Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-00697-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-00697-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2015-00697-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
29 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2015-00697-01 (3228-2016)
Demandante: Beatriz Elena Zapata Torres
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Temas: Reconocimiento pensión gracia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 31 de mayo de 2016 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Beatriz Elena Zapata Torres, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
las siguientes Resoluciones: i) RDP08310 del 11 de marzo de 2014, que le negó el
reconocimiento de la pensión gracia; ii) RDP013895 del 30 de abril de 2014, que
resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión y la
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www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2015-00697-01 (3228-16)
Demandante: Beatriz Elena Zapata Torres
confirmó; y iii) RDP017033 del 28 de mayo de 2014, que desató el recurso de
apelación incoado dentro de dicha actuación y ratificó la postura de la
administración. Los mencionados actos fueron proferidos por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, en adelante UGPP.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el
accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer la pensión
gracia de jubilación a partir del día que cumplió el estatus, es decir, 50 años de
edad y 20 años de servicio (o sea, a partir del 8 de marzo de 2007) teniendo en
cuenta las primas de navidad y vacaciones como factor salarial; ii) dar
cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA; y iii) pagar
las costas procesales.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:
i) La señora Beatriz Elena Zapata Torres nació el 8 de marzo de 1957, por lo
que cumplió 50 años de edad el 8 de marzo de 2007.
ii) Entre el 5 de abril y el 30 de septiembre de 1979, laboró como docente de
carácter oficial en el municipio de Hato Corozal, Casanare.
iii) Desde el 9 de febrero de 1994, fue vinculada mediante el Decreto 0361 del
28 de enero de 1994, en virtud del sistema de cofinanciación municipal plan 70% -
30% en el cargo de maestro de tiempo completo en el nivel básica primaria.
iv) Posteriormente, a partir del 5 de febrero de 1998 y hasta el 31 de diciembre
de 2002 fue incorporada al municipio de Medellín, con el Decreto 3810 del 23 de
diciembre de 1997, como docente de primaria, luego a partir del Decreto 13 del «6
de enero de 2004, fue incorporada al municipio certificado».
2
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Demandante: Beatriz Elena Zapata Torres
v) Así las cosas, acumuló más de 20 años de servicio como educadora, de
manera diligente y abnegada.
vi) El 21 de febrero de 2014, solicitó ante la UGPP el reconocimiento de la
pensión gracia; sin embargo, esta petición fue negada, mediante los actos
administrativos enjuiciados.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 11, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 3 y 6 de la
Ley 116 de 1928; 3 del Decreto 2277 de 1979; y 15 de la Ley 91 de 1989.
Asimismo, se invocó como vulnerado el Decreto 081 de 1976.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso que los
actos administrativos atacados desconocieron sus derechos y vulneraron
expresamente las normas señaladas, pues la UGPP estaba en la obligación de
reconocer la prestación gracia al haberse demostrado que la señora Zapata Torres
sumó más de 20 años de servicio a la docencia a través de vinculaciones de orden
territorial o descentralizados, y 50 años de edad.
1.2. Contestación de la demanda
El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso
como razones de defensa que para el reconocimiento de la pensión gracia no es
admisible computar o complementar tiempos de servicio prestados en la Nación, o
con vinculación nacional, puesto que se desconocería el mandato legal que
prescribe dicha prestación.1
Propuso las excepciones de ausencia de vicios en los actos administrativos
demandados, inexistencia de la obligación, y prescripción.
1 Folios 60 al 63.
3
Radicación: 05001-23-33-000-2015-00697-01 (3228-16)
Demandante: Beatriz Elena Zapata Torres
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia escrita proferida el 31
de mayo de 2016, negó las pretensiones de la demanda, con sustento en las
siguientes consideraciones:2
i) Las pruebas aportadas al proceso dan cuenta de que, para el 21 de febrero
de 2014, momento en el que la actora formuló la solicitud de reconocimiento y
pago de la pensión gracia no contaba con los requisitos para acceder a dicho
beneficio, pues pese a que acreditó una vinculación como docente anterior al 31
de diciembre de 1980, es claro que la misma fue como docente nacional y no
territorial o nacionalizada.
ii) Lo anterior por cuanto la accionante fue nombrada en el cargo de docente a
partir del 5 de abril de 1979 por la Coordinación Nacional de Educación
Contratada del departamento de Casanare, lo que permite concluir que pertenecía
a un grupo de docentes adscrito a los centros educativos contratados, cuyo
nombramiento provenía de la ratificación del Ministerio de Educación Nacional, y,
por tanto, ostentaban el carácter de docentes nacionales.
