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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-00607-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2015-00607-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2015-00607-01 (2876-2017)
Demandante: Gustavo Alonso Gaviria González
Demandado: Unidad de Administración Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: reliquidación de pensión de jubilación de fiscal delegado ante tribunal.
Subtema: incompatibilidad del reconocimiento de la bonificación por compensación y
la bonificación por gestión judicial.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la Unidad de Administración Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, el 28
de marzo de 2017, que accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

El señor Gustavo Alonso Gaviria González, quien ejerció como fiscal delegado ante el
Tribunal Superior de Medellín, solicitó la nulidad de los actos administrativos
contenidos en los autos ADP 002342 del 4 de octubre de 2012 y ADP 004923 del 7
de diciembre de 2012, mediante los cuales se le negó el reconocimiento y pago de la
reliquidación de la pensión de vejez. Lo anterior, por cuanto en la base de liquidación
no se incluyó el 75 % de la bonificación de gestión judicial.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, declaró nulos los
citados autos y, en consecuencia, condenó a la Unidad de Administración Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social al pago de la
reliquidación de la pensión de jubilación del demandante, con base en la asignación
mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio, en la cual
se debe incluir el 10 % del valor correspondiente a la bonificación de gestión judicial
para dicha mensualidad. Asimismo, advirtió que la prestación no podrá exceder el tope
legal e indicó la aplicación de las deducciones del sistema de seguridad social en

Radicación: 05001-23-33-000-2015-00607-01 (2876-2017)
Demandante: Gustavo Alonso Gaviria González
Demandada: UGPP

salud y pensión, así como la indexación y los intereses moratorios. Además, condenó
en costas.

La Subsección revocará el fallo impugnado, en la medida en que no es posible ordenar
la reliquidación de la pensión con inclusión de la bonificación por compensación y la
bonificación por gestión judicial, por cuanto son incompatibles. En su lugar, se negarán
las súplicas de la demanda.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Gustavo Alonso Gaviria González, mediante apoderado, presentó demanda el
24 de abril de 2013, la cual fue asignada por reparto al Juzgado 21 Laboral del Circuito
de Medellín. Luego de iniciado el trámite procesal, este despacho, a través de auto
interlocutorio 2294 del 4 de agosto de 20141, declaró la nulidad de lo actuado, con
excepción de la prueba practicada, rechazó la demanda por falta de jurisdicción y
ordenó remitir el expediente para reparto a los juzgados administrativos.

2. El Juzgado 20 Administrativo Oral del Circuito de Medellín, mediante auto del
12 de noviembre de 2014, inadmitió la demanda, entre otros, para que fuese adecuado
al medio de control de conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa2.

3. El demandante, en atención a lo ordenado, presentó subsanación y adecuó la
demanda al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3 contra la
Unidad de Administración Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), de conformidad a las
pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan.

2.1.1. Pretensiones

4. El señor Gustavo Alonso Gaviria González solicitó la declaratoria de nulidad de
los autos ADP 002342 del 4 de octubre de 2012 y ADP 004923 del 7 de diciembre de
2012, a través de los cuales la UGPP se abstuvo de realizar el reconocimiento y pago
de la reliquidación de la pensión de vejez.

5. A título de restablecimiento del derecho, el señor Gustavo Alonso Gaviria
González, solicitó la reliquidación de la pensión de vejez, de acuerdo con el salario
efectivamente devengado como fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Medellín,
esto es, con inclusión de lo percibido por concepto de bonificación de gestión judicial
desde el 1 de noviembre de 2002, teniendo en cuenta las mesadas de junio y
diciembre de cada año, la indexación del valor de la condena y los intereses
moratorios que se causen.

1 C. Principal, folios 449 a 450

2 C. Principal, folios 453 a 454
3 C. Principal, folios 457 a 590

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-00607-01 (2876-2017)
Demandante: Gustavo Alonso Gaviria González
Demandada: UGPP

2.1.2. Hechos

6. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

• El señor Gustavo Alonso Gaviria González prestó sus servicios así:

Entidad Desde Hasta
Rama Judicial 16/07/1966 30/07/1969
Rama Judicial 03/09/1969 30/06/1992
Fiscalía General de la Nación 01/07/1992 30/10/2002
Tabla 1. Tiempos de servicios

• El demandado acreditó un total de 13.030 días y el último cargo que
desempeñó fue el de fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Medellín.

• Mediante Resolución 22805 del 10 de octubre de 2000, la Caja Nacional
de Previsión Social EICE le reconoció pensión de vejez en cuantía de
$3.542.556,33, efectiva a partir del 1 de julio de 2000, una vez se hiciera
efectivo su retiro. Posteriormente, la pensión fue reliquidada a través de
Resolución 23479 del 3 de octubre de 2001, fijándose en $4.309.112,95, con
efectos a partir del 1 de julio de 2001.

• Así mismo, por Resolución 03991 del 19 de marzo de 2002, y en
cumplimiento de la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del
Circuito de Medellín, la pensión fue reliquidada en $6.085.171,66. Finalmente,
mediante Resolución 17694 del 10 de septiembre de 2003, por orden del
Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, se reliquidó la pensión de vejez
en cuantía de $6.588.138, con efectos a partir del 1 de noviembre de 2002.

• A través de la Resolución 000847 del 17 de marzo de 2005, la Fiscalía
General de la Nación reconoció y ordenó el pago de la bonificación por gestión
judicial, creada mediante el Decreto 4040 de 2004; asimismo, el 7 de abril de
2005 le fue cancelada, por este concepto, la suma de $71.709.084,
correspondiente a los años 2000 a 2002, cuyo valor mensual ascendió a
$2.109.090.

