Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2015-00553-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2015-00553-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-33-000-2015-00553-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
29 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 05001233300020150055301
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO
ACTORES: JOSÉ ÁLVARO GALVIS PINTO y GLORIA
CECILIA OSPINA GÓMEZ.
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA EN CUANTO
ACERTADAMENTE CONSIDERÓ QUE LOS PROCESOS DE
RESPONSABILIDAD FISCAL EN LOS CUALES SE HABÍA
DICTADO AUTO DE IMPUTACIÓN DE CARGOS SEGUIAN
ADELANTANDOSE, HASTA SU CULMINACIÓN, CONFORME AL
PROCEDIMIENTO ORDINARIO PREVISTO EN LA LEY 610 DE
2000, NO OBSTANTE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY
1474 DE 12 DE JULIO DE 2011 QUE IMPLEMENTÓ EL PROCESO
VERBAL SUMARIO EN DICHAS ACTUACIONES.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por los demandantes JOSÉ ÁLVARO GALVIS PINTO y GLORIA
CECILIA OSPINA GÓMEZ, a través de apoderado, contra la
sentencia de 12 de diciembre de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se denegaron
las pretensiones de la demanda.
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Actores: JOSÉ ALVARO GALVIS PINTO Y GLORIA CECILIA OSPINA
GÓMEZ.
I.- ANTECEDENTES
I.1- Pretensiones
Solicitaron los actores que, previo el adelantamiento del trámite
a que haya lugar, esta jurisdicción proceda a:
.- Declarar la nulidad del Fallo con Responsabilidad Fiscal
(P.R.F.) núm. 070-09(sic), de 28 de febrero de 2014, proferido
por la Contraloría General de la República– Gerencia
Departamental Colegiada de Antioquia, Grupo de
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva,
mediante el cual se les sancionó con responsabilidad fiscal, junto
con otras personas, en forma solidaria, por la suma de
$340.309.040.
.-Declarar la nulidad del Auto 142 de 29 de mayo de 2014,
proferido por la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia,
Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción
Coactiva, de la Contraloría General de la República, en virtud del
cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el
fallo con responsabilidad fiscal 051-14 de 28 de febrero de 2014,
confirmándolo.
.- Declarar la nulidad del Auto 000766 de 25 de julio de 2014,
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GÓMEZ.
proferido por la Dirección de Juicios Fiscales de la Contraloría
Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción
Coactiva, de la Contraloría General de la República, por el cual
se confirmó, vía apelación, las decisiones antes reseñadas.
.- Que, como consecuencia de la anterior declaración, y a título
de Restablecimiento del Derecho:
a.- Se restituya a la actora GLORIA CECILIA OSPINA GÓMEZ la
suma de $43.526.001 millones, que le fue embargada por la
CGR1 desde el 14 de enero de 2013, con la inclusión de intereses
moratorios a la tasa máxima legal permitida, desde la fecha del
embargo hasta el levantamiento del mismo.
b.- Se condene a la demandada al pago de los perjuicios morales
o extrapatrimoniales que resulten probados dentro del proceso
como consecuencia de la decisión de declararlos inhábiles para
contratar con el Estado por el término de 5 años, la cual atenta
contra su buen nombre.
c.- Se condene a la demandada al pago de las costas que genere
el presente proceso y a las agencias en derecho.
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Contraloría General de la República.
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d.- Que todas las anteriores sumas se actualicen al momento de
la sentencia teniendo en cuenta el IPC, más los intereses legales
a que haya lugar.
e.- Que se condene al pago de los intereses corrientes bancarios
vigentes desde la ejecutoria de la sentencia, durante los
primeros 6 meses y, en los 12 restantes, al doble de los
intereses bancarios, a título de moratorios, como lo prevén los
artículos 192 y 195 del CPACA2.
I.2. HECHOS
Como supuestos fácticos de las pretensiones, la parte actora
expuso, en síntesis, los siguientes:
1. Inició explicando que el 29 de diciembre de 2003 el INCODER3
suscribió el contrato núm. 071 con el Consorcio O Y G (en
adelante el Consorcio), con el objeto de: “EJECUTAR POR LA
MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y EN LOS
TÉRMINOS QUE SE (sic) ESTIPULA EL CONTRATO LAS OBRAS
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO DE IRRIGACIÓN EN
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Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL.
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PEQUEÑA ESCALA MEMBRILLAL, MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.
2. Precisó que el Consorcio estaba integrado por GLORIA
CECILIA OSPINA GÓMEZ y JOSÉ ÁLVARO GALVIS PINTO, siendo
este último su representante legal.
3. Mencionó que durante la ejecución de los trabajos el Dr. José
Álvaro Galvis Pinto fue el director de la obra y el ingeniero Omar
Enrique Villamizar Nova, su asistente.
4. Añadió que el contrato de obra tuvo dos ingenieros
interventores, Santiago Manuel Corena Márquez y Lucia Patricia
Muñoz A.
5. Puso de presente que el tiempo de ejecución del contrato fue
de 5 meses y se adicionó en 102 días, venciéndose el 25 de
noviembre de 2004.
6. Explicó que las obras efectuadas por el Consorcio se
recibieron a satisfacción entre el 15 de marzo de 2004 y el 25
de noviembre de 2004, según consta en el acta de inicio y
recibo.
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7. Señaló que no fue posible efectuar la liquidación del contrato
por mutuo acuerdo, ya que la interventora del proyecto elaboró
un acta de liquidación, que remitió al contratista, indicándole
que si no presentaba objeción alguna la suscribiera y la enviara
por correo y que si tenía algún desacuerdo se presentara
personalmente en las oficinas de Medellín.
8. Aclaró que el Consorcio remitió a la jefe de la Oficina de
Enlace Territorial No. 3, el oficio núm. 0046 de 6 de enero de
2006, solicitando el restablecimiento económico o equilibrio
financiero del contrato núm. 071 de 2003 con fundamento en el
artículo 5°, numeral 1, de la Ley 80 de 19934, debido a que el
INCODER no entregó a la fecha de su iniciación los diseños
revisados y cuantificados, lo que ocasionó al consorcio mayores
costos administrativos y mayor tiempo de ejecución del
contrato. Además, las correcciones a los diseños se hicieron
sobre la marcha del contrato, ya que hubo necesidad de ajustes
de gran envergadura por la reubicación de algunos elementos.
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ARTÍCULO 5o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS. Para la realización de los fines de que trata el
artículo 3o. de esta ley, los contratistas:
1o. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se
altere o modifique durante la vigencia del contrato.
En consecuencia, tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación
económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables
a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que
restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato.
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Igualmente señaló que el INCODER no contaba con los permisos
para intervenir los predios ni los de INVIAS para intervenir vías
nacionales.
9. Expresó que el INCODER, por medio del oficio 0067 de 18 de
enero de 2006, respondió a la solicitud del Consorcio indicando
que el contratista tenía todo el derecho a hacer la reclamación
para el restablecimiento del equilibrio de la ecuación económica
del contrato núm. 071 de 2003, pero que el acta de liquidación
de este no era la oportunidad ni la instancia para presentarla,
pues lo pertinente era acudir ante la jurisdicción competente,
razón por la cual el correspondiente reparo siguió sin
mencionarse en el acta, la cual se devolvió para que fuera
suscrita por el Consorcio.
10. Agregó la parte demandante que el Consorcio objetó
nuevamente el acta de liquidación por no haberse incluido la
solicitud de restablecimiento económico y que, mediante oficio
30062100674 de 1o. de marzo de 2006, suscrito por la Jefe de
Oficina de Enlace Territorial núm. 3, el INCODER manifestó su
interés en liquidar, por mutuo acuerdo, el contrato y, para
garantizar los derechos del contratista, incorporó la anotación
que este pedía en el acta de liquidación, pero aclarando que esto
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no constituía aceptación o reconocimiento de derecho alguno
por parte del INCODER, luego de lo cual se remitió nuevamente
el acta para la firma del Consorcio, sin que se obtuviera
respuesta de este, motivo por el cual se le requirió mediante
oficio 30062103378 de 14 de septiembre de 2006,
advirtiéndosele al representante legal que de no comparecer
para suscribir el acta de liquidación del contrato 071-2003, este
sería liquidado unilateralmente.
11. Señaló que mediante Resolución núm. 2199 de 3 de
noviembre de 2006, el Subgerente de Infraestructura del
INCODER, liquidó unilateralmente el contrato, dejando expresa
constancia de lo siguiente:
Numeral 23. “Que durante la ejecución del contrato no hubo
lugar a sanciones”.
Numeral 27. “Que, de acuerdo con lo establecido en el contrato,
hubo acta de recibo a satisfacción por parte de la Asociación de
Usuarios, así:
• ACTA DE RECIBO FINAL POR PARTE DE LA COMUNIDAD 25-
Nov-2004.
• ACTA DE RECIBO DE MATERIALES SOBRANTES POR PARTE DE
LA COMUNIDAD PARA FUTURAS AMPLIACIONES Y
REPARACIONES, 25-Dic-2004
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Numeral 32. “Que el contratista cumplió con el objeto del
contrato en el plazo establecido y las obras se recibieron a
satisfacción, como consta en el acta de recibo del contrato de
obra de 25 de noviembre de 2004, firmada por las partes.
Numeral 25. “Que, finalizadas las obras, se realizaron ajustes a
las obras construidas como consta en el informe de visitas
realizado el 29 de abril de 2005 por la interventora del contrato.
12. Indicó la parte demandante que el 22 de mayo de 2007 el
señor Jorge Isaac Cifuentes Toro, en su condición de
Representante de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA
MEMBRILLAL-ASOMEMBRILLAL, presentó denuncia por
presuntas irregularidades en la obra, la cual fue radicada con el
número D-00-07-038, conocida inicialmente por el Grupo de
Vigilancia Fiscal de la Gerencia Departamental Antioquia y
trasladada al Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva de la CGR, por haberse establecido un
presunto hallazgo fiscal.
13. Manifestó que la denuncia anterior fue atendida, según
formato de 13 de mayo de 2009, por parte del Grupo de Trabajo
de la Gerencia Departamental de Antioquia.
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14. Advirtió la parte demandante que lo anterior originó que la
CGR, dentro del proceso de Responsabilidad Fiscal 070 de 2009,
emitiera el fallo con responsabilidad fiscal núm. 51-14 de 28 de
febrero de 2014, en contra de los demandantes, debiendo estos
responder por la suma de $340.309.040 millones y la inclusión
en el boletín de responsables fiscales y en el Sistema de
Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades de la
Procuraduría General de la Nación.
El anterior fallo, fue objeto de los recursos de reposición y
apelación, habiéndose resuelto el de reposición, mediante auto
142 de 29 de mayo de 2014, confirmando la decisión recurrida
y, el de apelación, mediante auto 000766 de 25 de julio de 2014,
en el mismo sentido.
15. Recordó que los dos consorciados estarían inhabilitados para
contratar con el Estado desde el 12 de agosto de 2014 hasta el
11 de agosto de 2019.
16. Insistió en que a la demandante Gloria Cecilia Ospina
Gómez, la CGR le embargó la suma de $43.526.001 millones,
desde el 14 de enero de 2013, causándole significativos
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perjuicios patrimoniales.
17. Al decir de la parte actora la CGR desconoció en el fallo con
responsabilidad fiscal acusado evidentes pruebas que
demostraban el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por
los demandantes en el contrato 071 de 2003, como son las
declaraciones de Claudia Patricia López Ospina, de 25 de mayo
de 2010, y de Lucia Patricia Muñoz Alarcón, de 17 de mayo de
2012.
18. Indicó que el informe técnico del ingeniero civil y agrícola
IVAN MONTERO PUENTES respecto a la obra, después de
estudiar el expediente, menciona 5 conclusiones sobre el
contrato 071, entre ellas, que se cumplió con el objeto del
contrato y que los usuarios no asumieron el manejo del sistema,
administración, operación y conservación del distrito de
irrigación, según las reglas establecidas para este tipo de
proyectos.
19. La parte actora finalizó expresando que la Procuraduría
Regional de Antioquia, mediante providencia de 12 de marzo de
2010, se abstuvo de proferir cargos y, en consecuencia, ordenó
la terminación del proceso disciplinario y el archivo de las
diligencias adelantadas contra LUCÍA PATRICIA MUÑÓZ y JUAN
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SANTIAGO MEDINA CANO, quienes, en su orden, actuaron como
profesional universitario, supervisora del contrato y contratista-
interventor del contrato 207 de 2006, relacionado con la
ejecución del proyecto del Sistema de Irrigación Membrillal.
I.3. Normas violadas y concepto de violación
Considera la parte actora que la CGR-Gerencia Departamental
de Antioquia, con la expedición de los actos acusados, infringió
normas de orden constitucional, como los artículos 13 y 29; y
de rango legal, como los artículos 5°, 6°, 9° y 18 de la Ley 734
de 2002. Sustentó el concepto de violación, en resumen, así:
PRIMER CARGO: Violación del derecho fundamental al
debido proceso, falsa o indebida motivación e indebida
notificación
A juicio de la parte actora, está comprobada la existencia de
irregularidades sustanciales que han afectado el debido proceso,
si se repara en las consideraciones contenidas en el fallo con
responsabilidad fiscal núm. 51-14 de 28 de febrero de 2014,
proferido por la CGR, Gerencia Departamental Colegiada de
Antioquia.
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Agregó que las cuestionadas consideraciones de la CGR
desconocieron lo previsto en el artículo 118 de la Ley 1474 de
2011, aplicable al presente proceso, en virtud del artículo 40 de
la Ley 153 de 1887 y de la sentencia C-512 de la Corte
Constitucional, ya que invocan indebidamente la Ley 678 de
2001, que se refiere exclusivamente a la acción judicial de
repetición.
Expuso que al no respetar la demandada la rigurosidad que la
ley exige frente a esta clase de actuaciones, violó
sustancialmente el debido proceso, al no realizar una imputación
correcta sobre la conducta de los demandantes, lo que se hace
insaneable y obliga a que sea decretada la nulidad del
correspondiente trámite, a partir del auto mixto de imputación
de 8 de julio de 2011, para con ello garantizar el derecho a la
defensa, como principio orientador del debido proceso.
Aseguró que la notificación del auto mixto se realizó en forma
indebida, ya que al entrar en vigencia la Ley 1474, el 12 de julio
de 2011, debió adelantarse esta actuación mediante el
procedimiento establecido en dicha norma, esto es, a través de
notificación personal o, en su defecto, mediante aviso a la última
dirección conocida.
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En este último sentido, la parte actora indicó que si se revisa el
folio 13 del fallo recurrido se lee que fue notificado por edicto
fijado en Cúcuta entre el 20 de octubre y el 2 de noviembre de
2011, cuando debió notificarse mediante el sistema de aviso
previsto en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, lo que
confirma que se quebrantaron normas que configuran
irregularidades sustanciales que afectaron el debido proceso y
que hacen nulo el trámite posterior.
En complemento de lo anterior, expresó que la indebida
notificación fue lo que generó que no se conociera el contenido
de los diferentes actos para que pudieran ser controvertidos,
con lo cual se hubiera evitado llegar a esta instancia final, a
todas luces atentatoria de los más elementales principios de la
función pública, contenidos en el artículo 29 y 209 de la Carta
Política.
Seguidamente, de manera específica, la parte actora planteó las
siguientes causales de nulidad:
No existe certeza sobre la existencia del daño al
patrimonio público ni de su cuantificación
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Al respecto afirmó que no podía la Contraloría, con una simple
ecuación aritmética, determinar un daño al patrimonio del
Estado, sin tener en cuenta que los contratistas ejecutaron el
objeto contractual tal como estaba consagrado en las cláusulas
inicialmente acordadas. Las actas obrantes en el proceso y las
declaraciones de la supervisora y el interventor son claras al
manifestar que efectivamente los demandantes ejecutaron
acciones tendientes al cumplimiento del contrato de obra pública
núm. 071 del 29 de diciembre de 2004.