iii) En ese orden, es claro que por el tipo de vinculación, los sueldos y
prestaciones sociales del personal directivo y/o docente de los centros educativos
de educación contratada estaban a cargo de la Nación, siendo así que la señora
Zapata Torres no cumple con el presupuesto de haber tenido una designación
territorial anterior al 31 de diciembre de 1980, requisito indispensable para el
reconocimiento de la pensión gracia deprecada.
iv) En gracia de discusión, el tiempo servido como docente cofinanciada en el
municipio de Medellín a partir de 1994 se reputa de carácter nacional, debido
precisamente a la intervención y financiación de la Nación, luego tampoco sería
2 Folios 96 al 104. Con ponencia del magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez.
4
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Demandante: Beatriz Elena Zapata Torres
computable para efectos del reconocimiento pretendido.
1.4. El recurso de apelación
El apoderado de la señora Beatriz Elena Zapata Torres interpuso recurso de
apelación contra la referida sentencia con base en los siguientes argumentos:3
i) Dentro del plenario obra acta que acredita que la docente fue posesionada
ante el alcalde del municipio de Hato Corozal en representación propia y no como
delegado del Ministerio de Educación. Luego, «a todas luces se puede observar y
concluir que el tiempo prestado como docente en el año 1979, es con una
vinculación territorial o nacionalizada, por tanto, el tiempo de servicios 1979 es
válido para computarse para la adquisición al derecho prestacional pensión
gracia».
ii) Como la accionante ingresó a laborar el 5 de abril de 1979, lo hizo bajo una
vinculación nacionalizada, ya que, en virtud de la Ley 43 de 1975, quedó inmersa
en el proceso de nacionalización de la educación.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal.4
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.5
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
3 Folios 107 al 111.
4 Folio 169
5 Ibidem
5
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Demandante: Beatriz Elena Zapata Torres
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en
la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.
2.2. Marco normativo
El artículo 1° de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas
primarias oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor
de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en
conformidad con las prescripciones de la presente Ley».
Por su parte, las Leyes 116 de 19286 y 37 de 19337 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la
Ley 114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 8
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra
pensión o recompensa de carácter nacional».9
6 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción
Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que
a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en
diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista,
pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
7 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de
carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios
señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
8 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia
de 16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
9 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
6
Radicación: 05001-23-33-000-2015-00697-01 (3228-16)
Demandante: Beatriz Elena Zapata Torres
En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado,
mediante Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la
pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional,
pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba
retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre
pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal
prerrogativa eran los educadores locales o regionales».10
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la
finalidad de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en
razón a la diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes
nacionales; sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión
del proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y
en razón a que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería
compatible con la pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta
a cargo total o parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta
corporación, en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia
debe reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las
expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional.
Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un
mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra
causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de
1997, radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección
Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016,
radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de
marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B,
sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En
similar sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte
Constitucional.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-00697-01 (3228-16)
Demandante: Beatriz Elena Zapata Torres
involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación
primaria y secundaria oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la
pensión gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada;
sin embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del
29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,11 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de
1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de
11 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-00697-01 (3228-16)
Demandante: Beatriz Elena Zapata Torres
1989 contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia,
a saber:
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión
gracia».12
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia
aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o
territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la
Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento
en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo
haga antes o después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación
explicó lo siguiente:13
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que
la condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».14
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes
territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con
antelación al 31 de diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,
radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,
radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
14 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-00697-01 (3228-16)
Demandante: Beatriz Elena Zapata Torres
respetando el régimen pensional que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron
tanto los derechos adquiridos como las expectativas de completar los requisitos
para obtener el derecho pensional, pues las normas seguirían proyectando sus
efectos en el tiempo para los servidores vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura
posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún
podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31
de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de
dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó
antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación
de la Ley 91 de 1989.
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en
sentencia del 21 de junio de 2018,15 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:16
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales
para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
16 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal
de la sentencia transcrita.