• Con fundamento en dicho pago, el 10 de mayo de 2012 presentó
solicitud ante la UGPP, para que, en el ingreso base de liquidación del último
año, comprendido entre el 1 de noviembre de 2001 y el 31 de octubre de 2002,
se incluyera el 75 % de la bonificación por gestión judicial.

• La UGPP, mediante auto ADP 002342 del 4 de octubre de 2012, se
abstuvo de proferir cualquier decisión frente a la solicitud presentada, hasta
tanto el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín emitiera una decisión
en el proceso con radicado 2009-0825. Contra esta decisión interpuso recurso
de reposición y, en subsidio, de apelación el 19 de octubre de 2012; sin

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Demandante: Gustavo Alonso Gaviria González
Demandada: UGPP

embargo, la entidad, mediante auto ADP 04923 del 7 de diciembre de 2012,
rechazó el recurso por considerar que dicho auto era de trámite.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

7. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:

La Constitución Política, artículos 2, 13, 23, 25, 29, 48, 53, 57, 58, 83 y 228.
El Decreto Ley 2663 o de 1950, artículos 21, 127 y 128.
La Ley 4 de 1966, artículo 4.
La Ley 5 de 1969, artículos 2 y 6.
La Ley 84 de 1873, artículos 27, 30 y 31.
La Ley 33 de 1985, artículo 1 inciso 2.
La Ley 153 de 1887, artículos 2 y 8.
La Ley 10 de 1987.
La Ley 57 de 1987, artículo 5 numeral 1.
La Ley 63 de 1988.
La Ley 4 de 1992, artículos 2, 14 y 15.
La Ley 100 de 1993, artículos 11, 36 inciso 2, 140, 141, 150 y 288.
La Ley 4 de 1993.
La Ley 332 de 1996, artículo 1 aclarada por la Ley 476 de 1998.
El Decreto 546 de 1971, artículo 6.
El Decreto 717 de 1978, artículo 12.
El Decreto 911 de 1978.
El Decreto 1042 de 1978, artículos 42 y 43.
El Decreto 1660 de 1978, artículo 132.
El Decreto 1045 de 1978, artículo 45.
El Decreto 054 de 1993.
El Decreto 57 de 1993.
El Decreto 106 de 1994.
El Decreto 314 de 1994, artículo 3.
El Decreto 1835 de 1994, artículo 12.
El Decreto 43 de 1995.
El Decreto 36 de 1996.
El Decreto 64 de 1998.
El Decreto 610 de 1998.
El Decreto 1239 de 1998.
El Decreto 44 de 1999.
El Decreto 664 de 1999.
El Decreto 2527 de 2000, artículo 4.
El Decreto 4040 de 2004.
El Decreto 1743 de 1066, artículo 5 [sic].
Acto Legislativo 01 de 2005, parágrafo 1.

8. Al explicar el concepto de violación, el señor Gustavo Alonso Gaviria González
sostuvo que los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, debido a sus

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Demandante: Gustavo Alonso Gaviria González
Demandada: UGPP

funciones, han estado cobijados por un régimen especial prestacional contenido en
varias disposiciones que citó. En ese sentido, consideró que el legislador dispuso que
las personas encargadas de la administración de justicia, dada la naturaleza de alto
riesgo de su labor, fueran objeto de un régimen salarial especial, orientado a
compensar el desequilibrio existente con dicho gremio mediante un mejor régimen
prestacional.

9. Conforme a lo anterior, expuso que los actos administrativos proferidos por la
UGPP vulneraron normas de rango constitucional y legal, en la medida en que el
salario constituye uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo, el cual se
determina por todo lo que el trabajador percibe como remuneración directa o indirecta
por sus servicios, con el fin de garantizar un mejoramiento en sus condiciones de vida
y las de su familia.

2.3. Trámite procesal en primera instancia

10. El Juzgado 20 Administrativo Oral del Circuito de Medellín, mediante auto del
11 de febrero de 20154, declaró la falta de competencia y ordenó remitir el proceso al
Tribunal Administrativo de Antioquia.

11. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto del 28 de abril de 20155,
ordenó admitir la demanda y correr traslado para su contestación.

12. El 13 de mayo de 2015, el apoderado judicial allegó el certificado de defunción,
con indicativo serial 07176666, del señor Gustavo Alonso Gaviria González y solicitó
la intervención en el proceso de la señora Gloria Elena Acosta Medina6, lo cual fue
aceptado mediante auto del 28 de mayo de 20157.

2.4. Contestación de la demanda

13. La UGPP, a través de apoderada, se opuso a las pretensiones de la demanda
y señaló que la bonificación devengada por gestión judicial estaba condicionada a la
renuncia de la bonificación por compensación, por lo que ambas prestaciones fueron
creadas con carácter incompatible.

14. Expuso que los actos administrativos conservan su presunción de validez y
surten plenos efectos, pues no fueron desvirtuados por el señor Gustavo Alonso
Gaviria González, dado que no presentan vicio alguno, ya que fueron expedidos por
la autoridad competente, en concordancia con la norma superior y con observancia
de la ritualidad exigida para su creación y ejecutoria.

15. Señaló que, al momento de liquidar la prestación de jubilación del señor
Gustavo Alonso Gaviria González, tuvo en cuenta las normas jurídicas vigentes para

4 C. Principal, folios 591 a 593
5 C. Principal, folio 603
6 C. Principal, folios 606 a 607
7 C. Principal, folio 625

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Demandante: Gustavo Alonso Gaviria González
Demandada: UGPP

la época de causación del derecho pretendido y, en consecuencia, tomó como base
para dicha liquidación todos los factores salariales previstos en estas, por lo que actuó
conforme a derecho. Asimismo, solicitó que, en caso de prosperar las pretensiones,
se aplique la prescripción de las mesadas pensionales8.