La conducta no se realizó a título de culpa grave como lo
exige la ley
Sobre el particular insistió en que debe darse aplicación al
contenido de la Ley 1474 de 2011 que en su parte pertinente
fue objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional, en la
sentencia C-512 de 2013, frente a una demanda dirigida contra
del parágrafo 3° del artículo 97 y del artículo 1185 de la referida
5
ARTÍCULO 118. DETERMINACIÓN DE LA CULPABILIDAD EN LOS PROCESOS DE
RESPONSABILIDAD FISCAL. El grado de culpabilidad para establecer la existencia de
responsabilidad fiscal será el dolo o la culpa grave.
Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con dolo cuando por los mismos hechos haya sido
condenado penalmente o sancionado disciplinariamente por la comisión de un delito o una falta
disciplinaria imputados a ese título.
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Ley.
Ausencia del nexo de causalidad entre el “no probado”
daño patrimonial y la conducta
En torno a esta censura, manifestó que al no estar probada la
existencia del daño, como lo exige la ley y la jurisprudencia y
teniendo en cuenta que la conducta de los presuntos
responsables no encuadra en las que consagra la Ley 1474 de
2011, es claro que no existe relación de causalidad entre un
presunto daño que pudiera considerarse a la fecha de la emisión
del fallo comparada con el momento de ocurrencia de los
hechos.
Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con culpa grave en los siguientes eventos:
a) Cuando se hayan elaborado pliegos de condiciones o términos de referencia en forma
incompleta, ambigua o confusa, que hubieran conducido a interpretaciones o decisiones técnicas
que afectaran la integridad patrimonial de la entidad contratante;
b) Cuando haya habido una omisión injustificada del deber de efectuar comparaciones de
precios, ya sea mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado o cotejo de los
ofrecimientos recibidos y se hayan aceptado sin justificación objetiva ofertas que superen los
precios del mercado;
c) Cuando se haya omitido el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las
funciones de supervisión, tales como el adelantamiento de revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, de manera
que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y
oportunidad ofrecidas por los contratistas;
d) Cuando se haya incumplido la obligación de asegurar los bienes de la entidad o la de hacer exigibles las pólizas o
garantías frente al acaecimiento de los siniestros o el incumplimiento de los contratos;
e) Cuando se haya efectuado el reconocimiento de salarios, prestaciones y demás emolumentos y haberes laborales con
violación de las normas que rigen el ejercicio de la función pública o las relaciones laborales.
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TERCER CARGO: Los demandantes no son gestores
fiscales en los términos del artículo 3° de la Ley 610 de
2000
En relación con este cuestionamiento la parte actora alegó que
en modo alguno los contratistas son gestores fiscales, ya que no
pueden ser tenidos en cuenta como servidores públicos, de
modo que no manejaron, ni administraron, ni tuvieron en
momento alguno disposición de bienes públicos.
Por último afirmó que se cumplió con el objeto del contrato como
se demuestra con las pruebas aportadas al proceso y según
consta en las actas de recibo final de obras por parte del
INCODER y de los usuarios.
I.4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La Contraloría General de la República contestó la demanda6, a
través de apoderado, oponiéndose a las pretensiones de la
misma, con fundamento en diversas consideraciones, las cuales
bien pueden sintetizarse, así:
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Folio 557 a 565 del cuaderno núm. 2.
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PRIMER CARGO: VIOLACIÓN DEL DERECHO
FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO
A) Por aplicación de normas distintas a las que
corresponden para determinar la culpabilidad
Al respecto puntualizó que el auto de imputación de
responsabilidad fiscal se profirió de manera previa a la entrada
en vigencia de la Ley 1474 de 2011, por lo tanto el
procedimiento aplicable en este caso era el regulado por la Ley
610 de 2000 y las modificaciones pertinentes derivadas de la
Ley 1474 de 2011, empero, tan solo en su parte procesal.
Estima que la parte actora pretende incorporar al debate el
artículo 118 de la Ley 1474 de 2011, como una norma de
carácter procesal cuando su contenido es evidentemente
sustancial, pues regula aspectos de la conducta que no son
propios del procedimiento en sí, por lo tanto, debe observarse
el principio de legalidad que predica que la norma aplicable al
caso no era otra que la vigente al momento de la comisión de
la infracción o desarrollo de la conducta, por lo tanto, la Ley
1474 de 2011, en este aspecto, no es aplicable.
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GÓMEZ.
B) Indebida notificación del auto mixto de imputación y
cesación de la acción fiscal y archivo
Al respecto indicó que obra a folio 1.188 notificación personal
del referido auto efectuada a la señora Gloria Ospina, el 21 de
agosto de 2011.
Aclaró que a los implicados JOSÉ ÁLVARO GALVIS PINTO y
GLORIA CECILIA OSPINA GÓMEZ, se les notificó el auto
referido el 3 de noviembre de 2011 a través de su abogado,
FREDDY OMAR CHAUSTRE PARRA, en la ciudad de Cúcuta,
según consta a folios 1.249 y 1.250.
SEGUNDO CARGO: VIOLACIÓN DEL DERECHO DE
DEFENSA
Recordó que en relación con la primera petición de pruebas, el
operador fiscal se pronunció expresamente sobre las solicitadas,
mediante auto de 15 de marzo de 2012, que advirtió sobre la
posibilidad de interponer recursos de reposición y apelación que
no fueron presentados, razón por la que ahora no puede
pretenderse invocar inconformidad, en sede judicial, cuando no
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GÓMEZ.
se hizo uso de los medios de defensa que la norma aplicable
consagraba en sede administrativa.
Agregó, en relación con el concepto técnico suscrito por el
ingeniero Iván Montero Puentes, -allegado al expediente por el
abogado Sergio Enrique Rosas Ramírez, representante del
imputado José Álvaro Galvis Pinto, mediante escrito de 21 de
enero de 2014, estando el proceso al Despacho para fallo-, que
no hubo arbitrariedad en la no valoración de dicha prueba en la
medida en que la decisión de excluirla por extemporánea fue
motivada y ajustada a derecho.
TERCER CARGO: Los señores JOSÉ ÁLVARO GALVIS
PINTO y GLORIA CECILIA OSPINA GÓMEZ no son
gestores fiscales en los términos del artículo 3° de la Ley
610 de 2000
En relación con este cargo, adujo que en el presente caso dichas
calidades se encuentran probadas con los documentos que
obran en el proceso, y, en especial, corroboradas por el manejo
de recursos entregados como anticipo para la ejecución del
contrato, como se evidencia de la lectura del contrato 071 de
2003, cláusula quinta, numeral 2, parágrafo, y la liquidación del
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contrato visible a folios 1.426 a 1.458, razones suficientes para
endilgar a los demandantes, la calidad de gestores fiscales.
Finalizó señalando que los actos administrativos proferidos
dentro del proceso de responsabilidad fiscal núm. 70 de 2009,
por parte de la Gerencia Departamental de Antioquia, fueron
expedidos con observancia de la ley y con respeto del derecho
de defensa y del debido proceso, y en ellos se probó la
ocurrencia de los elementos de la responsabilidad fiscal
atribuida a los hoy demandantes, motivo por el cual no están
viciados de causal de nulidad alguna que hagan prosperar las
pretensiones de la demanda.
I.5. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de
12 de diciembre de 20177, denegó las pretensiones de la
demanda, con fundamento en las consideraciones que, a
continuación, se sintetizan, así:
Que el problema jurídico a dilucidar consiste, en:
7
Folio 624 a 639 del cuaderno núm. 2.
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GÓMEZ.
En primer lugar, establecer si los actos acusados incurrieron en
violación al debido proceso por (i) falsa motivación al tener en
cuenta, en su fundamentación, la Ley 678 de 2001, por ser esta
aplicable, según los cargos de la demanda, exclusivamente, a
la acción de repetición y (ii) si hubo indebida notificación, en
tanto esta no se hizo con fundamento en la Ley 1474 de 2011,
norma que la parte actora estima aplicable al caso concreto.
En segundo lugar, determinar si se violó el derecho de defensa
por no tener en cuenta los argumentos expresados en sede
administrativa y la prueba técnica arrimada al trámite fiscal.
En tercer lugar, analizar si había certeza del daño, si se
cuantificó el mismo y si la conducta se ejecutó con culpa grave,
en tanto se trata de requisitos a cumplir para que exista
responsabilidad fiscal.
En cuarto lugar, estudiar si el contratista se libera de
responsabilidad fiscal, cuando en la liquidación unilateral se
reconoce por la entidad pública que las obras fueron entregadas
a satisfacción.
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GÓMEZ.
En quinto lugar, examinar si los particulares al fungir como
contratistas de la administración son sujetos pasivos de la
responsabilidad fiscal.
Con el propósito de dar respuesta a los interrogantes
planteados, el Tribunal abordó el estudio de aspectos tales como
el control fiscal en la Constitución, el principio de eficiencia en
el manejo de los recursos públicos, el control fiscal de acuerdo
con la ley, la responsabilidad fiscal y el daño patrimonial,
indicando que el proceso de responsabilidad fiscal derivado de
la gestión fiscal, tiene su origen en el artículo 2678
constitucional que lo define como una función pública a cargo
de la Contraloría General de la República en ejercicio de la
vigilancia que le compete ejercer sobre la administración, los
particulares y las entidades que manejen fondos o bienes de la
Nación y, de conformidad con lo previsto en el numeral 59, del
artículo 268 de la Carta, en desarrollo de esa función, debe
dicha entidad establecer la responsabilidad que se derive de la
gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del
caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre
8
ARTÍCULO 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de
la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades
que manejen fondos o bienes de la Nación.
[…].
9
5. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones
pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los
alcances deducidos de la misma.
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GÓMEZ.
los alcances deducidos de la misma, función que también es
ejercida por las Contralorías del nivel territorial, según lo
previsto por el inciso 6°10, del artículo 272 de la Carta Política.
Seguidamente, el a quo inició el análisis de los problemas
jurídicos planteados, así:
En relación con la violación del debido proceso por una supuesta
falsa motivación con ocasión de una imputación incorrecta,
consideró que no le asiste razón a la parte demandante, como
quiera que en el Auto de Apertura núm. 18 de 27 de agosto de
2009, se dispuso “Abrir Proceso de Responsabilidad Fiscal núm.
070-09”, en las dependencias administrativas del INCODER y,
para el momento de la apertura del proceso sancionatorio aún
no había entrado a regir la Ley 1474 de 2011, motivo por el cual
mal podría decirse que en un asunto sustancial, como es la
imputación de cargos, se cabalgue en una norma que no estaba
vigente al momento de expedirse el acto.
Respecto al cargo según el cual el estudio de la culpabilidad se
hizo con base en una norma inaplicable, como lo era la Ley 678
10
ARTÍCULO 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios
donde haya contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma posterior y selectiva.
[…]
Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su
jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268 y
podrán, según lo autorice la ley, contratar con empresas privadas colombianas el ejercicio de
la vigilancia fiscal..
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GÓMEZ.
de 2001, el Tribunal anotó que, a lo largo de la parte
considerativa del fallo con Responsabilidad Fiscal núm. 051-14
de 28 de febrero de 2014, claramente se alude al contenido de
la Ley 610 de 2000, respecto al objeto de la responsabilidad
fiscal (artículo 4°), los elementos que la integran (artículo 5°),
el fallo condenatorio (artículo 53), fallo sin responsabilidad
(artículo 54) y el daño patrimonial (artículo 6°).
Sobre el punto, continuó el a quo señalando que si bien es cierto
que en un segmento de la parte considerativa del fallo con
responsabilidad se hizo referencia a la definición de dolosa y
gravemente culposa de la conducta que prevé la Ley 678 de
2001, tal argumento no supone que la decisión haya sido
tomada con base exclusivamente en ella, pues, como quedó
reseñado, claramente se tuvo como fundamento para resolver
la responsabilidad fiscal la Ley 610 de 2000. Además, para
mayor claridad sobre el punto, debía tenerse en cuenta que el
proceso sancionatorio fiscal, se inició con base en esta última
norma. De ahí que el cargo de falsa motivación no estaba
llamado a prosperar.
Anotó, en relación con la violación al debido proceso por
indebida notificación del Auto Mixto de Imputación y Cesación
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de Acción Fiscal, que consta en el proceso sancionatorio que el
señor FREDDY OMAR CHAUSTRE PARRA, recibió una copia del
mismo11, el cual se notificó por edicto, que fue desfijado el 2 de
noviembre de 2011, al día siguiente de la desfijación, esto es,
el 3 de noviembre de 2001, en su condición de apoderado de
JOSÉ ÁLVARO GALVIS PINTO y de GLORIA CECILIA OSPINA
GÓMEZ, con lo cual quedó evidenciado que, en efecto, la parte
demandante, a través de su apoderado, realmente conoció de
la providencia que supuestamente no se le había notificado,
hecho en el que fundamenta el cargo de violación del debido
proceso y que, además, también quedó demostrado que la
señora OSPINA GÓMEZ se notificó12 personalmente del referido
acto administrativo.
Agregó que si la pretensión de la parte demandante era la de
que fuese declarada la nulidad del fallo de responsabilidad fiscal,
con ocasión de que la imputación fue notificada con base en una
norma que, a su juicio, no era aplicable, dicha situación, para
su procedencia, ha debido conducir a una verdadera violación
del debido proceso, que generara la absoluta imposibilidad en
la defensa y contradicción, lo cual en el presente caso no
ocurrió, en tanto que las partes conocieron efectivamente el
aludido Auto Mixto, al punto que fue recurrido en reposición y
11
Como consta a folios 1249 de la actuación administrativa, expediente digital, cuadernillo núm. 7, pág. 55.
12
Como consta a folio 1188 de la actuación administrativa, expediente digital, cuadernillo núm. 6, pág. 230.
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apelación el 11 de noviembre de 2011 por el apoderado de los
demandantes, quien, el 21 de noviembre de 2011, presentó
argumentos de defensa y, además, solicitó algunas pruebas, lo
que deja claro que, en efecto, el derecho de defensa sí se
ejercitó.
Seguidamente, el Tribunal analizó el cargo basado en la
presunta violación del derecho a la defensa por no haberse
tenido en cuenta los argumentos expresados en la vía
administrativa frente al auto de imputación y la prueba técnica
arrimada en el trámite fiscal.
Al respecto anotó que el hecho de que no se acojan los
argumentos propuestos por el investigado fiscalmente, no
significa que estos no hayan sido considerados por la autoridad
fiscal, la que, en el caso examinado, a lo largo del fallo con
Responsabilidad Fiscal núm. 051-14 de 28 de febrero de 2014,
analizó fácticamente los contratos de obra, de interventoría y
órdenes de servicios ejecutados, que tuvieron relación con las
actuaciones contractuales de los demandantes.
Según el Tribunal, en esta oportunidad se tuvo en cuenta el acta
de visita realizada al distrito de riego, en el curso del trámite
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dado a la denuncia presentada, que dio origen a la
responsabilidad fiscal, al igual que algunas declaraciones de
usuarios del distrito de riego. Que, asimismo, se valoró un
informe técnico, de 15 de febrero de 2013, rendido por un
ingeniero civil adscrito a la Gerencia Departamental de
Antioquia, prueba que fue ordenada de oficio.
Que al analizar la responsabilidad fiscal en relación con cada
uno de los imputados, se logró establecer que estos, en efecto,
deben ser tenidos como gestores fiscales en el proceso
sancionatorio.
De otra parte, advirtió que no se evidencia ausencia de análisis
respecto al daño, culpabilidad y nexo causal, en tanto que los
actos acusados examinaron en abundancia los hechos que
motivaron la responsabilidad fiscal y el daño que sustentó la
decisión, sumado a que se estudió dicha responsabilidad
teniendo en consideración la liquidación unilateral de contrato.
Se concluyó en este aparte de las consideraciones que no es
cierto que no se hayan analizado los argumentos de defensa,
pues lo que sucedió fue que estos no prosperaron, llegándose a
conclusiones adversas a los intereses de los investigados, lo
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GÓMEZ.
cual, por sí mismo, no constituye una violación al debido
proceso.