10
Radicación: 05001-23-33-000-2015-00697-01 (3228-16)
Demandante: Beatriz Elena Zapata Torres
ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los
entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a
través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene
que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban
se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar de 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del
29 de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio
pensional bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o
parcialmente con recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de
participaciones, pues « lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada».17
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-00697-01 (3228-16)
Demandante: Beatriz Elena Zapata Torres
2.3. Hechos probados
2.3.1. Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios
i) Conforme la cédula de ciudadanía, la señora Beatriz Elena Zapata Torres
nació el 8 de marzo de 1957, es decir, cumplió 50 años de edad el 8 de marzo de
2007.18
ii) El 5 de abril de 1979, la señora Zapata Torres tomó posesión del empleo de
profesora en la sección primaria del Colegio Luis Hernández Vargas de Hato
Corozal (Casanare), ante el acalde municipal, cargo para el que fue nombrada
según Resolución 207 de abril de 1979.19
iii) El 23 de abril de 1979, la Coordinación Nacional de Educación de Casanare
(de conformidad con lo preceptuado en el Decreto 2768 de 1975) hizo constar que
la actora fue nombrada como docente de primaria en el municipio de Hato Corozal
(Casanare), en la Escuela Luis Hernández Vargas, en virtud de la Resolución 207
de abril de 1979, cargo para el cual debía tomar posesión ante la alcaldía
municipal.20
iv) A través del certificado de información laboral expedido por la Secretaría de
Educación de Casanare se certificó que la demandante estuvo vinculada como
docente del sector público nacional desde el 5 de abril hasta el 30 de septiembre
de 1979, prestando servicios al empleador «Coordinación Nacional de Educación
Contratada en Casanare», y que realizó aportes para pensiones ante la Caja
Nacional de Previsión, Cajanal.21
18 Folio 11
19 Folio 23
20 Folio 22
21 Folio 21
12
Radicación: 05001-23-33-000-2015-00697-01 (3228-16)
Demandante: Beatriz Elena Zapata Torres
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-00697-01 (3228-16)
Demandante: Beatriz Elena Zapata Torres
v) La Secretaría de Educación del municipio de Medellín certificó que la actora
se vinculó a partir del 9 de febrero de 1994 a través del Decreto 0361 de 28 de
enero de 1994,22 mediante el sistema de cofinanciación Nación – Municipio 70% -
30% en el cargo de nivel básica primaria en la Concentración Educativa Fe y
Alegría José María Vélez, vínculo que se prorrogó hasta el 2 de noviembre de
2017.23
2.3.2. Actuación administrativa
i) El 11 de marzo de 2014, la UGPP profirió la Resolución RDP008310 y negó la
solicitud de reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación
gracia elevada por la demandante el 21 de febrero de 2014, toda vez que la
peticionaria no logró acreditar en debida forma 20 años en la docencia oficial de
carácter departamental, distrital o municipal o nacionalizado, pues varios
nombramientos fueron efectuados en plazas nacionales.24
ii) Los días 30 de abril y 28 de mayo de 2014, la UGPP expidió las
Resoluciones RDP013895 Y RDP 017033, respectivamente, por las cuales resolvió
los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la anterior decisión y la
confirmó.25
2.3.3. De las pruebas de oficio
En cumplimiento a lo dispuesto en el auto del 24 de agosto de 2017, mediante el
cual se decretaron pruebas de oficio en segunda instancia, fueron aportadas al
expediente, entre otras, las siguientes documentales:
• Constancia de directora administrativa de la Secretaría de Educación de
Casanare en la que certifica lo siguiente:26
22 Folios 186 y 187
23 Folios 24, 26, 27, 188 y 189.
24 Folios 12 al 14.
25 Folios 15 al 17 y 18 al 20.
26 Folios 337 y 338
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Demandante: Beatriz Elena Zapata Torres
Que revisados los registros de planta, ZAPATA TORRES BEATRIZ ELENA,
ingresó el 05/04/1979 al 30/09/1979, desempeñando el cargo de docente
NACIONAL, en la Institución Educativa Luis Hernández Vargas del Municipio
de Hato Corozal, financiado con recursos del Sistema General de
Participaciones.
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Teniendo en cuenta el anterior recuento fáctico, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en acápites anteriores, la Sala confirmará la
decisión del a quo que negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la
demandante. Esta conclusión se funda en los siguientes razonamientos:
El período comprendido entre el 5 de abril y el 30 de septiembre de 1979, en el
que la demandante prestó servicios como docente en la coordinación de
educación contratada,27 para esta Subsección debe tenerse como una vinculación
de carácter nacional, en tanto que se observa que la coordinación de educación
misional contratada hace parte del sector público nacional.