2.5. Sentencia de primera instancia

16. El Tribunal Administrativo de Medellín, Sala Primera de Oralidad, mediante
sentencia del 28 de marzo de 2017, resolvió:

PRIMERO: Declarar la nulidad del Auto No. ADP 002342 DEL 04 DE OCTUBRE DE
2012 Y 04923 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2012, por medio de los cuales se negó el
reconocimiento y pago de la reliquidación de la Pensión Vitalicia de Vejez.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL, deberá reconocer y pagar a la SUCESIÓN del señor
GUSTAVO ALONSO GAVIRIA GONZALEZ la reliquidación de la pensión de
jubilación del demandante con la asignación mensual más elevada que hubiere
devengado en el último año de servicio, incluyendo en esta el 10% del valor devengado
a título de bonificación por gestión judicial que corresponda a dicha mensualidad, suma
que deberá actualizarse con los incrementos anuales de ley de manera indexada.

Se advierte que el monto de la pensión no podrá superar el tope legal.

TERCERO: La entidad demandada deberá efectuar la deducción de los aportes
causados y destinados al sistema de seguridad social en salud y sistema general de
pensiones, en los términos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.

CUARTO: Conforme a lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las cantidades liquidadas
reconocidas en esta sentencia devengarán intereses moratorios a partir de su
ejecutoria.

QUINTO: Condenar en costas a la parte demandada.

SEXTO: Notifíquese esta sentencia de conformidad con el artículo 203 del C.P.A.C.A.9

17. Como fundamento de la decisión, el Tribunal expuso los siguientes argumentos:

18. Explicó que el Decreto 610 de 1998 estableció una bonificación por
compensación para magistrados de tribunal y otros funcionarios, equivalente al 60 %
para el año 1999, al 70 % para el año 2000 y al 80 % para el año 2001 y siguientes,
calculada sobre la totalidad de los conceptos devengados por los magistrados de las
altas corporaciones.

8 C. Principal, folios 630 a 641
9 C. Principal, folios 746 a 754

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Demandante: Gustavo Alonso Gaviria González
Demandada: UGPP

19. Expuso que dicho decreto fue posteriormente complementado por el Decreto
1239 de 1998, los cuales fueron derogados por el Decreto 2668 de 1998. No obstante,
mediante sentencia del 25 de septiembre de 2001 se declaró la nulidad del Decreto
2668 de 1998, por lo que la bonificación por compensación debía ser nuevamente
reconocida y pagada a quienes tenían derecho a ella. Sin embargo, esta no fue
reconocida en los términos esperados, por lo que, ante las múltiples demandas
presentadas, el Gobierno nacional expidió el Decreto 4040 de 2004, mediante el cual
creó para los funcionarios de la Rama Judicial una bonificación del 70 %.

20. Posteriormente, el Consejo de Estado, mediante sentencia del 14 de diciembre
de 2011, declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004 por ser violatorio de los derechos
fundamentales al trabajo y a la igualdad.

21. Por lo anterior, concluyó que lo pagado por concepto de bonificación por gestión
judicial tenía como finalidad compensar lo que no se pagó por concepto de
bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998; por tanto, dicha
suma constituye salario y debe tenerse en cuenta para efectos de reliquidar la pensión.

2.6. Recurso de apelación

23. La UGPP, mediante apoderada, interpuso recurso de apelación10 para que se
revocara la sentencia de primera instancia y se negaran las pretensiones de la
demanda, con fundamento en los siguientes razonamientos:

24. Señaló que la entidad actuó conforme a derecho, pues los actos administrativos
estaban debidamente motivados, de acuerdo con la realidad normativa que integraba
el ordenamiento jurídico aplicable al caso concreto, en especial los artículos 1 y 3 del
Decreto 4040 de 2004, el cual desplegó su validez desde su expedición hasta el año
2011, cuando fue declarado nulo.

25. Adujo que el señor Gustavo Alonso Gaviria González se retiró del servicio en
el año 2003[sic], por lo que su situación laboral estuvo regida por el Decreto 610 de
1998 y, posteriormente, por el Decreto 4040 de 2004, norma que estableció la
bonificación por gestión judicial, la cual no constituía salario ni prestación social, ni
sería factor para ningún efecto. En consecuencia, la Rama Judicial omitió el pago de
la cotización por este concepto al sistema de seguridad social en pensiones.

26. Citó la Sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional sobre los factores
de liquidación y sostuvo que, conforme al principio de legalidad, procedió a liquidar la
pensión, de acuerdo con los factores salariales reconocidos por el empleador; por lo
tanto, consideró que la entidad que debió ser demandada era la Rama Judicial, a fin
de que se ordenara el reconocimiento de la bonificación por gestión judicial como
factor salarial.

10 C. Principal, folios 757 a 761

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Demandante: Gustavo Alonso Gaviria González
Demandada: UGPP

2.7. Trámite procesal en segunda instancia

29. Mediante auto del 11 de agosto de 201711, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA).

2.8. Concepto del Ministerio Público

30. Según constancia secretarial de fecha 6 de marzo de 201812, el señor agente
del Ministerio Público guardó silencio durante esta etapa procesal.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

31. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

32. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación y
teniendo en cuenta que, según el artículo 328 13 del Código General del Proceso
(CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos en la alzada, corresponde a la Sala definir si:

a) ¿Es procedente incluir la bonificación por gestión judicial como factor salarial
para efectos de la reliquidación de la pensión que reclamó el demandante, conforme
a la normativa aplicable?