En cuanto a la prueba técnica que la parte demandante
pretendió que se tuviera en cuenta al momento de la decisión,
señaló el Tribunal que en el curso de la investigación dicha parte
tuvo la oportunidad de pedir pruebas, en el escrito presentado
luego de la imputación de cargos, las cuales efectivamente
fueron decretadas, mas no estaba facultada para aportar una
nueva prueba técnica en cualquier momento, y esperar
simplemente a que la misma fuese el fundamento de la decisión,
menos aun cuando dentro del proceso sancionatorio, se había
decretado, de oficio, otra prueba técnica con igual propósito y,
en vista de que la aportada por la parte investigada- era
claramente extemporánea y teniendo en cuenta que dentro del
proceso reposaba otra prueba técnica -la decretada de oficio-
con su debida contradicción, no existían motivos para sostener
que se violó el debido proceso, al valorarse esta última y no
aquella.
En lo concerniente a los requisitos para la existencia de la
responsabilidad fiscal el a quo advirtió que en el fallo de
responsabilidad fiscal se logró establecer con certeza el daño,
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GÓMEZ.
en tanto que se analizaron los contratos, las pruebas arrimadas
y se decretó una prueba técnica, de oficio, a efectos de
evidenciar su configuración.
Afirmó, igualmente, que no puede sostenerse fundadamente
que la CGR haya “ajustado” el análisis de la situación a los
requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico con el fin de
declarar la responsabilidad fiscal, pues dicha argumentación
carece de piso fáctico. Adicionalmente, precisó que en el acápite
de “Estimación de la cuantía por la que deben responder los
responsables fiscales”13, se consignan los valores
representativos del daño.
Referente al cuarto problema jurídico planteado, sostuvo que si
bien es cierto que el contrato fue liquidado unilateralmente por
la entidad contratante, mediante la Resolución núm. 2199 de 3
de noviembre de 2006, en la que se consignó que el consorcio
contratista cumplió con el objeto del contrato y las obras se
recibieron a satisfacción, no es menos cierto que el análisis que
debe realizar la CGR, en este caso, se somete a la Ley 610 de
2000, cuyo artículo 5, establece que la responsabilidad fiscal se
configura a partir de: (i) una conducta dolosa o culposa
13
Folio 94 cuaderno núm. 1.
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GÓMEZ.
atribuible a una persona que realiza gestión fiscal; (ii) un daño
patrimonial al Estado; y (iii) un nexo causal entre los dos
extremos anteriores, y que, por lo tanto, deben analizarse estos
elementos para efectos de dilucidar la mencionada
responsabilidad, sin que sea dable sostener que la liquidación
unilateral del contrato con constancia de recibo a satisfacción
de este, sea una eximente de dicha responsabilidad fiscal.
Finalmente, abordó el tema de si los particulares al fungir como
contratistas de la administración son sujetos pasivos de la
responsabilidad fiscal, para lo cual consideró pertinente traer a
colación algunas sentencias de la Corte Constitucional, en las
que se ha dejado claro que los contratistas sí son gestores
fiscales, en la medida en que administran recursos públicos,
decisiones estas entre las que se encuentran las sentencias SU-
620 de 1996, C-840 de 2001 y C-832 de 2002.
Concluyó el a quo aseverando que los contratistas que manejan
recursos de naturaleza pública, son sujetos pasivos de las
investigaciones que adelante la Contraloría, por la indebida
utilización de los mismos.
I.6. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
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GÓMEZ.
La parte demandante, mediante escrito de 16 de enero de
201814, impugnó la sentencia de 12 de diciembre de 2017,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por la cual
se denegaron las pretensiones de la demanda.
En sustentó de su inconformidad con la sentencia de primera
instancia, la parte actora, alegó, en síntesis, lo siguiente:
I. Violación del derecho fundamental al debido proceso:
Falta de motivación o Indebida Motivación
Manifestó que se equivoca el Tribunal al considerar que no debía
aplicarse el artículo 118 de la Ley 1474 de 2011 y, que dicho
error consistió en que reiteró la consideración de la Contraloría
según la cual debía aplicarse la Ley 678 de 2001; ley que rige
únicamente para la acción judicial de repetición, con lo cual se
violó lo consagrado en el artículo 40 de la Ley 153 de 187 y la
sentencia C-512 de 2013, como también se desconoció la Ley
1474 de 2011 y las consideraciones de la Corte Constitucional
vertidas en la sentencia referida, según las cuales:
14
Folio 644 a653 del cuaderno núm. 2.
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GÓMEZ.
“[…] Por lo tanto, las nuevas disposiciones instrumentales se
aplican a los procesos en trámite tan pronto entran en vigencia,
sin perjuicio de aquellos actos procesales que ya se hayan
cumplido de conformidad con la ley antigua, sean respetados y
queden en firma […]”.
Insistió en que la parte considerativa del fallo de
Responsabilidad Fiscal aplicó indebidamente la Ley 678 de
2001, en cuanto define la conducta dolosa y gravemente
culposa del agente del Estado. De ahí que el Tribunal incurra en
error al considerar que se podían mezclar, en un proceso
sancionatorio, una ley aplicable únicamente al proceso de
repetición y la ley propia del proceso de responsabilidad fiscal.
Indebida notificación
Recalcó que también se equivocó el Tribunal al considerar que
no hubo indebida notificación del auto mixto de imputación y
cesación de la acción fiscal y archivo, toda vez que, en su
opinión, la misma debió hacerse de acuerdo con la Ley 1474 de
2011, por ser esta la norma aplicable al caso concreto, desde el
momento en que entró en vigencia.
II. Violación del Derecho de Defensa
Desconocimiento de Medios de Prueba
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GÓMEZ.
A su juicio, erró el Tribunal al considerar que las pruebas debían
ser apreciadas en su conjunto y al señalar que el juez no
necesariamente debía exponer razonadamente el mérito que se
le asigna a cada una de ellas. Que, de haber actuado conforme
a la ley, sin lugar a dudas habría concluido que la CGR al emitir
el fallo no cumplió con lo previsto en el artículo 17615 del Código
General del Proceso, que le impone dos deberes al operador
judicial, que son: i) La apreciación de las pruebas en su
conjunto; y ii) Exponer razonadamente el mérito que le asigne
a cada una de las pruebas.
Añadió que al analizar la sentencia de primera instancia, se
evidencia, a primera vista, que no se acató lo preceptuado en
la ley procesal, configurándose con ello un incumplimiento por
parte del juez de los deberes consagrados en el artículo 176 de
CGP16, especialmente, el relacionado con el deber legal
consistente en exponer siempre y razonablemente el mérito que
se le asigna a cada una de las pruebas, norma que fue
igualmente transgredida por la CGR al emitir el fallo de
responsabilidad fiscal objeto de la presente acción.
15
ARTÍCULO 176. APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con
las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez
de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.
16
Código General del Proceso
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GÓMEZ.
III. Los señores José Álvaro Galvis Pinto y Gloria Cecilia
Ospina Gómez no son gestores fiscales en los términos
del artículo 3° de la Ley 610 de 2000
Sobre el particular, adujo la parte recurrente que en la sentencia
recurrida se erró al considerar que los demandantes son
gestores fiscales. Lo anterior, en la medida en que desconoció
lo preceptuado en el artículo 3°17 de la Ley 610 de 2000, por lo
que, sin lugar a dudas, los contratistas al no ser servidores
públicos no están incluidos en la definición legal de lo que se
considera un gestor fiscal; por lo tanto, al acoger el Tribunal el
criterio de la Contraloría desconoció la mencionada norma legal.
Advirtió que todo fallo o sentencia se debe dictar por “autoridad
de la ley” y no por autoridad de un doctrinante o Tribunal, por
muy prestigioso que sea, pues, cuando la ley es clara, como lo
es la Ley 610 de 2000, en su artículo 3°, al definir un gestor
fiscal, es erróneo acudir a interpretaciones distintas.
II. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
17
ARTICULO 3o. GESTION FISCAL. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el
conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las
personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada
y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación,
consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación,
manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los
principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia,
publicidad y valoración de los costos ambientales.
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GÓMEZ.
• La parte demandante, mediante escrito de 1° de noviembre
de 201818, presentó alegatos de conclusión, replicando los
argumentos expuestos en el escrito de apelación.
• A su turno, la parte demandada, a través de memorial de 2 de
noviembre de 201819, presentó alegatos de conclusión que en
lo esencial reproducen los mismos argumentos esbozados en el
escrito de contestación de la demanda.
• El Ministerio Público en esta oportunidad guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
Impedimento
Sea lo primero advertir que mediante escrito de 5 de julio de
2018, el doctor ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
manifestó que se encontraba incurso en la causal de
impedimento prevista en el numeral 3 del artículo 130 del
CPACA para conocer del presente proceso, el cual fue aceptado
por la Sala a través de auto de 19 de julio de 2018 y, en
consecuencia, se le separó del conocimiento del mismo.
Los actos administrativos demandados
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Folio 28 a 37 del cuaderno núm. 3.
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Folio 38 a 47 del cuaderno núm. 3.
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En orden a dilucidar el fondo de la controversia, es menester
traer a colación los actos acusados:
.- El Fallo con Responsabilidad Fiscal No. 051-14 emitido
dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 070-09
Trazabilidad N° D-00-07-038/070-09 de fecha 28 de
febrero de 2014, proferido por la Grupo de Investigaciones,
Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia
Departamental de Antioquia, de la Contraloría General de la
República, en cuanto falla con responsabilidad fiscal de
conformidad con el artículo 53 de la Ley 610 de 2000 en contra
de los demandantes José Álvaro Galvis Pinto y Gloria Cecilia
Ospina Gómez, en su condición de contratistas, integrantes
del Consorcio O y G y otros, por el daño patrimonial producido
al erario con ocasión de la ejecución del contrato para la
construcción del Distrito de Pequeña Irrigación Membrillal,
ubicado en el municipio de Cañasgordas, en cuantía equivalente
a $340.309.040.oo, en forma solidaria, cuyas consideraciones
son las que se transcriben continuación:
“[…] CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Como se mencionó anteriormente, la denuncia fue presentada por el
representante de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA MEMBRILLAL –
ASOMEMBRILLAL, en relación con presuntas irregularidades en el Distrito de
Pequeña Irrigación Membrillal, ubicado en el municipio de Cañasgordas (folios 1-
417). Ahora bien, según lo expresado en el formado de traslado del hallazgo
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fiscal por parte del grupo de trabajo de la Gerencia Departamental Antioquia que
atendió la denuncia “se realizó visita al Distrito de Riego Membrillal con el fin
determinar el estado físico de las obras civiles realizadas; los equipos
electromecánicos instalados y determinar si el servicio es prestado con eficiencia
en toda el de área de influencia de la obra de infraestructura. Se pudo evidenciar
que a la fecha el sistema de irrigación no está operando y que en efecto no se
está prestando ningún servicio o beneficio a la comunidad”. Se menciona
también que “se realizó encuesta a nueve (9) de los 22 usuarios, con el fin de
indagar sobre los hechos denunciados (…), y éstos concuerdan en afirmar que
el sistema de riego no ha funcionado nunca porque ha presentado fallas técnicas
desde el inicio de su construcción y que los responsables de establecer el servicio
son los ingenieros del proyecto. Además, aducen que el diseño de la construcción
de sistema de riego no es el adecuado y que tampoco dicha obra ha sido
entregada oficialmente a la comunidad” (folios 409 a 407).
[…]
Por otra parte, el inciso 1º del artículo 4 de la Ley 610 de 2000, dispone que la
responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados
al patrimonio público, como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de
quienes realizan gestión fiscal, mediante el pago de una indemnización
pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.
Enseguida, el artículo 5º menciona que la responsabilidad fiscal está integrada
por los siguientes elementos: Una conducta dolosa o culposa atribuible a una
persona que realiza gestión fiscal, un daño patrimonial al Estado y un nexo causal
entre los dos elementos anteriores.
Más adelante, el artículo 53 establece que se proferirá fallo con responsabilidad
fiscal cuando en el proceso obre prueba que conduzca a la certeza de la
existencia del daño al patrimonio público y de su cuantificación, de la
individualización y actuación cuando menos con culpa del gestor fiscal […].
Ahora bien, vencido el término de traslado para presentar los argumentos de
defensa frente a las imputaciones efectuadas y practicadas las pruebas
decretadas en su oportunidad procesal, procede a continuación el despacho a
evaluar la decisión de fondo que deberá proferirse en el presente proceso de
responsabilidad fiscal, de conformidad con lo que ordena el artículo 52 de la Ley
610 de 2000.
[…] Proyecto
De conformidad con el documento “Estudios y diseños del proyecto de pequeña
irrigación de Membrillal, en el municipio de Cañasgordas, Departamento de
Antioquia”, obrante a folios 1 a 227 del cuaderno anexo 1 del expediente del
proceso, elaborado por la firma consultora INPROTEKTO LIMITADA, el proyecto
tenía por objeto principal mejorar la condición del nivel de vida de los habitantes
en la zona del proyecto y aumentar la producción agrícola del área (folio 2). En
concordancia con lo anterior, el INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO
RURAL – INCODER, mediante la Resolución Nª 007 del 2 de Diciembre de 2001,
aprobó la selección y priorización de varios proyectos para la construcción de
distritos de riego en pequeña escala nuevos, dentro de los cuales se encontraba
el proyecto Membrillal en Cañasgordas, Antioquia (folios 951 a 956).
Por otra parte, se hace necesario aclarar que para la entrega, administración,
operación y conservación de los distritos de adecuación de tierras a la
comunidad, el INCODER expidió el reglamento contenido en la Resolución Nº
1399 del 21 de julio de 2005 (folios 54 a 81). De acuerdo con los artículos 30 y
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33 de la citada resolución, un distrito de adecuación de tierras es la delimitación
del área de influencia de las obras de infraestructura destinadas a dotar un área
determinada con riego, drenaje o protección contra inundaciones, con el
propósito de elevar la productividad agropecuaria cuyos bienes son propiedad
del Estado, sujetos a su control, entregados en inventario a la asociación de
usuarios, mediante concesión, delegación de funciones o convenio de
administración, dispuestos para el beneficio de los usuarios, cuyo destino es el
servicio público.
[…]
Ahora bien, con la suscripción del Contrato Nº 206 de 2006 para la rehabilitación
del distrito de riego por los daños ocasionados por la ola invernal del segundo
semestre de 2005, dado que las lluvias ocasionaron una fuerte crecida del río
Sucio que arrasó la estructura colgante del viaducto del Distrito de Riego de
Membrillal, observa el Despacho en el acta de recibo de obras respectiva que se
presentaron algunos faltantes de obra que no fueron previstos en este contrato,
razón por la cual el INCODER autorizó la Orden Nº 279 de 2007, cuyo objeto era
el mantenimiento e instalación de la válvula de control de nivel 2”, el suministro
e instalación de 24 m de tubería HG de 2” para el paso elevado y una prueba
hidráulica al distrito, con el fin de garantizar un adecuado funcionamiento de los
distritos de riego (folios 249 a 252 y 333 a 335).
No obstante lo anterior, como se evidencia en el texto del acta de visita al distrito
de riego, llevada a cabo el 16 de julio de 2008 en el curso de la atención de la
denuncia que originó el presente proceso de responsabilidad fiscal, así como en
el contenido de la comunicación del 27 de octubre de 2008, suscrita por la
Directora Territorial de Antioquia del INCODER, se concluye que el distrito no está
en funcionamiento, y además, se afirma en la citada comunicación que “hay
gran deterioro de la infraestructura como son. Difícil acceso a la Bocatoma, el
Desarenador se encuentra totalmente colmatado de arena, hurto de accesorios
en las Válvulas de Control Nivel y Purgas”.
Sobre el particular, debe anotarse que en la visita practicada por la
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, se obtuvieron nueve encuestas
realizados a los usuarios del distrito de riego, de las que se puede establecer que
este nunca ha funcionado debido a fallas técnicas desde el inicio de la
construcción, que el diseño de la obra no era el adecuado y que la obra no ha
sido oficialmente entregada a la comunidad. Así mismo, afirman los usuarios que
el fontanero es el encargado de hacer el mantenimiento del sistema, pero que
esta no realiza su trabajo debido a que no le pagan su salario y los usuarios no
le pagan porque no tienen el servicio de distrito de riego (folios 106 a 134 y 278
a 280).