Lo anterior se confirma con la información contenida en el certificado sobre
períodos de vinculación laboral para bonos pensionales y pensiones emitido por la
Secretaría de Educación de Casanare, del que se desprende con claridad que la
docente laboró como servidora pública de carácter nacional, al servicio de la
Coordinación Nacional de Educación de Casanare y que sus aportes a
pensión fueron consignados a la Caja Nacional de Previsión como entidad
nacional; asimismo, con el oficio del coordinador de la Coordinación Nacional de
Educación de Casanare, en el que se hizo constar que la actora fue nombrada
27 Sobre la pensión gracia y docentes vinculados a través del mecanismo de educación nacional
contratada, esta Sección ha manifestado en múltiples oportunidades que dichos docentes tienen la
connotación de nacionales, resultando improcedente el reconocimiento de la prestación. Para el
efecto, ver sentencias del 2 de junio de 2022 (radicación 88001-23-33-000-2015-00054-02 (1393-
2016)); 3 de marzo de 2022 (radicación 27001-23-33-000-2019-00023-01 (3636-2021)); 2 de
octubre de 2020 (radicación 19001-23-33-000-2017-00393-01 (2462-2019)); 25 de septiembre de
2020 (radicación 25000-23-42-000-2015-06485-01 (2816-2018)); y 28 de octubre de 2016
(radicación 85001-23-33-000-2013-00038-02 (4634-2014)).
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-00697-01 (3228-16)
Demandante: Beatriz Elena Zapata Torres
docente de primaria en el municipio de Hato Corozal (Casanare), a través de dicha
coordinación. En igual sentido, el departamento de Casanare, en respuesta de la
prueba de oficio solicitada en esta instancia hizo constar que la vinculación de la
señora Zapata Torres con el municipio de Hato Corozal (Casanare), se hizo con
cargo a la Nación.
En materia de educación nacional contratada, la jurisprudencia de esta Sección ha
sido pacífica en el sentido de indicar que los docentes que laboraron bajo ese
mecanismo tienen la calidad de docentes nacionales. Así lo indicó en sentencia
del 17 de agosto de 2017, donde advirtió lo siguiente:28
La Educación Misional Contratada nace con la aprobación por parte del Congreso
Nacional del Concordato y Protocolo Final suscrito entre la Santa Sede y el Estado
Colombiano, a través de la Ley 20 de 1974. Esta modalidad de prestación del
servicio educativo, permitió la ampliación de la cobertura educativa en las regiones
más remotas del país y en los antiguos territorios nacionales a través de la
suscripción de contratos entre el gobierno Nacional y la Iglesia Católica, cuyo objeto
se contraía a la administración del servicio público educativo por parte de la Iglesia y
al desarrollo de los programas oficiales en los Centros Educativos Contratados bajo
la orientación del Ministerio de Educación Nacional en las zonas asignadas, que
comprendían alrededor de 19 departamentos.
En desarrollo de la Ley 20 de 1974, el gobierno Nacional expidió los Decretos 2768
de 1975, 2484 de 1976 y 2155 de 1987, dentro de los cuales se establecieron las
directrices y parámetros generales bajo los que se contrataría y desarrollarían los
objetivos de la Educación Misional.
En los citados Decretos se definió que los contratos serían celebrados por el
presidente de la República y el Ministerio de Educación Nacional, con el respectivo
Ordinario Competente de la Iglesia Católica y que la financiación de los costos de
infraestructura, funcionamiento, planta de personal docente y administrativa de los
centros educativos bajo contrato, administrados por la Iglesia Católica en cada zona,
serían sufragados directamente por la Nación con cargo a las sumas señaladas en
la ley de presupuesto en cada año.
En cuanto a la administración del personal docente al servicio bajo esta modalidad,
el artículo 4.o del Decreto 2768 de 1975 modificado por el artículo 1.o del Decreto
2484 de 1976, estableció el procedimiento para su vinculación, que inicialmente
debía ser adelantado por el Ordinario Competente (Iglesia Católica) y
posteriormente avalado por el Ministerio de Educación Nacional, a quien en todo
caso correspondía mediante ratificación, coordinar los nombramientos y toda
novedad del personal de los centros educativos contratados (traslados, licencias,
28 Proceso 81001-23-39-000-2015-00006-01 (0468-2017). UGPP contra Gustavo Rivera Flórez. M
P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-00697-01 (3228-16)
Demandante: Beatriz Elena Zapata Torres
vacaciones, renuncias, insubsistencias etc.). De igual forma, se dispuso que estos
educadores debían reunir las condiciones y requisitos consignados en las
disposiciones legales generales o especiales sobre escalafón docente y en el
régimen administrativo para funcionarios públicos.