33. Para resolver el anterior interrogante, la Sala abordará los siguientes temas: (i)
las bonificaciones por compensación, y (ii) por gestión judicial. A partir de las
anteriores consideraciones (iii) se destacarán los hechos probados relevantes y (iv)
en el acápite del caso concreto se resolverá el problema jurídico planteado.

11 C. Principal, folio 787
12 C. Principal, folio 891
13 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que debido a la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-00607-01 (2876-2017)
Demandante: Gustavo Alonso Gaviria González
Demandada: UGPP

3.3. Marco normativo

3.3.1. Bonificación por compensación

34. La bonificación por compensación fue creada por el Gobierno nacional dentro
de una política de nivelación para los destinatarios de la prima especial de servicios
del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, pues esta había sido insuficiente y se requería una
nueva política salarial. Por ello, el Gobierno tomó la decisión de fijar los ingresos de
los magistrados14 de segundo nivel tomando como referencia cierto porcentaje de lo
percibido por los magistrados de alta corte. Esto se realizó a través de un mecanismo
de anclaje, frente a lo devengado por todo concepto, por los magistrados del primer
nivel del artículo 15 de la citada Ley 4 de 1992. Dicho contexto fue explicado por la
Corte Constitucional, en la sentencia C-244 de 201315, en los siguientes términos:

En el año de 1998 se dio otro acontecimiento normativo fundamental en la política
salarial del sector justicia: mediante un Decreto reglamentario de la Ley 4a, el Decreto
610 de 1998, el Gobierno reaccionó a la protesta organizada de los jueces para
considerar que la prima especial concedida en 1992 al segundo nivel funcional de
funcionarios judiciales (definido en el artículo 14 y que sólo había sido del 30% de sus
ingresos salariales hasta ese entonces reconocidos) había sido insuficiente y que se
requería una nueva política salarial. Para responder a este reclamo, el Gobierno tomó
la decisión de fijar los ingresos de los magistrados de segundo nivel como un cierto
porcentaje del de los Magistrados de alta Corte (que, a su vez, habían sido igualados a
los de los Congresistas en el artículo 15 de la Ley 4a). Esta fijación o anclaje entre niveles
jerárquicos de la Rama Judicial ya había sido intentado, de hecho, en Leyes de finales
de los ochentas (Ley 10/1987 y Ley 63/88), que, sin embargo, no habían sido
debidamente ejecutadas. El nuevo Decreto 610/98 buscaba crear un mecanismo
gradual de cumplimiento de tales esquemas de anclaje para generar, ahora sí, una
política de "nivelación salarial". Para el año de 1998, el segundo nivel de la jerarquía
ganaba el 46% de los ingresos de los magistrados del primer nivel. Según el Decreto,
esto constituía una "desigualdad económica entre los dos niveles" y, para superarla,
propuso un sistema escalonado de nivelación a tres años en el que en el primero
recibirían el 60% de lo percibido, por todo concepto, por los Magistrados del primer nivel
del artículo 15; para el segundo y tercer año tales porcentajes serían aumentados al 70
y luego al 80%. Con ello se adoptaba un mecanismo de anclaje proporcional del salario
idéntico al que ya se había intentado en la Ley 4a entre funcionarios del primer nivel y
los propios congresistas. Para ejecutar este nuevo esquema de nivelación salarial, la
"prima especial" de la Ley 4a pasó a denominarse "Bonificación por compensación" y se
aclaró en el artículo 1º del Decreto 610 que sólo constituía factor salarial para las
pensiones, tal y como ya se había afirmado en la Ley 332/96.

35. En consecuencia, el presidente de la República, en desarrollo de las normas
generales de la Ley 4 de 1992, profirió el Decreto 610 de 1998 16 , que creó la

14 Y autoridades equivalentes.
15 M.P. Diego López Medina. En esta providencia, la Corte Constitucional se estuvo a lo resuelto en la sentencia

C-681 de 2003, que declaró inexequible la expresión "sin carácter salarial", contenida en el artículo 15 de la Ley
4a de 1992, pero sólo para efectos de la cotización y liquidación de la pensión de jubilación.
16 Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.

Los Decreto 610 y 1239 de 1998 fueron derogados por el Decreto 2668 de 1998, sin embargo, este último fue

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-00607-01 (2876-2017)
Demandante: Gustavo Alonso Gaviria González
Demandada: UGPP

bonificación por compensación, así:

ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2o del presente
decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter permanente, que sumada a
la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al
sesenta por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional
y Consejo Superior de la Judicatura. La Bonificación por Compensación sólo constituirá
factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los
Magistrados de las Altas Cortes.

36. El reconocimiento de esta bonificación se extendió para los secretarios
generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional,
y al secretario judicial del Consejo Superior de la Judicatura, a través del Decreto 1239
de 199817 dictado por el presidente de la República.

37. En este orden de ideas, la bonificación por compensación tiene las
características que a continuación se enuncian:

a) Carácter permanente;

b) solo constituye factor salarial para efectos pensionales en los mismos
términos que la prima especial de servicios de los magistrados de altas cortes;

c) desde el Decreto 1102 de 2012 constituye base de cotización para los
aportes a salud;

d) los beneficiarios son los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los
Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo
de Estado; a los Fiscales y Jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los
Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de Distrito, y
los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito; los secretarios
generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte
Constitucional, y al secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura;

e) se paga mensualmente;

f) con efectos fiscales desde el 1 de enero de 1999;

g) inicialmente correspondía al 60% de los ingresos laborales que por todo
concepto perciben los magistrados de alta corte (1999). Para la vigencia fiscal

declarado nulo por el Consejo de Estado, en sentencia de la Sección Segunda del 25 de septiembre de 2001,
ejecutoriada el 5 de octubre de 2001, exp. 395-99, M.P. Álvaro Lecompte Luna, actor: Pablo Julio Cáceres Corrales.
17 Por el cual se adiciona el Decreto número 610 del 26 de marzo de 1998.