[…] Conclusión
Más allá de las argumentaciones presentadas por los presuntos responsables
tendientes a demostrar el funcionamiento del distrito de riego contratado nunca
funcionó, lo que puede establecerse con base en las declaraciones juramentadas
de los miembros de la comunidad afectados y del propio inventor del Contrato
Nº 071 de 2003, así como de las conclusiones a las que se llegó con el informe
técnico rendido en el curso del proceso, documento este que registra las falencias
presentadas durante la ejecución del proyecto.
Con base en lo antes expuesto, no queda duda para el despacho de que la
contratación realizada por el INCODER para la construcción del Distrito de
Irrigación en Pequeña Escala Membrillal, municipio de Cañasgordas,
Departamento de Antioquia, no ha cumplido su fin último, el (sic) cual era
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mejorar la condición del nivel de vida de los habitantes en la zona del proyecto y
aumentar la producción agrícola del área, pues como está visto la obra
contratada no ha entrado en funcionamiento, a pesar de haber invertido en ella
recursos del presupuesto del INCODER, así:
[…]
En consecuencia, para el despacho está demostrada la causación de un daño
patrimonial al Estado, representado en la pérdida de recursos públicos
administrados por INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL –
INCODER, por valor de TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS
SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
($326.763.482.00), situación que claramente afecta el cumplimiento de los
cometidos y fines del Estado.
Conductas atribuibles a los gestores fiscales
Antes de evaluar las conductas atribuibles a quienes fueron imputados en este
proceso de responsabilidad fiscal con el auto de 8 de julio de 2011, se hace
necesario recordar que con ese mismo auto se resolvió también ordenar la
cesación de la acción fiscal y archivo a favor de LUCÍA PATRICIA MUÑOZ
ALARCÓN, SANTIAGO MANUEL CORENA MÁRQUEZ, ENRIQUE TRUJILLO ROA
y JUAN SANTIAGO MEDINA CANO y, en consecuencia, la desvinculación del
proceso a COMPAÑÍA ASEGURADORA LA CONFIANZA y COMPAÑÍA
ASEGURADORA LA PREVISORA S.A. (folios 1069 a 1096), decisión que fue
confirmada en grado de consulta por la Dirección de Juicios Fiscales, mediante el
auto núm. 002203 de 28 de diciembre de 2011 (folios 1321), con base en las
motivaciones consignadas en dichos actos administrativos y sobre los cuales el
despacho no se referirá en este fallo.
Ahora bien, el artículo 3º de la Ley 610 de 200 dispone que “se entiende por
gestión fiscal el conjunto de actividades económicas , jurídicas y tecnológicas,
que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que
manejen o administren recursos o fondos públicos y las personas de derecho
privado que manejen o administren recursos o fondos públicos […].
Por su parte, como se mencionó anteriormente, uno de los elementos de la
responsabilidad fiscal que relaciona el artículo 5º de la Ley 610 de 2000, es la
conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal,
aclarando que en relación con culpa la conducta debe ser gravemente culposa,
de conformidad con lo resuelto por la Corte Constitucional en su sentencia C-619
de 2002.
Sobre el particular, el artículo 63 del Código Civil define la culpa grave como la
que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las
personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios
propios; mientras que el dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a
la persona o propiedad de otro. En concordancia, la Ley 678 de 2001 define que
la conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un
hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado; y gravemente culposa
cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la
Ley de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.
Por otra parte, dispone el artículo 6º de la Constitución Política que los
particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la
Constitución y las leyes; en tanto que los servidores públicos lo son por la misma
causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
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JOSÉ ÁLVARO GALVIS PINTO y GLORIA CECILIA OSPINA GÓMEZ
Frente a la gestión fiscal en relación con los hasta ahora imputados JOSÉ ÁLVARO
GALVIS PINTO, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 19.207.927, y
GLORIA CECILIA OSPINA GÓMEZ, identificada con la cédula de ciudadanía Nº
30.270.990, sea lo primero decir que para participar en la licitación pública para
la construcción del Distrito de Irrigación en Pequeña Escala Membrillal, municipio
de Cañasgordas, departamento de Antioquia dichas personas se asociaron para
conformar el CONSORCIO O Y G, se consta en los documentos obrantes folios
386, 387, 534 y 535.
[…]
Bajo este entendido, JOSÉ ÁLVARO GALVIS PINTO y GLORIA CECILIA OSPINA
GÓMEZ, en su condición de integrantes del CONSORCIO O Y G, suscribieron con
el INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER el Contrato
Nº 071 de 2003, cuyo objeto era la construcción del Distrito de Irrigación en
Pequeña Escala Membrillal, municipio de Cañasgordas Departamento de
Antioquia, contrato que posteriormente fue liquidado de manera unilateral,
registrando un valor ejecutado de $260.475.760.00 (folios 21 a 26, 77 a 81,
1163 a 1167, 1177 a 1181 y 1434 a 1438)
Ahora bien, para poder determinar si los contratistas pueden o no ser tenidos
como gestores fiscales, basta con traer los conceptos dados por la Oficina Jurídica
de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA sobre el particular,
dependencia que se ha pronunciado en reiteradas ocasiones como lo hizo el
concepto OJ.EE 54418-06, en el cual se concluye que los contratistas pueden
ejercer gestión fiscal y pueden con sus actuaciones u omisiones incurrir en
responsabilidad fiscal:
“(…) Cumplimiento de fines estatales, prestación de servicios públicos,
satisfacción de derechos e intereses de los administrados: esta es la
teleología de los contratos estatales. Del régimen de los particulares se
predica que prestan una función social, respetando sus utilidades,
colaborando en el cumplimiento de los fines de la contratación estatal y
ello conlleva obligaciones correlativas con la labor que desarrollan.
Persiguiendo la finalidad señalada y habiendo en la contratación estatal
erogación de recursos públicos o destinación de fondos, estamos ante la
existencia de gestión fiscal siempre que el contratista tenga facultades de
manejo o administración del erario. Lo anterior, desde luego no sugiere
que el contrato celebrado por la administración con el respectivo particular
tenga como objeto el manejo o administración de los recursos o fondos
públicos, sino que, en el transcurso de un objeto contractual el particular
tenga la posibilidad, tanto física como material, de desarrollar alguna de
las conductas descritas en el artículo 3º de la Ley 610 de 2000 (…)”.
No queda duda entonces que efectivamente los señores JOSÉ ÁLVARO GALVIS
PINTO, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 19.207.927, y GLORIA
CECILIA OSPINA GÓMEZ, identificada con la cédula de ciudadanía Nº
30.270.990, deben ser tenidos como gestores fiscales en el presente proceso de
responsabilidad fiscal.
Por otra parte, pese a que con la Resolución Nº 2199 del 3 de noviembre de
2006 el INCODER liquidó unilateralmente el contrato 071 de 2003, quedando
consignado que la obra había sido terminada y relacionado los faltantes
subsanados, está demostrado que en el acta de recibo final de la obra del
Contrato Nº 071 de 2003, fechada el 29 de diciembre de 2003, se registraron
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algunas actividades pendientes de realizar por parte del contratista CONSORCIO
O Y G (folios 77 a 81 y 161 a 165).
En ese sentido, el despacho encontró que en el expediente reposa a folio 307
una comunicación fechada el 28 de abril del año 2005, suscrita por la Profesional
CLAUDIA PATRICIA LÓPEZ y dirigido a la Jefe de Oficina de Enlace Territorial Nº
3, con la que informa que junto con las compañías SOLUCIONES TÉCNICAS
HIDRÁULICAS SOLTECH LTDA y KEYTROL LTDA., proveedor y fabricante de las
válvulas de control automáticas, realizaron visita técnica de inspección y revisión
de las válvulas de control de nivel enclavado instaladas en el distrito de riego de
Membrillal, entre otras, en el que se concluye que “…no se pudo verificar el
funcionamiento hidráulico dinámico del Sistema de Riego de Membrillal (Cañas
Gorda), debido a que no había agua en el Distrito” (folios 307 a 309).
[…]
Así las cosas, puede ser que la obra se terminó y que el contratista reparó
algunos daños, tal como se deja consignado en el acta de liquidación del
contrato, no obstante, posterior a la visita que se tiene en cuenta para la
liquidación del mismo, se siguieron presentado daños. Considera el Despacho
que si la obra se hubiese dejado en perfectas condiciones y hubiese sido una
obra de calidad no tenía por qué presentar constantes averías. Al respecto, debe
anotarse que el contratista tenía la obligación de ejecutar esmeradamente las
obras y cumplir estrictamente las condiciones estipuladas, tanto que si alguna
parte de la obra estuviese mal ejecutada, debía volverá a ejecutar hasta merecer
la aprobación de la entidad y de los usuarios, para que se cumpliesen los fines
esenciales del estado vertidos en el contrato núm. 071 de 2003 que el
CONSORCIO O y G suscribió con el INCODER.
Como corolario de lo expuesto y con el análisis probatorio efectuado, es evidente
que estamos frente a una cadena de situaciones que culminaron con la
inoperatividad absoluta del Distrito de Irrigación en Pequeña Escala Membrillal,
municipio de Cañasgordas, Departamento de Antioquia, cuya construcción fue
contratada por el INCODER con el CONSORCIO O Y G, integrado como se ha
dicho por los señores JOSÉ ÁLVARO GALVIS PINTO y GLORIA CECILIA OSPINA
GÓMEZ, situación que lleva inmersa la pérdida de los recursos del Estado
invertidos en la misma.
Del análisis del contrato se advierte que el contratista asumió un gran número
de obligaciones tendientes a encontrar un fin, como era la construcción del
Distrito de Irrigación en Pequeña Escala Membrillal, Municipio de Cañasgordas,
Departamento de Antioquia, obra que le pudo haber representado la asunción
de varios riesgos, no obstante, con los informes de interventoría puede afirmarse
que no se presentaron situaciones sobrevinientes irresistibles o imprevisibles que
afectaran la ejecución de la misma.
De los documentos acopiados puede concluirse que en últimas la obra producto
del contrato n. 071 de 2003 no se entregó funcionando en debida forma, como
se esperaba que fuera, situación que es incuestionable pues el distrito de riego
nunca se ha puesto en funcionamiento y ello tuvo un origen en la entrega de
una obra con muchos problemas, que por más que se solucionaron hasta un
momento determinado, resultaron insuficientes para dejar la infraestructura en
condiciones óptimas de operatividad.
[…]
Como premisa básica, general y elemental, tenemos que el contratista está
obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del
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mismo, pues tal documento es ley para las partes. La Ley 80 de 1993, en su
artículo 5º, enfatiza estas obligaciones, entre las que tenemos: [...]
Los informes hablan por sí solos y dejan en evidencia la negligencia, descuido y
falta de planeación con la que el CONSORCIO O Y G manejó la obra desde un
principio; todas estas apreciaciones del interventor plasmadas en sus informes
solo dan cuenta de que este negocio ajeno no fue manejado con aquel cuidado
que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus
negocios propios. Así, entonces, si desde un inicio no se asumieron con
responsabilidad las obligaciones contractuales por parte del contratista, la
inoperatividad del sistema de riego era un resultado que se veía venir.
[…]
Así las cosas, analizado el comportamiento de los señores JOSÉ ALVARO GALVIS
PINTO y GLORIA CECILIA OSPINA GÓMEZ, integrantes del contratista
CONSORCIO O y G, no queda más que concluir que sus acciones y omisiones
desencadenaron los resultados tantas veces citados en el presente proveído y
por ello no pueden ser calificados con menos drasticidad que la CULPA GRAVE.
[…]
Ahora bien, para concluir, resulta evidente que las conductas endilgadas a los
señores GALVIS PINTO y OSPINA GÓMEZ, en su condición de integrantes del
CONSORCIO O Y G contratado para la construcción del Distrito de Irrigación en
Pequeña Escala Membrillal, municipio de Cañasgordas, Departamento de
Antioquia, a través del Contrato de Obra Pública Nº 071 de 2003 suscrito con el
INCODER, ocasionaron un daño al patrimonio del Estado en cuantía de
$260.475.760.00, valor correspondiente al total ejecutado, según registra el acta
de liquidación del 3 de noviembre de 2006 (folios 77 a 81)[…]”.
Antes de concluir este punto, resulta conveniente mencionar que según el
parágrafo 1º del artículo 4º de la Ley 610 de 2000, la responsabilidad fiscal es
autónoma e independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de
responsabilidad. En este sentido, las decisiones adoptadas en este proceso
tendientes a establecer la responsabilidad fiscal no interfieren en los procesos
disciplinarios, penales, contencioso-administrativos o civiles, entre otros.
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, que dicho sea de paso desvirtúa
los diferentes argumentos de defensa presentados en el curso del proceso por
los sujetos procesales y sus apoderados, considera el despacho que están dados
y demostrados los elementos que integran la responsabilidad fiscal, relacionados
en el artículo5 de la Ley 610 de 2000, con lo cual no queda más sino proferir fallo
con responsabilidad fiscal en contra de JOSÉ ÁVARO GALVIS PINTO, GLORIA
CECILIA OSPINA GÓMEZ y LINA MARÍA ARANGO BARRERA, atendiendo lo que
ordena el artículo 53 de la norma a cita, a saber: […]
Estimación de la cuantía por la que deben responder los responsables
fiscales
[…]
No obstante, comoquiera que el inciso segundo del artículo 53 de la Ley 610 de
2000 dispone que los fallos con responsabilidad deberán determinar en forma
precisa la cuantía del daño causado, actualizándolo a valor presente al momento
de la decisión, según los índices de precios al consumidor certificados por el DANE
para los períodos correspondientes, procederá a continuación el despacho a
actualizar a valor presente el daño por el cual deberá responder JOSÉ ÁLVARO
GALVIS PINTO, GLORIA CECILIA OSPINA GÓMEZ y LINA MARÍA ARANGO
BARRERA.[…]”.
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.- Auto No. 142 de 29 de mayo de 2014 emitido por la
Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia, Grupo de
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la
Contraloría General de la República, por medio del cual se
resuelve el recurso de reposición interpuesto contra el fallo con
responsabilidad fiscal No. 051-14 de 28 de febrero de 2014,
confirmándolo, cuyas consideraciones se transcriben a
continuación:
“[…] CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
[…] Gestión fiscal
[…]
Como está visto, en su condición de gestores fiscales, es dable deducir
responsabilidad fiscal a los contratistas que con ocasión de su gestión, causen
un daño patrimonial al Estado, por acción u omisión, tanto de forma dolosa
como culposa. En el presente proceso, los señores GLORIA CECILIA OSPINA
GÓMEZ y JOSÉ ÁLVARO GALVIS PINTO, en su condición de integrantes del
CONSORCIO O Y G, desplegaron actos de gestión fiscal al obligarse
contractualmente con el INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL
– INCODER, con ocasión del Contrato Nº 071 de 2003, para la construcción
del Distrito de Irrigación en Pequeña Escala Membrillal.
Nexo de causalidad
Sobre este particular, debe decirse que el artículo 5º de la Ley 610 de 2000
establece que la responsabilidad fiscal está integrada por una conducta dolosa
o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal, un daño
patrimonial al Estado y un nexo causal entre los dos elementos anteriores.
Probado el daño patrimonial al Estado y la gestión fiscal de los implicados LINA
MARÍA ARANGO BARRERA, JOSÉ ÁLVARO GALVIS PINTO y GLORIA CECILIA
OSPINA GÓMEZ, basta decir que efectivamente las conductas omisivas
generadas por cada uno de ellos en su condición de gestores fiscales,
ocasionaron el daño investigado.
Con base en el material probatorio obtenido puede concluirse que la obra
producto del Contrato Nº 071 de 2003 no se entregó funcionando en debida
forma por parte del CONSORCIO O Y G a la entidad contratante, esto es en
adecuado estado de funcionamiento, situación que a la postre generó la
pérdida de los recursos estatales pagados al contratista para la ejecución de la
obra.
[…] Culpabilidad
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GÓMEZ.
[…] Por otra parte, frente al comportamiento de los señores JOSÉ ÁLVARO
GALVIS PINTO y GLORIA CECILIA OSPINA GÓMEZ, integrantes del contratista
CONSORCIO O Y G, se concluyó que sus acciones y omisiones
desencadenaron los resultados tantas veces citados en el presente proveído y
por ello no pueden ser calificados con menor drasticidad que la CULPA GRAVE.
