juez,
$3.421.148,00)
cesantías con cesantías
70% del total de los ingresos de $227.695.012,3 Conclusión: la demandante teniendo en cuenta las
magistrados, con cesantías cesantías, devengó al menos $507.033 más del
34.9% del 70% Ingreso $79.465.559,29 34.9 % del 70 % del ingreso de magistrado de alta
Magistrado Alta Corte, con corte, con cesantías
cesantías
Tabla 10. Cuadro comparativo aplicando los porcentajes del Decreto 1251 de 2009, para 2012.

78. Conforme a lo anterior, aunque los cálculos de esta Sala difieren de los efectuados
por el Tribunal, se mantiene la tesis consistente en que la demandante percibió una
remuneración superior a la establecida en los porcentajes establecidos en el Decreto
1251 de 2009, inclusive en el escenario que se hubiese tenido en cuenta las cesantías
de los magistrados de las altas cortes, a partir de lo certificado por la entidad.

22

Radicación: 05001-23-33-000-2015-00479-02 (6816-2024)
Demandante: Patricia Adriana Calderón Acevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial

79. Es decir, el a quo para establecer lo devengado en cada año por la demandante,
partió de lo certificado por la entidad que no incluyó cesantías —esto se puede extraer
de los actos administrativos demandados—. Frente a esta situación, se consideró
pertinente para los años 2010 a 2012, sumar a lo certificado por la Rama Judicial, el
equivalente a «un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio»21, correspondiente
al auxilio de cesantías, con el fin de obtener una cifra más aproximada a la
remuneración efectivamente percibida, en especial para las anualidades en las que
esta se acercaba al monto que debía devengar.

80. Así, a partir de las operaciones contenidas en las tablas 8, 9 y 10 de esta
providencia se concluye que, durante los años 2010, 2011 y 2012, la demandante
percibió una remuneración superior a la resultante de aplicar el porcentaje previsto en
el Decreto 1251 de 2009, incluso si se incluyen las cesantías dentro de los ingresos
de los magistrados de alta corte, base que, dadas las particularidades del caso, debe
tenerse en cuenta. A partir de estos razonamientos, consideró adicionalmente que
desde el año 2013 la nivelación pretendida no es procedente, ya que desde dicha
anualidad perciben la bonificación judicial.

81. Recuérdese que el cargo de apelación no cuestionó los datos utilizados, sino el
método de liquidación. La demandante sostuvo que debía tomarse el ingreso anual de
un magistrado de alta corte, calcular su 70 %, aplicar el 34,9 % previsto en el artículo
3 del Decreto 1251 de 2009 y dividir el resultado entre doce. Así, para 2010, tomó
$300.270.566, cuyo 70 % correspondía a $210.189.396; al aplicar el 34,9 %, obtuvo
$73.356.099 anuales y una remuneración mensual de $6.113.008. Con el mismo
método calculó $6.306.790 para 2011 y $6.622.129 para 2012. Luego comparó esos
valores con lo pagado por asignación básica y prima especial de servicios —
$4.105.560 en 2010— y concluyó que existían diferencias salariales pendientes de
reconocimiento.

82. Sin embargo, la Sala no comparte este planteamiento, pues el cálculo de la
demandante se limita a la asignación básica y a la prima especial de servicios. Esa
metodología desconoce que la remuneración total del juez municipal comprende, entre
otros factores, la bonificación por actividad judicial, la bonificación por servicios
prestados y las primas de servicios, vacaciones y navidad, como quedó acreditado en
tanto en las pruebas allegadas al plenario como en las operaciones efectuadas por
esta Subsección.

83. Además, el cálculo anual permite incorporar tanto los conceptos que se pagan
mensualmente como aquellos que se causan en determinados momentos del año. Por
ello, ofrece una valoración más integral de la remuneración efectivamente percibida.
Por las razones expuestas, la suma de esos conceptos respetó los porcentajes
previstos en el Decreto 1251 de 2009.