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Demandante: Gustavo Alonso Gaviria González
Demandada: UGPP

siguiente aumentó al 70% (2000);

h) en la tercera vigencia fiscal aumentó al 80% (2001), de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte;

i) la bonificación «sumada a la prima especial de servicios y a los demás
ingresos laborales actuales» debe igualar el 80% de lo que por todo concepto
devenguen anualmente los magistrados de alta corte.

38. Ahora bien, la sentencia del 18 de mayo de 201618, dictada por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda, consideró que la prima especial de servicios del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992 «tiene clara incidencia en la determinación de la
bonificación por compensación de los servidores públicos que se encuentran sujetos
al Decreto 610 de 1998, pues el mismo, de manera semejante al artículo 1º del Decreto
10 de 1993, previó la nivelación salarial al 60%, 70% y 80% “… de lo que por todo
concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la
Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado”
(subraya fuera del texto), para los años 1998, 1999, 2000 y siguientes,
respectivamente».

39. A renglón seguido, señaló que las cesantías de los magistrados de alta corte
también son un emolumento que se incluye en «todo lo devengado», comoquiera que
«el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera permanente por los
jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente que resultaría
violatorio del principio de igualdad que surge del artículo 13 de la Constitución Política
de Colombia el señalar que esta prestación social carece de tal naturaleza únicamente
con el propósito de disminuir la base de liquidación de la bonificación por
compensación de la que son acreedores los funcionarios mencionados en el artículo
2º del Decreto 610 de 1998».

40. En la misma línea, señaló que para calcular la diferencia entre lo devengado
por los congresistas y lo percibido por los magistrados de alta corte, se debían tener
en cuenta las cesantías de los parlamentarios, «para, así, determinar el valor de la
prima especial de servicio a la que tienen derecho estos últimos [magistrados de alta
corte]».

41. A modo de conclusión, cabe precisar entonces que el valor de la bonificación
por compensación «es el resultado de la diferencia entre lo proyectado como ingresos
anuales que “por todo concepto” reciban los magistrados de Alta Corte y los
ingresos anuales de magistrado de Tribunal y demás cargos equivalentes, para fijar
el ingreso laboral de éstos últimos en un 80% a partir del año 200119».

42. Con posterioridad, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda, en la

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del

18 de mayo de 2016, Rad. 25000-23-25-000-2010-00246-02(0845-15).
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del

8 de octubre de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2015-05188-02 (3217-2022), M.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz.

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sentencia del 2 de septiembre de 201920, reiteró que la bonificación por compensación
hace parte de un sistema de anclaje diseñado de forma escalonada, tal como lo
explicó la Corte Constitucional en la sentencia C-244 de 2013. La referida providencia
también señaló que, en virtud del Decreto 610 de 1998, los ingresos laborales de sus
destinatarios, a partir del año 2001, serían iguales al ochenta por ciento (80 %) de lo
que por todo concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte.
Ciertamente, resaltó que «el 80% de la bonificación por compensación para los
magistrados y cargos homologados es un límite que no puede ser superado con el
reconocimiento de la prima especial de servicios y de ningún otro beneficio económico
laboral».

43. El citado Decreto 610 de 1998 fue derogado por el Decreto 2668 de 1998, en
consecuencia, cada año el Gobierno Nacional expidió los decretos para regular la
bonificación por compensación21. En efecto, el Gobierno nacional dictó los Decretos
664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001, 663 de 2002 y 3570 de
2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por
ejemplo, para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los
siguientes montos: $2.030.717 (1999), 2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410
(2002) y 2.491.911 (2003).

44. Ahora bien, el Decreto 2668 de 1998 fue anulado por la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2001, expediente
395-99, con efectos «ex tunc». Por consiguiente, volvió a ser aplicable el Decreto 610
de 1998.

3.3.2. Bonificación de gestión judicial

45. El Decreto 4040 de 200422, en el artículo 1, creó la bonificación de gestión
judicial; determinó que era incompatible con la bonificación por compensación, y que
el valor correspondía a un porcentaje del 70% del valor integrado por la asignación
básica y los demás ingresos laborales de lo que por todo concepto devengaran los
magistrados de las altas cortes, cuyos destinatarios eran los funcionarios de la Rama
Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa.

46. La norma indicaba que la bonificación solo era factor salarial para efectos de
determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y era parte integral del
ingreso base de liquidación, debiendo cotizarse mensualmente sobre lo devengado.

47. Los destinatarios eran los magistrados de Tribunal y Consejo
Seccional, magistrados auxiliares de las altas cortes, abogados asistentes y

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del

2 de septiembre de 2019, Rad. 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18). Aclarada en auto del 7 de octubre de
2019.
21 En efecto, el Gobierno nacional expidió los Decretos 664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001,

663 de 2002 y 3570 de 2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por
ejemplo, para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los siguientes montos: $2.030.717
(1999), 2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410 (2002) y 2.491.911 (2003).
22 Por el cual se crea una Bonificación de Gestión Judicial para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.

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Demandada: UGPP

abogados auxiliares del Consejo de Estado, fiscales delegados ante Tribunales de
Distrito, fiscales auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, directores ejecutivos
seccionales de Administración Judicial, y secretarios generales de la Corte Suprema
de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y secretario judicial del Consejo
Superior de la Judicatura. Igualmente, tenían quienes ingresaron, con posterioridad a
la publicación de este decreto, a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en
los que actúen de manera permanente como agentes del Ministerio Público ante los
magistrados de Tribunal a que se refiere el presente artículo.