[…]
En este punto, debe mencionarse que el abogado MENESES GONZÁLEZ
apoderado de los implicados JOSÉ ALVARO GALVIS PINTO y GLORIA CECILIA
OSPINA GÓMEZ, citó en su escrito apartes de la sentencia de la Corte
Constitucional C-512 de 2013, argumentando que la Contraloría desconoció lo
preceptuado en el artículo 118 de la Ley 1474 de 2011. Al respecto, el
despacho se permite transcribir el texto de la norma en cita: […].
Como se observa, la norma dispone que el grado de culpabilidad para
establecer la existencia de responsabilidad fiscal será el dolo o la culpa grave,
con lo que ratifica lo normado en el artículo 53 de la Ley 610 de 2000, aclarando
que la Corte Constitucional con sentencia C-619 de 2002 declaró inexequible
la expresión “leve” contenida en dicha norma. Además de lo anterior, el artículo
118 de la Ley 1474 de 2011 estableció una serie de presunciones para calificar
ciertas conductas a título de dolo y culpa grave, lo cual no significa que
exclusivamente las conductas allí relacionadas permitan derivar
responsabilidad fiscal. Ciertamente, la calificación de las conductas desplegadas
por los implicados JOSÉ ÁLVARO GALVIS PINTO y GLORIA CECILIA OSPINA
GÓMEZ no se pueden tipificar en las nuevas presunciones que trae la Ley 1474
de 2011, pero ello no es óbice para que puedan constituir conductas calificadas
a títulos de culpa, dolo y culpa grave, como en efecto se hizo en el fallo con
responsabilidad fiscal de primera instancia.
[…]
En consideración a todo lo expuesto, no es aceptable bajo ningún punto de
vista el argumento consistente en reclamar la prescripción del contrato de
seguro conforme a las normas del Código de Comercio, y no bajo, el régimen
del proceso de responsabilidad fiscal prescrito en la Ley 610 de 2000, pues
contrario a lo que se considera es precisamente esta norma una norma
especial, más allá de los fallos invocados en otro sentido […]”.
Auto No. 000766 de 25 de julio de 2014, proferido por la
Dirección de Juicios Fiscales, de la Contraloría Delegada para
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la
Contraloría General de la República, por medio del cual se
resuelve el recurso de apelación confirmando el fallo con
responsabilidad fiscal 051-14 y el auto 142, que resolvió la
reposición, cuyas consideraciones son las siguientes:
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GÓMEZ.
“[…] Con auto N. 142 de 29 de mayo de 2014, la Colegiatura de la Gerencia
Departamental de Antioquia, decide los recursos de reposición contra el fallo
con responsabilidad fiscal N. 051 de 28 de febrero de 2014 y concede los
recursos de apelación, el cual se fundamenta en los siguientes puntos:
• La responsabilidad fiscal.
Se trae a colación el artículo 1 de la Ley 610 de 2000, asimismo la sentencia
C-619 de 2000.
[…]
El doctor EMERSON MENESES GONZÁLEZ apoderado de los señores JOSÉ
ÁLVARO GALVIS PINTO y GLORIA CECILIA OSPINA GÓMEZ, interpone
recursos de reposición y en subsidio apelación contra el fallo con
responsabilidad fiscal N. 051 de 2014, el cual se fundamenta en los siguientes
argumentos: […]
Violación del derecho fundamental al debido proceso
Falsa de motivación o indebida motivación: Se afirma que se encuentra
aplicando una ley no aplicable al caso concreto, es decir la Ley 678 de 2001
que se aplica exclusivamente a la acción judicial de repetición. Se hace
referencia al artículo 118 de la Ley 1474 de 2011, el cual señala la
determinación de la culpabilidad en los procesos de responsabilidad fiscal y se
afirma que al no haber actualizado a sus defendidos ninguna de las
presunciones señaladas en el artículo citado, es decir, no habiendo actuado ni
a título de solo en razón a que no han sido condenados penalmente, ni han
sido sancionados disciplinariamente, lo que sería fundamento para establecer
la conducta dolosa y por otra parte, ni a título de culpa grave, ya que para que
se califique la conducta tal, esta debe encuadrarse dentro de las presunciones
taxativamente contenidas en el artículo 118.
Sobre el tema se traen apartes de la publicación de la Auditoría General de la
República Gestión del Proceso de Responsabilidad Fiscal que dice:
“(…) Los únicos referentes normativos del elemento culpa en los
procesos de responsabilidad fiscal se encontraban contenidos en el
artículo 63 del Código Civil y algunas contralorías municipales acudían a
las presunciones de dolo y culpa grave señaladas por los artículos 5 y 6
de la Ley 678 de 2001, sin que estas se pudieren aplicar taxativamente
al proceso de responsabilidad fiscal (…)”.
Se dice que la Honorable Corte Constitucional se pronunció de manera concreta
en la sentencia C-512 de 2013, con respecto, entre otros, al artículo 118 de la
Ley 1474 de 2011 en cuanto a la obligatoriedad de su aplicación, en uno de
sus apartes consagro: […]
-Falsa motivación o indebida motivación
[…]
Ahora bien, en lo que respecta a su afirmación de la existencia de
irregularidades sustanciales, en lo que respecta al párrafo: “por su parte como
se mencionó anteriormente, uno de los elementos de la responsabilidad fiscal
que relaciona el artículo 5 de la Ley 610 de 2000 es la conducta (…) sobre el
particular el artículo 63 del Código Civil define la culpa grave (…). En
concordancia, la Ley 678 de 2001, define que la conducta es dolosa (…)”
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GÓMEZ.
Si revisamos el artículo 6 de la Ley 678 de 2001, precisa:
Artículo 6º. Culpa grave […]
Como se observa en ningún momento se está aplicando una ley no aplicable
al caso, el artículo 6 de la misma se refiere a la culpa grave, tal como se
transcribe el artículo 6 de la citada Ley.
[…] Apoyo Técnico
[…]
Por lo anterior, no es de recibo los argumentos presentados por los apoderados
de los señores JOSÉ ÁLVARO GALVIS PINTO y GLORIA CECILIA OSPINA
GÓMEZ, por cuanto existe la inoperatividad del Distrito de Irrigación en
Pequeña Escala Membrillal, municipio de Cañasgordas, departamento de
Antioquia, objeto del contrato Nº. 071 de 2003 amparados por la póliza de
SEGUROS DEL ESTADO S.A. Nº 039651103 y la señora LINA MARÍA ARANGO
BARRERA, en razón a la omisión en la suscripción del convenio para la
Administración del Distrito de Riego de Membrillal, amparados por la póliza Nº
3300934-2 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A […].
Además, el daño se encuentra plenamente probado ya que no se ha cumplido
el fin último, que era mejorar la condición del nivel de vida de los habitantes en
la zona del proyecto y aumentar la producción agrícola del área, ya que la obra
no ha entrado en funcionamiento, a pesar de haberse invertido recursos del
presupuesto del INCODER, por la suma de $326.763.482.00, lo cual se
confirma con el Informe Técnico del ingeniero civil ALBERTO RAFAEL NAVARRO
MARTÍNEZ, quien afirmó: “con los documentos que reposan en el expediente
se puede observar que el distrito no ha funcionado adecuadamente, debido
entre otras, a las siguientes causas (…)”, Al referirse al no funcionamiento
relaciona entre otras inconsistencias la reubicación de la bocatoma; las válvulas
instaladas no eran las apropiadas debido al tratamiento físico primario que se
le da al agua; la cámara de quiebre presenta deficiencias constructivas y el no
haber recibido legalmente los usuarios a beneficiarse el distrito de riego para
su usufructo y a la vez hacerse cargo de su operación y mantenimiento,
además de los problemas para realizar las pruebas de funcionamiento
hidráulico dinámico del Sistema de Riego de Membrillal.
Así mismo el artículo 53 de la Ley 610 de 2000, señala que los fallos con
responsabilidad fiscal, deberán determinar en forma precisa la cuantía del daño
causado actualizándolo a valor presente al momento de la decisión, según los
índices de precios al consumidor certificados por el DANE para los períodos
correspondientes, cuantía que fue indexada y que dio como resultado lo
siguiente: […]”.
El problema jurídico
El problema jurídico gira en torno a la verificación de si resulta
procedente negar, como lo decidió el a quo, las pretensiones de
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la demanda; en cuyo caso, se confirmará la sentencia apelada
o, de encontrarse que aquellas prosperan, revocarlo para emitir
el pronunciamiento que en derecho corresponda.
Caso concreto
A efectos de dar solución al problema jurídico así planteado, la
Sala procederá a analizar los argumentos de la apelación que,
en síntesis, sostienen, que: (i) El Tribunal se equivocó al
considerar que no debía aplicarse el artículo 118 de la Ley 1474
de 2011, y al reiterar la consideración de la Contraloría según
la cual podía aplicarse la Ley 678 de 2001, no obstante que esta
rige exclusivamente para la acción judicial de repetición; (ii) que
se equivocó el Tribunal Administrativo al considerar que no hubo
indebida notificación del auto mixto de imputación y cesación
de acción fiscal y archivo, toda vez que esta debió hacerse de
acuerdo con la Ley 1474 de 2011, por ser esta la norma
aplicable al caso en concreto, desde el momento en que entró
en vigencia; (iii) que también erró el a quo al considerar que las
pruebas debían ser apreciadas en su conjunto omitiendo el juez
exponer razonadamente el mérito que se le asigna a cada una
de ellas, y que si aquel hubiese actuado conforme a la ley, sin
lugar a dudas, habría concluido que la CGR al emitir el fallo no
cumplió con lo preceptuado en el artículo 176 del CGP; y (iv)
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finalmente, que se equivocó el Tribunal en su fallo al considerar
a los demandantes como gestores fiscales, en la medida en que
desconoció lo previsto en el artículo 3° de la Ley 610 de 2000,
en cuya definición legal no están incluidos los contratistas como
gestores fiscales.
Queda claro entonces que el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante, está circunscrito al análisis de los
aspectos antes reseñados.
La Sala observa que los reparos formulados por la parte
recurrente en contra de la decisión de primera instancia, son los
mismos que ya fueron objeto de debate tanto en sede
administrativa como en la instancia judicial e incluyen
afirmaciones muy subjetivas que en modo alguno plantean
específicos argumentos lógico-jurídicos que confronten o
refuten las consideraciones del Tribunal. Cabe reiterar que el
legislador sometió el requisito de sustentación del recurso de
apelación «a un contenido de suficiencia que asoció
exclusivamente a la concreción de las razones de inconformidad
del apelante respecto de la providencia objeto del recurso».
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No obstante lo anterior, con sujeción al principio constitucional
que ordena tener por superadas las deficiencias procesales
meramente formales, en aras de darle prevalencia a los
derechos sustanciales, se examinarán los motivos de
inconformidad que insistentemente la parte demandante ha
querido hacer valer, como se verá a continuación:
La parte recurrente inicia sus réplicas contra el fallo de primera
instancia señalando que el Tribunal se equivocó (i) al considerar
que no debía aplicarse en este caso el artículo 118 de la Ley
1474 de 2011, como también al reiterar la consideración de la
Contraloría según la cual bien podía invocarse la Ley 678 de
2001 para calificar la conducta, no obstante que dicha Ley se
refiere exclusivamente a la acción judicial de repetición.
En lo que toca con el primer motivo de inconformidad, la Sala
considera que no le asiste razón a la parte apelante si se tiene
en cuenta lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 1474 de 12 de
julio de 2011, que establece el régimen de transición en el
procedimiento verbal en materia de responsabilidad fiscal,
norma que fue declarada exequible por la Corte Constitucional,
mediante la Sentencia C-512 de 2013, motivo por el cual se
encuentra vigente, con el siguiente tenor literal:
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GÓMEZ.
“ARTÍCULO 97. PROCEDIMIENTO VERBAL DE RESPONSABILIDAD
FISCAL. El proceso de responsabilidad fiscal se tramitará por el
procedimiento verbal que crea esta ley cuando del análisis del
dictamen del proceso auditor, de una denuncia o de la aplicación
de cualquiera de los sistemas de control, se determine que están
dados los elementos para proferir auto de apertura e imputación.
En todos los demás casos se continuará aplicando el
trámite previsto en la Ley 610 de 2000.
El procedimiento verbal se someterá a las normas generales de
responsabilidad fiscal previstas en la Ley 610 de 2000 y en
especial por las disposiciones de la presente ley.
PARÁGRAFO 1o. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. El proceso verbal
que se crea por esta ley se aplicará en el siguiente orden:
1. El proceso será aplicable al nivel central de la Contraloría
General de la República y a la Auditoría General de la República
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
2. A partir del 1o de enero de 2012 el proceso será
aplicable a las Gerencias Departamentales de la
Contraloría General y a las Contralorías Territoriales.
PARÁGRAFO 2o. Con el fin de tramitar de manera adecuada el
proceso verbal de responsabilidad fiscal, los órganos de control
podrán redistribuir las funciones en las dependencias o grupos de
trabajo existentes, de acuerdo con la organización y
funcionamiento de la entidad.
PARÁGRAFO 3o. En las indagaciones preliminares que se encuentren
en trámite a la entrada en vigencia de la presente ley, los órganos de
control fiscal competentes podrán adecuar su trámite al procedimiento
verbal en el momento de calificar su mérito, profiriendo auto de
apertura e imputación si se dan los presupuestos señalados en este
artículo. En los procesos de responsabilidad fiscal en los cuales no se
haya proferido auto de imputación a la entrada en vigencia de la
presente ley, los órganos de control fiscal competentes, de acuerdo con
su capacidad operativa, podrán adecuar su trámite al procedimiento
verbal en el momento de la formulación del auto de imputación, evento
en el cual así se indicará en este acto administrativo, se citará para
audiencia de descargos y se tomarán las provisiones procesales
necesarias para continuar por el trámite verbal. En los demás casos,
tanto las indagaciones preliminares como los procesos de
responsabilidad fiscal se continuarán adelantando hasta su
terminación de conformidad con la Ley 610 de 2000. […]”. (La
Sala subraya y destaca).
Ahora bien, la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia,
Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción
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Coactiva de la CGR, mediante Auto núm. 018 de 27 de agosto
de 2009, inició el proceso de responsabilidad fiscal núm. 070-
09 en las dependencias administrativas del INCODER, por
presunto detrimento patrimonial y, posteriormente, el 8 de julio
de 2011, la funcionaria sustanciadora profirió el Auto Mixto
de Imputación y Cesación Fiscal de responsabilidad fiscal en
el referido proceso.
En atención a los tiempos de expedición de los autos atrás
reseñados, en confrontación con lo previsto en el artículo 97 de
la Ley 1474 de 2011, la Sala infiere, con toda claridad, que:
para el momento de apertura del proceso de responsabilidad
fiscal y el auto mixto de imputación y cesación fiscal y archivo,
la Ley cuya aplicación reclama la parte actora, no había entrado
en vigencia; que el proceso de responsabilidad fiscal fue iniciado
por la Gerencia Departamental de Antioquia de la Contraloría
General de la República, y según lo previsto en el numeral 2,
del parágrafo 1°, del artículo 97, de la Ley 1474 de 2011, el
proceso verbal reglado en dicha norma, será aplicable, a las
Gerencias Departamentales de la Contraloría General y las
Contralorías Territoriales, a partir del 1o. de enero de 2012; que
de acuerdo con el parágrafo 3° del referido artículo 97, los
procesos de responsabilidad fiscal en los que al entrar a regir la
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Ley 1474 de 12 de julio de 2011, sí se haya proferido auto de
imputación, como en este caso, se continuarán adelantando
hasta su terminación, de conformidad con la Ley 610 de 2000.
Cabe recordar que el proceso de responsabilidad fiscal está
regulado en la Ley 610 de 2000 y las leyes que la modifican o
complementan, como es el caso de la Ley 1474 de 2011. La Ley
610 de 2000 define qué es la gestión fiscal 20, cuál es el objeto
del proceso de responsabilidad fiscal21 y precisa qué se entiende
por daño, pérdida o deterioro de bienes22.