A partir del año 2001, con la expedición del Decreto 1286 que reglamentó el artículo
200 la Ley 115 de 1994, la competencia para la suscripción de estos contratos con
iglesias y confesiones religiosas se trasladó a las entidades territoriales con cargo a
sus presupuestos, bajo la continuada inspección y vigilancia del Ministerio de
Educación Nacional.
De lo anterior se deduce, en principio, el carácter oficial de la Educación Misional
Contratada que se desarrolló en el país desde 1975, en tanto era administrada por
las denominaciones católicas con sujeción a las disposiciones y directrices
expedidas por el Ministerio de Educación Nacional y financiada con recursos
directos de la Nación hasta el año 2001, lo que a su vez permite concluir, que el
cuerpo docente adscrito a los centros educativos contratados, cuyos nombramientos
provenían por ratificación de dicho Ministerio, ostentaban indudablemente el
carácter de docentes nacionales.»
Esta posición, además, ha sido reiterada en sentencias del 14 de septiembre de
2017,29 y más recientemente el 25 de septiembre de 2020,30 2 de octubre de
202031 y del 2 de julio de 2022,32 entre otras.
Así las cosas, de todo lo anterior se desprende que la demandante no acreditó los
requisitos necesarios para que se le reconociera la pensión gracia, luego, contrario
a lo afirmado en el recurso de apelación, el hecho de que fuera vinculada a una
institución educativa que operaba bajo la modalidad de educación contratada sí
resulta relevante para determinar el tipo de vinculación de la docente, y, en ese
sentido, está suficientemente claro que su designación en el Colegio Luis
Hernández Vargas fue de carácter nacional.
No se puede perder de vista que lo primero que se debe determinar para definir si
la docente tiene el derecho, o no, al reconocimiento de la pensión gracia, es si
29 Proceso 63001-23-33-000-2012-00153-01 (0071-2014). UGPP contra Raúl Tobón Tamayo. MP.
Rafael Francisco Suárez Vargas.
30 Proceso 25000-23-42-000-2015-06485-01 (2816-2018). Yolanda Ríos Ospina contra la UGPP.
MP César Palomino Cortés.
31 Proceso 19001-23-33-000-2017-00393-01 (2462-2019). Edison Alfredo Albán Angulo contra la
UGPP. MP Carmelo Perdomo Cuéter.
32 Proceso 88001-23-33-000-2015-000054-02 (1393-2016). UGPP contra Carmen Emilia
Trespalacios Amaris. MP. William Hernández Gómez.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-00697-01 (3228-16)
Demandante: Beatriz Elena Zapata Torres
tuvo una designación de carácter territorial o nacionalizada antes del 31 de
diciembre de 1980. En ese orden, como la única vinculación que acreditó la
señora Zapata Torres con antelación al 31 de diciembre de 1980 proviene de la
coordinación de educación contratada en desarrollo del procedimiento dispuesto
por el Decreto 2768 de 1975, modificado por el Decreto 2484 de 1976, no cabe
duda de que esta tiene carácter nacional y no puede computarse para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia.
Así las cosas, teniendo en cuenta que la Sección Segunda de esta Corporación a
través de la sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de
2022 dejó claro que para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, los
docentes deben acreditar la vinculación territorial o nacionalizada con antelación al
31 de diciembre de 1980, este se constituye como un requisito sine qua non para
conceder esa prestación.
En suma, en atención al material probatorio aportado, resulta claro que la
accionante no colmó los requisitos necesarios para acceder a la pensión gracia
dado que no acreditó la vinculación antes del 31 de diciembre de 1980 del orden
territorial o nacionalizado, situación que impide continuar con el análisis de los
demás requisitos contemplados en las normas que regulan la materia.
2.5. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201633, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández
Gómez.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-00697-01 (3228-16)
Demandante: Beatriz Elena Zapata Torres
Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de
las partes.
Así mismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará
atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las
agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede
condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y en atención a lo dispuesto en los numerales 1
y 8 del artículo 365 del Código General del Proceso,34 la Sala no condenará en
costas de segunda instancia a la parte demandante, por cuanto no se encuentran
causadas pues, aunque se resolvió desfavorablemente el recurso de apelación
interpuesto, la entidad accionada no intervino en esta instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo debe ser confirmada por
cuanto la demandante no acreditó en el proceso los requisitos para ser
beneficiario de la pensión gracia reclamada.
34
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
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Demandante: Beatriz Elena Zapata Torres
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 31 de mayo de 2016, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda
interpuesta por la señora Beatriz Elena Zapata Torres, conforme a lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas.
En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Con impedimento aprobado Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
AVM
20
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