48. En el artículo 2 se indicó que los destinatarios «podrán optar al reconocimiento
y pago de la Bonificación de Gestión Judicial, […] siempre y cuando se encuentren en
una de las siguientes situaciones: a) Quienes han iniciado acciones judiciales
relacionadas con la Bonificación por Compensación y desistan de sus pretensiones,
renunciando expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente acciones, en los
términos del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil; b) Los que no han
efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de transacción para precaver
litigios futuros relacionados con la Bonificación por Compensación».

49. Sin embargo, la Sección Segunda, Sala de Conjueces, en sentencia del 14 de
diciembre de 201123, declaró la nulidad del citado Decreto 4040 de 2004, en atención
a que, para tener derecho a la bonificación de gestión judicial, los destinatarios debían
desistir de las demandas para obtener el pago de la bonificación por compensación
del Decreto 610 de 1998 o celebrar contratos de transacción. Se estimó que el Decreto
4040 de 2004 otorgó validez a la transacción sobre el pago de la bonificación por
compensación del 80%, pese a que los derechos laborales no pueden ser objeto de
negociación por las partes, dada su naturaleza de derecho adquirido y porque se violó
el principio de progresividad. Insistió entonces en que constitucionalmente está
prohibido renunciar a los derechos adquiridos o transar sobre derechos ciertos e
indiscutibles.

50. La Sala de conjueces precisó que, para una misma categoría de servidores
judiciales, con idénticas funciones, horarios, responsabilidades y requisitos, coexistían
dos regímenes vigentes: el Decreto 610 de 1998, que fijaba la asignación mensual en
el 80% de lo devengado por los magistrados de altas cortes, mientras que el Decreto
4040 de 2004 la establecía en el 70%, con lo cual se materializó un trato diferenciado
injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones.

51. En este orden de ideas, se estableció que el Decreto 4040 de 2004 violó los
derechos al trabajo, a la igualdad y a la prohibición de transigir o conciliar sobre
derechos ciertos e indiscutibles.

52. Luego de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el presidente de
la República dictó el Decreto 1102 de 201224, según el cual, a partir del 27 de enero

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Rad. 11001-03-25-000-2005-

00244-01 (10067-05), M.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
24 Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.

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Demandante: Gustavo Alonso Gaviria González
Demandada: UGPP

de 2012, la bonificación por compensación que venían percibiendo los beneficiarios25
equivaldría al 80% de lo que por todo concepto devengaran los magistrados de alta
corte, con la connotación de ser «factor salarial para efecto del ingreso base de
cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad
Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003».

53. El artículo segundo del referido Decreto 1102 de 2012 indicó que «como
consecuencia de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, los servidores
que venían percibiendo la Bonificación de Gestión Judicial percibirán, a partir de la
fecha de ejecutoria de dicha sentencia, la bonificación por compensación en los
mismos términos y condiciones señaladas para su reconocimiento en el artículo 1° del
presente decreto».

3.4. Hechos probados

54. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se
muestra a continuación:

55. Gustavo Alonso Gaviria González nació el 10 de junio de 1944, según se
observa en la cédula de ciudadanía26.

56. El 4 de febrero de 2000 solicitó a la Caja Nacional de Previsión Social el
reconocimiento pensional. La entidad, mediante la Resolución 22805 del 10 de
octubre de 200027, reconoció y ordenó el pago de la pensión mensual vitalicia por
vejez a favor del demandado, en cuantía de $3.542.556.33, con efectividad a partir del
1 de julio de 2000, previo retiro definitivo del servicio. Para el reconocimiento de dicha
pensión, la entidad administradora aplicó las disposiciones establecidas en el Decreto
546 de 1971, la Ley 100 de 1993, el Decreto 1158 de 1994 y la Sentencia 168 del 20
de abril de 1995 de la Corte Constitucional.

57. El 10 de octubre de 2000 pidió reliquidación de la pensión de jubilación, y la
Unidad de Administración Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, a través de Resolución 23479 del 3 de octubre
de 2001 28 , ordenó reliquidar la pensión mensual vitalicia por vejez a favor del
demandante, en cuantía de $4.309.112.95, con efectividad a partir del 1. ° de junio de
2001, previo retiro definitivo del servicio.

58. Por medio del fallo de tutela proferido por el Juzgado Décimo Laboral del
Circuito de Medellín, se accedió a las pretensiones del accionante y se ordenó a la

25 Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,

Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado,
Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, Directores
Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia,
Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los
funcionarios vinculados a la Procuraduría General de la Nación.
26 C. Principal, folio 77
27 C. Principal, folios 17 a 21
28 C. Principal, folios 22 a 25

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Demandada: UGPP

Caja Nacional de Previsión Social revisar el ingreso base de liquidación,
comprendiendo la totalidad sin tope alguno del señor Gustavo Alonso Gaviria
González. Por lo anterior, CAJANAL mediante Resolución 03991 del 19 de marzo de
200229, dio cumplimiento a dicho fallo y elevó la cuantía pensional a favor del señor
Gustavo Alonso Gaviria González a la suma de $6.085.171,66, con efectividad a partir
del 1 de junio de 2001, previo retiro de servicio definitivo.

59. Para la liquidación del monto se tuvo en cuenta el 75% de la asignación
mensual más elevada que hubiera devengado en el último año de servicio,
comprendido del 16 de mayo de 2000 al 30 de mayo de 2001, con la inclusión de los
siguientes factores salariales: asignación básica, gastos de representación, prima
especial de servicios, bonificación por compensación, bonificación por servicios
prestados, primas de navidad, servicios y vacaciones.