La parte apelante alega la violación del artículo 40 de la Ley 153
de 1887 y las consideraciones de la Corte Constitucional
vertidas en la sentencia C-512 de 2013, lo cual no es
compartido por la Sala, por lo siguiente:
Respecto de la regla prevista en el artículo 40 de la Ley 153, la
Corte Constitucional, en sentencia C-619, citada en la sentencia
C-512 de 2013, advirtió que:
“[…]No obstante lo anterior, la regla general que se acaba de
exponer según la cual las leyes procesales son de efecto general
inmediato, si bien es la acogida como norma general por la
legislación y también por la doctrina contemporánea, no emana
20
Artículo 3.
21
Artículo 4.
22
Artículos 6 y 7.
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de la Constitución, la cual, respecto de la regulación de los
efectos de la ley en el tiempo, lo único que dispone
categóricamente, como antes se dijo, es la garantía de los
derechos adquiridos conforme a las leyes anteriores, los
mencionados principios de legalidad y favorabilidad de la ley
penal, y la constitucionalidad de la retroactividad de la ley
expedida por razones de utilidad pública o interés social. Por lo
tanto, en relación con los efectos del tránsito de
legislación procesal, el legislador puede adoptar una
fórmula diferente a la del efecto general inmediato y
prescribir para algunas situaciones especiales la
aplicación ultraactiva de la ley antigua a todos los
procesos en curso, pues, salvo los límites comentados,
ninguna disposición superior se lo impide. Así como el
legislador tiene competencia para mantener en el ordenamiento
las leyes hasta el momento en que encuentra conveniente
derogarlas, modificarlas o subrogarlas, de igual manera
puede determinar el momento hasta el cual va a producir
efectos una disposición legal antigua, a pesar de haber
proferido otra nueva que regula de manera diferente la
misma materia. La aplicación ultraactiva, entendida
como la determinación legal según la cual una ley antigua
debe surtir efectos después de su derogación, tiene
fundamento constitucional en la cláusula general de
competencia del legislador para mantener la legislación,
modificarla o subrogarla por los motivos de conveniencia
que estime razonables. Ahora bien, a pesar de lo anterior, la
competencia aludida del legislador no puede ejercerse
desconociendo las normas superiores relativas a los derechos a
la igualdad y al debido proceso, pues ellos en sí mismos
constituyen limites generales a la libertad de configuración
legislativa23[…]”.(la Sala subraya y destaca).
Posteriormente, en la misma sentencia C-512 de 2013, la Corte
expresó, lo siguiente:
“[…]El parágrafo demandado condiciona el alcance de las
excepciones, valga decir, de la posibilidad de adecuar el trámite
al procedimiento verbal, a la circunstancia objetiva de que no
se haya proferido auto de imputación de responsabilidad,
que es el equivalente al auto de formulación de cargos en el
proceso disciplinario. Al repasar las etapas del proceso de
responsabilidad fiscal, este tribunal advirtió que en la etapa de
indagación preliminar ni siquiera se ha proferido el auto de
apertura del proceso y, por tanto, mucho menos el auto de
imputación de responsabilidad; y que es posible distinguir entre
el auto de apertura del proceso y el auto de imputación de
23
Corte Constitucional, sentencia C-Sentencia 619 de 8 de agosto de 2002. Magistrados ponentes, doctores Jaime
Córdova Triviño y Rodrigo Escobar Gil.
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GÓMEZ.
responsabilidad, por lo que podría hablarse de dos etapas
diferentes. Ante la circunstancia objetiva de no haberse
proferido auto de imputación de responsabilidad, valga decir,
ante la circunstancia de no haber señalado en el proceso a una
persona determinada a la cual se imputa un daño, la
circunstancia de que el proceso se encuentre en la etapa de
preliminares o de que se haya proferido auto de apertura del
proceso, no afecta o menoscaba en manera alguna los derechos
y garantías del procesado. En la Sentencia C-131 de 2002 este
tribunal consideró admisible esta particular configuración del
proceso de responsabilidad fiscal, pues advirtió que éste no
tiene una regulación detenida en la Constitución y, por tanto, le
corresponde al legislador establecerla.
[…]
En el análisis correspondiente al primer cargo se estudió la
configuración del proceso por parte del legislador, el proceso de
responsabilidad fiscal, el procedimiento verbal en los procesos
administrativos y la aplicación en el tiempo de las leyes
procesales, para destacar que el legislador goza de un amplio
margen para configurar el proceso de responsabilidad fiscal, que
el proceso de responsabilidad fiscal es un proceso
administrativo, que dentro del margen de configuración está el
establecer el procedimiento verbal, que las normas
procedimentales son de aplicación inmediata y que su aplicación
en el proceso de responsabilidad fiscal no vulnera el principio de
legalidad; al descender al caso concreto para examinar el
parágrafo 3 del artículo 97 de la Ley 1474 de 2011 a la luz de
los antedichos elementos de juicio, se encontró que la
posibilidad de tramitar conforme al procedimiento
ordinario las actuaciones en curso al momento de entrar
en vigencia esta ley, no vulnera el principio de
legalidad24.[…]”. (la Sala destaca).
Conforme con lo que ha quedado expresado y, a partir de una
correcta interpretación de la ley y de la sentencia C-512 de
2013, que resulta completamente opuesta a lo que la parte
apelante ha querido hacer valer, claramente se concluye que al
proceso de responsabilidad fiscal núm. 070-09, debía aplicarse
la Ley 610 de 2000, junto con el procedimiento ordinario en ella
contemplado, como acertadamente lo entendió la demandada,
24
Corte Constitucional. Sentencia C-512 de 2013 Magistrado ponente, doctor Jorge Iván Palacio Palacio.
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y no la Ley 1474 de 2011. Así las cosas, la actuación surtida
para proferir los actos acusados no vulneró el principio de
legalidad y menos aún el debido proceso.
En efecto, en lo que guarda relación con el tránsito de las leyes
cuando se trata de normas procesales, la regla que
generalmente opera es la de su aplicación inmediata, salvo que
los términos hubiesen empezado a correr o las actuaciones y
diligencias estuviesen iniciadas, caso en el cual la ley aplicable
bien puede ser la anterior, como en esta oportunidad el propio
legislador así lo dispuso.
Cabe resaltar que lo antes señalado, en lo que respecta a los
alcances del tránsito de legislación, es lo mismo que ha venido
aplicando la Sección en el tránsito de legislación de la Ley 42 de
1993 a la Ley 610 de 2000, y que la Corte Constitucional en su
sentencia C-512 de 2013, apartado 3.6.10, resalta, para tener
en cuenta al estudiar la aplicación de leyes en el tiempo en el
contexto del proceso de responsabilidad fiscal, prohijando en
este aspecto la sentencia C-619 de 2001.
Reprochan también los apelantes que para el estudio de la
culpabilidad se haya invocado la Ley 678 de 2001, pues, a su
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entender, dicha norma no resultaba aplicable. Al respecto, cabe
señalar que es cierto que no es viable jurídicamente la
aplicación de la ley 678 de 2001. Así se estableció claramente
en las providencias de 26 de junio de 2020 (Expedientes núms.
25000-23-41-000-2019-00-329-01 y 25000-23-41-000-2019-
00371-01. Actor Gustavo Petro), que ahora se reiteran, en
cuanto allí se precisó que ante los vacíos de la Ley 610, en
materia de calificación de la conducta dolosa o culposa o
atribuible al gestor fiscal, se debe acudir a la determinación de
la culpabilidad regulada en el artículo 118 de la ley 1474; y que
en lo no previsto en dicha ley se aplicarán las normas del
procedimiento administrativo del CPACA.
Sin embargo, el hecho de que los actos acusados hayan acudido
a la definición sustancial de dolo y culpa grave prevista en los
artículos 63 del Código Civil y 5° de la citada Ley 678, no implica
que en el fallo de responsabilidad fiscal la decisión se haya
tomado con base en la Ley 678 de 2001, o que haya aplicado
las presunciones de dolo o culpa grave contenidas en la citada
Ley, pues como se evidencia a partir del análisis de los
considerandos del fallo con responsabilidad fiscal núm. 051-14
de 2014, antes traídos a colación, para la definición de la
calificación de la conducta o determinación de la culpabilidad de
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los actores, se tuvo en cuenta la Ley 610 de 2000, así como las
pruebas y el análisis de las mismas, que demostraban la
culpabilidad de los demandantes, y no se fundamentó en las
presunciones legales que se aplican para culpa y dolo, previstas
en la Ley 678, normativa que rige el medio de control de
repetición.
En efecto, en el citado Fallo con Responsabilidad Fiscal
acusado, se pone de presente que la culpabilidad de los actores
se estableció con fundamento en la Ley 610 y un análisis de las
pruebas recaudadas, de la siguiente manera:
“[…] Por su parte, como se mencionó anteriormente, uno de los elementos
de la responsabilidad fiscal que relaciona el artículo 5º de la Ley 610 de
2000, es la conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que
realiza gestión fiscal, aclarando que en relación con culpa la conducta
debe ser gravemente culposa, de conformidad con lo resuelto por la Corte
Constitucional en su sentencia C-619 de 2002.
Sobre el particular, el artículo 63 del Código Civil define la culpa grave como la
que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las
personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios
propios; mientras que el dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a
la persona o propiedad de otro. En concordancia, la Ley 678 de 2001 define
que la conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización
de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado; y gravemente culposa
cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la
Ley de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.
Por otra parte, dispone el artículo 6º de la Constitución Política que los
particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la
Constitución y las leyes; en tanto que los servidores públicos lo son por la misma
causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
JOSÉ ÁLVARO GALVIS PINTO y GLORIA CECILIA OSPINA GÓMEZ
[…]
Por otra parte, pese a que con la Resolución Nº 2199 del 3 de noviembre de
2006 el INCODER liquidó unilateralmente el contrato 071 de 2003, quedando
consignado que la obra había sido terminada y relacionado los faltantes
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subsanados, está demostrado que en el acta de recibo final de la obra
del Contrato Nº 071 de 2003, fechada el 29 de diciembre de 2003, se
registraron algunas actividades pendientes de realizar por parte del
contratista CONSORCIO O Y G (folios 77 a 81 y 161 a 165).
En ese sentido, el despacho encontró que en el expediente reposa a folio 307
una comunicación fechada el 28 de abril del año 2005, suscrita por la Profesional
CLAUDIA PATRICIA LÓPEZ y dirigido a la Jefe de Oficina de Enlace Territorial Nº
3, con la que informa que junto con las compañías SOLUCIONES TÉCNICAS
HIDRÁULICAS SOLTECH LTDA y KEYTROL LTDA., proveedor y fabricante de las
válvulas de control automáticas, realizaron visita técnica de inspección y revisión
de las válvulas de control de nivel enclavado instaladas en el distrito de riego de
Membrillal, entre otras, en el que se concluye que “…no se pudo verificar el
funcionamiento hidráulico dinámico del Sistema de Riego de
Membrillal (Cañas Gorda), debido a que no había agua en el Distrito”
(folios 307 a 309).
[…]
Así las cosas, puede ser que la obra se terminó y que el contratista reparó
algunos daños, tal como se deja consignado en el acta de liquidación del
contrato, no obstante, posterior a la visita que se tiene en cuenta para la
liquidación del mismo, se siguieron presentado daños. Considera el Despacho
que si la obra se hubiese dejado en perfectas condiciones y hubiese sido una
obra de calidad no tenía por qué presentar constantes averías. Al respecto,
debe anotarse que el contratista tenía la obligación de ejecutar
esmeradamente las obras y cumplir estrictamente las condiciones
estipuladas, tanto que si alguna parte de la obra estuviese mal
ejecutada, debía volverá a ejecutar hasta merecer la aprobación de la
entidad y de los usuarios, para que se cumpliesen los fines esenciales
del estado vertidos en el contrato núm. 071 de 2003 que el
CONSORCIO O y G suscribió con el INCODER.
Como corolario de lo expuesto y con el análisis probatorio efectuado, es
evidente que estamos frente a una cadena de situaciones que culminaron con la
inoperatividad absoluta del Distrito de Irrigación en Pequeña Escala Membrillal,
municipio de Cañasgordas, Departamento de Antioquia, cuya construcción fue
contratada por el INCODER con el CONSORCIO O Y G, integrado como se ha
dicho por los señores JOSÉ ÁLVARO GALVIS PINTO y GLORIA CECILIA OSPINA
GÓMEZ, situación que lleva inmersa la pérdida de los recursos del Estado
invertidos en la misma.
Del análisis del contrato se advierte que el contratista asumió un gran número
de obligaciones tendientes a encontrar un fin, como era la construcción del
Distrito de Irrigación en Pequeña Escala Membrillal, Municipio de Cañasgordas,
Departamento de Antioquia, obra que le pudo haber representado la asunción
de varios riesgos, no obstante, con los informes de interventoría puede afirmarse
que no se presentaron situaciones sobrevinientes irresistibles o imprevisibles que
afectaran la ejecución de la misma.
De los documentos acopiados puede concluirse que en últimas la obra
producto del contrato n. 071 de 2003 no se entregó funcionando en
debida forma, como se esperaba que fuera, situación que es incuestionable
pues el distrito de riego nunca se ha puesto en funcionamiento y ello tuvo un
origen en la entrega de una obra con muchos problemas, que por más que se
solucionaron hasta un momento determinado, resultaron insuficientes para
dejar la infraestructura en condiciones óptimas de operatividad.
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[…]
Como premisa básica, general y elemental, tenemos que el contratista está
obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del
mismo, pues tal documento es ley para las partes. La Ley 80 de 1993, en su
artículo 5º, enfatiza estas obligaciones, entre las que tenemos: [...]
Los informes hablan por sí solos y dejan en evidencia la negligencia,
descuido y falta de planeación con la que el CONSORCIO O Y G manejó
la obra desde un principio; todas estas apreciaciones del interventor
plasmadas en sus informes solo dan cuenta de que este negocio ajeno
no fue manejado con aquel cuidado que aun las personas negligentes
o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Así,
entonces, si desde un inicio no se asumieron con responsabilidad las
obligaciones contractuales por parte del contratista, la inoperatividad
del sistema de riego era un resultado que se veía venir.
[…]
Así las cosas, analizado el comportamiento de los señores JOSÉ
ALVARO GALVIS PINTO y GLORIA CECILIA OSPINA GÓMEZ,
integrantes del contratista CONSORCIO O y G, no queda más que
concluir que sus acciones y omisiones desencadenaron los resultados
tantas veces citados en el presente proveído y por ello no pueden ser
calificados con menos drasticidad que la CULPA GRAVE.
[…]
Ahora bien, para concluir, resulta evidente que las conductas endilgadas a los
señores GALVIS PINTO y OSPINA GÓMEZ, en su condición de integrantes del
CONSORCIO O Y G contratado para la construcción del Distrito de Irrigación en
Pequeña Escala Membrillal, municipio de Cañasgordas, Departamento de
Antioquia, a través del Contrato de Obra Pública Nº 071 de 2003 suscrito con el
INCODER, ocasionaron un daño al patrimonio del Estado en cuantía de
$260.475.760.00, valor correspondiente al total ejecutado, según registra el acta
de liquidación del 3 de noviembre de 2006 (folios 77 a 81) […]”.
[…]
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, que dicho sea de paso desvirtúa
los diferentes argumentos de defensa presentados en el curso del proceso por
los sujetos procesales y sus apoderados, considera el despacho que están dados
y demostrados los elementos que integran la responsabilidad fiscal, relacionados
en el artículo 5 de la Ley 610 de 2000, con lo cual no queda más sino proferir
fallo con responsabilidad fiscal en contra de JOSÉ ÁVARO GALVIS PINTO,
GLORIA CECILIA OSPINA GÓMEZ y LINA MARÍA ARANGO BARRERA,
atendiendo lo que ordena el artículo 53 de la norma a cita, a saber: […]”
(Destacado fuera de texto).