21
Ley 6 de 1945, artículo 17; Decreto 1045 de 1978, artículo 40 y Ley 344 de 1996, el artículo 13.

23

Radicación: 05001-23-33-000-2015-00479-02 (6816-2024)
Demandante: Patricia Adriana Calderón Acevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial

84. Por otra parte, la demandante sostuvo que, para efectuar la operación aritmética,
debían incluirse las cesantías y sus intereses entre los conceptos percibidos
anualmente por los magistrados de las altas cortes. Sin embargo, este reparo no
guarda correspondencia con la decisión apelada, pues el juez de primera instancia sí
incorporó ambos conceptos en los cálculos consignados en las tablas, bajo el rubro
«34,9 % del 70 % del ingreso del magistrado de alta corte con cesantías». Aun con la
inclusión de las cesantías y sus intereses —como en efecto ocurrió—, se concluyó que
la remuneración percibida por la demandante respetó los porcentajes previstos en el
Decreto 1251 de 2009.

85. Además, aunque la demandante sostuvo que las cesantías y sus intereses debían
incluirse entre los conceptos percibidos anualmente por los magistrados de las altas
cortes, consideró improcedente computar esos mismos factores dentro de los ingresos
de la juez municipal. A su juicio, el Decreto 1251 de 2009 no estableció una
equivalencia entre ingresos anuales, sino una fórmula para determinar la remuneración
mensual de los jueces.

86. La Sala tampoco comparte esa interpretación. La norma dispone expresamente
que «la remuneración que por todo concepto perciba el Juez Municipal […] será igual
al treinta y cuatro punto siete por ciento (34,7 %) del valor correspondiente al setenta
por ciento (70 %) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de
las Altas Cortes». Por consiguiente, el parámetro «por todo concepto» comprende la
remuneración de ambos cargos. Por ello, no resultaría admisible a la luz de la
literalidad de la norma, incluir la totalidad de los factores percibidos por los magistrados
de las altas cortes y, al mismo tiempo, excluir algunos de los reconocidos a la juez
municipal.

87. Asimismo, sostuvo que el Decreto 383 de 2013 no derogó el Decreto 1251 de
2009, porque la bonificación judicial prevista en aquel tenía una naturaleza distinta de
la nivelación salarial regulada por este. Sobre el particular, la sentencia de primera
instancia indicó:

Ahora, en relación con los períodos correspondientes a los años 2013 y siguientes en
los cuales la demandante laboró como Juez, se debe tener en cuenta que en el
mencionado año entró a regir el Decreto 383 de 2013, por medio del cual se creó la
bonificación judicial para algunos funcionarios y empleados judiciales de la Rama
Judicial, con carácter permanente, pagadera de forma mensual, constitutiva de carácter
salarial -en los términos expresos del artículo 1º del citado decreto- solo para efectos
de aportes a la seguridad social en materia de salud y pensión.

Si bien esta reglamentación no derogó el Decreto 1251 de 2009, en los precisos
términos del análisis que ha efectuado el tribunal en el caso concreto, esto es, incluir
dentro de la base del 70% de todo lo devengado por un magistrado de Alta Corte el
auxilio de cesantías a que tiene derecho y sus intereses, se puede afirmar que el
Decreto 383 de 2013 resulta ser más favorable para la actora para el año 2013, más

24

Radicación: 05001-23-33-000-2015-00479-02 (6816-2024)
Demandante: Patricia Adriana Calderón Acevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial

aún en los años posteriores en los que el valor de la bonificación judicial mensual fue
incrementando gradualmente hasta el año 2018, luego de lo cual el valor se ha venido
actualizando año a año conforme al Índice de Precios al Consumidor (Destaca la Sala).