60. A través de la sentencia del 18 de febrero de 2003, el Juzgado Once Laboral
del Circuito de Medellín, ordenó a CAJANAL pagar al señor Gustavo Alonso Gaviria
González la pensión de jubilación por un valor de $6.588.138. Esta suma corresponde
al 75 % del promedio de lo devengado durante el último año de servicios, comprendido
entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre de 2002, integrado por los siguientes
conceptos: asignación básica mensual por $1.979.585; gastos de representación por
$1.979.585; prima especial de servicios por $1.187.751; bonificación de servicios por
$115.476; bonificación por compensación por $2.814.340; prima de vacaciones por
$176.851; prima de navidad por $368.440; y prima de servicios por $162.156.

61. Mediante la Resolución 17694 del 10 de septiembre de 200330, la entidad dio
cumplimiento al fallo proferido por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín,
por consiguiente, se aumentó la mesada de la pensión de jubilación a la cuantía de
$6.588.138, efectiva a partir del 1 de noviembre de 2002, fecha del retiro oficial.

62. Por medio de la Resolución 000847 del 17 de marzo de 200531, la Fiscalía
General de la Nación reconoció y ordenó el pago de la bonificación por gestión judicial,
creada mediante el Decreto 4040 del 3 de diciembre de 2004, al señor Gustavo Alonso
Gaviria González. En cumplimiento de lo anterior, le fue pagada el 7 de abril de 2005
la suma de $62.426.34332.

63. El señor Gustavo Alonso Gaviria González presentó solicitud de reliquidación
de la pensión ante la UGPP, para que le fuera incluida la bonificación por gestión
judicial. No obstante, la entidad, mediante Auto ADP 002342 del 4 de octubre de
201233, se abstuvo de resolver la solicitud por no haber culminado la actuación dentro
del proceso ordinario laboral 2009-0825, adelantado ante el Juzgado Tercero Laboral
del Circuito de Medellín.

29 C. Principal, folios 26 a 29
30 C. Principal, folios 31 a 36
31 C. Principal, folios 64 a 66
32 C. Principal, folio 53
33 C. Principal, folio 37

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-00607-01 (2876-2017)
Demandante: Gustavo Alonso Gaviria González
Demandada: UGPP

64. El demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación;
sin embargo, la entidad, mediante Auto ADP 004923 del 7 de diciembre de 201234, los
rechazó por tratarse de un auto de trámite.

3.5. Caso concreto

65. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará la procedencia
de incluir la bonificación por gestión judicial como factor salarial para efectos de la
reliquidación de la pensión del señor Gustavo Alonso Gaviria González, conforme a la
normativa aplicable.

66. Frente a esta consideración, es importante resaltar que, en efecto, de
conformidad con la Resolución 17694 del 10 de septiembre de 2003, la pensión del
señor Gustavo Alonso Gaviria González le fue reconocida con la bonificación de
compensación creada mediante el Decreto 610 de 1998. Con posterioridad, mediante
la Resolución 000847 del 17 de marzo de 2005, le fue reconocida y pagada la
bonificación por gestión judicial, creada por el Decreto 4040 de 2004 (declarado nulo
el 14 de diciembre de 2011). Estos dos regímenes se diferencian en que, en el
primero, se tiene en cuenta el 80 % y, en el segundo, el 70 % de lo devengado por los
magistrados de las altas cortes.

67. En ese orden de ideas, la cuestión radica en establecer si, por el hecho de que
se percibieron las dos bonificaciones durante el último año de servicios (del 31 de
octubre de 2001 al 31 de octubre de 2002), las dos deben incluirse como base de
liquidación de la pensión.

68. La anterior alternativa no es viable, debido a la incompatibilidad entre las
acreencias mencionadas. Como se explicó en el marco teórico, ambas bonificaciones
fueron creadas para avanzar en la nivelación salarial de los funcionarios de la Rama
Judicial. Primero, el Decreto 610 de 1998 estableció una bonificación por
compensación que, sumada a los demás ingresos laborales, iguale el 80 % de lo que
devengan anualmente los magistrados de alta corte. Posteriormente, el Decreto 4040
fijó una bonificación para alcanzar el 70 % de lo percibido por estos, pero, para
acogerse a ella, era necesario renunciar a la del Decreto 610. Es decir, desde la
expedición del Decreto 4040 se precisó que solo podía recibirse una u otra acreencia,
nunca ambas.

69. En efecto, el Decreto 4040 de 2004, en el parágrafo 1 del artículo 1 establecía
lo siguiente:

«Parágrafo 1º. Los funcionarios descritos en el presente artículo tendrán derecho a
percibir única y exclusivamente la Bonificación de Gestión Judicial en los términos del
presente artículo, la cual es incompatible para todos los efectos con la Bonificación por
Compensación».

34 C. Principal, folios 38 a 39

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-00607-01 (2876-2017)
Demandante: Gustavo Alonso Gaviria González
Demandada: UGPP

70. A su vez, el parágrafo 2 del artículo 2 ibidem, precisaba que la bonificación
tendría efectos fiscales desde el 1 de enero de 2004, así:

Parágrafo 2º. La Bonificación de Gestión Judicial tendrá efectos fiscales a partir del 1o
de enero de 2004 y es incompatible con la Bonificación por Compensación, que hasta
la fecha de expedición del presente Decreto se viene reconociendo a los servidores
citados en el presente artículo.

71. Nótese como el citado marco normativo, aplicable al momento del retiro del
demandante, dispuso que no es viable el pago de las dos prestaciones, circunstancia
que, a juicio de la Sala, debía considerarse al liquidar la pensión con la asignación
mensual más alta, en atención al régimen aplicable al señor Gustavo Alonso Gaviria
González.