Además, en el Auto No. 142 de 29 de mayo de 2014
demandado, por medio del cual se resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra el referido fallo con
responsabilidad fiscal núm. 051-14 de 2014, en el sentido de
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confirmarlo, también se demuestra que la entidad demandada
se fundamentó en la Ley 610, al referirse al elemento
culpabilidad, y precisó que la calificación de las conductas
desplegadas por los demandantes no se podía tipificar en las
presunciones que trae la Ley 1474 de 2011, pero que ello no
era óbice para que pudieran constituir conductas calificadas a
título de culpa, dolo y culpa grave, como en efecto se hizo en el
fallo con responsabilidad fiscal de primera instancia, como se
transcribe a continuación:
“[…] CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
[…] Culpabilidad
[…] Por otra parte, frente al comportamiento de los señores JOSÉ
ÁLVARO GALVIS PINTO y GLORIA CECILIA OSPINA GÓMEZ,
integrantes del contratista CONSORCIO O Y G, se concluyó que sus
acciones y omisiones desencadenaron los resultados tantas veces
citados en el presente proveído y por ello no pueden ser calificados
con menor drasticidad que la CULPA GRAVE.
[…]
En este punto, debe mencionarse que el abogado MENESES GONZÁLEZ
apoderado de los implicados JOSÉ ALVARO GALVIS PINTO y GLORIA CECILIA
OSPINA GÓMEZ, citó en su escrito apartes de la sentencia de la Corte
Constitucional C-512 de 2013, argumentando que la Contraloría desconoció lo
preceptuado en el artículo 118 de la Ley 1474 de 2011. Al respecto, el
despacho se permite transcribir el texto de la norma en cita: […].
Como se observa, la norma dispone que el grado de culpabilidad para
establecer la existencia de responsabilidad fiscal será el dolo o la
culpa grave, con lo que ratifica lo normado en el artículo 53 de la Ley
610 de 2000, aclarando que la Corte Constitucional con sentencia C-619 de
2002 declaró inexequible la expresión “leve” contenida en dicha norma.
Además de lo anterior, el artículo 118 de la Ley 1474 de 2011 estableció una
serie de presunciones para calificar ciertas conductas a título de dolo y culpa
grave, lo cual no significa que exclusivamente las conductas allí
relacionadas permitan derivar responsabilidad fiscal. Ciertamente, la
calificación de las conductas desplegadas por los implicados JOSÉ
ÁLVARO GALVIS PINTO y GLORIA CECILIA OSPINA GÓMEZ no se
pueden tipificar en las nuevas presunciones que trae la Ley 1474 de
2011, pero ello no es óbice para que puedan constituir conductas
calificadas a títulos de culpa, dolo y culpa grave, como en efecto se
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hizo en el fallo con responsabilidad fiscal de primera instancia. […]”
(Destacado fuera de texto).
Y en el Auto No. 000766 de 25 de julio de 2014 acusado,
por medio del cual se resolvió el recurso de apelación
confirmando el fallo con responsabilidad fiscal 051-14 y el auto
142, que resolvió la reposición, el ente de control fiscal,
puntualizó, con fundamento en una publicación de la Auditoría
General de la República,-Gestión del Proceso de Responsabilidad Fiscal-,
que las presunciones de dolo y culpa grave, señaladas por los artículos 5º
y 6º de la Ley 678 de 2001, no se podían aplicar taxativamente al proceso
de responsabilidad fiscal, así:
“[…] Falsa de motivación o indebida motivación: Se afirma que se encuentra
aplicando una ley no aplicable al caso concreto, es decir la Ley 678 de 2001
que se aplica exclusivamente a la acción judicial de repetición. Se hace
referencia al artículo 118 de la Ley 1474 de 2011, el cual señala la
determinación de la culpabilidad en los procesos de responsabilidad fiscal y se
afirma que al no haber actualizado a sus defendidos ninguna de las
presunciones señaladas en el artículo citado, es decir, no habiendo actuado ni
a título de dolo en razón a que no han sido condenados penalmente, ni han
sido sancionados disciplinariamente, lo que sería fundamento para establecer
la conducta dolosa y por otra parte, ni a título de culpa grave, ya que para que
se califique la conducta tal, esta debe encuadrarse dentro de las presunciones
taxativamente contenidas en el artículo 118.
Sobre el tema se traen apartes de la publicación de la Auditoría
General de la República Gestión del Proceso de Responsabilidad
Fiscal que dice:
“(…) Los únicos referentes normativos del elemento culpa en los
procesos de responsabilidad fiscal se encontraban contenidos en el
artículo 63 del Código Civil y algunas contralorías municipales
acudían a las presunciones de dolo y culpa grave señaladas por
los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, sin que estas se
pudieren aplicar taxativamente al proceso de responsabilidad
fiscal (…)”.
[…]” (Destacado fuera de texto).
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Así las cosas, para la Sala, no prospera el cargo de falsa
motivación por imputación incorrecta, en razón de que la
decisión contenida en el fallo con responsabilidad fiscal 051-14
de 2014, fue tomada con fundamento en la norma vigente al
momento del inicio del proceso, ya mencionada. Así también lo
consideró acertadamente el Tribunal a quo con base en razones
que plenamente la Sala comparte.
Respecto a la violación del debido proceso por indebida
notificación del auto mixto de imputación y cesación de la acción
fiscal que, a juicio de la parte apelante, debió hacerse con
fundamento en la Ley 1474 de 2011, la Sala considera que le
son aplicables al asunto los mismos argumentos esgrimidos en
relación con el cargo que pregonaba la sujeción del trámite a
dicha Ley, pues, como se demostró, la pertinente era la Ley 610
de 2000. Al margen de dicha discusión, no puede perderse de
vista que, como lo advirtió el a quo, el auto respectivo se notificó
y fue objeto de los recursos de ley, con lo cual se garantizó el
debido ejercicio del derecho de defensa.
En relación con el reproche de que las pruebas no fueron
apreciadas en su conjunto exponiendo el mérito que a cada una
de ellas le corresponde, en desconocimiento de lo previsto en el
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artículo 176 del CGP, la Sala considera, contra lo que sostienen
los demandantes, que la valoración que en este caso hizo el
Tribunal, de las mencionadas pruebas sí quedó enmarcada
dentro del contexto que el caso examinado amerita, teniendo
en cuenta, desde luego, el sentido de la decisión que finalmente
se adoptó, es más, tales evidencias fueron citadas textualmente
para fundamentar la consideración según la cual las mismas no
tenían la entidad de demostrar lo que la parte actora pretendía.
De lo antes reseñado se deduce que el Tribunal, en lo que toca
con el aspecto examinado, no incurrió en ninguna omisión al
valorar las pruebas que tuvo en cuenta para su decisión, pues
apreció en su contexto lo que estas a su juicio evidenciaban.
Como es sabido, en procesos como el aquí examinado, el
operador judicial, al realizar la valoración de la prueba, con
sujeción a las reglas de la sana crítica, debe llegar a la certeza
o convicción sobre la existencia del hecho y la responsabilidad
del implicado. Cuando la Administración decide ejercer su
potestad sancionatoria tiene que cumplir con el deber de
demostrar que los hechos en que se basa la acción están
probados y que la autoría o participación en la conducta
tipificada como infracción, es imputable al procesado. Cabe
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GÓMEZ.
recordar, y así lo ha establecido la Corte Constitucional, que el
juzgador goza de un amplio margen para valorar el material
probatorio en el cual ha de fundar su decisión y formar
libremente su convencimiento, inspirándose en los principios
científicos de la sana critica25.
Si bien es cierto que analizado el abundante material probatorio
relacionado por la parte apelante este tiene como finalidad
demostrar que se cumplió con el objeto del contrato y que se
hizo recibo de obra a satisfacción, también existe una realidad
probatoria objetiva en el proceso de la cual se desprende que la
obra producto del contrato núm. 071 de 2003, no se entregó
funcionando en debida forma, como se esperaba que fuera,
hecho este que se infiere de las declaraciones juramentadas de
las personas afectadas con el distrito de riego, las declaraciones
de los ingenieros Lucía Patricia Muñoz Alarcón (Folio 1.495 a
1.497)26 y Santiago Manuel Corena Márquez, (Folios 1.776 a
1.779)27, quienes actuaron como interventores del contrato 071
de 2003, y, además, de la prueba técnica decretada por el
despacho consistente en el informe del ingeniero civil Alberto
Rafael Navarro Martínez, (Folios 1.568 a 1.599 y 1.709 a
25
Corte Constitucional. Sentencia Núm. T-442 de 11 de octubre de 1994. Magistrado Ponente,
doctor Antonio Barrera Carbonell.
26
Expediente digital PDF, cuadernillo No. 9.
27
Expediente digital PDF, cuadernillo No. 9.
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1.714)28, adscrito a la Gerencia Departamental de Antioquia,
rendido el 15 de febrero de 2013, por lo que el ente de control,
concluyó, así:
“[…] Más allá de las argumentaciones presentadas por los
presuntos responsables tendientes a demostrar el
funcionamiento del distrito de riego, resulta claro para el
despacho que el distrito de riego contratado nunca funcionó, lo
que puede establecerse con base en las declaraciones
juramentadas de miembros de la comunidad afectados y del
propio interventor del Contrato N° 071 de 2003, así como las
conclusiones a las que se llegó con el informe técnico rendido
en curso del proceso, documento este que registra las falencias
técnicas presentadas durante la ejecución del proyecto […]”.
Ahora bien, el hecho de que se haya cumplido con el objeto del
contrato y que las obras fueron recibidas a satisfacción, según
la Resolución núm. 2199, de 3 de noviembre de 2006 del
INCODER29, no implica, como lo pretenden hacer ver los
demandantes, que estos, irreductiblemente, deban ser eximidos
de responsabilidad fiscal, pues lo cierto es que el distrito de
riego nunca fue puesto en funcionamiento y ello tuvo su origen,
como lo manifiesta el ente de control, en la entrega de una obra
con muchos problemas, que por más que se solucionaron hasta
un momento determinado, resultaron insuficientes para dejar la
infraestructura en condiciones óptimas de operatividad.
28
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29
A través de esta resolución el INCODER liquidó unilateralmente el contrato 071 de 2003.
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La Sala comparte lo manifestado por la demandada en el
sentido de que “[…] Una obra pública, por la que el Estado ha
pagado unos recursos, no se ejecuta para que funcione el día
en que el contratista hace entrega de la misma; una obra
pública, cualquiera que ella sea, debe tener afincada en su
estructura la vocación de perdurabilidad y de prestación de un
servicio […]”.
La Sala también comparte lo expresado por el a quo en el
sentido de que no se evidencia ausencia de análisis respecto al
daño, culpabilidad y nexo causal, por cuanto se analizan en
abundancia los hechos que motivan la responsabilidad fiscal y
el daño que motiva la decisión, sumado a que se estudia dicha
responsabilidad teniendo en consideración la liquidación
unilateral del contrato.
Igualmente, que no hubo falta de análisis de los argumentos de
los demandantes, sino que sencillamente se llegó a conclusiones
adversas a sus intereses, lo que no constituye violación al
debido proceso.
En relación con la prueba técnica que la parte demandante
pretendió que fuera apreciada al momento de decidir el proceso
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GÓMEZ.
sancionatorio, la cual fue aportada el 14 de enero de 2014 en
forma extemporánea, la Sala considera que le asiste razón al
Tribunal en cuanto sostuvo que en realidad hubo razones
válidas para que los actos acusados la desestimaran; en primer
lugar, por cuanto no fue aportada en la oportunidad que
correspondía y, en segundo lugar, teniendo en cuenta que en
relación con la misma no se brindó la oportunidad para su
debida contradicción, como sí ocurrió con las restantes
evidencias, de igual naturaleza técnica, que sustentaron la
decisión adoptada. De modo que lo que en realidad hubiese
infringido el debido proceso era haber valorado dicha prueba no
obstante las falencias que exhibía. En ese sentido resulta
pertinente recordar lo dispuesto en el artículo 29, inciso último,
constitucional, en el sentido de que “Es nula de pleno derecho
la prueba obtenida con violación del debido proceso”, lo cual es
concordante con lo dispuesto en el artículo 22, de la Ley 610 de
2000, que prevé: “Toda providencia dictada en el proceso de
responsabilidad fiscal debe fundarse en pruebas legalmente
producidas y allegadas o aportadas al proceso”.
Por último, adujo la parte actora que el a quo se equivoca al
considerar a los demandantes como gestores fiscales,
desconociendo lo previsto en el artículo 3° de la Ley 610 de
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2000, que incorpora una definición legal del concepto en la cual
no están incluidos los contratistas como gestores fiscales, en
cuanto no son considerados servidores públicos.
En primer término, considera la Sala pertinente dilucidar, si las
actividades desplegadas por los señores JOSÉ ÁLVARO GALVIS
PINTO Y GLORIA CECILIA OSPINA GÓMEZ, integrantes del
contratista CONSORCIO O y G, comportan gestión fiscal y, si
eran sujetos de control fiscal.
Al respecto, cabe advertir lo siguiente:
En tratándose del alcance del concepto de gestión fiscal y de los
sujetos pasivos del proceso de responsabilidad fiscal, es
pertinente traer a colación la sentencia de 26 de agosto de 2004
de esta Sección, Expediente núm. 0500123310001997209301,
Consejero ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en la que
se señaló:
“[…] El artículo 3º de dicha Ley [610 de 2000] prevé:
“Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por
gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y
tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de
derecho privado que manejen o administren recursos o
fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición,
planeación, conservación, administración, custodia, explotación,
enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de
los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de
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sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con
sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia,
equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y
valoración de los costos ambientales”.
De la definición transcrita deduce la Sala que el sujeto pasivo
en el proceso de responsabilidad fiscal son los servidores
públicos y las personas de derecho privado que manejen o
administren recursos o fondos públicos, cuando al realizar la
gestión fiscal, a través de actividades económicas, jurídicas y
tecnológicas no han dado una adecuada planeación, conservación,
administración, custodia, explotación, enajenación, consumo,
adjudicación, gasto, inversión y disposición de los mismos, o a la
recaudación, manejo e inversión de sus rentas, causando por ende
con ello detrimento patrimonial al Estado.
Es oportuno traer a colación apartes de la sentencia C-840 de 9 de
agosto de 2001, de la Corte Constitucional al examinar la exequibilidad
de algunas normas de la mencionada Ley:
“[…]
3. Naturaleza y sentido del concepto de Gestión
Fiscal.
Al amparo de la nueva concepción que sobre control fiscal
incorpora la Constitución de 1991, la ley 610 de 2000
prescribe en su artículo 3 la noción de gestión fiscal... Como
bien se aprecia, se trata de una definición que comprende las
actividades económicas, jurídicas y tecnológicas como
universo posible para la acción de quienes tienen la
competencia o capacidad para realizar uno o más de los
verbos asociados al tráfico económico de los recursos y bienes
públicos, en orden a cumplir los fines esenciales del Estado conforme
a unos principios que militan como basamento, prosecución y sentido
teleológico de las respectivas atribuciones y facultades. Escenario
dentro del cual discurren, entre otros, el ordenador del gasto, el
jefe de planeación, el jefe jurídico, el almacenista, el jefe de
presupuesto, el pagador o tesorero, el responsable de la caja menor,
y por supuesto, los particulares que tengan capacidad decisoria
frente a los fondos o bienes del erario público puestos a su
cargo. Siendo patente que en la medida en que los
particulares asuman el manejo de tales fondos o bienes,
deben someterse a esos principios que de ordinario son
predicables de los servidores públicos, a tiempo que
contribuyen directa o indirectamente en la concreción de los
fines del Estado.
[…].
Bajo tales connotaciones resulta propio inferir que la esfera de la
gestión fiscal constituye el elemento vinculante y determinante de las
responsabilidades inherentes al manejo de fondos y bienes del Estado
por parte de los servidores públicos y de los particulares. Siendo
por tanto indiferente la condición pública o privada del respectivo
responsable, cuando de establecer responsabilidades fiscales se trata.
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Control y gestión fiscal. Responsabilidad fiscal.- El control
fiscal es una función pública que tiene por objeto la vigilancia
de la gestión fiscal de la administración y de los particulares
que manejan fondos o bienes públicos, ejercida por la
Contraloría General de la República30, las contralorías
territoriales y la Auditoría General, que se cumple mediante el
ejercicio del control financiero, de gestión y de resultados,
fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración
de los costos ambientales, en forma posterior y selectiva
conforme a los procedimientos, sistemas y principios que
establece la ley ( art. 267 de la C.P.).