88. Por lo expuesto, el Tribunal no concluyó que el Decreto 1251 de 2009 hubiera sido
derogado, expresa o tácitamente, por el Decreto 383 de 2013. Lo que consideró fue
que esta última norma, al crear la bonificación judicial para determinados funcionarios
y empleados de la Rama Judicial, debía tenerse en cuenta desde 2013 por resultar
más favorable. En consecuencia, el planteamiento formulado en la apelación no
corresponde a las consideraciones de la sentencia de primera instancia. Además, la
demandante no demostró que, incluso con la bonificación reconocida en el Decreto
383 de 2013, no hubiera alcanzado la nivelación salarial pretendida, máxime cuando
en los años anteriores se acreditó el cumplimiento de ese parámetro.

89. Finalmente, la Sala no pasa por alto lo considerado por el a quo acerca de la
eventual incidencia de las cesantías percibidas por los congresistas en la
determinación de la remuneración de los magistrados de las altas cortes. Sobre este
aspecto, el Tribunal precisó:

Pero de la revisión del expediente objeto de este proceso no se observa que el reparo
de la parte actora obedezca a la no equivalencia entre los ingresos anuales de los
Magistrados de Altas Cortes y de los Congresistas, sino únicamente, respecto de la
comparación de sus ingresos con los percibidos por los magistrados de Altas Cortes.
Aún así, si esta sala pretendiera hacer una interpretación amplia, yendo más allá de lo
pedido por la accionante, y considerara que lo pedido en la demanda era hacer una
verificación de equivalencia entre los ingresos de los Congresistas y de los Magistrados
de las Altas Cortes, para verificar si el ingreso de dichos magistrados estaba ajustado
al ordenamiento jurídico, para finalmente hacer un estudio de la adecuada
proporcionalidad de los ingresos de la actora con los de los magistrados de altas cortes,
lo cierto es que en el expediente tampoco obra prueba que evidencie una indebida
liquidación de la totalidad de los ingresos anuales de los Magistrados de Altas Cortes,
que puedan llevar a considerar que los mismos no fueron liquidados en debida forma,
y que lleve a cambiar los valores sobre los cuales se realizaron las cuentas que obran
en páginas precedentes.

90. Sobre el particular, la Sala advierte que, aunque esta consideración no fue
controvertida en la apelación, tampoco guarda relación con las pretensiones de la
demanda, pues estas se sustentaron en la remuneración percibida frente a los
magistrados de las altas cortes, por ello, el Tribunal examinó integralmente la eventual
incidencia de las cesantías reconocidas respecto de estos altos funcionarios. En todo
caso, como lo señaló el a quo, no se aportaron elementos probatorios que permitieran
sustentar esa interpretación extensiva, dado que las certificaciones salariales
allegadas se limitaron a acreditar los conceptos percibidos por los magistrados de las
altas cortes.

91. En virtud de lo expuesto, esta Subsección confirmará el fallo apelado que negó las

25

Radicación: 05001-23-33-000-2015-00479-02 (6816-2024)
Demandante: Patricia Adriana Calderón Acevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial

pretensiones de la demanda, con fundamento en las razones expuestas en la presente
providencia.

3.5. Conclusión

92. La Sala concluye que la demandante no tiene derecho al reconocimiento y pago
de las diferencias salariales y prestacionales reclamadas, dado que los cálculos
efectuados demostraron que, durante los años 2010 a 2012, la demandante percibió
una remuneración superior al porcentaje previsto en el artículo 3 del Decreto 1251 de
2009. Para 2013 y los años posteriores tampoco acreditó la existencia de diferencias
pendientes. Por consiguiente, se confirmará la sentencia apelada, que negó las
pretensiones de la demanda.

3.6. Costas

93. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario de la
Subsección 22 sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
instancia no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte vencida haya
incurrido en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, el 30 de mayo de 2024, que negó las

22
La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a
un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte
Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer
la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de
condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

26

Radicación: 05001-23-33-000-2015-00479-02 (6816-2024)
Demandante: Patricia Adriana Calderón Acevedo
Demandado: Nación, Rama Judicial

pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

Segundo. No condenar en costas en segunda instancia.

Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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