72. Ahora, en atención a que el Decreto 4040 fue anulado, quedó únicamente
vigente la bonificación del Decreto 610 de 1998, luego ratificada por el Decreto 1102
de 2012. Por ello, como la acreencia que, a la luz del ordenamiento jurídico, debe
considerarse, para efectos pensionales, es la bonificación por compensación, que
resulta más favorable que la de gestión judicial, no es de recibo que, para efectos
pensionales, se tengan en cuenta las dos acreencias, pues, al momento de establecer
la asignación mensual más alta (bajo el régimen aplicable al demandado), no pueden
considerarse simultáneamente dichas bonificaciones, incompatibles entre sí, sino una
u otra, prevaleciendo la de compensación, que es más favorable, y la cual, como se
determinó en sede de simple nulidad, no puede desconocerse con ocasión de la
nulidad del Decreto 4040 que la creó.

73. En un caso similar, esta Subsección, mediante sentencia del 7 de febrero de
201335 se manifestó en los siguientes términos:

En el presente caso se evidencia que la actora devengó durante el último año de
servicio, comprendido entre el 27 de mayo de 2004 al 26 de mayo de 2004 (sic), los
siguientes factores: sueldo básico, gastos de representación, bonificación por
compensación, bonificación por servicios, prima de servicios, prima de vacaciones,
prima de navidad y bonificación por gestión judicial.

Sobre el particular es importante resaltar que la demandante recibió dos factores que
son incompatibles entre sí, estos son, la bonificación por compensación y la
bonificación por gestión judicial creados por medio de los Decretos Nos. 610 de 1998
y 4040 de 2004 (declarado nulo el 14 de diciembre de 2017), respectivamente. Estos
dos regímenes laborales referentes al monto de la asignación mensual, se diferencian
en que en el primero, el salario es del 80% y en el segundo es el 70% de lo devengado
por los Magistrados de las Altas Cortes.

Ahora bien, a la anterior conclusión se aborda después de comparar la Certificación
de lo que devengó la señora Martha Lucia López Mora con el Decreto No. 944 de 2005,
el cual reza lo siguiente:

35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de

febrero de 2013, Rad. 05001-23-31-000-2010-00323-01(2117-12), M.P. Víctor Hernán Alvarado.

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“ARTÍCULO 1o. <Decreto derogado por el artículo 2 del Decreto 401 de 2006>
A partir del 1o de enero de 2005, los funcionarios a que se refiere el presente
decreto que no hayan optado por el régimen de Bonificación de Gestión Judicial
de que trata el Decreto 4040 de 2004, continuarán devengando la Bonificación
por Compensación con carácter permanente, así:
(…)
Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito 3.197.202”

Nótese como el citado marco normativo, aplicable al momento de retiro de la
demandante, dispuso que no es viable el pago de las dos prestaciones, sin embargo,
se observa en la citada Certificación que le realizaron pagos tanto por bonificación por
compensación como por gestión judicial.

En ese orden de ideas, se ordenará en virtud del principio de favorabilidad, que se
aplique solamente una de las dos bonificaciones antes mencionadas, al momento de
tener en cuenta la asignación mensual más elevada durante el último año de servicios,
incluyendo las doceavas partes a que tiene derecho por concepto de todas las primas
devengadas y demás factores prestacionales y, los reajustes establecidos en la Ley
71 de 1988, ya que constituyen factor de salario para los empleados de la Rama
Jurisdiccional y del Ministerio Público, de conformidad con los Decretos 546 de 1971
y 717 de 1978. Cosa distinta es que pueda la Caja descontarle los aportes
correspondientes a los factores sobre los cuales no se haya efectuado la deducción
legal.

74. De lo ilustrado se concluye que, al momento de establecer la asignación
mensual más elevada, debía verificarse, en cuanto a las mencionadas bonificaciones,
que solo una de ellas puede tenerse en cuenta. Lo contrario, es decir, considerar que
hacen parte de lo percibido mensualmente para liquidar la pensión y, por ende, sumar
los valores reconocidos con ocasión de ellas, avala su carácter simultáneo para
determinar el monto de la pensión, a pesar de que son incompatibles, como acaba de
exponerse.

3.6. Conclusión de la decisión

75. En atención a lo expuesto, la Sala revocará el fallo apelado que accedió a las
pretensiones de la demanda, en la medida en que no es posible ordenar la
reliquidación de la pensión de vejez con inclusión de la bonificación por compensación
y bonificación por gestión judicial, por cuanto son incompatibles. En consecuencia, se
negarán las pretensiones de la demanda.

3.7. Costas

76. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario36 de la Subsección sobre el artículo 188 de la

36 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-00607-01 (2876-2017)
Demandante: Gustavo Alonso Gaviria González
Demandada: UGPP

Ley 1437 de 2011, consistente en que, para decretar la condena en costas, debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto,
la Sala se abstendrá de imponer costas en esta instancia, dado que no se advierte
que la parte demandante haya incurrido en las anteriores conductas.

77. Bajo el anterior razonamiento, también se considera necesario revocar la
condena en costas impuesta a la parte accionada en la sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Revocar la sentencia proferida el 28 de marzo de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, mediante la cual se accedió a
las pretensiones de la demanda y se condenó en costas, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar,

Segundo: Negar las súplicas de la demanda de la referencia.

Tercero: Sin condena en costas en las dos instancias.

Cuarto: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase,

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).

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Radicación: 05001-23-33-000-2015-00607-01 (2876-2017)
Demandante: Gustavo Alonso Gaviria González
Demandada: UGPP

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

20

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