Para el cumplimiento de esta función, se asigna a los
organismos de control la atribución de establecer la
responsabilidad que se derive de la gestión fiscal,
imponer las sanciones que sean del caso, recaudar su monto y
ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de
la misma ( art. 268.5 de la C.P.).
Para deducir responsabilidad fiscal, es preciso que la
conducta reprensible se haya cometido en ejercicio de la
gestión fiscal, definida en el artículo 3° de la ley 610 de
2000 así:
“Para los efectos de la presente ley, se entiende por
gestión fiscal el conjunto de actividades económicas,
jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores
públicos y las personas de derecho privado que
manejen o administren recursos o fondos públicos,
tendientes a la adecuada y correcta adquisición,
planeación, conservación, administración, custodia,
explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto,
inversión y disposición de los bienes públicos, así como a
la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden
a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a
los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia,
equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia,
publicidad y valoración de los costos ambientales”.
De ésta definición legal de gestión fiscal 31, armonizada con las
disposiciones siguientes de la ley 610 y dada su inescindible
30 El artículo 119 constitucional señala que “La Contraloría General de la República tiene a su
cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración”. En la
Asamblea Nacional Constituyente. Informe – ponencia se precisó que “...la función fiscalizadora
es de interés primordial del Estado, en cuanto tiene que ver con el correcto manejo de las
finanzas públicas que son objeto de su atención. Los caudales o recursos que tienen las
actividades gubernamentales provienen del pueblo y a él deben revertir en forma de servicios.
(...) la Contraloría representa a la sociedad en cuanto que es ella la titular de sus finanzas en
último término, pues en principio lo son del Estado. Vela porque los recursos que le proporciona
al Estado estén correctamente manejados”. (Gaceta Constitucional 59, jueves 25 de abril de
1991).
31
Sobre el concepto de gestión fiscal, esta Sala expresó en la Radicación No 848 de 1996 :
“Gestión fiscal es, entonces, el conjunto de actividades económico jurídicas relacionadas
con la adquisición, conservación, explotación, enajenación, consumo, o disposición de
los bienes del Estado, así como la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en
orden a cumplir los fines de éste y realizadas por los órganos o entidades de
naturaleza jurídica pública o por personas naturales o jurídicas de carácter privado.
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interrelación, se desprenden múltiples consecuencias:
determina el objeto de la gestión; se tiene en cuenta para
establecer el alcance, objeto y elementos de la responsabilidad
fiscal, esto es, el resarcimiento de los daños ocasionados al
patrimonio como consecuencia de la conducta dolosa o culposa
de quienes realizan gestión fiscal (arts. 4° y 5°), así como la
causación de un daño patrimonial al Estado producida por una
gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa
e inoportuna ( art. 6° ). 32
Así mismo, sirve para estructurar el concepto de proceso de
responsabilidad fiscal, entendido como el conjunto de
actuaciones administrativas adelantadas por las contralorías
con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los
servidores públicos y de los particulares, cuando en ejercicio
de la gestión fiscal o con ocasión de ésta causen, por
acción u omisión, un daño al patrimonio del Estado (art.
1°). 33
La acción fiscal cesará cuando se demuestre que el hecho no
comporta el ejercicio de gestión fiscal y, por tanto resulta
procedente dictar auto de archivo del proceso de
responsabilidad fiscal (arts. 16 y 47); sin embargo, de existir
efectiva lesión al patrimonio del Estado, habrá lugar a exigir la
Dentro del género de entidades públicas queda comprendido el Banco de la República.” Por su
parte la Corte Constitucional en la sentencia C- 529 de 1993 señala: “...el concepto de gestión
fiscal alude a la administración o manejo de tales bienes, en sus diferentes y sucesivas
etapas de recaudo o percepción, conservación, adquisición, enajenación, gasto,
inversión y disposición. “Consiguientemente, la vigilancia de la gestión fiscal se endereza a
establecer si las diferentes operaciones, transacciones y acciones jurídicas, financieras y
materiales en las que se traduce la gestión fiscal se cumplieron de acuerdo con las normas
prescritas por las autoridades competentes, los principios de contabilidad universalmente
aceptados o señalados por el Contador General, los criterios de eficiencia y eficacia aplicables a
las entidades que administran recursos públicos y, finalmente, los objetivos, planes, programas
y proyectos que constituyen, en un período determinado, las metas y propósitos inmediatos de
la administración (Ley 42 de 1993, arts. 8° a 13)”.
32
Sent. C- 840/01: “...el circuito de la gestión fiscal involucra a todos los servidores
públicos que tengan poder decisorio sobre los bienes o rentas del Estado. Criterios
éstos que en lo pertinente cobijan a los particulares que manejen fondos o bienes del Estado
(...) Por lo tanto, cuando alguna contraloría del país decide crear y aplicar un programa de
control fiscal en una entidad determinada, debe actuar con criterio selectivo frente a los
servidores públicos a vigilar, esto es, tiene que identificar puntualmente a quienes ejercen
gestión fiscal dentro de la entidad, dejando al margen de su órbita controladora a
todos los demás servidores. Lo cual es indicativo de que el control fiscal no se puede
practicar in sólidum o con criterio universal, tanto desde el punto de vista de los actos a
examinar, como desde la óptica de los servidores públicos vinculados al respectivo ente.” (Las
negrillas y subrayas fuera de texto)
33
Sent. C- 840/01: “Dicho proceso permite establecer la responsabilidad de quien tiene
a su cargo bienes o recursos sobre los cuales recae la vigilancia de los entes de
control, con miras a lograr el resarcimiento de los daños causados al erario público. De esta
forma, el proceso de responsabilidad fiscal está encaminado a obtener una declaración jurídica
en el sentido de que un determinado servidor público, o particular que tenga a su cargo fondos
o bienes del Estado, debe asumir las consecuencias derivadas de las actuaciones irregulares en
que haya podido incurrir, de manera dolosa o culposa, en la administración de los dineros
públicos Op. Cit. SU 620 de 1996. (...) la responsabilidad que se declara a través del proceso
fiscal es eminentemente administrativa, dado que recae sobre la gestión y manejo de los
bienes públicos; es de carácter subjetivo, porque busca determinar si el imputado obró con
dolo o con culpa; es patrimonial y no sancionatoria, por cuanto su declaratoria acarrea el
resarcimiento del daño causado por la gestión irregular; es autónoma e independiente, porque
opera sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad; y, finalmente, en su trámite
deben acatarse las garantías del debido proceso.” // V. sent. C- 477/01. (Las negrillas y
subrayas fuera de texto)
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correspondiente responsabilidad patrimonial por otra vía, como
se verá más adelante.
En consecuencia, se deduce responsabilidad fiscal por la
afectación del patrimonio público en desarrollo de actividades
propias de la gestión fiscal o vinculadas con ella, cumplida por
los servidores públicos o los particulares que administren o
manejen bienes o recursos públicos. Al respecto la Corte
Constitucional, al resolver sobre la constitucionalidad del
artículo 1° 34 de la ley 610, señaló:
“El sentido unitario de la expresión o con ocasión de
ésta sólo se justifica en la medida en que los actos que
la materialicen comporten una relación de conexidad
próxima y necesaria para con el desarrollo de la gestión
fiscal. Por lo tanto, en cada caso se impone examinar si
la respectiva conducta guarda alguna relación para con la
noción específica de gestión fiscal, bajo la comprensión
de que ésta tiene una entidad material y jurídica propia
que se desenvuelve mediante planes de acción,
programas, actos de recaudo, administración, inversión,
disposición y gasto, entre otros, con miras a cumplir las
funciones constitucionales y legales que en sus respetivos
ámbitos convocan la atención de los servidores públicos y
los particulares responsables del manejo de fondos o
bienes del Estado.
De acuerdo con esto, la locución demandada ostenta un
rango derivado y dependiente respecto de la gestión fiscal
propiamente dicha, siendo a la vez manifiesto su carácter
restringido en tanto se trata de un elemento adscrito
dentro del marco de la tipicidad administrativa. De allí
que, según se vio en párrafos anteriores, el ente fiscal
deberá precisar rigurosamente el grado de competencia o
capacidad que asiste al servidor público o al particular en
torno a una específica expresión de la gestión fiscal,
descartándose de plano cualquier relación tácita, implícita
o analógica que por su misma fuerza rompa con el
principio de la tipicidad de la infracción. De suerte tal que
sólo dentro de estos taxativos parámetros puede
aceptarse válidamente la permanencia, interpretación y
aplicación del segmento acusado.
Una interpretación distinta a la aquí planteada conduciría
al desdibujamiento de la esencia propia de las
competencias, capacidades, prohibiciones y
responsabilidades que informan la gestión fiscal y sus
cometidos institucionales.
34
“Artículo 1°. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas
adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los
servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión
de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del
Estado.” (El aparte subrayado fue declarado condicionalmente exequible en la sentencia C-
840/01)
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Consecuentemente, si el objeto del control fiscal
comprende la vigilancia del manejo y
administración de los bienes y recursos públicos,
fuerza reconocer que a las contralorías les
corresponde investigar, imputar cargos y deducir
responsabilidades en cabeza de quienes en el
manejo de tales haberes, o con ocasión de su
gestión, causen daño al patrimonio del Estado por
acción u omisión, tanto en forma dolosa como
culposa. Y es que no tendría sentido un control fiscal
desprovisto de los medios y mecanismos conducentes al
establecimiento de responsabilidades fiscales con la
subsiguiente recuperación de los montos resarcitorios. La
defensa y protección del erario público así lo exige en aras
de la moralidad y de la efectiva realización de las tareas
públicas. Universo fiscal dentro del cual transitan como
potenciales destinatarios, entre otros, los directivos y
personas de las entidades que profieran decisiones
determinantes de gestión fiscal, así como quienes
desempeñen funciones de ordenación, control, dirección
y coordinación, contratistas y particulares que
causen perjuicios a los ingresos y bienes del Estado,
siempre y cuando se sitúen dentro de la órbita de la
gestión fiscal en razón de sus poderes y deberes
fiscales.” (la Sala destaca y subraya).
De conformidad con el antecedente jurisprudencial
ampliamente citado, la Sala considera que, contrario a lo
alegado por los demandantes JOSÉ ÁLVARO GALVIS PINTO
y GLORIA CECILIA OSPINA GÓMEZ, en su condición de
particulares contratistas e integrantes del Consorcio O y G,
estos sí podrían ser considerados como agentes fiscales, de
acuerdo con la definición legal prevista en el artículo 3° de la
Ley 610 de 2000.
En efecto, para establecer la responsabilidad fiscal, se requiere
examinar si efectivamente la conducta comporta gestión fiscal
o guarda alguna relación de conexidad con ésta.
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La responsabilidad fiscal se deduce por la afectación del
patrimonio público, tanto por acción como por omisión, en
forma dolosa o culposa, en desarrollo de actividades propias
de la gestión fiscal35 o vinculadas con ella, cumplida por los
servidores públicos y particulares, que manejen o administren
bienes y recursos del Estado.
La Sala considera pertinente puntualizar, que la responsabilidad
fiscal debe necesariamente recaer sobre el manejo o
administración de bienes y recursos o fondos públicos, y
respecto de los servidores públicos y particulares que tengan
a su cargo bienes o recursos del Estado.
La gestión fiscal, como elemento determinante de la
responsabilidad fiscal, se cumple siempre y cuando el
particular, maneje o administre fondos o bienes del Estado que
le hayan sido asignados o confiados. De manera que en el
presente caso debe establecerse si la entidad contratante,
Instituto Colombiano de Desarrollo Urbano-INCODER, de
acuerdo con el texto contractual (el objeto y la forma de pago
35 Actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación,
conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición
de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas, en orden a cumplir los fines
esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad,
moralidad , transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.
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de la actividad o servicio pactados), dio lugar a que los
demandantes asumieran o no la administración y el manejo
de recursos públicos que los eleven a la condición de gestores
fiscales36.
Según las cláusulas contractuales pertinentes, se observa lo
siguiente:
“[…] CONTRATO No. 071 de 29 de diciembre de 2003; CLASE:
OBRA PÜBLICA; CONTRATISTA: CONSORCIO O Y G; […];
PRIMERA: OBJETO. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar por la
modalidad de precios unitarios fijos y en los términos que se
estipulan en este contrato las obras para la Construcción del
Distrito de irrigación en Pequeña Escala Membrillal Municipio de
Cañasgordas, departamento de Antioquia, Oficina de Enlace
Territorial N° 3, en estricta concordancia con las especificaciones
técnicas contenidas en los documentos del contrato que se
menciona en la Cláusula Segunda.[…]. CUARTA: VALOR: El valor
del presente contrato para todos los efectos legales se calcula en
la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES
OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
($286.807.232).QUINTA: FORMA DE PAGO: el INCODER
cancelará los dineros al CONTRATISTA para la ejecución de las
obras contratadas así: 1) La suma de SETENTA Y UN MILLONES
SETECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS
($71.701.808) a título de anticipo correspondiente al
veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato, suma
que será amortizada de las cuentas mensuales por concepto de
actas de obra y facturas debidamente aprobadas por el
interventor del contrato y Vo.Bo. del Jefe de la Oficina de Enlace
Territorial. El anticipo será manejado en una cuenta
especial bancaria, abierta a nombre del proyecto, y su
manejo será en forma conjunta entre el Contratista y el
Interventor. Los rendimientos que llegaren a producir los
recursos así entregados, pertenecen al Tesoro Nacional. […].
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los dineros entregados en calidad
de anticipo no podrán invertirse sino en la ejecución del
objeto del presente contrato de conformidad con lo
presentado en la propuesta, y no podrán destinarse a la
especulación económica, ni distraerse en el pago de obligaciones
diferentes a las requeridas por la misma obra, en ningún caso
podrán incluirse entre tales gastos los correspondientes al
36
Precisamente la Sala en sentencia de 21 de enero de 2021 (Expediente núm. 2012-00534-
01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón), dejó precisado que los particulares contratistas pueden
ser gestores fiscales cuando con su conducta ocasionen detrimento patrimonial.
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perfeccionamiento y/o legalización del contrato. Los dineros
que se entreguen al CONTRATISTA conservan la condición
de fondos públicos y su mal manejo, el cambio de su
destinación, o su apropiación indebida, darán lugar a las
denuncias penales correspondientes y hacer efectiva la
garantía única de cumplimiento[…]”.(la Sala destaca y
subraya).
De acuerdo con las anteriores estipulaciones contractuales, el
anticipo se entrega como medio de financiación de las
actividades contratadas y no como pago de las prestaciones
ejecutadas por el contratista, y este no entra a su patrimonio,
conserva su calidad de fondo público y su manejo37 será en
forma conjunta entre el contratista y el interventor, por eso,
su malversación, uso indebido o pérdida es un hecho generador
de la responsabilidad fiscal del contratista.
Así las cosas, para la Sala es claro que los señores JOSÉ ÁLVARO
GALVIS PINTO y GLORIA CECILIA OSPINA GÓMEZ, como
particulares contratistas e integrantes del consorcio O y G, que
participaron en la ejecución de un contrato para la construcción
del Distrito de Irrigación en Pequeña Escala Membrilla, se
encuentran en el mismo plano de igualdad de quien a nombre
de la entidad pública suscribe el contrato y, en tal sentido, sí
están incluidos en la definición legal prevista en el artículo 3° de
37
La Corte Constitucional en la sentencia C- 529 de 1993 señala: “...el concepto de gestión fiscal alude a la
administración o manejo de tales bienes, en sus diferentes y sucesivas etapas de recaudo o percepción, conservación,
adquisición, enajenación, gasto, inversión y disposición.
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la Ley 610 de 2000, y el incumplimiento de sus obligaciones, lo
que sin duda, genera consecuencias desde el ámbito de la
responsabilidad fiscal.
En este orden de ideas, ninguno de los cargos planteados por la
parte demandante tiene la entidad necesaria para desvirtuar la
presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos
acusados, razón por la cual la Sala confirmará la decisión de
primera instancia, prohijando sus acertadas motivaciones,
como en efecto lo hará en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 12 de diciembre de 2017,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
SEGUNDO: En firme esta providencia, remítase el expediente al
Tribunal de origen, previo las anotaciones de rigor.
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de septiembre de
2022.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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